ÍNDICE

METODOLOGÍA

ANTECEDENTES GENERALES

Lunes, 22 de febrero de 2016. 10:00

Lunes, 22 de febrero de 2016. 16:00 horas.

Martes, 23 de febrero de 2016. 16:00 horas.

Miércoles, 24 de febrero de 2016. 12:00 horas.

Jueves, 25 de febrero de 2016. 16:00 horas.

PRIMERA MESA DE TRABAJO: LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Martes, 12 de abril de 2016. 16:30 horas.

SEGUNDA MESA DE TRABAJO: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Martes, 12 de abril de 2016. 19:30 horas.

TERCERA MESA DE TRABAJO: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Miércoles, 13 de abril de 2016. 10:00 horas.

CUARTA MESA DE TRABAJO: LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Miércoles, 13 de abril de 2016. 13:00 horas.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

b. Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3. INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

4. INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1.- INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

3.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

4.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E INFORMANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

5.-INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY GENERAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

6.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN, SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS LEYES PARA REGLAMENTAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

b. Ley General de Responsabilidades Administrativas

c. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

d. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

e. Se adiciona, reforma y deroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

7. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y ADICIONA EL ARTÍCULO 221 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS GRAVES, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; Y SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN.

a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

b. Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves

c. Se reforma y derogan disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

d. Se reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

e. Se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

f. Se reforma, se adiciona y se derogan disposiciones la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

g. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54, 55 Y 56 A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

INICIATIVA CIUDADANA

MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Análisis Conceptual

Sistema Nacional Anticorrupción

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Registro Nacional

Tribunal de Justicia Federal y Administrativa

La Corrupción

CONSIDERACIONES

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Sistema Nacional Anticorrupción

Del Sistema Nacional de Fiscalización

Plataforma Digital Nacional

De las Recomendaciones del Comité Coordinador

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Principios que rigen la actuación de los servidores públicos.

Directrices que rigen la actuación de los servidores públicos.

AUTORIDADES COMPETENTES PARA INTERPRETAR Y APLICAR LA LEY

Autoridades relacionadas con la investigación de faltas administrativas.

Atribuciones adicionales de los órganos internos de control

Mecanismos generales de prevención.

Código de Ética.

Evaluación de los mecanismos generales de prevención y recomendaciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Selección de los integrantes del órgano interno de control.

Ámbito de aplicación de la ley a las personas morales.

Instrumentos de rendición de cuentas y Plataforma Digital Nacional.

Sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses.

SISTEMA NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES SANCIONADOS

Sistema de servidores públicos que participan en contrataciones públicas.

Sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses.

Declaración de intereses

Datos a inscribir al presentarse la declaración de situación patrimonial y de intereses.

Publicidad de la Declaración Patrimonial

Verificación de contenidos de las declaraciones patrimonial y de intereses.

Información relativa a dependientes de los servidores públicos.

Verificación de contenidos de la declaración fiscal anual.

Plazos de presentación de la declaración de situación patrimonial.

Protocolo de actuación en contrataciones públicas.

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I Objeto de la ley

Capítulo II

Principios que rigen el servicio público

TÍTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Capítulo I

Del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción

Capítulo II

Del Comité Coordinador

Capítulo III

Del Comité de Participación Ciudadana

Capítulo IV

De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

Sección I

De su organización y funcionamiento

Sección II

De la Comisión Ejecutiva

Sección III

Del Secretario Técnico

Capítulo V

De los Sistemas Locales

TÍTULO TERCERO

DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Capítulo Único

De su integración y funcionamiento

TÍTULO CUARTO PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL

Capítulo Único

De la plataforma digital nacional

TÍTULO QUINTO

DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR

Capítulo Único

De las recomendaciones

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS

TITULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

Capítulo I

Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley.

Capítulo II

Principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos

Capítulo III

Autoridades competentes para interpretar y aplicar la presente ley

TITULO SEGUNDO

MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Capítulo I

Mecanismos Generales de Prevención

Capítulo II

De la integridad de las personas morales

Capítulo III

De los instrumentos de rendición de cuentas Sección primera

Del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses

Sección segunda

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Sección tercera

Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses

Sección cuarta

Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas

Sección quinta

Del protocolo de actuación en contrataciones

Sección sexta

De la declaración de intereses

TÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

Capítulo I

De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos

Capítulo II

De las Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos

Capítulo III

De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves

Capítulo IV

De las Faltas de particulares en situación especial

Capítulo V

De la prescripción de la responsabilidad administrativa

TÍTULO CUARTO

SANCIONES

Capítulo I

Sanciones por Faltas administrativas no graves

Capítulo II

Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves

Capítulo III

Sanciones por Faltas de particulares

Capítulo IV

Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de Particulares

LIBRO SEGUNDO

DISPOSICIONES ADJETIVAS

TÍTULO PRIMERO

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES

Capítulo I

Inicio de la investigación

Capítulo II

De la Investigación

Capítulo III

De la calificación de Faltas administrativas

Capítulo IV

Impugnación de la calificación de faltas no graves

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Capítulo I

Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa

Sección Primera

Principios, interrupción de la prescripción, partes, autorizaciones

Sección Segunda

Medios de apremio

Sección Tercera

Medidas cautelares

Sección Cuarta

De las pruebas

Sección Quinta

De las pruebas en particular

Sección Sexta De los incidentes

Sección Séptima

De la acumulación

Sección Octava

De las notificaciones

Sección Novena

De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa

Sección Décima

De la improcedencia y el sobreseimiento

Sección Décimo primera

De las audiencias

Sección Décimo segunda

De las actuaciones y resoluciones

Capítulo II

Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control

Capítulo III

Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los Tribunales

De los recursos

Sección Primera

De la revocación

De la Reclamación

Sección Tercera

De la Apelación

Sección Cuarta

De la Revisión

Capítulo V

De la Ejecución

Sección Primera

Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas no graves

Sección Segunda

Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de particulares

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Capítulo II

De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses

TÍTULO SEGUNDO

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

Capítulo I

De la Estructura

Capítulo II

De la Sala Superior

Capítulo III

De los Plenos y Secciones de la Sala Superior

Capítulo IV

De las atribuciones del Pleno General

Capítulo V

De las atribuciones del Pleno jurisdiccional

Capítulo VI

De las atribuciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior

Capítulo VII

De las atribuciones de la Sección Tercera de la Sala Superior

Capítulo VIII

De las atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración

Capítulo IX

De las Salas Regionales Ordinarias, Auxiliares, Especializadas o Mixtas

Capítulo X

De las Salas Regionales Ordinarias

Capitulo XI

De las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas

Capítulo XII

De las Salas Regionales Auxiliares

TÍTULO TERCERO

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL

Capítulo Único

TÍTULO CUARTO

DE LOS PRECEDENTES, TESIS Y JURISPRUDENCIA

Capítulo Único

TÍTULO QUINTO

DE LOS RECURSOS

Capítulo Único

TRANSITORIOS

Notas

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y, LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en atención a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se expiden, reforman, adicionan y derogan diversas leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, mismas que fueron turnadas a estas Comisiones Legislativas para su estudio, análisis, discusión y dictaminación.

Por ello, con fundamento en lo establecido por los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, fracción I, 136, 150, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República; las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda; someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, sustentándose para ello en la siguiente:

METODOLOGÍA1

En el capítulo de “ANTECEDENTES GENERALES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo.

En el capítulo de “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS” se expone el objeto contextual de las iniciativas presentadas.

En el capítulo de “MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS” se realiza un estudio de las propuestas y el método de trabajo que desarrollaron las Comisiones Dictaminadoras, a lo largo de este proceso legislativo.

En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan el presente dictamen.

ANTECEDENTES GENERALES

El miércoles 27 de mayo de 2015, fue publicado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Tras la publicación del Decreto en materia de combate a la corrupción, el artículo 73 Constitucional, en sus fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, faculta y constriñe al Congreso de la Unión a expedir las siguientes leyes:

La ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción;2

Las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y aquellas que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos de la federación;3

La ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que establezca su organización y su funcionamiento;4 y

La ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.5

Asimismo, el artículo Segundo Transitorio del Decreto referido establece, por una parte, la obligación de realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el decreto citado y en las leyes que derivan del mismo; y, por otra, señala que el Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en la fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto.

El 13 de diciembre de 2013, los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa que contiene proyecto de Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

El 18 de junio de 2014, los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

El 18 de junio de 2014, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, el Senador Héctor Larios Córdova, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, el Diputado Marcos Aguilar Vega, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, la Senadora Mariana Gómez del CampoGurza, el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, la Senadora María Marcela Torres Peimbert, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el Senador Fernando Torres Graciano, el Senador Roberto Gil Zuarth, el Senador Ernesto Ruffo Appel, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, el Senador Carlos Mendoza Davis, el Senador Fernando Herrera Ávila, el Diputado Luis Alberto Villarreal, el Diputado Beatriz Zavala Peniche y la Diputada Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

El 2 de diciembre de 2014, los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Combate a la Corrupción Política.

El 26 de agosto de 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval del grupo, presentaron con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El 26 de agosto de 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El 3 de septiembre de 2015, los Senadores Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya y Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Luisa María Calderón Hinojosa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción.

El 10 de septiembre de 2015, el Senador Armando Ríos Píter, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de Ley General para el Combate a la Corrupción.

El 7 de octubre de 2015, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El 17 de septiembre de 2015, mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-1159, la Mesa Directiva del Senado de la República acordó rectificar el turno de las iniciativas mencionadas en las fracciones I a X, del presente apartado, para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

Asimismo, el 8 de octubre de 2015, la Mesa Directiva acordó rectificar el turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presentada por la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

Finalmente, el 8 de octubre de 205, conforme al Oficio No. DGPL-1P1A.-2187, la Mesa Directiva acordó ampliar el turno de la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; así como de la iniciativa con proyecto de Ley General para el Combate a la Corrupción, presentada por el Senador Armando Ríos Piter para quedar en las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen; y en la Comisión de Gobernación, para que emita opinión.

El 1º de marzo de 2016, el Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre de las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden, reforman y adicionan diversas leyes para la reglamentación integral del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

El Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el Senado Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron, el 1°de marzo del presente, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta de la Federación; y fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

El 16 de marzo de 2016, el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y adiciona el artículo 221 Bis al Código Penal Federal, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

El 17 de marzo de 2016, se presentó por escrito, ante el Presidente de la Cámara de Senadores, la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, por el Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana y el Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, a nombre de distintos especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

El 13 de abril de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de responsabilidades Administrativas, suscrita por ciudadanos representados por los CC. Eduardo Bohórquez López, Jesús Cantú Escalante, Enrique Cárdenas Sánchez, María Amparo Casar Pérez, Marco Fernandez Martínez, Sergio Huacuja Betancourt, Max Kaiser Aranda, Sergio Morales Canales, Alfonso Oñate Laborde, Juan Pardinas Carpizo, José Roldan Xopa, Pedro Salazar Ugarte y Ricardo Corona real, la cual, conforme al informe presentado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, cumple con el número de firmas de ciudadanos,6 establecido por la fracción IV del artículo 71 Constitucional.

El 5 de abril, el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículo 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

Para este proceso legislativo, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, coincidieron en abrir un espacio a diversos actores de la sociedad, desde servidores públicos de distintos órdenes de gobierno, hasta especialistas de organizaciones de la sociedad civil, a fin de que pudieran compartir sus reflexiones, aportaciones y comentarios respecto a su visión en la conformación de las leyes secundarias en materia anticorrupción.

Así pues, con motivo del proceso de dictaminación de las leyes reglamentarias en materia de combate a la corrupción, estas Comisiones Unidas acordaron celebrar Foros de Discusión que se celebraron del 22 al 24 de febrero de 2016, con académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas vinculadas con la materia anticorrupción, así como con operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de enriquecer el trabajo legislativo en este proceso de dictaminación de las leyes que derivan de la reforma constitucional; y en los que se presentaron los siguientes participantes.

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.

Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública.

Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado.

Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada.

Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado.

Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada.

Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado.

Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado.

Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Dr. Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

C.P. Carmen T. Ramírez Andrade, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Aguascalientes.

Mtro. Bladimiro Hernández Díaz, Contralor General del Gobierno del Estado de Baja California.

Mtra. Sonia Murillo Manríquez, Contralora General del Estado de Baja California Sur.

C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, Contralor General del Estado de Chihuahua.

Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila.

Lic. Jasón Eleazar Canales García, Secretario de Contraloría del Estado de Durango.

Lic. María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato.

Lic. Mario Ramos del Carmen, Contralor General del Estado de Guerrero.

Lic. Flor de María López González, Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo.

Mtra. Silvia Estrada Esquivel, Secretaria de Contraloría del Estado de Michoacán.

C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del Gobierno de Morelos.

C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo, Secretario de la Contraloría General del Estado de Nayarit.

C.P. Nora Elia Cantú Suárez, Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León.

Lic. Manuel de Jesús López López, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca.

Mtro. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Lic. Haydee Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de FUNDAR.

Lic. Marco Antonio Fernández Martínez, Investigador Asociado de México Evalúa.

Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel, Profesora Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Lic. Cesar Alejandro Chávez Flores, Visitador General de la Procuraduría General de la República.

Lic. Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, Coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados

Lic. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí.

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora.

Mtra. Lucina Tamayo Barrios, Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco.

Dra. Gilda Cavazos Lliteras, Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas.

Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría General del Estado de Yucatán.

Los expositores y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras intercambiaron observaciones y comentarios en relación a las políticas públicas en materia de combate a la corrupción, así como a la conformación de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional. Durante los Foros de Discusión cada uno de los participantes manifestó lo siguiente:

Lunes, 22 de febrero de 2016. 10:00

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenos días.

Saludamos desde el Canal del Congreso a las personas que nos siguen desde sus casas, sus trabajos y en este día damos inicio a estos foros de todo lo que serán las leyes secundarias anticorrupción, del paquete que nos hace falta derivado de estas dos grandes reformas constitucionales que hemos platicado con nuestros amigos que estamos hablando de un todo, la reforma constitucional de Anticorrupción y sin duda también, porque así lo vemos, en la constitucional de transparencia.

Hemos invitado a expertos, académicos, a los contralores, evidentemente a los que nos acompañan el día de hoy, el Auditor Superior, el contador Juan Manuel Portal Martínez, bienvenido señor auditor.

Al señor Secretario de la Contraloría, maestro Virgilio Andrade, como siempre es un gusto tenerlo aquí y también así al magistrado presidente Manuel Hallivis Pelayo, es un honor tenerlo aquí y a uno de nuestros asesores permanentes, al Comisionado Guerra Ford, que siempre así se lo hemos dicho, siempre agradecemos que esté tan interesado en estos temas.

A nuestro amigo el senador Armando Ríos Piter que inclusive ha presentado varias iniciativas respecto a estas leyes secundarias, le agradecemos que esté aquí. Está por incorporarse el senador Yunes y algunos otros de nuestros compañeros.

El formato que hemos establecido, que es un formato abierto, le daremos la palabra al contador Juan Manuel Portal Martínez, Bienvenido.

C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: Señor senador, muchísimas gracias por la invitación. Saludo respetuosamente a los compañeros con los que vamos a participar en este Foro.

Señoras y señores legisladores.

Señores invitados, muy buenos días a todos.

El pasado 17 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación en observancia de lo dispuesto en la normativa correspondiente, hizo entrega a la Honorable Cámara de Diputados, del informe del resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2014.

Para nuestra institución representa una fecha de la mayor trascendencia, puesto que nos permite participar tanto a las autoridades gubernamentales como a la sociedad en general, de los resultados derivados de la revisión que se hace de los recursos que pertenecen a la ciudadanía.

La presentación de esta información, por lo general genera una serie de expectativas entre el público y los legisladores, que en ocasiones no corresponde necesariamente con la naturaleza propia de la fiscalización, presentándose diversas interpretaciones que distorsionan su utilidad. Por ello, ha sido una preocupación de la Auditoría Superior de la Federación transmitir con claridad a todos los involucrados en el proceso de revisión del ejercicio gubernamental, qué significan los hallazgos que se derivan de esta labor.

Esto lo menciono porque me parece que es una muestra del tipo de retos que deberá enfrentar el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ejemplo, se hace frecuentemente hincapié en la importancia que tiene para el país contar con un instrumento que permita atacar de manera frontal las prácticas de funcionarios deshonestos, pretendiendo que todo puede subsanarse a través de contar con facultades sancionatorias cada vez de mayor alcance.

Si bien es entendible esta postura, puede sesgar el debate hacia la vertiente punitiva y desplazar el enfoque estructural, que es la concepción que subyace al Sistema Nacional Anticorrupción.

El andamiaje del sistema debe ir más allá de las preocupaciones que genera el fenómeno de la corrupción. De la misma forma, las inquietudes respecto al costo que genera en la economía, entre otros temas, deben ser por el momento dejadas a un lado porque ya formaron parte del diagnóstico.

Si concebimos al Sistema Nacional Anticorrupción como una política pública, la base de su desarrollo e instrumentación es atender una pregunta clave; ¿cuál es el objetivo de un sistema de esta clase?

Es decir, ¿qué es lo que realmente queremos que sea su aportación?

Responder estas cuestiones plantea la disyuntiva de determinar lo que es más importante: reducir la percepción de corrupción, crear una nueva cultura administrativa o ambas, inclusive, entendiendo que la última puede explicar a la primera.

En este sentido, la corrupción puede visualizarse como el acto de una persona individual que decide voluntariamente actuar de manera irregular o bien, como el conjunto de procesos y prácticas que operan al interior de las organizaciones que facilitan la comisión de irregularidades, debido al grado de participación de los actores involucrados; ya sean pasivos o activos.

Si lo decantamos por la primera opción, una alternativa sería aplicar una serie de sanciones ejemplares en casos significativos, y orientando la aplicación de la ley a personas específicas; la segunda vía implicaría asumir a la corrupción como una problemática organizacional, por lo que los remedios se orientarían a desarticular a redes de intereses y de complicidad, que forman el caldo de cultivo donde surgen las irregularidades.

El Sistema Nacional Anticorrupción debería estar concebido como un medio para atender no sólo las manifestaciones individuales o inmediatas de la corrupción; sino que esté encaminado a determinar los elementos estructurales que caracterizan la ubicuidad de este fenómeno con el fin de eliminar los incentivos y reducir los espacios que son necesarios para que el acto irregular sea considerado como una alternativa viable y de bajo riesgo para quienes la cometen.

Podemos hacer una analogía de la manera de atender una fuga de agua: o bien nos limitamos a cerrar la llave o revisamos la tubería para determinar el origen de la fuga y la mejor manera de repararla.

Ambas acciones son importantes y tienen su razón de ser. Lo más deseable sería encontrar una visión balanceada entre acciones directas e indirectas y preventivas.

Ahora bien, las medidas centradas en atender la parte estructural de la corrupción implican un desarrollo a mediano y largo plazos en una sociedad que demanda soluciones de manera urgente.

Esta posición puede no resultar suficiente para una parte sustancial de la opinión pública; de ahí la importancia de la comunicación y transparencia sobre lo que es factible esperar del sistema.

Ambas estrategias presuponen un escenario en el que ya se están dando hechos irregulares; sin embargo, existe una alternativa para desincentivar de manera previa las conductas en contra del bien general.

Su aplicación constituye una primera barrera a la corrupción y sus efectos pueden tener un gran impacto. Me refiero a las políticas de integridad y al desarrollo de una cultura de control dentro de las instituciones del sector público nacional.

El primer elemento: la integridad. Está conformado por un conjunto de valores éticos que tienen que regir el comportamiento de los funcionarios.

Considero que el ejercicio público ha caído en un descrédito que no hace justicia al empeño y orgullo profesional que la mayoría de los integrantes del aparato gubernamental despliega en el ejercicio de sus labores cotidianas.

Sin embargo, es un hecho que forma parte de las obligaciones institucionales definir, promover y hacer respetar códigos de ética y de conducta debidamente diseñados y permanentemente difundidos entre el personal.

En segundo lugar, es preciso generar la conciencia del papel trascendental que tienen los sistemas de control interno para generar un ambiente que permita el cumplimiento de las metas organizacionales y que inhiba cualquier acto que se separe del respeto a la normativa.

(…) requiere de un conocimiento muy completo de las tareas a realizar, que permitirá determinar cuáles son los riesgos que comprometen al logro de sus objetivos, así como las medidas para evitar que esto suceda.

La concepción sistémica del Sistema Nacional Anticorrupción tiene su principal fortaleza en el concurso de todas las instituciones involucradas en la revisión del desempeño de los entes gubernamentales, con el fin de lograr sinergias, acciones complementarias e intercambio de información que permitan formar un frente común ante la corrupción.

No se trata de esfuerzos aislados sino de enfrentar un fenómeno multifactorial a partir de una visión interinstitucional.

En este sentido, la aportación de la Fiscalización Superior tendrá efectos específicos en esta dinámica, pero no lo es todo. No se puede pretender que la ASF se elija en una fiscalía contra la corrupción, puesto a que está previsto el concurso de instituciones, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que tendrán la responsabilidad de perseguir a quienes (falla de origen) …se ha reflejado en distintos grupos parlamentarios que han generado propuestas específicas para el desarrollo de la legislación secundaria que regirá el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Destacan al momento las valiosas aportaciones del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, que han señalado un punto de partida para los debates que tendrán lugar en las próximas semanas y que deberán desembocar en la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Considero de gran importancia aprovechar esta coyuntura para darle al país un instrumento de política pública que, más allá de intereses de grupo, refleje un compromiso con la cultura de la legalidad.

A partir de la experiencia que la institución a mi cargo ha acumulado como resultado de un ejercicio fiscalizador, me permito sugerir diez ideas que pueden servir de base para la construcción de las provisiones legales en el diseño de la ley general del sistema, así como la ley que rija al funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación.

Uno. Un sistema es un conjunto de interacción entre instituciones. El órgano encargado de coordinarlas es sólo una parte del mismo.

En este sentido, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia estratégica para la organización de las acciones que abarcarán a la totalidad de los entes gubernamentales involucrados, no es una agencia anticorrupción.

Segundo.- De manera complementaria concebimos que el sector empresarial participe de manera corresponsable en estas labores, dado que si interacción con el sector público, en actividades como las adquisiciones de obras públicas es considerable, así como su importancia en la economía del país.

Tres.- Las sanciones administrativas y penales deben ser visualizadas como dos ámbitos con especificidades y características particulares. Por lo tanto su tipificación y alcances deben ser muy precisos.

Cuatro.- La experiencia de las instituciones que participan directamente en la promoción y determinación de sanciones administrativas y penales debe ser la base para la definición de la tipología de conductas que puedan ser objeto de medidas correctivas.

Cinco.- El Comité Coordinador, en nuestra opinión, deberá contar con la suficiente autonomía respecto a su organización, al probable nombramiento de un secretario técnico y los principios para evaluar el sistema en su conjunto.

Adoptar igualmente políticas de máxima publicidad, respeto a las decisiones que se tomen y las problemáticas que se identifiquen en las discusiones y finalmente, definir las instancias que nombrarán a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Seis.- El Sistema Nacional de Fiscalización debe ser reconocido legalmente en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Siete.- Se debe privilegiar y tener presente la importancia de la independencia y autonomía de los órganos fiscalizadores públicos.

Ocho.- Asegurar que las nuevas facultades constitucionales de la Auditoría Superior de la Federación no se conviertan en mecanismos de orden político.

Nueve.- Los sistemas locales anticorrupción deben replicar al modelo federal, lo que garantiza coherencia procesal y administrativa.

Diez.- La ASF, con las nuevas facultades, no debe ser vista como una instancia de investigación judicial, sino preservar su valor como órgano fiscalizador federal.

Estimados asistentes a este foro, para la Auditoría Superior de la Federación es muy importante el poder tener una interacción con los distintos grupos que participan en la definición de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.

Como lo he dicho en otras ocasiones, esta es una gran oportunidad para generar un cambio en la manera en cómo funciona el aparato gubernamental y su relación con la sociedad en general.

Estamos ante una coyuntura que nos demanda una solución de Estado y para ello se requiere la construcción de consensos, pero dejando a un lado las posturas políticas y privilegiando siempre el interés de la nación, con ello la labor legislativa llegará a buen puerto.

Muchísimas gracias por la invitación, gracias por su atención.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias señor auditor.

Recibo y saludo con gusto al presidente de la Comisión de Justicia, bienvenido senador Yunes; a nuestra amiga, la senadora Cristina Díaz y a nuestra amiga la senadora Martha Tagle. Bienvenidos, así como a la presidenta del Instituto, bienvenida presidenta Ximena Puente, nuestra amiga Areli Cano y a nuestro amigo el doctor Acuña.

Bienvenidos todos. Les agradecemos que nos estén acompañando en estos foros. Damos el uso de la palabra al Magistrado Presidente Manuel Hallivis Pelayo.

MAGISTRADO MANUEL HALLIVIS PELAYO: Muchas gracias señor senador. Muy buenos días señoras senadoras, señores senadores.

Agradezco la invitación de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en especial a los senadores, todos ellos distinguidos legisladores:

Don Pablo Escudero Morales, don Fernando Yunes Márquez, doña Cristina Díaz, Doña Martha Tagle, don Armando Ríos Piter, y demás senadores; a la doctora Puente.

Es un honor dirigirme, como les digo, a todos ustedes compartiendo el panel con el señor Auditor Superior de la Federación y el Secretario de la Función Pública.

Me voy a centrar en completar desde la óptica del Tribunal, lo que con toda precisión nos ha expuesto el Auditor Superior de la Federación, y nos expondrá el maestro Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública.

Para que México pueda avanzar hacia el desarrollo integral previsto por nuestra Constitución, concebimos una gestión pública totalmente impecable.

Para ello, es fundamental que todos los servidores públicos cumplan su encargo con estricto apego a la legalidad y bajo los principios de eficacia, transparencia, eficiencia, lealtad, imparcialidad y honradez.

En la lucha anticorrupción, como ya lo dijo el Auditor Superior, tiene que participar toda la sociedad. Esto ya lo ha dicho el propio sector privado.

La corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la indiferencia y la complicidad.

Si cada uno de nosotros con acciones individuales logramos romper un eslabón de esta espiral, la sociedad entera se verá beneficiada.

Desde 2013 se han generado reformas estructurales que marcan un nuevo camino para lo que resta de este siglo.

De todas ellas probablemente la más importante sea la publicada el 27 de mayo pasado, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Según la OCDE –la siguiente por favor- un régimen disciplinario, efectivo debe de ser, primero, comprensivo. Es decir, que abarque a todos los ámbitos y a gentes de gobiernos.

Segundo: coordinado, centrado en la prevención e investigación y con las facultades y elementos suficientes para sancionar las actividades ilegales, de forma que se disuadan futuras acciones de incumplimiento.

Tercero: eficiente y eficaz, en tanto que los procesos administrativos y jurisdiccionales deben estar diseñados de forma que las acciones sean oportunas.

Y, cuarto: justo, garantizando a los particulares un debido proceso.

El nuevo Sistema Anticorrupción constituye un cambio de paradigma en esta dirección. En su diseño –la siguiente por favor- contempla 4 ejes principales:

Primero: el fortalecimiento del control externo. Es decir, de la Auditoría Superior de la Federación.

Segundo: el reforzamiento del control interno.

Tercero: la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encargada de la investigación en el ámbito penal.

Y, cuarto: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que se le adicionó la facultad de sancionar actos graves de corrupción.

Digo sancionó, porque seguiremos haciendo todo lo que hemos venido haciendo durante estos últimos 80 años.

Ahora, además de lo que hoy hemos hecho, de dirimir controversias entre Administración Pública Federal y particulares, impondremos sanciones por responsabilidades administrativas graves, así como se sancionará a los particulares vinculados con esos actos.

Con esto se acaba un procedimiento pernicioso que los órganos de investigación eran juez y parte, ya que investigaban, integraban el expediente y sancionaban, cuestión que ahora cambia puesto que será este Tribunal el que sancionará.

La reforma se completará con leyes secundarias en que el papel del Tribunal y los principios que deberá aplicar en su actuar jurisdiccional, deben de quedar claramente previstos; por eso agradezco a este Senado de la República esta oportunidad de precisar qué es lo que necesitamos para cumplir con nuestra función establecida por la Constitución en la pasada reforma.

Debe quedar claro que deberemos atender a los principios de la verdad material, de razonabilidad o proporcionalidad, de presunción de inocencia, de tipicidad, como lo pide toda la sociedad, y de debido proceso; contando con una amplia facultad de mejor proveer, a efecto de que cada sanción se emita siempre en forma adecuada y cuidando obviamente derechos humanos.

La verdad material implica la búsqueda de la realidad, es decir, la adecuación entre la idea que se tiene de un objeto y lo que ese objeto es en realidad; contrario a la verdad material, que sólo nos presenta lo que los hechos aparentan. Es decir, lo que pedimos es saber lo que es, no lo que se aparenta; saber si alguien es o no corrupto; si se cometió o no un acto de corrupción.

Para ello requerimos que el expediente sea enviado sin calificar los hechos, a efecto de que todo el procedimiento, recalco, todo el procedimiento se lleve a cabo por el Tribunal y de que si el expediente viene mal integrado, se pueda devolver.

Por lo que hace al principio de razonabilidad, se debe hacer hincapié en que la medida debe de ser tanto idónea para inhibir la corrupción; como necesaria y proporcional a la falta cometida. Es decir, debe imponerse en una relación de medio al fin que se persigue obtener con ella, logrando –y esto es lo más importante– un efecto ejemplificativo multiplicador que permita generar la percepción en el incumplido de que todo acto de corrupción será detectado oportunamente y será sancionado justamente.

Lo que queremos no es poner en la picota pública a alguien para, sin que sea culpable, sancionarlo para satisfacer el morbo de algunos; lo que queremos es que verdaderamente toda sanción sea inhibitoria de futuros incumplimientos.

También tendremos que atender a los principios de presunción de inocencia, de tipicidad, de reserva de la ley. En este orden de ideas, la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad, que no exista duda de su alcance y significado, al realizar el proceso de adecuación típica; de ahí nace la necesidad de crear los instrumentos legales y presupuestarios que permitan al Tribunal ejercer con diligencia y con efectividad sus potestades.

La ley adjetiva que instrumenta el procedimiento para sancionar responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos deberá, como aparece en la lámina, prever que se inicie con un pliego de cargo, que la autoridad presente al Tribunal en el que envíe los expedientes sin calificar los hechos.

Con esto se cumplirá con el debido proceso; el Tribunal dará, precisamente para ese principio, vista al presunto responsable en forma oral, con lo cual también se cumple con el principio de inmediatez, para que una vez que se haga efectiva su garantía de audiencia y se proceda de inmediato al desahogo y valoración de pruebas, y otras diligencias para concluir con la formulación de los alegatos y la emisión de la resolución, qué sancione o absuelva al servidor público, con lo que se cumple como dije, con los principios de inmediatez y debido proceso.

Con esto se hace patente que quien investiga la conducta infractora ya no es juez y parte, en tanto que el Tribunal es el que lo va a sancionar.

Dentro de la sustanciación del juicio sancionatorio deberá estar previsto que el Tribunal sea el que clasifique la irregularidad incurrida, ampliando sus facultades para mejor proveer, a fin de allegarse de elementos que le permitan tomar decisiones justas y adecuadas.

El procedimiento se deberá sustanciar en salas regionales hasta llegar a la sanción, y la Tercera Sección de la Sala Superior deberá tener la facultad de resolver la apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las salas especializadas.

De esta manera tendremos jurisdicción para determinar responsabilidades administrativas e imponer sanciones a servidores públicos que cometan actos de corrupción graves.

Todo esto se complementa con la posibilidad de sancionar no sólo a servidores públicos sino a personas privadas. Dota al futuro Tribunal de Justicia Administrativa de mayores atribuciones.

Ahora, además de tener a nuestro cargo dirimir las controversias que se suscitan entre la administración y los particulares, nos encargaremos de estas sanciones.

Esto permitirá a nuestro país continuar con la evolución de las instituciones y sus integrantes de la mano con el proyecto nacional que contiene nuestra Constitución.

Todas las instituciones que en los estados encontramos llamadas a asumir las nuevas responsabilidades tenemos un mayor compromiso con la sociedad mexicana que nos demanda certeza jurídica y confianza en las autoridades para fortalecer el Estado de derecho.

Les reitero a las señoras y señores senadores mi agradecimiento por la invitación.

Tengan la seguridad de que este Tribunal se encuentra al nivel de las exigencias de este nuevo sistema y estamos a sus órdenes para acompañarlos en este proceso para que las leyes especiales aparezcan como lo espera la sociedad.

Muchísimas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor presidente.

Damos el uso de la palabra al señor Secretario de la Función Pública, maestro Virgilio Andrade.

MAESTRO VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ: Muy amables. Buenos días.

Quiero agradecer, en primer lugar, al senador Pablo Escudero y a los integrantes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que nos hayan hecho favor de invitarnos a estos foros en la víspera de la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Quiero saludar personalmente a cada uno de los senadores:

A la senadora Cristina Díaz; a la senadora Martha Tagle; desde luego al senador Luis Humberto Fernández; al senador Fernando Yunes; al senador Armando Ríos Piter.

También a quienes me acompañan en esta posibilidad de exposición, como el contador Juan Manuel Portal Martínez, Presidente de la Auditoría Superior de la Federación, y desde luego al magistrado Manuel Hallivis.

También con la presencia de quienes son comisionados del INAI: a la presidenta, la doctora Ximena Puente, y desde luego a los comisionados, la comisionada Areli Cano, el comisionado Francisco Acuña; el comisionado Eugenio Monterrey y el comisionado Oscar Guerra.

Y, por supuesto, a quienes nos hacen favor de estar aquí presentes y de seguir esta exposición.

El reto principal en este momento es poder identificar cuáles son los elementos que pudiesen aterrizar de mejor manera el mandato constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ya la propia Constitución identifica cuáles son las leyes que tienen que ser construidas. Específicamente la ley de las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; la ley del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; la ley general de responsabilidades administrativas; y desde luego las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal para precisar el papel que jugará la Secretaría de la Función Pública en el control interno de la propia Administración Pública Federal.

Más allá del menú de leyes que tienen que ser expedidas o reformadas, en lo personal traigo diez propuestas, igualmente, que pudiesen ser trabajadas en este núcleo de leyes, con el propósito de aterrizar de mejor manera el sistema nacional anticorrupción.

Saludo antes a la comisionada Patricia Kurczyn y al comisionado Joel Salas, ambos del INAI.

Las 10 propuestas estarían divididas en tres ámbitos: el ámbito del orden punitivo, el ámbito preventivo y el ámbito orgánico institucional.

En el ámbito punitivo son cinco propuestas específicas que se perciben desde la Secretaría de la Función Pública deben ser trabajadas.

La primera de ellas, el ámbito de la clasificación adecuada de las faltas, entre las faltas no graves y las faltas graves; la definición con base en la práctica administrativa de cuáles faltas no implican un beneficio indebido ni para el servidor público ni para terceros ni para privados, pero también poder clasificar aquellas que sí constituyen un beneficio indebido, ya sea para el funcionario o para terceros.

Un parámetro de identificación de las faltas indebidas puede ser el que conlleva la materia penal al momento de mencionar situaciones de peculado, cohecho, fraude, soborno y por supuesto elementos de enriquecimiento ilícito, pero siempre es importante que la ley, especialmente la de responsabilidades administrativas, establezca los grados de libertad para la autoridad, en el sentido de poder juzgar caso por caso, en cuáles pidiese haber materializado un beneficio indebido para el servidor público o para terceros o abuso de poder o de los recursos públicos.

La segunda propuesta, trabajar en el tema de conflicto de interés. Hoy sabemos qué conflicto de interés tiene elementos de violación administrativa cuando la relación personal del servidor público con un tercero, rompe con el principio de imparcialidad en la decisión tomada por el servidor público.

Pero ahí se cuestionan si este concepto genérico es suficiente para las necesidades que México está detectando y en ese sentido es un reflexión imperativa poder establecer los alcances respecto del precedente de la relación, del tiempo que lleva la relación y de la forma como se ha materializado dicha relación privada, si se ha materializado en relaciones mercantiles, con cuanto tiempo de anticipación a que la persona sea servidor público, con cuánto tiempo posterior, con qué tipo de operaciones, con qué nivel de funcionarios para poder establecer parámetros de conflicto de interés.

Y el dilema radica o en profundizar en ello o volver a repetir el ámbito genérico y solamente establecer parámetros caso por caso.

La tercera medida hablar de problemas de corrupción con base en redes y no solamente en individuos. Es importante poder dotar de procedimientos de investigación para que también se detecten redes y no solamente faltas individuales, que justamente cortan el hilo de seguimiento de dónde está el origen del acto de corrupción.

Una cuarta medida, trabajar en torno a los procedimientos relacionados con los juicios o los recursos en torno a actos de corrupción y en especial es importante poner énfasis en el análisis de las pruebas, para que los formalismos no terminen ahogando los casos.

La quinta situación, la reflexión sobre el régimen de sanciones, para que haya suficientes grados de libertad pero también de claridad en la forma de sancionar, especialmente aquellos que tengan espejo en el ámbito penal y que ya mencioné.

Éstas son desde el punto de vista punitivo.

Vamos a las del punto de vista preventivo.

La sexta medida:

Preventivamente hablando, es importante contar con sistemas, con registros, con informes, particularmente lo que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, las de conflicto de interés y plataformas diversas de registro de servidores públicos, en especial aquellos que participan en regímenes de licitaciones, igualmente de aquellos empresarios y contratistas.

Séptima medida, muy importante:

Trabajar reglas de integridad y comités de ética, porque hemos visto incluso con ejemplos recientes que más allá de cuestiones de legalidad existen asuntos en donde la conducta de los servidores públicos requiere una exigencia de valor agregado en la forma de comportarse, particularmente respecto de asuntos de sobriedad frente al manejo de recursos públicos.

En el ámbito orgánico institucional, habría tres últimas medidas. La octava:

Establecer el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y de su Comité Coordinador, para que tenga una organización constante y tenga frutos el producto del encuentro que ahí van a tener las diversas autoridades.

Y en ese sentido es importante aterrizar quién va a llevar no sólo la conducción, sino la Secretaría Técnica del propio Comité Coordinador, para que lleve a cabo precedentes sistemáticos en los distintos ámbitos que abarca el Sistema Nacional y las distintas autoridades.

La novena:

Reforzar el Sistema Nacional de Fiscalización para construirlo a nivel legal y de esta manera distinguir y también establecer las diferencias y los acercamientos que tendrá la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en este ejercicio, en particular en el seguimiento que se haga de los recursos federales en entidades federativas.

Y, la décima medida, tendría que ver desde la perspectiva de la Secretaría de la Función Pública, con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer con claridad el papel de la Secretaría de la Función Pública que básicamente aspiraría a que se le refuerce la facultad de control interno, la facultad de llevar a cabo auditorías de obra, de gestión, y desde luego de mejores prácticas de gobierno en donde intervienen elementos de gobierno abierto, de transparencia, de archivos, de mejora regulatoria y por supuesto de mejora continua a los recursos humanos y a simplificación de trámites y Ventanilla Única Nacional, sin desdeñar otras facultades que la Secretaría hoy desempeña, como es el seguimiento, institución por institución, respecto de su desempeño en la Administración Pública Federal, así como elementos para dar seguimiento a las políticas de licitaciones y de contrataciones, así como -en esta última parte muy importante porque se enlaza con todo lo demás- con lo relacionado a responsabilidades de los servidores públicos, más aun tomando en cuenta que la Secretaría de la Función Pública habrá de sancionar las faltas que no son graves pero que están en el ámbito administrativo.

Gracias por esta oportunidad y estaremos dispuestos a estar participando en forma permanente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias señor Secretario.

Tengo aquí registrado para una serie de preguntas al senador Armando Ríos Piter, al senador Humberto Fernández, y a su servidor. Iremos registrando.

Senador Humberto, por favor, tiene el uso de la palabra.

SENADOR HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Buenos días. Bienvenidos todos.

Don Virgilio: siempre es un gusto saludarlo.

Me llama la atención y analizaremos con mucho detalle y con mucho agrado su propuesta, además de una pregunta, es solicitarle un compromiso; nosotros siempre lo hemos tenido en los muchos años que hemos tenido el honor de conocerlo como un hombre de prestigio y de bien, y en esta etapa de la reforma sí queremos solicitarle su compromiso con que esta reforma sea una reforma que vaya hacia adelante, que no limite en ninguna forma los avances obtenidos en la reforma constitucional.

Celebro que esté abordándolo desde un enfoque de atacar a las redes y no individuos, es algo que será de mucha utilidad; pero esto nos lleva al siguiente compromiso: la ley debe atacar también la corrupción política y todos los elementos que van alrededor de esto, que esto es desde normar propaganda gubernamental y todos los elementos que le dan potencia a la corrupción.

El otro elemento que es muy importante, y aquí quiero llamar a su atención, usted con la experiencia de los órganos ciudadanos y por su paso por el Instituto Nacional Electoral, creo que sería muy difícil pensar en una reforma que no considere a la ciudadanía y a los órganos ciudadanos, como el eje del combate a la corrupción, por lo tanto también me gustaría conocer su postura al respecto.

Creemos también que este enfoque, el que aborda es un enfoque muy amplio, pero a lo mejor lo podríamos poner en tres partes que de una forma las aborda, pero lo primero es educar al servidor público y a la sociedad, cero tolerancia a la corrupción, un enfoque para prevenir la corrupción y para sancionarla.

Esta reforma para nosotros es de la mayor trascendencia, porque sabemos que la política anticorrupción es la forma más eficiente de reforzar al Estado. Pero además creemos que es la forma más eficiente de seguridad pública; ya no podemos seguir con un enfoque policiaco, porque eso no va a funcionar, ya está demostrado. La única forma es potenciar al Estado.

Entonces, señor secretario, señor contador, magistrado, ojalá podamos contar con su compromiso sobre estas líneas que para nosotros son fundamentales.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Humberto.

Senador Armando Ríos Piter. Y tengo registrada después a la senadora Laura Rojas.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente. Bienvenidos a los funcionarios que están el día de hoy aquí y un saludo a mis compañeros y a mis compañeras.

Nos ha tocado tener este diálogo yo creo que ya en bastantes ocasiones y es muy notorio que las posiciones de las instituciones que participan aquí no han cambiado, han sido las mismas que hemos tenido cuando hicimos el debate para cambiar la Constitución.

Sin embargo, ya en esta nueva etapa, en este nuevo momento que es empezar a arrastrar el lápiz para ver cómo ese cambio constitucional va a aterrizar en las leyes reglamentarias, aquí es donde ya hay que empezarle a poner detalle y filigrana al asunto.

Porque así me tocó decirlo en la ocasión cuando se votó el sistema. El sistema puede ser todo y nada, el sistema hoy tiene, digamos, un planteamiento institucional con muy buenos deseos que si no tiene una ley o un conjunto de leyes reglamentarias que lo aterricen bien, va a seguir siendo más de lo mismo; donde no solamente es la exposición de la corrupción como algo que forma parte de la vida cotidiana en el país, sino que la impunidad, que es precisamente yo creo que la otra cara de la moneda, siga prevaleciendo.

Yo pienso que las instituciones que tenemos hoy deberían, por sí mismas, sin un sistema nacional anticorrupción, tener capacidad de combatir la corrupción; pero el problema es que al no haber voluntad política o capacidad real de incidir, lo que tenemos son datos bastante malos en cuanto a los temas que se vuelven escándalos, se vuelven dimes y diretes de campañas políticas, y a final de cuentas para la ciudadanía terminan siendo una vacilada, porque la gente se enfurece cuando se da cuenta de que hay un gobernador que tiene 5 mil, 6 mil millones de pesos, etcétera, y van y vienen datos y documentos en la campaña; termina la campaña y no ocurre nada.

Cito los 5 mil millones de pesos porque eso es lo que me recuerda, lo que me viene a la memoria de la campaña de Nuevo León, seguramente vendrán algunos otros detalles ahora en Veracruz y va a haber cosas de ese tipo.

Pero la verdad es que termina siendo un motivo con toda legitimidad para enfurecer a la gente, porque lo que dice es: Los políticos que primero salen a la palestra con mucha valentía a denunciar la corrupción son los que terminan talándola después.

Y las instituciones pareciera ser que también forman parte de ese problema, por eso quiero comentar algunos datos que me prepararon.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación; aquí es para escuchar al auditor y seguramente al Secretario de la Función pública.

El 97 por ciento de las denuncias por corrupción que ha establecido la Auditoría Superior de la Federación entre el 98 y el 2015, estoy hablando de un universo de 656 denuncias penales por actos de corrupción; cada una de estas 656 denuncias penales sólo 19 han terminado en consignaciones, es decir, el 97 por ciento de las denuncias han quedado impunes o tal vez no han tenido el castigo que presuntamente debió haber habido.

Y además de todo se han incrementado de manera exponencial las denuncias penales que presentó la Auditoría Superior de la Federación. 2010 presentó siete; en el 2015 fueron 157, es decir, van en aumento. Pero de todas maneras aunque se presenten no tienen castigo.

¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto si es que de pronto la auditoría tiene ya elementos, facultades de investigación o de revisión, sea contra un actor o contra una red, no importa, de pronto determina que va a ir o va a levantar una denuncia, por qué se queda estancada?

¿Y por qué no se genera una dinámica muy puntual y muy transparente para decirle a la gente qué es lo que termina ocurriendo en este tema?

Lo planteo un poco porque la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción creo que tenemos que quitarle un pecado original que tiene. Que partimos de que las instituciones hoy como están funcionando, están funcionando bien.

Yo quiero más bien ver si ese pecado original lo podemos quitar, plantear y pensar que las instituciones que hoy tenemos no están funcionando bien.

Si las vamos a poner en un nuevo acomodo institucional solamente en un cuadro, digamos, donde se supone que se van a sentar para elaborar un reporte o varios reportes y no logramos entender el por qué un ejemplo como este no termina teniendo consecuencias puntuales, es posible que las reacomodemos, vamos a poner ahora las piezas de una forma diferente para tener los mismos resultados; resultados que a final de cuentas no permitan no solamente castigar, tal vez esa sería la parte punitiva en la que no quiero detallar demasiado, sino que cuando no se genera el castigo lo que se genera partir de la imagen de impunidad es más bien un incentivo, una proclividad a que la acción continúe.

Esa es una pregunta que quisiera utilizar porque, bueno, yo creo que estos foros está bien que los llevemos a cabo, yo espero que esta sea una primera ronda de foros.

Yo creo que estos foros no van a ser completos, porque lo que estamos haciendo es ver los mismos rostros de siempre; y si no traemos a nuevos actores a la discusión, me parece que vamos a terminar viendo otra vez el tema del Sistema Nacional Anticorrupción como un pequeño club de “Tobbi”, o de “Tobbies y Lulús” para que sea equidad de género completa, en el cual no se está apreciando de manera completa el problema de la corrupción.

Pongo un ejemplo: ¿Por qué empezamos a debatir en el Congreso este tema del sistema?

Bueno, yo siempre como senador de Guerrero desafortunadamente tengo que traer a la mesa que fue porque desaparecieron 43 chavos normalistas en Iguala, Guerrero. Y, si eso no lo perdemos de vista, caemos en el análisis de la corrupción bajo los patrones históricos que como país no hemos logrado resolver, pero que hoy han evolucionado.

Han evolucionado a que el acto de corrupción política lo que haga es que los funcionarios, en este caso un presidente municipal, convivan con sicarios que reciben de manos de los policías a ciudadanos y los terminan desapareciendo y matando.

Eso es un patrón, no es solamente Guerrero. Ahí está Veracruz con Tierra Blanca.

Y es un tema digamos que ya es sistémico, si no, no tendría las mismas condiciones que se han verificado en Veracruz y que desafortunadamente creo que nadie podía pensar que no estén ocurriendo en otras partes del país y es un fenómeno de corrupción e policías, autoridades, involucramiento de distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, condiciones en las cuales los recursos públicos terminan siendo utilizados para desaparecer a gente, fosas clandestinas, es decir, es el patrón en el cual hoy la corrupción se está demostrando en el país.

Y por eso yo creo que estos foros tienen que involucrar a gente que esté metida en organizaciones de derechos humanos, porque las violaciones graves de derechos humanos que hoy están ocurriendo en el país tienen que ver con actos de corrupción.

No lo podemos ver solamente como un tema del típico fenómeno de un funcionario que le mete la mano al recurso público y que termina causándole un daño al erario. Yo creo que esto es superior y necesitamos tenerlo con mucha mayor dimensión.

Termino solamente mi consideración para, poco escuché de parte de las tres participaciones qué onda con la ciudadanía, porque ustedes mencionaron el tema del comité coordinador y el comité coordinador dentro de las siete sillas, una que me parece que es la esperanza de que el sistema realmente tenga el acicate que requiere para que no sigamos patinando en lo mismo, un funcionario sale, hace el reporte, tuvimos el del Auditor Superior de la Federación apenas el miércoles, los políticos nos rasgamos las vestiduras porque ocurre algo escandaloso, agarran al funcionario en turno, que es el que hay que poner como malo de la película.

No termina ocurriendo nada, pero si tenemos el acicate de la séptima silla que permita andar enchinchando a los funcionarios y decirle al Secretario de la Función Pública, oiga, usted no hecho su chamba, oiga auditor, por qué se quedó de manera incompleta, oiga presidente del Tribunal, por qué las sanciones están siendo tan lentas, pues posiblemente tendremos un nuevo actor en el escenario que además de todo, con el interés jurídico que creo que debemos de dotarlo, pueda tener elementos y capacidades como las que le hemos dado al ciudadano a través del INAI.

Que pueda meterse a la computadora en Tijuana o en Cozumel o en Tecpan de Galena, de donde soy yo, y que pueda pedir, oiga, pues aquí me están robando la carpeta asfáltica de la carretera que va a la parte alta de la sierra, involucrar una solicitud y que con la misma forma con la que funciona el INAI tenga que tener una respuesta, tiempos establecidos, claridad y que no vayamos a tener este comité de notables solamente a nivel nacional, que termine burocratizando al sistema, sino que sea un elemento de seguimiento de lo que informa el Sistema Nacional.

Perdón si me extendí, pero como no lo mencionaron ustedes, creo que vale la pena escucharlo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senador Armando Ríos Piter.

Senadora Laura Rojas.

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias presidente, muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos al Senado, siempre es un gusto poder encontrarnos y seguir trabajando en este tema tan importante.

Yo quisiera hacer nada más dos comentarios. A mí también me llamo la atención, sí, llegué tarde, pero venía escuchando la sesión en el camino, y me llamó la atención ver que se comentó muy poco sobre el enfoque de prevención.

Y me preocupa porque en toda esta discusión yo percibo que lo que tanto en la sociedad, pero más preocupante aún en las instituciones que están involucradas, el enfoque que priva es el penal sancionatorio. O sea, la gente lo que quiere ver son peces gordos en la cárcel.

En el informe de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, que acaba de salir hace unos días, sí se advierte este fenómeno.

El Informe dice que, bueno, explica que hay un clima de impaciencia que se ha generado en la sociedad debido a la falta de resultados en esta materia y que a raíz de ese clima de impaciencia pues se ha generado una demanda generalizada de sanciones ejemplares a funcionarios.

Y yo coincido con ese diagnóstico, yo lo percibo mucho pero es preocupante, y creo que es algo que no tenemos que perder de vista porque nosotros quienes vamos a aprobar próximamente las leyes podemos correr el riesgo de darle mucha más prioridad a, o diseñar las leyes de tal manera que lo que veamos sean que se implementen medidas efectistas –perdón- y no darle la suficiente fortaleza a los mecanismos que efectivamente prevengan que haya corrupción.

Yo creo que ese es el fondo.

O sea, lo que queremos es que disminuyan los niveles de corrupción, que se inhiban los niveles de corrupción y, claro, que si todo falló, todas las instituciones fallaron y un funcionario cometió un acto de corrupción, pues entonces que no haya impunidad y que haya la certeza no como es ahora, que es al revés que lo más probable es que no le pase nada; al revés, que haya la certeza de que será sancionado.

Entonces yo sí lo quise decir desde esta primera intervención porque creo que es algo que no tenemos que perder de vista.

La parte preventiva a mí me parece de todas la más importante, que al final lo que las leyes tienen que generar es una transformación de la cultura, igual junto con las acciones de las instituciones, de la cultura del servicio público en una en la que prive la integridad. También se escuchó poco del tema de integridad.

También creo, un poco coincidiendo en la línea que comentaba el senador Ríos Piter, en que sí tenemos que empezar a salirnos de la caja.

O sea, empezar a ver el tema de la corrupción como se está viendo en el mundo, como un tema de desarrollo, no como un tema solamente que tiene que ver con castigar, sino como un tema de desarrollo.

Naciones Unidas acaba de aprobar la Agenda de Desarrollo 20-30 y hay un objetivo específico, el objetivo 16, que se le llama, el que se le conoce como el objetivo de Estado de Derecho, que habla de sociedades justas e incluyentes.

Y en ese objetivo la corrupción, o la lucha contra la corrupción tiene un papel transversal y fundamental porque solamente sin corrupción podemos alcanzar esos niveles de desarrollo, todos lo sabemos, no hay que repetir los diagnóstico; no.

Inhibe la inversión, se frena la competitividad, la productividad, por supuesto hay un daño terrible en la confianza de las instituciones y peor aún en la democracia. Y como muchas veces lo ha dicho Armando Ríos Piter, mata, mata personas.

Entonces mi comentario general es: veamos esta discusión como un tema más amplio, de desarrollo, de fortalecimiento en nuestro país y no olvidemos que la parte preventiva es, me parece, igual o más importante que la parte penal sancionatoria.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Laura Rojas.

Senador Fernando Yunes.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias Presidente.

Una vez más dar la bienvenida a todos nuestros invitados al Senado de la República en estas audiencias fundamentales, ya en un proceso de dictaminación que se tendrá que llevar a cabo de manera dinámica.

Coincidiendo con lo que decía el senador Ríos Piter, las posiciones de las autoridades prácticamente son las mismas.

Es un tema que se ha discutido ya de manera amplia en pasados meses, ya prácticamente años y que el día de hoy me parece que se tiene que dar un compromiso ya más bien por parte del Senado de la República también para que esto avance de manera correcta, para que los grupos parlamentarios verdaderamente le demos ya la celeridad que el tema merece; estamos en plena disposición.

Pero yo también soy de la idea de que hay que ampliar un tanto más sin que esto retrase también nuestro proceso de dictaminación, pues a poder abrir otras voces.

Y yo haría una reflexión también por en cuanto hace al Sistema Nacional Anticorrupción, con el riesgo de ser reiterativo en lo que ya se ha dicho anteriormente.

Pero creo que se tiene que analizar muy bien no solamente qué vamos a hacer a nivel legislativo sino verdaderamente qué aplicación va a tener en el día a día.

Uno de los grandes problemas que hay en materia de corrupción, más allá de las repercusiones que tiene económicas, de seguridad también, es la indignación social que existe allá afuera.

Lo que hoy los ciudadanos tienen afuera es una enorme molestia porque todos los días se ven actos de corrupción, pero no hay una sola persona en la cárcel; porque todos los días se ven desvíos de recursos, se ve cómo se utilizan de una u otra manera, pasan cosas como en Veracruz, como en Iguala, como en muchos lugares, pero no pasa absolutamente nada.

Y el caso muy claro es lo que ha ocurrido con las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR, que prácticamente no se ha detenido absolutamente a nadie, durante 2014 y 2015 en el caso de Veracruz; y también el comentario tiene que ser del estado del que soy proveniente a la Auditoría Superior de la Federación, interpuso denuncias a cerca de 30 y tantos funcionarios públicos del estado, algunos de los cuales hoy son diputados federales, por el desvío de recursos públicos para servicios de salud, que tienen hoy a niños veracruzanos muriéndose de cáncer porque no hay medicinas en los hospitales; que tienen a policías, como los de Tierra Blanca, que levantaron a jóvenes y los asesinaron; que tienen hoy a nuestro estado sumido en la pobreza y en el desempleo; ¿pero saben qué pasó?

Absolutamente nada. Quedaron archivadas, algunas de ellas se mandaron a la Fiscalía para que la Fiscalía protegiera a los funcionarios y claramente dijera que no hay ninguna responsabilidad.

Y hoy vemos como consecuencia de ello, como bien decía Armando hace un momento, que cuando no pasa nada es un incentivo para que se siga haciendo. Y hoy vemos cómo una vez más en el informe de la Auditoría, se exige resarcir 700 y pico millones de pesos de las arcas veracruzanas, observaciones por cerca de 35 mil millones de pesos; esto es el presupuesto de más de muchos estados del país que bien tienen que haber sido comprobados, pero que hoy, insisto, el gran problema que tenemos es impunidad.

Yo diría, presidente de la Comisión, que convoquemos también a PGR en este caso; si bien no en estas audiencias, pero también para que nos explique qué es lo que ha pasado. Porque si bien es cierto, no hay un sistema nacional anticorrupción hoy como tal, la PGR tiene obligación de actuar en este caso.

No hay justificación de que no tengan elementos legales: los hay perfectamente bien, hay todo tipo de cuestiones probatorias y no podemos seguir mandando el mensaje a los mexicanos de que va a quedar en plena impunidad todo acto de corrupción, sin importar de qué partido, sin importar en qué estado o municipio, entidad u órgano administrativo; pero tenemos que mandar un mensaje muy claro de que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales tienen que actuar en contra de la corrupción, más allá del diseño normativo que estemos generando.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, senador Yunes.

Senadora Cristina Díaz.

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador presidente.

Me sumo a los comentarios expresados por mis compañeros senadores. Sin duda, este proceso de reformas es justamente hacer que este país marche y que marche en la dirección correcta a través de una cultura de la legalidad, en donde prevenir, combatir y erradicar la corrupción requiere de un enfoque integral; pero sobre todo requiere que todos los sectores de la sociedad sean corresponsables.

El Gobierno, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y la sociedad en general deben actuar juntos. La reforma constitucional recién aprobada, es el inicio de un compromiso político del Congreso de la Unión y sin duda del Ejecutivo Federal, con la sociedad.

Pero su debida implementación estará garantizada si y sólo si ciudadanos y gobierno actuamos en coordinación y en concordancia, con principios y reglas dispuestas en la reforma.

Recientemente el Observatorio México Cómo Vamos, calculó en un 2 por ciento el PIB el monto de inversiones que se dejaron de percibir en el país por la corrupción. Esas inversiones son necesarias porque se generaría empleo y mayor fuente de prosperidad para la sociedad.

Ante esta realidad, tengo una pregunta, ¿cómo podemos diseñar un método de medición que sea más certero y confiable para México?

Porque no basta, como lo han dicho mis compañeros, tenemos ordenamientos jurídicos; pero sin duda su aplicación está generando dificultades y se escabullen muchas de las situaciones en las que se debería de castigar con todo el rigor de la ley.

La reforma constitucional en materia anticorrupción puede no ser perfecta, pero creo que hay un amplio consenso de que es un avance significativo e histórico de la dirección correcta y habla del compromiso de todos los que estamos aquí presentes.

Pero aún falta la parte más importante, que es la legislación reglamentaria.

¿Qué propondrían como ejes principales para esta legislación secundaria y cuáles serían los elementos fundamentales que no deben de faltar para asegurar la correcta implementación de la reforma?

Por ejemplo, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación; esa facultad de revisión durante el ejercicio fiscal ahora en auditoría en tiempo real y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores que eliminan principios de anualidad y posterioridad.

Creo que son elementos fundamentales en la discusión de esta mesa y es un avance significativo por llegar al fondo de estas auditorías.

El mayor plazo que requiere la propia Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice la cuenta pública. A veces se requiere ampliar estos plazos para poder llegar al fondo de los asuntos.

En cuanto a los órganos internos de control, hoy estamos seguros que estos órganos estarán facultados en los términos de la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que sin duda serán competencia de los tribunales de justicia administrativa.

Pero, sin duda, presentar las denuncias por hechos u omisiones que pueden ser constitutivos del delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución es sentar en el banco a los acusados y demostrar con hechos que verdaderamente son culpables y que no se escabullan de la justicia; situación que hoy lastima a la gente, porque hay hechos de corrupción que son evidentes o que están en el imaginario de la gente y que no ven el castigo a la corrupción y a la impunidad.

Con estos comentarios, yo agradezco la oportunidad que me da el presidente de la Comisión, el senador, por participar. Gracias, senador Escudero.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Cristina Díaz.

Antes de darle el uso de la palabra a nuestros invitados, decirles que me parece que en esta mesa y en estas pocas horas rápidamente, gracias a que aquí tenemos a cuatro de los operadores del sistema, sea hecho un problemario muy claro de cuáles son los retos y cuáles son los temas finos.

Pudimos hablar rápidamente de la clasificación que a todos nos preocupa y nos sigue preocupando. De la constitucionalidad de ella en cuanto a que sean graves; qué es lo que va a suceder de estas precalificaciones; de las propias conductas, consideradas algunas como delitos, como faltas administrativas. Sin duda, la operación del propio sistema.

La inclusión del Sistema de Fiscalización, que es un sistema que ha sido muy importante para todos nosotros desde que estábamos en la Cámara de Diputados, cómo efectivamente hemos estado redactando para que esté incluido dentro del Sistema Nacional.

Quisiéramos escuchar también de parte del auditor cuáles han sido los retos de coordinación que ha enfrentado el propio Sistema de Fiscalización. Porque es verdad que si este sistema, por más que tengamos esta gran reforma constitucional –y coincido con el senador Armando Ríos Piter, puede ser todo o puede ser nada. Y es muy importante conocer a detalle cuáles son los problemas técnicos de coordinación a los cuales se ha enfrentado el sistema de fiscalización, que sin duda será un tema importante a revisar para ver cuáles serán los retos que tendrá este sistema nacional.

Además de ello las pruebas, el catálogo de pruebas, el desahogo de pruebas; toda una serie de temas técnicos- jurídicos que tendrán que revisarse, me parece que son parte del problemario que se ha establecido aquí.

Y sin duda, también como lo han señalado mis compañeros Armando Ríos Piter, Fernando y todos los demás, estos son el inicio de unos foros, yo diría unos foros más técnicos con aquellos operadores del sistema, pero por supuesto que estamos abiertos y haremos los foros que sean necesarios con todos los actores que sean necesarios.

Y es verdad que necesitamos escuchar a mucha más gente, pero también es verdad que hay un compromiso de sacar adelante estas leyes secundarias, que así lo ven todos los grupos parlamentarios. Y es verdad que tenemos que poner de nuestro trabajo.

También todos conocemos el trabajo de los senadores en diferentes comisiones: en la Comisión de Justicia, en la que muchos de nuestros compañeros están involucrados en el trabajo que se tiene. Yo les pediré un esfuerzo adicional para poder avanzar de manera rápida.

Tenemos aquí, yo siempre lo he dicho, lo dije en la ocasión pasada con el INAI a nuestros asesores de cabecera que podremos estar trabajando cotidianamente sin que sean necesarios los foros, pero podemos ir revisando los documentos de trabajo como siempre lo hemos hecho con ellos.

Agradezco su participación y le doy el uso de la palabra al presidente del Tribunal, luego al Secretario y luego a nuestro amigo Juan Manuel Portal, para que puedan contestar las preguntas. Con esto cerraríamos este foro, para dar inicio al siguiente que están nuestros amigos comisionados.

Muchas gracias.

Senador Armando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Yo quisiera, digo, entiendo que es un encuentro tal vez hasta de medio de protocolo, porque en realidad a mí lo que me anima de que empecemos formalmente a analizar el sistema, es como que hacer una gran batería de preguntas.

La verdad es que si nos quedamos hoy solamente habiendo escuchado al auditor y ahorita vamos a las respuestas, la verdad es que yo no quiero, es una posición personal, es que de repente estos foros se den, ah, es que ya hicimos unos foros y el foro no sé, yo traigo una batería de preguntas al auditor, sobre todo pidiéndole al auditor que siendo mi amigo, nos dio varios instrumentos la semana pasada.

Entonces, el tema no es solamente oír las posiciones formales de tal o cual pregunta que ahorita salga al paso, por qué no está funcionando ahorita las capacidades que tienen las instituciones que están aquí, para combatir la corrupción.

Les doy solamente un dato, para ver si me lo pueden contestar, porque sé que entonces ya no va a haber más. Dice, del 91 a la fecha se han registrado 70 mil millones de pesos en expedientes completos por actos de corrupción, entre los cuales ha participado la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría demanda a la Secretaría de la Función Pública para decir oye, pues tienes que cobrar esta lana.

Ya se perdieron 50 mil millones de pesos y únicamente se han recuperado, de los 70 mil millones de pesos, a ver, más o menos de cuánto estamos hablando, tres veces el Procampo, cuatro, nos quejamos, acaba de haber un recorte de 135 mil millones de pesos, pues esta lana hubiera estado bueno recuperarla.

De esos 70 mil millones de pesos solamente se han recuperado 202 millones, el 0.28 por ciento. Entonces, la pregunta es por qué si al detectamos, la ubicamos y de repente no ocurre, no recuperamos el dinero, nos e castiga a quien está y son las mismas instituciones que ahora las queremos poner en un nuevo como institucional, pero que si no vemos con filigrana el por qué hoy no está funcionando, difícilmente el sistema con la ley lo vamos a poder corregir y la impunidad va a seguir siendo el menester del día con día.

Yo traigo más de estas pero ojalá que podamos establecer una mesa de trabajo continua y que no vaya a ocurrir, ah, ya hicimos los foros y entonces va a salir del sombrero un conejo que va a decir y aquí está la iniciativa del gobierno y esta es la que trae la mayoría del PRI, como ya los escuchamos, vamos a sacarlo.

Lo quiero dejar asentado porque es la primera vez que vamos a empezar un debate y espero que sea muy rico y muy sentido.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Armando Ríos Piter.

Sí, senador, este sin duda es el inicio de los foros, pero me parece, como lo decía con anterioridad y a sabiendas aquí de nuestros tres amigos que nos acompañan, me parece que podremos tener muchas reuniones con ellos y con otros actores que nos harán falta para poder intercambiar muchos puntos de vista.

No lo vemos así ninguno de los presidentes como un requisito a cumplir. Lo vemos como una necesidad, tenemos que escucharlo, tenemos que intercambiar estas y muchas otras series de preguntas y yo le ofrezco que tengamos reuniones de trabajo con estos funcionarios y otros más, para que podamos intercambiar todas las dudas, preguntas y todo lo que sea necesario.

El tema está en tan delicado y tan importante que no podría ser de otra forma. Quédese con esa seguridad, senador.

MAGISTRADO MANUEL HALLIVIS PELAYO: Primero que nada muchas gracias.

Yo sé que no les sirve nada lo que voy a decir pero coincido con todas las señoras senadoras y los señores senadores con todos sus planteamientos, es lo que sentimos todos como ciudadanos.

Y creo que este foro debe, como dijo el senador Ríos Piter, y como el señor Presidente de esta Reunión de Comisiones Unidas de Anticorrupción, Justicia y Segunda Legislativa nos ha comentado, creo que esto tiene ya una; la idea es que sigamos discutiendo con todos ustedes.

Pero yo creo que vale la pena que nos centremos en números.

Ahí en la lámina tienen ustedes qué es lo que ha pasado en la realidad.

¿Quieren retrasarle una por favor, una lámina, para mostrarles? Miren: otra por favor.

De un millón 664 mil 427 demandas que hemos tenido; esta es una muestra del año 2000 al 2016, son 15 años, 16 años ya; 16 años en que hemos estado monitoreando que es lo que pasa en materia de responsabilidad de servidores públicos.

De un millón 664 mil demandas que hemos recibido, sólo se han recibido 28 mil 211 de responsabilidad de servidores públicos.

Esto me sirve para hacer el anuncio de que vean ustedes de que nuestra institución está evolucionando.

El Tribunal, el año pasado liberó cerca de 335 mil millones de pesos, que eso en el número de veces que dicen ustedes todo, y fue por la rapidez, y fue por el apoyo que nos dio el Poder Legislativo para poder abrir todas las salas, etcétera, y por el apoyo que nos están dando, aquí le agradezco personalmente al senador Yunes su apoyo, con una ley que tiene ya 2 años aquí, que afortunadamente va a salir y que debe ser el preámbulo, el preámbulo para todo esto que vamos a comentar y con lo cual me voy a permitir responder a la senadora Rojas, al senador Ríos Piter, al senador Fernández, respecto de la eficiencia que debe de tener el sistema.

Porque estamos por sacar una Reforma que no tiene nada que ver con el sistema, pero que nos va a permitir abrir un boletín electrónico muy transparente, de hecho nos van a dar el premio de una de las entidades más transparentes, lo cual les agradezco, le agradezco a la señora doctora, como una de las entidades más capacitadas, 100 por ciento capacitadas, pero en materia de transparencia.

Pero para continuar verdaderamente con una transparencia necesitamos esa ley que nos va a permitir que cualquiera consulte a la versión pública de un expediente en cualquier momento, independientemente de todo de lo que sea la notificación electrónica.

Si ven ustedes, ahora me paso, por favor, a la lámina esa:

Estamos hablando de muy poco de lo que hacemos: 1.91 por ciento.

Ahora, de ese uno un punto 91 por ciento que hacemos, qué pasa en materia de responsabilidad de servidores públicos:

En números gruesos les voy a decir:

El 51.33 por ciento lo gana el particular. El 48.67 por ciento. Es lo que suman los números ahí, lo gana el Estado.

¿Qué quiere decir? Más o menos es mitad y mitad, con 1.36 por ciento de diferencia. Ahora, es mitad y mitad.

Sin embargo, dónde tenemos –y perdón, no podría señalizarlo-, dónde tenemos la ventana de oportunidad para ser más eficientes.

Ahí en la segunda, donde dice; en la segunda, la tercera y hasta la cuarta:

La nulidad para efectos, la nulidad parcial y el sobreseimiento, que son los aspectos de forma, son los aspectos que no deben existir.

Y van a decir: ¿Y por qué no va a existir con el nuevo sistema?

Porque el nuevo sistema lo que va a hacer es precisamente como todo lo vamos a llevar nosotros, pues sería ilógico que hubiera violaciones al debido proceso, violaciones en la valoración de pruebas, violaciones de derechos humanos ni nada de eso. No debe haberlas de ninguna manera.

Y si me permiten, voy a tratar de dar el punto de vista del Tribunal, que aun cuando no fuimos aludidos directamente por los señores senadores, muchas de las respuestas las podemos dar.

Primero. Se trata de un sistema por lo cual coincido perfectamente en que un monitor, un eje fundamental va a ser el factor ciudadano a través de su representante, que va a tener en el sistema y al representante le tocará decir “vas muy lento. Vas muy rápido”; estoy hablando exclusivamente de imposición de sanciones

¿Y a qué me refiero con esto?

A que para que seamos nosotros rápidos, tenemos que tener los instrumentos que me permití solicitar a ustedes. Todos los principios que nos permitan que no entremos en discusiones bizantinas, de cosas; si todo el procedimiento se lleva con nosotros, estoy hablando el procedimiento sancionatorio, una vez que se hace el trabajo de vigilancia y fiscalización.

La violación de derechos humanos, tiene razón el senador Ríos Piter, está unida en muchas ocasiones, probablemente en todas, a actos de corrupción.

Ahora, decían que hay que atender y tiene razón la senadora Rojas, al objetivo 16 de la ONU; pero ya estamos en este sistema atendiendo a cómo debe ser el sistema, se los pasé, no lo quisiera ahora por tiempo repetir, de qué es lo que piensa la OCDE de cómo debe de ser un sistema adecuado anticorrupción.

Ese sistema adecuado anticorrupción, implica precisamente –y ya no me acuerdo quién lo dijo– salirnos de esa caja; ¿por qué salirnos de esa caja que nos está cerrando?

Porque estamos pensando en un sistema que tenga los dos extremos: la prevención y la sanción. Y yo nada más puedo hablar del tema sancionatorio; pero el tema sancionatorio previene; ¿por qué previene?

Porque ahora lo dijeron todas las señoras y señores senadores, la corrupción tiene un acicate a favor cuando hay impunidad; cuando no hay impunidad no hay ese acicate. Por eso les decía que cada sanción debe de tener el efecto inhibitorio que permita que todo acto de corrupción genere una sanción justa, adecuada, etcétera; pero que genere la sensación y un efecto ejemplificativo multiplicador, que genere la sensación de que todo acto de corrupción va a ser, primero, detectado; y segundo, sancionado.

Aquí estoy hablando exclusivamente de la sanción administrativa, pero tienen ahora y lo comentaba yo con el senador Ríos Piter, la oportunidad de que también desde el punto de vista del ámbito penal se logre efectividad y eficacia, que es uno de los cuatro puntos que pide la OCDE, ¿cómo?

Con sistemas. Piensen, por favor, en un émulo para esta materia, de lo que les estamos prometiendo para materia administrativa.

Si nos hacen el favor de permitirnos que el sistema sea así, les podemos asegurar que los problemas formales se van a disminuir, no quisiera ser petulante, pero hasta en un cien por ciento.

Para que seamos totalmente transparentes necesitamos en lo que nos está ayudando el señor senador Yunes, pero también cómo medir mejor, creo que lo preguntó la senadora Laura Rojas: pues con mayor transparencia; obviamente va unida la transparencia con mejor investigación y fiscalización y con mejor imposición de sanciones.

Si nosotros este último eje, obviamente estoy hablando desde el punto de vista administrativo, si este último eje lo cuidamos, todo lo que hagan nuestros compañeros va a llegar a la consecuencia que debe de tener.

Estamos pidiendo hasta que si el expediente no viene bien, eso viene en el documento que me permití pasarle ahora al señor senador Escudero, si el expediente no viene bien, poderlo regresar para que lo hagan bien.

Si falta o sobra alguien, obviamente respetando el principio de presunción de inocencia y todo lo que lleva a decirle “oye, este no”, y de una vez dejarlo; “y este sí y por favor investígalo”, porque nosotros no vamos a investigar; aunque si nos dan facultades de mejor proveer, pudiera haber algunas cosas que pudiéramos, en el procedimiento, de una vez agarrarlas porque además, y por último, el procedimiento tiene que ser expedito, por eso se está pensando en dos instancias y que no haya revisión fiscal respecto de la apelación.

Con eso les podemos… claro, sí tiene que haber amparo, pero no revisión.

Muchas gracias y discúlpenme.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, señor presidente Hallivis.

Señor Secretario.

MAESTRO VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidente.

Dos temas dominaron en la participación de las senadoras y los senadores. Uno de ellos, el cuestionamiento sobre la impunidad.

¿Por qué existe tanta impunidad en este tema?

Y, el segundo, la preocupación sobre el asunto preventivo. Y un tercero: el papel de los ciudadanos.

Con base en estos tres elementos haré un comentario.

La impunidad existe, a mi juicio, porque las leyes encargadas de establecer los procesos para el análisis de casos y las sanciones correspondientes van teniendo fallas a lo largo de todo el camino.

Y aquí quiero mencionar que no estamos hablando únicamente de las instituciones administrativas que documentan los casos, como somos: la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública; sino también los elementos del proceso que se encuentran o que tienen obligación de aplicar no nada más las instituciones de procuración de justicia sino también otro poder, como es el Poder Judicial.

No debemos perder de vista que en ocasiones las procuradurías consignan, pero posteriormente en el seno del Poder Judicial existen los debates ordinarios sobre los derechos, sobre las obligaciones, sobre la contundencia de las pruebas, y entonces en todos estos elementos la columna vertebral común es la ley que establece las conductas y que establece los pasos, las pruebas y las sanciones.

Por eso es determinante en esta ocasión trabajar en torno a dos instrumentos jurídicos fundamentales:

La ley general de responsabilidades administrativas para poder distinguir adecuadamente las conductas y establecer los criterios de juicio respecto de aquellas conductas que constituyen actos de corrupción.

Y desde luego también la legislación en materia penal, tanto desde el punto de vista del tipo como desde el punto de vista de los procedimientos.

Estos son dos factores que seguramente coadyuvarán a disminuir las condiciones de impunidad.

Y, como expresó el senador Ríos Piter ante la pregunta, ¿por qué las instituciones no son lo eficaces que esperaríamos el día de hoy? Mi hipótesis es: porque desde el punto de vista de la construcción de las leyes, las leyes que establecen las conductas y las leyes que establecen los procedimientos tienen distintos candados y distintas ambigüedades que tienen que ser trabajadas y, por lo tanto, es un rato fundamental de Estado.

Y es de Estado porque el Poder Ejecutivo es quien las documenta.

Un órgano autónomo, como va a ser la Fiscalía General de la República, y no hay que perder de vista eso, porque hoy la PGR está percibida dentro del Poder Ejecutivo, pero el propio constituyente ya la hizo autónoma, y dentro de la Fiscalía General está la Fiscalía Anticorrupción.

Entonces el órgano autónomo requiere de la orientación que le pueda dar la ley para plantear los casos.

Ya estamos hablando del Poder Ejecutivo, de un órgano autónomo, del Poder Judicial que siempre será la última instancia en sus dos vertientes: la vertiente de las instituciones autónomas, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la vertiente de los tribunales ordinarios e incluso de la Corte. Y, por supuesto, el Poder Legislativo, que tiene la obligación de trabajar el marco legal.

La impunidad se convierte en un problema de Estado, y por lo tanto trabajar finamente sobre los incentivos que se establezcan en las leyes va a resultar fundamental para poder disminuir los índices de impunidad.

Ya hay avances en la propia Constitución.

El hecho de haber establecido la intervención de los activos en caso de enriquecimiento ilícito, la posible liquidación y disolución de las empresas en caso de que hayan participado y se hayan coludido con funcionarios públicos, eso ya está en la Constitución.

Y otra que incluso es muy fina en su redacción; el establecimiento de ampliación de plazos de prescripción de los casos y de los archivos, porque hemos dicho que la Constitución establece 7 años, pero si se lee con mayor puntualidad la Constitución, dice que eso es lo mínimo.

Por lo tanto también se abre la posibilidad de realizar una reflexión de cuánto tiempo puede estar abierto un expediente de un servidor público que ya se retiró.

El mínimo, dice la Constitución, son siete años, pero nada impide que el Poder Legislativo Trabaje en torno a establecer más años de apertura del expediente y que coincidan con la materia penal.

Entonces, todo estos elementos ya son bases de reflexión en torno al tema de cómo disminuir la impunidad y reitero: hoy es un problema de Estado en donde estamos involucrados cuatro ámbitos: el Ejecutivo, con la Secretaría de la Función Pública; el Legislativo, con quienes hacen las leyes y la Auditoría Superior de la Federación; el Judicial con sus tribunales y el ámbito y la esfera de autonomía para empezar, porque van a tener contralorías propias y para finalizar, porque está ahí la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.

Primer tema impunidad.

Segundo tema: prevención.

Es muy valiosa la participación de la senadora Laura Rojas cuando nos recuerda que hoy en día, a nivel global, el tema de la corrupción es un tema visto desde el punto de vista del desarrollo y es oportunidad para no perder de vista esto, porque qué significa o cómo aterrizar el asunto de prevenir la corrupción como un asunto de desarrollo.

Significa poder identificar las mejores prácticas que puede tener un gobierno o una institución pública, cuáles son las mejores prácticas hoy en día y que pueden ser desarrolladas o apuntadas para que los órganos de control le den prioridad.

Serían a mi juicio, la transparencia, que además tenemos un régimen robusto y una institución igualmente robusta que lo acompaña, el régimen de archivos, la mejora regulatoria, la simplificación administrativa y la simplificación continua de trámites y desde luego elementos de mejora continua de la gestión., incluyendo recursos humanos, recursos financieros y materiales, elementos tecnológicos dentro de las instituciones y cerraría con uno para conectarlo con el último tema que también era inquietud de varios senadores: el del gobierno abierto, gobierno en línea, gobierno frente a los ciudadanos.

Este es un asunto fundamental que también ha sido desarrollado ya en tratados internacionales, en acuerdos de cooperación, estos son los ejes, a mi juicio, que constituyen la base del control interno.

El control interno debe enfocarse a estos parámetros ye s oportunidad porque la Constitución también lo establece. La Constitución dice: “se desarrollará en la ley los elementos para el adecuado control de la gestión por parte de los órganos de control.

Éstos pueden ser parámetros importantes, porque a su vez de estos parámetros se van a desprender retos de carácter regulatorio y legislativo para poderlos aterrizar.

Por lo tanto el enfoque preventivo no nada más es un asunto gramatical, no sólo es un asunto verbal, es un asunto que tiene posibilidades de aterrizaje concreto en las leyes que ustedes van a construir.

Y cierro con el último tema: Gobierno abierto implica participación ciudadana.

Y por lo tanto, coincido en que el involucramiento permanente de los órganos ciudadanos en el debate público en torno al tema.

Obviamente en su participación en el Comité Coordinador, pero sobre todo en el desarrollo de instrumentos para que participen de manera permanente con el gobierno y con el control de gobierno, son fundamentales.

Y aquí las reformas que hemos vivido en forma de transparencia complementan muy bien lo que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y por otra parte quiero reiterar que por parte de los órganos de control, o en este caso de la Secretaría de la Función Pública, se desarrollará precisamente, senador, un sistema de denuncias y quejas ciudadanas que estará en línea, que será posible hacerlo las 24 horas y que una persona podrá denunciar casos específicos como el ejemplo que usted aquí amablemente puso en la mesa.

Estos serían los elementos.

Sólo menciono alguno que dijo el senador Luis Humberto Fernández: el asunto de la corrupción política. La corrupción política, entendida como abuso de poder.

Y los elementos que mencionaste de otras dimensiones como la del carácter electoral, precisamente están ya, de alguna manera, establecidos en el artículo base del comportamiento de los servidores públicos, que es el 134, que establece los principios fundamentales del ejercicio público y ahí también tenemos derivaciones de carácter político. A mi juicio, están razonablemente desarrolladas.

Este sería mi comentario y gracias señoras y señores senadores.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias señor Secretario.

Señor Auditor:

C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL MARTÍNEZ: Muchas gracias.

Procuraré no ser repetitivo y trataré de ser muy breve. Me iría primero al tema de la impunidad.

Explicaría lo que menciona tanto el senador Ríos Piter, como el senador Yunes, en cuanto a qué es lo que ha pasado con las denuncias que presenta la Auditoría Superior de la Federación.

Tendría que explicar primero que de las 664 denuncias que se han presentado hasta la cuenta pública 2013, de éstas son muy pocas las que se han mandado a la reserva o se ha decretado el no ejercicio de la acción penal. En realidad el grueso se encuentra en integración.

Integración es armar todos los expedientes para poder procesarlo ya posteriormente ante un juez.

Esto que está en integración, de estas más de 620; no sé exactamente la cifra pero son producidas o presentadas en los últimos 5 años más o menos.

Es un cúmulo muy importante que no sé, creo que no hay alguien que haya presentado tantas denuncias en un plazo tan corto, en ninguna institución, o ninguna persona.

Es un número muy importante de denuncias que le han llegado a la PGR. El ministerio público tiene una capacidad; quizá no han estado o no están preparados.

Lo que sí puedo asegurar es que hay una gran coordinación en la actualidad hace más de un par de años o aproximadamente un par de años, en donde cada vez teníamos mejor coordinación, comunicación y reuniones periódicas para ver cómo están los asuntos, conocer el estatus de cada una de las denuncias y ver qué es lo que le falta al ministerio público para la integración de sus expedientes.

Esto, por qué es en los últimos años que se han presentado las denuncias:

En virtud del crecimiento de auditorías, que se han triplicado de cuando empezamos; no, se han quintuplicado, de cuando empezó la Auditoría Superior a la fecha se han quintuplicado.

Adicionalmente, los enfoques que tiene la Auditoría Superior son cada vez más técnicos. Se usan metodologías basadas en tecnologías de la información y tenemos una cobertura mucho mayor, y obviamente mayor experiencia, con nuevos enfoques.

Tenemos una mayor precisión para la selección de las auditorías, sobre todo cuando se tienen elementos, con base en una evaluación de riesgos, poder llegar a aquellas áreas, o recursos en donde seguramente hay mayores desviaciones, sin que sea el objetivo de estar buscando fraudes.

Es natural que basado en esta metodología podamos encontrar más fácilmente desviaciones a los recursos.

Adicionalmente, tendría que mencionar que lo que se ha recuperado a partir de que se crea la Auditoría Superior de la Federación, hasta la cuenta pública 2013, son cerca de 94 mil millones de pesos y acabamos de anunciar otros 6 mil y tantos millones recuperados durante la revisión de la cuenta pública 2014. O sea, estamos alrededor de 100 mil millones de pesos recuperados; lo cual significa una parte se recibe por TESOFE, quizá es la menor.

Una parte van reintegrada a los bienes de quienes habían sufrido un daño al no recibir servicios, no recibir las obras, etcétera, se reincorpora a sus propios activos.

Y la parte más importante corresponde al reintegro de los recursos a las cuentas originales de los programas o de los fondos, porque así está la regla, no hay todavía el principio de anualidad, que es el que estamos impulsando para que se apruebe, a fin de que los recursos que no se ejercen en un ejercicio, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación.

El hecho de que se integren impide la posibilidad de que éstos sean distraídos para otros fines que no fueron aprobados y que es lo que está ocurriendo, el ejemplo lo mencionaba el senador Yunes en cuanto a aquellas emulaciones de recursos que habían sido desviados y que posteriormente con un estado de cuenta o una transferencia bancaria se nos informaba que ya habían sido reintegrados y al día siguiente los volvían a sacar.

¿Qué es lo que hacemos ahora?

Ya no solventamos eso, hasta que no veamos que esos recursos además de reintegrarse a las cuentas respectivas, se apliquen a los programas para los cuales fueron autorizados.

Esto es en cuanto a lo que sería la parte de impunidad.

Y me preocupa un aspecto que está de actualidad y que mencionaba antes de la reunión, que puede ser algo que nos debe de causar una preocupación, el nuevo sistema penal acusatorio. Necesitamos capacitarnos todos para poder defender los casos o promoverlos adecuadamente; de otra manera existirá mayor impunidad si no estamos preparados todos, todos los que estemos de este lado, para poder atender los asuntos que van hacia el aspecto penal.

En cuanto al otro tema que me parece muy importante, que mencionó la senadora Rojas, lo de la parte preventiva. Quizá en mi participación fueron tres pequeños párrafos, hablando de política de integridad, usted lo mencionó muy bien, y lo mencionaba el secretario Andrade; es política de integridad lo que estamos proponiendo, que tiene un fondo y basado en mejores prácticas internacionales.

Y la otra parte es el fortalecimiento y una aprobación de los lineamientos únicos sobre el fortalecimiento de los sistemas de control interno; y aquí tomaría el tema para contestar un poco lo que preguntaba el senador Escudero, de los retos que ha tenido el sistema nacional de fiscalización.

Si bien tenemos desde hace seis años, prácticamente ya en un trabajo, digamos que una formación informal, pero muy coordinada, muy aceptada, entre los que estamos en el sistema; falta la aprobación constitucional, que ya se dio y ahora en la ley específica de que el sistema nacional de fiscalización debe ser atendido.

Y el reto que hemos enfrentado es la falta de este sustento que lo hace casi obligatorio. No obstante hay lineamientos de control aprobados, pero que faltaría la fuerza para que sean únicos; no es que sean unos lineamientos que apliquen a pie juntillas a cada una de las organizaciones; cada quien deberá entender cómo es su sistema, cómo es su organización, cómo es su estructura, cómo es la idiosincrasia de la organización para con base en los lineamientos, perfeccionar o definir lineamientos específicos, que es de entrada, que no puede ser a la medida de todos. Si bien es un traje, cada quien tiene medidas diferentes y tiene gustos y necesidades diferentes.

Es una parte muy importante lo que tiene que ver con el desarrollo de unos lineamientos y aprobación de ellos en el sistema nacional de fiscalización.

Segundo tema del sistema nacional de fiscalización, y afecta a todo lo que sería el sistema nacional anticorrupción: se requiere fortalecer la independencia de los órganos de fiscalización. Los órganos de fiscalización en los estados, no son independientes la mayoría de ellos y por eso es que seguimos teniendo las deficiencias y fallas en reiteradas irregularidades que se presentan en estados y municipios.

Yo insistiría en lo que sería la independencia del ente auditor, del ente auditado. Básicamente serían mis comentarios, señor senador.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor auditor.

Los despedimos sin antes agradecerles que hayan venido esta mañana a participar con nosotros, Presidente magistrado Manuel Hallivis Pelayo; señor Secretario; señor auditor.

Muchas gracias y esperemos que esta sea una de muchas reuniones de trabajo que tengamos para este reto tan importante que tenemos, que es legislar las leyes secundarias del Sistema de Combate a la Corrupción.

Los despedimos y damos inicio con los comisionados del INAI, que ya están aquí con nosotros.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Buenas tardes. Damos la bienvenida a los comisionados de INAI.

A la comisionada presidenta, la doctora Ximena Puente de la Mora; al doctor Francisco Javier Acuña Llamas; a la licenciada Areli Cano Guadiana; a la doctora María Patricia Kurczyn Villalobos; al licenciado Eugenio Monterrey Chepov; al maestro Joel Salas Suárez y al maestro Oscar Guerra.

Como siempre, sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Agradecemos que hayan hecho un espacio en sus agendas para acompañarnos este día en el inicio de estos foros tan importantes para estas leyes secundarias.

Damos el uso de la palabra a su presidente, la doctora Ximena.

COMISIONADA XIMENA PUENTE DE LA MORA: Muy buen día tengan todas y todos ustedes.

A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados que integramos el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, saludo y agradezco la invitación para ser parte de este importante foro al senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Por supuesto, saludo también al senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y al senador Fernando Yunes de Justicia.

Saludo también a los senadores que están en este importante foro. A la senadora Laura Rojas; al senador Armando Ríos Piter y al senador Luis Humberto Hernández Fuentes.

Saludo, por supuesto, a mis compañeras comisionadas; la comisionada Arely Cano, comisionada Patricia Kurczyn, y mis compañeros comisionados Francisco Javier Acuña, Oscar Guerra, Eugenio Monterrey y Joel Salas Suárez.

Señores medios de comunicación que nos acompañan:

Primero que nada, permítanme comenzar esta intervención reconociendo, como siempre, la apertura del Senado de la República en estos importantes temas trascendentales para el país.

Nos han abierto las puertas y considerado la opinión y el posicionamiento del Instituto en la definición de importantes temas, como el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia.

Estamos muy en contacto también para definiciones sobre lo que van a ser dos importantes leyes que van a definir el Sistema Nacional de Transparencia, que son: la Ley General de Datos Personales, y también muy importante para la organización de la información la Ley General de Archivos.

En este sentido, nos congratulamos de estar aquí como órgano garante de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos, pero también como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia.

Al tratarse de un fenómeno complejo y multifacético, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un tema prioritario que requiere una atención especial y una política de Estado integral para su combate a nivel mundial. Es decir, una política capaz de generar las acciones e instrumentos necesarios para el acceso y uso efectivo de la información por parte de la sociedad.

Pero también para promover su participación en la toma de decisiones gubernamentales y fomentar la rendición de cuentas como un elemento fundamental para el éxito de una política pública.

Y esto es también en relación con las intervenciones que se tuvieron anteriormente en el primer panel de este importante foro, la importancia que tiene fomentar la participación ciudadana, tanto en el diseño de esta política pública como en la evaluación de la misma.

En este sentido vale la pena señalar que la tendencia mundial indica que una política efectiva de combate a la corrupción distingue dos dimensiones fundamentales en su aplicación:

La primera de ellas ya la comentaba la senadora Laura Rojas: la dimensión preventiva y la importancia que tiene la dimensión preventiva. Es decir, aquellas normas, políticas y herramientas que buscan disuadir prácticas de corrupción y disminuir espacios de opacidad que pudieran ser propios para su operación.

Y, por otro lado, la dimensión punitiva. Es decir, aquellas normas, políticas y procesos que promueven la investigación y sanción de casos de corrupción existentes o que tuvieron lugar en el pasado.

Por ello, resulta imprescindible poner especial atención en incluir las iniciativas bajo análisis, los medios necesarios para contribuir primero a prevenir estas prácticas y conductas ilícitas, así como para generar espacios donde la transparencia y la rendición de cuentas eleven los costos de la opacidad y la corrupción.

Me parece que, como ya se ha mencionado también, estamos en este importante espacio para la construcción de las mejores normas que el Estado mexicano requiere para cerrar estos espacios de impunidad, para fomentar la participación ciudadana, para darles el mejor contenido, pero sobre todo también las posibilidades de operación, que eso es lo que estamos viendo ya ahora con la estructuración del Sistema Nacional de Transparencia, y en este sentido es que va nuestra participación.

Ya lo mencionaba también la senadora Laura Rojas, tenemos importantes objetivos estratégicos para el desarrollo en la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y el objetivo 16 que específicamente se refiere a acciones encaminadas al combate a la corrupción, pero también al fomento de la transparencia.

Es justamente a través de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas y también la participación ciudadana que es posible poner en marcha un cúmulo de principios de buen gobierno, que etapas avanzadas de su desarrollo incidan de manera permanente, pero además sistemática en la gestión pública, reduciendo con ello los espacios para la corrupción.

En virtud de ello y considerando la participación que este Instituto tendrá en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, de conformidad con el artículo 113, fracción primera de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las y los comisionados que conformamos el INAI decidimos compartir con ustedes 10 puntos que consideramos relevantes en estos proyectos de iniciativa.

En primer lugar me gustaría tener la oportunidad de referirme a un punto con el que coincide la iniciativa que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas.

La que contiene el proyecto de la Ley General para el Combate a la Corrupción y la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Nos referimos a la obligación de que los funcionarios públicos rindan una declaración de intereses, tema que se estima indispensable para la legislación secundaria en materia de anticorrupción, en virtud de las siguientes consideraciones.

Conscientes de la reforma constitucional de 27 de mayo de 29015, que dispuso puntualmente que los servidores públicos, bajo protesta de decir verdad, presentarán una declaración patrimonial y de intereses en los términos que determine la ley.

Es la mejor oportunidad para establecer las condiciones y los requisitos para que esta disposición se lleve a cabal cumplimiento, por las siguientes consideraciones.

Por el hecho de contar con una declaración de intereses por parte de los servidores públicos permitirá publicitar las actividades e ingresos ajenas a la función pública, ayudando con ello a prevenir posibles conflictos entre los intereses del sector privado y del sector público.

La importancia del sector privado también en esta definición de las normas que operarán el Sistema Nacional Anticorrupción., no solamente al sector público.

Segundo, porque una declaración de este tipo permitirá reducir la incertidumbre de la actividad política respecto a otros intereses económicos y financieros, a través de un reporte claro de actividades empresariales, mandatos, prestación de servicios, la representación o asesoría e incluso de carácter honorario de los servidores públicos ante cualquier entidad, con personalidad jurídica.

Y finalmente porque se pretende incluir las donaciones y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y dependientes económicos.

Lo anterior se puede advertir que la impresión de una declaración de conflicto de intereses dentro de la ley y con ello la obligación de publicitar información que va más allá del ejercicio de la función pública, permitiría informar y delimitar el conjunto de intereses de un servidor público, a fin de determinar cuando estos entran en conflicto con su misión asignada.

Asimismo dicha declaración junto con otros elementos, como la rendición de códigos de conducta o de ética y la puesta en operación de vigilancia u observatorios sociales, y aquí incidimos en la importancia y reiteramos la importancia de la participación ciudadana como parte de estos observatorios sociales de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, forman parte de muchos de los reclamos legítimos de panel de acción en materia anticorrupción, no solamente en nuestro país sino alrededor del mundo.

Otro punto de los que me gustaría señalar en esta intervención y otro punto del decálogo que vinimos respetuosamente a presentar a esta Honorable Cámara de Senadores es que la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece la determinación de la responsabilidad de las personas morales, se valorará si cuentan con una política de integridad.

Esto como un aspecto fundamental, contando entre sus fundamentos esenciales con mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y la publicidad de sus intereses.

También la senadora Rojas nos compartía la importancia de estas políticas de integridad también para el sector privado.

Dicha disposición se considera relevante, pues ya contempla la observancia del principio de transparencia por parte de las personas morales que contraten con el sector público.

Es decir, aquí los límites se van redefiniendo pero también un tema de responsabilidades, insistimos no solamente del funcionario público, sí también del sector privado.

Lo anterior en vista de que si se atiende cualquier definición de corrupción se observará que siempre hay dos sujetos en esa relación.

Por un lado hay servidores públicos, pero por el otro, terceros que son personas físicas o personas morales que participan en el binomio de los actos de corrupción.

La legislación segundaria en materia de combate a la corrupción no debe atender, consideramos, únicamente la perspectiva del servicio público, sino también al conjunto de particularidades que están incluidos en tales prácticas ilegales.

De ahí que la Iniciativa Ciudadana contempla del caso de responsabilidad de las personas morales, las que generalmente participan o desean participar en contrataciones públicas, concesiones y en general todo tipo de acto administrativo.

Recordemos que tenemos una Ley General de Transparencia con importantes disposiciones en materia de contratación y de transparencia en todo este proceso de contratación y esto vendría a ser un elemento que consideramos enriquecería también la percepción y la configuración del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este estándar internacional que tendrían estas políticas de integridad, exige para cumplimentar tal política de integridad, lo siguiente:

Un Manual de Organización y Procedimientos que sea claro y completo, que delimite funciones y responsabilidades de cada área y que especifique las distintas cadenas de mando en toda su estructura.

Un Código de Conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, obviamente y cumplido no solamente la estructuración y la socialización.

Tres. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de estándares de integridad.

Cuatro. Sistemas adecuados de denuncia tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas.

Quinto. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto a las medidas de integridad.

Sexto. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de las personas que puedan generar riesgo a la integridad de la corporación.

Y, séptimo. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y la publicidad de esos intereses.

Como en otras ocasiones, reiteramos nuestro agradecimiento como órgano garante de la transparencia y la protección de los datos personales, y también como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, por la oportunidad de permitirnos compartir estos 10 puntos que consideramos relevantes en la configuración del Sistema Nacional Anticorrupción.

Atendiendo mis 10 minutos, señor senador, muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si son tan amables de revisar el audio, Secretaría Técnica, por favor. Doctor Francisco Javier Acuña.

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS: Muchas gracias senador Escudero.

Senador Fernando Yunes

Senador Ríos Piter.

Al senador Alejandro Encinas.

La senadora Laura Rojas, que se encontraba con nosotros. En fin. Sí está Laura Rojas. Perdón. A mis compañeros y colegas del INAI.

Muy brevemente, nos hemos escogido algún punto para plantearlo a ustedes de manera que podamos todos hablar.

A mí me tocó plantearles la inquietud que se requiere a la contemplación de actividades como incorrectas, y por supuesto presumiblemente vinculadas a actos de corrupción, aquellas que tendrían tener que ver con la utilización indebida de la información confidencial que cuentan los servidores públicos en las instituciones públicas.

En estos meses hemos tenido una gran actividad para potenciar ante la población el deber de respaldar y de hacer garantizar de manera efectiva el derecho a la privacidad, el derecho a los datos personales en sus diversas facetas; y de esta manera en este punto que me animo a contemplar o a plantearles a ustedes, solicitamos que se vincule de manera eficaz las medidas que podrían contemplarse en estas legislaciones secundarias, para atar los cabos que tengan que ver con el uso indebido de la información confidencial.

El Estado y el mercado guardan enormes bases de datos, bases masivas, muchas de ellas desde luego delicadísimas, muy peligrosas, en el hecho de ser susceptiblemente utilizadas para fines indebidos.

En ese esquema es que sobre todo, tratándose de la responsabilidad de servidores públicos sobre estas bases de datos, pienso en las bases de datos masivas como en las del INE, que es la mayor, la del Registro del Padrón Electoral; la del SAT, que tiene que ver con los contribuyentes; y sobre todo, muchas bases de datos que hemos estado viendo, se están formando, ya existían algunas, en Gobernación sobre bases de datos para la CURP, bases de datos… (falla de audio de origen) …un procedimiento inconcluso relacionado con las bases de datos para la cédula de identidad y sobre todo, decía yo, bases de datos que están surgiendo ahora para los programas sociales de mayor envergadura; bases de datos que tienen todas ellas en común datos sensibles, muy delicados de esta población diversa, que son grupos vulnerables de la sociedad, muchos de estos grupos, estos datos, y que por esa razón pedimos se considere referencias para darles este valor de acto de corrupción, a cualquier injerencia indebida para el tratamiento indebido de estos datos.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, doctor Acuña.

Licenciada Areli Cano.

COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA: Gracias. Muy buenas tardes.

Igualmente, agradecer la hospitalidad y que nos escuchen como Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en este esquema de sistema anticorrupción.

Agradecer a los titulares de las Comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Justicia, y de Estudios Legislativos. A los senadores también que los integran.

En mi caso, traigo a colación dos temas: en lo específico, uno tiene que ver con la cultura del servicio público responsable. Puede detectarse de la lectura de diversas iniciativas, que es posible advertir como un elemento común una exposición amplia del esquema punitivo para el combate a la corrupción, que despliega los métodos de indagación ante hechos presuntamente ilícitos, los procedimientos para la determinación de sanciones y el alcance de éstas.

Sin embargo, las cuestiones relativas a la prevención y la ética pública, se incorporan sólo con el carácter de enunciaciones conceptuales, por lo que se debe tomar en cuenta la importancia de desarrollar normativamente sus componentes.

En este sentido, es necesario comentar que para la lucha contra la corrupción tenga éxito, se tiene que atender a su naturaleza como un fenómeno complejo que no acontece de manera aislada, originado sólo en actos y determinaciones individuales de malos funcionarios, por ello su enfrentamiento implica minar las bases en que se sustenta, cambiando las reglas y la lógica del funcionamiento actual de las instancias encargadas de su combate por otras nuevas, que no privilegien o se limiten al establecimiento de un marco normativo y procedimental; centrado en la punición de los actos de corrupción, sino en incorporar:

Mecanismos dirigidos a prevenir las conductas irregulares de los funcionarios y,

Esquemas de construcción de una cultura de responsabilidad en el servicio público, a partir de una ética que integre los valores atinentes para la adecuada administración del Estado y del ideal democrático.

En cuanto a la prevención de los actos de corrupción, es deseable que la legislación secundaria contemple dispositivos que entre otros temas permitan diagnosticar e identificar áreas de riesgo o problemas recurrentes en la administración pública, que son propicios para la práctica de conductas ilícitas, instrumentos de evaluación sobre la incorporación de los servidores públicos con la finalidad de determinar su idoneidad y la mejora continua de los medios de control de las instituciones.

En torno a la cultura de responsabilidad en el servicio público, es notoria la necesidad de establecer disposiciones que posibiliten el fortalecimiento de una ética, de los valores y de la integridad como elementos que contribuyan a reducir la posibilidad de que la administración pública sea un espacio oportuno para la corrupción.

Esto a partir de la idea de responsabilidad desde una perspectiva amplia que no implique únicamente el marco sancionatorio sino que se traduzca en el concepto clave de la actuación de los funcionarios públicos con disposición y vocación de servicio; conscientes de la necesidad de realizar sus tareas de manera eficaz; supeditados en su labor diaria al interés general y al respeto de los derechos de las personas.

De esta forma se apela a recuperar el orgullo de servir a la sociedad para que funcione como elemento de autocontrol de quienes ejercemos funciones de autoridad.

En este sentido, el conjunto de normas debe ser un impulsor de la actuación ética, apegada a derecho, profesional e íntegra, con sustento en un conjunto de valores, con la probidad, la eficacia, la objetividad y la transparencia.

Este último, como motor que impulsa a los funcionarios a actuar bajo la perspectiva de la información en posesión de las instituciones del Estado, que es de dominio público y no puede por ello ser considerada como patrimonio del poder o de la burocracia.

Asimismo, la transparencia se vincula también con el ámbito de la prevención de la corrupción, ya que constituye un mecanismo que hace visible las consecuencias negativas de las conductas contrarias a la ética.

Se debe advertir que el reto no estriba esencialmente en la definición de los valores sino en su interiorización por parte de las personas, su incorporación a la práctica cotidiana y la construcción de conciencia acerca de la importancia de asumirlos en función del bien de la comunidad.

Por supuesto no se trata de minimizar la importancia del marco jurídico que impone sanciones a quienes se desvían del arco de legalidad en las instituciones gubernamentales. Lo que se quiere resaltar es la necesidad de atender a la corrupción de manera integral, ya que las personas no asumen la ética pública como una directriz de conducta. Cualquier medida punitiva que pretenda resolver el problema resultaría insuficiente.

Y aquí muy brevemente, lo que nosotros consideramos es: hay que atender el concepto de responsabilidad, no desde el punto de vista sancionatorio sino lo que implica al funcionario actuar con diligencia y con probidad.

El segundo elemento tiene que ver, o el segundo aspecto tiene que ver con las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en el marco de la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción, y me voy a referir particularmente a lo que dice el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, que es el relativo a la clasificación de la información relacionada con investigaciones de actos de corrupción, ya que en algunas de las disposiciones trazadas en la iniciativa se advierte la intención de establecer supuestos de reserva en cuestiones relacionadas con la investigación y denuncias de actividades presuntamente ilícitas, lo que podría no ser amónico con lo previsto en el artículo 115, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que a la letra dice:

“No podrá invocarse el carácter de reservados cuando, fracción II, se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Por eso es necesario que en el desarrollo legislativo se definan con claridad los supuestos criterios y procedimientos, además de los actores que intervendrán y los plazos para la determinación que correspondan, para que el INAI pueda determinar o no procedencia o improcedencia de la reserva, tratándose de información relacionada con conductas consideradas como actos de corrupción. Esto permitirá dilucidar si las investigaciones en curso serán materia de publicidad, o bien, esto será respecto de aquellos que hayan concluido. Asimismo, se podrá determinar el rol de cada una de las autoridades competentes, particularmente en lo que toca a cuál de ellas habrá de pronunciarse al respecto, entre otros aspectos”.

Y pongo como ejemplo que no nos pase lo mismo que está sucediendo con violaciones graves a derechos humanos, que en esta disposición se dice, de acuerdo con la legislación aplicable, que ésta es la legislación aplicable para normar el objeto de estudio en esta fracción.

Así, a partir de una regulación expresa que dote de sentido a la disposición del mencionado artículo 115, será posible la interacción coherente entre el derecho de las personas a saber sobre cuestiones de obvio interés público y la actuación de las instancias encargadas de combatir la corrupción, como son: La Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función pública.

Lo anterior permitirá preservar a la actuación institucional de ambigüedades e incertidumbre, al ser conforme con el entramado constitucional y jurídico previsto en nuestra Carta Magna.

El otro punto ya muy breve, es el relativo a resolver la competencia del Instituto sobre la responsabilidad de informantes cuando divulguen información clasificada como reservada.

En este mismo concepto debe valorarse la viabilidad de otorgar al INAI facultades para resolver sobre las responsabilidades de informantes, cuando divulguen información clasificada como reservada, como se anuncia en una de las iniciativas.

En dicho proyecto me refiero a la Ley Federal para la Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción se establece que no podrán ser sancionados o perseguidos quienes de buena fe revelen información sobre violaciones del orden jurídico, casos graves de corrupción, existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente; violaciones de derechos humanos o del derecho internacional.

Por su parte, el artículo 12 de la misma iniciativa se le atribuye al INAI en coordinación con la autoridad competente, sin decir cuál es, la atribución de determinar si existen responsabilidades de informante por la divulgación de la información, en cuyo caso sería sujeto de acciones punitivas.

Sin embargo, con apego a las disposiciones constitucionales que crean el órgano garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como lo previsto en la reciente aprobada Ley General en la Materia, es posible establecer que el INAI no tiene facultades de investigación y de sanción a servidores públicos ni para resolver sobre la responsabilidad de los mismos en función de la posible difusión de información reservada.

A mayor abundamiento debe considerarse que en caso de advertirse la difusión indebida de información previamente clasificada o falta de diligencia de un servidor público con motivo del derecho de acceso a la información, el Instituto está incluso obligado a dar vista a los órganos competentes, para que determinen lo conducente.

En función de la especialidad de los organismos garantes de acceso a la información y considerando que el artículo sexto constitucional sólo le confirió como atribución a estos organismos la de imponer medidas de apremio para el cumplimiento de estas resoluciones, es recomendable evitar disposiciones que pudiesen extralimitar las facultades que en su momento fueron otorgados al órgano garante a través de la reforma constitucional de 2007 y que fueron refrendadas en 214.

Hasta aquí es la consideración y de veras agradezco siempre este diálogo abierto con uno de los actores fundamentales, que es el Instituto Nacional de Transparencia.

Muy amables.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias comisionada Areli Cano.

Doctora maría Patricia Kurczyn Villalobos.

COMISIONADA MARÍA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS: Muchas gracias señoras y señores senadores.

Mi reconocimiento al espacio que nos permiten el día de hoy para comunicarles nuestras inquietudes y así es como quiero expresar que sabemos que nos congrega la ausencia de políticas públicas exitosas en el combate a la corrupción y nos congrega el asunto por sus pésimas consecuencias, pero también nos congrega la voluntad y el interés por desaparecerla y se felicita al legislador en esta importante tarea emprendida.

El tema de corrupción ha sido muy estudiado, principalmente por la sociedad civil y la academia. Con los resultados de estos estudios se pueden delinear las estrategias en su contra como ahora se propone.

A una praxis política de alto nivel se requieren grandes esfuerzos y férrea voluntad por prevenirla, combatirla y erradicarla como está ocurriendo el día de hoy. Por eso estamos frente a una oportunidad de oro.

Corromper es ensuciar, descomponer, torcer acciones y conductas, cuyos resultados son pecados sociales y fraudes públicos que generan desigualdad y limitan los buenos oficios de las políticas públicas.

Esto es, el daño afecta a la sociedad en general, pero más en lo personal daña a millones de personas, sobre todo en las clases sociales de menos nivel socioeconómico.

En el combate que se propone, hay un instrumento que es la rendición de cuentas, a la que entenderíamos como el derecho de la información de toda persona en el seno de una vida política democrática por excelencia, un derecho de acceso a la información cuya tutela tiene y ejerce el INAI.

Frente a ello es ineludible la contestación o entrega de informes como una eficiente transparencia proactiva por parte de todas las autoridades, de todos los órganos de gobierno.

La sociedad otorga el poder y la representación; la sociedad tiene entonces derecho a saber, conocer y aprobar cada paso de gestión gubernamental por pequeño o por grande que éste sea.

En las iniciativas de las leyes que nos ocupan, se hace referencia a la rendición de cuentas como la herramienta principal en el combate a la corrupción y lo es efectivamente.

Se entiende ésta como una función básica que corresponde y obliga a todos os órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado Mexicano, de sus titulares y de cada servidor público que las integra.

Ambas iniciativas consideran que la rendición de cuentas implica transparencia en el ejercicio diario de sus funciones, documentación y registro de las funciones básicas, evaluación periódica del desempeño y de los resultados obtenidos, informes periódicos, sistemáticos y detallados sobre sus funciones y resultados, asignación de consecuencias institucionales y personales por faltas u omisiones relacionadas con las fracciones anteriores.

Es importante destacar que rendir cuentas porque encierra más de un significado, aumenta la complejidad de su definición.

Sin embargo, ésta debe darse para describir legalmente lo que se regula, descripción que sin duda se vincula con la moral y la ética.

Así, conviene incluir una definición legal de rendición de cuentas en que se sugiere homologar el principio de documentación con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece la obligación de documentar todo acto derivado de las competencias, facultades o funciones y no sólo de aquellas que se llaman funciones básicas.

El acceso a la información es un derecho humano. Como tal debe ser, es y debe ser progresivo, por lo que restringir conceptualmente la rendición de cuentas a sólo informar sobre actividades básicas, limitaría su función en la prevención y el combate a la anticorrupción cuando la realidad exige ir más allá, hasta el deber de razonar, fundamentar y motivar toda acción que se emprenda o se realice.

Si bien es cierto que la información pública es central en esta acción, también lo es que de manera aislada no haría referencia cabal al propósito de erradicar toda conducta corruptora, lo que se vincula con la interdependencia en este derecho humano a la información con otros derechos humanos.

De ahí que sea importante generar acciones jurídicas paralelas para que en primer término se diseñen no sólo leyes sino también políticas públicas contra la corrupción en sus etapas de prevención de la acción propiamente dicha y la sanción, haciendo necesaria la evaluación constante del desempeño de los funcionarios y la fundamentación de las políticas que se emprendan.

Esto es gobernanza en la rendición de cuentas y así cerrar espacios de opacidad y genera un gobierno abierto con todo lo que ello significa.

Transparentar, recibir información o rendir cuentas, es una acción indivisible, como lo es el derecho humano a ser informado sobre el destino de los recursos públicos y la forma en que llegó al mismo, pues no basta con ver pasar las aguas del río, sino examinarlas gota a gota e impedir el desvío de su propio cauce.

De acuerdo con la universalidad del derecho humano al acceso a la información, propondría que la nueva legislación contemple la de ontología horizontal para que los profesionales particulares como pueden ser contratistas o concesionarios, además de cualquier otra persona física o moral, se vean ligados a su campo laboral, lo que se puede materializar a través de los colegios de profesionistas.

La colegiación obligatoria, dicho sea de paso, puede constituir un factor más de control respecto de los profesionales que se sujetarían al escrutinio de sus pares en un compromiso por actuar con ética profesional.

Esta acción se refiere precisamente a los particulares a quienes se puede sancionar de acuerdo a las bases que establece la Fracción Cuarta del Artículo 109 Constitucional.

Sobre, pues, decir que también me inclino por la muy importante función de la prevención y de la educación, educación que debe de empezar desde los niños, a quienes hay que inculcarles que debe evitarse el abuso, la mentira, la trampa y que hay que también llevar esta información hacia la sociedad, educándola para que conozca sus derechos y además la manera como los debe de reclamar, de ejercer y de tenerlos a su favor.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias a usted, doctora Patricia Kurczyn.

Licenciado Monterrey Chepov.

COMISIONADO ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV: Muchísimas gracias al senador Pablo Escudero por la invitación, los senadores; senador Alejandro Encinas, senador Fernando Yunes, presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Justicia y Estudios Legislativos Segunda.

Las senadoras Laura Rojas y Martha Tagle, muchas gracias.

Me sumo al agradecimiento de mis colegas y el reconocimiento por la apertura de estos espacios de diálogo que siempre han tenido estas comisiones en los temas en los que el Instituto tiene algo que aportar, tiene alguna injerencia, como es el caso indudable de estos foros, que se hacen a la luz de producir, de dictaminar finalmente la normatividad reglamentaria derivada de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

Como integrante del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, me sumo por supuesto al posicionamiento institucional que ha referido la comisionada presidenta, la doctora Ximena Puente de la Mora; en el sentido de establecer cuáles son los puntos irreductibles que debemos de mantener como el núcleo sólido e invariable que dé eficacia a la reforma constitucional anticorrupción; a un eje vertebral, inconmovible que permita resguardar los objetivos y la finalidad que busca la reforma a la Constitución, publicada el 27 de mayo del año 2015.

El órgano revisor de la Constitución otorgó al Congreso de la Unión la facultad legislativa para expedir una serie de leyes que en conjunto definirán todo un esquema institucional coordinado, bajo la denominación de Sistema Nacional Anticorrupción.

Una de esas leyes es la relativa a la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual entre otras competencias se le otorgó, en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, la siguiente:

“Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como grave, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales”.

El tema de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es sumamente amplio y no obstante no es tan reciente. Si recordamos el transcurso de la historia constitucional de nuestro país, realmente recogimos la vieja tradición anglosajona por medio del cual el juicio político y la declaratoria o la declaración de procedencia o el desafuero; y no fue sino hasta 1982 en que se perfiló la idea de exigir a los servidores públicos responsabilidad, no civil ni penal, o mejor dicho independientemente de ambas, en razón del ejercicio del encargo y de las atribuciones conferidas. Esto es, responsabilidad administrativa.

Si bien cabe señalar que hay dos antecedentes previos y de escasa aportación al tema de la responsabilidad administrativa, y me refiero a las dos leyes de responsabilidad o de responsabilidades de los funcionarios y empleados de la Federación del Distrito Federal y de altos funcionarios de los estados, que datan de 1940 y 1979.

Hecha esta acotación, en 1982 se reformó un capítulo dentro de la Constitución General de la República, atinente a las responsabilidades de los servidores públicos, específicamente para el caso que nos ocupa, la de naturaleza administrativa. Y en consecuencia, la emisión de una ley federal de responsabilidades de los servidores públicos; extrañamente aún vigente en forma parcial cuando en el año 2002, precisamente se deroga el apartado de responsabilidades administrativas, que será regulado por una ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Esto es, una dispersión normativa con leyes creadas en contextos históricos diversos.

Creemos que hoy el Senado de la República tiene esta enorme oportunidad de enmendar esta disparidad legislativa.

No obstante, la amplitud de aristas que el concepto de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene, me enfocaré específicamente a los rubros de publicidad de la información relativa a los servidores públicos sancionados, así como la coherencia legislativa que debe guardar con la Ley General de Transparencia.

En primer lugar, se estima de suma importancia el hecho de que la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone que el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados deberá contener las resoluciones completas notificadas a las personas sancionadas.

O bien, la declaración de no responsabilidad, ya que dicha obligación permitiría comprobar que la información a que hace referencia la fracción XVIII, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que dispone la obligación de publicar lo siguiente: El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.

El INAI, dentro de la facultad de interpretación de la Ley General de Transparencia, ha estimado que ese listado debe contar con una base documental que le permita veracidad y verificabilidad. En razón de que ello se ha dispuesto en la propuesta de lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia que deben contener en integridad y completitud las resoluciones que determinen la responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Por otro lado, se estima que lo más conveniente con relación a la clasificación de la información relacionada con investigaciones de actos de corrupción, es establecer una disposición genérica como la que contiene la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas que dispone que la información y documentos que haya obtenido la autoridad encargada de la investigación en el ejercicio de sus atribuciones serán considerados como reservados, confidenciales o públicos en los términos de la legislación aplicable.

Mediante la adopción de una disposición así, se remite a la normatividad especializada en el tema, que en este caso es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se evita establecer supuestos específicos, como han señalado mis colegas en otros puntos de esta normatividad.

Vinculado con esto, en el artículo 81 de la iniciativa que contiene el proyecto de ley general para el combate a la corrupción presentada por el Partido de la Revolución Democrática, se dispone lo siguiente:

La persona que admitiendo su responsabilidad en casos de faltas administrativas graves o hechos de corrupción aporte elementos aporte elementos verificables, útiles y oportunos para la determinación de responsabilidades de otros sujetos obligados o terceros, podrá beneficiarse de los siguientes medios de protección. Y, por un lado, señala a la protección de la identidad.

Del artículo en cita se advierte que estará protegida la identidad de una persona que, además de admitir su responsabilidad en casos de faltas administrativas graves o hechos de corrupción aporte elementos verificables, útiles y oportunos para la determinación de responsabilidades de otros sujetos obligados o terceros.

Al respecto, se estima que si bien pueden establecerse beneficios a las personas que colaboren en las investigaciones de los actos de corrupción, se debe tener presente que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone claramente en el artículo 115 que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con dichos actos, por lo que no se estima procedente que habiendo cometido faltas administrativas graves o hechos de corrupción un servidor público pueda allegarse de dicho beneficio.

Es importante mantener la postura de apertura, toda vez que el Instituto es el organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información, y en este sentido es el encargado de hacer valer la ley en este tema.

Por tanto, al ser la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el ordenamiento que refiere la imposibilidad de invocar el carácter de reserva cuando se trate de estos actos, resulte imperativo mantener la firmeza de esta determinación. Y, en todo caso, proponer respetuosamente a los legisladores lo siguiente:

Por un lado, el momento o atajar el momento en que un acto sea considerado como un acto de corrupción.

Y, por otro lado, el momento a partir del cual se debe de considerar que se trata de información relacionada con actos de corrupción para efectos del acceso a la misma.

No se omite mencionar que dentro de este tipo de información también podemos encontrar supuestos que sí actualizan la clasificación como confidencial, tales como los datos personales de los denunciantes, informantes o testigos.

El filósofo argentino, radicado en Alemania, Ernesto garzón Valdés tiene una frase que en lo personal justifica con creces esta necesidad de publicitar no sólo los nombres, sino los razonamientos que conlleva a imputarles responsabilidad y cito:

“Nada más peligroso para la existencia del Estado de Derecho que la reducción de la publicidad de las medidas gubernamentales, se ha dificultado el acceso a la información, se hace mediante la práctica de la sanción de medidas secretas o de conocimiento reservado a un grupo de indiciados, tal como suele suceder en los regímenes totalitarios”.

Sería cuanto, muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias comisionado Monterrey.

Maestro Joel Salas.

COMISIONADO JOEL SALAS SUÁREZ: Muy amable, senador presidente.

Inicio sumándome al reconocimiento al Poder Legislativo por abrir y fomentar estos espacios para dar a conocer y debatir iniciativas de ley, en particular hoy para discutir el conjunto de piezas legislativas que consideramos serán fundamentales para el futuro de nuestro país, porque de aprobarse e implementarse a cabalidad, podrán ayudar a restaurar el vínculo de confianza entre la población y las autoridades y con ello a fortalecer a nuestra democracia.

Hoy que discutimos la nueva legislación en materia de combate a la corrupción, me parece adecuado recordar que la implementación del Sistema Nacional de Transparencia y del Sistema nacional Anticorrupción ha generado grandes expectativas entre la población, en particular la posibilidad de construir una nueva relación de control y colaboración con todas las instituciones que integran el Estado Mexicano.

No cabe duda que la población espera resultados. Si ambos sistemas no las dan, la desconfianza podría incrementarse y la desafección en nuestra democracia aumentaría.

Necesitamos sin duda el mejor marco normativo y que nazca con una fuerte dosis de legitimidad y por ver lo que sucedió en la mesa anterior, estamos seguros que así será, ya que aquí es una muestra de que se pueden y se debatirán las distintas posturas y las mejores ideas para construir este andamiaje institucional tras la reforma constitucional, pero también consideramos debemos asegurarnos que su implementación sea efectiva y que dé resultados.

En este sentido es que quisiera plantear cuatro reflexiones: la primera es que debemos reconocer que la corrupción, como lo han dicho ya sus analistas, es un sistema, es decir, un conjunto de reglas, rutinas, costumbres, discursos e instituciones dentro de las cuales interactuamos y que en ocasiones nos han llevado a normalizarla.

El reto entonces que plantea este nuevo diseño institucional es romper con cada uno de los elementos de este sistema y valdría la pena formularse dos preguntas.

¿Las acciones incluidas en al diversas iniciativas que hoy discutimos contemplan las políticas públicas en un primer momento de prevención y control que permitan romper con este sistema? ¿Qué evidencia respalda dichas acciones?

Consideramos que ante las altas expectativas de la población no tenemos ningún margen para improvisar.

La segunda reflexión es que debemos dar la oportunidad de que y como bien lo señalaba el senador Luis Humberto, la población está en el centro de la implementación de esta reforma.

Fue ella la que llamó a las autoridades a tomar medidas contundentes para combatir la corrupción y quien espera poder ser involucrada en todo momento.

Si bien el Sistema Nacional Anticorrupción contempla mecanismos para fomentar la participación ciudadana es necesario que estos mecanismos brinden a toda la población la oportunidad de involucrarse en la vida cotidiana en esta lucha.

Al menos dos iniciativas que hoy comentamos contemplan mecanismos de denuncia ciudadana.

Sin embargo, aún consideramos –y aquí hago eco un poco con lo que expresaba el senado Ríos Piter- se debe definir con mayor claridad sus alcances y cómo daremos a la población la posibilidad de denunciar a posibles servidores públicos corruptos o actos de corrupción.

Me refiero concretamente, y no sé si por ahí va la propuesta que hacía el senador Ríos Piter, a generar una suerte de ventanillas nacionales únicas, ya lo comentaba también el Secretario de la Función Pública, pero el problema es que el Ejecutivo Federal es sólo competente de las denuncias que lleguen al Ejecutivo Federal y sabemos que en muchos casos hay una relación intragubernamental en los distintos, o en los tres niveles de gobierno.

Y estas instancias, o este sistema, esta ventanilla única, debería de ser el propio sistema quien canalice a las instancias correspondientes; no dejarle la carga de la prueba al ciudadano.

Si es un asunto administrativo en relación al Ejecutivo Federal, que vaya a la Secretaría de la Función Pública; si es un asunto de carácter penal, que se pueda ir a la futura fiscalía, o en su caso de una sanción administrativa grave al propio Tribunal y sus homólogos, porque esa es otra de las grandes iniciativas que tiene esta Reforma en el ámbito sub nacional.

Es decir, debemos evitar que un ciudadano recorra ventanillas y ventanillas porque no sabe cuál es la adecuada para plantear su denuncia.

Esto consideramos es de vital importancia porque es una de las posibilidades de vincular el Sistema Nacional de Transparencia y el de Anticorrupción.

La población podrá ejercer el derecho de acceso a la información pública para documentar y recolectar evidencia de posibles actos de corrupción y con ese expediente denunciar.

Creo que el Magistrado Hallivis señalaba con mucha precisión otra de las bondades que tiene que cuando no esté bien integrado un expediente va a ser regresado a la autoridad administrativa.

Pero creo que la población debería tener la posibilidad de ver en dónde estuvieron mal integrados los agravios, porque esto requiere también de generar una cultura de la denuncia que por el momento es incipiente también en nuestro país.

Así creemos que se podría generar con un modelo de este tipo un círculo virtuoso y que demuestre una de las utilidades del propio derecho de acceso a la información.

Y aquí abro un breve paréntesis: No paso por alto que también debe fortalecerse la capacidad de integrar expedientes y de investigación.

Por eso razón debemos permitir que la población colabore en dichos procesos.

Así creemos daremos un paso para combatir no sólo la corrupción, sino otro mal generalizado que ha salido mucho en estas mesas y que es la impunidad.

La tercera reflexión es que es, o consideramos necesario incluir la evaluación –y la senadora Díaz creo que lo ponía con mucha precisión sobre la mesa- el método de evaluación.

Necesitamos incluir un método preciso de evaluación en la legislación en materia de combate a la corrupción.

Es decir, se requiere establecer un claro sistema de evaluación del desempeño del propio Sistema Nacional Anticorrupción.

Ya señalé que se generaron grandes expectativas en torno a la interacción de estos dos sistemas.

Por ello creemos que es necesario que se rinda, como bien lo señalaba mi colega Patricia Kurczyn, cuentas claras sobre los resultados de las acciones que emprende cada una de las instituciones que integran el sistema en función de sus propias atribuciones y/o responsabilidades.

De acuerdo con estudios de caso internacionales, concretamente de la ONU y del Banco Mundial, podemos decir que el éxito de este tipo de reformas depende siempre en gran medida de la confianza que la población tenga en cada una de las instituciones que nacen o que adquieren nuevas funciones como resultado de la Reforma y que son las responsables de implementarla.

Las normas, sin duda, se modifican para cambiar comportamientos y transformar éstos requiere, como ya se ha dicho también, de un amplio respaldo y consenso social en torno a esta Reforma y estas piezas legislativas, además de una gran voluntad política y un fuerte liderazgo para llevarla a buen puerto.

Por estas razones, creemos que es fundamental desarrollar índices objetivos para medir tanto el avance de la implementación, como los resultados que se están tendiendo en el combate a la corrupción. Esto implica definir con precisión la responsabilidad que tiene cada agencia en el logro de los objetivos que pretende esta reforma, al igual que el tipo de acciones sanciones que deberán ejecutarse.

Los indicadores permitirían a la sociedad exigir mejores resultados ante posibles incumplimientos y de hecho dos iniciativas que se presentan en este informe, señalan la posibilidad de que se debe dar publicidad a las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias; pero quizá habría que ir más allá y pensar que bajo el actual marco normativo en materia de transparencia, ya sean los artículos 56, 58 y que se delimita la parte de transparencia proactiva o la fracción 48 de otra información relevante, se pueda obligar a las instituciones que forman parte del sistema, a publicar información relevante que permita medir sus resultados. O bien, si hay el consenso, la disposición y ya teniendo mucha claridad en el diseño normativo, por qué no crear un nuevo apartado en las obligaciones de oficio para normar el sistema nacional anticorrupción y que esta información esté disponible para la evaluación en general de la población.

Creemos que en términos generales, si bien ya se ha puesto énfasis en las dos vertientes, la parte de prevención y la parte de sanción, sí tiene que quedar claramente definido quiénes van a ser las autoridades responsables de investigar, quiénes van a ser las autoridades responsables de perseguir los delitos. Mi colega Patricia Kurczyn hablaba también de un tema que es fundamental y que es la educación y la educación no sólo de la ciudadanía, sino también a los medios de comunicación, en el sentido de cómo lo señalaba el senador Ríos Piter, muchas veces vemos rumores y no hechos o rumores que parten más de una valoración moral, pero que no se pueden sancionar en torno a lo que establecen las propias leyes.

Y permítanme el anglicismo, pero los americanos tienen un concepto que es el awareness racing; yo le llamaría como creación de conciencia en la población, en los medios de comunicación, en la sociedad civil y en las autoridades, y fundamental en todo esto, la coordinación.

Concluyo con la cuarta reflexión, y es que consideramos que resulta imperativo que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga una estrecha vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, tal como lo establece al menos una de las iniciativas que estamos discutiendo.

El contacto permanente entre las instancias coordinadoras de los sistemas, permitirá aprovechar la información generada en cada uno de los ámbitos de competencia, sin necesidad de duplicarla o replicarla, así como instrumentar las acciones necesarias para garantizar el acceso a la información en los casos, como ya se ha dicho, relacionados con hechos de corrupción.

Asimismo, es el INAI quien ya lo plantea en una de las iniciativas, quien tendrá la obligación de proponer al Sistema Nacional Anticorrupción, indicadores de desempeño en su ámbito de competencia, y deberá entrelazar a través de ellos, el quehacer de los sistemas de transparencia y anticorrupción.

Y finalmente, no perdamos de vista que como país debemos construir un nuevo plan de acción en el marco de la alianza para el gobierno abierto: este plan de acción, ya hay un acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil, que más tarde entiendo van a participar en este Foro, Presidencia de la República y el propio INAI, de que una de las prioridades de este propio plan de acción queden contenidos compromisos específicos en materia de anticorrupción.

Entonces, si hablábamos de que la implementación de las piezas legislativas que aquí se están planteando, requieren de voluntad política, de liderazgo, la oportunidad de que nuestro país pueda tener ya no una visión de Gobierno abierto, sino de Estado abierto, y haya una convergencia entre Legislativo, Judicial, Gobiernos de los tres niveles de gobierno; creemos que tenemos una gran oportunidad a través de la construcción de este nuevo plan de acción que habremos de presentar en abril, para ir abonando.

Dejo sobre la mesa estas consideraciones, esperando contribuir al debate y a la generación de una legislación robusta y progresista.

Sobre todo hago un llamado para que no dejemos pasar esta gran oportunidad para restaurar la confianza de la población, como lo dije, en las instituciones del Estado mexicano e, insisto, con ello fortalecer nuestra democracia liberándolo de los tres lastres que aquí se han señalado: corrupción, impunidad e indignación.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, comisionado Salas.

Maestro Oscar Guerra.

COMISIONADO OSCAR GUERRA FORD: Muy buenas tardes.

Igualmente, a nombre de todos mis compañeros comisionados del INAI, agradeciendo nuevamente este espacio, que ya se va haciendo una muy buena costumbre por parte del Senado. Y también, al igual que mis compañeros, tocando algunos de los aspectos de los documentos que amablemente nos hicieron llegar.

De acuerdo con el Banco Mundial, Banco de México y FORBES la corrupción tiene un costo de aproximadamente nueve puntos porcentuales del PIB en México.

Como referencia, según la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, ese año se gastó en educación 3.5 del PIB; en salud el 2.6 del PIB y en protección social, pago de pensiones el 3.5.

Es decir, el costo de la corrupción es superior al gasto estimado para la educación y la salud de los mexicanos.

Asimismo, en términos económicos, el sector primario de este país: minería, agricultura, etcétera, produce sólo el 7 por ciento del PIB por debajo de lo que cuesta la corrupción en este país.

Un estudio de Transparencia Mexicana concluyó que los hogares de más bajos recursos económicos tienen que destinar casi el 33 por ciento de su ingreso al pago de sobornos para tener acceso a servicios, como poder inscribir al niño a la escuela o presentar una denuncia ante un ministerio público.

Es claro que los efectos de la corrupción son devastadores para la sociedad mexicana. Por ello resulta apremiante reformar el marco institucional del país para garantizar que tengamos un gobierno honesto que invierta los recursos públicos de manera eficaz y eficiente.

Si bien el combate de este fenómeno tan complejo es importante, tenemos que enfatizar que no es el fin en sí mismo. Abatir la corrupción es sólo un medio para asegurar que los mexicanos tengamos un gobierno democrático, transparente y que rinda cuentas de sus actuaciones.

La reforma anticorrupción publicada el 27 de mayo del 2015, estableció una serie de compromisos que el legislador permanente debe de cumplir para materializar sus alcances; específicamente la creación de un marco normativo robusto con leyes reglamentarias para regular la actuación de los servidores públicos en el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

En cumplimiento de este compromiso se han presentado cinco iniciativas de ley, iniciativas que, como dije, tuvimos oportunidad de revisar para su análisis.

Estas iniciativas tienen congruencia con las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales, realizadas por las organizaciones no gubernamentales en materia anticorrupción y los convenios firmados por México a nivel internacional.

Ejemplos de estos los podemos notar en la consideración de la participación ciudadana. Hay una vinculación también entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia.

Contempla medidas para la promoción y sensibilización del problema de la corrupción y se facilita la detección de esta actividad clandestina mediante el reconocimiento de la denuncia anónima y de los usuarios simulados. Sin lugar a duda en estos instrumentos o en estos proyectos hay avances importantes.

Hay muchos temas a discutir, pero yo quisiera centrar, como lo hemos acordado mis compañeros, mi participación en dos puntos que hemos considerado como irreductibles en relación con nuestro ámbito de competencia, y que son los siguientes:

Primero. En la iniciativa se determina el desarrollo de una plataforma digital única que integra y conecte los diversos sistemas que posean los datos de información necesarios para ubicar no sólo los intereses sino las declaraciones fiscales y patrimoniales de todos los servidores públicos, sino también para monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos, así como el de la sanciones a servidores públicos y los procedimientos resultado de las adquisiciones, licitaciones de bienes y arrendamientos y los procesos de auditoría y fiscalización.

Sobre este particular, es indispensable que exista una correspondencia entre esta plataforma digital que se propone y la plataforma nacional de transparencia que ya se encuentra en la ley general para un intercambio de datos y cruces de información; específicamente con las obligaciones de transparencia comunes que se establecen en el artículo 70 de la ley general donde ya se refiere a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, fracción XII, en las cuales se deberá agregar, según los proyectos, también a estas fracciones de declaraciones de interés público y las fiscales e inversiones públicas, diferidas por ley correspondiente.

Otra obligación de oficio coincidente, son las sanciones administrativas de los servidores públicos, que se encuentra en la 17, 18; así mismo toda la información financiera del ejercicio presupuestal en varias fracciones; los resultados de las auditorias y el ejercicio postal; la dictaminación de los estados financieros; los recursos otorgados a personas físicas y morales; la adquisición y padrón de proveedores; el inventario de muebles e inmuebles y las donaciones hechas a tercero.

Como vemos, son diversas las fracciones en las cuales ya hay información que se pretende esté también en esta plataforma digital.

Por otro lado, la Plataforma Nacional de Transparencia deberá insertar -sí lo creemos- los vínculos para remitir a la plataforma digital, pero relacionado con las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de interés y fiscales y en su caso, también de las sanciones administrativas de los servidores públicos, junto con todo el expediente, como ya lo mencionaba el comisionado Monterrey.

Y otro, y por otro la Plataforma Digital podrá vincularse también a la plataforma nacional de transparencia para toda la información financiera sobre el ejercicio forestal, sobre los productos de adquisiciones y el resultado de auditorías y fiscalización.

Es importante, así como ya se desarrolla en la plataforma nacional de transparencia, que en esta plataforma digital exista la posibilidad de cualquier ciudadano, o cualquier mexicano pueda interponer una denuncia de forma no anónima y de fácil, así en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya será posible que los ciudadanos interpongan denuncia, por no publicación de información de oficio, por no estar de acuerdo o no haber recibido respuesta o por no estar de acuerdo con la resolución de un órgano garante local.

Así mismo, en la Plataforma Digital, se deberá de tener una solución tecnológica, que permita democratizar y extender la denuncia ciudadana, de una forma fácil y anónima.

Las Leyes Generales en Materia de Corrupción deberán establecer puntualmente esta vinculación entre las plataformas informáticas de información, que específicamente tendrán que compartir o retroalimentar, por nuestra congruencia informativa y evitar la duplicidad de información o que se realice un doble trabajo de captura, por las dependencia públicas o lo más importante, que dispersen al ciudadano en la consulta de información y en la interposición de denuncias.

Cabe destacar que un estudio realizado por trasparencia mexicana, señala que para acceder o facilitar algunos trámites de servicios básicos a entidades federativas y en la federación, el costo aproximado al año, es de más de 32 mil millones de pesos, en tanto que el costo promedio de una mordida, para los hogares mexicanos, se calcula, de alrededor de 165 pesos.

Si viéramos que las empresas se corrompen principalmente, el 43 por ciento, para llevar a cabo y agilizar trámites, el 32 por ciento para obtener licencias y permisos de cualquier índole, el 21 por ciento para impedir abusos de las autoridades, el 16 por ciento para poder ganar contratos y el 11 por ciento, para poder participar en licitaciones.

La Ley General de Transparencia, mandata la elaboración de lineamientos para las publicaciones de información de oficio, por parte de los… simplemente, para poner un ejemplo, hay una obligación de oficio que se refiere a los trámites y servicios, que agrupa más de 120 criterios de información, si estos son atendidos por los diversos sujetos obligados, permitirían, en disminuir simplificadamente, que los ciudadanos tengan con mayor información y con ello sean menos vulnerables ante posibles actos de corrupción.

Esto mismo de los trámites y servicios, se podría repetir o debiese repetirse, para obtención de licencias y permisos, para la asignación de contratos o licitaciones, si están realmente se encuentran publicadas bajo los criterios que el Sistema Nacional de Transparencia defina.

Segundo: Y esté es otro punto que ya coincido con lo que planteaba el Comisario Joel Salas, las mediciones sobre la percepción sobre la corrupción, realizadas por organismos financieros internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sirven como referentes para establecer un escenario de antes y después de la entrada en vigor de la reforma.

Al igual que en materia de transparencia debemos tener una forma de medir realmente la efectividad de la reforma y de las leyes en específico.

No obstante, dado que las iniciativas propuestas determinan la evaluación tanto del funcionamiento y operación del Sistema nacional Anticorrupción, como de las políticas públicas de combate a la corrupción, es necesario diseñar un sistema de indicadores específicos, que permitan medir la efectividad e impacto en las políticas, estrategias y acciones del sistema a mediano y largo plazo.

Caso similar sucedió en nuestro país cuando había diversas mediciones de pobreza, hasta que nos pusimos de acuerdo a través del CONEVAL y varios académicos, de cómo se debe medir la pobreza.

Cuando menos en México hoy sabemos que si la pobreza en términos generales no ha disminuido tampoco ha aumentado y eso lo sabemos todos y nadie lo discute.

Estas mediciones deberán ser progresivas, además de una extraordinaria metodología confiable para evaluar de manera periódica y nos pueda mostrar el panorama de la realidad que las entidades federativas y la Federación avanzan en el aspecto.

Este tipo de indicadores ayudan a generar instrumentos de medición más confiables para determinar los niveles de corrupción en instituciones públicas con un grado de mayor objetividad y precisión.

Es necesario empezar a contener un indicador. Hoy en nuestro país todo mundo habla de corrupción pero con diversas medidas y diversas, digamos acciones.

Es necesario que el Sistema Nacional Anticorrupción lo primero que genere sea una unidad de medida o una metodología para poder evaluar el desempeño y la evolución en este punto.

En materia de medición e información los puntos del acuerdo alcanzados en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, señalan que el Secretario del Sistema contará con suficiencia de recursos técnicos, presupuestarios y de gestión y establecerá los mecanismos de suministro, intercambios, estigmatización y actualización de la información.

En este sentido se debe contar con un secretariado ejecutivo eficaz, con capacidad para generar la metodología del fenómeno tomando como base las diversas propuestas que existen en la materia tanto en el ámbito económico como en el ámbito internacional, con lo cual se estará en capacidad de integrar y producir información, y generar los informes del propio sistema con el objeto de evaluar la eficacia de las políticas.

Y aquí ya el Artículo 70 señala, y lo habrá de tener que hacer, que el Sistema Nacional de Anticorrupción, igual que todos los sujetos obligados en la Fracción Cuarta y Quinta del Artículo 70, tendrán que publicar estos indicadores, digamos, de eficacia y eficiencia, e indicadores de resultados lo tendrá que hacer el propio sistema.

Con base en los resultados obtenidos en el sistema de indicadores y con el paso del tiempo se esperaría, eso sería lo probable porque si no habría que modificar ese sistema, una disminución significativa de este fenómeno.

Con el objetivo de iniciar la discusión para la generación de este sistema de indicadores, les he hecho entrega de un documento que contiene los tipos de indicadores existentes a nivel nacional e internacional, y algunos criterios que podrían ayudar en la elaboración de los indicadores del Sistema Nacional Anticorrupción.

Como un tema de alcance y más desde la perspectiva de un servidor, sugiero darle más peso al Comité de Participación Ciudadana, incluso brindarle la responsabilidad de presidir el Comité Coordinador, tal como lo señala una de las iniciativas, a efecto de ofrecerle a la sociedad un papel preponderante en la prevención y combate de este mal, ya que esto generaría un clima tan necesario en este país, de mayor confianza en este tipo de sistema, debido a la objetividad y al enfoque ciudadano que esta Coordinación del Comité por parte de un ciudadano o del representante ciudadano, aportaría.

En virtud de lo anterior, quiero resaltar la relevancia de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción para la vida política y democrática en nuestro país.

Ambos sistemas generar herramientas y mecanismos que entre múltiples cosas incentivan la participación de la sociedad de los asuntos públicos.

Por lo tanto el enfoque que estas leyes deben considerar, no sólo los aspectos legalista o penalista, sino otros aspectos como el social, económico y ético, a fin de que todos los mexicanos nos sumemos a esta cruzada para erradicar las prácticas corruptas y ganar la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: ¿Es todo?

Gracias maestro Guerra Ford.

Tengo registrado al senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias. Muy buenas tardes.

Agradecer como siempre la atención y la respuesta que por parte de las comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información tenemos en todos los temas de nuestro debate legislativo, no solamente en materia de transparencia; sino ahora también en el tema de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Quisiera que intentáramos una reflexión que nos pudiera ayudar un poco más allá de lo que hasta ahora hemos venido discutiendo. Ya hemos planteado la necesidad de hacer concurrir bien el Sistema Nacional de Transparencia y Administración de Cuentas, con el Sistema Nacional Anticorrupción; la necesidad de hacer una revisión profunda de diversas disposiciones legislativas. No solamente es la ley general que ejerce el Sistema Nacional Anticorrupción; sino debemos revisar la ley general de responsabilidades de los servidores públicos, la ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Administración Pública Federal, de la Función Pública, el Código Penal; hasta la Ley de Obras vamos a revisar en este contexto.

Pero creo que hay un tema que hemos dejado de lado y que no deberíamos de soslayar. Por supuesto que aquí coincidimos en que el fenómeno de la corrupción tiene que ver con un sistema en su conjunto multifactorial, en el que concurren diversos actores y condiciones políticas dentro de un sistema que favorece el desarrollo de este tipo de prácticas.

Y por supuesto coincido con lo que aquí se ha señalado respecto a fortalecer las actividades preventivas y los temas vinculados con la educación, los temas vinculados con la participación ciudadana.

Y decía la comisionada presidenta del Instituto, el fenómeno de la corrupción hay un binomio entre el que se corrompe y el que corrompe; aunque en realidad tratándose de un sistema, hay un trinomio: no solamente es quien corrompe y quien se corrompe, sino también quien deja impune los actos de corrupción.

Y creo que en este tema, y lo planteaba Joel de manera muy clara, quién investiga y quién sanciona, no hemos aterrizado de manera puntual. Se ha hablado de fortalecer y de darle dientes a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, incluso a la Fiscalía Anticorrupción, que hasta el 2018 gozará de autonomía. Pero, ¿cuáles son las reformas que requerimos?, Ya no solamente en las leyes, en lo abstracto, sino qué reforma requerimos al Poder Judicial.

Porque el tema vinculado a la impunidad de que gozan los actos de corrupción del país, va mucho más allá del Ministerio Público, la Procuraduría General o de Justicia de cada estado o la propia Fiscalía Anticorrupción; y hay un poder intocado: que es el Poder Judicial.

Estará seguramente un representante del Consejo de la Judicatura como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pero eso no implica que existan cambios significativos. Luego entonces, ese es el propósito de esta reflexión; ¿cuáles son las reformas dentro del Poder Judicial, para poder acabar con uno de los instrumentos que favorecen la corrupción, que es la impunidad?

Creo que el principal problema de este país no es la corrupción, sino la impunidad con la que ésta se desarrolla en todos los ámbitos de la vida pública y muchos del ámbito de la vida privada.

Y quisiera conocer la opinión de los integrantes del Instituto.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Encinas.

Antes de darles el uso de la palabra, me parece que con las reuniones que tuvimos en la mañana y ahora se ha ampliado el problemario de los temas finos que habrá que analizar, que discutir y que trabajar mucho.

Sin duda, uno de los temas principales lo han tocado aquí varios comisionados, es el de la evaluación, al final del día es que hay tantos métodos de evaluación y la verdad de las cosas, muchos de ellos no nos satisfacen, que tenemos que tener el gran talento, paciencia y dedicación para tener estos sistemas de evaluación correctos.

Y sistemas de evaluación en dos sentidos, sin duda el primero en el tema de la propia implementación del sistema, cómo vamos a ir evaluando que este sistema está implementado, esté funcionando y otro, ya una vez implementado, cómo hacemos para estar midiendo los resultados justamente de todo este sistema y cómo hacemos para medir la propia articulación que debe tener el propio Sistema de Fiscalización con el propio Sistema Anticorrupción, con el propio Sistema de Transparencia y cómo hacer que todos estén amarrados y cómo hacer que de manera clara podamos medir. Si no, pues sin duda estamos en un problema.

Estamos viendo lo mismo que ustedes. Estamos preocupados por ese tema. Me parece que sin duda tendremos que tener una mesa específica para el tema de evaluación para poder llegar a tener estos sistemas de mediciones y que estemos de acuerdo todos en ver uno de los principales puntos, que es ¿cómo vamos a medir al final del día?

Y cómo vamos a medir, no estoy pensando en el día de mañana, estoy pensando dentro de dos años o tres años para saber si las grandes reformas que hemos llegado a hacer en el Senado que hemos implementado junto con las leyes secundarias dan resultado o no.

Me parece que es una de las asignaturas pendientes y estamos pensando en lo mismo.

Les daría el uso de la palabra a los comisionados, si quieren contestar alguna de las preguntas del senador Encinas o hacer algún comentario final.

Senadora Laura Rojas, por favor.

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Perdón, nada más para reaccionar un poco a lo que comentaba el senador Escudero y compartiendo plenamente este asunto de la evaluación.

Yo creo que de esta mesa todo fue importante, pero de esta mesa con el INAI también me quedo con el principal desafío que se planteó en términos de su complejidad es el tema de la evaluación porque por definición la corrupción se esconde.

Incluso todos los estudios que hablan, todos los estudios que buscan medir la corrupción siempre invariablemente parten de esa premisa.

Es muy difícil evaluar la corrupción porque por definición se esconde.

Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar, nada más para el registro y posterior análisis, senador Escudero y Colegas, que la OCDE nos ha ofrecido varias veces un método que ha hecho ya con algunos otros parlamentos precisamente para evaluar la eficacia de la legislación.

Lo quiero dejar ahí; ahí está la oferta y yo creo que eventualmente podríamos analizar para la legislación anticorrupción esa posibilidad de colaboración con la OCDE.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, sin duda, por supuesto que sí, senadora Laura Rojas. Maestro Guerra Ford.

COMISIONADO OSCAR GUERRA FORD: Nada más muy rápido, la pregunta específica de, no soy el mejor porque no soy abogado a lo mejor para proponer reformas al Poder Judicial en el país, pero creo que ya entrándole, creo que una que es importantísima que ya está hecha pero esperamos los resultados es la reforma en materia de transparencia, para conocer los debidos procesos, o sea, públicos los debidos procesos que se llevan en las diversas instancias del Poder Judicial de este país.

Creo que este avance es importante.

A mí, desde mi perspectiva personal falta uno. Que no estas versiones de los debidos procesos sea hasta cuando venga causa o estado.

Lo veíamos con Catalina Botero en el Distrito Federal. Hay países que cuando pasa la primera instancia aunque se vaya a una segunda instancia el expediente se hace público en versión pública.

¿Qué se evalúa? Esa instancia. El actuar bien o mal del juez en la materia.

Creo que en algo avanzamos y mucho en materia de la ley general. Ahora esperemos aplicarla el 5 de mayo. Son sujetos obligados a incorporarse.

En ese sentido, creo que es una cuestión, digamos, creo que algo que abonará, espero, hay que ver los resultados, en la mañana lo platicaba aquí el senador con el auditor y con el Secretario de la Función, yo los escuchaba, era el asunto de la eficiencia de los famosos juicios orales o no.

En ese sentido que todo pareciese que en teoría y por algunas experiencias, aunque en nivel internacional hay buenas y malas, en el propio país ya las hay, que esto pueda transparentar las decisiones.

Y algo, con esto termino, que creo que es muy importante y que no nos hemos metido como país en el Congreso es, digamos, entrar un poco al interior del Poder Judicial.

Yo creo que van a decir: “Bueno, él como no es abogado para él es muy fácil”, que tiene que ver con el ingreso, promoción, estímulos y separación de los señores jueces en este país.

Hoy, si hablamos de impunidad, quisiera saber cuántos juicios a veces hemos conocido en términos genéricos y qué sanciones hay a los jueces. Ninguna.

O sea, si estamos hablando, yo creo que el ingreso, promoción, estímulos y separación de la carrera judicial en este país sería un tema que podría realizar, ¿quién más? Pues sólo el Congreso, en ese sentido, con el objeto de alinearlo a un asunto que no es exclusivo del Poder Judicial sino está en todos los poderes, pero creo que siendo también el que resuelve mucho de estas cuestiones que aquí estamos viendo, pues es muy importante garantizar estos cambios o esta reforma, que harán de todo un circulo…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias Comisionado Guerra. Doctora Patricia Kurczyn.

COMISIONADA PATRICIA KURCZYN: Vendría siendo prácticamente lo mismo.

¿Qué se puede hacer con el Poder Judicial? Pues la transparencia en la medida de que esto lo pueda representar.

Yo no puedo, de ninguna manera, generalizar y decir que en el Poder Judicial son corruptos todos, pero sí sabemos que hay corrupción, y una de las cosas que tiene corrupción, independientemente de la mala educación, de las malas prácticas que existen, es también el que el litigante se convierte también en uno de los corruptores más importantes, ese es ahí uno de los temas fundamentales.

Yo incito con lo de la colegiación profesional, que sé que es muy problemático, pero necesitamos la colegiación de los abogados, definitivamente, para poder mejorar la práctica legal.

Por otra parte, tenemos que encontrar también, que el volumen de trabajo que tienen los propios juzgadores, es muy alta y que muchas veces el juez ni siquiera conoció el asunto, ni conoció a las partes, ni supo nada, son los secretarios los que llevan a cabo las audiencias y los que hacen todas las diligencias, entonces, en algún momento, por ahí, aunque el juez sea honesto, puede ser que por los lazos, de quienes los auxilian, sean también personas que están sometidas o sujetas a este tipo de posibilidades.

Aunado a esto, yo digo, naturalmente tenemos que buscar y lo hace el Consejo de la Judicatura constantemente, cursos y capacitaciones, y están constantemente tratando de que el personal se prepare, de que conozcan bien sus funciones, la obligación, la responsabilidad que tienen, aun así, tenemos otros elementos que pueden ayudar, como podría ser la videograbación de cada una de las diligencias, que hoy en día, pues ya es mucho más fácil hacerlo, es menos costoso.

Y esto, pues evidentemente hace que disminuyan en algún momento, cierto tipo de acciones, como es el de entregar alguna prebenda o algún señalamiento.

En ese sentido, pues yo creo que resulta complicado pensar que, no debemos de pensar que es imposible, porque en muchos países la justicia funciona bien.

Es mentira que funciona perfecta en todos lados, en todos lados hay corrupción judicial, pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo naturalmente y las partes de transparencia y de rendición de cuentas, pues entra también en el Poder Judicial.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctora Kurczyn.

Maestro Salas.

COMISIONADO JOEL SALAS SUÁREZ: Muchas gracias Senador Presidente.

Yo diría dos comentarios, el primero, efectivamente, la corrupción es un fenómeno que es muy difícil de medir, sin embargo ya tenemos algunos instrumentos para medirla. Y uno de ellos, son las tres convenciones que tiene suscritas el estado mexicano.

Y concretamente me voy a referir a la de la OCD, que lo que pretende, es sancionar mexicanas que corrompen en el extranjero y ahí hay una serie de recomendaciones que nos ha hecho la OCD, que no se han podido atender, vale la pena que en el contexto de la reforma o los procesos que se tengan que hacer al interior de la futura fiscalía, sí se tenga una unidad especializada.

También, una unidad especializada para la recuperación de bienes, producto de la corrupción y una política específica de recuperación de activos, porque creo que aquí está una atención, en el sentido de que si se le va a dar publicidad a las declaraciones de interés, a las declaraciones patrimoniales y a las declaraciones fiscales, qué va a pasar cuando la población detecta que hubo un enriquecimiento inexplicable: se van a generar más expectativas, ya está ahí al menos a mi vista, has la investigación pero luego cuál fue el resultado de la investigación.

Entonces un poco haciendo eco con lo que comentaba el senador Encinas, en este enfoque que en principio se ve sobre todo punitivo, si no se toca el Poder Judicial, y por eso trataba de concluir con esta idea de si estaba abierto, habría que pensar en la justicia abierta, poder saber si para un mismo caso sancionó de la misma forma determinado juez, y allá voy con lo que comentaba el Comisionado Guerra,

Si nos damos cuenta que no tiene un buen desempeño, cuál es la forma como vamos a sancionar o sacar del servicio judicial a este funcionario público.

Y el otro tema de medición que tiene que ver más con prevención, que es una agenda que se impulsó hace unos años, Transparencia Mexicana, y que hoy afortunadamente ya lo tiene otra institución del Estado Mexicano, es lo relativo a los trámites y servicios, no donde se percibe que hay corrupción, sino donde hay corrupción.

El Secretario Andrade, dentro de las líneas de trabajo de prevención hablaba de la transparencia, la mejora regulatoria y los trámites.

Pero sabemos gracias a estos estudios que nuevamente tenemos corresponsabilidad entre niveles de gobierno en los trámites y si en el seno del Sistema Nacional de Transparencia no logramos empujar una agenda, que los Tres Niveles de Gobierno: el Ejecutivo Federal, el Estatal y el Municipal van a trabajar para modificar los procesos, para evitar las oportunidades de corrupción que se gen eran en los trámites, creo que va a ser muy difícil quedarnos única y exclusivamente con el enfoque punitivo.

Y hay un tema fundamental: de acuerdo a datos del INEGI, en los municipios del país se tiene destinado menos del uno por ciento para tres labores que son fundamentales en el enfoque preventivo contra la corrupción: Contraloría interna, evaluación y mejora de la gestión.

Entonces es cierto que se están haciendo cosas a nivel federal; pienso concretamente en el tema de contrataciones abiertas que se va a implementar en el estándar, pero qué pasa a nivel estatal y a nivel municipal.

¿Entonces podrían salir recomendaciones del sistema, del consejo para los otros ámbitos de gobierno?

Y yo creo que son de las cosas que como ustedes bien sugirieron, valdría le pena abrir debates específicos por prevención, investigación y así sucesivamente; educación.

Como bien comentaba la senadora Rojas, efectivamente la OCDE tiene como cajas de herramientas en donde ya está aprobada que si quieres aumentar la capacidad de educación, tienes que hacer toda esta serie de mecanismos; implementarlos.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias maestro Salas.

Doctor Acuña.

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS: Muy brevemente porque ya mis compañeros, en el caso concreto Óscar Guerra y luego Patricia, abordaron la temática.

Me faltaría tan sólo agregar que en los puntos en los que estamos presentando está uno que tiene que ver con la sugerencia que hacemos a regular muy bien la publicidad de las sesiones para precisamente reforzar, evitar que queden flecos de discrecionalidad que con frecuencia las puedan resolver en privado cuando a veces no hubiese la necesidad.

Me refiero desde luego en las sesiones públicas que por regla lo son y lo deben ser en genérico, en términos cada vez más amplios dado que, como ya decía Óscar Guerra, habrá que ver muy de cerca la eficiencia de este sistema de justicia adversarial que ya se predica y se realizará de frente a la población con un elemento o un componente grande de evaluación en línea, o directo.

Entonces en este caso iba más bien dirigido a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que está también en los procesos de esta normativa secundaria que se pretende encaminar, el vigilar ahí, cuidar los pivotes de la privacidad, o sea de las excepciones a la publicidad para evitar que con ella se haga ajeno a la población que esperamos siga con mucho interés los procesos mayores de seguimiento que le deben concernir y que debemos desde luego impulsar a su conciencia.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Acuña.

Doctora Puente.

COMISIONADA XIMENA PUENTE DE LA MORA: Muchas gracias senador Escudero.

Permítame referirme a estos tres comentarios, no sin antes poner y hacer hincapié institucional en la importancia de la disposición contenida en el Artículo 115, fracción II de la Ley General de Transparencia.

No podría invocarse el carácter de reservado, cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción, conforme a las leyes aplicables.

Y me parece que en este contexto y también aplicando esta sensibilidad y la necesidad también de que haya un equilibrio entre la publicidad, pero también el resguardo de procedimientos de investigación; es muy importante que quede delimitado qué partes de estos procesos o en qué punto procedimental se pueden hacer públicas y también las versiones públicas, con los elementos muy pormenorizados que se les dé publicidad a la información y en esto, bueno, ya durante el contenido de los puntos señalados por el Instituto, también quedó abordado de muy puntual manera.

Respecto, senador Encinas, a su inquietud, qué reformas requerimos del Poder Judicial; me parece que no solamente del Poder Judicial y coincido con mis compañeros, se trata aquí de combatir la impunidad en todos los poderes, organismos autónomos y demás autoridades del Estado Mexicano.

Me parece que aquí es fundamental las facultades de la Fiscalía y la coordinación que van a tener justo las organizaciones, sobre todo las que estuvieron en la primera parte del Foro, que es Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; pero también las facultades de la Fiscalía.

¿Hasta dónde va a intervenir? ¿En qué casos va a intervenir?, incluso también obviamente con Poder Judicial, pero insisto, no solamente con el Poder Judicial, sino con toda la estructura del Estado Mexicano.

Igual que en el Sistema Nacional de Transparencia, es muy importante señalar que no solamente se refiere a acciones en lo nacional, sino también la necesaria coordinación que va a haber entre los estados y los municipios; porque también hay que pensar qué se va a hacer cuando se cometan o cuando se estime que se cometan actos de corrupción en municipios que no tienen una realidad, como muchas veces es la realidad a nivel nacional: En cuanto a tecnología, en cuanto a recursos, en cuanto a responsabilidad de las autoridades; por eso la conformación de todo el sistema nacional anticorrupción.

Y también centrarnos en la facilidad ciudadana de interponer todo este tipo de procesos. Me parece que aquí esa es una cuestión relacionada con los temas de transparencia; si al ciudadano le hacemos muy difícil tanto la interposición de estas quejas o denuncias, como la misma sustanciación y se lo hacemos también de manera procedimentalmente hablando, muy complicada, va a inhibir también la cultura de la denuncia.

Creo que es muy importante, senador Encinas, en este punto, la facultad y la configuración de lo que va a ser la Fiscalía Anticorrupción, dentro de la Procuraduría General de la República.

Al comentario del senador Escudero, con los sistemas de evaluación, me parece que un correcto seguimiento sería obviamente la planeación, la implementación; pero también efectivamente, la evaluación que llega a ser un asunto muy técnico, pero se viene a completar el círculo también para saber si una política pública va incidiendo verdaderamente en aspectos específicos y sobre todo se puede ir mejorando. Y en esto, coincido totalmente con los aspectos de evaluación.

Y con lo que comentaba la senadora Laura Rojas, con lo que está haciendo la OCDE y aprovechar también organismos tan importantes a nivel internacional, me centraría también en la posibilidad y la apertura que nos ha dado al propio Instituto, de trabajar desde las políticas de probidad.

Tiene una estructura muy bien definida y cómo la transparencia y el acceso a la información es un elemento de punto de partida para las políticas de probidad y me parece que estamos en la mejor oportunidad para aprovechar la experiencia internacional para saber qué nos funciona y también qué nos puede servir en estos esquemas, que ya se tienen no solamente definidos, sino probados a nivel internacional y que los podamos implementar en estas importantes reformas.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, presidenta Ximena Puente.

Agradezco a todos los que nos acompañaron el día de hoy, en especial al presidente de la Comisión de Justicia, al senador Yunes; a nuestro amigo, el senador Encinas; por supuesto a la senadora Laura Rojas; Luis Humberto, que han estado aquí.

Y a nuestros amigos comisionados, que siempre están atentos de venir a este Senado de la República a presentar sus opiniones, sus puntos de vista y asesorarnos en estas materias.

Muchas gracias a todos.

Lunes, 22 de febrero de 2016. 16:00 horas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenas tardes, continuamos con este bloque de foros en materia anticorrupción, respecto a las leyes secundarias, políticas públicas y algunos comentarios u observaciones que deseen hacer los expertos en la materia.

Damos la bienvenida con mucho gusto al doctor Mauricio Merino. Bienvenido, doctor. Al maestro Eduardo Bohórquez. Bienvenido, Eduardo.

Al doctor Juan E. Pardinas, bienvenido, es un gusto tenerlos aquí.

Y al doctor Sergio López Ayón, así como a mis compañeros senadores Luis, bienvenido. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Alejandro Encinas; la senadora Laura Rojas y nuestro amigo Armando Ríos Piter.

Sean bienvenidos todos a este Senado de la República y le damos el uso de la palabra al doctor Mauricio Merino.

Y, como siempre, con nuestros amigos, aunque en el formato hemos establecido 10 minutos, sin límite de tiempo. Ojalá que podamos hacer esto lo más ágil que se pueda, intercambiar dudas, preguntas, respuestas, el tiempo que sea necesario para sus exposiciones pueden tomarlo.

Bienvenidos nuevamente.

DOCTOR MAURICIO MERINO: Muchísimas gracias, señor senador.

Muchas gracias, senadoras, senadores, por su presencia esta tarde. Y aprecio mucho la posibilidad de estar una vez más en esta casa para comentar con ustedes temas que sé de sobra que conocen con muchísima profundidad, porque justamente los legisladores, la legisladora, los legisladores que están ahora mismo en la mesa son quienes han favorecido, empujado, trabajado a favor de las reformas que han hecho posible la posibilidad de construir un Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo reconozco abierta y no sólo públicamente sino con entusiasmo. Muchas gracias por estar una vez más en esta batalla.

Yo quisiera referirme con muchísima brevedad a algunos de los puntos que en las distintas deliberaciones que hemos mantenido varias organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas interesadas en el tema de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, hemos tratado de subrayar a través de distintos documentos y de intervenciones públicas sucesivas.

Esta es una nueva oportunidad para hacerlo así y por fortuna, insisto, frente a quienes tendrán la última palabra legislativa en esta materia.

Quiero referirme en particular a tres documentos:

El primero es un documento que ustedes ya conocen, estoy seguro que ya lo conocen, que ha sido divulgado a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil, muy particularmente a través de IMCO, que afortunadamente Juan Pardinas nos acompaña esta tarde, y de Transparencia Mexicana, que se ha presentado como “ley tres de tres”.

Es en realidad un documento que se refiere a una iniciativa que hemos venido discutiendo por meses en un amplio grupo, insisto, de individuos interesados en el tema para insistir en la importancia de una buena construcción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En mi opinión, seguramente los colegas del IMCO, del CIDE, de Transparencia Mexicana abundarán sobre este tema, pero en mi opinión el proyecto de ley general de responsabilidades administrativas que ha sido puesto a consideración ya de la opinión pública con la expectativa de convertirse a una iniciativa ciudadana, tiene dos características que a mí me gustaría subrayar frente a ustedes.

La primera es la necesaria reforma a fondo del sistema disciplinario actual del país.

El primer obstáculo que enfrenta la posibilidad de combatir la corrupción en México es a todas luces un muy deficiente diseño del sistema disciplinario mexicano.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas es la oportunidad, en mi opinión, para que ese sistema disciplinario mexicano deje de ser un sistema que al final protege y auspicia aún la impunidad de conductas que son claramente contrarias al derecho y que claramente vulneran las responsabilidades asumidas por los servidores públicos para convertirse, como debe ser, en una suerte de sistema inmunológico –si me permiten frasearlo así– que proteja al propio Estado mexicano de las personas que lo dañan.

El derecho administrativo ha de ser entendido como un marco jurídico que proteja al Estado mexicano de sus propios integrantes y de las relaciones que establece en sus propios funcionarios o cualquiera de las personas que representa una autoridad o ejerce atribuciones o realiza gastos públicos en relación con terceros.

Esta es una pieza maestra. Si el Sistema Nacional Anticorrupción no consigue tener una ley general de responsabilidades que modifique desde su raíz el sistema disciplinario mexicano, yo creo que habrá sido, lo digo clara y directamente, un esfuerzo fallido de la reforma constitucional que ustedes mismos impulsaron hace ya pronto un año.

La segunda pieza de esta lógica del sistema disciplinario de la que hablo tiene que ver con la necesidad de entender que una cosa es el control interno que corresponde a las entidades que han de estar organizadas para que el Estado cumpla de la mejor manera posible sus funciones y otra cosa es la investigación de los hechos de corrupción o de los hechos que eventualmente hayan generado corrupción y por lo tanto requieren reconstruirse con suficiente autoridad para reconocer las redes en las que la corrupción sucede casi invariablemente.

Puede haber excepciones, pero en términos generales la corrupción es un asunto de redes y la posibilidad de atajar esos fenómenos de corrupción descansará, esa es nuestra expectativa, en que se construya una Ley General de Responsabilidades, que logre hacer esta distinción con nitidez.

Lo trato de explicar de otra manera: necesitamos evitar que el control interno siga confundiéndose con una mecánica punitiva que al final del día no sólo disperse el esfuerzo de las contralorías, sino que acaba incluso entorpeciendo la operación cotidiana de los órganos del Estado Mexicano y especialmente de las administraciones públicas.

El control interno debe ser asumido como lo que es, como un mecanismo para cumplir objetivos públicos de la manera más eficiente y más honesta, honrando por lo tanto el derecho fundamental a una administración pública eficiente y honesta, mientras que la investigación de los casos de corrupción debe estar contemplada, eso creo, en la Ley General de Responsabilidades, de tal manera que los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción puedan detectar esos casos, reconstruir las redes en los que suceden e integrar los expedientes que jurídicamente serán sólidos para evitar cualquier riesgo de impunidad.

Apenas y necesito añadir que en estos dos elementos a los que me he referido, descansará el resto de la construcción institucional que ustedes mismos tendrán que promover con el resto de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y con la adecuación de las normas que tendrán que adaptarse a esa nueva forma de entender el derecho administrativo en México.

El segundo comentario, ya con esto termino para no abusar del tiempo, es el del propio Sistema Nacional Anticorrupción. En esta segunda pieza legislativa, la que se refiere a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en mi opinión hay que subrayar tres puntos que de nuevo están contemplados ya en un documento que refleja la opinión de quienes hemos venido trabajando juntos en estas materias y que con la venia de mis colegas yo me permitiré entregar a quienes ustedes me indiquen, senadores, tan pronto como concluya esta intervención.

En la Ley General del Sistema Anticorrupción me parece que deben subrayarse, decía yo, tres puntos. En primer lugar evitar que los órganos, los seis órganos del Estado Mexicano que formarán parte de ese Sistema Nacional Anticorrupción, junto con el Comité de Participación Ciudadana, se conviertan en defensores de sus propias tareas.

Quiero decir, es absolutamente crucial que la mesa de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción en efecto produzca la información suficiente que esta información responda a los principios de transparencia y de rendición de cuentas que el mismo Sistema Nacional Anticorrupción está promoviendo.

No puede haber negación de esos principios en la operación misma de los 6 órganos que van a trabajar dentro de esa mesa.

Para que esto se evite, segundo punto, consideramos principal que haya algo que hemos llamado de manera coloquial en este documento el CONEVAL de la corrupción.

Consideramos que es absolutamente necesario que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción sea contemplada por ustedes, señoras, señores senadores, como un instrumento capaz de producir al menos 4 productos principales:

La metodología para poder medir y reconocer la corrupción, los datos necesarios para que esa metodología pueda ser utilizada de manera pública e inteligente, los informes que el propio Sistema Nacional Anticorrupción debe proveer y los proyectos de recomendaciones de inteligencia institucional que la Mesa de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción estará obligado a proveer por mandato constitucional.

No creo posible, no creemos posible –me permito usar el plural- que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda funcionar con éxito si no está proveído por esta suerte, insisto, en la analogía de CONEVAL de la corrupción. Lo menciono así sólo por economía de tiempo y de lenguaje.

Y, por último. Consideramos también, y así lo hemos expresado nuevamente varias organizaciones en un manifiesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que fue presentado ya desde el año pasado, que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción no puede ser un comité de membrete, no puede ser un comité que al que se convoque solamente para legitimar las tareas del sistema, sino que debe convertirse en la clave de la vigilancia del control democrático del propio Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo que coloquialmente de nuevo –y perdón por el abuso de los coloquialismos- hemos llamado la séptima silla. Es decir, la silla que en el Sistema estará ocupada por el Comité de Participación Ciudadana, en nuestra opinión debe presidir las reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción, no sólo por este sentido de vigilancia y de control del que estoy hablando, sino porque es la única silla que de suyo no tiene obligaciones de Estado previamente asignados en el mandato constitucional.

En consecuencia, creemos que sería muy sano para la República, para la transparencia de los actos y de las decisiones tomadas por este sistema, que justamente recaiga en esta séptima silla el contacto franco, directo, no capturado políticamente entre las seis instituciones que formarán parte del sistema y el resto de la sociedad.

Aprecio mucho su atención.

Son los puntos principales que yo quería poner sobre la mesa a su consideración.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Merino.

Maestro Bohórquez.

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ: Muy buenas tardes. Gracias senador; senadoras y senadores:

Permítanme hablar de un sentido de urgencia que está supongo en la motivación de abrir este espacio de liberación pública.

Este es probablemente el problema que atraviesan más agendas de política pública en nuestro país.

Es lamentable y frecuente que la imagen y la reputación de nuestra sociedad y nuestro gobierno, se vea afectada por este tema una y otra vez. Lo fue así el fin de semana y lo ha sido durante ya muchas semanas en la opinión pública nacional e internacional.

Y creo que hace falta recordar que es esta generación, y no me refiero a las edades, son estos contemporáneos a los que nos habrá de tocar la tarea de hacer de esta agenda una agenda que le cambie la imagen al país, que le cambie las prácticas, que le cambie los resultados y va a ser una batalla larga, complicada, difícil.

Es público, yo lo he dicho así, sé que el conjunto de reformas que vislumbramos dentro de un auténtico sistema nacional anticorrupción puede tomar entre tres y diez años; estamos a punto de terminar el primero de estos años, a partir de la reforma constitucional, en mayo se cumple el primer ciclo legislativo; y tengo la impresión de que no estamos marchando al ritmo que necesita nuestra sociedad y nuestro país para ser más efectivos.

Creo que el primer tema es de urgencia, y creo que hay que tenerlo sobre la mesa.

Entiendo también que hay un asunto de método, hay que empezar por algún lado, lo han planteado en la mañana varios participantes de estas audiencias; lo ha planteado también el doctor Merino, tenemos que empezar por algún lado y claramente la Constitución nos pone dos piezas de este rompecabezas por delante:

La Ley General de Responsabilidades y la Ley General que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sobre la Ley General de Responsabilidades, se ha dicho ya aquí, hay entre la sociedad civil mexicana y la academia, una serie de consensos alcanzados alrededor de este tema, que se han traducido en una propuesta que esperamos pueda convertirse en una iniciativa ciudadana de ley y que de alguna manera también lleva un diálogo con las propuestas que este propio Senado ha planteado en este tema desde hace algunos meses; están aquí la senadora Rojas, el senador Ríos Piter y otros que han planteado, la senadora Ortega, que han planteado temas que están vinculados con esto. Senador, también, alrededor del tema de crimen organizado y equipararlo con corrupción.

Y es una manera de responder desde la sociedad civil, desde la academia, algunos de estos planteamientos y aportar elementos al debate. Confiamos en que pueda convertirse en una iniciativa ciudadana de ley y que por lo tanto sea discutida en el marco de nuestros derechos constitucionales.

Se ha mencionado también que hay una serie de documentos que recogen nuestras preocupaciones, nuestras propuestas, algunos puntos muy finos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción; no voy a repetir lo que estará por escrito y está siendo entregado a estas comisiones unidas, pero me parece que hay algunos temas que sí vale la pena destacar, que son instrucciones a nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, que ya sea en la Ley General de Responsabilidades o en la Ley General del Sistema o en las casi 20 que estimamos tendrán que sufrir modificaciones para construir un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción; pienso en la primera que me viene a la mente, que está en este momento en discusión legislativa, la Ley de Obras Públicas, que sin duda tendrá que ser vista como parte de un paradigma anticorrupción.

No sólo la de transparencia, que está en la Cámara de Diputados, yo creo que la Ley de Obras Públicas y otras, pienso por ejemplo que en las últimas semanas se ha hablado de revisar la Ley de Extinción de Dominio y dado que la Constitución prevé en la extinción de dominio un mecanismo para el Sistema Nacional Anticorrupción, me parece que tenemos que empezar a tener estas discusiones de manera armónica y coordinada.

En una frase: Un Sistema Nacional Anticorrupción no puede reducirse a la aprobación de dos leyes generales, como las que instruye la Constitución directamente; tiene que concebir que este es un paquete más amplio y que cada vez que llegue a este Senado de la República o a la Cámara de Diputados algún instrumento jurídico que tiene que revisares, valdría la pena darle el tamiz anticorrupción, darle una revisada desde una perspectiva crítica; porque la corrupción no empieza en las leyes generales de responsabilidades y del sistema nacional, empieza en la ley de adquisiciones, empieza en la ley de competencia económica, empieza en la ley de obras; empieza en otros lugares, que es donde se generan los espacios y los mecanismos para que la corrupción se presente.

Me parece también que una ausencia en la discusión pública sobre este tema, no es un asunto exclusivo ni del Senado ni de la Cámara de Diputados; es una ausencia en la discusión pública, es a qué ritmo marcharán las reformas que le darán a la Procuraduría General de la República auténtica autonomía respecto al Ejecutivo.

Y creo que por momentos, tal vez por inercia, seguimos pensando que la Fiscalía Anticorrupción es la Secretaría de la Función Pública, cuando en realidad es la Procuraduría General de la República y sus fiscalías especializadas. Me parece que hemos dejado de lado el tema de la PGR y viéndolo en conjunto, creo que es algo que vale la pena mantener como parte de esta conversación pública.

Y hay algunos conceptos tal vez que parecerían de carácter menor respecto a lo que ambicionaríamos en un sistema efectivo contra la corrupción.

Me parece que hay una expresión que no está en nuestra cultura política ni administrativa; empieza a escucharse, pero este es el momento de incorporarlo con fuerza, que es el concepto de integridad pública.

La verdad es que cuando uno revisa la prensa y ve la conducta de los servidores públicos en comisiones internacionales o en comisiones nacionales lo único que puede pensar es que el concepto de integridad no está entre sus preocupaciones. Está el de legalidad, probablemente; está el de que estos asuntos se ajusten a una norma, pero no, no está el concepto de integridad pública y yo creo que este es el momento de incorporarlo a nuestra vida institucional y práctica.

Quiero referirme por último a dos asuntos que para nosotros en Transparencia Mexicana y en las muchas conversaciones que hemos tenido con otras organizaciones civiles y académicas están sobre la mesa.

El primero tiene que ver con dotar a este sistema de auténticos indicadores de desempeño e impacto.

Creo que para todos empieza a ser penoso como sociedad revisar la estadística de nuestros órganos disciplinarios de control interno y ver que el grueso de las sanciones son en realidad sanciones muy pobres.

Ya que el doctor se atrevió a coloquialismos en este espacio, yo me atrevo a uno. El triple jalón de orejas es la sanción más efectiva que tiene el Estado mexicano y que se aplica en mayor volumen. Es increíble que dos terceras partes de las sanciones administrativas en México sean por entregar tarde la declaración patrimonial y por asuntos de naturaleza menor que, aunque sin duda para el control interno pueden ser relevantes, no lo son en una auténtica estrategia nacional anticorrupción.

Eso es lo que produce nuestra actual política anticorrupción: amonestaciones verbales públicas.

Supongo que es peor que lo regañe a uno el jefe en una reunión normal a recibir la amonestación verbal pública como sanción ejemplar de la autoridad administrativa en esta materia.

Me parece que tenemos que discutir los indicadores. No es ni el espacio ni el tiempo para entrar al detalle de cada uno de ellos, pero creo que a los sistemas hay que darles instrucciones, hay que programarlos para hacer ciertas cosas, y me parece que esas instrucciones se le da a partir de lo que produce y de lo que resulta.

En este mismo Senado alrededor del tema de extinción de dominio fue realmente sorprendente para mí ver lo que produce nuestro Sistema de Extinción de Dominio. Si la memoria no me falla, de los 65 asuntos que revisó la Procuraduría General de la República sólo 11 pasaron en firme, y de estos 11 sólo uno llegó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al SAE, recuperando la extraordinaria cantidad de 745 mil pesos.

Me da la impresión de que este es el tipo de discusiones que hay que tener sobre qué produce el Sistema Nacional Anticorrupción.

Si este Congreso planteó que la extinción de dominio es uno, pues uno de los indicadores de desempeño es cuántas propiedades o bienes asociados con corrupción son enajenados en beneficio del Estado.

Sólo pongo este, pero hay probablemente una decena o más de indicadores que hay que incorporar a esta discusión.

Y el último punto. Me queda claro que empieza a haber coincidencia en que el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción no puede ser sancionar servidores públicos; esa es la parte disciplinaria que se ha descrito aquí; el objetivo es desmantelar redes de corrupción.

Y cuando vemos el resultado en nuestros órganos de fiscalización, control y sanción, lo que hacen es sancionar servidores públicos, cuando lo hace, no desmantelar redes de corrupción.

No soy afecto a pensar que en el exterior se encuentran todas las respuestas a nuestros problemas. Creo que hay que beneficiarse de la experiencia internacional, pero si tuviéramos que usar un ejemplo de manera cotidiana para ilustrar cómo funciona un sistema que desmantela redes, piensen ustedes señores senadores en el caso de la FIFA.

Creo que el modelo de un sistema anticorrupción efectivo es el caso FIFA.

La última orden de aprehensión, si es que la hay, va a ser para la cabeza del grupo mafioso. El Departamento de Justicia y el FBI lo que van haciendo es que van cerrando círculos concéntricos y primero detienen a la gente de la Concacaf y después se entrega voluntariamente el presidente de la Federación Chilena de Futbol y se van sumando y en la última orden de aprehensión es contra el capo mayor, el señor Blatter.

Si ustedes ven nuestra historia reciente, funciona exactamente al revés. Se obsequia muy rápido la solicitud de orden de aprehensión y para seguir con las metáforas termina en falta, en béisbol no conectamos ningún hit y mucho menos y un home run.

Me da la impresión de que hay mucho que aprender del caso FIFA. Así se desmantelan las redes, por círculos concéntricos y el último responsable de esa red va a ser probablemente el último procedimiento que se dé y además se corrigen los espacios que dieron lugar a la corrupción.

La próxima semana habrá un proceso diferente para nombrar a un nuevo presidente de la FIFA con otras condiciones que evitan que se repita lo que todos hemos atestiguado en los medios de información.

En síntesis creo que estamos en un momento extraordinario de creatividad colectiva, con una academia y una sociedad civil que están dispuestos a poner propuestas concretas sobre la mesa para que sean discutidas, para que sean analizadas en el proceso legislativo, pero creo que sobre todo estaos en un momento de extraordinaria urgencia, porque este problema es mi sentir.

Seguramente Juan va a compartir algo más sobre esto, pero en cada espacio en el que nos encontramos alrededor del tema de la Ley 3de3, hay una irritación, una molestia que merece ser encauzada institucionalmente a través de este sistema.

El día que convirtamos la indignación en acción pública y en nueva institucionalidad, habremos servido todos los que nos representan y los que estamos de este lado a la sociedad mexicana.

Muchas gracias senadores.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor maestro Bohórquez.

A continuación el doctor Juan Pardinas.

DOCTOR JUAN PARDINAS: Muchas gracias, muy honrado de estar aquí.

El reto que tengo es que va a estar difícil tener el conocimiento de causa que tiene mi amigo Eduardo Bohórquez o la profundidad del análisis del doctor Merino o anticipándome al riguroso análisis jurídico del doctor López Ayllón.

Lo que voy a faltar en sustancia lo quiero compensar en énfasis y les quiero leer una palabra que aprendí durante el doctorado, me tarde 7 años en terminar el doctorado. Entonces para darles un avance.

La palabra es procastinación; postergación o posposición, la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables.

Este foro es muy agradable, estoy oyendo gente muy inteligente sobre el tema, pero ya llevamos muchos foros, ya llevamos muchos años discutiendo este asunto y yo veo que son como las, siempre se aprenden cosas nuevas, pero ya las ideas están ahí sobre temas sustantivos, ya hay una propuesta específica de la sociedad civil, con una estructura de artículo por artículo, que estamos buscando las firmas para presentarla como iniciativa ciudadana, pero el documento que el profesor Merino les va a entregar ahí, es una especie de faro guía de brújula de por dónde debe ir la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Hay veintitantas leyes que se tienen que discutir para atender algo que yo no definiría de otra manera que una crisis nacional.

O sea, todos los problemas que está viviendo el país, si los quieren ver, piensen en su principal prioridad, la que tienen más cercana del corazón: la pobreza, senador Encinas; la inseguridad de su Estado, senador Ríos Piter; los problemas de feminicidios en su Estado, senadora Rojas.

De una u otra manera todos están agravados o causados directamente por el tema que hoy nos ocupa y nos convoca.

Yo creo que ya no hay tiempo para más foros. Yo feliz regreso; estuve hoy aquí en la mañana y vuelvo en la tarde y me gustaría, lo que sí pediría, es volver pero ya a Comisiones, ya me gustaría ver de parte del Senado de la República un mapa de ruta de las veintitantas legislaciones cuál va primero y cuál va después; en qué momento es el óptimo para discutir el Sistema Nacional Anticorrupción.

Probablemente nosotros debamos también pensar cuál sea el mapa idóneo, pero ya no perdamos tiempo organizando foros, ya no refriteemos las mismas ideas que llevamos discutiendo en el mejor de los casos desde la Reforma Constitucional del año pasado.

El CIDE, una institución que está representada aquí en esta mesa, creó el “violómetro”, esta medición de las veces

que se violan los transitorios de la Constitución.

Pues me temo que el “violómetro” al paso que vamos va a marcar dos goles más en contra de la República, porque no es su tiempo de legisladores que se está perdiendo, nuestro tiempo de representantes de sociedad civil. Es el tiempo del país, de una crisis no atendida, de un incendio abandona.

Tal vez lo único de substancia que tengo que agregar de lo que dijeron mis colegas, esa frase que oigo con

frecuencia de “México es un país con buenas leyes que se aplican mal”.

En el caso de la corrupción, ese es un diagnóstico en el mejor de los casos engañoso en el peor perverso, porque lo que tenemos es un diseño institucional creado exprofeso para garantizar la impunidad y eso es lo que tenemos que cambiar.

Y no se va a cambiar sin la participación activa y el liderazgo de ustedes legisladores de la República.

Entonces ya no organicemos más foros. Hay que ver la agenda de ruta de los cambios que se tienen que hacer y con mucho gusto estoy seguro que todas las organizaciones civiles aquí representadas vamos a participar, bueno, hablo por el IMCO, pero con la misma energía con lo que llevamos haciéndolo meses y años, pero ya, no le demos más vueltas al asunto.

Enfrentemos el tema desde un punto de vista legislativo e implica quitarle los engranes que sostienen este andamiaje de impunidad y que el país pueda transitar de un estado de impunidad a un Estado de Derecho.

Y eso va a depender de su liderazgo y que las próximas convocatorias probablemente sean en una mesa un poco más orientada al trabajo legislativo que a la difusión de ideas.

Las ideas ya están muy difundidas, ya están impresas en blanco y negro. Las tiene aquí el profesor Merino en su fólder; están en Internet, en la ley 3de3; estamos consiguiendo las firmas pero ustedes la pueden descargar.

Algunos de ustedes la firmaron: la senadora Tagle, la senadora Rojas. Si estoy omitiendo a alguien más una disculpa; ojala la firmen quienes no la han firmado.

Ya está ahí, ya; ya no hay más. Seguro el doctor López Ayllón nos va a dar una visión jurídica de las cosas, pero ya la llevamos dando, ya la llevamos diciendo durante meses. Qué más necesitamos.

Y un poco les dejo la pregunta sobre la mesa. Ahí está la crisis. Ahí están algunas alternativas de solución.

Necesitamos un mapa de ruta de cómo vamos a entrarle a un desafío de esa magnitud y con esa secuencia de eventos.

Creo que la responsabilidad la tenemos todos pero quien por naturaleza constitucional, quien debe llevar el liderazgo es el cuerpo que ustedes encabezan.

Muchísimas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor.

Doctor Sergio López Ayllón.

DOCTOR SERGIO LÓPEZ AYLLÓN: Gracias.

En primer lugar agradecer al Senado de la República su invitación a participar en este foro, que nos permite volver a reflexionar sobre uno de los temas centrales para este país, si queremos que tenga futuro: la corrupción, cómo combatir este mal endémico que corroe y socava el tejido social.

Las reformas constitucionales aprobadas por el constituyente permanente, obligan al Senado de la República a una de las tareas legislativas más complejas que ha enfrentado en los últimos años. La construcción del entramado normativo e institucional que supone la legislación secundaria, debe superar no sólo las dificultades técnicas que entraña; sino también responder a una necesidad política y social, construir mecanismos que permitan que el Estado Mexicano luche de manera efectiva contra la corrupción.

De no hacerlo, se estará defraudando una de las demandas sociales más sentida y estaremos contribuyendo a mantener el deterioro de la confianza y la victoria de la impunidad.

Esta es, lamentablemente, señoras y señores senadores, una tarea muy compleja. Estoy convencido que sólo un trabajo de diseño serio, jurídicamente solvente y que abreve las mejores prácticas y la comunidad de objetivos, podrá tener un buen resultado.

La arquitectura de este nuevo sistema anticorrupción se fundamenta en dos leyes generales que deberán ser inéditas en su concepción: la de responsabilidades administrativas y la del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con base en estos dos instrumentos normativos, que son los pilares del nuevo edificio, se tendrán que desarrollar posteriormente las reformas a la legislación federal, que comprende al menos tres leyes principales más un número indeterminado de reformas necesarias a otras leyes y el desarrollo de los sistemas anticorrupción en cada una de las entidades federativas. Es una tarea magna, que llevará probablemente varios años antes de que pueda ser completada.

En obvio del tiempo, limitaré mi intervención a destacar algunas características generales que en mi opinión debe tener el diseño de este nuevo sistema anticorrupción; para detenerme después en ciertos aspectos específicos del sistema de responsabilidades administrativas. Concluiré con una reflexión general sobre la tarea legislativa que deberá completarse posteriormente a la aprobación de estas dos leyes generales.

Una de las cuestiones más complejas que enfrenta la tarea legislativa es considerar que se trata de un conjunto de leyes que deben estar articuladas entre sí y no de piezas que puedan construirse de manera independiente. Ello obliga, reitero, obliga a que antes de considerar la redacción de estos cuerpos normativos, exista un acuerdo sobre el diseño del conjunto del sistema y de las políticas que habrán de implementarse para combatir a la corrupción.

Y creo que la clave del éxito estará menos en la posibilidad de perseguir corruptos, que en el diseño de un sistema que articule a la acción de los diversos órganos para prevenir y corregir las condiciones estructurales que facilitan la corrupción.

Reitero aquí lo ya dicho muchas veces en otros foros: la corrupción es un problema estructural multifactorial y que desarrolla en forma de red; por ello para reducirla tenemos que actuar bajo esta lógica. Para decirlo, aprovechando el coloquialismo, antes de ponernos a escribir las leyes, pongámonos de acuerdo en qué queremos, con qué objetivos, con qué políticas, con qué instrumentos y después escribamos las leyes.

Desde esta perspectiva, el gran reto de la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, es crear un sistema que funcione como tal, que permita articular efectivamente la acción de los órganos que lo integran y facilite el desarrollo de políticas comunes de largo plazo, orientadas a resultados verificables y evaluables.

Crear otra instancia, perdón que lo diga, como otras tantas que existen, que sirva solamente como una mesa donde se reúnan periódicamente los titulares para tomarse la foto, no tiene ningún sentido. Tenemos que atrevernos a innovar para incidir.

Y una de las condiciones que me parece puede ayudar a este propósito, es la creación de esta Secretaría Ejecutiva pequeña, pero robusta en sus capacidades, que permita proponer metodologías de medición integral y producir información, generar informes y apoyar la toma de decisiones de los integrantes del sistema. Esto es a lo que hemos llamado el CONEVAL de la corrupción.

Este diseño permitiría que de manera efectiva las instituciones que lo integran puedan ser capaces de establecer mecanismos de coordinación efectiva; diseñar e implementar cada una dentro de su ámbito de competencia las políticas comunes concertadas dentro del Sistema y determinar cómo van a operar los mecanismos de coordinación con las autoridades fiscalizadoras y de control interno, y supervisar la ejecución de las mismas.

Estas ideas y muchas otras puntuales están en el documento que ya refirió Mauricio Merino y que es el resultado de un trabajo colectivo de varios meses, incluso, y que tenemos ahí ya un conjunto de propuestas muy concretas.

La otra pieza clave del sistema es la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Hemos puesto sobre la mesa, ya lo hemos dicho, una propuesta que sabemos perfectible, pero que creemos puede detonar el diálogo y el debate sobre una cuestión especialmente delicada y compleja técnicamente.

Se trata simplemente de crear un nuevo régimen de responsabilidades administrativas que se aleje de lo que ya conocemos y genere estándares distintos.

Un sistema que sea capaz de diferenciar entre la sanción disciplinaria de lo que constituye una conducta grave que es un acto de corrupción y que además sea capaz de ver al conjunto de los involucrados en esta acción.

O sea, de nueva cuenta perseguir sólo al servidor público no sirve de nada si no somos capaces, como ya lo anota la Constitución, de involucrar en el proceso también a los agentes particulares que intervienen en el proceso de corrupción.

Los problemas técnicos de esta solución son muy complejos, pues implica trazar una línea diferencial con el derecho penal y con la acción de la Procuraduría.

Es una tarea técnicamente difícil; no quiero entrar en los detalles, y que seguramente vamos a tener que innovar y experimentar con las soluciones. Pero si no tomamos esta concepción de principio, vamos de nueva cuenta a hacer que el sistema se tropiece sobre sí mismo.

Ya la ley que hemos puesto a consideración de la sociedad y de ustedes toma algunas definiciones en esta materia, considerando que se trata de una ley general y que de nueva cuenta está planteando como ley general el problema de si vamos a una ley maximalista o una ley minimalista; nosotros tomamos ya una opción, no voy a abundar sobre ella; que trata de combatir a las redes y que por lo tanto involucre desde su concepto que se trata de conductas que involucran tanto a servidores públicos como a particulares en facultades robustas de investigación.

El proyecto que presentamos se inspira ampliamente del procedimiento en materia de competencia, cuya constitucionalidad ya fue aprobada, pero permite que la autoridad investigadora administrativa tenga facultades amplias de acción frente a los particulares sin violar sus garantías del debido proceso, de una ampliación de las personas sancionables que no se limitan a los servidores públicos sino que involucra también a los particulares, a los candidatos, a los partidos políticos, a las personas electas; es decir, todos aquellos que están en una situación de riesgo.

Y finalmente una concepción que integra la política de integridad de las empresas para poder generar corresponsabilidad y delimitar responsabilidades.

Este me parece una innovación poco frecuente en el que busca facilitar que las empresas tengan políticas de integridad y poder sancionar a aquellas personas que se alejan de esta política, pero incentivar que las empresas desde su propia estructura organizacional tengan políticas de integridad bien definidas que ayuden y contribuyan a resolver el problema.

El sistema se completa a nivel federal con otras tres leyes. Aquella que amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación; la del Tribunal de Justicia Fiscal y necesariamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para rediseñar a la Secretaría de la Función Pública.

Y, quiero subrayar esto, no sólo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sino todo el concepto de control interno a la que el profesor Merino ya hizo referencia.

Me parece que es crucial reiterar la importancia de diferenciar las funciones de control interno y fiscalización que tienen un carácter preventivo y correctivo de aquellas de investigación que suponen facultades, competencias, habilidades distintas.

Y finalmente tenemos que dar un giro también en la concepción de la función del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que además de las cosas que hoy ya hace, va a tener como función central ser la llave que cierra el sistema en materia de responsabilidades administrativas, para dar un giro que aleje de la concepción tradicional del derecho penal y contribuya a generar el valor que le permita establecer esta concepción de que la corrupción sólo se combate cuando se combaten las redes que están detrás de ella.

Con esto concluyo mi intervención y reitero mi agradecimiento por la invitación.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Los agradecidos somos nosotros, doctor.

Senador Luis Humberto Fernández.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ: Buenas tardes.

Primero que nada me gustaría empezar no sólo por agradecer la presencia sino por reconocer la labor en particular de ustedes, ya que sin el trabajo en específico de cada uno de ustedes hubiera sido muy difícil darle visibilidad y darle fortaleza al discurso.

La verdad es que si hiciéramos alguna vez y valdría la pena la estadística de cada vez que citamos a algunos de sus documentos en el Senado, serían más citados que cualquier senador.

Entonces el tema no sólo de generar la información y la propuesta, sino también reconocer el elemento más importante es qué es esto de crear la conciencia.

Y bajo la premisa de ser enemigos de la procastinación que creo que es la premisa de fondo, y de que siempre lo concreto es lo más difícil, me gustaría hacerles un planteamiento muy concreto: nos vamos a enfrentar ya al proceso de la legislación, yo creo que no para dónde hacerse, ya creo que tenemos que entrar con las propuestas que hay, la de 3de3, entre otras que hay, a un proceso ya de tener un proyecto para tenerlo a debate.

Y en este sentido creo que sería muy importante, muy útil para nosotros ver cuáles serían los irreductibles que ustedes ven que deba tener esta ley, en el sentido de que debemos tener una orientación y que es lo que menos de eso sería inaceptable para ustedes y que también podría ser inaceptable para los legisladores.

Creo que alguno de ellos sería una cuestión que limite la reforma constitucional o de ninguna forma el atacar las redes de corrupción y por lo tanto la corrupción política.

Aquí quiero ser muy claro: la corrupción política no nada más son los delitos electorales, es el motor en este proceso donde alguien le mete dinero a una campaña. Este dinero se convierte en compromisos políticos, los compromisos políticos se vuelven licitaciones; las licitaciones se vuelven dinero y otra partecita va para las elecciones.

Si no atacamos el problema de la corrupción política vinculada al ejercicio del poder, pero también a la competencia por el poder, creo que debería ser uno de los tremas irreductibles y aquí entra también en qué se gasta este dinero.

El otro tema que considero irreductible y lo pongo sobre la mesa y en el entendido de que hay que poner las cuestiones concretas, si no vamos a estar en esto de estarlo peloteando, es la ciudadanización.

Si no tenemos una estructura ciudadana la verdad es que vamos a hacer algo muy intrascendente. Si no hay ciudadanos con dientes que puedan forzar las decisiones del aparato del Estado a seguir adelante y aquí nada más en la parte del CONEVAL de corrupción.

Me gustaría traer a la memoria el libro del que hoy habla el maestro Merino, de Douglas North, si nosotros hacemos instituciones que tengan fracturas y no hagan lo que están hechas, lo que están diseñadas, lo único que vamos a hacer es incentivos para exactamente lo contrario.

Si hacemos una institución para combatir a la corrupción y no lo hace, entonces lo que estamos haciendo son incentivos para la corrupción.

Entonces mi planteamiento incluso concreto y que nos ayuden es en cuál es la línea en la que sería absolutamente inaceptable como estudiosos, como activistas y como mexicanos responsables de que no debe rebasar el Senado en esta legislación.

Sería mi planteamiento.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: gracias senador.

Senador Armando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias Presidente. Bienvenidos nuevamente a todos los ponentes.

Ellos ha sido sin duda alguna; ustedes han sido sin duda alguna el pilar de la discusión de este tema con la ciudadanía, o con digamos con la Academia, con las organizaciones activistas en este tema.

Yo hoy en la mañana decía que era importante hacer más foros. Y quiero explicarme porque el comentario de Juan me motiva a tratar de poner un poco la preocupación que yo tengo respecto a esta ley.

Cuando uno va a cualquiera de las mesas hoy, por lo menos en las que a mí me toca estar, 9 de cada 10 están molestos por distintas razones y todo sintetiza este desafortunado lugar que ya es. Es que es la corrupción y la impunidad.

Difícilmente me ha tocado sentarme en algún lugar donde no haya ese encuentro, digamos ese último momento donde estar hablando de que a alguien lo mataron, de que a alguien lo secuestraron, de que hay algún problema con alguna desaparición como la de Tierra Blanca. Lo que quieran, digo, el escándalo que venga de la semana, que si Moreira, etcétera.

Hay una suerte de planteamiento colectivo de la ciudadanía que está en esa frecuencia pero que no está articulada, y quiero exponerme.

La gente está molesta. En Guerrero lo decimos un poco más fuerte: la gente está encabronada. Digo, me lo quería omitir pero sintetiza un poco el planteamiento.

El problema que hay, y yo he tenido la fortuna de sentarme con varios de ustedes un poco a plantear cómo articulamos un planteamiento de respaldo ciudadano a una legislación que tenemos que sacar, que no queremos caer en el “violómetro”, pero que necesitamos garantizar que no tenga mínimos irreductibles, ojala que podamos tener esto de la ley perfecta, o la ley superior, la más importante, la que ustedes han tratado de construir, la que legisladores han tratado de plantear, me incluyo entre ellos.

Todos los que queremos que este tema cambie creo que hemos estado haciendo distintos planteamientos, que hay que articular al final del día.

Pero que encuentren en la sociedad y un gran y amplio respaldo por el conocimiento que tengan de la materia que se está analizando.

Y aquí es donde yo creo que no hay una diferencia trascendente. Más bien es un tema de cómo construir una estrategia.

Ya el tema del diagnóstico ya está. Nada más que en estas cuatro paredes del Senado, del Congreso; o bueno, están más o menos porque en realidad no logra haber un acuerdo definitivo y también hay que reconocerlo, estoy enterado por lo menos de los debates porque nos hemos sentado en muchas mesas.

Pero lo que necesitamos es garantizar un amplio proceso de información y de difusión a la ciudadanía de que ese tema se va a discutir aquí, de que ese tema va a arrancar y que no va a ser, lo decía yo en la mañana, una reunión, a quienes traemos: pues traemos al IMCO, a la Red por la Rendición de Cuentas, cubrimos el expediente; no, pues ya se hicieron los foros. Y qué vamos a discutir: no, pues a ver qué nos va a mandar el PRI a través del Gobierno; va a llegar la Iniciativa, va a traer dos que tres cosas más o menos. Oye: pues vayamos a una discusión de irreductibles y entonces aquí no tenemos la mayoría.

Los que queremos una ley como la que hemos platicado en este Senado no somos mayoría, y no es un tema de bancadas, o de qué partido estás o no.

Entonces hay que entender que necesitamos hacer que la ciudadanía esté involucrada y no solamente un poco como lo hemos llamado Juan, o como tú lo has comentado.

Por eso qué bueno que se haya instalado este debate de la construcción de una iniciativa ciudadana. Eso me parece que ayuda mucho.

Hay gente de las oficinas de varios senadores que andan saliendo a conseguir firmas, y hay gente, hay ciudadanos

que te los encuentras y te preguntan: “oye: ya firmaste la 3de3”. Pero eso qué bueno que está instalado.

Pero me parece que es parte de una metodología que tenemos que pensar mucho más amplia para que la ola de participación ciudadana sea lo suficientemente contundente para que entonces el debate aquí en el Senado tenga la incorporación de cada uno de los elementos, no a partir de lo que el senador o la bancada que tenga mayor fortaleza sea la que impere. Claro, eso no nos debe de llevar demasiado tiempo, pero creo que es muy importante en este espacio, donde difícilmente yo podría rebatir algunos de los argumentos que ustedes han planteado, porque muchos los hemos discutido, es, ¿cómo vamos a garantizar para que nos salgan Consejería Jurídica de la Presidencia, con que la séptima silla no tiene que presidir el sistema?

No, yo sé que lo podemos argumentar cientos de veces y saben que mi posición es esa, mi iniciativa tiene ese planteamiento, o por lo menos es lo que ha estado buscando, pero cómo vamos a garantizar que de repente no nos van a votar la mayoría en contra y entonces nos vamos a quedar como nos pasó en el sistema nacional, en la ley de constitucionalidad, bueno, fue un gran avance, pero no fue todo lo que se necesitaba.

Entonces, creo que hay que hacer reuniones de este tipo, si no son aquí en el Senado hay que hacerlas afuera, donde haya participación de organizaciones de derechos humanos, yo lo ponía como ejemplo; ¿por qué?

Porque tal vez en una participación es fácil sintetizar diciéndole: “¿qué tenemos que hacer, senador, para que deje de haber inseguridad en Guerrero?”; nada más que eso hay que plastificarlo. Cuando una organización de derechos humanos lo expone y lo plantea y dice: “a tal persona la desaparecieron porque un policía estuvo incorporado, genera una dinámica de percepción de que el tema de corrupción va mucho más allá.

Y eso me parece que es indispensable hacerlo. No dar por hecho que ya está instalado en cada una de esas diez mesas, porque la gente sabe, el tema es cómo lo articulamos en términos de la percepción de que eso, la corrupción que está matando, la corrupción que hace que no haya medicinas suficientes en los hospitales, la corrupción que hace que los niños se queden sin escuelas; es decir, todas las violaciones graves a derechos humanos que hoy ocurren en este país porque hay corrupción, me parece que es una dimensión del debate que si bien la ciudadanía es lo que aspira que hagamos con este sistema; hoy no logra encontrar en el proceso legislativo que estemos haciendo eso.

Tenemos que llevarlos allá, porque me parece que el funcionamiento real del sistema va a ser cuando el sistema, que esté en una ley, de repente se convierta en un instrumento del ciudadano para inmediatamente empezar a ejecutar.

Se logró hacer cuando se hizo la Ley de Transparencia, ustedes participaron mucho en eso, no me refiero a este primer tiro, me refiero al del 2006; se logró hacer cuando se construyó el Instituto Federal Electoral, lo que hizo y lo que empoderó a los ciudadanos para que de repente el cambio de paradigma, el cambio institucional tuviera una incidencia, que la gente pensara que se iba a respetar su voto, que la gente pensara que pedir una solicitud a través del IFAI, entonces, iba a tener una consecuencia, todo eso tuvo un proceso de involucramiento que hoy está en términos de la necesidad del ciudadano y en términos del sentir; pero me parece que no está traducido en términos del proceso legislativo.

Tendríamos que pensar, y esa es una propuesta que yo dejo aquí instalada, en cómo durante todos los tres días que sobren, cuatro, cinco de febrero; todo el mes de marzo y todo el mes de abril, lo que lleguemos sea con una gran ola de percepción de, digamos, involucramiento informado de la ciudadanía, que esté atenta y pendiente a que no se le cambie una sola coma a lo que sea percibido como la legislación superior.

Debería de haber movilizaciones aquí afuera, ¿me explico?, que hoy no hay. No pensemos que porque de repente alguno de nosotros, yo, escribo un artículo y lo digo, de repente: “Ah, esto está teniendo un gran…”; sí, la gente lo lee, pero el tema es cómo garantizamos que eso que hoy tal vez en redes sociales etcétera, está mucho en la percepción, lo aterricemos en tierra.

Me parece que eso es lo que hay que incidir, lo digo como un comentario, porque así como se nos fue lo de fuera el fuero, la vez pasada, y no lo pudimos tener, ahora hay que meterlo; porque de todas maneras el sistema, así lo dijimos aquella vez, está incompleto, y todo ese sistema va a seguir teniendo a senadores, a diputados federales, a diputados locales, que van a seguir teniendo el fuero; y donde el tema del circuito de intereses, por más que haya declaraciones patrimoniales, de intereses fiscales, van a tener a legisladores que van a tener fuero y si de repente le meten mano a los moches, si de repente terminan mandando una obra en beneficio de quien los ayudó en su campaña, van a seguir teniendo fuero.

Entonces, mi comentario es: entiendo el asunto de que ya tenemos un diagnóstico, bastante aterrizado, pero entonces creo que la convocatoria que tendríamos que estar pensando, es: cómo le hacemos para que haya una gran movilización de respaldo, a una legislación que queramos que sea la superior, no la de los mínimos irreductibles; entiendo el por qué lo hace así la pregunta Humberto, no difiero con ello, pero más bien es cómo garantizamos que tengamos esa gran claridad para que el sistema que aquí se discuta no de repente vaya a cambiar en la Cámara de Diputados o no de repente tenga algunos acomodos que haya un pequeño avance y no tengamos la contundencia que tenga que tener?

Ese sería mi comentario.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Ríos Piter.

Senadora Laura Rojas.

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias.

Igualmente, bienvenidos. La verdad es que siempre es un gusto poder coincidir con ustedes en estos trabajos y me sumo también al reconocimiento que ya han hecho mis colegas sobre su importantísima aportación en esta y en otras legislaciones en materia de rendición de cuentas. Bienvenidos.

Yo creo que una de las cosas que sí tenemos que plantear, que se deriva un poco del comentario de Juan, es que el proceso mismo de discusión de estas reformas al final del día doten de legitimidad a las instituciones que van a surgir de las reformas.

Porque tienen que ser instituciones que tengan mucha credibilidad, mucha fuerza, mucho respeto, y sí creo que entre más amplio hagamos este proceso de deliberación y discusión, insisto, también tratando de no pasarnos de mayo, es importante.

Y eso lo han dicho, la OCDE lo dice y muchos otros estudios. Una de las claves fundamentales para que este tipo de instituciones funcionen bien es precisamente el tamaño de la credibilidad o de la legitimidad de la que gocen desde el inicio.

Sí creo que vale la pena revisar, y esta es tarea de las comisiones y específicamente de los presidentes de las comisiones que están a cargo de la dictaminación, revisar este proceso para que sirva como una plataforma de credibilidad y de legitimidad de las instituciones, del propio sistema que estamos construyendo.

Por otro lado, nada más quiero resaltar a manera de coincidencia también alguno de los temas que ustedes han comentado.

En primer lugar, el tema de integridad pública, lo comentamos en la mañana en la primera parte del foro, creo que es muy importante, y lo reitero, lo quiero reiterar, si no vieron la discusión de la mañana para que se lo lleven, lo discutimos en la mañana, desde mi punto de vista es muy importante equilibrar los enfoques.

Creo que sería muy riesgoso que por esta presión ciudadana, por esta presión de que ya todo el mundo quiere ver funcionarios corruptos en la cárcel le demos más peso a la parte penal sancionatoria que a la parte de prevención.

Y en la parte de prevención y en la parte de cambiar la cultura de los servidores públicos por una de integridad, que es lo que comentaba de alguna manera Eduardo.

Creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, y si bien las sanciones también son inhibitorias y también son parte del mismo proceso de prevención, al final del día lo que queremos es que haya menos corrupción, y creo que ese tiene que ser también como lo comentó, creo que fue el doctor Merino o el doctor López Ayón, el resultado del sistema tiene que ser la disminución de la corrupción y tener un servicio público mejor como objetivo general, digamos.

El tema de la evaluación es otro tema que también salió en la mañana. Es un enorme reto y por supuesto ahí coincidimos en que es una de las partes en las que tenemos que trabajar más para que podamos contar con mecanismos de evaluación.

Y termino mi evaluación ligando este último punto con una pregunta, que es:

El secretariado ejecutivo, que me parece que es clave, es una figura clave en el sistema para que éste funcione, para que sea eficaz, debería recaer en una de las instituciones.

Es una pregunta para ustedes: ¿Debería recaer en una de las instituciones de los órganos que van a integrar el sistema o debería de ser –ese es mi punto de vista, la propuesta del PAN así lo trae– debería de ser un secretariado ejecutivo creado, ex profeso, independiente, para que pueda desempeñar las funciones que ya se han comentado aquí?

Hacer los reportes, los lineamientos, las recomendaciones, los mecanismos de evaluación, etcétera y bueno, pues esa sería mi pregunta comentario.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Rojas.

Senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas Gracias, es muy breve.

Juan pardinas nos dice que el país está perdiendo el tiempo al retrasar tanto la resolución en materia legislativa de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Creo que el problema es más grave y más profundo aún. Creo que el país se está perdiendo porque nos encontramos en la peor crisis de credibilidad de las instituciones públicas de los partidos políticos y a un fenómeno asociado entre corrupción e impunidad, que ha generado una distorsión y un proceso de descomposición en el desempeño de todas las instituciones y la gestión pública.

Por eso el tema no es sencillo de resolver. La idea es crear un Sistema Nacional Anticorrupción integral y transversal que tenga como efectivo, por supuesto además de prevenir, de educar, etcétera, desmantelar las redes de corrupción que existan en todos los órdenes de gobierno y en todos los ámbitos de la vida pública y ese es un problema de fondo, porque la corrupción e ha convertido en parte del engranaje fundamental de nuestro sistema político.

Entonces, por eso tenemos que entender que esta reforma no es una reforma menor, es una reforma del Estado Mexicano, porque lo que implica es el rediseño de todo un sistema y un nuevo desarrollo institucional donde existan no solamente los mecanismos de desmantelamiento de las redes de corrupción, sino exista una nueva forma de gestión pública, fincada no solamente en este principio que me gusta, al que se refiere Mauricio Merino, basada en la integridad pública.

El objetivo de este sistema es el rediseño de la vida institucional y establecer un eje rector en gestión pública con ética y con integridad.

Por eso yo creo que los temas centrales de la discusión que estaos desarrollando incluso vinculados a la reforma del Estado, van vinculados a los temas de la seguridad nacional.

He tenido la oportunidad en los últimos seis años de formar parte de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y solamente en una ocasión, enero l 2012, logramos que el problema de la corrupción y la impunidad se incorporara a la agenda nacional de riesgos.

Porque efectivamente la corrupción es transversal a todos los aspectos de la seguridad nacional, desde el narcotráfico, la delincuencia organizada, el problema de las fronteras, el problema hasta de las pandillas, como se maneja lamentablemente en nuestro país.

Pero lamentablemente se borró de la agenda nacional e riesgos y es un tema que dentro de la lógica de la reforma del Estado y las instituciones, debe incorporarse asociado a los problemas de la impunidad y de omisión de la autoridad para combatir estas prácticas.

Yo por eso creo que hay algunos temas que nos ayudará mucho conocer su opinión en la creación de este sistema, porque tenemos que definir dentro del sistema quién previene, quién promueve el nuevo desarrollo institucional, quién fiscaliza, quién investiga y sanciona, cómo participa la ciudadanía y quién fiscaliza al fiscal, que es un tema que hasta ahora no hemos abordado, porque poco o de anda sirve crear una fiscalía especializada en materia anticorrupción si no tenemos mecanismos de control político parlamentario sobre el ejercicio de la misma.

Y si queremos ir realmente a desmantelar las redes de corrupción hay que ir a ver no solamente dónde se encuentra la asociación entre quien corrompe y se deja corromper sino cómo las instituciones son co-partícipes de ese engranaje que han convertido a la corrupción y a la impunidad en una forma de gobierno.

Lo que se está planteando con esta Reforma es una Reforma no sólo institucional, sino del régimen político y del Estado Mexicano y creo que así deberíamos de asumirlo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador.

Senadora Pilar Ortega, por favor.

SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias.

Igualmente bienvenidos a todos.

A mí me entusiasma mucho escuchar lo que hoy ustedes nos han compartido y sobre todo estaba yo revisando esta Iniciativa de 3de3 que contiene elementos muy importantes y por supuesto también el compromiso de suscribir la misma y que yo creo que van a conformarse o forman parte ya de los documentos a estudiar en este debate legislativo.

Creo fundamental que al margen de la definición de si vamos a tener foros más amplios, creo que sí lo importante es rescatar dos elementos:

Uno. El acompañamiento permanente con las organizaciones durante todo el proceso de dictamen. Creo que eso nos ayudó mucho en la Reforma Constitucional y en el éxito de la misma.

Entonces yo creo que estas Comisiones tendrán que plantear a través de qué mecanismos seguimos estando acompañados por las organizaciones de la sociedad civil.

Y, segundo. También creo que lo que sí tendríamos que avanzar en el corto plazo es en que estas Comisiones Unidas sí determinen lo que ustedes llamaron este mapa o agenda de ruta.

Yo creo que eso es muy importante. Teniéndolo pudiéramos ya decir cuáles son los puntos por los que vamos a comenzar.

Entonces yo creo que sí lo podemos hacer independientemente del tiempo que nos lleve la discusión, el análisis, la deliberación, los foros, etcétera, pero sí tener plazos ciertos, tiempos concretos de cumplimientos de metas para poder avanzar.

Y aquí me surge una duda:

Si bien entendí, estaríamos hablando de que en la concepción de ustedes las dos leyes que también nosotros consideramos fundamentales o por así llamarlo, paraguas, sería en la de responsabilidad y la del sistema y que esas pudiéramos establecer, tenerlas en un corto plazo para de ahí partir hacia el análisis del resto de la legislación que tendríamos que modificar. Eso es como una duda.

Y en segundo término, el maestro Bohórquez tocó dos temas fundamentales que es extinción de dominio y fiscalía anticorrupción.

Si bien es cierto que fue un gran acierto que en la Reforma Constitucional se agregara enriquecimiento ilícito al catálogo de delitos que previene la Constitución en el Artículo 22, lo cierto es que este mecanismo no está funcionando porque el diseño constitucional no está funcionando.

Entonces tendremos que hacer una modificación. Yo ya presenté una iniciativa. Sí que vienen más iniciativas incluso del gobierno en este tema.

Creo que debería sumarse a la agenda de lo que estamos trabajando.

Y en el mismo sentido creo, también lo que comentaba hace un momento el senado Encinas, es que también nuestra agenda tiene que tocar el tema de la Fiscalía Anticorrupción.

Porque de otra manera estaríamos dejando un brazo fundamental o un elemento fundamental del sistema sin una claridad y ahí pues creo que un mecanismo puede ser la propia Ley Orgánica de la Fiscalía u otros.

Pero sí tenemos que generar un esquema definido para darle esta autonomía, independencia y funciones claras a la Fiscalía Anticorrupción. De otra manera quedará totalmente, vamos, sin una función clara y sobre todo sin una posibilidad real de incidir en la persecución de los delitos de corrupción.

Entonces esas serían mis reflexiones. Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Pilar.

Senadora Martha Tagle.

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Agradecerles su presencia. Sin duda me sumo al llamado de urgencia que hacen.

Coincido plenamente con ustedes en el tema de que este es un problema que, más bien, que el tema de la corrupción atraviesa todos los problemas importantes por los que estamos atravesando y que no podemos seguirle dando vueltas.

En ese sentido coincido plenamente también en el sentido de no tener más foros, y ahorita voy a atender lo que decía Armando Ríos Piter.

No más foros que no nos lleven a algo concreto, porque me parece que para el tiempo en el que nos encontramos ya deberíamos contar con un proyecto.

Estamos a unos meses, muy corto el tiempo, de que se venza el plazo que violemos nuevamente la ley, del plazo que nosotros mismos nos dimos para aprobar el Sistema Anticorrupción.

Y estamos a estas alturas apenas empezando a discutir en un foro con los mismos especialistas, de lo que debe contener, cuando ya deberíamos estar trabajando sobre un proyecto y los temas concretos, y justamente dándole este tejido fino que ustedes comentaban.

En ese sentido, plenamente coincido, hay iniciativas, pero todavía no tenemos ninguna base de un proyecto de dictamen sobre el cual estar avanzando en ese tema y es algo que no podemos seguir esperando. No quiero que los últimos días de abril estemos tratando de urgir algo que se apruebe simple y sencillamente en las madrugadas, con muy poca transparencia y no venga a abonar en el tema.

Y también quiero agradecerles mucho la claridad a los ponentes que han puesto sobre la mesa, porque después de las intervenciones que escuché en la mañana, me quedé con la sensación de que vienen siendo voces institucionales, que vienen de las instituciones; me quedé con el pesar de que era un tema tan complejo porque cada uno le pone el énfasis en los temas que tiene que ver con las áreas en las que trabajan, y lo que debería tener el diseño, que me imaginaba un sistema que cada vez le ponen más cosas, complejidades y justo de lo que se trata es de que no sea un sistema complejo; porque si algo he aprendido es que la complejidad que generamos en las leyes y en las políticas públicas, en el ejercicio de los recursos, es lo que precisamente da al traste con la transparencia, con la rendición de cuentas y permite la corrupción.

Y lo que yo escuché en la mañana era: ponle acá, ponle, ponle; y me parece que la claridad que ustedes dan con la propuesta que han traído ya escrita y que han discutido durante tiempo, por lo menos a mí me tranquiliza; hay la idea de que esto puede ser mucho más sencillo de lo que parece.

Pero además nos obliga a darnos el tiempo para eso, para hacer este diseño completo del sistema, porque también he estado en otras reuniones que tienen que ver con el tema de archivos, la propia reforma en materia de transparencia, etcétera, y cada vez se habla de más sistemas, que además no están conectados.

Entonces creo que, entre otras cosas, tenemos que darnos la oportunidad a ver el diseño completo, a conocer los flujos de información por cada uno de estos sistemas y cómo justamente esto visualmente funciona y dónde se atora, o sea, tener un diseño claro de todo el sistema para pasar a lo que el senador Encinas decía, una reforma realmente que cambie el tema de cómo se hace la gestión pública y por supuesto que ponga énfasis precisamente en la prevención de la corrupción, sin dejar de lado la sanción.

Sin duda es muy importante contar con este sistema de indicadores de impacto, que también se habló de ello en la mañana, de indicadores que permitan efectivamente saber y poder corregir, o sea, son indicadores que nos puedan permitir no solamente ver si este sistema que se esté diseñando está funcionando; sino también nos permita tener intervenciones para corregir el sistema donde tenga fallas y poder hacer que nuevamente fluya la información que se requiere.

El tema del sistema de indicadores, que se planteaba aquí como la CONEVAL de la transparencia, me parece importante.

Sin duda, me sumo a la idea de que esta séptima silla del Comité Coordinador sea quien encabece este Comité, porque de otra manera no puedes ser juez y parte, al final de cuentas, todos los demás son funcionarios públicos en diferente medida; y aunque son órganos reguladores y de control interno de las instituciones, que se supone que tienen esa tarea; me parece que quien más interés puede tener en tener una coordinación correcta, sin duda es la ciudadanía.

Y solamente para concluir mi intervención, me gustaría entrar a algo de lo que decía mi compañero Armando Ríos Piter, que generalmente tengo muchas coincidencias con él, pero en esta ocasión he tenido algunas con respecto al tema de los foros. Me parece que sí es necesario discutir y tener el acompañamiento de la sociedad civil organizada y hablar, o sea sí, sí es importante.

Pero decía: “¿por qué no tenemos manifestaciones afuera, acompañando esto?”; perdón, pero vean lo que la gente está diciendo: nadie cree que esta ley vaya a servir para algo. Partimos de la desconfianza básica, tenemos que demostrarle que sí funciona, pero para eso tenemos que hacer una ley adecuada.

No creo que sea responsabilidad de la ciudadanía exigir que hagamos el trabajo que nos corresponde sino justo generar la confianza suficiente en una serie de leyes de reformas que puedan cambiar esta percepción de la ciudadanía, porque como están las cosas hasta este momento la ciudadanía simple y sencillamente no cree en ninguno de los niveles de decisiones públicas del poder público.

En ese sentido, me parece que esta es una gran oportunidad de no solamente cambiar la percepción sino cambiar el orden de las cosas.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Tenía registrada a la senadora Cristina Díaz, pero me pide el uso de la palabra el senador Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Nada más para alusiones.

Yo creo que no hay una diferencia, mi querida senadora. Yo no estoy planteando que la ciudadanía venga, digamos, a hacer esa chamba, un poco recupero, como lo decía.

Pero si la gente no cree en la ley, retomo un poco el argumento que está planteando, es, me parece, porque no hemos generado una dinámica de información lo suficientemente contundente respecto a este debate.

Yo creo que es importante que la gente vea que hay mucha inteligencia detrás, mucha pasión por tratar de corregir el tema, que no es un asunto exclusivamente de políticos, por eso me parece que es significativo el retomar que quienes han estado involucrados, ya sea desde el CIDE, desde el IMCO, desde todas las organizaciones que tienen la Red por la Rendición de Cuentas, Transparencia, ha habido un ánimo de hacer una ley que verdaderamente le dé respuesta a los ciudadanos y que hagan que ellos crean en la ley.

Pero estamos atrapados en un circuito, porque lo que queremos es que la gente crea en este sistema, y si queremos que crea en este sistema necesitamos que esté informada de qué va a ir este sistema, y necesitamos que conozca del asunto.

Yo creo que ahí hemos tenido una enorme limitación en cuanto al proceso legislativo en conocimiento de lo que se está tratando de sacar.

A mí me parece que es importante que el próximo mes, para que no haya un tema de que en lo oscurito, al contrario, mi participación iba en esa lógica, que sea en la mayor apertura y dimensión de contacto sobre el tema con la ciudadanía, para que la gente sepa que esta ley la queremos hacer lo suficientemente perfecta, si se puede retomar lo que yo decía, para que verdaderamente sirva. No creo que haya una diferencia sobre el asunto.

Me parece que hay que ver cómo articular esto.

Yo lo pongo aquí y lo podemos comentar en otro lado, porque tal vez este no sea el espacio; pero yo creo que si las organizaciones hoy o algunas de las organizaciones que están aquí se han puesto a recolectar firmas, están haciendo un ejercicio que está involucrando a ciudadanos firmando esta iniciativa en distintos lados del país, me parece entonces que hay que ver eso solamente como un piso para empujar mucho más y que la gente esté mucho más informada. No creo que haya una diferencia sustantiva, senadora.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Ríos Piter.

Senadora, Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación.

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador. Buenas tardes a todos ustedes y una disculpa por mi demora.

Coincido con algunos de ustedes que me ha tocado escuchar, la reforma constitucional en materia de anticorrupción puede no ser perfecta, pero sí creo que hay un amplio consenso de que es un avance significativo e histórico en la dirección correcta. Y que sin duda desde los 80’s aproximadamente se han hecho esfuerzos importantes por tratar de corregir un tema que no lo hemos logrado y que me queda muy claro que, al contrario, se ha aumentado el tema de corrupción; y no solamente en los hechos sino también en la percepción.

Y que algunos de ustedes han dicho: es transversal el tema de la corrupción y el tema de la impunidad atraviesa a la sociedad mexicana lamentablemente, y los esfuerzos están ahí en la historia de la administración pública desde la Secretaría de la Contraloría, hoy la Secretaría de la Función Pública. En la época del presidente Miguel de la Madrid que hay esfuerzo importante por la renovación moral de una sociedad.

El tema de la propia Auditoría Superior de la Federación, que lo que buscamos es darle mayores atribuciones. Hoy vamos a la auditoría en tiempo real con el propósito de quitar algunos principios fundamentales.

Pero ahí coincido con todos, aún falta la parte más importante, que es lo que nos está ocupando hoy, que es la legislación reglamentaria y que valores esenciales de la democracia hoy son: transparencia, rendición de cuentas.

Y hoy se ha sumado un valor muy importante que lo hemos escuchado en los últimos días, que es la integridad, y es una definición profunda, amplia, en la que hoy mismo hace ratito pensaba yo: cómo puedo definir la integridad frente a la honestidad, o sea, no es un concepto fácil y son conceptos que tienen que abundar más en la sociedad y tienen que pasar a ser parte de esta cultura de ética de un valor moral de la ética.

Yo les preguntaría a ustedes y en esa construcción de la legislación secundaria sobre el Sistema Nacional Anticorrupción debe traducirse en instituciones sólidas que den los resultados que está esperando la sociedad.

Claro que hay un desánimo en la sociedad, hay desesperanza y hay incredulidad en cuanto a las cosas que hacemos. Entonces, sí tenemos que tener instituciones sólidas que sea el resultado que está esperando la gente.

Por otra parte, qué tipo de construcción en cuanto a los procedimientos que pueda desarticular estas grandes redes de corrupción, en donde participan el sector público y el privado, llámense empresas, organizaciones no gubernamentales también entran en este grado de corrupción y que buscan ser favorecidas siempre en las tomas de decisiones.

Y en tal sentido cuáles deben ser las características que debemos establecer en la ley, para determinar y que quede muy claro, qué son conductas graves y cuáles deben ser consideradas como delitos y qué elementos no deben de faltar para asegurar la correcta implementación de la reforma.

Esas serían mis preguntas que pongo yo en esta mesa. Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Cristina Díaz.

Yo quisiera platicarles un poco lo que hemos estado haciendo aquí y por supuesto que no soy ajeno a la desesperación que algunos de mis amigos presentan ya la urgencia que existe respecto a las leyes secundarias.

Y lo hemos platicado muchas veces con los amigos que fuimos legisladores que fuimos diputados, qué era lo que estábamos construyendo, hasta dónde pudimos llegar y hasta dónde no pudimos llegar, que era muy poco.

Creo que en esta legislatura del Senado de la República hemos avanzado muchísimo, estamos hablando de dos reformas constitucionales en materia de transparencia y en materia de corrupción, que se dice muy fácil, pero que costó mucho trabajo, mucho acuerdo y que me parece que ha avanzado de manera exponencial respecto a lo que teníamos.

Sin duda a la hora de desdoblar justamente ustedes estuvieron aquí en los foros, en la Ley General de Transparencia que hemos sacado adelante en el Senado, en donde han sido de gran valor estos foros, el escucharlos, el entender el traer a la sociedad civil, a los expertos, a todo aquél que tenga algo que decir, nos ayuda porque en el Senado de la República nadie tiene mayoría, nadie tiene 65 votos.

No estaríamos dispuestos los presidentes de las comisiones que a pesar de que alguien tuviera 65 votos, a sacar algo así y a la construcción de una reforma secundaria, porque las constitucionales se requiere otra votación, para ir a las leyes secundarias con una votación de esta numeralia, pues no sirve, porque lo que se está buscando justamente es la integridad, el consenso de todas las fuerzas políticas, de todos los grupos parlamentarios y así hemos ido trabajando en todo lo que hemos desarrollado.

Yo he platicado con ustedes en corto y en largo y les he comentado que para mí y para una serie de senadores era muy importante poderlos escuchar, saber cuál era el quid de cada una de esas iniciativas, por decirlo así, de un problemario de los temas finos que a cada uno de ustedes les preocupa.

Nosotros hemos recibido la Iniciativa 3de3; la hemos circulado a todos los senadores de la República y hemos sido muy respetuosos, porque a lo mejor lo que sería fácil es suscribirla y presentarla al Pleno.

No lo hemos hecho porque queremos ser respetuosos de toda una estrategia, de toda una visión que tienen al estar recogiendo estas firmas.

Pero evidentemente nosotros estamos analizando, estamos estudiando, ha sido entregada a todos los senadores y en el caso de que el proceso de dictaminación llegue antes, ustedes nos indicarán cómo la presentamos para que esté en una discusión franca, abierta y una dictaminación.

Como ustedes saben para poder dictaminarla es necesario que ingrese al Senado.

Hemos sido todos muy respetuosos de seguir los lineamientos que ustedes nos han marcado para estos temas.

Decirles que la próxima semana nosotros presentaremos un paquete de estas leyes secundarias, de la Ley General de Responsabilidades, de la Ley General del Sistema, del Tribunal Fiscal de la Federación, de la Ley Orgánica del propio Tribunal Fiscal y sin duda también de la Administración Pública.

Estamos pensando en un paquete de 5 iniciativas que se puedan trabajar en un solo documento, además de algunas otras modificaciones.

Como lo hemos hecho y como ustedes conocen la manera de trabajar de los presidentes de estas Comisiones, no usamos, o no estilamos el preparar un dictamen, circularlo 48 horas antes y sorprender a los senadores con un Dictamen que es difícil procesar y estudiar.

Siempre la manera de trabajar ha sido realizar un primer documento de trabajo, circularlo con todos los senadores de la República, con las organizaciones, con el INAI, con la Auditoría Superior, recibir observaciones, procesarlas, hacer unas mesas de negociación, avanzar lo que se pueda y al final del día poderlo convertir en un Dictamen y llevarlo hacia el Pleno.

Es así que el resultado de las votaciones de las dos reformas constitucionales y de la de General de Transparencia, y la Ley Federal de Transparencia, pues tenemos una votación arriba del 95 por ciento.

Nadie está pensando en tratar de mayoritear, y menos en un tema tan delicado como es esto.

Quédense con la certidumbre de que será la misma manera de trabajar, que esperemos que en 15 días tengamos ya un primer documento de trabajo, donde empecemos a arrastrar el lápiz y a intercambiar opiniones de manera ágil.

Y también déjenme decirles que seguiremos haciendo los foros que sean necesarios que pidan los senadores. Estas presidencias han sido incluyentes, tolerantes y entienden que todos tenemos maneras diferentes de pensar.

Seguiremos escuchando a todos los actores que sean necesario, que así los pidan los senadores de la República. Sin duda cualquier comentario viene a fortalecer el trabajo de este Senado.

Y para nosotros también es una prioridad, es una urgencia, estamos trabajando, tenemos una metodología clara de cómo se van a hacer las cosas.

Y bueno, eso es lo que yo les puedo decir y le doy el uso de la palabra a cada uno de ustedes. El que quiera hacer uso de la palabra.

Doctor Merino.

DOCTOR MAURICIO MERINO: Muchísimas gracias senador.

En primer lugar quisiera pedir su autorización, senador Presidente para hacerle llegar el documento famosos que estamos, que sí ha sido; vienen, no es la Ley 3de3, esa ya la conocen, sino el resultado de las deliberaciones en materia de los mínimos, senador Humberto Fernández, que hemos discutido y consensado durante muchos, la verdad muchos meses de trabajo y están plasmados en este documento, que yo sé que el senador Presidente podrá, si no tiene inconveniente, compartir.

Gracias senador Presidente.

Son muchas preguntas y entonces es complicado senador, responder a cada una de ellas como me gustaría, como suele suceder en otros ámbitos más académicos, digamos, más de reflexión.

Entonces le solicito su autorización más bien para hacer una respuesta genérica, si las señoras y señores senadores no tienen inconveniente.

A mí me parece que tenemos que enfrentar, vuelvo a los coloquialismos: tres locomotoras que corren paralelas, no necesariamente chocan sino corren paralelas.

Tenemos en primer lugar una inercia burocrática en México, que todos percibimos.

Esta inercia burocrática impide que se comprenda que las obligaciones entregadas a quienes cumplen funciones públicas, de la naturaleza que sean, incluyen atribuciones y dinero. Y que frente a esas atribuciones y a ese dinero, deben responder al país, deben responder al Estado al que sirven.

Infortunadamente, la inercia burocrática ha alternado las cosas de tal manera que quienes ocupan posiciones de autoridad o de poder, acaban mimetizándose con esas posiciones, al extremo de considerar que son su patrimonio.

El derecho administrativo que hoy tenemos en México ha sido incapaz de romper esa inercia de frenar esa primera locomotora. Y ha sido incapaz, entre otras razones, senador, porque ha individualizado la lógica de la protección que el Estado se da a sí mismo, insisto, frente a los excesos, los abusos, las faltas de sus propios servidores públicos; no ha asumido, no ha entendido frente a esta primera locomotora, que tenemos que insistir en que la Ley General de Responsabilidades, ya pusimos una versión en la mesa; pero cualquiera que sea el resultado de sus deliberaciones, señoras, señores legisladores, no puede mantener la misma visión del derecho administrativo que tenemos; esto es particularmente grave.

Si seguimos pensando que el derecho administrativo es un hijo menor del derecho penal, si seguimos pensando que ese hijo menor del derecho penal solamente puede actuar individuo por individuo, a través de la verificación de procedimientos administrativos que se prueban con documentos burocráticos, que concluyen finalmente una revisión de un Tribunal que revisa esa parte procesal pero no va al fondo de las cuestiones que están planteadas en esos documentos, la impunidad va a seguir siendo la clave de la operación de la inercia burocrática mexicana.

Es muy importante frenar esa locomotora, modificando las piezas maestras del derecho administrativo mexicano y entendiendo que, por lo tanto, el asunto tiene que ver, ya se ha dicho mucho, no voy a insistir más, con redes, tiene que ver con capacidad de investigación de los hechos de corrupción que se presumen y que deben probarse, y tiene que ver con daños al patrimonio de la nación, en cualquiera de sus manifestaciones; pero también con evidencia de que esas personas han incrementado su patrimonio o han trasladado los bienes de la nación para otros fines distintos a los que estaban originalmente previstos, como las campañas políticas, como los partidos, como la construcción de clientelas, como la compra del voto.

Por lo tanto, es necesario modificar las bases del derecho administrativo sobre estas cuestiones, que en otros países operan así desde hace mucho tiempo y que no acaban confundidas, lo dijo muy bien el doctor López Ayllón hace un momento, con especie de brazo de derecho penal, cuando en realidad se trata de otra materia y de otra forma de abordar la materia.

La segunda locomotora es, en efecto, la locomotora del sistema político mexicano. Es verdad que tenemos un trasvase entre los hechos de corrupción que se viven todos los días a través de licitaciones públicas, de otorgamiento de licencias, de fideicomisos públicos, de subejercicios que se trasladan a lugares que acaban siendo verdaderas cuevas de oscuridad y que acaban financiando tanto patrimonios personales como actividades políticas que no pueden ser confesadas ante las autoridades electorales.

Todo esto ha venido sucediendo de manera ya sistemática, se ha vuelto parte del sistema político mexicano y todos estamos al tanto de esta situación.

Por fortuna, la reforma constitucional permite a través de esta legislación secundaria de la Ley General de Responsabilidades y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, efectivamente senadora Martha Tagle, creo que fue quien hizo la pregunta específica, Pilar Ortega, efectivamente son las dos piezas maestras de las que tendré que desprender a nuestra opinión el resto de las reformas jurídicas.

En la Ley General de Responsabilidades que se ha propuesto se incluyen, porque así lo mandata la Constitución, no de manera caprichosa, porque así lo decidió nuestro legislador, nuestro constituyente, decidieron que hubiera una ampliación del derecho administrativo hacia particulares, y nosotros consideramos que es necesario incluir a los partidos políticos una vez más y a los sindicatos, así como a las empresas o a cualquier persona que obtenga beneficios directos o indirectos, personales o colectivos de cualquier desviación en la que se acredite no sólo una falta procedimental sino el incremento de un patrimonio personal y el daño al patrimonio de la nación.

Esa es una propuesta que está concretamente expresada en las deliberaciones y en los documentos de la ley general de responsabilidades.

Mientras se siga creyendo que la mecánica de corrupción que alimenta y engrasa el sistema partidario mexicano – lo digo cuidadosa pero directamente–. Mientras se siga creyendo que sólo se puede atajar por la vía electoral y sólo a través de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral, me temo que nos vamos a seguir equivocando.

La única forma real de atajar ese sistema, esa locomotora política que nos lastima todos los días es reuniendo los elementos jurídicos suficientes para impedir que la fuente de origen de esos recursos siga fluyendo como ha venido fluyendo en los últimos años.

Y esa fuente de origen depende de cómo ustedes diseñen el Sistema Nacional Anticorrupción.

La tercera locomotora –y con esto termino– tiene que ver con, de nuevo sé que me meto en camisa de once varas, pero tenemos una visión muy conservadora del derecho en México.

Tenemos una visión particularmente conservadora en materia administrativa, del derecho administrativo.

No hemos acabado de entender, lo voy a repetir, que el derecho fundamental que existe un derecho fundamental a tener una administración pública eficiente y honesta, y que el derecho administrativo por lo tanto no puede seguir siendo leído en clave patrimonialista, en clave de cómo nos protegemos unos a otros, quiénes son unos y quiénes son otros los que trabajan para el servicio público, los que están en la función pública.

No puede seguir siendo así, porque entonces estos problemas no se van a resolver nunca.

Es nuestra opinión, por lo tanto, que Control Interno y Fiscalización son instrumentos de prevención por su propia naturaleza. Cuando se fiscaliza y cuando se audita se está buscando no a ver quién es el pillo de la institución sino cómo se cumplió o cómo no se cumplió con los objetivos que la institución, e órgano, la dependencia, el ente revisable debió cumplir con sus objetivos.

Lo mismo sucede con el Control Interno. El Control Interno no es una policía interior; no es asuntos internos de una institución policiaca. El Control Interno debe estar construido con el propósito de ex ante garantizar que las distintas funciones que cumple una institución pública efectivamente se cumplan, y que se cumplan de conformidad con los recursos y con los plazos establecidos.

Cuando se habla de corrupción se habla de otra cosa; no se habla de poner a los contralores internos a perseguir a los servidores públicos, del mismo modo que tampoco esperamos que los auditores de la Auditoría Superior de la Federación hagan una labor policiaca; de eso no se trata.

Se trata de que durante el ejercicio de sus funciones, si efectivamente se encuentran situaciones de corrupción, se puedan detectar y llevar a las instancias que ustedes ojalá logren construir y empoderar para hacer la investigación de las redes que estuvieron involucradas en este hecho de corrupción.

Ya al día de hoy, no traigo las cifras en la mano senador, no quisiera equivocarme demasiado, pero tengo en la memoria que al día de hoy, más del 60 por ciento de los procedimientos de responsabilidad que inicia la Secretaría de la Función Pública, proceden por denuncia, no por la investigación de los contralores o por el resultado de las auditorías externas, sino porque la gente lo denuncia. Bueno, las áreas de investigación tendrían que estar preparadas para que eso, efectivamente sucediera.

Y termino ya, la única manera, creo yo, de frenar esta locomotora de una lectura muy convencional, muy conservadora del derecho en México, es en efecto, abriendo la puerta a la vigilancia pública.

Es exigiendo pública, abierta, francamente democráticamente, que el Sistema Nacional Anticorrupción, esté en efecto, construido con el cristal de la vigilancia ciudadana y con suficientes medios para poder mostrar lo que ese sistema está haciendo.

Va a ser muy interesante, por ejemplo, que una de las siete sillas del sistema será el Consejo de la Judicatura, como ustedes saben, creo que nos vamos a asomar a través del Sistema Nacional Anticorrupción, a un territorio que tradicionalmente ha sido difícil de explorar, por decir lo menos.

Creo que -por mi santo- que afirmar esa séptima silla, no como la cabeza política del sistema, eso sería un error, si no como la ventana a través de la cual se puede exigir pública y abiertamente a estas instituciones, al resto de las instituciones, que cumplan con su deber, puede ser una de las garantías de superación.

Me extiendo ya más de la cuenta y aquí termino. Gracias Senador.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Merino.

Doctor López Ayllón.

DOCTOR SERGIO LÓPEZ AYLLÓN: Gracias.

Pedí la autorización de Eduardo y de Juan, que lamentablemente tengo un compromiso académico, tengo que irme a las 5 y media ya, del otro lado de la ciudad.

Y seré muy breve.

Decían que parecía muy complicado. Yo creo que el sistema no es tan complicado, yo creo que es un espacio dónde está el que fiscaliza, el que hace el control interno en la Administración Pública Federal y a través de ellos, probablemente las contralorías de todas las entidades federativas y de otros órganos autónomos, está el fiscal, está el que juzga, tanto la parte administrativa, como la parte jurisdiccional, están los ciudadanos, está el fiscal.

¿Qué es lo que tienen que hacer?

Pues lo que tienen que hacer, es concertar las políticas para que cada quien, en el ámbito de su acción, actúen de manera conjunta. Y muy probablemente va a ser, dada la dispersión y la amplitud del fenómeno, que puedan atacar todo al mismo tiempo, yo creo que eso sería un error, yo creo que por el contrario, que una estrategia de focalización y de concentración de esfuerzos de todos los órganos que integran esto, permitiría empezar a genera los resultados, cuya última racía, no es sancionar es a los corruptos, cuya última racía, es que la administración, las administraciones, en realidad, funcionen adecuadamente.

Ese es, me parece, el sentido.

Y el diseño institucional tendría que facilitar, que en vez de que cada quien llegue a pelear su pedacito de parcela, suele suceder, lo hemos visto, que logren una acción concertada, focalizada, una política pública y luego puede haber muchas otras, que faciliten entonces el tránsito a este resultado que estamos pidiendo.

Y entonces sí creo que la lógica de la integridad da ese sentido por sobre la lógica de la sanción porque creo que también hay que combatir la percepción de que todo servidor público es corrupto hasta que se demuestre lo contrario.

Me parece, y que el éxito del sistema estará en meter mucha gente a la cárcel. Ojala sí con una buena Ley de Responsabilidades pueda haber consecuencias cuando se detecten las conductas incorrectas.

Hacer esto es suficientemente difícil para que suceda bien, hay que hacerlo. Pero parece que la lógica del sistema está en esta idea de ir modificando estructuralmente las conductas de manera parcializada y que el diseño institucional tendrá que orientar a que estas 7 sillas trabajen de manera concertada y tenga entonces.

Y los pesos y contrapesos están entre ellos justamente y por eso la importancia de la séptima silla, la silla ciudadana, porque es la que si funciona bien evitará que en vez de culpas mutuas; yo lo acusé, tú lo soltaste, o tú nunca ejerciste la acción, o mil otros ejemplos que me pueda imaginar, se vuelve una lógica no de ese tipo sino una lógica de acción concertada y de responsabilidades compartidas en órganos que tienen sus competencias porque se sabe quién controla, quién fiscaliza, quién acusa, quién juzga.

Esa me parece que debería ser la lógica inherente y que es la que me parece que vale la pena discutir y luego darle la herramienta correcta que es una buena Ley de Responsabilidades Administrativas en la lógica que ya dio el profesor Merino.

Yo con esto haría mi comentario.

Agradezco muchísima la invitación y les pido una disculpa por tener que salir. Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Muy amable doctor.

Le damos el uso de la palabra al maestro Bohórquez.

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ: Gracias senador

Bueno, hay muchos temas y como siempre poco tiempo. Eso no sé si abre la puerta para la propuesta del senador Ríos Piter, de mantener foros permanentes.

Pero lo que me queda muy claro es que esta va a ser una batalla mucho más larga que la batalla legislativa.

Esta es una batalla de cambio de régimen y me queda claro que también que pocas veces hemos visto una política nacional. Bueno, no, no existe una política nacional articulada en el tema.

Si ustedes van a la conferencia permanente de contralores estados-federación, que está presente a través de cada uno de los contralores de los estados, lo que verán son discusiones muy interesantes en los que la Federación le lleva a los estados los temas, ellos debaten entre sí, hablan de mejores prácticas y de algunas campañas anticorrupción y pro transparencia que tienen pero no hay una política nacional.

Hay, si acaso, la transferencia de algunas experiencias nacionales o federales al ámbito estatal.

Yo me imagino que en un Sistema Nacional Anticorrupción como el que se haya descrito aquí ampliamente, la Reunión Nacional de Contralores tenía un solo objetivo: ver cómo nos acercamos al cumplimiento de las metas que tiene la política nacional anticorrupción y qué tiene que hacer cada uno de los estados de la República para que esas metas se cumplan.

Sería una reunión muy diferente a la que ahora tenemos. Sería una reunión de trabajo frente a un tablero de control donde habría 50 indicadores y tendríamos que ver si nos estamos acercando o no al cumplimiento de estos indicadores y de estos objetivos.

Pueden ser de carácter preventivo, pueden ser de carácter punitivo, pero el hecho es que en este momento no tenemos tal plataforma a nivel nacional, no hay una mesa en la cual el Estado se reúna a discutir si está cumpliendo o no una política nacional.

En primer lugar, porque no hay una política nacional y, en segundo lugar, porque el diseño institucional no permite que se avance de esta manera.

Me queda muy claro también, escuchando este cambio de régimen al que hacía referencia el senador Encinas, que nuestro sistema de control está diseñado, o estuvo diseñado –lo recordaba también la senadora Díaz- desde la lógica presidencialista y desde la lógica vertical a la que ya se hacía referencia aquí.

Era un instrumento de control del Presidente, no un instrumento de control democrático.

Estamos desmantelando un sistema de control vertical, tradicional, la Contraloría General de la República lo que buscaba era meter en orden a los adversarios políticos y a los miembros del equipo presidencial, pero no rendir cuentas y no hace de este un sistema donde el control democrático fuera el imperante; sí, sí estamos desmantelando una estructura vertical, presidencialista, diseñada desde el modelo de partido hegemónico o partido casi único, para tener un modelo de carácter democrático, pero no se lo hemos dicho, y ahí puedo coincidir con el senador Ríos Piter, no se lo hemos dicho a la opinión pública.

La opinión pública no ha entendido que hemos tocado juntos, los que nos interesa que cambie la ley y quienes pueden hacer que la ley cambie, hemos cambiado más de 14 artículos de la Constitución, y esa hoja de ruta, a la que hacía referencia Juan, no está clara para nadie. Parecería que la única hoja de ruta son los transitorios de la reforma constitucional y no un plan ambicioso que tiene que definir y cambiar la legislación en los estados, más de 20 instrumentos federales de ley y estas dos leyes generales.

Me da la impresión de que no hemos logrado persuadir a la opinión pública del alcance de este cambio, en buena medida, senador Ríos Piter, yo no estoy convencido de que todos en este momento veamos la necesidad de un cambio tan profundo en los órganos legislativos.

Tengo la fortuna de ver cada semana a los diputados de distintos grupos parlamentarios y no solamente, senadora, consideran que esto es complicado, no saben por dónde empezar y no tienen claridad de hacia dónde tenemos que enfilar las baterías en este tema, entonces yo también coincido con Juan, se necesita una hoja de ruta y se necesita lo que los anglosajones llaman unsituation room, un cuarto de situación en donde veamos qué estamos avanzando, quién está avanzando, qué se está haciendo y se informe permanentemente a la opinión pública.

Sobre la movilización ciudadana tengo una posición, trabajo en un organismo internacional, de Transparencia Internacional, y con regularidad nos reunimos los capítulos para discutir estrategias a nivel regional o global; yo sé que en este momento, en muchas mesas del país me ha tocado escucharlo de muchos empresarios, de muchos activistas en el país, les encantaría que tuviéramos una CICIG, como en el caso de Guatemala; una Comisión internacional independiente.

Hay también a quien le gustaría mucho que hubiera movilizaciones como en El Salvador, como en Honduras, como en Brasil, donde los ciudadanos salieron a las calles a exigir que cambiara el sistema. Son alternativas políticas para nuestra sociedad y para nuestro país; me parece que la decisión que hemos tomado quienes estamos aquí, no detrás, sino delante de la iniciativa 3de3 es otra. Lo que queremos es que esta irritación, esta movilización social se traduzca en cambios institucionales.

Lo que hemos descubierto de los casos que acabo de mencionar, es algo que platicamos Juan y yo el otro día en un chat sobre las primaveras árabes, tuvieron una enorme movilización social y terminaron siendo gobernados por militares. Me da la impresión de que lo que queremos de la primavera mexicana, si me permiten llamarlo así, es que haya esta amplísima participación social, sí, pero para transformar de fondo el régimen político y para transformar las instituciones.

De muy poco nos va a servir sumar a las otras muchas razones para manifestarse, estoy pensando en Ayotzinapa, estoy pensando en Tlatlaya, estoy pensando en las que se agregan cada semana, como decía el senador, de muy poco nos va a servir agregarle el tema anticorrupción si no hay una salida institucional y de transformación. Creo que en eso también coincidimos.

Lo que espero de la primavera mexicana es que la gente se movilice para transformar el régimen político y administrativo del país.

Por último, sé que hay una serie de preguntas, comentarios de carácter mucho más técnico y mucho más específico, me gustaría por supuesto abordarlo, no lo hago en respeto del tiempo compartido en esta sesión; pero sí tengo la impresión de que tenemos que empezar a ver esto como sistema de la siguiente forma y ojalá con esta muy, muy sencilla ilustración lo pueda transmitir:

Cuando pensamos en las licitaciones públicas, normalmente pensamos en el proceso que va de la publicación de la convocatoria a la adjudicación de un contrato. Y cuando de manera espontánea algún gobernador, algún alcalde quiere enfrentar el problema de la corrupción, lo que hace es por ejemplo, subir a Youtube esta parte del proceso; y dice: “vamos a grabar todo, vamos a ponerlo desde la convocatoria hasta que se adjudique un contrato.

Y me da la impresión de que estas soluciones, que no lo son, o estas propuestas parciales, han ido agravando el problema de la corrupción en el país, porque todos sabemos que el problema empieza desde la planeación, desde la determinación de la necesidad del bien, del servicio o de la obra pública, e incluso en un sistema democrático como el nuestro desde las propuestas de campaña.

Digamos, si el candidato que ha sido favorecido con el voto popular propuso hacer la obra A o B, y decidir que uno va a proponer A o B nos lleva al tema que se ha planteado aquí de la corrupción política, me da la impresión de que el problema no estaba en la licitación. El problema empezó desde el ciclo democrático en el cual se hicieron planteamientos que venían con los dados cargados y que sencillamente se reflejan en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales y en la determinación de las licitaciones.

Muchas de las licitaciones polémicas que hemos visto en los últimos meses vienen incluso de otras administraciones.

La Comisión Intersecretarial para Desincorporaciones decidió hace siete años algo que se materializa o en el apagón analógico no hay decisiones que vienen incluso de otras administraciones.

Me da la impresión de que no hemos visto a la política pública como ciclo, y seguimos pensando, como en los años 80 y 90 que hacer una auditoría es enfrentar la corrupción.

Como decían los gobernadores cuando yo era más joven: “A mí que me auditen” ¿no? Como si la auditoría fuera a resolver algún problema en esta materia.

Creo que lo que en palabras de muchos especialistas, algunos aquí presentes y otros que han estado en las deliberaciones, lo que está por delante es entender que este sistema no es sólo porque se juntan las piezas del rompecabezas sino porque tenemos que empezar con el ciclo de política pública completa.

Si hay una parte preventiva debe haber una parte punitiva. Y cuando hablamos de desmantelar redes de corrupción creo que a lo que nos referimos es sencillamente a que la hermana gemela de la corrupción, la impunidad no esté presente como está presente todos y cada uno de los días en el país, en una línea.

Transparencia sin una anticorrupción efectiva es igual a impunidad.

Y hoy tenemos, gracias a la exigencia social y gracias a este Senado, más transparencia. Todavía no tenemos anticorrupción efectiva, y por lo tanto gozamos de altísimos niveles de impunidad en este país.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, maestro Bohórquez.

Doctor Pardinas.

DOCTOR JUAN PARDINAS: Muchas gracias, senador Escudero.

Empiezo con una coincidencia con el senador Luis Humberto Fernández y una diferencia que tal vez fue responsabilidad de un malentendido de mi parte.

La coincidencia es la parte del ciclo que mencionó usted con muchísima precisión del acompañamiento de apoyos electorales ilegales que después se convierten en contratos.

Creo que lo tenemos que atender y va a haber, eso es un problema que refleja, yo diría, es como una especie de gota en el océano, o cubeta, porque es bastante más grande, barril o alberca, que refleja todo el problema y cómo lo tenemos que empezar a enfrentar de manera sistémica y de muchos frentes, y que con una sola bala no lo vamos a poder acabar.

La parte que tal vez fue un malentendido mío fue la solicitud de que nosotros presentáramos los mínimos irreductibles.

Llevamos, me encanta sentarme a platicar con Mauricio y con Eduardo, pero llevamos como ocho meses sentándonos a definir los mínimos irreductibles que están en el documento que presentó Mauricio y en la ley 3de3.

Respetuosamente creo que ya hicimos parte de la chamba que le corresponde a esta Asamblea Legislativa. Y más bien lo que nosotros esperaríamos, es al revés, que ya en función de lo que nosotros les presentamos ustedes determinen de esos documentos qué les parecen de los irreductibles y qué no.

Si entendí mal, me disculpo; y si no, no sé si estoy hablando a nombre de todos, por lo menos al mío propio, creo que los mínimos ya los construimos y ahí están y los presentamos.

La diferencia de con mi amigo, el senador Ríos Piter, ¿dónde nos va a agarrar el 28 de mayo, Armando? El día que se vence el plazo constitucional.

Son muchas cosas, hay que definir el mapa de ruta. Y en esta discusión de foritis, no foritis, más foros, menos foros, cancelación del proceso, no quiero tomar aquí una visión de que la ciudadanía no participa, por supuesto que no, pero creo que hay una idea que me sorprendió un poco que no la mencionara Eduardo, porque es de él, que es que esto cambie las reglas.

Él dijo una frase muy importante, esto implica un cambio de régimen y lo que quiero avanzar aquí que sea un cambio no sólo de fondo sino de forma, atendiendo una de las frases de los fundadores del sistema político mexicano de democracia, a manera de don Jesús Reyes Heroles de que en política la forma es fondo.

Por qué no pensar en que este proceso legislativo se apegue y esa es la idea de Eduardo, a las reglas más estrictas de parlamento abierto que existen en el mundo.

Uno este llamado cuatro de situación, pues quizá más una pecera que un cuarto y si algún senador, por ejemplo, sobre la ley general de Responsabilidades, la Ley 3de3, legítimamente se opone a que se haga la declaración patrimonial, puede ser, es una diferencia de criterio que habrá que discutir.

Que lo haga en el Canal del Congreso, frente a la sociedad mexicana y que argumente de manera explícita por qué no está de acuerdo. Si se hacen cambios sobre las propuestas, ya sea la nuestra, la que ustedes presenten, que los cambios tengan madrina o padrino, que no estén huerfanitos, que se vea quién acompaña esos cambios, quién los promueve.

Y yo creo que con el tiempo y la energía que le hemos invertido varias de las organizaciones aquí, pues estaríamos muy honradas en formar parte de esa pecera de situación o no sé cómo llamarlo, pero que combine la transparencia, criterios de parlamento abierto, que incorporas ya sobre el trabajo legislativo, ya sobre temas muy específicos.

No sobre conferencias y cosas que pueden aportar mucho, yo vivo de eso, no me voy a presentar objeciones al respecto, pero sí ya sentarnos a trabajar con una agenda y con propósitos mucho más claros para ir avanzando, atorándonos y desarmando esos puntos de controversia, que es el proceso natural de toda negociación y ojalá pudiéramos incidir no sólo en la forma sino también en el proceso determinado por los criterios de parlamento abierto.

Muchas gracias y gracias senador Escudero por la cortesía y el respeto hacia nuestra propuesta, porque sabemos que está en su derecho constitucional de haberla presentado usted o algún otro de los miembros del Senado y agradecemos mucho que no hayan permitido este espacio justamente de trabajo ciudadano para conseguir las firmas y lo valoramos mucho.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Los agradecidos somos nosotros y estaremos pendientes si requieren que la presentemos para hacerlo, aunque le insisto, yo le he circulado ya a todos los senadores para que la tengan, para que la conozcan con las otras iniciativas y doctor quédate con la certeza, como siempre lo hemos hecho, de tener un debate público, abierto, de coincidencias y de diferencias, como las hemos tenido con el doctor Merino. Siempre hemos expresado el por qué sí o el por qué no; a veces estamos de acuerdo, a veces no.

Me parece que las posiciones delicadas en el Senado que vimos, como los temas de derechos humanos, que eran temas muy delicados, algunos subimos a decir por qué no estábamos de acuerdo y otros por qué sí estaban de acuerdo. No tendría por qué ser diferente esto.

Me parece, como bien dices doctor, que a cada uno de los artículos, de los temas importantes cruciales que se han presentado al haber alguna negativa o alguna discrepancia habrá que decir el razonamiento jurídico igual de allá para acá.

Como siempre les ofrecemos, tener una mesa abierta sobre el documento de trabajo, recibirlos, volvernos a juntar y trabajar de la mano de manera permanente.

Si nadie quiere hacer el uso de la palabra, les agradezco el haber estado aquí con nosotros. Muy buena tarde.

Gracias señores.

Martes, 23 de febrero de 2016. 16:00 horas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Buenas tardes a todas y a todos. Damos inicio al segundo día de estos Foros en materia de corrupción, el día de hoy con la participación de los secretarios de fiscalización de los estados de la República.

Les damos la bienvenida. Estamos muy interesados en poderlos escuchar, en poder integrar sus comentarios en estos procesos de dictaminación, sus experiencias, sus preocupaciones y lo que tengan que aportar en este proceso.

Ha sido voluntad de los presidentes de estas comisiones, del presidente Yunes, de la Comisión de Justicia; del senador Alejandro Encinas; de nuestra amiga, la senadora Cristina Díaz; escuchar a los secretarios de los estados.

Para nosotros el tema federal sin duda es importante, pero el tema estatal no es un tema que podamos dejar de lado.

Bienvenidos, nuevamente.

Conocen el formato, es un formato abierto, tienen el uso de la palabra hasta por 10 minutos o el tiempo que deseen hacerlo.

Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes, contadora Carmen Teresa Ramírez, tiene el uso de la palabra.

C.P. CARMEN TERESA RAMÍREZ ANDRADE: Muchas gracias, senador Pablo Escudero, senadora Cristina Díaz.

Muy brevemente, primero saludarlos a ustedes, los integrantes que están presentes, de las comisiones unidas de Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana; de Justicia y Estudios Legislativos.

Su servidora, titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Aguascalientes agradece esta oportunidad, para nosotros es una oportunidad muy importante que los órganos de control interno seamos partícipes en esta transformación que nos está tocando vivir.

Me queda claro de alguna manera, el espíritu del poder constituyente en los alcances de la reforma en materia de lucha contra la corrupción, de ahí se derivan mis comentarios respecto de las precisiones en las leyes secundarias, con base en el análisis de algunas iniciativas presentadas por algunos grupos parlamentarios y de este análisis, advierto algunas inquietudes en estas iniciativas.

Sobre todo, mi inquietud la planteo en el sentido de que estas iniciativas no cumplen cabalmente con los principios rectores de combate a la corrupción, como lo señalo a continuación:

Las iniciativas que yo revisé, que ciertamente todavía no tienen el carácter de iniciativas, sino son propuestas de algunos grupos parlamentarios; en mi opinión tienen muchas carencias de atención a los principios constitucionales, a diferentes tipos constitucionales.

Por hablar de algunos de ellos, tocaré algunos: el principio de individualización de las sanciones, se queda demasiado corta las disposiciones que existen porque no aclaran ni establecen reglas para considerar las infracciones graves para separarlas de las que no son graves.

No tienen tampoco ninguna calificación para determinar capacidad económica del infractor.

No se establecen mínimos ni máximos de las sanciones, que es muy importante que encuentren mínimos y máximos.

No se establece la reincidencia, las condiciones de reincidencia.

Y bueno, tenemos otro tipo de principios que también violan la legalidad y la seguridad jurídica. Por ejemplo, no hay congruencia entre las infracciones y las sanciones; a fin de que los castigos de los servidores públicos sean de alguna manera homologados en un principio de equidad constitucional.

Se han homologado aquellos que aplican otras leyes, por ejemplo de tipo civil o de tipo fiscal. Creo que en muchos casos son excesivas, por ejemplo, se habla un mínimo de tres tantos para una sanción económica, cuando en otras leyes tres tantos, estamos hablando de confiscatorias.

Creo que hay que atender mucho también que haya equidad entre sanciones que se aplican a ciudadanos en otros términos, como las fiscales; y las que se aplican a servidores públicos. Creo que sí hay una disparidad importante.

Y obviamente esto es también violatorio de garantías individuales.

No encontramos que hay una relación de conductas infractoras con la sanción correspondiente a cada caso en particular, a fin de respetar la aplicación estricta de la ley y no a un acto discrecional.

No se dice a esta sanción corresponde a este tipo de infracción y se deja abierto. Hay estas sanciones, pero no se dice a una infracción donde haya, por ejemplo, beneficio indebido es una sanción grave y por lo tanto le corresponde el cien por ciento de las sanciones.

Debe de haber una relación. Si no existe, quedaría en letra casi muerta.

También se habla en la ley de que los órganos de control interno seremos parte de la investigación, pero yo creo que está muy corto en el sentido de que no se dan facultades suficientes para que formemos parte de la investigación, porque finalmente en una investigación nos concretaríamos a aprobar hechos constitutivos de alguna falta, pero no podemos ir más allá ni para poder reintegrar un expediente, por ejemplo en materia de enriquecimiento ilícito o cualquier otra de estas que están consideradas como faltas, no tenemos muchas facultades, sin embargo, nos consideran como parte de la investigación.

Otra situación que encuentro es que no se están señalando ni reglamentando los requisitos que deben contener las denuncias para cumplir con el requisito de procedencia y respetar garantías del debido proceso. No está esta parte, al menos en estos proyectos.

Precisar una sanción para quienes denuncian falsamente.

Yo creo que es muy importante, porque si no esto va a abrir puertas de denuncias que creo que pudieran ser dañinas en lugar de beneficiar, porque se estaría prestando a muchas sanciones, como sucede en las llamadas telefónicas a los 066.

Se hace de manera descontrolada y no existe una sanción para quien actúa con una denuncia no fundada.

Yo creo que sería muy importante también establecer sanciones para quienes hagan denuncias sin que estén fundadas sus denuncias.

Hay que establecer las conductas infractoras para quienes coloquialmente se conocen como “prestanombres”.

Sí se encuentra dentro de la ley el término de la existencia de esta figura, pero no hay una sanción para un prestanombres.

Yo creo que con el espíritu que lleva la Constitución también habría que sancionar a quien otorga la facilidad a algún servidor público para que en su nombre se adquieran bienes, se invierta, etcétera, y no haya ninguna sanción hacia esta figura.

Otras violaciones a garantías individuales, por ejemplo a la protección de datos individuales, está el caso de que se obliga a declarar datos personales en declaraciones que se establecen como públicas tratándose de la patrimonial y la de conflicto de interés.

En estos proyectos se establece que serán públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés cuando en las leyes aplicables, en la Ley de Transparencia se establece que son públicas la parte que la persona autorice a que se le dé publicidad. Ahí hay otro tipo de contradicciones.

Está el caso de que se pretende utilizar el usuario simulado, y a este usuario simulado se le autoriza como medio de prueba el utilizar grabaciones o registros ocultos. Esto también es violatorio y la propia ley los considera como pruebas ilícitas porque están obtenidos de manera ilegal.

Todos sabemos que la cuestión de grabaciones y el ocultamiento de cámaras es una situación ilegal y, por tanto, ahí hay este tipo de carencias.

Se debería profundizar sobre la simulación. Yo creo que en estos tiempos ya no se dan los casos de, al menos no

conozco, donde se diga: “Dame dinero por esto”; o sea, que sea una situación de esta naturaleza.

Yo creo que cada día por los anuncios que vemos, lo que se detecta en las auditorías y demás, pues sí existen casos de simulación. Ha habido mucha publicitación sobre casos donde existe la simulación, pero está muy levemente reglamentada.

Entonces, creo que en esta materia tenemos muchas otras leyes que hablan de la acumulación, que nos pudieran apoyar para reglamentar la simulación.

Ayudaría mucho la aplicación supletoria de las leyes. Aquí no se está manejando ninguna aplicación supletoria de otras leyes y creo que muchas leyes de derecho común nos darían luz en procedimientos en los cuales es omisa esta ley.

Entonces, no sería necesario si utilizamos la supletoriedad del derecho común para resolver muchos problemas que no están contenidos en estas leyes.

También encontramos en estas propuestas que existen normas imperfectas, esto es el caso de que se establecen obligaciones para partidos políticos, personas físicas y morales, sin que se señale la consecuencia o sanción de no cumplir con estas obligaciones.

Entonces, al no existir una norma que castigue esta falta de cumplimiento, pues se convierte en letra muerta lo que se obliga a partidos políticos, personas físicas y morales. Entonces, habría que perfeccionar estas normas para sancionar su incumplimiento.

Encuentro falta de definición en varios conceptos, por señalar algunos, el concepto de usuario simulado, o sea, para que sea válido pues habría que poner una definición.

Se habla mucho para comprobar algunos casos de los señalados como conductas indebidas que para comprobarla bastaría con demostrar la intención. Yo creo que demostrar la intención es un término muy complicado, subjetivo, que no nos daría cómo se demuestra la intención de que haya un hecho de corrupción y se señala mucho eso como una de tantas maneras de comprobar el hecho.

Entonces, creo que aquí habría que poner atención a esto, porque la intención de que una persona tenga la intención de hacer algo indebido, no es una prueba, se me hace como algo como muy complicado el que se hable de la sola intención.

No se establece tampoco en la ley los requisitos que debe cumplir cualquier resolución donde se le señale al inculpado los medios de defensa a que tiene derecho. Esto también es muy importante, porque si no, los dejaríamos prácticamente en un estado de indefensión.

Yo encuentro que sobre estas propuestas que, al menos las que están publicadas, pues sí adolecen de muchas faltas, de muchas situaciones que abonan a la falta de garantías individuales.

Yo creo que la Constitución es muy clara en cuanto a qué es lo que se pretende y ya lo que son las leyes reglamentarias, la ley específica en este caso, pues se quedan muy cortas en el cumplimiento a lo que viene en la Constitución y yo creo que eso sí se debería corregir porque cualquier violación a garantías individuales estaríamos en un caso que sirvió para nada.

Entonces yo creo que hay mucho que hacer. Considero que los Órganos de Control Interno podemos coadyuvar, podemos seguir coadyuvando con ustedes en el análisis y presentación de lo que vivimos a diario; de lo que vivimos a diario con nuestras propias resoluciones, lo que vivimos a diario con nuestras propias legislaciones locales que también tienen problemas como los que traen estas propuestas que se han presentado y que al final del día nos llevan a determinar que tanto esfuerzo, que tanto trabajo en el desarrollo de una revisión, en la determinación de responsabilidades, finalmente cuando llegan a los tribunales pues ahí se quedan.

¿Por qué? Porque estas reglamentaciones si no respetan perfectamente los principios constitucionales, ¡todos!, porque todos entran aquí, pues estaríamos teniendo serios problemas y realmente la aplicación no tendría ningún efecto.

Entonces, yo básicamente mi petición sería esa en términos generales.

La Constitución es muy clara, vamos respetándola y vamos haciendo que nuestras leyes reglamentarias obedezcan cabalmente a estos principios constitucionales.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias secretaria.

Celebro su intervención. El día de ayer que tuvimos algunos foros, pues algunos de los compañeros (falla de audio de origen)… la urgencia y algunos decían que estas iniciativas que se habían presentado se dictaminaran en sus términos, sin moverle ni una coma.

Celebro que empiecen a llegar abogados a estas audiencias públicas (falla de audio de origen)… advierta la

inconstitucionalidad de las cosas que muchos hemos visto (falla de audio de origen)…vamos a corregir.

La felicito de verdad. Bienvenida.

El Contralor General del Gobierno del Estado de Baja California, maestro Bladimiro Hernández Díaz.

MAESTRO BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ: Antes que nada agradecer a este Honorable Senado de la República la invitación y celebrar que acudan a estas consultas.

Si bien el Gobierno Federal y sus diversas instancias han realizado algunos esfuerzos, su necesario correlato será tomar las medidas a nivel de las entidades del país.

No hice un trabajo tan detallado como la Contralora, pero sí tengo algunos comentarios que me gustaría que ustedes conocieran:

El combate a la corrupción en México es quizá la tarea más importante de los actores e instituciones políticas de nuestro país.

A pesar de esfuerzos importantes que se han emprendido en esta materia, sigue creciendo la desconfianza ciudadana en sus instituciones, generando un proceso de descomposición de la legitimidad del sistema democrático.

Durante las últimas 3 décadas, México ha avanzado en la construcción de instituciones de fiscalización, evaluación y transparencia, para controlar la corrupción.

Actualmente el país cuenta con instituciones como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, encargadas del control y fiscalización de la gestión pública, y se creó ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información, todo ello para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer lo que su gobierno hace.

Esas tres instituciones han sufrido cambios importantes tanto en la ampliación de sus atribuciones y funciones como en el perfeccionamiento de sus técnicas y métodos.

No obstante, a pesar de estos esfuerzos hoy vivimos en un clima de duda ciudadana que está más que justificada, ya que todos los días se conocen y se denuncian actos de corrupción.

Ahora bien, contrario a las afirmaciones del señor Presidente de la República, yo estoy convencido de que la corrupción no es una cuestión cultural inherente a los mexicanos.

Se trata más bien de un sistema político que ha generado incentivos perversos que hay que corregir.

Las recompensas se han invertido y actualmente negociar, evitar o incumplir la ley, se ha vuelto más efectivo, fácil y barato que respetarla.

Para atender esta problemática se han emprendido esfuerzos políticos legislativos, que representan grandes avances en la materia. No obstante, debe añadirse un verdadero esfuerzo institucional de todos los ciudadanos para cambiar el rumbo del país hacia una democracia sólida y de resultados de alto valor público.

Ciertamente el sentido de todas estas reformas busca evitar la corrupción desde la óptica del servidor público, pero ello no va a funcionar si no entendemos que la corrupción tiene varios actores; si no entendemos que parte importante de la corrupción son los ciudadanos, son los empresarios, son los periodistas y todas las personas que de una o de otra forma recurren al camino fácil de la corrupción.

Si no existe un mecanismo que también castigue las acciones de estos otros elementos de la corrupción, el sistema no va a funcionar.

Ahora bien, la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción fue producto de un esfuerzo amplio, que tuvo como origen tres iniciativas, en donde las coincidencias de estas iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, son producto de una importante concertación a favor del ejercicio responsable de los recursos públicos. Es un buen inicio.

La Auditoría Superior de la Federación, por otro lado, nos ha convocado y ha presentado el resultado de sus trabajos, a través de un sistema nacional anticorrupción a nivel concepto, basado en dos grandes elementos:

El primero, es el tema de las sanciones, perfeccionar y garantizar que las sanciones se apliquen. Pero aún más importante, generar mecanismos de prevención y disuasión.

Este esquema ya presentado precisamente en el Sistema Nacional de Fiscalización, de lado de las sanciones, comprende tantos las sanciones administrativas como las sanciones penales; y del lado de la prevención y disuasión, por supuesto que trabaja sobre todo en el tema de la información pública y en el tema de la fiscalización.

Ahí tenemos, pues, ya la definición de generar archivos que estén a disposición de toda la ciudadanía y de todos los agentes económicos del país, sobre todo a través de la modificación a la Ley de Transparencia y la creación de un nuevo instituto.

También se ha avanzado enormemente en materia de una contabilidad gubernamental más transparente, técnicamente más correcta y de uso generalizado en Ayuntamientos y también en gobiernos estatales.

A la fecha, este programa está apenas en la última transición hacia Ayuntamientos.

El acceso de la información, por supuesto, se trata de que exista la garantía de que sea veraz, oportuna y por supuesto más información siempre genera ciudadanos más participativos.

La promoción y evaluación del control interno es, desde el punto de vista técnico, para el Sistema Nacional de Fiscalización, un proyecto importante que se ha estado impulsando. Se ha estado trabajando consistentemente y en este momento se está actualizando a los nuevos reglamentos internacionales, sobre todo de COSO 2013.

Claro que en la promoción y el control de integridad de los funcionarios es un tema importante. Hay algunas propuestas ya trabajándose en el Sistema Nacional de Fiscalización, y por supuesto el perfeccionamiento de la Auditoría Gubernamental, con ejercicios de capacitación, con nuevos elementos técnicos que también son necesarios para este proyecto de prevención de la corrupción.

En el tema de sanciones, por supuesto, hay algunas ideas ya importantes definidas. Desde luego la creación, con apoyo del Poder Judicial, de tribunales especializados y en particular la creación de la fiscalía, que deberá de ser autónoma.

También del lado de las sanciones administrativas, tenemos la idea de crear una ley general de responsabilidades que vendría a resolver una serie de problemas, algunos de ellos ya señalados por mi antecesora; pero que en corto podemos señalar simplemente que una buena parte de los resultados de la fiscalización terminan en un sentido estéril porque las leyes locales tienen periodos de prescripción, incluso menores a dos años.

De tal suerte que cuando la Auditoría Superior o las entidades de revisión llegan a revisar, a fiscalizar, encuentran que la mayoría de las irregularidades ya prescribieron. Creo que una ley general deberá de resolver este tipo de temas, más los que ya señalaron aquí. Por supuesto, la creación del Tribunal especializado en la materia.

De tal manera que este fortalecimiento institucional del sistema nacional anticorrupción ya tiene algunos planteamientos que hemos platicado y que sería importante que los legisladores lo conocieran y lo tomaran en cuenta.

Tal vez el día de ayer haya sido planteado, no estuve presente, tanto por el Auditor Superior como por el Secretario de la Función Pública.

El primero, es el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación que por ahora ha enfrentado algunas barreras, sobre todo en los preceptos que tienen que ver con la anualidad y posterioridad en sus revisiones y la dificultad que tenían. Ahora ya van a poder hacer revisiones, digamos, en tiempo real.

El fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, que aunque en un momento de nuestra historia estuvo condenada a desaparecer; sin embargo, una buena idea es rescatarla y ahora lo que hace falta es fortalecerla para que desarrolle su papel de manera más amplia.

Por supuesto, las modificaciones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

Creo que estos temas habrán de dar certidumbre y rumbo a estas reformas.

El Sistema Nacional Anticorrupción, pues, deberá ser una instancia de coordinación de todos los órdenes de gobierno. Todos ellos trabajando en la prevención, detección y sanción en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Por supuesto, la fiscalización y el control de los recursos públicos cada vez de manera más objetiva y técnica.

Estos dos subsistemas actualmente ya se encuentran funcionando. Habrá que ver qué cobertura y qué cobijo jurídico les dan las nuevas reformas.

El Sistema Nacional de Fiscalización, que ya existe, donde participan tanto la Auditoría Superior como la Función Pública y los 32 contralores estatales más los 22 auditores superiores de los estados.

Ahí tendríamos, pues, el contacto más amplio y directo con estos temas.

Por supuesto, el Sistema Nacional de Transparencia recientemente consolidado que responde a una dinámica en paralelo, pero que están relacionadas con estos mismos temas.

Ya se ha propuesto en estas reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción encabezadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior; la creación de un comité coordinador; la necesidad de que haya un comité de participación ciudadana; y más importante para nosotros los contralores estatales: sistemas locales anticorrupción a semejanza del nacional.

Dentro de etas nuevas disposiciones se establece la creación de leyes generales en la materia, así como la adecuación normativa de los diferentes instrumentos jurídicos.

Lo anterior, en función de que hasta antes de la reforma constitucional las autoridades no contaban con un diseño institucional para dar una lucha eficaz y frontal a la corrupción.

Más bien asumieron esas tareas derivadas de la responsabilidad de fiscalizar el adecuado ejercicio de recursos públicos y también derivado de la exigencia social sobre el crecimiento del fenómeno de la corrupción.

Al día de hoy, nos encontramos aquí reunidos con la importante tarea de generar una discusión constructiva que nos permita atender la reforma constitucional de anticorrupción y las modificaciones que se han dado a partir de mayo del 2015 habrán de ser concretadas a la brevedad.

Una de las principales tareas consiste en adecuar las leyes y toda la normatividad para que cada una de las entidades federativas establezca su propio marco institucional, derivado y adaptado al Sistema Nacional Anticorrupción.

Dentro de éstas, algunas tareas importantes para las entidades de fiscalización locales y para las contabilidades estatales son:

En primer lugar, adecuar las leyes locales en función de la reforma constitucional anticorrupción y también las leyes secundarias.

Dos. Incorporar la declaración intereses al mecanismo de Declaración Patrimonial.

Tres. Establecer los Tribunales Locales de Justicia Administrativa y, por supuesto, las Fiscalías Anticorrupción en los estados.

Diseñar el Sistema Local Anticorrupción que fortalezca al Órgano Estatal de Control y, por supuesto, al Órgano Superior de Fiscalización Estatal.

Y, desde luego, fomentar todos los mecanismos de coordinación desde lo local con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Hay un trabajo realizado en este sentido y solamente habría que perfeccionarlo e intensificarlo.

Sin embargo, todo ello arroja una tarea que tiene grandes retos. Mencionaré algunos de los que he preparado para esta sesión:

Primero: Los plazos.

Nos parece que los plazos son muy limitados, los que implican esta Reforma Anticorrupción y va a ser muy difícil llevar a cabo reformas bien hechas, trabajadas, pensadas, si no tenemos el tiempo suficiente.

Creo que en este sentido es más importante hacer las cosas bien que después estar teniendo que corregir las leyes y reglamentos, como hayan quedado.

Me parece también que hace falta un fondo financiero, un fondo presupuestal nacional para poder emprender con una garantía de éxito, las adecuaciones y el diseño institucional en materia anticorrupción.

Por ahora tenemos un entorno desfavorable, se espera ya la disminución de aportaciones y participaciones federales, tanto por la caída de los ingresos petroleros que financian mayormente al sector público, pero también por las medidas de austeridad que recientemente se han anunciado.

Por otro lado una gran cantidad de estados se encuentran con graves problemas de endeudamiento. Esto merma el margen de operación para que las instituciones a nivel local sean creadas de manera fuerte y decidida.

Tenemos entonces instituciones locales que no se encuentran en este momento con una capacidad adecuada. Debemos llevar un combate efectivo a la corrupción pero fortaleciendo estas instituciones.

A nivel estatal se cuenta con medianas fortalezas en este rubro, pero nuestra preocupación, por lo menos en Baja California es el nivel municipal.

Las medidas que hemos realizado en el estado durante el año pasado nos indican que el 80 por ciento de las preocupaciones de corrupción de los ciudadanos son básicamente municipales, no porque ellos sean más corruptos que los estatales, lo que pasa es que son más.

Por cada policía estatal existen al menos unos 20, 30 policías municipales, de manera que este primer frente de corrupción tal vez sea de menor monto, de manera individualizada, pero sumado es una merma importante en los recursos de las personas, de los ciudadanos.

De manera que si no incorporamos a los municipios en este primer intento, va a ser muy complejo olvidar este 80 por ciento, decía en el caso de Baja california, de corrupción que está reflejada en ayuntamientos, en policías municipales, licencias y autorizaciones sobre todo de construcción, que es ahí donde los empresarios tienen que recurrir a mecanismos para volver más expedito su trámite.

Es un tema medular por la percepción ciudadana de la corrupción. Debemos reconocer que esta percepción se basa en la vida cotidiana de los ciudadanos, no es solamente la que vemos en el periódico, sino la de la vida cotidiana.

Tenemos que hacer una diferenciación de las realidades a nivel local en cada entidad federativa y esto es muy importante para nosotros.

Yo les agradezco su atención, su tiempo, no hubo manera de hacer un trabajo más eficaz, no teníamos una guía o un formato en torno al cual y esperamos que estos grandes comentarios sean de utilidad al momento de que ustedes definan estas reformas, al momento en que ustedes, que tienen decisión sobre recursos presupuestales, no vayan a crear instituciones en el papel que no sean factibles desde el punto de vista financiero.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias maestro Bladimiro Hernández, todos sus comentarios son valiosos y lo apreciamos mucho.

Damos el uso de la palabra a la maestra Sonia Murillo Manríquez, contralora general del estado de Baja california Sur, no sin antes agradecer la presencia de la senadora María del Rocío Pineda Gochi que nos acompaña, la senadora Laura Rojas, nuestro amigo el presidente de Estudios Legislativos, el senador Encinas y la senadora Pilar Ortega. Muchas gracias por estas con nosotros.

Adelante.

MAESTRA SONIA MURILLO MANRÍQUEZ: Buenas tardes.

Muchas gracias senador Pablo Escudero Morales y senadores que le acompañan.

Para Baja California Sur y el licenciado Carlos Mendoza Davis, Gobernador Constitucional del Estado, a 5 meses de haber iniciado su administración, la transparencia y rendición de cuentas es uno de los 4 pilares en los que basa su gobierno.

Iniciamos nuestro trabajo dando muestras de ello.

Fuimos el primer estado de la República en presentar la 3de3: declaración patrimonial, fiscal y conflicto de interés, aún sin haber la obligación en ello.

Pero observamos y vivimos el vacío legislativo en esta materia, en virtud de que la sociedad, llámese organizaciones, estudiantes, periodistas, etcétera, pueden realizar cuestionamientos o mostrarse incrédulos ante la información vertida, o preguntan quién valida o quién verifica la información plasmada en dicha declaración de conflicto de interés.

También sería gran beneficio retomar los conceptos que proporciona la guía sobre el manejo de conflicto de interés en el sector público y experiencias internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que de alguna manera deben de ser contemplados en la legislación que está en desarrollo.

Quien clasifica en tres tipos. Un conflicto de interés real entraña y conflicto entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público, en el que el funcionario tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades.

Un conflicto de interés potencial surge cuando un funcionario público tiene intereses privados que darían lugar a que se presentara un conflicto de interés si el funcionario tuviera que asumir en el futuro determinadas responsabilidades oficiales.

Finalmente, hay un conflicto de interés aparente cuando en teoría los intereses privados de un funcionario público podrían influir indebidamente en el desempeño de sus funciones, pero éste no es de hecho el caso.

Evidentemente, será deseable contar con los protocolos precisos de actuación en caso de que se detecte un conflicto de interés.

Es por eso que requerimos que existan reglas que den certidumbre, confianza al ciudadano, que estamos en una generación de cambio, de transformación del servicio público donde ya estamos trabajando por recobrar los valores de honestidad y de integridad.

Como Estado, capacitamos a nuestros servidores públicos y enviamos a la Secretaría de la Función Pública nuestro registro de funcionarios públicos que intervienen en procedimiento de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, con lo cual se hizo ver a los funcionarios el compromiso de esta administración de realizar todas las operaciones con transparencia.

Asimismo, en el mes de noviembre realizamos un curso en materia de control interno impartido por personal de la Secretaría de la Función Pública, con el fin de fijar las bases de una plataforma que fortalezca cada uno de los procedimientos de la Administración Pública, que nos lleve a una mejor rendición de cuentas.

Sin embargo, es necesario que para tener un buen control interno se proponga que se transfiera a los estados los recursos en tiempo, para poder ejercerlos de acuerdo a la normatividad aplicable, porque en muchas ocasiones es por falta de tiempo que no se realiza un control adecuado.

En la educación, los recursos se ejecutan o ejercen conforme al ciclo escolar y se revisan o fiscalizan de acuerdo al ejercicio fiscal, según la Ley de Responsabilidad Hacendaria.

Son situaciones que no es algo irregular del funcionario sino de la Federación; llegan retrasados los recursos a los estados.

Se ha trabajado en crear las contralorías sociales, que los programas federales han requerido.

Se fortalece este tipo de participación social para lo cual también se requiere establecer las reglas o requisitos que definan los perfiles de los mejores ciudadanos, o personas idóneas para ser parte de éstas, en virtud de que el fin que se persigue es la conclusión de las obras y acciones de la mejor manera, toda vez que de no tener una Contraloría Social fortalecida, redundaría en retrasos o incumplimiento de las obras o proyectos contratados.

Para concluir, terminaré señalando que para concretar todas las acciones que la administración de recursos públicos conlleva, es importante obtener las normas secundarias que nos rijan; pero sobre todo, que se marque la pauta de los protocolos de actuación con el fin de recobrar la credibilidad y la confianza ciudadana.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, muy amable, maestra Sonia Murillo Manríquez, contralora general del estado de Baja California Sur.

Recibimos a nuestro amigo, el senador Patricio Martínez. Bienvenido, señor senador.

Y también me informan que está aquí el diputado federal César Flores, de Coahuila, del PAN. Señor diputado, bienvenido, si gusta acompañarnos de este lado. Es un placer tenerlo en el Senado de la República.

Bienvenido y tiene el uso de la palabra, si desea hacer uso de ella. En este Senado agradecemos que esté con nosotros.

Daría el uso de la palabra a la senadora Pilar Ortega. Luego, al senador Alejandro Encinas.

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muy bienvenidos al Senado de la República.

En este momento estamos en una fase muy intensa para que estos foros nos ayuden a construir la legislación que requerimos para darle paso al Sistema Nacional Anticorrupción.

Los escuchaba a todos ustedes en cuanto a la actividad que se está desplegando en sus entidades federativas, para efecto de que este sistema efectivamente se concrete.

Una parte fundamental de la reforma, tiene que ver justamente con las entidades federativas, porque por eso estamos hablando de un sistema que tiene que ser amplio, pero articulado. Entonces, en ese sentido me gustaría solamente a manera de inquietud, justamente ayer alguien comentaba que uno de los atributos de este sistema estará en la concreción de un consejo nacional y señalaban justamente también, que en las reuniones de contralores nacionales que se hacen, solamente se establece las actividades que se desarrollan en cada entidad federativa sin que se generen realmente acuerdos que incidan en una estrategia nacional.

Entonces, desde su punto de vista, qué acciones ustedes considerarían y ya teniendo la experiencia de estas reuniones nacionales, tendrían que darse a efecto de que el trabajo entre los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, pudieran concretar acciones que realmente sean eficaces y que no simplemente se conviertan en las experiencias exitosas de cada estado; sino que se conviertan en una experiencia exitosa para combatir a la corrupción en todos los niveles de este país.

Esa sería simplemente mi pregunta. Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora.

Senador Alejandro Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bienvenidos. Agradecer su participación y las intervenciones que nos han presentado el día de hoy.

Y la verdad es que me gusta mucho, porque entramos a la parte terrenal de la discusión legislativa, esta es la parte donde se aplica, se instrumenta básicamente toda la legislación, las leyes secundarias y donde debe aterrizar el diseño de la nueva normatividad que derive del sistema nacional.

Ayer con los académicos y con los expertos en la materia, se insistía mucho en que debería de eliminarse o matizarse el carácter punitivo de los órganos de control interno y fortalecer, en lo fundamental, las actividades de prevención, con lo cual todo mundo coincide: es mejor prevenir que sancionar.

Pero, sin embargo tenemos que establecer las dos disposiciones con mucha nitidez y en la lógica de homologar este tipo de prácticas en todos los órganos de control interno.

Entonces la pregunta más vinculada con la experiencia de ustedes, es, ¿cuáles son las áreas que más recurrentemente implican la intervención de los órganos de control en los estados de las contralorías? ¿Cuáles son las que deben priorizar las tareas de prevención? Y ¿En dónde están las debilidades del propio órgano de control, para sancionar las prácticas dentro de la administración local?

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Encinas.

Senadora Laura Rojas.

SENADORA LAURA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias. Pues muy buenas tardes y bienvenidos al Senado de la República.

Yo también quiero hacerles una pregunta sobre las capacidades institucionales de las contralorías en general en sus estados, por supuesto, y en general.

Supongo que comparten frecuentemente información, trabajos, experiencias con sus homólogos de otros estados, y yo quisiera preguntarles: ¿Cuáles son las principales debilidades institucionales que ustedes enfrentan?

Está un poco relacionado con lo que comentó el senador Encinas, pero yo también lo quiero preguntar de una manera más amplia.

Usted comentó el tema presupuestal, bueno, ese es un tema general en todas las áreas del gobierno, no sólo en el tema del control interno.

Pero, más allá del tema presupuestal, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las contralorías para poder hacer bien su trabajo en términos de capacidades institucionales y también en términos de libertad política?

Creo que fue muy buena idea por parte de la Comisión, del presidente Escudero, invitarlos a ustedes, porque nos da la oportunidad de abordar un tema que frecuentemente aquí en todos los temas se aborda.

Y una preocupación permanente que es la –lo voy a decir abiertamente y esperaría una respuesta lo más honesta posible– la intervención de los gobernadores en todos los ámbitos de la vida pública de los estados; desde los medios de comunicación, por supuesto la relación con los órganos electorales, con los órganos de acceso a la información pública en donde por supuesto el control cae de los congresos de los estados.

Y en este tema del control interno hay una preocupación evidente y clara, y justamente por eso es que también a nivel federal es que se decidió quitar de las facultades de los contralores la de sancionar y traspasársela a un Tribunal Independiente Autónomo, de tal manera que no sea el contralor que le debe el trabajo al gobernador, o en el caso del Secretario de la Función Pública al Presidente, o en el caso de cualquier secretaría al Secretario, quien tenga que sancionar a su jefe o a sus colegas.

Pero aunque esa facultad ya se quitó con el nuevo diseño, aún ustedes, bueno, los contralores van a seguir teniendo una importantísima tarea en el proceso de la construcción de los expedientes y en el proceso de prevención, bueno, de prevención no le veo tanto problema.

Sí lo quiero decir abiertamente, no es personal, es una preocupación generalizada, por supuesto que siempre está mal generalizada, pero es una preocupación que hay y yo quisiera que ustedes nos ayudaran con respuestas muy honestas para poder nosotros atender desde la legislación estos problemas.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Rojas.

Senadora Rocío Pineda.

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Gracias, presidente. Bienvenidos al Senado de la República.

Miren, yo quiero compartir un poco también, y retomar las palabras del senador Encinas, donde dice: Lleguemos a lo terrenal.

Escuché sus exposiciones y yo creo que se quedan de verdad muy incompletas respecto a la realidad que ustedes viven, ¿no?

Yo he estado al frente de contralorías estatales y sé de las necesidades que hay en muchos aspectos; desde los propios instrumentos legales, coordinación y muchas cosas que yo creo que ustedes la viven.

Y la importancia de que ustedes estén aquí es eso, que de verdad nos aporten la problemática que ustedes tienen para que se enriquezca este trabajo que en el Senado se está haciendo.

Algo que queda en el aire, que no sé cuánto al margen del aspecto legislativo es el respetar las normas de la profesión. Ustedes lo saben, ejercer la auditoría requiere una serie de normas profesionales, de las cuales el mismo personal, los auditores en muchos de los casos no cumplen con ellas y que, como son normas colegiadas, establecidas por colegios, por la propia profesión, no están legisladas, pero que sí influyen en los resultados, en el manejo de las revisiones que hacen.

Entonces, yo sí quisiera escuchar su opinión de ese aspecto hasta dónde es necesario colegiar el perfil de los auditores y cómo influye esto en el desempeño de ustedes.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. Si nadie más desea hacer uso de la voz.

Por favor Bladimiro.

MAESTRO BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias.

O primero sería el tema presupuestal. Ciertamente hay diferencias de un estado a otro, pero en el caso de Baja California el presupuesto más pequeño de toda la administración es la contraloría, tenemos el 0.7 por ciento, teníamos 108 empleados y ahorita quedamos en 106, por el programa de austeridad que tenemos.

Ahí la única posibilidad sería tratar, como se ha intentado, de legislar para que, como a nivel internacional, determinado porcentaje dedicado a la fiscalización. Creo que esa sería una salida.

El tema de los recursos humanos sí es un problema, no hay, salvo excepciones, en el país esos criterios de elección o reclutamiento o de permanencia y ascenso en las contralorías.

Nosotros lo estamos creando, pero aún estamos en la fase inicial, es decir, va a ser un tema complicado. No es muy sencillo y estamos más bien ahorita inmersos en capacitaciones muy específicas que responden a problemas locales, a la carencia de auditores entrenados en auditoría gubernamental. Tenemos que recurrir a auditores que son de la iniciativa privada.

Y en el caso de los abogados también, no hay una especialidad en derecho administrativo como tal y mucho menos en el área de responsabilidades.

Entonces, tenemos que preparar una curva de aprendizaje ahí inicial con la gente que se incorpore, además de que los sueldos no son así como para tengamos a 20 personas peleando cada puesto.

De manera que eso lo estamos tratando de solucionar con el asunto de la capacitación. En materia de colaboración, existen ya los mecanismos, pero ciertamente son lentos, no se han extendido, me refiero a los mecanismos para compartir las experiencias locales, para llegar a proyectos de corte nacional; ya existen.

Por ejemplo, les mencioné el control interno. Ahí sí, en el caso específico de las contralorías, agrupadas en la Comisión Permanente, sí hay ciertos grupos de trabajo, unos en control interno, otros en normas de auditoría gubernamental, otros en responsabilidades.

Hay grupos de trabajo en todo el país y cada región tiene 1, 2 o 3 encargos. Lo estamos trabajando y cada 6 meses nos reunimos a compartir las experiencias y a ver cómo van avanzando esos trabajos.

Ahí hemos tenido afortunadamente de parte de la Secretaría de la Función Pública una buena conducción.

Y esto se repite a su vez cuando se reúne el ORFIS, que son los Órganos de Fiscalización, con la Comisión Permanente y ahí también intercambiamos información.

Hay algunos proyectos que sí son de corte nacional y semi-obligatorios obviamente por la cuestión jurídica, el respeto a la autonomía de los municipios, el respeto a la autonomía de los estados, es complicado que sean ahora sí que geográficamente impuestas.

De manera que creo que el mecanismo como está ahora está trabajando.

Y hay un ingrediente adicional en los dos esquemas: en los auditores y también en los contralores que es el apoyo presupuestal.

A través de los órganos de fiscalización de los congresos locales hay un derecho que otorga cada Auditoría Superior Estatal y ese recurso presupuestal implica la necesidad de adhesión a ciertos programas de trabajo de corte nacional.

Igual en el caso de las contralorías estatales, existe el concepto de sincronía que también es un recurso que está etiquetado para ejercerlo de cierta manera.

Entonces sí hay proyectos nacionales pero ahí el estímulo hasta ahora que está funcionando es el estímulo presupuestal.

De manera que creo que valdría la pena ampliar estos esquemas para que los proyectos de corte nacional no sean únicamente dependientes de la buena voluntad sino que también haya un interés más específico. Ahí se puede trabajar. De manera que sí existen, son lentos y los que (falla de audio de origen)…

Acerca del tema de que le demos la chamba al gobernador, creo que eso no tiene una solución fácil. Es la idea de autonomizar los órganos de fiscalización es compleja.

Ustedes, bueno, los legisladores de la Cámara de Diputados lo acaban de vivir del 2000 hacia acá con la concesión de cierto grado de autonomía a la Auditoría Superior.

Pero es muy complicado pensar en que el Ejecutivo le dé autonomía a su propio órgano de fiscalización. Yo creo que más iría en la ruta de lo que ustedes mismos ya percibieron.

Este esquema además se repite porque hay contralorías internas en todas las paraestatales, en todas partes y ahí el problema es que el que les paga y la relación contractual laboral es con el titular de la dependencia, a quien se supone la Contraloría Interna debe fiscalizar. Entonces ahí el esquema es todavía más complejo.

Sin embargo a pesar de eso la normativa está trabajando y se trabaja con límites pero se trabaja. El otro tema yo creo que deben de resolverlo con lo que ya están haciendo.

El asunto de las sanciones me parece no es retirarle todas las atribuciones de sanción, sólo las sanciones graves.

Si ustedes pueden entender que las sanciones no graves son de tipo administrativo y son más que nada preventivas, entonces entenderán cuál es realmente el papel de una Contraloría Interna, que es preventivo.

Hacer las revisiones, todo lo que sea irregularidades administrativas que puedan solucionarse mejorarlas; todas las observaciones que se puedan transformar en mejores prácticas administrativas hacerlo.

Ese es el papel real de la Contraloría Interna.

¿Por qué? Porque ya hay un esquema externo que todo revisa. En el caso de cada Estado hay un órgano de fiscalización del Congreso que ese sí es totalmente externo.

No sé si en algunos estados el Gobernador también pueda dar instrucciones pero espero que no. Pero creo que en Suiza hay por ahí ejemplos de ese tipo.

Pero en el caso de Baja California, como la diferencia básicamente es bipartidista, la diferencia entre el PAN y el PRI es muy pequeña todavía no ha podido despegarse un partido u otro, entonces normalmente los gobernadores trabajan con congresos no tan susceptibles de poder darles instrucciones, entonces tienen que hacer una negociación fuerte.

Y esto ocasiona entonces que el órgano de fiscalización tenga presencia de varios grupos que se cuidan unos a otros y un poquito más objetivo me parece.

Sin embargo, falta concretar a nivel nacional, todavía no se termina, la Reforma del 2008, 2009, que implicaba que los órganos de fiscalización tuvieran mayor grado de autonomía, a través de autonomía técnica y de gestión, a través de que sean nombrados por las dos terceras partes de los congresos locales, a través de los mecanismos de garantizarles un cierto financiamiento para que no dependan presupuestalmente de las gestiones con los diputados.

Eso también hay que profundizarlo, creo que es importante, pero entender entonces que las contralorías internas no pueden exigírseles un papel tan autónomo, porque ya existe una instancia externa, que es el órgano del Congreso, el órgano local.

Lo que sí se puede hacer es limitarle sus atribuciones sancionatorias para lo que decían ustedes, que no tenga que estar sancionando ahí a sus compañeros; pero sí dejarle atribuciones en materia de sanciones administrativas, que son las que al final hacen que la administración sea más eficiente.

De manera que creo que sí se puede avanzar bastante ahí y sí coincido con usted, si nos dejaran hablar, si no nos hubieran dicho que diez minutos aquí nos pasamos días conversando los problemas de cada Contraloría. Creo que el tema es que tratamos de hacer un esquema muy compacto y esos son los principales problemas que tenemos, esa es la salida que le vemos.

Dependemos para casi todo, de lo que la ley nos indica. Entonces ahí tienen ustedes la primera solución, el Legislativo es el que puede decirnos hasta dónde llegar, nuestras atribuciones; pero mientras las leyes estén como estén, vamos a tener el mismo problema, totalmente preventivos en los estados donde la prescripción se da a un año, creo que hay por ahí un par de estados; en otros es a dos años, trabajar para que cuando lleguen las instancias revisoras, los problemas estén más o menos resueltos o en vías de resolverse o haya un argumento de porqué se cometió esa irregularidad.

Lo otro es el servicio de carrera y capacitar a todos, no nada más al personal de Contraloría, hace falta capacitar también a los administradores, porque ellos son los que ejercen el recurso.

Si ustedes han trabajado en el área ejecutiva, seguramente saben que hay fondos municipales, fondos estatales, fondos federales; una gran cantidad de recursos que llegan, cada uno sujeto a la firma de convenios, a reglas de operación. O sea, la verdad es que la mayor parte de las veces los errores en correcciones y fallas administrativas, más que voluntarios son la complejidad de administrar todo un sistema.

Eso es lo que me ha tocado vivir. Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, maestro.

Contadora Ramírez.

C.P. CARMEN TERESA RAMÍREZ ANDRADE: Tocaré algunos temas sobre las preguntas que han formulado.

Por ahí entendí de la pregunta de la senadora, de por qué los esfuerzos o qué se tiene que hacer para que los esfuerzos no sean aislados de los estados con la Federación, etcétera:

Efectivamente, existe este problema. Creo que los esfuerzos de todas las autoridades fiscalizadoras, incluyendo a los órganos de control interno, no se notan, no se ven porque al final los objetivos no se cumplen.

Creo que en todos los casos, incluyendo los estados y no hablemos de los municipios, no hay reglas claras para la auditoría, cada quien auditamos como sabemos auditar o como creemos que es lo correcto. Interpretamos las leyes de manera diferente, a lo mejor las propias autoridades federales unos interpretan de una manera, otros interpretan de otra, las propias normas generales; no existen criterios específicos ni normativos para la auditoría o casos de interpretación.

Creo que bien valdría la pena establecer como una norma la implementación de manuales de tipo general, esto por ejemplo lo hace la Secretaría de Hacienda en materia de auditoría fiscal, ahí todos los fiscalizadores deben de interpretar de la misma manera, las reglas; y no cada uno decir “yo interpreto que está mal”, “yo sí interpreto”, y esto nos hace un verdadero pandemónium que luego resulta que no hubo nada, después de años de trabajo.

También es cierto que existe falta de objetividad en las observaciones, y aquí hablamos de todos los organismos revisores, precisamente por la falta de reglas específicas y por la problemática en la distribución de facultades de cada uno de los órganos fiscalizadores.

Voy a manejar un caso muy concreto y que de alguna manera, por ejemplo, los estados nos pega: a palo dado ni Dios lo quita, pero por ejemplo, las revisiones de la Auditoría Superior que se publican, que salen y que al día siguiente que salen vienen los periodicazos a la orden del día.

Y al cabo, cuando terminamos después de dos años de solventar y que se nos dé un oficio definitorio, resulta que de 100 eran 10. Y resulta que ya hubo muchos problemas de tipo político; ya hubo muchos problemas inherentes a esto por falta de objetividad, por falta de estas normas de interpretación específicas que no permiten que cuando hagamos una observación es una observación que se va a quedar porque está firme y porque exista un costo- beneficio determinado;

Que esto también lo tomo. La Secretaría de Hacienda en sus áreas de auditoría dice: A ver, estado, para que me demuestres que eres eficiente, ¿cuántos pesos sacaste por cada peso que gastaste? Pero real, que entró a la caja. O sea, a mí no me digas que la auditoría salió con mil millones y solamente cobraste 100.

Yo creo que debemos establecer parámetros que, no hablo de proteger a los estados pero sí de que haya objetividad en estas revisiones y que no sea un boom cuando se publicitan. Y luego cuando se saca el resultado ya nadie dijo nada y resulta que no era procedente, ¿verdad?

Yo creo que hay que reglamentar esto a través de normas específicas de interpretación en los diversos fondos.

Los fondos en muchas ocasiones, yo en lo personal los considero perversos: Te doy para quitártelos, ¿verdad? Te los doy a fin de año para que yo no aparezca con un subejercicio como Gobierno Federal, y ya después te voy a decir: “Ah, no lo devengaste al 31 de diciembre. Te di 15 días o te di un mes”.

Porque a fin de año todos ofrecen: “Oye, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Quieres?” Y luego vienen y te los quitan porque no los devengaste, no estaban comprometidos, no acabaste la obra en un mes. Todos esos son juegos perversos, como es un juego perverso el no tener reglas claras en las observaciones, en la objetividad de las observaciones.

Entonces, emisión de manuales muy concreto y para todos los fiscalizadores. No tenemos por qué interpretar de manera diferente las disposiciones legales.

En cuanto al hacer preventivos y punitivos, coincido totalmente con esa situación. Creo que los gobiernos estatales, como Órgano de Control Interno y vigilantes de que el control interno se dé para que las cosas se hagan bien, de entrada tenemos un carácter más preventivo que punitivo.

Pero sí en eso de punitivo, también las normas locales, yo creo que nos pasa a todos, son muy pobres. Tenemos normas muy pobres; normatividad muy hecha a la medida, muy a modo.

Yo creo que los esfuerzos se están dando. Ahora que salgan las disposiciones pues los estados nos tenemos que poner también la camiseta de hacer normas adecuadas a la realidad.

Como decía aquí uno de los compañeros: No se vale que cuando llegue a revisar ya caducó o ya prescribió la acción que se pueda ejercer y todo el trabajo es echado en saco roto.

Pero sí mucho obedece a esta situación. Mi opinión es en el sentido de que tenemos tan pobres leyes que ni

siquiera hay necesidad de que un gobernador te diga: “Oye, no hagas”, no puedes de entrada por la cuestión legal.

No puedes entrar, lo ves y son vicios que se han venido cometiendo en todas las leyes.

No somos oportunos. No hay oportunidad en la fiscalización; no hay oportunidad en la emisión de sanciones.

¿Esta oportunidad quién nos la tiene que dar? Pues las leyes. Las leyes son quienes nos tendrían que dar estas facultades.

Yo creo que esa es una de las debilidades más importantes. Carecemos de armas; carecemos de elementos; carecemos de facultades.

Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, yo les puedo decir, nosotros tenemos el acopio y todo lo relativo a patrimoniales, pero no tenemos facultad de revisarlas. O sea, para mí es un archivo, es un archivo las declaraciones patrimoniales.

No hay facultades y esto abona en lo mismo: falta de elementos legales en nuestras reglas locales y obviamente pues esto es un trabajo de todo tipo, qué les cuento, es político, es técnico, es ético, es de muchas cosas, que tendríamos que ir en ese camino en la medida en que el congreso federal nos saque también unas leyes apegadas a lo que decíamos hace un momento, que sean constitucionales, que las reglas estén claras y que los estados debamos alinearnos obligatoriamente a estas reglas.

Ese sería mi comentario.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias contadora.

Si me da oportunidad nada más de la maestra Sonia y luego de doy el uso de la palabra otra vez.

MAESTRA SONIA MURILLO MANRÍQUEZ: Como comentaba la senadora, en qué trabajan los contralores cuando se reúnen o a qué conclusiones se han llegado.

Una de esas conclusiones fue también lo que llevó la Secretaría de la Función Pública a lo que viene siendo la CONAGO, lo que viene siendo la agenda común de acciones, salió del trabajo nacional de todos los contralores, que ya algunas cosas se están retomando en nuestras nuevas propuestas, como son la declaración de posible conflicto de interés, creación de la unidad especializada de ética y prevención de conflictos, reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, protocolo de actuación de los servidores públicos que es lo que comentamos que hace falta, registro de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, creación de ventanilla única para los trámites y servicios del gobierno; ampliar el contenido de la lista de proveedores sancionados por el gobierno; ampliar los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Todos estos temas son de los que se trabajan en la agenda de las contralorías locales, lo cual sería muy importante que se fortaleciera con este marco de actuación y de nuevas leyes que se están llevando a cabo.

Las principales áreas de revisión que comentaba el senador Alejandro Encinas, al menos en nuestro estado, son donde se erogan mayores recursos, que es la parte de infraestructura, salud, educación, es la parte que más se revisa, las principales debilidades, como ya comentaron aquí los compañeros, coincidimos que es el tiempo que nos lleva realizar la revisión y nos está comiendo la prescripción en algunos casos; los diferentes criterios, no solamente de auditores, también entre la Auditoría Superior y la Función Pública hay ocasiones que se traslapan auditorías, está el auditor de la Auditoría Superior realizando una revisión a turismo y a los dos meses llega la Función Pública a realizar la misma auditoría.

Entonces, ahorita es un gasto de recursos de mandar hasta Baja California Sur dos grupos de auditores a lo mismo, pero sin embargo creemos y tenemos la confianza que ahora con este nuevo sistema en conjunto nacional de anticorrupción se planeen este tipo de situaciones y se haga un esfuerzo y se concreten las auditorías y sean más productivas.

En cuestión de lo que vienen siendo las contralorías en los estados, es importante lo que compartimos que no se pierda el carácter de órgano de control interno del gobierno del estado, al contraloría estatal, porque cada órgano, como viene siendo el legislativo, tiene a los órganos de fiscalización locales en las contralorías vienen a formar parte del órgano interno de control del gobierno del estado.

Entonces, si ustedes comentan bien quitarle lo punitivo, pero sí dejarle lo preventivo, que esa es nuestra función primordial.

En cuestión de perfiles de auditores estamos conscientes que es muy importante contratar a los mejores perfiles, personas tituladas, con experiencia, que no se recurra a, vaya, contratar alguna persona porque es tu amigo, tu compañero, alguna situación, porque va en detrimento del mismo trabajo de la Contraloría.

Hemos buscado los mejores perfiles para poder dar mejores resultados.

Y poniendo casos muy específicos en lo que comentaba yo en mi participación, hay situaciones que sí se deben de prever de legislar desde la parte federal, como viene siendo el sector educativo.

Les ponía un ejemplo: en el sector educativo tenemos un programa: Escuelas de Tiempo Completo. La Secretaría de Hacienda da el recurso de manera anualizada como es un presupuesto.

Sin embargo, en el sector educativo usamos lo que viene siendo el ciclo escolar.

Si la Secretaría de Hacienda da el dinero en agosto, 100 millones, a diciembre se ejercieron 50 porque de enero a julio es el sueldo de los maestros de la parte para cerrar el ciclo escolar.

Como no lo ejerciste porque era sueldo, ya tiene la observación de 50 millones el Estado, cuando no es responsabilidad para el Estado.

Ahora, otro asunto, lo que comentaba la licenciada: los recursos que llegan en diciembre el auditor, aplicando la norma y la Ley de Responsabilidad Hacendaria señala; bueno, si lo recibiste en diciembre mejor lo hubieras devuelto porque es certera la observación por todo el mundo el recurso.

Entonces son situaciones que los estados y los funcionarios asumen con una responsabilidad por tener el beneficio en el Estado. Pero no por eso es responsabilidad de ellos el que haya llegado tarde el dinero o que se esté aplicando bajo unas reglas de operación que es imposible aplicarlas.

Es cuánto.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ya estaba registrado mi amigo el senador Patricio Martínez, y luego nuestro invitado.

SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias Pablo, amigo, Presidente.

Aclaro a los asistentes que no formo parte de ninguna de estas comisiones y estoy aquí por el interés que el tema en lo personal, y me parece que en lo social y en lo nacional tiene.

Veo algunas inconsistencias, paradojas y una serie de situaciones que no es por demás señalarlas y procuraré ser lo más ágil que sea posible:

Por una parte, tenemos que reconocer que los estados cada vez buscan más hacer valer su soberanía.

Y en la medida en que hacen valer su soberanía sienten más inconveniente el que se hagan revisiones de recursos que están en el ejercicio de su soberanía.

Me parece que esto es una paradoja porque no podemos estar tremolando la bandera de la soberanía para el ejercicio de los recursos y estar siempre pidiendo más recursos federales para el desarrollo de los estados sin admitir pues, que hay en esto una real necesidad de detener no solamente la corrupción en el ejercicio de los recursos, sino sobre todo la ineficiencia y la incapacidad que no atinaría a distinguir qué es más dañino para el país.

Por otra parte, en educación me parece que estamos muy desvinculados.

Los programas en las escuelas de contabilidad no están contemplando la nueva problemática de la administración gubernamental, no solamente para su administración sino sobre todo para lo que es su auditoría.

Y los programas de auditoría no han contemplado el creciente problema de lo que es la auditoría al sector público con toda su problemática, cuando además el sector público tiene otro problema:

El presupuesto; el presupuesto y el concepto de presupuesto público, no responde al concepto del presupuesto en su aspecto pura y estrictamente de la profesión contable. Es un concepto muy diferente.

Uno es el preparar el desarrollo del ejercicio financiero de una organización programándolo, previéndolo, calculándolo; y otro es una camisa de fuerza de lo que se tiene que hacer con el recurso público en un año fiscal.

Estos dos conceptos, mientras no logremos conciliarlos y transformarlos y de alguna manera engranarlos; vamos a estar siempre teniendo un problema irresoluble. Los problemas que plantea del ejercicio del presupuesto, no son nada más que una incomprensión de lo que es el presupuesto como una herramienta contable y de administración; y que se ha tomado como un ejercicio legal de control del ejercicio del tiempo y los recursos que no tiene nada que ver con el concepto original de presupuesto.

Me parece, por otra parte, que la capacitación que se requiere en el sector público bien debiéramos estarla promoviendo a través de las propias universidades, que en materias específicas en la carrera de Contador Público, debieran estarse llevando anexas a la materia de Auditoría; pero además que el Instituto y Colegio de Contadores Públicos, que es una organización seria, profesional y que tienen muy en alto lo que es la ética profesional como en pocas carreras, estuviera auspiciando y propiciando el desarrollo de diplomados en auditoría gubernamental y en el ejercicio de tareas propias de las Contralorías.

Y finalmente, quiero comentar que aquí hay una paradoja, ¿por qué?

En los Estados Unidos encontramos un sistema estándar, absolutamente respetado, en la construcción de carreteras, pasos a desnivel, banquetas, señalización; y se puede viajar desde Alaska, con excepción de Canadá; hasta Miami, con un mismo sistema constructivo carretero. Cuando además, el sistema constructivo carretero no es federal, es estatal; lo ejercen los estados, lo desarrollan los estados.

Y podrán obtener recursos federales o de crédito, pero el sistema de transporte tiene una infraestructura idéntica en todas partes y todos los estados la ejercen con absoluto apego a una norma nacional, que independientemente de que sea estatal o federal, es una norma absolutamente respetada, no generalmente, como es el caso de los principios de auditoría.

Por qué en nuestro sistema de control del ejercicio público, no podemos desarrollar un sistema en donde respetando la soberanía, tengamos un catálogo común de cuentas y de supervisión en donde dejemos de estar como al principio, y desde hace muchos años, todavía en un estado primitivo del control del presupuesto y de los recursos públicos.

Me parece que estos foros y este diálogo que estamos teniendo, puede llevarnos a encontrar un real principio de solución de un problema largamente soslayado, en cuanto a las atribuciones reales que podemos tener desde el Congreso y específicamente desde el Senado, para estar legislando en una materia que en muchos de los aspectos es no solamente estatal, sino inclusive municipal.

Con el agravante, además, de que en los últimos años se ha promovido mucho el establecimiento de las sindicaturas, que bueno, hago un símil y perdón por el símil, pero me parece válido:

Desde siempre hemos oído la publicidad que se hace de los detergentes y a las amas de casa se les dice: “mire, aquel no servía, pero este sí va a blanquear”, y a los tres o cuatro años cambian de nombre, cambian de marca, cambian de publicidad y dicen: Este sí va a servir.

Y así se han pasado los años y siempre los detergentes anteriores no servían y este sí sirve y es un permanente cambio de nombre sin que realmente se tengan todas las atribuciones que se dicen tener de estos detergentes.

Me parece que de los mecanismos anticorrupción hubo uno, y pongo el ejemplo, la solución mágica para que se resolviera el problema de desvío de recursos o ineficiencia en el manejo de recursos en los municipios era que se establecieran los índicos. Que no dependieran del presidente municipal; que tuvieran autonomía; que fueran electos por el pueblo.

Y yo pregunto, ¿a partir del establecimiento de las sindicaturas encontramos realmente mayor eficiencia en el gasto y un aprovechamiento óptimo de los recursos públicos municipales en beneficio? Ya no digamos de la infraestructura sino de los servicios públicos elementales a los que están obligados los ayuntamientos y que son gran parte de la razón de ser del municipio atendiendo a tareas colectivas por un grupo de ciudadanos llamado “ayuntamiento”.

Me parece que esto no ha sido la solución y por el contrario sí ha sido una enorme carga en nómina, en costos y en todo tipo de desavenencias que se dan en los ayuntamientos con la presencia no solamente de la sindicatura sino de la Contraloría Interna; de la vigilancia del Congreso del estado; de la vigilancia de las áreas federales sobre los recursos federales que ejercen los municipios; la auditoría Externa; la auditoría interna; la presencia del regidor de Hacienda y del regidor de vigilancia, en su momento, con los nombres que corresponda, que son instancias sobrepuestas una sobre otra con el mismo objetivo de buscar la eficiencia y la no corrupción; y sin embargo, los municipios, incluyendo los conceptos de transparencia que iban a ser la barita mágica que resolviera el problema de la adecuada administración municipal, refiriéndome solamente a ella.

Y nos encontramos con que ahora más que nunca hay la queja del ciudadano de enormes gastos de tipo administrativo en los municipios que van haciendo que se tenga a la baja el presupuesto que se dedica para los servicios públicos que siguen en una condición creciente deplorable para el ciudadano que requiere esta atención en su vida cotidiana.

Me parece que esto, señor presidente, compañeras senadoras, es una buena oportunidad para que con este cambio de impresiones y con esta información de las experiencias y vivencias que tienen ustedes, encontremos el mejor rumbo para temas tan costosos social y económicamente para el país.

Muchas gracias, presidente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias a usted, senador Patricio Martínez.

Tengo dos intervenciones más del maestro Bladimiro y del diputado César Flores, diputado federal del PAN.

MAESTRO BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ: Para la senadora, nada más una aclaración, no sé si sea relevante. En Baja California el contralor no lo nombra el gobernador; lo propone el Congreso, es quien lo nombra.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Señor diputado.

DIPUTADO CÉSAR FLORES SOSA: Buenas tardes.

Muchas gracias, senadores, por darme la oportunidad de venirles a contar una experiencia como diputado local, como empresario, como ciudadano, como presidente de la Asociación de Transparencia y Buen Gobierno y como diputado federal, en cuestión de la materia de transparencia.

Cuando su servidor fue diputado local en Coahuila, y cuando inicia este asunto de la transparencia allá por el 2002, había una queja de que la ley inicia con buenas intenciones pero no tenía el Instituto las garras, la manera de sancionar. Así es que le decían: “Oye cumple” y no cumplían y no pasaba nada.

Después de terminar el periodo de diputado local, formamos una asociación de transparencia algunos empresarios, entre ellos algunos síndicos, el síndico de Monclova, yo soy de Monclova, Coahuila, tenemos increíblemente dos años y medio y no hemos podido tener acceso al Catálogo de Conceptos de los contratos.

¿Qué ha pasado?

Me voy a ir primero por el lado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Se solicita la información cuando saben que hay el interés legítimo y que en realidad hay una institución o una asociación que puede llegar al fondo del asunto con algún tema, pues existe el bloqueo.

Nosotros solicitamos como asociación los que pensamos que era importante para poder dar información a las autoridades que pudieran sancionar y ser a la vez un coadyuvante en esto, pues se solicita la información al ayuntamiento, en este caso de Monclova y sencillamente.

Nosotros simplemente dijimos simplemente con que pongan lo que requiere la información pública mínima que exige la ley, yo creo que de ahí sacamos mucha información que podemos hacer nosotros una ayuda para las autoridades, porque es imposible con estos recortes de presupuesto y de personal que tengan, valga la redundancia, el personal para estar vigilando obras y todo eso.

Entonces, yo creo que se pueden auxiliar perfectamente bien con este tipo de asociaciones con empresarios, con gente que le interese que la transparencia en realidad avance.

Pues no la entregan, nos vamos al proceso de revisión, no la siguen entregando, la autoridad le dice que lo entregue, no le hacen caso y ahora el problema tenemos que la autoridad tiene, lo faculta la ley para actuar, pero no actúa y ahí se acabó el problema.

El ciudadano ya no tiene, ya se topó ahí o lo sancionan y el alcalde paga su sanción y ya no hay, bueno, esto lo hago porque ustedes son la Cámara de origen, a nosotros nos toca ser los que vamos a revisar y son temas mucho muy delicados.

¿Qué hacemos? Bueno, logramos nosotros probar algunas irregularidades en la obra pública y nos fuimos a la Procuraduría de Justicia y resulta que nos topamos en pared, porque en el delito de devolución ilícita, que es en el que nosotros pensamos que encuadra el delito este, no sólo te pide la ley que lo pruebes, como debe ser, sino que también pruebes que se beneficia el funcionario, o sea, prácticamente te la ponen en chino, para que no suceda.

Te imaginas si bastante tienes con probar que huno un desvío en las obras y luego todavía la ley te obliga a que ahora demuéstralo, de cómo fue que le dieron el dinero, o cómo se benefició, está duro.

Entonces yo creo que este es un tema, y espero yo que tengamos la capacidad, que estoy seguro que la tendremos, en que no sea una más para los mexicanos, un disfraz, un logotipo de la transparencia.

Le digo, como diputado federal, ahorita tengo 7 meses y no tengo acceso a la información.

Y se los quise venir a contar porque quiero que lo tomen en cuenta, te topas por todos lados en pared, inclusive ahorita estoy yo; el juez, porque después me fui por el derecho de petición, pero como también había pedido información en el ICAI, por medio de la Ley de Transparencia, el juez me condena a un delito y le da vista al ministerio público, en una evidente complicidad para que las cosas no sucedan.

Entonces ahorita yo estoy; le dieron vista al ministerio público diciendo que yo estoy agarrando ventaja porque estoy solicitando información vía derecho de petición y vía transparencia.

Entonces yo creo firmemente que si tenemos una rendición de cuentas de verdad, la corrupción va a disminuir muchísimo y vamos a tener armas y los funcionarios encargados de fiscalizar van a tener mucha gente en quien apoyarse; iniciar funcionarios.

Hay asociaciones, habemos personas que estamos interesados de que esto camine. Entonces eso es lo que pasa. Ahora tienen la manera de sancionar y no pasa nada. ¿Y qué ha pasado?

Su servidor, antes de ser diputado, fueron clausurados todos sus negocios; nos volvemos a la Procuraduría, a una autoridad y tampoco no funciona.

Entonces va a estar muy interesante y va a haber muchos temas que tenemos que poner muy en claro porque la gente se va a dar cuenta si esto lo hacemos de mentiritas, lo hacemos como para que funcione.

Yo les doy las gracias por darme la oportunidad de estar tocando este tema, de estarles dando una vivencia personal que pueda servir en algo en esta gran Reforma, donde habremos que reformar más de 29 leyes.

Y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Los agradecidos somos nosotros señor diputado y esta es su casa, más los días que quiera acompañarnos siempre será bienvenido.

Gracias por compartir su experiencia.

Una última reflexión, contadora, para empezar con el siguiente bloque.

C.P. CARMEN TERESA RAMÍREZ ANDRADE: Yo creo que en estas mesas se debería invitar también a la Secretaría de Hacienda.

Yo creo que ellos son un factor muy importante para muchas cosas que van a suceder en la actuación en cómo salgan las leyes, pero también en ubicarlos en una realidad y quitar todos estos mecanismos perversos que se dan a estados y municipios, como les comentaba, para después buscar cómo retirar ese dinero.

Yo creo que los mecanismos existen; los ingresos que nos da el Gobierno Federal ya son ingresos presupuestados y no hay razón de que nos digan que tengan que estar ejecutados al 31 de diciembre.

Ya se contabilizaron, ya están para ellos devengados, entonces cuál es el problema legal en que podamos devengar esos ingresos que tenemos de parte de la Federación, si la Federación ya los consideró como devengados.

Lo único que pedimos es que se quiten esas trabas, esos mecanismos perversos, que generan mucho de esto pero que al final del día no llevan a tanto y que sí generan, por un lado, que a lo mejor no está contemplado en las leyes como corrupción pero que se da, que por las prisas de terminar una obra en tiempo los constructores las hacen mal y después a ver cómo le haces para hacer efectivas las garantías, si es que estás en tiempo, ¿verdad?

Entonces yo creo que hay mucho que hacer. Coincido tanto para los particulares como para las gentes, para los gobiernos estatales, municipales y quienes ejercen (falla de audio de origen)…presupuesto los estados y municipios.

Nada más eso: pues que inviten a la Secretaría de Hacienda para que sepa la problemática.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Está invitada dentro de los foros y el día de mañana estarán con nosotros.

El Senado de la República les agradece, contadora Carmen Teresa Ramírez Andrade, maestro Bladimiro Hernández Díaz, maestra Sonia Murillo Manríquez, el haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias.

Toda vez que estamos en el Canal del Congreso, damos inicio al siguiente foro y damos la bienvenida al contador Raúl Arturo Chávez Espinoza, contralor general del estado de Chihuahua. Bienvenido.

Al licenciado Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del gobierno del estado de Coahuila. Y además le agradecemos que nos ha estado acompañando en los Foros el día de ayer y el día de hoy.

Al licenciado Jasón Eleazar Canales García, secretario de Contraloría del estado de Durango. Bienvenido.

A la licenciada María Isabel Tinoco Torres, secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del estado de Guanajuato. Bienvenida.

Y al licenciado Mario ramos del Carmen, contralor general del estado de Guerrero. Bienvenido, señor contralor. Y le damos el uso de la palabra al contador Raúl Arturo Chávez Espinoza.

RAÚL ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA: Muchas gracias.

Previo a esta responsabilidad, tuve el honor de ser rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, inclusive una parte final con el hoy senador Patricio Martínez; y todavía con esa mentalidad, mi presentación versa un tanto, y resalto el tema educativo como factor importante, primordial para la impunidad y combate a la corrupción.

En ese sentido, y por supuesto que reconozco la vocación y el compromiso de esta Cámara para afrontar a través de una legislación secundaria no uno, sino el mayor problema que tenemos en México, que es la corrupción y la impunidad.

Agradezco la invitación que amablemente nos realizó el Senado de la República a través de estas comisiones, para acudir y ser escuchados en este Foro trascendental.

Quiero cifrar mi intervención opinando en dos vías: correcciones y acciones correctivas.

Consideramos correcciones las iniciativas de ley en materia de anticorrupción, que analiza este órgano colegiado; pues convertidas en leyes vendrán a sancionar a los servidores públicos por sus acciones ilícitas, corrigiendo así el rumbo del quehacer gubernamental.

Y las acciones correctivas, que son estrategias paralelas a las anteriores, que consideramos necesario sean desarrolladas por el gobierno y la sociedad, para educar en los valores y en la ética pública a las futuras generaciones.

Actuar con honestidad es el primero y más grande compromiso de quienes tenemos la responsabilidad del servicio público. En nuestro régimen legal de facultades expresas, las iniciativas que se encuentran en comisiones promueven que exista un andamiaje legal que permitirá coordinar los esfuerzos de los órganos del Estado en materia de combate a la corrupción.

El Estado mexicano tiene de suyo el mantenimiento de la seguridad pública, el libre mercado, el respeto de los derechos humanos, la preservación del Estado de Derecho y la democracia; rubros que se ven amenazados cuando la corrupción alcanza las entidades públicas.

Consideramos que la nueva legislación tutelará estos valores públicos adecuadamente.

Como órgano de control estatal, hemos prestado atención a las reformas constitucionales en materia de anticorrupción, que sirven de sustento a la legislación secundaria que aquí se está proponiendo.

Observamos que ahora en esta etapa de leyes reglamentarias de la Constitución, las iniciativas presentadas serán instrumento adecuado y efectivo para sancionar los actos de los servidores públicos que se aparten del proceder legal y ético, que su función pública les exige.

Las iniciativas que el Senado analiza en comisiones, promueven diferentes caminos y mecanismos que van enfocados a minimizar los actos de corrupción. Es menester que los procedimientos sean fundamentados estrictamente en la ley y con apego a las formalidades del debido proceso, pues el fin último de la normatividad anticorrupción debe de ser procurar el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del gobierno, y no promover la utilización de los medios de información o de procedimientos legales como armas políticas puestas al servicio de intereses particulares o partidistas en momento electorales.

Para abordar el problema de la corrupción, es necesario el esfuerzo de autoridades, estatales y municipales, así como de los ciudadanos. Es decir, el esfuerzo de todas las partes que integran el Estado mexicano.

El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe, por ahí dijeron. Pero quizá no sea el poder el factor que daña o deforma.

Un ciudadano que está corrompido antes de llegar a un puesto público sólo ha sido colocado en el escaparate de la opinión pública con los actos que ha realizado siempre, alejados de la ética y del recto proceder.

De ciudadanos corruptos obtendremos servidores públicos corrompidos, por eso la opción correctiva que propongo es la educación.

Si educamos a los niños y a los adolescentes no tendremos que castigar a los hombres.

Las leyes que dictaminará esta Soberanía, los valores que ellas protegen y los fines que persiguen deben de ser materia de estudio desde las primeras etapas escolares de nuestro sistema educativo.

Es bueno egresar profesionales de nuestras universidades. Será mejor formar seres humanos conscientes de valores y principios.

Es bueno tener habitantes en un país. Será mejor educar ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones para ejercerlos y cumplirlos, ya sea como particulares o como servidores públicos.

La corrupción es un mal que aqueja a todos los países, pero aquellos que han aportado a la educación como solución duradera, aquellos que han sembrado en el terreno fértil de las nuevas generaciones, han logrado cosechar respeto al Estado de derecho, democracia y desarrollo.

La mejor ley será letra muerta en manos de un servidor público corrompido. Por eso proponemos las dos vías:

La corrección en forma de ley, para sancionar los casos presentes; y la acción correctiva en forma de educación para inhibir los casos futuros.

Es cierto que no basta un gobierno democrático para terminar con la corrupción, pero estamos siendo escuchados hoy por las instituciones y eso es un buen comienzo, pues gobernar democráticamente es cambiar costumbres.

Esta sería mi participación.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor contralor. Es usted muy amable.

Licenciado Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del gobierno del estado de Coahuila.

LICENCIADO JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO: Gracias, senador presidente. Muy buenas tardes.

Agradezco al Senado de la República este espacio para compartir reflexiones, aportaciones y comentarios respecto de la perspectiva que como órganos estatales de control tenemos respecto de las leyes secundarias en materia de anticorrupción.

El gobierno del estado de Coahuila ha generado en los últimos cuatro años innovaciones jurídicas y tecnológicas, mediante los cuales se han desarrollado la aplicación de distintos métodos que compaginan con cabalidad el Plan Anticorrupción que a nivel nacional se ha concretado hasta ahora.

Ejemplo de ello son los siguientes:

La nueva Ley de Transparencia diseñada por FUNDAR, especialistas en el tema, y que hoy dicha ley es un referente nacional.

La nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, diseñada por el IMCO y la Universidad de Guadalajara propuesta como ley modelo.

La iniciativa de ley relativa al conflicto de interés presentada recientemente al Congreso del Estado.

El Portal Coahuila Todo Transparente con la información, participación y colaboración que exigen las normas de gobierno abierto y con mecanismos de participación ciudadana.

El Portal de Escuela Transparente y el Consejo Promotor por la Transparencia en la Educación, único en México, donde universidades públicas y privadas imparten la cátedra de transparencia en los últimos semestres de las carreras profesionales.

El reciente convenio de colaboración firmado con la OCDE en materia de compras públicas, conflictos de interés, códigos de conducta e integridad.

Los observatorios ciudadanos en las juntas de conciliación y arbitraje, los hospitales generales del estado y los observatorios ciudadanos infantiles, tratando de sembrar la semilla, como decía Raúl hace un momento.

Las licitaciones en vivo en el estado de Coahuila es pionero en la transparencia de sus procesos como estado, en licitaciones de obra pública, que se llevan a cabo como parte de las obligaciones de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La transmisión en video que desde el año 2012 se lleva a cabo en tiempo real de las licitaciones y su proceso, ha bridando certeza, legalidad y transparencia de las mismas, evitando cualquier tipo de práctica irregular que pudiera haberse ejecutado en el pasado.

De igual forma, este tipo de licitaciones ha generado confianza, libre competencia entre los proveedores y las demás empresas que participan de las mismas, resultando la totalidad de los sujetos que forman parte beneficiados, así como la transparencia y la legalidad de los procesos, disminuyendo los costos y las prácticas viciadas.

El Sistema de Información y Transparencia de Obras para el Desarrollo Metropolitano, CITODEM, es una herramienta de transparencia que pone al alcance de cualquier ciudadano que tenga internet la información inherente a las acciones y todas las obras ejecutadas por las dependencias del gobierno del estado de Coahuila, que ya han sido verificadas por esta secretaría, como terminadas y operando.

Esto contribuye eficaz y eficientemente sobre los contextos de transparencia que el gobierno del estado ha querido ejecutar para brindar un objetivo de aplicación de los recursos y vigilancia ciudadana.

La entrega de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos vía internet, facilita el actuar del órgano fiscalizador, ya que permite la recepción de la información de forma sistematizada y hace más fácil la verificación de la misma.

La tecnología y el factor humano son conjuntamente la principal herramienta con la que el estado en materia de investigación y apoyo, cuenta para prevenir de manera más eficaz y directa los rubros coordinantes de las fallas al sistema por causa de la corrupción.

Es por ello que el generar sistemas de procesamientos que sean adecuados a las circunstancias legislativas, es sin duda una prioridad de las autoridades que la utilizan y desarrollan, pues además de optimizar tiempos de manera exponencial, las investigaciones y registros brindan certeza en los resultados, proponiendo proceder sin mayores demoras en las denuncias de actos de corrupción, cohecho, desvío de recursos, enriquecimiento, conflicto de interés, etcétera, que resulten de la aplicación de esas tecnologías y su reglamentación.

Y así aplicar y ejecutar de las sanciones que de ésta se deriven, ya sean administrativas, civiles o penales.

Las acciones antes señaladas tienen en común el uso de herramientas de última tecnología en la aplicación de las normas generadas en particular aplicación del sistema anticorrupción, por lo que conlleva a una muy responsable actuación por parte de las autoridades, pues si bien es cierto que se contará con elementos de apoyo que permiten tener una inmensa información de los posibles casos de corrupción, el uso de tales medidas debe igualmente estar regulado.

No debe pasar desapercibido que junto a ello se debe pensar en la protección de los datos que se lleguen a generar y que será obligación del ente que combata la corrupción vigilar su estricto cumplimiento, para llevar a cabo un eficiente trabajo de las entidades investigadoras y entes de ataque a los actos de corrupción es importante que las legislaturas locales en las entidades y el Congreso de la Unión urjan el establecimiento legal de generar y establecer procedimientos prácticos y expeditos para ejecutar particularmente la facultad constitucional de investigar los depósitos y cuentas bancarias de los servidores públicos que sean sujetos a algún procedimiento.

De igual forma es importante que existan acuerdos de colaboración entre el Estado con las distintas entidades bancarias para los mismos fines, esto conforme al Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala:

“En el cumplimiento de sus atribuciones a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, no le serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.

“La ley establecerá los procedimientos para que le sea entregada dicha información”. Hasta aquí la cita.

El cumplimiento a los plazos y términos legales para la presentación de los dictámenes de auditoría, su justificación y su completa investigación, es igualmente un factor importante a considerar por parte de las autoridades fiscalizadoras administrativas. para seguir a paso firme contra los actos de corrupción, puesto que tener un dictamen en tiempo para su análisis y prosecución, evita igualmente su prescripción, así como el presentar los elementos necesarios para justificar legítimamente la aplicación de una sanción, mantiene el estricto apego a las leyes y su cumplimiento por parte de los servidores públicos, pues en la mayoría de los casos que no existen sanciones de cualquier tipo, son a causa de las omisiones realizadas al momento de generarse los hallazgos dentro del desarrollo de alguna auditoría, siendo esto causa de una imposibilidad legal para imponer sanción como lo es, de igual forma, el hecho de no presentar en tiempo los resultados de lo auditado, propiciando la prescripción de la facultad de la autoridad administrativa para sancionar los actos de corrupción encontrados en las auditorías.

De igual manera es apremiante la ejecución por parte de las entidades federativas para establecer sistemas locales anticorrupción, a fin de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, la detección y la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, tal como lo requieren las actuales reformas realizadas ex profeso a nuestra Constitución.

El Estado de Coahuila ha innovado recurrentemente en estos rubros de actualización de normativa que sea proactiva y vigente en el campo de la lucha contra la corrupción.

Actualmente, la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza instruye al Titular del Poder Ejecutivo a asistir a informar al Congreso cada año de su gestión, sobre el estado general que guarda la Administración Pública Estatal, a la vez que el Congreso del Estado puede tener un debate con él y podrá solicitar del Gobernador la comparecencia de sus secretarios del ramo, o quienes dirijan entidades paraestatales para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades, pues es el caso que en Coahuila se encuentra en proceso una Iniciativa que obliga ya no sólo a los poderes públicos del Estado sino que hace extensiva la obligación a las entidades autónomas, como el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, a que tengan las mismas responsabilidades de transparentar e informar de sus actos.

Parafraseando algunos sentidos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, misma que fue el primer instrumento jurídico internacional en su tipo, redacta:

“La corrupción no podrá ser solucionada únicamente con acciones represivas, sino que es necesario que los estados adopten medidas preventivas, orientadas a modernizar las instituciones de gobierno y a eliminar las causas de la corrupción o las condiciones que la propicien.

“De igual manera, se concibe la lucha contra la corrupción como un proceso y no como el resultado de acciones puntuales.

“Por lo tanto, el esfuerzo debe ser permanente y de desarrollo progresivo”. Hasta aquí la cita.

El día de ayer y hoy he visto la disposición, el interés y el conocimiento por lograr acuerdos referentes al Sistema Nacional de Anticorrupción más allá de las ideologías.

Concluyo: que sí es posible unirse en la diversidad de pensamiento que sea por el bien de México. Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor secretario.

Secretario de Contraloría del estado de Durango, licenciado Jasón Eleazar Canales García.

LIC. JASÓN ELEAZAR CANALES GARCÍA: Gracias. Con su permiso, senador Pablo Escudero.

Senadores, diputados, secretarios de Contraloría que nos acompañan, reciban todos un afectuoso saludo de nuestro gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera.

Primero que nada, decirles que como estado de Durango celebramos que se lleven a cabo estos foros, estas reuniones, que sin lugar a dudas van a ser un hoy un después de nuestro país.

Nosotros como primer punto o primera vertiente, consideramos que la corrupción se debe abatir a corto, a mediano y largo plazo. Y siendo uno muy importante, que sería tal vez un mediano o un largo plazo, a través de la educación, en los niños y en los jóvenes, porque al final de cuentas ellos serán quienes en un futuro tomen las riendas de nuestro municipio, tomen las riendas de nuestro estado, tomen las riendas de nuestro país.

Es en ese sentido que para nosotros es muy importante la educación y que se establezcan en los planes educativos y en las distintas instancias fiscalizadoras, acciones que tengan por objetivo promover en la población infantil así como en los jóvenes, valores y principios que los formarán para ser los ciudadanos del mañana.

Ya existen grandes prácticas, grandes estudios en donde si se realizan esas acciones, vamos a coadyuvar precisamente a forjar ciudadanos con el deseo de que se cumpla la honestidad.

Decirles que nosotros derivado de las reformas constitucionales y las diferentes iniciativas que se encuentran aquí presentadas, realizamos un estudio a las mismas. Ya existen propuestas, ya existe materia, sin embargo quisiéramos abordar los siguientes puntos:

Dentro del análisis que realizamos a las iniciativas, vemos que conjuntándolas o el contenido de lo que ya contienen, sí reúnen algunos de los requisitos que establece la reforma constitucional; sin embargo es necesario precisar ciertos detalles que en la experiencia cotidiana se necesitan y sobre todo, en un tema fundamental que es el tema correctivo; porque si no funciona el tema correctivo, los funcionarios públicos siguen sin entender que la ley no solamente se hace para tenerla, sino para aplicarse.

Nosotros identificamos que es necesario en estas leyes generales o leyes reglamentarias que se vayan a emitir en torno a la reforma constitucional, primero: exista una adecuada delimitación de las facultades, tanto por parte de las instancias federativas, los órganos de control, Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia Fiscal, ya sea el Federal o el estatal.

Dentro de este estudio que realizamos, nos encontramos que las distintas iniciativas o proyectos falta aún claridad en establecer la distribución de las competencias, precisamente para aplicar las sanciones.

Es en ese sentido, que primero necesitamos tener bien en claro una determinación de un catálogo de conductas y tener en claro qué sanciones va a aplicar el Tribunal; qué sanciones van a aplicar las secretarías de Contraloría de los estados, es fundamental, porque cuando nos encontramos dentro de un proceso y no está bien delimitada esa situación, es cuando nos enfrentamos a las impugnaciones. Y al no tener elementos adecuados en un marco normativo, generaríamos la impunidad.

Es en ese sentido que, derivado del análisis que realizamos consideramos que faltan algunos aspectos fundamentales de considerar, como son: grados; como son: cuantías.

Pongo un ejemplo. Un servidor público que le solicita una dádiva a un funcionario, sean 20 pesos, o como pueden ser millones de pesos, son situaciones que no hemos visto consideradas en ninguna de las iniciativas que se tienen actualmente presentadas.

Para nosotros es fundamental que se establezca de manera clara las situaciones que estoy comentando. Otro aspecto fundamental, es la materia procedimental: el procedimiento.

Si bien es cierto, en algunas de las iniciativas, o inclusive en la ley vigente de responsabilidades, en las federales o en las estatales, derivado del estudio que realizamos o los proyectos de iniciativa que están, existe un procedimiento pero aún falta meterle más estudio y más desarrollo al procedimiento.

¿Por qué? Porque en algunas de las iniciativas únicamente se establece el procedimiento de sanción que realizará el Tribunal; sin embargo, no se establece el procedimiento que realizarán las entidades federativas.

Creemos que es indispensable un estudio con conocedores de la materia, para que dentro de estas iniciativas esté desarrollado de manera adecuada dicho procedimiento. Porque todos sabemos que si el procedimiento falla, van a ser muchas las impugnaciones y va a haber impunidad.

Necesitamos determinar cuál va a ser el procedimiento que va a seguir el Tribunal; cuál es el procedimiento que van a seguir las entidades federativas, la Secretaría de la Función Pública en el proceso sancionador.

O, si es el mismo, establecer de manera clara cómo será cada uno de ellos.

Otra situación que consideramos de carácter indispensable, es que conforme está la reforma constitucional, y derivado de los diversos debates que ha habido y las iniciativas, se establece que las diversas instancias serán quienes promuevan las denuncias ante el tribunal; llámese la Secretaría de la Función Pública, llámese la Secretarías de Contraloría del Estado, llámese la Auditoría Superior de la Federación.

Turnaremos nosotros aquellas causas que sean consideradas, o conductas que sean consideradas como graves. Sin embargo, no encontramos todavía una clara definición de cuáles son esas conductas que serán consideradas como graves.

Por eso, dentro de nuestro estudio, nosotros vemos esa parte que se debe de analizar y separar.

¿Cuáles son las conductas que verdaderamente van a ser consideradas como graves y por qué? ¿Y cuáles no?

Es en ese sentido que una vez que los órganos de control identifican una conducta que se considera como grave, deberá de turnarla; sin embargo, no vemos un documento o dentro de las iniciativas que se establezca el cómo.

Es importante establecer el cómo se van a turnar y qué deben de contener esos expedientes que se van a turnar, porque de nada sirve que se turne un expediente al Tribunal que va mal formulado, que no contiene los requisitos, los medios probatorios mínimos indispensables, porque legalmente no tendría el Tribunal los elementos necesarios para poder determinar las posibles sanciones.

Es en ese sentido que también consideramos nosotros que en estas leyes exista una determinación de cómo se deberán de turnar y qué elementos deberán de contener esos expedientes que se turnen, en este caso al Tribunal que, conforme a la Constitución, ya sería a quien le correspondería sancionar a aquellas causales que sean consideradas como graves.

Dentro de este análisis que también realizamos observamos un área de oportunidad enorme, tanto para las secretarías de contraloría de los estados y en este caso ya una vez que esté el tribunal, sí existe la figura que a continuación voy a comentar, cuando determinamos la existencia de una sanción de carácter económica, cuando se van a ejecutar dichas sanciones, se ejecuta, como este caso, quien ejecuta las sanciones es a través de cada uno de los códigos fiscales de los estados.

Sin embargo, desafortunadamente y es un tema muy importante para la reforma, no existe, a diferencia por ejemplo cuando es un tema de tribunales, que exista la coordinación entre los tribunales o la cooperación para poder realizar los actos, en esta materia no.

Por ejemplo, si nosotros aplicamos una sanción económica y ese servidor público ya se encuentra en otro estado o sus bienes se encuentran en otro estado, al no existir esa regulación o esa relación de colaboración, las autoridades que se hacen cargo de realizar el cobro, a través de las procuradurías fiscales o sus similares o las otras instancias, pues legalmente se encuentran impedidas.

Entonces es en ese sentido, porque no están dentro del territorio. Es importante que se tome nota de esto, porque debemos ampliar el esquema de colaboración y cooperación entre las distintas entidades federativas.

Y por supuesto, al momento que el tribunal llegase a ordenar una determinada sanción económica, debe estas muy clara la norma de cómo se va a realizar y cómo se va a ejecutar. De lo contrario corremos el riesgo de que esas sanciones económicas sean declaradas como incobrables.

Otra de las situaciones que consideramos de gran importancia, dentro del estudios que realizamos a las iniciativas que ya se encuentran, observamos que es indispensable y atendiendo los preceptos constitucionales, que se haga una revisión al procedimiento de carácter resarcitor.

Y actualmente, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, pues corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y dicho procedimiento se encuentra contenido en el título quinto de esa Ley. Sin embargo, con las reformas constitucionales se debe hacer nuevamente un análisis de ese procedimiento y de plasmar en la norma correspondiente y haciendo la derogación del título correspondiente, porque el tribunal de justicia sería al que le correspondería.

Es importante también mencionar que todas estas apreciaciones que se realizan y también por respeto a los tiempos, no sé cómo andemos, es en lo que se refiere al aspecto sancionatorio, en lo que se refiere al aspecto correctivo; de no considerarse dentro de los procesos, ténganlo por seguro que vamos a tener impugnaciones y que como está diseñado el nuevo proceso constitucional, si no se detallan todas estas situaciones que estamos comentando, pues la mayoría de las sanciones serían impugnables y por supuesto declaradas como improcedentes.

Ahora bien, en lo que se refiere al aspecto preventivo, consideramos necesario que tanto el Sistema Nacional Anticorrupción, como el Sistema Nacional de Fiscalización, tenga comunicación y tenga concordancia.

Porque como nosotros siempre lo hemos dicho en distintos foros, la corrupción, las faltas administrativas, son como el delito.

De nada nos sirve tener las cárceles llenas, de nada nos sirve tener cada día que estar creando más instituciones para que guarden a las personas que cometen ilícitos.

Necesitamos, al igual que como el delito, prevenir. Realizar acciones de carácter preventivo que eviten precisamente que los servidores públicos realice actos contrarios a la ley.

Creemos que dentro de las diversas disposiciones que se encuentran en las iniciativas ya previstas, así como el Sistema Nacional de Fiscalización, buscando un adecuado compaginamiento de todo ello porque existen muchas contradicciones entre ellas, existen muchas ideas, existen muchos proyectos.

Pero buscando un adecuado término creemos que con ese tema que ya está vertido, que ya existe de manera preventiva se van a tener los elementos necesarios precisamente para tratar de coadyuvar a evitar actos de corrupción.

Y termino diciendo lo que en un inicio comenté:

Para verdaderamente abatir y terminar la corrupción, tiene que ser un plan a corto, mediano y largo plazo. Eduquemos a nuestros niños, eduquemos a nuestros jóvenes y tratemos de cambiar la visión del ciudadano mayor. Por mi parte sería todo.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.

Y quédese tranquilo. La verdad de las cosas es que estamos trabajando en el documento, en el Dictamen que vamos a elaborar.

Nadie estamos pensando que está en los términos, todos hemos observado de manera rápida los temas de constitucionalidad que ustedes han visto, las iniciativas que nosotros vamos a presentar la próxima sesión y el PRD está presentando otro grupo y los abogados, las senadoras del PAN, también evidentemente estamos trabajando en ese tema, estamos muy consciente de lo que le falta muchos conceptos

Muchas gracias.

Y le damos el uso de la palabra a la licenciada María Isabel Tinoco Torres.

LICENCIADA MARÍA ISABEL TINOCO TORRES: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Señor senador.

Senadores presentes. Compañeros:

Muy buenas tardes.

Para Guanajuato es un gusto, y agradecemos de manera permanente siempre esta clase de invitaciones a poder participar en los foros de discusión y poder aportar algo con lo que ya estamos trabajando en el Estado, como lo que nosotros creemos que pudiésemos también opinar para que esto sea una realidad.

Uniéndome al comentario del diputado, hace un momento: creo que tenemos una gran oportunidad de oro en este momento, en este siglo y en este año, de poder realmente dar una respuesta clara a la sociedad de lo que está solicitando la misma.

Lo que nosotros vemos, y de manera particular su servidora, puede apreciar un divorcio actualmente entre la sociedad y el gobierno.

Hay una desconfianza total entre lo que hace la sociedad para el gobierno y el gobierno para la sociedad.

Nada menos el día de ayer estuvimos participando con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en unas ponencias y por ahí se comentaba y hacían ellos mismos el comentario de la necesidad de recobrar la confianza por parte de la autoridad hacia ellos, en el sentido de haber desparecido el dictamen fiscal, lo cual me llama la atención con relación precisamente a este tema de los contadores públicos registrados, ya que si se tomó esta decisión en un momento dado fue precisamente por algo que la autoridad pudo haber detectado, sin meterme en algunos detalles.

En ese sentido, lo que nosotros vemos dentro de ese divorcio es al revés, nosotros vemos cuando nos paramos ante un foro de ciudadanos, el enojo y la molestia de los mismos en razón de que no se le ve fin, dicho por los mismos ciudadanos a este tema.

Creo que, y sin tratar de repetir lo que ya escuché de mis compañeros, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, ya que a través de la Comisión Permanente de Contralores, Estados, Federaciones, estos temas los comentamos mucho tanto en las plenarias como en lo corto; creo que uno de los temas básicos de este momento, como ya lo decían mis compañeros, es el tema de la educación, pero una educación realmente que sea de calidad, tanto en las escuelas como para los propios servidores públicos que estamos en funciones.

Atendiendo un poco la parte de los exámenes que de manera general se les hacen de conocimientos a los jueces y en ciertos sectores de la autoridad, consideraría necesario que dentro de estas iniciativas se pudiesen presentar, se añadiera un tema que tuviera que ver con esto: la capacitación permanente, pero también exámenes en los que nos diéramos todos cuenta inclusive o que fueran públicos atendiendo a la transparencia, del grado de preparación que se tiene por parte de las personas que ocupan cargos a los que nos dedicamos a la Contraloría.

Por ahí escuchaba del auditor general, Juan Manuel Portal, hace tiempo, él decía lo mismo, estamos empezando con el tema de la corrupción o uno de sus orígenes es precisamente porque las personas que nos pudiéramos estar haciendo cargo del tema, no somos las competentes, no tenemos los conocimientos ni las capacidades necesarias.

Entonces de ahí que viene un tema que nosotros consideramos en Guanajuato de vital importancia, y que se refiere al Servicio Civil de Carrera; pero un servicio civil con bases sólidas en las que realmente se tome en cuenta al servidor público que se prepara, se le incentive con temas de poder escalar a puestos de responsabilidad, lo cual uno como profesionista aspira y tiene muchas ganas de hacerlo, pero por alguna situación a veces no se logra.

En ese sentido, lo que nosotros apostamos es a un sólido Servicio Civil de Carrera para que realmente se le dé la oportunidad a jóvenes que van ingresando y a las personas que ya están en el servicio público, para efecto de poder escalar y poder hacer un mejor trabajo.

Dentro de esta parte de la educación sí quiero resaltar el tema de la ética, pero el cual se refiere a que no cualquier persona es apta para desempeñar un cargo de servidor público. Esto no se trata de un trabajo como que el que me encontré, no tenía dinero, no tenía oportunidad, pero aquí me la encontré, como servidor público.

Porque muchas de las veces lo que sucede, y en la mayoría de los casos y si no es que en todos, cuando no se tiene esa vocación de origen, de servicio, de ayuda como seres humanos que somos y de seguirme preparando con esa responsabilidad que tiene el propio cargo; creo que ahí caemos en una situación en la que por cualquier situación puedo caer en una tentación como ya lo decían mis compañeros, de poder.

En ese sentido, creo que es muy importante el hecho de que se trabaje con niños, sí, yo estoy enamorada de la Contraloría Social, con los jóvenes, sí; con mucha participación ciudadana también; pero hay que trabajar mucho con los que ya estamos ahora ocupando un cargo.

Aparte de los temas, como ahora lo comentaba mi compañero Jasón, de ser muy vigilantes en estos temas de las iniciativas, de ser muy claros en cuestión de competencias y en cuestión del ataque a la impunidad, como bien lo señalaba senador, que se está trabajando en ello; me agrada mucho esto, pero también me gustaría abonarle esa parte: el tema de que realmente quien ocupe un cargo público, se haga de alguna manera una selección de que realmente esa persona tiene amor al servicio público.

Porque muchas de las veces, dentro de la sociedad se critica: “ustedes entran a tal horario y salen a tal horario”; y a veces no, a veces son horarios extenuantes de los servidores públicos que con amor al trabajo están sacando el mismo.

Otro de los temas que nosotros podemos ver en el estado y creo que es de manera general, y si me lo permite como una opinión también de su servidora, creo que en todos los temas hay que atacar el origen, porque también como se mencionaba ahora, traemos cuestiones muy dispersas, yo lo veo también así.

Ahora se hablaba de un Sistema Nacional de Fiscalización, un Sistema Nacional Anticorrupción, pero traemos también un Sistema Nacional de Transparencia, la implementación de un sistema de rendición de cuentas, que nos hace falta en la parte sistémica.

Entonces, muchas de las veces se ve esto, lo vuelvo a decir, como un divorcio. Son entes o se tratan como islas estos temas y no hay una unión real, que puede haber contradicciones o puede haber esas áreas de oportunidad donde podríamos estar uniendo todos los temas para efecto de que realmente obtuviéramos no nada más un documento en el que plasmemos todo esto sino que esto se haga realidad.

Dicen los que saben que vamos a tardar 10-15 años. Yo diría que si le trabajamos muy duro a esto realmente va a ser en menor tiempo.

A esto le sumamos los temas de transparencia en esta parte sistémica. Creemos que en esa parte de transparencia para poder determinar si hubo una conducta irregular y que tiene que ser vigilada y tal vez tiene que ser castigada de una manera diferente, precisamente por eso es de vital importancia el tema de archivos.

Lo primero que tendríamos que tener, creo yo, junto con este Sistema Nacional Anticorrupción, es una verdadera ley de archivos y que se baje a los estados para poder tener la seguridad de, con la creación de la documentación, de los expedientes, de toda la historia de un estado a través de esta parte documental, electrónica o como lo llevemos, pero que realmente le demos certeza a todas las personas de que se está trabajando porque tenemos una base.

Y de ahí va a venir todo lo demás automáticamente. La parte de la información pública, que ahora ya no podríamos trabajar de transparencia proactiva porque ya tenemos una ley general que nos obliga y que en los estados ya tendríamos que estar trabajando en su armonización porque los tiempos están por vencerse. De ahí viene esa parte de la información pública; de ahí viene la parte de la eficiencia en el trabajo que realizamos como estado, en las compras, sobre todo en la obra pública.

Como ahora lo comentó mi compañera Carmen, el tema de la obra pública en la cual desde que nosotros llegamos a la contraloría se me hacía la reflexión de que por qué no trabajábamos en una petición de un foro como este en el tema de la bajada de los recursos, o sea, los momentos de bajar el recurso, pero creo que es un tema conjunto.

O sea, si a nosotros nos hacen caso, como en este caso, escuchándonos y dándonos la retroalimentación, porque muchas de las veces podríamos estar fallando nosotros.

“Oye, te faltó presentar el proyecto ejecutivo. No hiciste las modificaciones necesarias. El proyecto se modificó y tú no hiciste lo correcto”, ¿entonces cómo quieres que yo también tenga la responsabilidad?

No sé, se trata de compartir esa información para eficientar el tema de las compras.

Creo que ahí tenemos un área de oportunidad muy grande y la podríamos contrarrestar si pudiésemos tener esas vías de acceso a la capacitación conjunta y la retroalimentación que, también lo digo así, creo que entre todos los contralores, con el Senado, con los diputados, es decir, ambos poderes, el Poder Judicial, uniendo esfuerzos a través de los Órganos Internos de Control de cada uno de nosotros, nosotros que estamos en el día con día nos podríamos estar autocapacitando nosotros y ahí, creo, tenemos un área muy grande de oportunidad en el tema del uso del recurso para la capacitación.

Una capacitación cruzada nos vendría muy bien. Siempre hay expertos, pero entre nosotros mismos, de un tema, para que realmente como equipo, como nación, como México estuviésemos todos muy bien preparados.

Aunado a esto, a lo que ahora se comentaba con el tema de la 3de3; a mí me encanta.

Desde el momento en que esta iniciativa se empezó a trabajar a mí me encantó, nada más que a mí me gustaría que dentro del fondo de esta 3de3 se tomaran en cuenta ciertas cuestiones que no nada más quedaran en convenios de colaboración, porque esos convenios creo yo que en su momento sí funcionaron, pero creo que esto debe quedar ya más fijo y más firme en una ley.

Pongo un ejemplo. Al momento de estar trabajando en la declaración patrimonial de los servidores públicos requerimos información para el seguimiento, no nada más en el repositorio cumplió todo el estado, presentaron todos los servidores públicos obligados y ahí quedó el tema, sino aquí obviamente hay que darle un seguimiento para comprobar la veracidad de los datos que están incluidos en esta declaración.

Si no tenemos nosotros el apoyo de las demás dependencias, por ejemplo, ahora que comentaba Carmen, para mí también es importante la presencia de la Secretaría de Hacienda como en las contralorías municipales la parte de las tesorerías, que al final trabajamos lo mismo, una administra y el otro revisa y tenemos que estar trabajando con mucha retroalimentación, creo que esa parte es muy importante, pero ya que se estableciera en un documento firme, legal, que nos diera certeza a todos de que realmente el tema del secreto bancario, ahora en la iniciativa donde se establece la parte bursátil también; y, en su caso, el tema del congelamiento de los bienes para los servidores públicos a los cuales se les compruebe un acto irregular, yo creo que eso estuvo muy bien, lo vemos muy bien.

Sin embargo, creo que, en ese sentido, todos debemos crearnos un compromiso, todas las autoridades que tenemos que ver con el tema para que realmente esto pudiera funcionar.

Y una última consideración en el tema de una de las iniciativas que se está trabajando, que precisamente tiene que ver con la Ley de Responsabilidades y la que trabaja el combate a la corrupción, se establece, yo lo vi así dentro de la parte de conflicto de interés, el hecho de cuidar que los servidores públicos no se dediquen dentro de su trabajo, aunque sea fuera del horario de trabajo como servidor público, a una actividad que le genere un conflicto de interés.

Y creo que esa parte es muy importante si se va a tomar en cuenta esa disposición creo que es el artículo 23 de esta iniciativa, si se va a tomar en cuenta de esta manera, yo apelaría para que se reglamentara de una manera muy a conciencia, porque creo que esa parte que no ha sido tomada en cuenta tan en serio y donde se dice, bueno, se te permite la docencia y nada más hasta ahí, pero donde vemos servidores públicos que se están dedicando a actividades de su mismo ramos en otros horarios, eso nos está creando mucho conflicto precisamente porque luego, lo vuelvo a decir, cuando no hay una norma o una situación que reglamente y homologadamente nos establezca un camino, por ahí existe la tentación de que no pasa nada y si se dan cuenta, bueno, pero si no se dan cuenta pues aquí le sigo.

Entonces, yo pediría mucha atención y lo que pudiéramos colaborar en este caso, para esta disposición, que para mí es muy importante, de veras, me sumo a esto que estamos haciendo, yo agradezco mucho que nos hayan invitado, porque los ciudadanos, yo soy ciudadana, todos somos ciudadanos y creo que nos merecemos realmente que este tema de la corrupción se trate desde el origen.

Porque si lo tratamos nada más como entes aislado o una mejora a una ley y creamos más leyes de las necesarias, yo creo que puede ser contraproducente y también estoy segura que si esto funciona, van a salir actos de corrupción ´por lo mismo, porque tal vez no habíamos tenido la precaución de haberlo trabajado.

En el momento en que se trabaje de una manera correcta, yo diría a lo mejor nos vamos a asustar, porque vamos a decir nos salió la corrupción, pero precisamente yo creo que va a salir porque se está trabajando en ella.

Así es que muchas felicidades y estamos a sus órdenes y muchísimas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias secretaria María Isabel Tinoco Torres.

Licenciado Mario Ramos del Carmen, contralor general del estado de Guerrero.

LICENCIADO MARIO RAMOS DEL CARMEN: Agradezco a los senadores por darme la oportunidad de participar en estos foros de discusión con motivo del proceso de dictaminación de las leyes reglamentarias en materia de combate a la corrupción.

En México se ha venido diseñando y está en proceso de gestación una política de rendición de cuentas, la cual debe desarrollarse desde una perspectiva integral, lo contrario implicaría crear una política de rendición de cuentas desarticulada, que podría llevar al sistema político y constitucional directamente al fracaso.

La política pública de rendición de cuentas se yergue como el instrumento básico y fundamental de combate a la corrupción. Un diseño deficiente de esta política podría incrementarla y una buena arquitectura alejaría y evitaría las malas prácticas por parte de los servidores públicos.

A partir del 5 de mayo del 2015, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, México transforma su sistema. De ahí en adelante el Estado Mexicano cuenta con un nuevo modelo.

Ello representa una oportunidad para liderar desde nuestra entidad, un esfuerzo integral y responsable para retomar en el servicio público la transparencia y el combate a la corrupción, como eje central del funcionamiento de nuestro gobierno.

El estado de Guerrero asume con responsabilidad los retos legislativos para responder a los cambios constitucionales y legales, promovidos desde la Federación.

Sabemos que en el estado de Guerrero las dificultades por la inseguridad pública y la bastante influencia de las organizaciones delincuenciales, implican un motivo muy fuerte para que la transparencia y la rendición de cuentas puedan darse a plenitud.

Sin embargo, la llegada del licenciado Héctor Astudillo Flores, como Gobernador Constitucional del Estado, trae en el ánimo que vayamos de frente a combatir la corrupción.

El derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, se instauró en el año 2009.

Vino a representar un derecho distinto pero a la vez complementario de transparencia y acceso a la información pública.

Considero que el proyecto de iniciativa de Ley General de Protección de Datos Personales, vendrá a dar identidad al nuevo modelo, a representar y complementar la política en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Yo creo que la situación de los datos personales deben tener un tratamiento muy especial y veo dificultades en cuanto a la publicación de las declaraciones porque pues si no se toma el cuidado correspondiente, obviamente iremos más allá y afectaremos los derechos de las personas.

Por eso hoy que se va a legislar en esta materia, sería importante que hubiera un análisis muy minucioso a efecto de que podamos encontrar una fórmula de no afectar también ese importante sector de derecho humano de las personas.

Antes de la Reforma del 27 de mayo de 2015, México contaba con una política anticorrupción con instituciones aisladas.

Los artículos 26, 73 Fracción 28, y 134 constitucionales, no eran suficientes para consolidar un sistema anticorrupción.

Esta Reforma adicionó y derogó diversas disposiciones de la Constitución Federal, a través de las cuales se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que ha llevado a distintos actores a presentar iniciativas con proyecto de Decreto, cuyas observaciones son las siguientes:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Esta Iniciativa regula la obligación de los servidores públicos de rendir periódica y verazmente su declaración patrimonial y de intereses, la cual consideramos un gran avance, misma que no pugna con el derecho a la protección de datos personales.

El gobierno de Guerrero está convencido que uno de los pilares de nuestra rendición de cuentas y el combate a la corrupción es la presentación de la declaración de situación patrimonial.

Sin embargo, este ejercicio de transparencia estaría incompleto sin la presentación de la declaración de intereses que es una obligación que fija nuestra Constitución Mexicana pero que todavía no se encuentra en nuestras leyes locales del estado de Guerrero.

Por ello, a petición del ciudadano gobernador del Estado, los secretarios, subsecretarios, directores generales del sector central y sus equivalentes en el sector paraestatal, han presentado su declaración de intereses, su declaración fiscal y obviamente su declaración de situación patrimonial.

Para que no haya dudas del fuete compromiso de este gobierno con la rendición de cuentas y combate a la corrupción, y para que la presentación de la declaración de intereses y la fiscal sea una obligación legal, el gobernador presentará las iniciativas de reformas constitucionales y legales correspondientes, en el Congreso del estado.

Obviamente, no obstante que ya estamos haciendo en los hechos las declaraciones, creo yo que una vez que tengamos la ley de datos personales y todas las demás reglamentaciones que ustedes van a hacer, nosotros tomaremos la decisión para poder hacerlas públicas o armonizar nuestras leyes locales a las federales que ustedes legislen.

En materia de combate a la corrupción, el papel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es determinante, ya que se amplía su competencia para combatir actos de corrupción, específicamente para conocer actos y procedimientos derivados de licitaciones y contratos públicos, de la imposición de sanciones a servidores públicos federales y a particulares; de la imposición de sanciones a servidores públicos por irregularidades en el manejo de recursos federales; de indemnizaciones y sanciones resarcitorias pecuniarias que deriven de daños y perjuicios que afecten la hacienda federal o al patrimonio de los entes públicos federales; y de las sanciones administrativas no graves impuestas a servidores públicos.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta iniciativa regula la figura del sistema devolución patrimonial y de declaración de intereses, que consideramos correcto.

También nos parece un acierto que se haya enviado el paquete de iniciativas de forma integral, el cual incluye reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esencialmente para ratificar y fortalecer las funciones de las tareas de la Secretaría de la Función Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción. La iniciativa nos parece conveniente y vendría a complementar a la ley que regula el Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas.

En lo que corresponde a nuestro estado, el titular del poder ejecutivo ha señalado que no de los principales ejes de la acción de su gobierno es el combate a la corrupción para garantizar el Estado de Derecho; ha precisado además, que el combate a la corrupción no sólo es una urgencia, sino también un instrumento que permite solventar otros problemas como la pobreza, el rezago social, la criminalidad, la impunidad que permean en nuestra entidad.

Es un mecanismo que reconstruye el tejido social bajo una visión democrática, horizontal y participativa.

En alcance al Sistema Nacional Anticorrupción, el estado de Guerrero implementará el sistema estatal anticorrupción a través del Programa estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción. Este programa lo echaremos a andar en la primera del próximo mes de marzo.

Este programa es un compromiso político y ético del poder ejecutivo estatal para combatir la corrupción, así como para instaurar plenamente una cultura de legalidad y para reorientar y transparentar la administración pública.

Con la instauración del Sistema estatal Anticorrupción, se busca homologar la legislación estatal con la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de rendición de cuentas, responsabilidad de los servidores públicos, administración de los recursos materiales, transparencia y acceso a la información pública, así como otras leyes complementarias.

Sabemos que la situación de la corrupción, como se ha hablado aquí bastante, no implica nada más ni podemos nosotros también terminarla con las puras sanciones. Es imposible eso.

Tenemos que manejar y mucho trabajo el caso de la contraloría social. Por eso en el estado de Guerrero hemos estado manejando y dando seguimiento al Programa de Contraloría Social que nos ha estado enviando la Secretaría de la Función Pública.

Y hoy ya tenemos algunos avales ciudadanos. Hemos iniciado en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de Acapulco.

Tenemos también la formación de contralores infantiles.

Hemos hecho una reorganización orgánica de la administración pública con la finalidad de que el recurso presupuestado para recursos humanos sea exclusivamente en aquello que esté especificado en sus organigramas.

Total, pues, que aparte de lo que es la situación de castigo por irregularidades en la administración de justicia, nosotros pensamos que un estado tan difícil, como es el estado de Guerrero, debemos darle prioridad a situaciones de formación de valores para la niñez del estado de Guerrero.

Señoras y señores:

El combate a la corrupción representa un compromiso de tiempo completo con la transparencia y la rendición de cuentas. Necesitamos gobiernos de elevada convicción democrática que instrumenten políticas para estar integrados a la práctica de la buena gobernanza.

Un gobierno sensible, cercano a la gente, que ejerza con pulcritud sus recursos, responda con altitud de miras un gobierno eficaz, moderno, y sobre todo honesto y transparente.

Hoy más que nunca se impone categóricamente la necesidad de seguir construyendo el país que todos anhelamos, con la participación reflexiva, crítica y propositiva de una sociedad que exige transparencia, rendición de cuentas de los servidores públicos.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor Contralor General del Estado de Guerrero.

No me queda más que agradecerles el haber estado aquí y comentarles que sin duda (falla de origen)

…comentarios que han vertido son los comentarios que llevamos tres años platicando con compañeros senadores;la senadora Pilar Ortega, la senadora Laura Rojas y la senadora Pineda Gochi.

Si no tenemos una de las piezas del rompecabezas es que no tenemos nada. Justamente por eso desde hace tres años diseñamos y pensamos en estas dos grandes reformas constitucionales de la reforma constitucional en materia de transparencia y la de anticorrupción con el desdoble, y sin duda desde ahí veníamos viendo el Sistema de Fiscalización que como todos ustedes saben fue imposible, los que fuimos diputados en esa legislatura, tener una normatividad o que pudiera pasar por lo menos por el Congreso.

El Sistema de Fiscalización es una idea planteada por el auditor superior Juan Manuel Portal en la desesperación de no poder tener una legislación más ágil para poder tener estas medidas de coordinación.

Sin duda cuando empezamos a diseñar las reformas constitucionales, la reforma en transparencia, pensamos también en el desdoble de las otras leyes generales que tenemos: la Ley General de Transparencia que salió adelante; la Ley Federal en Transparencia, que la sacó el Senado de la República que estamos esperando.

Y se está trabajando en este momento dos leyes importantísimas, por supuesto: la Ley General de Archivos y la de Protección de Datos, donde la senadora Laura Rojas ha estado presente. Sin duda estos tienen que ser parte de todos estos sistemas.

Nosotros estamos viendo y estamos pensando respecto al Sistema de Fiscalización que debe de quedar dentro de este Sistema Anticorrupción; de hecho ahí lo hemos redactado para que tenga ya un agarre legal dentro de todo este andamiaje que deben tener los diferentes sistemas.

Estamos trabajando sobre ello; estamos revisando los procedimientos; estamos siendo cuidadosos en todas las etapas de cómo deberán integrarse los expedientes.

Estamos preocupados por la clasificación o preclasificación que deberán de tener los órganos internos de control respecto a las conductas, a las faltas administrativas, si podría tener un vicio de constitucional o la calificación propia de la gravedad o no, si tendría que darle vista al servidor público que se está realizando esa clasificación o preclasificación o no, si el servidor público debiera tener desde ese momento una garantía de audiencia o no.

Es decir, estamos revisando a detalle cada uno de los procedimientos que deben de seguirse en todo el tema administrativo de violaciones administrativas normales, por decirlo así, de graves, cuál es el paso que tiene que darse, cómo deben integrase justamente los expedientes, el tribunal, las nuevas salas, la capacitación de los magistrados en este tema, los recursos que deben de tener, en qué instancias y así, pues es lo que hemos estado desarrollando y también por eso los hemos querido escuchar ´para saber cuáles son sus inquietudes, en qué están pensando, cuáles son las fallas que ven.

Sin duda hemos detectado las mimas fallas que ustedes en algunos de los instrumentos que se han presentado, y seguiremos trabajando en tener muy buenos documentos que hagan toda una pieza completa con todos los sistemas de transparencia y de fiscalización.

Les agradecemos el haber estado aquí con nosotros, son muy valiosos para nosotros sus concepciones, sus ideas, sus preocupaciones, desde la educación, desde los sistemas, desde lo que hace falta, desde los archivos.

Sin duda la reflexión que habrá que hacer, porque pareciera muy fácil que por complacer a la Cámara y al ciudadano, pues todas las declaraciones públicas, las declaraciones patrimoniales y la pregunta es un análisis serio de constitucionalidad, de fondo.

Hemos estado legislando aquí, en este Senado de la República por la presunción de inocencia. Las declaraciones patrimoniales son pruebas en juicio, tienen valor probatorio, ¿podemos pedirle a un servidor público que no esté en juicio que pruebe su inocencia? ¿Podemos hacerlo?

Estamos revisando las jurisprudencias, estamos revisando los debates de la corte, estamos revisa do los engroses que existen, los incito a revisar la ponencia de la exministra Olga Sánchez Cordero, donde justamente ella nos advierte de este problema, donde nos dice estas declaraciones patrimoniales son pruebas en el juicio, cómo vamos a pedir que estas se haga públicas, por qué, si estamos justamente del lado de la otra parte, legislando la presunción de inocencia y en el debido proceso.

Tienen implicaciones constitucionales y legales diferentes a la de la cámara fácil y a la del aplauso fácil, que la ciudadanía pide y quiere, sin duda esas revisiones las haremos.

Nos preocupa, tenemos que establecer los mínimos y los máximos. Todo mundo quisiera que el primer servidor que se llevara un lápiz pues lo metiéramos a la cárcel 10 años y lo inhabilitáramos 20, pues eso no es posible, hay que decírselos, hay parámetros legales, constitucionales que hay que estar revisando.

Pues en esa tarea estamos, les agradecemos nuevamente su presencia y si mis compañeras senadoras no tienen nada más que decir, muy buenas noches, gracias.

Sí señor secretario.

LICENCIADO JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO: Agregar un punto.

Qué bueno que o están viendo con esa óptica de la constitucionalidad, porque no solamente es peligroso, la declaración patrimonial olvídate en Coahuila tenemos una ficha pública donde dice si tienes terrenos, cuentas, dónde, en el extranjero, etcétera, conflictos de interés, pero es un intermedio, no es hacerlo todo público.

Nada más que recuerdo y lo comentaba en la mañana con el licenciado Jacobo García de la OCDE, en su oficina, que aquí está presente, que al declaración pública que hacemos todos los funcionarios públicos tiene el nombre de nuestros hijos y la dirección donde viven y entonces yo creo que tenemos que cuidar eso, porque ellos no tienen la culpa que tengan padres que son funcionarios públicos.

Y como lo decía Isabel: que le meten 14, 15 y hasta a veces 16 horas diarias por tener un México mejor y ya por el hecho de ser funcionario público te señalaron.

Entonces yo creo que sí se tiene que cuidar mucho ese tipo de cosas en aras precisamente no solamente de la tranquilidad de uno sino de los hijos nuestros. Están allí, están trabajando por México también.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias secretario.

Sin duda en las ponencias que ustedes podrán revisar y nosotros con mucho gusto se las haremos llegar, sin duda una de las grandes discusiones que se da en la Suprema Corte de Justicia pues es el umbral que debe tener un servidor público respecto a un particular, si debe ser mayor o debe ser menor.

Hay muchas discusiones ya al respecto en eso y de ahí justamente estamos haciendo estas revisiones.

Sin duda los criterios que hemos encontrado en su gran mayoría es que esta protección de datos protege a los servidores públicos igual que a las personas en lo particular, o que a las personas morales.

Pero bueno, pues esos son los engroses y las grandes discusiones que están.

LICENCIADO JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO: La otra que quisiera añadir también:

Yo trabajé en el sector privado 32 años y fui líder en mi Estado del área del Sureste de mi Estado, de CANACINTRA y de COPARMEX. También hay muchos conflictos de interés como líder empresarial.

Qué bueno que esta ley está contemplando a los particulares. Pero digo, cuando se pide una 3de3 pues vamos todos, ¿no? Por qué no los líderes empresariales, las cámaras, pueden acceder.

Por qué no los representantes o presidentes de organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos preponderantes del gobierno para su trabajo, por qué no, 3de3, ahí tenemos un caso ahorita en este momento, o presunción de inocencia. Entonces o todos coludos, o todos rabones.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí. Sin duda el análisis y la revisión dan para mucho. Yo diría más aún, si pudiéramos considerar que un servidor público tiene el derecho de usar los datos de su esposa, de su familia para hacerlos públicos, o si su propia esposa pudiera tener un recurso en contra del servidor público por hacer del dominio público sus bienes patrimoniales que ha trabajado, que ha conseguido o que ha heredado.

Sin duda estas son las discusiones que están en la Corte, que hay que analizarlas desde el punto de vista jurídico. Señor contralor.

LICENCIADO MARIO RAMOS DEL CARMEN: Yo quiero hacer dos comentarios: Uno, en relación a la situación patrimonial.

Bueno, efectivamente hacerlo público en un estado como Guerrero es totalmente mucho más complicado que en otras entidades.

Pero nosotros tenemos la obligación de hacer declaraciones también de los menores que dependen de uno.

Tenemos que hacer la declaración de nuestra esposa y sin importar que estén las parejas casadas por separación de bienes, o en bien común, porque son situaciones totalmente diferentes y entonces la esposa, o el esposo puede decir: “bueno, y a mí por qué me metes si yo tengo mis bienes por separado”.

Esa es una parte.

La otra situación es la declaración fiscal.

No todos tenemos la obligación de hacer declaración fiscal. La ley me está estableciendo que solamente los que obtengan más de 400 mil pesos anuales.

Entonces por ese lado ya no todos los funcionarios tenemos la obligación de presentarla.

Segundo: Para mí es una duplicidad. Y se los aclaro porque nosotros, les decía, ya hicimos esa declaración. Sin embargo, pues para efecto de legislar sobre la materia, pues debemos nosotros analizar bien.

Es, la declaración fiscal, es, tenemos que hacerla ante una autoridad federal. Es de materia federal para empezar. Y si no lo hacemos, bueno, pueden venir sanciones muy fuertes. Se establece en la ley.

Entonces si nosotros obligamos nuevamente a los funcionarios públicos a que hagan una declaración fiscal, bueno, pues creo que se va a duplicar si se ve el asunto en ese sentido.

Pero también

Pero también pudiera ser que en algunos casos, por situaciones que se le escapen al declarante, a lo mejor no puedan coincidir entre lo que se declara ante la Federación y lo que se declara ante la Contraloría; porque la Contraloría es ante quien deben declarar.

Por eso, lo que comentaba hace rato del análisis muy minucioso en el caso de los datos personales, también sería conveniente que en estos dos casos, el que comenta el señor contralor y lo que estoy comentando de la declaración fiscal, también requiera de un análisis muy profundo.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Muy buenas noches tengan todos ustedes.

Miércoles, 24 de febrero de 2016. 12:00 horas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le damos el uso de la palabra a la licenciada Flor de María López González.

LICENCIADA FLOR DE MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ: Muy buenas tardes a todos.

Con el permiso del señor senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, reciba un saludo; igualmente al senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia; al senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos; a los señores presentes de esta mesa, de este foro; a los medios de comunicación y a mi compañera, la contralora del estado de Michoacán; señoras y señores.

De verdad debo decir que agradezco la invitación de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, de Estudios Legislativos y de esta cámara, para la participación en un foro plural, que es un ejercicio que permitirá a las señoras y señores legisladores escuchar los puntos de vista y las aportaciones de los integrantes de los diferentes niveles de gobierno de los sectores del ámbito privado de nuestra sociedad, de los académicos que abonarán en pro de la construcción en el marco jurídico reglamentario de las disposiciones constitucionales en materia al combate a la corrupción.

Teniendo en cuenta que el actual texto del artículo 113 de nuestra carta magna, prevé que el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que a su vez estará conformado, entre otras instancias, por un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

En ese contexto es indudable que las acciones de prevención de la corrupción son cada vez más importantes y una vez que escuché las comparecencias en esta mesa de los señores investigadores y doctrinarios, como son del CIDE, como es Pardinas, como es Sergio López Ayllón, Mauricio Merino y otros que han estado aquí, y además las comparecencias de mis compañeros contralores de otros estados, como estuvieron el día de ayer, yo quiero manifestarme ante ustedes que en este contexto es muy importante el tema de la participación ciudadana, que se ha posesionado como una figura que juega un rol destacado de la vigilancia, supervisión de la aplicación de recursos públicos.

Esto se ha involucrado a los destinatarios de obras públicas y programas de desarrollo social, para que den seguimiento puntual a las actuaciones de sus autoridades; ello no es otra cosa que la prevención.

Señores senadores, estoy de acuerdo con lo que han comentado y repito, mis antecesores en este tema, comparto la preocupación de ellos en la puntualización de esta ley, de esta norma, comparto en que nosotros que estamos aplicando las normas en cuanto al tema de anticorrupción, de fiscalización, de rendición de cuentas, de auditorías, es muy importante para su servidora igual es muy importante la prevención, que permite anticipar la realización de conductas que transgredan las normas, pero sobre todo que permita blindar a la sociedad contra los fenómenos sociales que le causen daño.

Es destacable que la participación social está ubicada a nivel constitucional a través del Comité de Participación Ciudadana. Así, desde el más alto nivel los ciudadanos tendrán representación en el esquema anticorrupción.

Sin embargo, también se requiere de una estrategia de prevención de más largo plazo, que fije su atención en un sector de nuestra población, y esto me refiero a la niñez de este país.

Permítanme comentar que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo, integra a la región Centro, Golfo, Istmo, de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación, Comisión que también está integrada por los órganos de control de los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Esta región tiene bajo su responsabilidad el tema de participación social y dentro de sus líneas de acción que ha emitido el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, para las actividades de este año, tenemos la promoción de la difusión de la Contraloría Social.

Como ustedes saben, la Contraloría Social es un ente muy importante en la función pública y en las contralorías del Estado, tanto que ya se hacen eventos anuales para difundir y compartir todos los estados las actividades realizadas en las contralorías sociales de cada Secretaría de Contraloría, esto es, en cada Estado.

Y que son las que permiten llegar a la ciudadanía y a la sociedad en general, en este caso del estado de Hidalgo, hasta sus 84 municipios y hasta más de sus 5 mil comunidades que nos permite llegar en diferentes textos y en diferentes rubros.

La Ley General de Desarrollo Social es como el mecanismo de los beneficiarios de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

Ahora bien, como resultados de los trabajos de esta región que he informado; informados y compartidos oportunamente las comisiones permanentes de contralores Estado-Federación, se ha identificado que dentro de las prácticas de anticorrupción que las contralorías realizan, están dirigidas a los niños y niñas, que existe un gran esfuerzo por parte de los órganos de control para fomentar una cultura de prevención en los alumnos de educación primaria, en los diferentes espacios culturales.

Los niños y las niñas de hoy son los futuros ciudadanos de nuestro país y por supuesto serán los futuros servidores públicos y a ellos debemos inculcarles los valores que actualmente se encuentran deteriorados, aunque muchos no se quieran reconocer.

Los valores se han deteriorado y los niños son un sector muy importante de la sociedad porque además si hacemos un análisis estadístico, a ellos se les da, en la capacitación, se les inculca y ellos van a seguir con los padres y los familiares este tema que es muy importante.

El pilar fundamental de los esfuerzos de la Contraloría Social, dirigido a los niños y niñas, descansa en los valores.

Si como sociedad podemos erradicar el fenómeno de la corrupción, tenemos que atender a este sector de la sociedad muy importante.

Por ello, en el marco de este foro, propongo que como parte de las acciones que lleve a cabo el Sistema Nacional Anticorrupción, a través de los entes que lo conforman, se establezca una estrategia en la que se consideren los siguientes aspectos:

Primero. Elevar a rango constitucional la participación de las autoridades educativas, tanto federales como locales, en este nuevo esquema anticorrupción.

Y, segundo. Que las autoridades mencionadas en el punto anterior, estén involucradas tanto en el diseño como en la operación política que incidan en el fortalecimiento de los valores que inhiban las conductas que hoy pretendemos erradicar.

Finalmente, señores senadores, señoras y señores:

Reitero que, aplicando la prevención en niños y niñas, como lo he manifestado, haciendo una real y firme difusión y capacitación a los servidores públicos de los Tres Niveles de Gobierno y a la sociedad en general sobre estos temas, tendremos gobiernos transparentes, con cuentas claras, que llevarán a un buen logro a este sistema anticorrupción.

Y por último sí decirles que si bien es cierto esto será fortalecido el sistema anticorrupción con todos los temas que ustedes aborden y consideren importantes; sí pedirles que tomen en cuenta que la capacitación a los actuales servidores públicos es muy importante.

Y la capacitación a los servidores públicos que conozcan de los temas de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas, implica recursos; y por lo tanto, que lo tomen en cuenta para que esto sea a la brevedad posible.

Muchas gracias por su atención.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señora secretaria.

Recibimos a nuestro amigo, el senador Luis Humberto Fernández. Bienvenido, senador, como siempre. Maestra Silvia Estrada Esquivel.

MAESTRA SILVIA ESTRADA ESQUIVEL: Gracias. Muy buenas tardes a todos.

Agradecer, por supuesto, la amable invitación que nos hacen y la oportunidad de poder compartir sin duda este tema de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, que a todos nos interesa no solamente como servidores públicos, sino como parte de la sociedad.

Con su permiso, senador Pablo Escudero; senador Alejandro Encinas; senador Fernando Yunes; senador Luis. Muchas gracias por hacernos partícipes de esta reunión de las comisiones unidas Anticorrupción, Participación Ciudadana; Justicia; Estudios Legislativos.

Sin duda, para nuestro estado de Michoacán es muy importante ser parte de estos criterios que abonarán a esta Comisión Nacional Anticorrupción que, sin duda, como un proyecto institucional basado en la reforma constitucional y como parte de la reforma político-electoral desarrollada por parte de los poderes legislativos de México, tiene como objetivo crear un organismo descentralizado que combata la corrupción en los tres niveles de gobierno.

Por eso la participación de los órganos estatales de control es muy importante que ustedes nos hayan tomado en cuenta, para poder intercambiar esas inquietudes, comentarios y preocupaciones que sin duda nos ocupan.

Decir, al igual que mi compañera contralora del estado de Hidalgo, de mi compañera Flor, decirles que en Michoacán estamos ya previendo precisamente antes de esta aprobación, estar preparados como estado, para poder homologar estos sistemas que nos permitan abatir esta gran cadena de corrupción que a todos nos lacera.

Sin duda, en Michoacán es importante la participación que tendrá nuestro sistema local anticorrupción, como es la Auditoría Superior de Michoacán; la propia Secretaría ahora de la Contraloría, y que para nosotros ha sido importante que se reconozca la necesidad de fortalecer la estructura anticorrupción y fiscalización. En Michoacán, de ser una coordinación de Contraloría, ahora a través de la reforma a nuestra Ley Orgánica del estado, somos ya una Secretaría de estado; eso nos permite ver con seriedad que realmente tenemos el ánimo de fortalecer los sistemas anticorrupción y por supuesto un sistema de fiscalización que nos permita abonar a esta reforma federal.

Decirle, por supuesto, a esta Comisión tan importante, que es importante como Michoacán que hemos detectado, acabamos de ser noticia hace algunos días, donde Veracruz y Michoacán somos de los estados con mayor índice de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Ese es un tema que nos ocupa y nos preocupa y por eso es importante nuestra participación.

Muy lamentable, por supuesto, no queremos seguir siendo esas estadísticas; de tal suerte que nuestra aportación como estado: queremos proponer a esta reunión y a estas comisiones unidas, que podamos fortalecer los organismos, los órganos de control en los estados, porque sin duda no todo debe de quedar en letra muerta.

De nada sirve que vengamos a estos foros, a estos escenarios, que en los estados hablemos de los sistemas anticorrupción, si en la realidad los órganos de control no son realmente fortalecidos en temas presupuestales y en temas de legislación por parte de nuestro propio Congreso local. De tal suerte que nosotros hemos sensibilizado a las diferentes comisiones al interior del Congreso local; vemos la buena intención que tienen de poder transitar por supuesto lo que serán nuestras reformas, lo que yo les decía, a la Ley Orgánica de nuestra propia Administración Pública; a la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Michoacán; a nuestro Código Penal.

Y en eso, quisiera hacer mención, senadores, que para nosotros es muy importante que hagamos en estas reformas locales que sean más severas las sanciones que se establezcan. Porque hasta este sentido se debe de tener antecedentes claros de que realmente queremos abatir la corrupción.

Pero si en nuestra propia legislación local no existen las sanciones severas que les permitan a los ciudadanos poder hacer sus quejas y denuncias y que tengan buenos resultados, de nada sirve la letra muerta.

En ese sentido, estamos proponiendo que nuestra propia legislación local trabaje para que se puedan revisar también los niveles de gobierno municipal.

La mayor parte de los gobiernos municipales tienen una reincidencia, primero de endeudamiento, que ha sido originada por los malos manejos de recursos públicos, y en ese sentido esta es una gran oportunidad que también el Senado pueda proponer una reforma que nos lleve a que la competencia del Sistema Anticorrupción y el Sistema de fiscalización también pueda entrar en los municipios.

Porque de nada sirve que nosotros hagamos, como decía mi compañera Flor de María, hacer acciones preventivas.

En el estado de Michoacán, a partir del 15 de marzo estaremos estableciendo contralorías internas en todas las dependencias del gobierno del estado, pero además que estén bajo la rectoría de la Secretaría de la Contraloría para que estemos supervisando con auditorías en tiempo real la aplicación de los recursos.

¿Pero de qué serviría si en los órganos de control no nos fortalecen en materia, como decía Flor, de capacitación?

En materia de presupuesto solamente llegamos a ser letra muerta porque no tenemos la capacidad de infraestructura para poder cubrir todas las auditorías pero en tiempo real.

Hemos notado que la mayor incidencia en temas de anticorrupción es sobre hechos consumados.

Tenemos que tener la capacidad de prevenir, como decía ella, señalarles que en el estado de Michoacán hemos firmado ya un convenio precisamente con la Secretaría de Educación del estado para que a través de la motivación de los sistemas, valores para los jóvenes, podamos sentar bases que no sean solamente un tema de corrección sino que sean preventivos.

También nos damos a la tarea de estar haciendo esta formación de éticas y valores en los niños.

Precisamente de octubre a la fecha hemos realizado más de 500 talleres en las diferentes escuelas de nivel primaria-preescolar para que también los niños vayan teniendo sus bases sólidas en materia de valores de ética.

Y, en ese sentido, señalarles precisamente que en el estado de Michoacán requerimos el fortalecimiento a los órganos estatales de control para que no se les arrebate la facultad de sancionar.

Se debe buscar la autonomía ante el Ejecutivo Estatal para lograr la confianza en la ciudadanía.

Los problemas económicos que enfrentan las entidades federativas no deben ser factores de influencia para su actuar. Por ello, las propuestas para integrar el Sistema Nacional Anticorrupción deben contemplar el respeto irrestricto a las garantías individuales; debe ser una instancia de coordinación pero de los tres órdenes de gobierno para poder trabajar principalmente en la prevención. Es lo que más nos interesa: prevención, detección y sanción en materia de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción.

Por ello, las leyes secundarias y protocolos de actuación deben de dar certidumbre al ciudadano.

Las entidades federativas, a través de sus sistemas locales de anticorrupción deben de actuar en coordinación con las autoridades en cuanto a lo que señalo: prevención, detección y sanción de responsabilidades para coordinar y no subordinar. De ahí la necesidad de la autonomía del sistema estatal.

Porque de nada sirve estar subrogados y nosotros estar dependiendo de algún criterio del Ejecutivo, requerimos tener esa autonomía precisamente.

Coincido también en la necesidad del respaldo documental de las acciones del sistema de los ciudadanos para que tengan la certeza del trabajo que se realiza, para dar una respuesta clara a la sociedad.

Asimismo, como que la conformación de este Sistema Anticorrupción debe ser precisa en sus actuaciones y ámbitos de validez. De no ser así, se abriría la puerta aún más a la impunidad, que es algo que también tenemos que ser muy enfáticos, el tema a la cero impunidad, porque yo creo que eso es parte de lo que la ciudadanía está exigiendo en este momento.

Señalar también que somos integrantes precisamente de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación, integramos la región Centro-Pacífico y nos ha tocado en este momento encabezar precisamente el tema de gobierno abierto, que nos permitirá desarrollar la normatividad en las entidades federativas, para instrumentar la reforma en materia de transparencia, con las respectivas legislaciones, así como las políticas de gobierno abierto, con la intervención de la sociedad civil en el marco del Sistema nacional de Transparencia.

Decirles que en Michoacán, a partir del próximo mes de marzo estaremos instalando 113 contralorías sociales en los 113 municipios del estado; 113 observatorios juveniles que estarán instalándose también en los municipios del estado.

De nada sirve centralizar toda la información si no llega a las partes más alejadas de la parte central del estado.

Requerimos que la ciudadanía ejerza plenamente el Sistema de Quejas y Denuncias, porque de nada sirve todo esto que mencionamos si la propia ciudadanía no ejerce su ciudadanía, valga la redundancia, para aplicar sanciones, quejas y que la Secretaría de la Contraloría tenga la capacidad de darle la atención, el seguimiento y resultados en un tiempo corto, que es lo que la ciudadanía quiere escuchar.

Sería nuestra participación como estado. Muchas gracias senadores.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias señora secretaria.

Damos la bienvenida al secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, al contador público José Enrique Félix Iñiesta Monmany y le damos el uso de la palabra.

Bienvenido.

C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑIESTA MONMANY: Buenos días a todos ustedes, vengo corriendo y soy mal educado, no saludo.

Mi intervención como secretario de la Contraloría del estado de Morelos, se concretará a comentar algunos aspectos de los proyectos de la Ley General para el Combate a la Corrupción, presentados por los partidos políticos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, a través de sus representaciones en el Senado de la República.

Dichas iniciativas obedecen al mandato constitucional previsto en el artículo 73, fracción 29, numeral V, de la norma fundamental del país, que establece como facultad del Congreso federal, ahora obligación por el plazo fijado en el segundo transitorio de la reforma constitucional del 27 de mayo del 2015, la expedición de la Ley General, que independientemente del título al nombre que se le asigne, distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables, por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación según la enuncia la fracción del precepto constitucional antes citado.

La previsión, así considerada, consta de varios aspectos o puntos cuya observancia y desarrollo en forma individual integrarán la ley cuyo proyecto se han leído con el interés de ubicar en su contexto la estructura que en materia de responsabilidades administrativas regirá a nivel nacional.

Quien suscribe el presente documento considera que aquellos aspectos o puntos que a la postre son elementos esenciales de la Ley General, deben de estar desarrollados en forma individual sin perder de vista la interrelación que guardan entre sí, para conformar un sistema de responsabilidades administrativas con lógica jurídica y operación efectiva.

Al respecto, los grandes temas presentes y objetivos de la ley, se muestran en el siguiente listado, siguiendo el orden que en el Texto Constitucional de origen se observa.

En primer término, la distribución de competencias entre los órganos de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Posteriormente, las obligaciones de dichos servidores.

En seguida, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que aquellos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Y, finalmente, los procedimientos para su aplicación.

En cuanto al primer aspecto o punto del listado, el concepto del que ahora tiene el uso de la voz, la Ley General que nos ocupa debe incluir el señalamiento o mención de las autoridades u órganos de gobierno a quienes les asista la facultad que se traduce jurídicamente en competencia, para establecer el régimen de responsabilidades a que se refiere dicho aspecto.

En ese tenor, si no existe competencia o facultad atribuida por la ley a determinado ente público del orden de gobierno correspondiente para establecer el sistema de responsabilidades administrativas, podemos concluir que falta el desarrollo de esa idea, lo cual acontece en ambos proyectos.

La claridad y exactitud en la mención de los órganos de gobierno con las facultades que indica el precepto constitucional indudablemente dará legalidad a la actuación que se despliegue por quienes apliquen la ley de referencia.

En todo caso, los órganos dotados de facultades para establecer responsabilidades, deben quedar sujetos a los conceptos y términos contenidos en esta ley, evitando en lo posible la adopción de criterios localistas, pues la conducta humana en la infracción de los principios rectores del servicio público y obligaciones expresamente impuestas a quienes desempeñan esta función.

Se hace presente con independencia de la entidad federativa donde se labore, o poder público a que se pertenezca, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sin importar tampoco si se trata de administración pública centralizada o descentralizada, u organismos autónomos.

Lo anterior no implica el desconocimiento de funciones que tienen particularidades propias, como es la seguridad pública, y dentro de éstas a las fiscalías o procuradurías encargadas de la persecución del delito y del delincuente, donde en opinión propia también es necesario regir con criterios generales las responsabilidades del personal operativo y administrativo que ahí se ocupa, principalmente en la forma y términos de la investigación de las conductas, el procedimiento y la substanciación del mismo para llegar a la imposición de la sanción a través de los consejos de Honor y Justicia, o los órganos internos correspondientes.

En este orden de ideas podemos advertir que fijadas las competencias de los órganos de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, hablar de esto implica conceptualizarlas en un modo integrado, armónicamente, pues de un acto u omisión que transgrede los principios a que alude la Fracción Tercera del Artículo 109 Constitucional, a saber legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, o el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos enlistados en la ley.

No pueden subsistir aisladamente para el fin propuesto. Es decir, sin una consecuencia que, para el caso es la sanción, y mucho menos ésta última sí un procedimiento para aplicarla o imponerla.

Pues bien, todos estos aspectos deben quedar debidamente desarrollados en la Ley General de mérito.

La encomienda constitucional sobre la emisión o expedición de una ley que contenga todo lo anterior, implica precisar después de la distribución de las competencias, cuáles son las conductas o responsabilidades administrativas graves; porque así se desprende de la fracción del imperativo constitucional antes citado, cuanto textualmente refiere en su última parte: “Y las que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea”. Y el del segundo párrafo del artículo 109.

Si bien conforme a ese párrafo del artículo inmediatamente citado, las faltas administrativas solamente pueden clasificarse en graves y por exclusión, en no graves, para que en el primer caso y tratándose de la Federación, sean investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación los órganos internos de control o sus homólogos en las entidades federativas; y sea el Tribunal de Justicia Administrativa el primer ámbito de competencia, quien las resuelva; y en el segundo, quien imponga la sanción respectiva. Artículo 116, fracción V.

Nos lleva a concluir que debe de existir dentro de la Ley General, la mención y descripción de esas faltas administrativas graves, que puedan presentarse en toda la Administración Pública y las que sólo tienen presencia en entes administrativos, con funciones especializadas; como pueden ser salud, procuración de justicia, seguridad pública, etcétera.

Pero en cuanto a la propia Constitución, nos dice en el IV párrafo, fracción III del artículo 109, que “la ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas, como no graves que realizan los órganos internos de control”.

Estamos ante una situación aparentemente contradictoria, pues por un lado se dice que la ley debe de prever las faltas administrativas graves y por otro lado, que los órganos internos de control son los que clasifican la falta como no grave. De lo que se colige que todas las faltas serán graves, hasta que el órgano interno de control decida quitarles esa característica.

Otro aspecto a considerar es la actividad desempeñada por un órgano investigador de las conductas y probable responsabilidad del denunciado, a esa primera etapa. Artículo 109, fracción III.

Y posteriormente sustanciador del procedimiento, donde no puede tener la calidad de denunciante si no en todo caso, de acusador, pues al haber investigado ya, cuenta con elementos probatorios con los cuales sostener una acusación con la fuerza legal y consecuencias procedimentales que ello implica.

Pues bien, una vez concluida esta primera etapa, según uno de los proyectos, será puesta al escrutinio del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos integrantes gozan de una experiencia y preparación en manejo de leyes, principios de derecho, doctrina y jurisprudencia, dedicando buena parte de su tiempo a estos aspectos; lo que sin duda de quedar vigente ese mecanismo, representará en muchos casos el reenvío para perfeccionar la investigación tal y como se propone en el proyecto, y en su caso, el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de ese órgano interno de control, por incumplimiento a lo dispuesto por esa instancia jurisdiccional.

Creemos que ese proyecto se aparta de lo que establece la propia Constitución, pues como quedó asentado en el párrafo que antecede, corresponde a los tribunales de justicia administrativa resolver o imponer la sanción, más no revisar los resultados de la investigación y mucho menos sustanciar el procedimiento de la materia.

A ese respecto, no se visualiza en ambos proyectos el procedimiento que deba ajustarse los tribunales de justicia administrativa para imponer las sanciones.

De la lectura atenta a los artículos que plasman las facultades de la autoridad en la etapa de investigación, en el proyecto del Partido Acción Nacional se advierte la falta de libertad a la autoridad investigadora para realizar las diligencias idóneas que permitan obtener evidencias indispensables en el esclarecimiento de los hechos y la probable responsabilidad del servicio público en ciernes.

De lo anterior, será imposible obtener el dictado de resoluciones condenatorias en los casos en que los hechos y el interés público lo ameriten.

En el concepto de tales diligencias se pueden enlistar las siguientes:

Requerir informes a cualquier servidor público.

Ordenar la expedición de copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de las unidades administrativas u operativas correspondientes.

Practicar inspección de todo aquello que pueda ser apreciado por medio de los sentidos, realizando la descripción detallada de lo que inspeccionó, pudiendo llevar a cabo su aseguramiento o reproducción por cualquier medio adecuado, o bien certificar copias de los documentos oficiales que tenga a la vista.

Solicitar la declaración de personas que puedan aportar datos a la investigación, pudiendo formular interrogatorio al respecto; solicitándoles su comparecencia a las oficinas de la autoridad que realiza la diligencia, o bien constituyéndose en el lugar en que se encuentran.

Obtener la práctica de dictámenes periciales.

Efectuar cualquier diligencia que no sea contraria a la moral o al derecho.

Por otro lado, en el mismo tema de la investigación a que debe someterse toda denuncia, es indiscutible que la ley general debe contener o regular los procedimientos para llevarla a cabo, conforme lo señala el último enunciado de la Fracción III, del artículo 109 constitucional, con las medidas tendientes a obtener los resultados que permitan presentar la acusación con pruebas que acrediten los hechos denunciados y la probable responsabilidad del servidor público que haya intervenido en su realización, lo cual no se aprecia en los proyectos.

Bajo esta tesitura, llama la atención que la iniciativa del PRD se diga en su artículo 1º que la ley general reglamenta el título cuarto de la Norma Suprema del país en materia de responsabilidades por faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

La idea así expuesta podría ser limitativa únicamente a este tipo de actos. Sin embargo, en el numeral dos se aborda en forma genérica a las faltas administrativas y la posibilidad de que lleguen a ser consideradas graves.

Sin embargo, dedica un capítulo denominado “De los hechos de corrupción” en el que precisa que los delitos derivados de estos hechos será conducida en términos de la propia ley por la Fiscalía Federal o de las entidades federativas.

En ambas iniciativas se incluye el concepto de hecho de corrupción o acto de corrupción, que en el caso del PRD los presenta como sancionables en la esfera administrativa, siempre y cuando las conductas se encuentren tipificadas en las disposiciones penales correspondientes.

A juicio del que expone, lo anterior pudiera constituir un doble juzgamiento por los mismos hechos. Y, aunque no fuera así, el riesgo de que se emitan dos sentencias contradictorias por las mismas circunstancias es real y de consecuencias de diferente magnitud.

Tal intención plasmada en el proyecto que se comenta, pudiera ser más útil si se elimina la referencia al código punitivo o eliminan algunos aspectos del tipo penal; por ejemplo, en el delito de peculado, dejando el simple desvío de recursos sin pedir el elemento integrador de uso ajeno o propio, y así en cada caso particular.

Por otro lado, recordemos que la investigación debe tener un procedimiento para llevarse a cabo con una finalidad que necesariamente debe ser de obtener pruebas que acrediten la existencia de los hechos y la probable responsabilidad del servidor público denunciado, cuestión que también puede presentar aspectos discordantes entre la investigación del ministerio público al perseguir el delito y la del Órgano Interno de Control, siendo factible que arriben conclusiones distintas u opuestas, como pudiera ser el ejercicio de la acción penal en un caso y en otro llevar un procedimiento administrativo al sujeto investigado o viceversa.

Independientemente de lo anterior, los actos de responsabilidad administrativa sólo se pueden identificar como graves o no graves, en concordancia con la disposición constitucional que así lo dispone, pues no consideró como una conducta autónoma susceptible de sanción al acto o hecho de corrupción.

Ahora bien, independientemente de aquellas circunstancia, dicha iniciativa hace un listado de hechos de corrupción que en el mejor de los casos y eliminando algunos requisitos del tipo penal, como se anotó anteriormente, por ir a funcionar como responsabilidades administrativas graves, no como hecho o acto de corrupción, en congruencia con la disposición constitucional que así lo dispone concretamente en la fracción 29, numeral 5, del artículo 73 antes mencionado, que no contiene referencia alguna para que se incluya en la ley general ese término en forma independiente o como una figura jurídica para efectos sancionatorios.

En cuanto a las sanciones que se puedan imponer a los servidores públicos por faltas administrativas, la propia Constitución Federal en su artículo 109, fracción tercera, ya los especifica y limita a la amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como las económicas, lo que quiere decir que otras, como el arresto en las instituciones de seguridad pública, no procedería a menos que se trate de medidas disciplinarias que imponga un superior jerárquico.

En ese mismo texto normativo se aprecia que dichas sanciones se establecerán de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por actos u omisiones.

Esto último pudiera entenderse por la forma en que se encuentra redactado que las sanciones ahí fijadas solamente procederá su aplicación cuando se obtengan beneficios económicos o causado daños y perjuicios al erarios público, cuestión que de ser así limitaría grandemente al régimen de responsabilidades.

Otro tópico de interés reside en los principios rectores de la función pública, especificados claramente en la fracción tercera del artículo 109, sin que a juicio del suscrito puedan introducirse nuevos, como lo hacen las iniciativas, incorporando en ellas los de probidad, integridad, legitimidad, rendición de cuentas y pro persona.

Por su parte, el artículo 109 de nuestra norma fundamental, establece las sanciones de las faltas administrativas en general, sin distinguir la gravedad de las mismas, dejando, como se estableció con anterioridad, esa tarea respecto a las faltas a la Ley General, siendo necesario que las diferencias entre unas y otras también las observe en la sanción.

Esto es, al lograr darle mayor consecuencia sancionatoria, en este aspecto la iniciativa del PRD castiga esos actos, además de una sanción básica con la destitución e inhabilitación graduable hasta 20 años, pronunciamiento que al parecer del suscrito cumple con lo comentado. Sin embargo, faltaría ver si se requiere el beneficio económico o la causación de daños y perjuicios.

De conformidad con el artículo 109, párrafo segundo de la fracción tercera, el tribunal competente únicamente impondrá la sanción que corresponda, resultando en las iniciativas se menciona que el tribunal inicia y desahoga el procedimiento administrativo, resultando así importante señalar, si es que conserva esa atribución en qué momento inicia y con qué acto concluye la investigación, así como lo relativo al procedimiento administrativo sancionador, siendo prudente señalar la distinción que existe entre la denuncia y el procedimiento administrativo correspondiente.

Otros aspectos que merecen la atención, son los correspondientes a la forma y requisitos para presentar una denuncia en contra de un servidor público, observando que en un proyecto se establecen requisitos poco factibles de cumplir por el que asuma esa acción, como lo es señalar elementos probatorios que acrediten los problemas y probables infracciones.

Y en el otro se prohíbe este requisito, cuestión que debe definirse atendiendo a que la denuncia pueda provenir de un ciudadano común que no tiene medios coercitivos o de presión para poder obtener probatorios, debiendo cumplir esta acción el órgano investigador, similar a la denuncia en materia penal, tal y como se mencionó anteriormente.

En iguales términos…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: …Secretario. Disculpe.

Si vamos cerrando, redondeando la idea porque ya traemos aquí a nuestros amigos secretarios; ya hay inquietud de los senadores por preguntar.

Gracias.

C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY: Ok.

El mérito a lo anterior se tiene conocimiento que en algunos estados de la República se requiere que el denunciante acredite interés jurídico y que ratifique su escrito de denuncia, y si fuera poco, a consecuencia de que al no proceder la denuncia o declararse sin responsabilidad, el servidor público se tendrá que publicar esa resolución en diferentes medios de publicidad, a costa del denunciante y multas por haber denunciado.

Con esto concluyo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias señor secretario.

Y si fuera tan amable de dejarnos el documento, se lo agradeceríamos mucho.

Lo que hemos estado haciendo en estos foros es que las presentaciones o documentación que nos dejen, la estamos subiendo a un micro sitio y la estamos entregando a todos los senadores.

Damos la bienvenida a la maestra Norma Julieta del Río Venegas, Presidenta del organismo de Transparencia de Zacatecas.

Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenida maestra.

También ya tenemos aquí a la contadora Nora Elia Cantú Suárez, titular de la contraloría y transparencia gubernamental del gobierno del Estado de Nuevo León. Bienvenida contadora.

Tenemos también al contador público Luis Antonio Apaseo Gordillo, secretario de la contraloría general en el gobierno del Estado de Nayarit. Bienvenido también.

Y al licenciado Manuel de Jesús López López, secretario de la contraloría y transparencia gubernamental del gobierno del Estado de Oaxaca.

Le damos el uso de la palabra a la contadora Nora Elia Cantú Suárez.

C.P. NORA ELIA CANTÚ SUÁREZ: Gracias. Muy buenas tardes.

Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia.

Y senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión Legislativa Segunda. Es una gran oportunidad para nosotros presentar nuestras propuestas.

Esto dado a la experiencia que tenemos al inicio de esta gestión de gobierno ciudadano, en donde encontramos una compilación de leyes a modo, no antecedentes de procedimientos de responsabilidades administrativas, sin facultad alguna para emitir lineamientos en leyes como la adquisición y arrendamiento de obra pública, etcétera, sin facultades inclusive de revisar pues declaraciones patrimoniales.

Con estos antecedentes me permito presentar a su consideración nuestras propuestas, reformas para dotar a la Contraloría y Transparencia Gubernamental de una competencia más amplia que conlleve a un mejor ejercicio de sus funciones.

La Contraloría y Transparencia Gubernamental es la dependencia del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo establecer, desarrollar y mantener un sistema de control y vigilancia sobre la rendición de cuentas de la gestión pública de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y recursos federales transferidos, dando estricto cumplimiento a los principios de legalidad, honradez, transparencia, imparcialidad y eficiencia de la administración pública, implementando acciones de carácter preventivo y correctivo, así como verificar el exacto cumplimiento de los programas gubernamentales del Estado e impulsar la legalidad y la transparencia en la gestión pública y la modernización administrativa con servicios de calidad.

Es por ello que la Contraloría se encuentra sujeta al escrutinio público y a la exigencia de un funcionamiento eficiente y eficaz, así como a un ejercicio ético en la gestión pública.

En respuesta a dichas exigencias, es necesario que la Contraloría tenga un desempeño y un ejercicio con gran responsabilidad. Sin embargo, el marco jurídico vigente que tenemos en nuestro estado, limita su competencia en diversos ámbitos de vigilancia y en lo relativo a las facultades sancionadoras.

Este marco legal de actuación debe ser actualizado, por lo que se propone lo siguiente, y esto el gran beneficio que tenemos, este punto de partida con las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción:

Tenemos como propuesta tener la competencia para sancionar a todos los servidores públicos de la administración pública estatal. Actualmente, al cumplir la Contraloría con las acciones de revisión y encontrarse con alguna irregularidad de algún servidor público, el cual no sea el titular de la dependencia o entidad, no puede conocer del procedimiento de responsabilidad respectivo y tampoco puede sancionar al transgresor; sino que debe de dar vista de ello al titular de la dependencia o entidad de la administración pública estatal.

La experiencia es que dar vista a los titulares daba pie a que no se iniciaran los procedimientos de responsabilidad administrativa.

Para lo anterior, se hace una propuesta para que la Contraloría conozca de forma exclusiva de todos los procedimientos administrativos de responsabilidad y sanciones, respecto de los servidores públicos, de las dependencias y entidades del poder ejecutivo.

Una segunda propuesta es otorgar competencia a la Contraloría para sancionar a los particulares que incurran en faltas administrativas. La Ley de Responsabilidades no otorga de forma clara y concisa la facultad para sancionar a particulares que participen en hecho, actos u omisiones de responsabilidad administrativa.

La experiencia que tenemos es haber encontrado actos de corrupción en la totalidad de los organismos y dependencias, pero esto no era una participación exclusiva de los funcionarios públicos.

Otra propuesta es que la Contraloría tenga competencia para nombrar y remover a los titulares de los órganos de control, comisarios y suplentes de las entidades y dependencias de la administración pública estatal.

La Contraloría cuenta con las facultades para sancionar al personal de los órganos de control interno y a los comisarios; sin embargo, dichos servidores públicos no son subordinados de la Contraloría, por lo que su accionar integrador y de vigilancia queda fuera de la competencia de este órgano de control.

Tener la competencia para verificar y dar seguimiento al contenido de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos. Esto es muy importante, ya que actualmente en nuestro estado la ley cataloga como información confidencial a las manifestaciones de bienes de los servidores públicos, por lo que no se puede conocer su contenido; salvo por orden judicial.

Las leyes no facultan a la Contraloría para revisar el contenido de las manifestaciones de bienes, por lo que se encuentra impedida para ello. Actualmente, la información de la información de bienes no puede ser conocida por las autoridades investigadoras y la Contraloría funge únicamente como depositario de la información, por lo que la utilidad de dicho documento queda en entredicho.

Las propuestas que estábamos a puntos de entregar al Congreso, eran precisamente lo que aquí ya se está trabajando y no omito decir que en la Función Pública se tienen esas facultades. Nada más que como decía al principio, en nuestro estado había un rezago, estaban hechas a modo y la verdad es que el que se entregaran cada año las manifestaciones de los servidores públicos, no servía para nada, nadie las veía y nadie las ha visto.

La propuesta que ya está contemplada de reforma para complementar la manifestación de bienes, con la declaración de conflicto de interés y con la declaración de impuestos.

Dotar a la Contraloría, otra de las propuestas, que tenga facultades expresas para celebrar acuerdos de cooperación nacional e internacional de coordinación entre órganos de sistema nacional anticorrupción; así como de facultades para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate de la corrupción a través de auditorías sociales, testigo social, observatorio ciudadano, Redes de Participación Ciudadana, entre otros.

Todo lo que he comentado es a lo que encontramos, pero la corrupción está en estos momentos, dado que los cambios siempre se dieron en los primeros niveles.

Decir que el cambio de 500-600 funcionarios contra los 70 mil funcionarios que estamos en el gobierno estatal no es nada.

Existen estas redes de corrupción que es indispensable establecer controles, sí, pero con los escasos recursos sería imposible si no contamos con herramientas tecnológicas, establecimientos de control pero con la participación ciudadana.

Una de las propuestas es compartir herramientas tecnológicas, dados los escasos recursos que tenemos, que tengamos esa colaboración entre los estados. Inclusive que la federación en un momento dado si establece una herramienta tecnológica de fiscalización o de evolución patrimonial, sea compartida con los estados que no tenemos los recursos suficientes.

Otra propuesta es que del Padrón de Funcionarios Inhabilitados, que esté contemplada la prohibición de la contratación en otros estados en la federación o en los municipios. Claro, en la etapa en que tengan la inhabilitación.

De mi parte estas serían nuestras propuestas. Gracias por su atención.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, contadora.

Le damos el uso de la palabra al contador Luis Antonio Apaseo Gordillo, Secretario de la Contraloría General del gobierno del estado de Nayarit.

LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO: Muchas gracias. Gracias por esta invitación, senadores. Es un honor y agradecemos nos hagan partícipes en este Foro en materia de anticorrupción.

Consideramos que es en el aspecto de la prevención en el que se busca fortalecer acciones que anticipen la comisión u omisión de actos o acciones y conductas contrarias a la norma y evitar con ello las observaciones más recurrentes que pueden implicar un posible daño patrimonial al estado, ya sea por el desvío, uso indebido o falta de aplicación de los recursos públicos que afectan directa o indirectamente a la población.

En el estado de Nayarit hemos continuado y hemos fortalecido las acciones preventivas, pues consideramos que la mejor forma de solucionar un problema es evitarlo.

En ello radica la esencia de la prevención. Por ello, realizamos una profunda y continua promoción y difusión de la denuncia ciudadana aprovechando las herramientas brindadas por la tecnología en redes sociales, portales de Internet, así como presencial mediante trípticos, carteles en todos los municipios, comunidades del estado de Nayarit.

Compartir las mejores prácticas entre los estados que integramos la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación, es una herramienta que es maximizada y aprovechada en toda su expresión.

Nosotros, como Secretaría de la Contraloría del estado de Nayarit, nos permitimos hacer las siguientes aportaciones.

Primera aportación: Creación de la Unidad de Capacitación para la Prevención y el Combate a la Corrupción. Esto debido a que conforme los resultados obtenidos en las auditorías que practican, tanto la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en sus respectivas competencias, las observaciones más frecuentes a las entidades federativas en la aplicación y ejecución de recursos federales transferidos son, por poner un ejemplo:

Obras que no benefician a la población, el rezago social y pobreza extrema, volúmenes de obra pagada en exceso o costos elevados, adquisición de bienes y/o contratación de servicios sin evidencia de su aplicación del servicio prestado, erogaciones ficticias y/o comprobadas con documentos alterados, recursos destinados a fines distintos a los autorizados.

Así también aquellas que implican el incumplimiento o carencia de normativa específica aplicable que generan deficiencia en la ejecución y conclusión en las obras; incumplimiento en procedimientos de adjudicación y contratación de obra pública; incumplimiento en materia de planeación, programación, presupuestación y contratación de obra pública; incumplimiento en materia de transparencia, por mencionar algunas.

Al respecto, nosotros consideramos que algunas de las principales causas que propician estas observaciones son: Desconocimiento de las necesidades de la población para realizar proyectos de alto impacto; desconocimiento de los ejecutores acerca de la aplicación de indicadores de medición y evaluación, del cumplimiento de metas y objetivos del fondo del programa, así como incumplimiento al Calendario de Transparencias de Recursos, tanto por la federación como por las tesorerías locales.

Por ello, queda de manifiesto que sin generalizar prevalece y es una constante la falta de pericia e inexperiencia de servidores públicos que en el ejercicio de la gestión han sumado al deterioro una disminución del ingreso, aumento de desempleo, carente falta de inversión pública que genere fuente de ingresos propios, consentimiento de actos de corrupción en el ejercicio del servicio público, omisión en la transparencia y rendición de cuentas, y muchos otros temas, que sin duda ya dejan de ser ajenos a la sociedad gobernada, en virtud del ecosistema global en que vivimos y que de la comunicación está a la orden del día.

Es por todo lo anterior que la presente aportación pretende contribuir a uno de los esfuerzos más importantes que ha implementado el gobierno federal, junto con las entidades federativas, el combate a la corrupción y erradicación de la impunidad.

Un manejo impecable, transparente, honrado y eficiente de los fondos y programas que implican recursos públicos y lograr así la legitimación que exige la población mexicana.

Para nosotros consideramos que resulta imperioso que desde este foro, desde el Senado de la República, bajo el auspicio de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, así como se contempla en el artículo 43, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto por el PAN, en lo referente a crear sistemas de capacitación de personal, de igual manera se considere la creación en cada una de las entidades federativas, de una unidad de capacitación para la prevención y el combate a la corrupción, a considerar las siguientes atribuciones:

Constituir a nivel nacional espacios de intercambio de experiencia, a fin de detectar problemática común y que conjuntamente se definan estrategias nacionales en las que, a través de la capacitación, se permita fortalecer los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción.

Así también contribuir a la elaboración de materiales, estrategias, políticas y acciones locales que puedan tener repercusión nacional, para que sean compartidas con unidades de otras entidades federativas.

Fortalecer y consolidar la formación, actualización y profesionalización de los servidores públicos para los órganos de gobierno de la entidad, de los tres poderes, incluyendo también a los ayuntamientos, mediante la creación de cuerpos profesionales de capacitadores.

Llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación, para coadyuvar en la elaboración de un programa estatal en materia de prevención y combate a la corrupción.

Crear el modelo de certificación en materia anticorrupción para todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y ayuntamientos, en el que se contemple, de acuerdo a su puesto y perfil, una capacitación específica que incluya, entre otros ítems, lo relacionado con la ética de los servidores públicos, valores, Sistema Nacional Anticorrupción y otros específicos relacionados con los programas, reglas de operación y lineamientos que tenga que ver con los recursos que maneja el servidor público.

Gestionar los recursos financieros necesarios para que las unidades de capacitación para el combate a la corrupción operen adecuadamente, así como de los recursos financieros obtenidos de la aplicación de las sanciones económicas establecidas a personas físicas y morales.

Nuestra segunda aportación tiene que ver con la sanción a los actos de corrupción. Derivado del análisis de los proyectos de Ley de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas que ahora se esgrime, se advierte nuevamente la dependencia del derecho disciplinario al derecho penal.

Cuando ya el primero ha sido declarado derecho autónomo, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia emitida por nuestro máximo tribunal constitucional, ya que el fin que debe perseguir la Ley de Responsabilidades Administrativas que ahora se discute, es sancionar las conductas que generan un daño al patrimonio o una afectación a la buena gestión de la administración de los recursos públicos, por lo que las conductas que ahora se clasifican como actos de corrupción en ambas iniciativas, no refieren los presupuestos básicos que debe de contener todo enunciado legislativo para regular la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ya que es evidente que referidas conductas consideradas como actos de corrupción, es una transcripción de los tipos penales cometidos por servidores públicos, por lo que es necesario que las conductas consideradas como hechos y actos de corrupción, incluyen los elementos comunes que debe contener toda responsabilidad administrativa y que la especie se refiere a:

Acción u omisión infractora, la antijuridicidad de la misma, la culpa de la gente, la producción de un daño y la relación causal de la acción, omisión y daño.

Además es de advertir que las leyes secundarias que ahora se presentan para su discusión, dejan al igual que las disposiciones disciplinarias vigentes al verdadero arbitrio de la autoridad en la imposición de las sanciones a los servidores públicos responsables de verdaderos actos de corrupción, puesto que estos actos en su definición normativa no establece cómo debe ser considerada la sanción para dicha conducta de carácter grave, ya que no todo incumplimiento trae aparejada una responsabilidad.

No todo incumplimiento es antijurídico; es necesario que exista una sanción para aquella responsabilidad, se actualice y en consecuencia no hay norma jurídica.

Muchas gracias senadores. Quedo a sus órdenes.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias. Muy amable señor secretario.

Licenciado Manuel de Jesús López López, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Oaxaca.

LICENCIADO MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Gracias senador Pablo Escudero, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Gracias también al senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Senador Ríos Piter.

Senador Fernández.

En verdad que en lo personal e institucional estoy agradecido por esta oportunidad que se nos da a los contralores porque mucho de lo que aquí se ha comentado es lo que en realidad estamos, o vivimos, o de lo que carecemos de facultades en diversas entidades federativas.

Y partiendo de ello, leía yo de la comparecencia del Secretario de la Función Pública, el maestro Virgilio Andrade, cuando hacía referencia a tres grandes rubros que deberían contener estas iniciativas, o las leyes que de este Senado emanen, que es la parte preventiva, la parte correctiva y la parte orgánica o estructural de los entes fiscalizadores.

En este sentido, yo partiría primero, a ver: la Reforma Constitucional, al 73 particularmente, adición a la Fracción 24 y Fracción 29, habla de dos leyes generales:

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades.

Y las iniciativas, al menos las 4 que no tenemos analizado, en una se hace una complementación, desde nuestro punto de vista obviamente, tanto de principios o bases que deben estar dentro del sistema propiamente nacional anticorrupción y lo conjuga ya con faltas administrativas, salvo la iniciativa ciudadana que sí propiamente una ley general de responsabilidades administrativas.

En ese sentido, y por supuesto para efecto de nosotros como Estado, es importante definir con claridad y de acuerdo, insisto, a esa reforma, si van a ser dos leyes que tendrán que emanar de la Reforma Constitucional.

Insisto: por una parte, el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya tenemos con sus bemoles algo similares, que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aquí hay un comité coordinador, un comité de participación ciudadana; considero que en la ley general respectiva podría establecerse la figura de un secretario ejecutivo, que sea el que articule todos los trabajos, las acciones que emanen de este Comité.

En este sentido, esta iniciativa considero que también debería establecer, en la parte preventiva, las figuras, dejarlas como obligatorias las figuras de contraloría social municipal, algo al menos en Oaxaca ha sido bastante exitosa, porque de 570 municipios que tiene la entidad federativa, realmente hay cuatro municipios que tienen Contralorías internas. Las demás es imposible que exista una supervisión, tanto de la Auditoría Superior como de la Auditoría Superior del estado, ni mucho menos de la Contraloría; la figura de testigo social, etcétera. Es decir, ya establecerlas como obligatorias en este ordenamiento.

¿Qué otra acción sería importante o figura establecer en esta iniciativa?

Consideramos, y algo que está implementando la Secretaría de la Función Pública, que me parece no solamente novedoso y además muy bueno, el protocolo que rige la actuación de servidores públicos que intervienen en los diversos procedimientos de adquisiciones, ya sea obra pública, adquisición de arrendamientos, etcétera; decir quiénes son los que intervienen en un comité, darle transparencia a los distintos actos que conforman un proceso licitatorio, pero ya dejarlo ya en ley para que no quede solamente también a la buena voluntad o discrecionalidad de las entidades federativas.

En la parte correctiva y que es propiamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Constitución habla de hechos de corrupción, y las iniciativas en este caso que presentó el PAN, en la propia del PRD y la ciudadana, traslada los hechos de corrupción que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: malversación de fondos, obstrucción a la justicia, etcétera.

Es importante desde esta iniciativa, establecer cuál va a ser el hecho de corrupción, desde mi punto de vista es un concepto jurídico indeterminado. Si hecho de corrupción es lo mismo que falta administrativa, si los hechos de corrupción que establece esta Convención van a ser las graves y que van a ser competencia de los tribunales contenciosos administrativos o no. ¿Si las faltas administrativas, si únicamente el catálogo va a ser hechos de corrupción van a ser graves y las faltas administrativas no?

Porque ahí va a ser la competencia también para las contralorías o para los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas.

Segundo, si esos hechos de corrupción y de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el espíritu pareciera ser que también esos hechos de corrupción tengan que ser legislados o regulados como tipos penales; de tal suerte que esos hechos de corrupción van a estar no solamente en la ley administrativa, sino también en los códigos penales, y ya con las similitudes que todas las vicisitudes que se han señalado aquí, que puede ser que administrativamente sí resulta responsable por un hecho de corrupción de malversación de fondos, pero penalmente no se da el peculado, etcétera, bueno, ese ya sería un tema procedimental.

Se habla también en las iniciativas de la legitimación que van a tener aquellos denunciantes para poder impugnar la no clasificación como graves. Eso, jurídicamente y si tomamos en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos, tendría que darle garantía de audiencia también al posible infractor para que la investigación tenga intervención y no solamente a partir de una vez que se le vaya a citar para el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Hay un tema que, lo digo por supuesto por experiencia de causa, conocimiento de causa, los municipios. En Oaxaca hay 570 municipios, tienen contralorías internas cuatro municipios; los municipios en verdad, perdón que no existe el limbo, quedan en el limbo, ¿qué se va a hacer con los municipios?

Hay municipios que, por supuesto, su suficiencia presupuestal no le va a dar para sostener una contraloría. Entonces, ¿cómo se va a sancionar, cómo se va a vigilar?

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Cómo se vigila ahorita? Perdón por la intervención.

LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Ahí la vigilancia es la fiscalización de recursos. Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y recursos federales cuando entramos como contralorías.

Pero el problema es, ¿qué haces cuando encuentras alguna posible infracción?

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: (Fuera de micrófono)

LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Sí, pero hay…

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: (Fuera de micrófono)

LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Pero eso es cuando los hay, senador. Cuando se niegan a poner las contralorías.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Yo les pediría, dejemos que termine el secretario y abrimos ahora el micrófono.

Si quiere concluir para empezar a darle el uso de la palabra a la senadora Pineda e intercambiamos aquí puntos de vista.

LIC. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ: Y, por último, la parte orgánica.

Coincido plenamente con todo lo que han manifestado aquí mis compañeras y compañeros contralores, sí hay que fortalecer a las contralorías.

Es cierto que estamos hablando de leyes generales que establecen bases y que a final de cuentas son bases mínimas y que le darás competencia a los congresos de los estados para regular todo lo no previsto en las leyes generales, pero yo considero que sí es necesario establecer bases mínimas desde acá para fortalecer la facultad de las contralorías. Por ejemplo, secreto fiscal, secreto fiduciario, secreto bancario.

El tema de protección a testigos, eso tiene impacto presupuestal, ¿sí? Deben obtener recursos también las contralorías.

Es necesario el servicio de carrera, pero establecerlo desde acá. Y la prueba ahí la tenemos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el servicio de carrera, Servicio Profesional de Carrera establecido en la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecido también desde acá.

Porque sin duda va a necesitar ya especialización de los servidores públicos en estas ramas.

Porque además si ese hecho de corrupción o esa falta administrativa llega a convertirse en un posible delito, pues ese auditor o ese director de responsabilidades, etcétera, va a tener que comparecer a juicio como testigo del nuevo sistema penal, ¿eh?, eso que lleva una profesionalización.

Son, yo diría, humildemente aportaciones sino también dudas que tenemos todavía.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ahora vamos a tratar de contestarle. Gracias, secretario.

La senadora Pineda quiere hacer un comentario breve y tengo registrado al senador Luis Humberto, al senador Encinas y al senador Ríos Piter, y yo también.

Les pediría a todos que tratemos de ser lo más ágil que se pueda para poder hacer un intercambio de ideas.

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos a todos al Senado de la República, a su casa, y gracias por todas sus aportaciones.

Aprovechando aquí con el licenciado Manuel de Jesús, y no sé si lo tocaron antes, cuando habla de las contralorías municipales más allá del aspecto presupuestal yo sí quisiera que me hiciera un comentario, porque sobre todo en Oaxaca donde tenemos más de 300 municipios –y usted corríjame si estoy bien o mal– que están por usos y costumbres, cómo opera ahí el tema de transparencia, cómo permearía o qué limitantes tenemos o qué alternativas tenemos para que todos estos instrumentos jurídicos que estamos creando puedan ser aplicables a estos temas.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora. Senador, por favor.

Luis Humberto.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Bueno, primero que nada agradecerles sus valiosas aportaciones.

Y, más allá del formalismo y de la bienvenida al Senado es muy importante para nosotros porque ustedes están en la línea de batalla.

Hay muchos actos, hechos de corrupción que tienen mucha visibilidad, pero la verdad es que lo que pasa en los estados y municipios yo creo que es el volumen más grande y de la mayor profundidad de la corrupción.

Entonces, de esta experiencia nos es muy valiosa y de aquí yo sacaría tres cosas que más que resolver dudas, porque no nos alcanzaría para comentarlos frente a expertos como ustedes, pero sí preocupaciones.

Una que es algo que queremos dejar en el tintero, que es, los gobernantes limitados que son primos hermanos de los corruptos o hay quien tiene ambos casos. Yo en lo personal tengo un libro publicado y ahí está, del gobierno como conducción y la verdad es que vemos casos de gobiernos de proveedores, que hay veces que no es por la maldad, simplemente no sabe qué hacer y le llega el proveedor y es su plan de gobierno para tres años.

Y esto es un tema que también tenemos que sancionar, no sólo la corrupción sino la ineptitud y que son primas hermanas.

La otra, que es una especie de constante y que me llama mucho la atención, hemos venido comentando que esto no es un tema, es sanción nada más, es un proceso que yo lo vería como educación, previsión y sanción, pero ustedes sobre todo porque están en la práctica, que lo consideren, creo que es un elemento.

Y por último, la verdad es que ahorita con escucharlos a todos, me llama la atención todo el reto técnico que tenemos, porque podemos hacer una muy buena ley enunciativa, pero que si no aguanta un amparo, porque obviamente quien ya recibió el dinero, va a tener dinero para pagar abogados, va a tener dinero para enfrentar y muchas veces tienen más recursos que las mismas instancias de control.

Entonces, eso nos lleva a una demanda para nosotros de hacer una ley con un rigor técnico que aguante cualquier tipo de interpelación de esta naturaleza o cualquier tipo de los recursos, porque por cualquier rendija se nos va a ir.

Y bueno, básicamente serían las tres consideraciones que les pongo sobre la mesa para ver cuál es su opinión y nuevamente agradecerles no sólo su presencia sino el servicio que le hacen al país en cada uno de sus estados.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador.

Antes de darle el uso de la palabra al senador Encinas y luego al senador Ríos Piter, saludamos y recibimos al doctor Luis Carlos Ugalde, bienvenido.

Senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Quiero refrendar la bienvenida y agradecer la participación, las aportaciones que nos han hecho el día de hoy y quisiera solamente plantear una reflexión con la mejor de las intenciones.

No se trata de provocar la discusión, lo ha dicho muy bien aquí Luis Humberto, ustedes están en el día a día de estos problemas, están en los problemas terrenales del control y del enfrentamiento a los problemas de corrupción.

Y ya desde ayer se veía con mucha claridad la necesidad de fortalecer los dos pilares fundamentales, la parte preventiva, de capacitación, desarrollo de capacidades institucionales en la normatividad, y tener muy clara la parte disciplinaria, el esquema punitivo y de sanciones y por supuesto todos al final de cuentas nos van planteando para fortalecer los instrumentos, pues contar con mayor presupuesto, tecnología y sistemas normativos más sólidos.

Creo es uno de los temas que vale la pena abordar.

Pero yo sí quisiera hacer una reflexión sobre una frase que plantearon respecto a la reincidencia que hay en muchos casos por malos manejos en los municipios, que no necesariamente están ligados a la mala administración.

Por ejemplo, el cobreo de derecho de piso a los municipios en Michoacán, cómo son los instrumentos de control y no Michoacán, están en Guerrero, lástima que no vino hoy el representante del Estado de México.

Es un asunto de malversación de fondos, es un acto de corrupción, o es un asunto que bueno, afecta sensiblemente los presupuestos de los municipios porque ya no solamente van sobre el erario público, el pago de comisiones a la delincuencia organizada y si hay un déficit en el presupuesto que en muchas ocasiones no solamente no se acredita por parte de la autoridad municipal, sino tampoco se sanciona porque hay cierta tolerancia al conocer ese tipo de problemática.

El otorgamiento de contratos a grupos de delincuencia organizada, se ha denunciado en Morelos.

En el caso de Temixco han dicho que un grupo administra el servicio de recolección de los residuos, otro ve el asunto de mercados y vía pública.

Cómo enfrentar ese problema.

El caso de Topo Chico, Nuevo León: cuántos años y años fue incubándose ese problema, con observaciones, con recomendaciones, de derechos humanos, evidentemente malversación de fondos y los problemas subsisten y no solamente es un asunto de desarrollo de capacidades institucionales, o de ineficacia de las normas.

Cómo vamos a entrarle a regular y a enfrentar esos problemas.

No es un asunto sencillo, no es privativo de ningún estado, de ningún municipio, pero yo creo que es el tema que siempre ha estado ausente, le damos muchas vueltas, queremos más presupuesto pero a ver, cómo vamos a resolver el problema de los municipios respecto a las comisiones que le entregan a los narcotraficantes, a las plazas que les entregan en los cuerpos de seguridad pública, en los contratos de obras que se ven obligados a entregarles, o en la prestación de servicios municipales.

Yo sí quisiera que en esto, ustedes que conocen el día a día, nos dieran un punto de vista al respecto.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Encinas.

Senador Armando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias.

Yo, ahondando un poco en como lo plantea el senador Encinas, sin duda alguna yo creo que de estos planteamientos que estamos escuchando de cada uno de los que están representando institucionalmente a las entidades federativas en términos de mejoramiento de función pública y no exclusivamente combate a la corrupción.

Creo que nos trae una nueva perspectiva de cómo tenemos que entender el sistema nacional.

Yo, en la intervención que tenía en el foro de ayer, o de antier, decía que teníamos que salirnos de escuchar siempre a los mismos actores porque patinábamos ya en cosas que habíamos escuchado.

Y sin duda alguna yo creo que de cada una de las exposiciones que me ha tocado escuchar hay luces que tenemos que tener, yo creo Presidente que tenemos que, cada una de las intervenciones, tener los miembros de la

Comisión, pues lo que dijo el encargado de Nayarit, de Morelos, etcétera, etcétera, para poder ir viendo de cada una de las perspectivas que se tienen, cómo podemos fortalecer el sistema.

Pero dicho esto, yo quisiera aprovechar, si es que está en ustedes el poder profundizar un poco más, por ejemplo, escuchar al señor secretario de Oaxaca, que dice cómo vamos a atender el tema de los municipios.

Digo, es relevante porque Oaxaca es el estado con más municipios de la República. Cómo lo atienden ahorita.

Me quedé yo un poco con que la exposición era cómo va a ser. Pero tal vez tener de parte de usted algunas aproximaciones de cómo está ocurriendo en este momento, porque si no como que estamos en un diagnóstico a futuro o etéreo; hoy cómo está y en ese sentido qué luces se pueden tener o qué deficiencias, qué cosas incompletas se pueden tener.

O de la intervención que escuché de la secretaria de Nuevo León:

Me quedé con la impresión un poco en esta preocupación de usted de decir es que no hacía, no hacía, no hacía. Bueno, qué hacía la Secretaría, o qué hace usted como Secretaria hoy.

Me interesa mucho subrayar el tema porque en el caso de Nuevo León, además ustedes tienen el tema de que no tienen necesariamente una mayoría en el Congreso si lo que quieren es pasar una iniciativa, pues entonces tenemos que se conjugan dos cuestiones, tal vez una secretaría que, en la impresión que a mí me dejó la participación de usted, pues era como más bien como de florero, los floreros esos que están de adorno.

Y si usted me ayudaría un poco más a profundizar el planteamiento de qué es lo que se tiene que hacer, para así poder tener un contraste claro.

Y bueno, si los compañeros de Morelos y de Michoacán nos pudieran un poco profundizar, ¿qué se está haciendo ahora?, donde los municipios, quien pone al presidente municipal, en el caso de Morelos o Michoacán, a como se ha sabido por lo menos en documentación pública, en periódicos, les ponen al secretario de Obra Pública, les ponen al secretario de Finanzas, al de Seguridad ya no se hable, porque ese está más que documentado; ¿cómo de repente se brincan el sistema o de repente nadie sabe?

Porque creo que ese es el detalle de fondo, cuando en realidad esto está ocurriendo y la población lo sabe, porque el malandrín es el que está de director general de Obra Pública, la sociedad lo sabe; y si el sistema institucional no lo sabe o no lo dice, entonces tenemos un problema de evidenciación, primero del problema, y luego de disfuncionalidad, porque entonces lo que se muestran son las incapacidades del estado para poder dirigir baterías, alinear, confrontar y obviamente garantizar que el estado por lo menos en la representación estatal tiene, me refiero a la entidad federativa y municipal, pueden intervenir para corregir, porque si no, solamente se convive con la problemática que, por lo menos en el caso de Morelos y de Michoacán, y voy a lecturas de periódicos, ni si quiera información encubierta o demasiado profunda, que se ha sabido en varios municipios que son de esos estados.

Quisiera respuesta sobre eso y les agradezco muchísimo, sinceramente a mí me ha iluminado mucho escucharlos.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Y antes de darles el uso de la voz, secretario de Oaxaca, entiendo perfecto su preocupación, que las iniciativas que usted está viendo no le cuadran en el marco de todas las leyes secundarias que deberíamos estar legislando.

Déjeme informarle que así lo platicamos con el PRD, el PRI y el Partido Verde, incluso con el Partido Acción Nacional, que queríamos abrir los foros, que queríamos terminar de escucharlos a ustedes, a los que son operadores algunos del propio sistema, para presentar los paquetes finales, que ya están prácticamente terminados. Tenemos prácticamente terminado el paquete de cinco instrumentos, como usted bien decía: estoy pensando, estoy viendo dos leyes generales, la ley general del sistema, la ley general de responsabilidades; nosotros estamos pensando de una vez en la ley del propio Tribunal Fiscal de la Federación, en las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la de Fiscalización.

Estamos pensando en un paquete de cinco instrumentos que nos va a cuadrar.

Sus preocupaciones son las nuestras, en eso estamos, justamente en el análisis de la calificación de la conducta, como usted decía, estamos con muchos abogados haciendo revisiones. Si en esta calificación o precalificación que encontramos, algunas de las iniciativas tendrían que incluso abrirse un procedimiento antes de considerarlas como graves y darle vista al servidor público y desahogar su audiencia de ley, sus pruebas, su desahogo, alegatos, instrucción para poder hacer la calificación o no, o no es necesario.

Estamos revisando si esto pudiera ser impugnado en el propio Tribunal, la propia Constitución de las salas especializadas en el Tribunal, sin duda estamos revisando los engroses de las discusiones que se han dado en la Suprema Corte de Justicia respecto al umbral de protección de los datos de los servidores públicos, respecto a los particulares.

Es decir, estamos en todo este análisis que a usted le preocupa, no porque no lo vea ahora quiere decir que no está, serán paquetes completos que presentarán los diferentes grupos parlamentarios y compartimos con usted su misma preocupación, sin duda me parece que de los análisis, reflexiones que hemos hecho, el tema de poder ubicar los tipos penales que contiene el Código Penal Federal respecto al funcionamiento de los servidores públicos o de obstrucción de justicia que pudiera estar tipificado de una manera inicial respecto a las conductas que algunos han redactado ya como graves; empieza ahí la reflexión de dónde deben de estar, de dónde está la parte administrativa, de dónde están los tipos penales.

Estamos haciendo la revisión de las convenciones, es decir, estamos preocupados por la misma parte jurídica- técnica que usted nos mencionaba.

Seguramente la próxima semana usted verá ya estos paquetes de iniciativas presentados por los otros grupos, que empezarán a darle cauce y forma. No sin dejar atrás, como ayer lo platicábamos con los compañeros, la Ley General de Archivos y de Protección de Datos, al final del día descuidar archivos o protección de datos nos lleva a no cerrar todo este círculo que vienen de las dos grandes reformas constitucionales en transparencia y anticorrupción que por supuesto van todas de la mano.

Dada esa explicación que me parece que era importante, les doy el uso de la palabra si quieren hacer reflexiones finales.

C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY: En Morelos teníamos un caso muy curioso, no sé si sea también en los demás.

Quién vigila y tiene autoridad de vigilancia en los municipios es la Auditoría del Estado, o sea, la entidad superior del estado.

Nosotros entramos a trabajar y a vigilar programas cuando nos invita la Secretaría de la Función Pública en específico a hacer una auditoría a un programa.

Ahora, ¿cómo hemos tratado de suplir esa desconexión entre dos autoridades entre la Contraloría y la Entidad Superior del Estado? A través de la Comisión Permanente de Contralores-Estado, tenemos un programa que se llama “Municipios por la transparencia”.

E inclusive el día de mañana estamos invitando a todos los contralores de los municipios a un curso de capacitación y enseñarles qué herramientas tiene la Contraloría que les puede ayudar. Inclusive firmamos convenios de colaboración.

Nos topamos con cosas muy curiosas, que hay cabildos que votan en contra, que no quieren el convenio de colaboración, ahí no podemos hacer nada.

Pero sí estamos trabajando conjuntamente en eso, en los municipios por la transparencia capacitándolos.

Nada más como dato curioso, una vez fui a Tetela del Volcán a buscar al contralor municipal para ver cómo iba en la capacitación. Cuando me presento con el presidente municipal, digo: “¿Y el contralor?” “Lo mandé por refrescos, es que no tenemos personal y al saber que venía usted…”.

La carencia de personal es muy importante, por eso estamos buscando la capacitación y le estamos apostando.

Algunos municipios de Morelos los laudos laborales les pega en su presupuesto tremendamente. Y lo que mencionó aquí el senador, efectivamente existen cotos de poder que están controlando a algunos municipios.

Sí existe el coto de poder. En Huitzilac teníamos los aserraderos clandestinos y que no puede hacer absolutamente nada el presidente municipal porque no tiene los elementos ni la fuerza pública que lo pueda defender a él o él pueda perseguirlos.

El personal en los municipios es muy limitado, muy pequeño, dependiendo del municipio, hay otros que son más grandes.

Pero básicamente este es el problema, que existen dos autoridades distintas: la entidad superior del estado que es la que vigila, audita y controla los municipios y la contraloría que estamos capacitando, apoyando en todo lo que sea posible a los contralores municipales.

Les digo, el día de mañana estamos capacitando a los 33 contralores municipales en eso.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, señor secretario. Por favor, secretaria.

MAESTRA SILVIA ESTRADA ESQUIVEL: Gracias, aunando un poco a lo que dice mi compañero contralor, señalar que en el caso de Michoacán la problemática que entra uno con el entusiasmo de capacitar, orientar y poder darle las herramientas necesarias a los contralores, la situación con la que nos hemos visto enfrentados en estos primeros meses de gobierno es que, por ejemplo, a muchos contralores que ya asumieron su postura de acuerdo a sus propias facultades que le dota la Ley Orgánica Municipal, algunos ya han sido despedidos, por ejemplo, porque dependen de un nombramiento o de una designación que le da el cabildo y a final de cuentas quien quiere realmente llegar a ejercer su facultad y su atribución nos lo retiran.

Ahí comparto la preocupación de mi compañero en el sentido de que, a través de alguna reforma que ustedes visualicen en el 115 constitucional veamos que el tema de anticorrupción pudiera estar en un nivel más elevado donde también los órganos de control podamos entrarle, porque si no de nada sirve.

¿Qué pasa en la Secretaría de Contraloría del Estado? Intervenimos en los municipios siempre y cuando sea un recurso federal que de manera coordinada lo estemos fiscalizando con la función pública, sólo en esos casos.

Pero de los 113 municipios más del 90 por ciento son municipios endeudados por cuestiones que no tienen un fundamento y que la reincidencia de los municipios es que hay una mala aplicación del recurso público y está constatado en procedimientos, en auditorías.

Llegamos al término de poder sancionar y efectivamente el órgano de control estatal no tiene esas facultades y atribuciones. Y ahí es donde ya nos cortan las alas.

De tal suerte que se tendría que revisar también la facultad y la atribución de los municipios para que este tema tenga un mayor nivel, una mayor envergadura en facultades y atribuciones.

Porque miren, la verdad es que el esfuerzo es enorme. Hay estados, como lo mencionaba el senador Ríos Piter, donde no solamente tenemos que lidiar con el tema de la cadena de la corrupción sino también el tema de la delincuencia organizada.

De tal suerte que también se tendría que visualizar el tema de un testigo protegido porque hay ciudadanos que ejerciendo su plena ciudadanía sí van y denuncian, pero qué pasa después cuando no hay una protección de datos no solamente del funcionario, también del ciudadano.

Debe de haber un testigo protegido que la propia ley lo pueda blindar, porque si no hay quiénes sí se atreven, ya cansados del hartazgo de lo que pasa en todo el país, pero sí necesitamos darles las garantías de protección incluida, como decían los propios secretarios, porque nosotros en un momento dado nos vemos inmersos en una situación de riesgo personal cuando actuamos de manera contundente.

Entonces eso también lo tienen que visualizar porque sí hay ciudadanos y funcionarios que queremos hacer el trabajo pero la situación es que luego se incluyen otros factores externos y digo, la verdad es que sí queremos realizar estos temas.

En el caso de Michoacán, senador Ríos Piter, le informo que nosotros estamos implementando ventanillas regionales en todo el Estado, porque desgraciadamente la información del tema de denuncias, de lo que te protege, de lo que como ciudadano tú puedes realizar, estas quejas y denuncias sólo se centraliza en la capital.

Entonces tenemos que hacer llegar que la información llegue a los últimos lugares recónditos del Estado para que la propia ciudadanía sepa en qué le afecta el tema de corrupción, a que no le llegue un beneficio social, por ejemplo.

Y la gente se compromete. Le aseguro que la propia necesidad que hay en las regiones más necesitadas de todos los estados podría ayudar para que la ciudadanía también se aplique y nos apoye en este tema de fiscalización.

Pero la realidad de las cosas es que sí necesitamos nosotros vernos fortalecidos desde acá, porque es un tema, digo, muy complicado ya cuando estamos en las regiones.

Por ejemplo, decía el compañero: nosotros ahorita vamos a tener reuniones con los contralores, nos vamos a las regiones, no solamente en Morelia, vámonos a las regiones.

Y que la propia ciudadanía y los contralores reciban el respaldo del órgano de control estatal porque luego pasa que como el Cabildo lo nombra, pues si ya no va a lo que ellos están haciendo lo retiran y los destituyen con una facilidad y entonces se cortan las acciones.

Entonces es una parte que se tiene que revisar en este marco, porque este es un tema federal.

Entonces tiene que, también, sentirse en los municipios realmente. Porque la verdad vamos a los municipios y es un tema que se rinde uno porque tú no puedes entrar de manera directa a asumir tus propias, de verdad, las propias atribuciones.

Lo vamos haciendo de manera institucional, respetuosa y todo, pero hay temas muy graves que se tiene que actuar con mucha certeza en ese sentido.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.

Senador Alejandro Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Para eso estamos diseñando un sistema, para revisar todo. En la ponencia propuestas puntuales para establecer los mecanismos de control en cada uno de los órdenes de gobierno y enfrentar esta problemática.

Ya hubo una Reforma Constitucional. Ahora hay que aterrizar un sistema que va a ser el rediseño total del marco normativo de responsabilidades, etcétera, para que no haya esa disfuncionalidad entre las propias dependencias de control de los congresos locales, del gobierno del estado, del nivel federal, porque es justamente lo que queremos resolver en esta situación.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador.

Senador Ríos Piter, para finalizar esta reunión.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Bueno, ya no pudimos profundizar.

Lo que yo no quisiera es quedarme con el sabor que de repente ya se acabó y hubo dos que tres pelotazos, por una razón: porque aquí se hablaba de las auditorías generales de los estados, es una pieza clave que si no tenemos en una dinámica sistémica, fortalecida, autonómica, van a seguir siendo el parapeto de los gobiernos de los estados.

¿Cómo funciona?

Gobernador coordina los trabajos del Congreso local, digo, poniéndole la realidad a las cosas. Los gobernadores gobiernan los congresos locales y en ese sentido, gobiernan las auditorías generales de los estados; entonces, tenemos una parte que está totalmente mocha, un poco buscando retroalimentar.

Yo quisiera incitar tal vez, presidente, a que podamos ver cómo sistematizar las opiniones de los secretarios que están hoy aquí. Es decir, a ver, cuál es un modelo que tendríamos que llevar a la ley, que garantice que cada rincón, así como hicimos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que estábamos buscando nosotros tener un nivel de penetración que permita saber qué entra, qué sale y en qué se endeuda un municipio, un organismo público, una entidad federativa, el gobierno federal; así como tuvimos esa claridad, me parece que el sistema tiene que tener ese alcance.

Y yo, sinceramente, creo que aquí es donde hay que empezar a explorar no solamente cómo busca funcionar la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría, este macrodiseño que tenemos a nivel constitucional, que es un primer avance, pero que si no podemos poner en los títulos y en los capítulos de la ley identificado: para compenetrarse generaremos información de la auditoría general que se retroalimentará por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal y que a su vez, se retroalimentará con la que generará el municipio.

Digamos, hay todo un circuito que me parece que todavía necesita profundizarse, de otra manera, nos vamos a quedar, por lo menos esa es la preocupación que quiero externar, en un gran diseño con visión federal, donde tenemos más capacidades institucionales; y lo último que vamos a dejar va a ser al municipio. Solamente la pregunta que yo hacía.

Y el problema es que el 56 por ciento de los recursos que hoy se pierden por corrupción, se nos pierden en eso que se llama la caja de opacidad, que es el circuito cuando se manda a una entidad federativa y después termina aterrizándose en los distintos programas que tienen incidencia municipal.

Ahora, la idea sería solamente cómo podemos sistematizar esto, porque obviamente las presentaciones tienen distintas ópticas, entendiendo que cada estado sufre y vive problemáticas distintas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Armando Ríos Piter.

Agradecemos mucho a los secretarios de los estados de Hidalgo, de Michoacán, de Morelos, de Nayarit, de Nuevo León y de Oaxaca. El Senado de la República les agradece el haberse trasladado el día de hoy a este Senado, el habernos acompañado: son valiosos todos sus comentarios, sus puntos de vista y les agradecemos que nos puedan dejar las presentaciones o documentos que nos quieran hacer llegar.

MAESTRA SILVIA ESTRADA ESQUIVEL: Senador Pablo, si me permite hacer una propuesta:

Que nos pudieran ustedes, así como hoy nos lo han permitido, que a través de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, pudiéramos suscribir alguna reunión con ustedes, porque ahí estamos en el pleno de toda la República.

Si nos pudieran permitir tal vez abonar y que por parte de toda la Comisión hiciéramos una propuesta general, porque ahí ya va más técnicamente proyectada, más jurídicamente, y creo que eso nos ayudaría más a que, como decíamos, cada estado tiene su peculiaridad, trabajar nosotros, porque de verdad ha sido un gran logro esa Comisión Permanente, que le pudiéramos presentar a esta Comisión esa propuesta.

Si nos lo permite.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Por supuesto que sí.

MAESTRA SILVIA ESTRADA ESQUIVEL: Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Por supuesto que sí, nos coordinamos inclusive cuando esté lista, los invitamos a que la puedan presentar en el Senado de la República.

Muchas gracias, nuevamente por su participación aquí.

Y damos la bienvenida al siguiente foro, al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores. Bienvenido, doctor, a este Senado de la República.

Al maestro Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenido, maestro.

Y a nuestra amiga licenciada Haydee Pérez Garrido, directora ejecutiva de FUNDAR. Haydee, como siempre, bienvenida.

Doctor Ugalde, tiene el uso de la palabra.

DOCTOR LUIS CARLOS UGALDE: Muchísimas gracias, presidente. Gracias por la invitación.

Haré comentarios muy puntuales porque creo que este es el mejor momento para poder hacer contribuciones en esta fase de la discusión.

Creo que el andamiaje conceptual del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido concebido. Creo que las ventajas que tiene han sido ampliamente discutidas, pero me parece que el reto principal en este momento es garantizar el funcionamiento en la realidad de las responsabilidades y de las obligaciones de los diversos miembros del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y aquí se acaba de mencionar un problema que ocurre en la práctica y que va a seguir ocurriendo en la práctica, que es el hecho de que por ejemplo las contralorías municipales no están haciendo su trabajo y no lo van a hacer por arte de magia una vez que exista el Sistema Nacional Anticorrupción.

A mí me parece que hay un tema central y fundamental, que es: ¿Cómo garantizar que los incentivos adecuados se alineen con la nueva normatividad?

Y aquí me parece que sería importante discutir, como se ha hecho en otras materias, si el nombramiento de algunos actores claves debiesen ser por autoridad diferente o por un actor político diferente del cual depende políticamente, por ejemplo, el contralor municipal.

Creo que sería importante revisar las ventajas y los riesgos de que los contralores municipales fueran designados por otro nivel de gobierno, ya sea por el Congreso del Estado, ya sea por, no puedo pensar en otra autoridad que no fuera el Congreso del Estado, ante el cual tuviera que rendir cuentas en última instancia.

Y este me parece un tema fundamental que viene de la mano de un segundo tema.

Me parece que el Congreso debe trazar una hoja de ruta. No solamente es necesario trazar las medidas legislativas que deben llevarse a cabo y que ustedes cumplirán en las próximas semanas, sino cuál es la ruta administrativa, la ruta presupuestaria y la ruta política para poder llevar esto a buen puerto.

Uno de los contralores comentaba el tema de la capacitación. Hay un problema de un rezago enorme a nivel de contralorías municipales.

Hay un problema de un rezago enorme a nivel del funcionamiento de algunas auditorías estatales Y me parece que este tema presupuestario, político y de capacitación debiese ser parte de la ruta que el Congreso Mexicano defina, porque me parece que esto no va a ser decidido, no va a ser guiado por los otros gobiernos o poderes ejecutivos.

Me parece que la experiencia de retraso que ha tenido por ejemplo la implementación de la reforma en materia de juicios orales es un ejemplo de lo que puede ocurrir con el funcionamiento de un sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción. De tal forma que ese tema de la hoja de ruta es muy importante.

Una tercera reflexión que quisiera hacer, es: ¿Qué mecanismos se pueden introducir a nivel legal para dotar a los organismos no gubernamentales de un medio de defensa frente a la omisión de autoridades?

¿Qué va a pasar cuando las contralorías estatales o las contralorías municipales no atiendan denuncias por irregularidades administrativas que les turna la Auditoría Superior o las auditorías estatales?

Esto es un fenómeno común. Se está discutiendo ahora a nivel federal de por qué la Procuradora General de la República no ha dado curso a denuncias de hechos en los últimos años.

¿Qué medio de defensa tienen los organismos o los actores no gubernamentales para poder reclamar mediante la figura del amparo un daño por derechos humanos que son afectados cuando la autoridad responsable de investigar o de sancionar no hace su trabajo?

Y esto es particularmente grave a nivel de los gobiernos locales y de las autoridades locales.

Creo que este tema es muy importante. Creo que la Suprema Corte de Justicia ya ha abierto una ventana de oportunidad al decir que sí hay interés legítimo; de organizaciones no gubernamentales que por su objeto de existencia sí pueden reclamar interés legítimo en esta función, pero me parece que introducirlo a nivel de ley sería muy importante.

Y el cuarto punto que quisiera reflexionar con ustedes es el tema que se trató aquí hace dos días, según he leído, sobre el tema de la investigación, la fiscalización y sanción de delitos en materia de fiscalización de los partidos políticos.

La pregunta relevante es el sistema de control y de sanción en materia electoral, debiese estar interconectado o ser parte del Sistema nacional Anticorrupción.

Esta es una reflexión muy importante, porque la corrupción que existe en el financiamiento de campañas políticas es el antecedente de la corrupción que se da en la gestión de los gobiernos, de tal forma que no pueden tratarse como universos diferentes.

Y este tema es muy importante y hay que reflexionar. Deben, por ejemplo, las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción poder atraer casos especiales del sistema de sanción en materia electoral que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral.

Puede, por ejemplo, una autoridad sancionatoria en materia electoral ser sujeta de responsabilidad por omisión en la investigación que hace, debe ser el Instituto Nacional Electoral integrante del Sistema nacional Anticorrupción claramente a nivel constitucional ya no está, pero debiese ser parte de algún elemento de comunicación constante.

Me parece que este tema es muy relevante, claramente la fiscalización y el mecanismo sancionatorio en materia electoral tiene sus propias características, tiene su propia especialidad y debe mantenerse en ese ámbito, pero hasta ahora, como veo, el Sistema Nacional Anticorrupción no prevé mecanismos de comunicación y quizá en algunos casos las investigaciones que lleva a cabo el INE, que ciertamente las puede turnar a la Procuraduría General de la República ya, debiese estar contemplado el mecanismo de revisión y eventualmente un mecanismo de atracción.

Y también las autoridades en materia electoral podrían ser sujetos de responsabilidad de algún tipo en caso de omisión o de no cumplir correctamente su trabajo.

Finalmente me parece que un tema muy relevante en la parte didáctica, que es parte importante de la narrativa que el congreso debe hacer como una instancia que aprobará y generará la dinámica social para que esto llegue a buen puerto, es la narrativa de las metas y de los objetivos.

Esto lo he platicado en esta mesa con algunos de ustedes en algunas otras reuniones de trabajo, pero me parece que el tema de las metas y de los indicadores de éxito del Sistema Nacional Anticorrupción deben estar establecidos como parte de la narrativa de este esfuerzo fundamental.

Allá afuera y aquí adentro les aseguro que no hay claridad de cuál es el objetivo y el hecho de que no haya claridad de cuál es el objetivo nos va a llevar muy pronto a que cada uno defina los objetivos de acuerdo a su interés político propio y esto va a desvirtuar los alcances.

Para mí claramente el principal objetivo de este Sistema nacional Anticorrupción es generar un sistema integral de funcionamiento de los gobiernos.

El objetivo es la integridad, pero buena parte de los observadores o de los analistas o de los grupos organizados, quieren peces gordos y esta meta o este indicador de los peces gordos está presente y si estos no existen pronto y no van a existir pronto por naturaleza, porque lo conocemos por los medios de prueba, por los procedimientos que deben seguirse, entonces muy pronto el Sistema Nacional Anticorrupción puede ser acusado de no haber cumplido su propósito.

Entonces esta parte de la narrativa y de la didáctica pública me parece que es muy relevante y creo que no se ha dado. Y creo que no se ha explicado con claridad qué explica esto.

Y además de la mano de esto la segunda cosa: la sobre venta de expectativas.

En la mañana en una reunión de un foro anticorrupción aquí, comentaba el problema que existe del fetiche constitucional, de pensar que el cambio de la Constitución va a cambiar la realidad y esto no es así, esto no va a ser así y por eso me parece muy importante la parte narrativa que creo hasta el momento ha sido insuficiente por parte del Congreso.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Ugalde.

Maestro Antonio Luigi.

MAESTRO ANTONIO LUIGI MAZZITELLI: Muchísimas gracias.

Y los agradecimientos al Senado de parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Es un honor poder contribuir también al crecimiento y al fortalecimiento del esfuerzo que México está llevando adelante en materia de lucha a la corrupción y sobre todo prevención a la corrupción.

Trataré de ser lo más concreto y breve posible:

Los puntos que nos llaman más la atención y en donde quisiéramos ver más atención antes de toda la implementación de las reformas a nivel local.

Es cierto que el marco federal impulsa y fortalece de manera importante lo que es el marco normativo de México en materia de lucha a la corrupción.

Pero como todos sabemos y como ya he escuchado del precedente ponente, como también de la Mesa precedente, una gran parte de la corrupción se verifica a nivel territorial a través de las instituciones y los órganos de gobierno locales.

Los esfuerzos a nivel federal en ese sentido no tendrían cumplimiento y no lograrían tener una incidencia positiva así no articulados a nivel territorial.

Y eso es también uno de los resultados de la evaluación que se ha llevado a cabo en el año 2013. Entonces bajo un marco diferente de normativa institucional que ha reconocido la necesidad de profundizar mucho el estudio posible en parte de las normativas a nivel de las instituciones locales.

El segundo punto es una más profunda articulación de las campañas de prevención. Entendiendo por campañas de prevención no simplemente la educación sino el necesario trabajo.

Y aquí también, aquí tiene que ser llevado a nivel de las instituciones locales en materia de reducción de los espacios que permiten y facilitan el comportamiento corruptivo.

A nivel federal en los años pasados se han llevado a cabo importantes reformas de reducción de los trámites administrativos, de simplificación de negocios.

Seguramente esto es uno de los instrumentos más eficiente para reducir los espacios y las posibilidades a los comportamientos corruptivos.

Prevención que tiene también, hay que tener necesariamente en cuenta una necesaria educación, una necesaria campaña de información continua para que el ciudadano pueda estar al corriente de lo que son los mecanismos, los canales para evitar de ser parte del fenómeno corruptivo.

Un tercer punto es el fortalecimiento a todos los niveles, tanto a nivel federal como a nivel estatal y eventualmente municipal de la participación de la sociedad civil.

Y concuerdo perfectamente con el doctor Ugalde: la necesidad eventualmente de diseñar un mecanismo de participación por parte de la sociedad civil en lo que es la implementación de los diferentes componentes de las Reformas a nivel territorial.

En otros escenarios se han llevado a cabo experimentos de “over side” externo, “over side” externo dirigido no tanto a la denuncia y a la persecución de los casos de corrupción; sino a mejorar los procedimientos de transparencia por parte de las instituciones locales.

Entonces, un acompañamiento que sea constructivo, que sea positivo, que permita a la sociedad civil darse cuenta y también acompañar y eventualmente participar a la modificación de lo que son los mecanismos de implementación de las diferentes partes de la reforma.

Un cuarto punto es también el fortalecimiento de todos los sistemas a garantía de la denuncia y de lo que se llama el whistleblower, eso es la protección no solamente del denunciante, cuando el denunciante es funcionario de las instituciones públicas, sino también y sobre todo cuando el denunciante o el whistleblower viene de la sociedad civil o del sector privado.

La protección también y los mecanismos de persecución, en el caso de corrupción, deberían también ser extendidos a los fenómenos de corrupción que se verifican al interior del sector privado y no necesariamente o exclusivamente a la corrupción que involucre al sector público.

Y esto más allá y acompañando un esfuerzo más completo por parte del Legislativo, de la utilización de la figura del colaborador de justicia, tanto en el caso de investigaciones en materia de crimen organizado, como también de corrupción. Considerando también que muchísimos casos las dos tipologías de crimen van juntas, pero no siempre; entonces si hay crimen organizado, si hay las características que puedan hacer investigar un caso bajo crimen organizado, bien, si esa simple corrupción que se apliquen las mismas normas que ofrecen protección a los colaboradores.

De la misma manera, pedimos un fortalecimiento de lo que es el dispuesto legislativo en materia de responsabilidad de la persona jurídica. Según la Convención de Mérida en materia de lucha contra la corrupción, la responsabilidad de la persona jurídica tiene que ser civil, así como penal. Entonces, un esfuerzo en ese sentido debería acompañar la implementación de la reforma.

Y por último, también la necesidad de fortalecer y por qué no, tratar de generar sinergias y mecanismos que puedan facilitar la recuperación de los activos que han sido desviados a través de los actos de corrupción, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional.

Uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra el crimen organizado como también a la corrupción, es no sólo la recuperación de los activos desviados, sino también su utilización a finalidades sociales de civiles. A través del mensaje que el crimen no paga, la corrupción no paga, al contrario, que con los bienes derivados de actos delictivos, se construya o se tiene que construir legalidad y ciudadanía.

Y con esto termino. Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, maestro.

Licenciada Haydee.

LICENCIADA HAYDEE PÉREZ GARRIDO: Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.

Empezar reconociendo el ánimo de apertura que han llevado estas comisiones en el Senado de la República y en particular de ustedes, senadores. Sin duda, estas audiencias públicas son muestra de ejercicios de Parlamento Abierto y contribuyen al fortalecimiento del sistema que estamos ahora creando.

Habiendo dicho lo anterior, quisiera sumarme, ya he escuchado a dos o tres personas que han puesto esto sobre la mesa, y también es algo que a nosotros nos preocupa, que es el tema justo de la ruta de trabajo.

Y yo me voy un paso antes que el doctor Luis Carlos Ugalde. Más allá de la ruta administrativa, presupuestaria y política, creo que vale la pena tener una ruta de trabajo legislativa.

Ya decía el senador Pablo Escudero que se están considerando cinco aparatos normativos, pero sería muy interesante justamente para canalizar mejor la participación ciudadana, la inteligencia colectiva, que hubiera claridad con respecto a estos paquetes, a los momentos en los cuales se piensa discutir en el legislativo y cuáles serán los momentos en donde podremos aportar cuestiones específicas para cada una de las leyes que conforman el sistema.

Creo que esto puede ser benéfico para todos, estructurar, ordenar mejor la discusión, preparar insumos y eventualmente darle mayores posibilidades a las comisiones de hacer un mejor trabajo.

Y coincidiendo en que el paquete principal son las cinco leyes ya mencionadas, yo quisiera poner sobre la mesa y preguntarles directamente en dónde observan o desde dónde están viendo la ausencia de la regulación del tema de la publicidad oficial.

Desde FUNDAR y Articulo 19 llevamos muchos años elaborando un índice anual en donde hemos dado cuenta de la utilización sin criterios claros con respecto a estos gastos, estos recursos en materia de publicidad oficial.

A nivel federal pero también en las entidades estatales hemos documentado cómo en la mitad de los estados de la República sigue siendo muy difícil conocer los montos exactos que son ejercidos en este rubro.

A nivel federal, según nuestro último informe, el gasto en la administración pública en comunicación y publicidad oficial es de más de siete mil millones de pesos en 2013 y lo mismo para 2014.

Sí decir que sin reglas claras para la asignación y la ejecución, la publicidad oficial se transforma en una herramienta, como todos sabemos, para castigar o premiar a los medios de comunicación en función de su línea editorial.

Y de esta manera se establecen vínculos financieros opacos entre medios y gobiernos que sientan las bases de una relación en la cual los intereses económicos y políticos prevalecen sobre la pluralidad informativa y sobre el derecho a saber de todas las personas.

En estas condiciones, nosotros estamos firmemente convencidos que la asignación y el ejercicio de la publicidad oficial sin este marco regulatorio favorece posibles actos de corrupción.

Como ustedes saben bien, al comienzo de la administración el presidente Enrique Peña Nieto publicó una columna

que fue muy sonada en su momento, que se llamaba “El comienzo del cambio”, en la cual hizo público su compromiso para avanzar en materia de transparencia, y creo que eso en términos institucionales y normativos se ha creado el Sistema Nacional de Transparencia.

Por otro lado, en la lucha contra el combate a la corrupción también estamos en un muy buen escenario, porque de una visión desde nuestro punto de vista muy acotada de impulsar una Comisión de Combate a la Participación Ciudadana ahora estamos en el marco de la creación de un sistema.

Sin embargo, queda pendiente el tema de la regulación del gasto en publicidad oficial.

Además de esto, en la reforma electoral aprobada en 2014 se estableció un artículo transitorio que mandata al Congreso a regular la publicidad oficial y ésta debió haberse cumplido antes de abril de 2014.

Sí nos interesa mucho poner sobre la mesa, para que en lugar de ser cinco marcos normativos que conformen este Sistema Nacional Anticorrupción pudieran sumarlo y que estuviéramos hablando de seis marcos normativos.

Hay principios que ha puesto y que son públicos y que están muy bien diseñados en esta materia en términos de la publicidad oficial elaborados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se habla de desarrollar criterios no discriminatorios y equitativos para la asignación de la publicidad; restringir el uso de la publicidad a un uso informativo para el público e implementar una supervisión adecuada de esta publicidad.

Ese sería el primer punto que nos preocupa.

En un segundo momento, ya entrando un poco más al detalle, hablar de las facultades y el mandato fortalecido que ahora tiene la Auditoría Superior de la Federación, creo que todos coincidimos en que es una muy buena noticia, pero también aquí, en el informe de revisión de la Cuenta Pública 2014, que acaba de salir hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación detecta áreas de riesgo recurrentes y estructurales y son 9 áreas de riesgo que han sido detectada y documentadas año con año en el informe de revisión de la Cuenta Pública.

En el caso de este informe la Auditoría Superior de la Federación hace propuestas legislativas muy puntuales para atender estos espacios recurrentes y estructurales que pueden dar pie a la corrupción.

Muchas de estas sugerencias de reforma legislativa se centran en leyes relacionadas con el gasto público, como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, de Arrendamientos y de Servicio Público y la Ley de Coordinación Fiscal.

Entonces, también ponemos sobre la mesa dar una revisión a profundidad de cuáles son las propuestas legislativas de la Auditoría Superior de la Federación y también incorporarlas al debate.

Hablando también acerca de la participación ciudadana, creo que ya existen canales de participación ciudadana, pero que estos no son necesariamente efectivos y no son necesariamente sustantivos y tampoco protegen la identidad de, como ya lo han mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, de los denunciantes.

Para muestra de esto tenemos la línea ética ciudadana de la Auditoría Superior de la Federación, que es una herramienta que está disponible, pero que hasta donde tenemos conocimiento, se usa muy poco y requerimos que haya mayor información, que haya un seguimiento, que haya una retroalimentación sobre las denuncias que se reciben y además que la información esté de manera pública y accesible.

Obviamente protegiendo los datos sensibles y la identidad de quienes denuncian, pero ponerlo a disposición de la ciudadanía ayuda a que haya una contraloría social con respecto a estos ejercicios, estos mecanismos, es decir, llamar a que se tomen con mayor seriedad y eso las denuncias ciudadanas, los mecanismos y eso puede establecerse en el marco de las leyes secundarias.

En términos de los informes individuales, de la Auditoría Superior de la Federación, que ahora se van a presentar en junio, en octubre y en febrero, aquí es más bien una pregunta para ustedes, porque actualmente la Cámara, conocer sus puntos de vista, sus reflexiones, actualmente la Cámara de Diputados recibe estos informes pero no tenemos certeza de que estos informes cómo son incluidos en el proceso de presupuestación y de planeación del gasto y tampoco en este momento tiene la Auditoría Superior de la Federación o la Cámara de Diputados, la facultad de dar seguimiento a los procesos administrativos y penales que la Auditoría Superior de la Federación interpone con base en dichas auditorías.

Entonces, todos los años, si me permiten la frase coloquial, lo que tenemos con el informe de la Auditoría es la documentación de la discrecionalidad y del cinismo político y realmente no se cierra el ciclo de la rendición de cuentas.

Vemos todos los años cómo está el tema, por ejemplo, de fondos y fideicomisos, todos los años, y al final no pasa nada.

Aquí hay una propuesta muy concreta, o saber ustedes cómo están pensando que seamos capaces de cerrar ese círculo, entendiendo también cuál es la posición de la Auditoría Superior de la Federación de no agobiarla, digamos, con tantas responsabilidades y mandato de tal forma que sea inoperante.

Otro punto sobre la auditoría es que la Reforma Constitucional le delega la investigación de irregularidades graves y actos de corrupción.

Pero el mandato de posterioridad de la fiscalización, o sea, debido a este mandato no queda claro como dichas irregularidades que se van a detectar en tiempo real, van a poder resolverse también en tiempo real.

Entonces ahí creo que hay vacíos que vale la pena tener en cuenta a la hora de las leyes secundarias.

En el mismo sentido, ahora la auditoría podrá realizar ejercicios de fiscalización del año corriente y de los años anteriores.

Pero el texto constitucional menciona que para los efectos legales no se entenderá nuevamente abierta la cuenta pública a la que pertenece la información solicitada, muy bien.

Pero la preocupación, lo que nos parece importante es que esta precisión no se entiendo en la legislación secundaria como un impedimento para fincar responsabilidades administrativas y penales porque entonces no tendría mucho sentido haberle robustecido el mandato y las posibilidades.

Eso es en cuanto a la Auditoría Superior de la Federación.

Un tema muy puntual con respecto a los plazos para la armonización en las entidades federativas. En el Artículo Quinto Transitorio no es claro el plazo para la armonización local.

Se entiende de la interpretación que esta armonización debe darse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la ley, pero no queda claro si este plazo es para las reformas a las constituciones locales, o a efecto de reflejar el marco del Sistema Nacional Anticorrupción en la aprobación de las leyes secundarias.

Entonces para evitar confusión y para mandar mensajes certeros a los estados, creemos que valdría la pena aclarar este asunto.

Y ahora, con mayor profundidad, coincidiendo también con lo que he escuchado en términos de la participación ciudadana y sumándome al tema de la narrativa, desde FUNDAR, y me parece que desde el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entendemos y hemos visto cómo la corrupción afecta los derechos humanos, por supuesto, pero impacta de manera más grave a las personas que menos tienen.

Quienes tienen menos recursos económicos, sociales, culturales y políticos, es decir, quienes tienen más carencias a la par tienen menos acceso a la información y menos posibilidad de acceder a mecanismos de rendición de cuentas.

Esto lo que hace es agudizar y genera incentivos perversos para la corrupción y los vuelve víctimas deliberadas y recurrentes por su estado de indefensión.

En ese sentido, creemos que la participación ciudadana sustantiva y vinculante, si bien por supuesto que no es la panacea, creo que ya en México estamos trascendiendo el entender participación ciudadana y el ejercicio de la política más tradicional como buenos y malos, como blancos y negros, sí creemos que tendríamos que cuidar que todos los mecanismos de participación ciudadana no se limiten únicamente al comité de participación.

Es decir, el comité de participación puede jugar un papel importante, puede monitorear, puede dar seguimiento, puede observar, pero no tiene el mandato y no tiene las facultades jurídicas para hacerse cargo de algunas de las cuestiones que hemos visto, que hemos escuchado en los debates.

Aquí está el documento, que se los voy a dejar con todos los puntos y nuestras consideraciones.

Pero digamos que aquí el mensaje central es, parece que no ha quedado claro y es una discusión importante, cuál es el propósito del Comité de Participación Ciudadana, cuál es el objetivo, cuál es su mandato y cuáles son, digamos, la cancha en la que va a poder jugar esta figura de Participación Ciudadana.

Y estamos en un muy buen momento para no generar, o no diseñar mecanismos de participación ciudadana, que sean mecanismos de simulación de la participación ciudadana.

Hay principios también internacionalmente reconocidos para garantizar que tengamos una participación democrática, plural, informada, sustantiva y vinculante.

Si no cumplimos con esos principios en los mecanismos de participación ciudadana, seguramente lo que tendremos son mecanismos o procesos de simulación, en donde la participación ciudadana realmente no tenga la posibilidad de impactar las decisiones, el curso de la acción gubernamental y el ejercicio de los recursos.

Nosotros proponemos cómo la participación ciudadana tiene distintos niveles y puede dirigirse a distintos ámbitos, desde el control, la fiscalización, el monitoreo, la ejecución del gasto; pero también el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, así como la dimensión de la denuncia y de la activación de efectos legales.

Entonces, este es un llamado a tener una concepción amplia y sustantiva de la participación ciudadana. Ya estoy por terminar.

El siguiente punto es relacionado a los procesos de designación de los titulares de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que ha quedado muy claro que nos hemos ido profesionalizando en la construcción de marcos normativos e institucionales; México seguramente después de esta reforma, se va a poner también a la vanguardia en los diseños de combate a la corrupción, como ya lo está en los diseños normativos de transparencia; pero sabemos que en donde tenemos que poner ahora el énfasis es en la implementación; cómo hacemos que estos sistemas se implementen de manera efectiva.

Y si bien hay muchos aspectos que poner sobre la mesa, un aspecto clave es cómo se va a designar a los titulares de estas instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

Ha quedado también muy claro que si no hay procesos de designación transparentes, con posibilidad de tener participación ciudadana, con mecanismos de evaluación de las capacidades y de los conocimientos de los perfiles; en muchas ocasiones no se tienen perfiles independientes y con los conocimientos mínimos para llevar a cabo de manera adecuada el mandato.

Y tenemos una serie de designaciones que tenemos a la vuelta de la esquina, cuando empiece a implementarse el sistema, desde el comité de participación ciudadana; pero también el titular de la Auditoría Superior de la Federación, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, los contralores municipales, la pregunta es cómo vamos a garantizar el perfil profesionalizado e independiente para que este sistema tenga mayores posibilidades de funcionar y de implementarse de manera adecuada.

Por último, el tema de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de interés público. Sé que es un tema que genera mucho debate, nosotros creemos firmemente que publicar, difundir las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de interés, tiene una importancia central para poder activar mecanismos de contraloría ciudadana y que realmente se conviertan estas declaraciones en herramientas, en productos para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito, de conflicto de interés.

Creemos que garantiza, por una parte, esta publicidad el ejercicio de los derechos políticos de acceso a la información y de la posibilidad de exigir cuentas; y que también puede complementar la acción de las instancias de contraloría gubernamental.

Nosotros aquí en el documento hacemos una propuesta muy puntual acerca de las disposiciones normativas que creemos que se tienen que contemplar para regular la publicidad:

Desde la obligatoriedad y la transparencia, desde qué tipo de información se tendría que poner a disposición y cuál es información sensible, que es necesario proteger. Cuál sería el formato de la publicidad, la temporalidad, las sanciones, el procedimiento de investigación; porque si no regulamos de manera adecuada la disposición constitucional, estos mecanismos no van a ser herramientas efectivas para lo que realmente fueron concebidos.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, licenciada Haydee.

Saludo a nuestros amigos, al doctor Marco Antonio Fernández Martínez, a la doctora Ana Laura Magaloni y al licenciado César Alejandro Chávez, que ya nos acompañan. Bienvenidos.

Desean hacer uso de la palabra o si me lo permiten, licenciada Haydee, platicarle un poco de qué es lo que sí puede esperar en este paquete legislativo en estos trabajos que estamos haciendo.

Como usted sabe, el Pleno del Senado de la República decidió por votación en el propio Pleno que fueran estas Comisiones Unidas, y en específico la que tengo el honor de presidir, la de Anticorrupción junto con la de Estudios Legislativos siendo codictaminador, y con Justicia, los encargados de este paquete de reformas.

En este paquete la verdad de las cosas es que no tenemos turnado el tema de publicidad. No lo estamos trabajando; no está, yo quiero ser muy franco con usted de qué es lo que sí puede esperar en esto.

Recojo la inquietud y le haré saber a la Mesa Directiva la suya y la de algunos otros compañeros que han planteado otros temas importantes, como el del fuero.

Me pregunta: ¿Y el fuero? El fuero no está en mi Comisión; hay una comisión de Puntos Constitucionales donde está turnada. Yo no estoy construyendo un dictamen o documentos de trabajo. Con estas no están contempladas.

¿Qué es lo que sí va a estar contemplado y cómo hemos tomado el acuerdo de trabajar? Y un poco usted lo conoce bien, efectivamente nos hace falta redactarlo y ponerlo en la página para los que no lo conocen.

Estamos pensando en el paquete de iniciativas presentadas que ya está, un paquete de iniciativas que presentará el senador Alejandro Encinas junto con el PRD de estas cinco. Algunas otras que hacen falta del Partido Acción Nacional que presentará, y nosotros la próxima semana presentaremos estas cinco que hemos hablado:

Ley General del Sistema; Ley General de Responsabilidades; la del Tribunal Fiscal; la de Fiscalización y la de la Administración Pública. Ese paquete es el que vamos a trabajar.

Vamos a hacer lo que se estila en el Senado de la República, que no hemos seguido esas prácticas nosotros, es preparar un dictamen y presentarlo en comisiones.

Uno lo circula 48 horas antes, va y se presentan en las comisiones, hacen sus reservas y a ver cómo sale el tema.

Nosotros la práctica que hemos acordado con el senador Encinas, con el senador Yunes y con la senadora Laura Rojas es realizar estos primeros documentos de trabajo que usted conoce bien, que así lo hicimos con la Ley General de Transparencia y con la Ley Federal de Transparencia.

Estamos pensando en eso, que una vez que estén presentados todos los paquetes, estamos hablando de diez días, empezar a tener un documento base, un primer documento de trabajo en donde estén estos cinco instrumentos legislativos, en el cual evidentemente les daremos vista a ustedes, a todos los que nos han acompañado en los foros, como siempre lo hemos hecho, a todos los senadores de la República, al Auditor Superior de la Federación que nos ha estado acompañando y a los otros actores que están participando en estas mesas.

Derivado de eso, haremos un primer acercamiento.

Yo le diría, de lo que estamos viendo de este paquete de cinco, yo diría que todos tenemos que salir en un 85 por ciento de la mano. Estamos hablando de la ley general y todos estamos pensando en lo mismo, la de responsabilidad estamos pensando en los mismos, la ley del tribunal pues estamos pensando en lo mismo en el mandato constitucional.

No veo, yo creo que habrá un acercamiento de ahí de un 85 por ciento para empezar a trabajar.

Derivado de eso, empezaremos con los puntos finos, con los rebotes, buscando otro acercamiento, como siempre lo hacemos, acercándonos hasta llegar a cierto punto en el que la resolución tiene que darse en el pleno de las comisiones, en primera instancia, para luego poder ir al Pleno del Senado de la República.

¿Qué estamos viendo y qué estamos pensando? Así lo hemos platicado con el senador Encinas.

Vemos un trabajo de la Auditoría Superior derivado de estas reformas muy diferente al que ha habido. Es verdad que cada vez que existe la entrega de una cuenta pública pues es lo mismo, son periodicazos de siete días, siete días. Ahora tenemos tiempos electorales, se aprovecharán de una manera diferente ¿no? O más contundente, por decirlo así; se turnarán como siempre a la Secretaría de la Contraloría; algunos contralores más audaces pensarán y dirán y elaborarán su acuerdo de que no encontraron elementos y se archivará. Pues es la historia de lo que ha sucedido con esos temas.

Estamos pensando que con la reforma constitucional que hicimos el actuar cambiará mucho de la propia Auditoría Superior de la Federación.

El senador Encinas y yo cuando fuimos diputados presentamos una iniciativa justamente para tener informes individualizados para que no fuera a final del año un mazacote de este tamaño donde se utilizaran de manera política tres, cuatro temas y que sirvieran.

Tenemos ya una serie de informes individualizados. Me parece que quedaron cinco o seis informes donde permitirá tener una Auditoría Superior de la Federación mucho más ágil, que pueda intervenir de manera directa prácticamente en tiempo real, que pueda estar dando vista a las autoridades, y sin duda el tema por el que luchamos mucho que costó mucho trabajo es el tener una sala especializada en el Tribunal Fiscal donde, derivado de la revisión de un expediente se pueda turnar derivado de la gravedad de esto a este Tribunal Fiscal a una sala especializada de magistrados que conozcan y que puedan resolver de una manera muy distinta a lo que hemos conocido, sin duda también hablando de la reforma que hicimos en la propia procuraduría ya convertida como una fiscalía general, con un fiscal especializado en combate a la corrupción, que puedan ir de la mano la parte administrativa y la parte penal.

Es verdad que imaginamos una Auditoría Superior diferente a lo que tenemos hoy en día y yo quisiera preguntarle al doctor Ugalde y después de estas reflexiones, nos parece sin duda que sí nos ha fallado la narrativa de qué es lo que vamos a esperar del sistema.

Yo quisiera preguntarle si hubieran transcurrido cuatro años y todo hubiera sido adecuado, correcto y eso, ¿qué es lo que estaría escribiendo el doctor Ugalde de una narrativa después de cuatro años que es lo que le gustaría ver?

Déjeme darle el uso de la palabra a los senadores y vamos rebotando ideas. Senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, buenas tardes, gracias por sus presentaciones.

Trato de decir un poco enganchado en la reunión anterior, que va a ser inevitable que haga alguna referencia a ello, pero sí quisiera referirme a algunos contenidos que ustedes señalaron.

Debería estar el INE incorporado en el Sistema Anticorrupción y ahora es un tema que discutimos el momento de la reforma constitucional y ya empezamos a vislumbrar el problema de traslape de órganos autónomos, sistemas como el de transparencia y acceso la información, la parte de rendición de cuentas en el caso de la reforma político-electoral, las facultades que se sobreponen entre el tribunal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y veíamos que no necesariamente importante que se incorporara un órgano constitucional más en el sistema, toda vez que todos los sujetos obligados y en este caso los partidos políticos y los candidatos pues no quedan exentos de estar bajo el régimen del Sistema Nacional Anticorrupción, como sucede en el caso también de la publicidad gubernamental o la publicidad indebida que realicen los partidos o sus candidatos.

Incluso en el INE tenemos este doble problema de la sanción entre el Programa Especial Sancionador y las que pudieran derivar de las que recomendara el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

¿Cuál es el riesgo ahí? Evitar que se nos vaya haciendo, yo lo he dicho varias veces, un mazacote de sistemas, órganos, etcétera, que generen este tipo de confusiones y traslapes, pero habrá que tener mucho cuidado con los términos en que se diseñe el sistema.

Sobre la parte de la iniciativa de recuperación de activos robados, yo creo que hay que fortalecer tanto toda la reglamentación vinculada con los bienes decomisados, como la Ley de Extinción de Dominio y lo importante es justamente definir con precisión el destino de estos recursos que lamentablemente hoy tienen un enorme manejo discrecional en nuestro país.

Lo mismos e hace una subasta, cuyos recursos se integran directamente a la Tesorería de la Federación, que muchos de los bienes decomisados al narcotráfico se utilizan de una manera indebida para fortalecer los privilegios de algunas áreas de gobierno, en lugar de restituir a quienes fueron afectados por este daño patrimonial o por la corrupción o por una actividad ilícita este tipo de recursos y patrimonio.

Y lo que planteaba Aidé, a ver, en la idea de crear un sistema nacional y esto va vinculado con lo anterior, se trata de establecer las normas generales que regirán a todo el sistema a nivel nacional y en la lógica de una ley general tendrán que establecerse, como hicimos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, los mínimos, las normas mínimas a las que deberán sujetarse todos los órdenes de gobierno.

Y habrán de hacerse adecuaciones en las legislaciones locales donde podrán profundizarlo. Pero desde la Ley General podemos determinar normas que regirán hasta el ámbito municipal.

Siempre se presenta al municipio como el patito feo de toda la administración pública, y hace un momento era el mismo discurso.

Decían las secretarias de las contralorías de los estados, es recurrente la violación de las normas en el municipio, como si no hubiera competencia de los órganos de control estatales para intervenir.

¿Por qué? Porque el 99 por ciento de los recursos que reciben los municipios son participaciones federales, o participaciones del Estado, de la inmensa mayoría de los municipios en los cuales hay competencia de los órganos federales y del órgano de control estatal para intervenir.

No hay justificación alguna para que una omisión de la autoridad municipal no sea subsanada o atendida por el órgano de control del Estado, ya sea por el del Congreso Local, que son las auditorías superiores en cada entidad, o por la propia Contraloría del Estado, ya que lo que están haciendo es seguimiento y vigilancia, son recursos federales y locales que se asignan a los municipios.

Por eso yo creo que ese no es para mí argumento. Y habrá que definirlo con toda precisión.

Hay que retomar la experiencia del Sistema Nacional de Transparencia o lo que las facultades que le dimos en la Reforma Constitucional y en la Ley General al INAI, también estableciendo la facultad de atracción, o la segunda instancia, o de segunda instancia en el Sistema Nacional, para que cuando en el ámbito local no sean atendidos requerimientos, solicitudes de la sociedad civil, pueda recurrirse al Sistema Nacional para subsanar esa omisión en los órganos municipales o en el órgano estatal.

Creo que no estamos partiendo de cero, tenemos que darle coherencia y darle mayor función a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción para evitar justamente que existieran este tipo de confusiones.

Y habrá que ver esto del endeudamiento de los municipios, esos mitos. La deuda de los municipios es fundamentalmente alumbrado público, agua potable y los laudos laborales.

Porque el endeudamiento público con organismos financieros no tienen deuda ni siquiera el 20 por ciento de los municipios del país porque no son sujetos de crédito alguno, simple y sencillamente.

Y ahí vamos haciendo muchos mitos y por eso el caso que hay entidades pues que concentran, digo, en este país 40, 50 municipios son los que concentran la mayor parte de los recursos en el ámbito federal.

Yo creo que habría que hacer un análisis mucho más diferenciado para no estar tratando de encontrar culpables donde en realidad lo que hay son debilidades institucionales, no es un problema de malos ejercicios necesariamente en el desempeño de la gestión pública.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Encinas.

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias Presidente.

Lo único que quisiera destacar, para no repetir un poco lo que ya han dicho mis colegas y ustedes mismos, es el tema de la necesidad, y me parece urgente, de generar una narrativa, como dijo Luis Carlos y Haydee, de explicar a la ciudadanía qué es y para qué va a servir el sistema si es que se implementa bien.

Eso lo comentamos desde el primer día del foro, al principio y sí ha sido un tema recurrente y yo nada más lo quería resaltar porque pues para quedárnoslo un poco como tarea, pedirles a los presidentes de las comisiones, y con la ayuda por supuesto de los integrantes de las mismas, que sí podamos definir una estrategia de comunicación para explicarle a la gente para qué sirve, porque en efecto el sistema propiamente, pues es un sistema que está principalmente orientado a la parte de responsabilidades de los servidores públicos y no estamos tocando tampoco la parte penal, que es un asunto que está pendiente.

Y qué bueno que ya llegó César, de la Procuraduría, que en su momento supongo que lo tocará, que no es parte de este paquete de 5, de 5 reformas que nos marca la Constitución para ser aprobadas a más tardar en mayo.

Que siempre lo hemos dicho, eso también se tiene que abordar de manera complementaria; está el tema de la Fiscalía Anticorrupción, hay una Iniciativa presentada ya por parte de la senadora Pilar Ortega para ampliar la extinción de dominio también a bienes que se comprueben han sido obtenidos por corrupción, dentro de corrupción, etcétera.

En fin, hay un paquete también de reformas, hay instituciones y reformas legales también en la parte penal, que están pendientes de ser abordadas en su momento, y que incluso tendrán turno a otras comisiones distintas, Justicia, etcétera; pero que en efecto, no podemos dejarlas de considerar como parte complementaria de esta reforma.

Lo que sí es importante y sí tenemos que hacerlo todos, es explicar a la gente que este paquete de reformas tiene más que ver o tiene todo que ver, mejor dicho, con la parte administrativa, la parte de prevención, la parte de políticas de integridad, la parte de investigación también y de sanción administrativa, de coordinación entre instituciones que lo que busca esta reforma originalmente es terminar con esta desvinculación, con esta desfragmentación de esfuerzos institucionales que existía, y que es lo que estamos tratando de hacer.

Pero ciertamente tenemos que explicar a la ciudadanía de qué se trata y además, explicarle la importancia del tema, porque a veces pareciera que lo realmente importante es que los funcionarios estén en la cárcel; y yo lo que digo es: lo más importante es que no haya corrupción, que disminuyan los niveles de corrupción y que claro, si ya hubo corrupción es porque todo falló, porque todo el sistema falló, porque la Contraloría no hizo su trabajo de detección y de prevención a tiempo, etcétera.

Cuando ya todo falló, es cuando hay un acto de corrupción y entonces sí, claro que tiene que haber una sanción, una sanción ejemplar; pero eso también se tiene que explicar y que lo que creo que ha fallado el Estado mexicano, bueno, muchas cosas en esta tarea, la impunidad por supuesto, pero claro que hay un enorme vacío institucional en estas tareas preventivas y que apenas estamos empezando a hablar mucho más fuerte de estos temas y que hay que explicarle a la gente que es, creo que de todo el proceso, la parte más importante.

El objetivo es que no haya corrupción y que transformemos la cultura del servidor público en una cultura en la que prevalezca el valor de la integridad sobre otra cosa.

Hasta aquí lo dejaría.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Doctor Ugalde.

DOCTOR LUIS CARLOS UGALDE: Y yo creo que los niveles de corrupción en México han llegado a tales niveles y la frustración y el enojo y la rabia que se ha detonado en muchos ámbitos en la población, que la narrativa de la prevención, en la cual yo creo, es insuficiente, es confusa y va a detonar simplemente más coraje de la población.

Creo que aquí la decisión estratégica del Estado mexicano es qué va a ocurrir con este Sistema Nacional Anticorrupción, si realmente va a ser un punto de inflexión, es decir, una suerte de comisión de la verdad, como muchos pueden estar pensando afuera. Y esa es la percepción de los que creen en esto, que a partir del Sistema Nacional Anticorrupción va a haber como una comisión de la verdad que va a meter a todos los malos a la cárcel o si va a haber un borrón y cuenta nueva y entonces a partir de ahora, vamos a ser más cuidadosos para que nadie más vuelva a pecar.

Esta es una decisión estratégica, porque el problema de esto es la prevención como una política de largo plazo es correcta y es la mejor, pero el problema es cuando hay tantos casos pendientes, tantos indicios, tantos informes de la Auditoría Superior de la Federación que atender y que no han sido atendidos por una omisión de las autoridades; entonces qué se va a hacer. Es una decisión estratégica.

Vamos a esperar hasta que se concluya toda la fase de legislación secundaria a nivel federal y estatal, para entonces decir: “ahora sí, vamos a empezar a combatir la corrupción”. Creo que la mejor narrativa sería empezar a tomar decisiones hoy, con ejemplos concretos que la gente entiende.

Yo entiendo que el tema de la integridad es evitar que en el futuro haya corrupción, pero hoy la gente entiende cosas más concretas, por ejemplo, entiende que los funcionarios públicos presenten sus tres declaraciones. Sinceramente creo que esa es la parte menos relevante de un programa anticorrupción, pero me parece que simbólicamente hablando y en términos de narrativa, en términos de explicación de la gente, es fundamental ese tema.

Es una cuestión de cierta congruencia que la gente sí va a captar y entender, por eso ese tema de Tres de Tres me parece que narrativamente hablando es fundamental.

¿Qué otra cosa es fundamental? Que haya transparencia.

En México la transparencia no se ha traducido en rendición de cuentas ni en menor corrupción, pero es algo que la gente comprende.

¿Qué otra cosa la gente comprende? Los ahorros.

Yo siempre he comentado que los ahorros que pueda hacer el Senado en materia de viáticos son insignificativos en proporción al Presupuesto de Egresos de la Federación, pero son fundamentales en términos de la narrativa y el ejemplo que ustedes pueden dar afuera.

El prohibir los viajes en clase de negocios es fundamental, es una cuestión de dignidad que ustedes que son los que están legislando deben dar. Si eso no ocurre, la narrativa de la prevención es irrelevante, nadie la va a entender.

La gente entiende o que se tomen medidas simbólicas hoy muy importantes o que todos los malos acaben en la cárcel mañana, pero eso depende de muchos factores.

Yo sí creo además, creyendo en la prevención más que en el castigo ex post, que hay tantos casos pendientes que las autoridades responsables y el Congreso Mexicano deben tomar una decisión ahí y no estar esperando a que concluya toda la fase legislativa para empezar a actuar.

Y aquí la omisión fundamental es de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados en el tema de la Auditoría Superior de la Federación ha sido omisa en las últimas décadas y en los últimos años para darle curso y dar vigilancia a que las denuncias de hechos, por ejemplo, lleguen a buen puerto. Y este es un indicador que puede ayudar a la narrativa.

La otra es empezar a tomar medidas en avances puntuales en materia administrativa que para un público más atento puede significar que la narrativa va caminando, en lugar de estar esperando que la Fiscalía Especializada en contra de la Corrupción sea una realidad que está retrasada, creo que el Congreso debió haber tomado medidas presupuestarias desde hace dos o tres años para fortalecer la unidad de servidores públicos que será la que se convierta en esa fiscalía.

La Secretaría de la Función Pública requiere una reingeniería interna para fortalecerla, sus unidades de responsabilidades, la Unidad de Investigación, el tema de tecnología es muy insuficiente y no se ha tomado una decisión.

De tal forma que creo yo que la narrativa de la prevención puede funcionar dentro de 20 o 25 años cuando la gente se dé cuenta que los malos pagaron sus pecados o que los políticos han tomado el ejemplo en su comportamiento cotidiano.

Y que en este momento desafortunadamente lo que hay que hacer, y digo desafortunadamente porque a veces estas cosas no significan un cambio dramático pero son importantes, lo que se tiene que hacer es predicar con el ejemplo.

Y aquí debo reconocer que el Senado con mucho retraso, muchísimo retraso aprobó finalmente hace unos días un mecanismo de reorganización administrativa que es muy positivo.

Creo que no hay que celebrarlo tanto, porque finalmente están más o menos en norma, pero vaya, es mejor de lo que había antes. Pero creo que simbólicamente podrían hacer mucho más en temas que presupuestariamente son irrelevantes pero simbólicamente ayudaran a la narrativa.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctor.

Antes de darle el uso de la palabra, yo coincido muchas cosas, doctor, y estoy seguro, la verdad es que sería mucha presunción decirle que de manera rápida usted y yo vamos a poder ver, porque así lo creo, que el Congreso, no sólo el Senado, va a cambiar de manera exponencial o ha cambiado de manera exponencial.

Será otra Cámara de Diputados y otra Cámara de Senadores a lo que conocimos. Eso a lo mejor tendríamos que esperar todavía terminar la legislatura, unos tres, cuatro años, y sentarnos a revisar.

La verdad de las cosas es que el manejo presupuestal que se daba en la Cámara de los Senadores está cambiando exponencialmente. Habrá manera de saber de manera concreta por grupo parlamentario cuánto dinero recibió y en qué se gastó.

¿Nos ha costado trabajo? Muchísimo trabajo, pero me parece que serán maneras de ver diferente al Congreso después de lo que ha hecho este Senado de la República.

Y coincido que parte de la narrativa empieza por lo que hacemos nosotros.

La verdad es que estar construyendo marcos normativos para los demás niveles sin que el Senado sea un ejemplo de ello, habla de una incongruencia.

Conocen las resistencias que tuvimos, pero sin duda creo que el Congreso va a cambiar y está cambiando de manera exponencial.

¿Quieren hacer el uso de la palabra o una última reflexión? Maestro Luigi, después Haydee.

MAESTRO ANTONIO LUIGI MAZZITELLI: Sí, con respecto a la narrativa.

Seguramente, yo concuerdo al contrario con la senadora Roja. Sí hay una narrativa que tiene que seguir haciendo es la narrativa de la prevención y acompañar esta narrativa de la prevención, seguramente, ojalá, con unos avances desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la retribución penal a los comportamientos corruptivos.

Pero haciendo mucho cuidado de eso, no sea justicialismo, eso es que con el deseo de hacer justicia no sé cómo se dice, nos e tire al agua el niño con el agua sucia, que no se haga una justicia populista.

Y del otro lado hacer cuidado también a cómo construir una narrativa que sea fundamentada en hechos reales. Y nos es sencillamente y dudo que nadie pueda decir si hoy hay más corrupción que en el pasado.

Lo que es cierto es que hoy la corrupción es mucho más visible y tiene un costo mucho más alto que en el pasado y creo que esto es un avance fundamental.

En el pasado la corrupción era algo no sólo aceptado, sino casi deseado. Hoy en día ya no lo es y es justamente en esta nueva aceptación por parte del ciudadano, en la construcción de la ciudadanía, de una ciudadanía democrática, responsable, que tiene que desarrollarse esta nueva narrativa, nueva narrativa en donde la victimización de la corrupción tenga la prevalencia sobre la percepción de la corrupción.

En las encuestas llevadas a cabo por el INEGI frente a un 75 por ciento de los capitalinos que dicen que todo es corrupto solamente el 25 por ciento habían sido parte o víctima de hechos corruptivos. Entonces hay una diferencia, un enorme interés en lo que es la percepción de la corrupción y lo que es la corrupción real.

Como también en la valoración de los pasos adelante que se han hecho o no es para echar flores a México, pero a nivel de naciones Unidas la Secretaría de la Función Pública en los últimos 5 años ha recibido premios internacionales por parte de Naciones Unidas, por parte de la Organización de Estados Americanos, pro u a serie de reformas que han tenido una incidencia real en la corrupción, que no sea suficiente, es cierto.

Pero construir todavía es posible. Yo creo que esta narrativa debería ser fundamentada sobre lo que se ha hecho y cómo se puede mejorar, a través también de la implementación de las reformas y a través de una construcción también de participación política que siempre es más responsable.

Hoy en día los partidos pagan por los hechos corruptivos de sus propios representantes y esto creo que también es otro discurso, otra arista que tiene que ser desarrollada por los partidos políticos.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias maestro. Haydee.

LICENCIADA HAYDEE PÉREZ GARRIDO: No sé si puedo dejar de reaccionar ante los premios recibidos por la Secretaría de la Función Pública, no sé si los premios hablan bien de la Secretaría de la Función Pública o mal de las Naciones Unidas.

Habría que revisarlo.

Sobre el mecanismo de organización administrativa, decir que efectivamente es un avance muy importante, pero también recordarnos que tenemos pendiente todo el trabajo en materia de la alianza para el parlamento abierto.

Hace un par de años tuvimos un foro muy interesante, un seminario aquí en el Senado, que básicamente se hablaba de cómo dejar de ser candil de la calle y empezar por la casa.

Entonces también hacernos un llamado, son muchos procesos, son muchas reformas, pero abrir canales de participación institucionales en la Cámara de Diputados y el Senado, seguir transparentando no solamente los recursos que reciben los grupos parlamentarios que sin duda es fundamental, pero este tipo de ejercicios que ustedes lo han internalizado muy bien y lo llevan a la práctica no se da en todas las comisiones, no se da en todos los procesos.

Incluso los propios ejercicios de dictaminación, si uno revisa los documentos legislativos, no está claro quién hizo los aportes, cuáles fueron las posiciones, cómo se llegaron a la toma de decisiones.

Entonces valdría la pena que retomáramos ese compromiso. Pero aprovechar todavía el tiempo que les queda a ustedes, que tienen la sensibilidad de llevar a la práctica estos ejercicios para seguir avanzando en la materia.

Ustedes saben que ahí estamos, Transparencia Mexicana, Fundar, Visión Legislativa, un conjunto de organizaciones que tenemos un índice y que tenemos criterios muy claros de cuáles son las acciones y las medidas que podrían tomarse sin necesidad de reformas legislativas para avanzar en abrir el congreso.

Sólo eso.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Los premios de las Naciones Unidas fueron para COMPRANET. COMPRANET es una plataforma electrónica que funciona. Ella fue instalada en el 2012.

Y el otro de la reducción de los trámites administrativos, por parte de Función Pública.

Entonces a través de esa reducción de trámites administrativos México avanzó de más de, si no me equivoco, 20 o 30 lugares en la clasificación del Banco Mundial.

No sé si Naciones Unidas hizo algo bueno o malo.

Lo repito: premiar lo que vale o lo que se hace bien, yo creo que no sea suficiente, eso es cierto. Pero si no, no estaremos aquí hablando de la Reforma Constitucional en materia de corrupción.

SENADORA ROCÍO PINEDA GOCHI: Comentar: es que el tema del sistema anticorrupción, o sea evaluarlo y tener la visión a partir de esta legislación que estamos construyendo pues es solamente una parte, o establecer a partir de una narrativa tampoco porque el tema de transparencia y rendición de cuentas es un tema que debe ser transversal a todo acto de gobierno.

Entonces creo que en ese sentido hemos avanzado y no reconocerlo bueno, también estamos partiendo de un punto erróneo que no nos lleva a una conclusión y a una evaluación y establecer unas metas objetivas.

Tenemos el tema de adquisiciones, que se ha venido viendo. Estamos trabajando también sobre una ley de obra pública, en la cual el tema de transparencia también está inmerso; el de rendición de cuentas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces es un tema transversal que coadyuva a esto.

Entonces yo creo que el esfuerzo que se ha hecho sí es de reconocerse, y debe reconocerse para poder, como lo dije, tener también metas y una ruta objetiva de qué es lo que nos hace falta; a la mejor qué es lo que hemos hecho incompleto, qué podemos complementar, qué podemos hacer y bueno, también es estimulante yo creo que para todos reconocer los esfuerzos que se han hecho en este tema.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. Senadora Laura Rojas, para finalizar.

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Perdónenme que haga este anuncio pero no me puedo quedar con las ganas.

Ya está aprobada por este Senado una Reforma a la Ley Orgánica para crear la Comisión Bicamaral de Gobierno y Parlamento Abierto, que presentamos e impulsamos precisamente los mismos senadores que estamos aquí sentados, exactamente.

Hago este anuncio porque organizaciones de la sociedad civil, Luis Carlos también, que tiene una voz muy potente, etcétera, nos pueden ayudar a que en la Cámara de Diputados se apruebe. Ya estaba a punto de salir el dictamen, a finales del año pasado, estaba agendado para aprobarse en la Comisión, no sé qué pasó, lo bajaron de último momento. Estamos haciendo los esfuerzos para que se apruebe y ojalá nos puedan ayudar también desde fuera para empujar, para que la Cámara de Diputados apruebe esta reforma de la Ley Orgánica del Congreso y tengamos una Comisión Bicameral de Gobierno Abierto, Parlamento Abierto, que después nos dimos cuenta que debería de llamarse Estado Abierto, pero bueno, esa ya es otra discusión.

Y es importante justamente para ir aterrizando todos estos compromisos, que además México hizo en el marco de su participación de la Alianza por el Gobierno Abierto, y bueno, está pendiente eso.

También está pendiente, que creo que eso sí lo vamos a hacer hasta el siguiente periodo, una propuesta de reforma a la Ley Orgánica, que esperaríamos que hiciera esa comisión ya conformada, para establecer estos mecanismos de Parlamento Abierto ya muy claros para el Congreso mexicano.

Por último, México ha sido muy comprometido y muy activo en ese tema a nivel internacional, no sólo a nivel del gobierno, sino también a nivel de los parlamentarios; precisamente en un mes más o menos tenemos nuestra Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, que es esta especie de ONU de los parlamentos, yo soy delegada; y junto con un colega británico, estamos organizando un seminario precisamente de Parlamento Abierto.

Y dije que era anuncio, y tal cual es anuncio, porque esa es otra de las cosas, los medios de comunicación siempre publican cuánto nos costó el boleto de avión, pero por más que sacamos boletines, que publicamos informes, etcétera, jamás publican qué es lo que fuimos a hacer fuera. Entonces ese también es un problema que ya está más allá del alcance un poco de nosotros, pero a través de los medios como el Canal del Congreso, la página de internet, ahí están los informes.

Les aseguro que la mayoría de los senadores que viajamos, vamos a trabajar, nos bajamos del avión, dormimos unas pocas horas, con jet lag y todo, no es queja, pero así es: llegamos a trabajar y hay un sinnúmero de iniciativas, resoluciones, propuestas de parlamentarios mexicanos en los organismos internacionales, que estamos replicando muchos de los temas, y este no es la excepción.

Gracias por el anuncio, presidente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Laura Rojas.

Agradecemos mucho al doctor Ugalde, al maestro Antonio Luigi Mazzitelli y a la licenciada Haydee Pérez, como siempre, de acompañarnos y de estar prestos a las invitaciones que les hace el Senado de la República.

Son de gran cuantía y son muy importantes para nosotros siempre escucharlos y atender las observaciones que nos hacen.

Muchas gracias.

Y tomamos un minuto para despedirlos y para que nuestros invitados vengan para acá.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Doctor Marco Antonio Fernández Martínez, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.

A nuestra amiga, la doctora Ana Laura Magaloni, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE;

Y al licenciado César Alejandro Chávez Flores, visitador general en la Procuraduría General de la República. Bienvenidos como siempre a este Senado y le cedemos el uso de la voz a la doctora Laura Magaloni.

DOCTORA ANA LAURA MAGALONI KERPEL: Gracias.

Pues felicidades a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos por esta convocatoria, y gracias a los senadores Pablo Escudero, Laura Rojas y Alejandro Encinas por invitarme.

Me parece que este es un momento increíblemente interesante, a mí me gustaría ser legisladora.

Están creando un sistema nuevo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Que México está tratando de resolver un problema que se tiene que resolver bajo las coordenadas institucionales mexicanas, y me recuerda un poco lo que se construyó en el IFE en el 96, digamos.

En ese caso se trataba de construir un árbitro electoral creíble y ahora se trata de construir un entramado institucional que asegure la prevención, detección, control y sanción de los actos de corrupción.

Me parece muy importante, jugando con esta analogía con el IFE, que entendamos que cuando se configuró el IFE los partidos de oposición, los que eran en ese entonces los partidos de oposición, eran los claros ganadores de la nueva regulación.

Y en este caso me parece que el Sistema Anticorrupción está diseñado para que todos sean perdedores, entre comillas. O sea, no me parece que es en el lado de las autoridades donde están los ganadores inmediatos sino que la tienen los ciudadanos.

Los que ganamos con esta reforma más que nadie somos los ciudadanos, que estamos demandando otra forma de que se ejerza el quehacer público, que se tenga efecto sobre la vida concreta de los ciudadanos a través de servicios públicos, etcétera.

Y, en ese sentido, creo que desde la Ley General del Sistema Anticorrupción y todas las demás tiene que poner énfasis en cómo los ciudadanos pueden convertirse en estos acicates para que las autoridades no terminen protegiéndose unas a otras y para que el Sistema Anticorrupción funcione.

Me gustaría tomar estos diez minutos para analizar una pieza clave de este sistema, que es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

Como comentó la senadora Laura Rojas, esta no está en el paquete legislativo que estamos analizando, pero sí creo que hay cosas que introducir para fortalecer el desempeño de esa fiscalía.

Y me gustaría empezar desde por qué creo que el diseño normativo de la fiscalía no va a dar los resultados esperados y qué se podría hacer a nivel legislativo para irla apuntalando.

Es claro que un Sistema Anticorrupción es mucho más amplio que la persecución y sanción de los funcionarios corruptos, pero también no me parece que hay un sistema que funcione si la amenaza penal no es creíble, creíble para todos, digamos.

Y, es más, si esa parte del sistema no funciona, me parece que no se va a lograr legitimar el sistema, digamos. O sea, la ciudadanía está esperando sanciones.

Y coincido con Luis Carlos que lo ideal es la prevención, pero, híjole, de aquí a que la prevención pueda construir un discurso visible para el ciudadano me parece que hace falta que por lo menos lo que está haciendo la Fiscalía sea creíble y sea realidad.

Y ello me lleva a recordar una conversación que tuve hace tiempo con Alberto Binder. Alberto Binder es uno de los grandes especialistas en el sistema de la reforma de la justicia penal y él ha estado en todas las reformas en América Latina y lleva 20 años sobre este tema y ha visto todas.

Y le pregunté: “Alberto, ¿cuándo consideras que el Sistema de Persecución y Enjuiciamiento Penal realmente sea transformado y ha dejado atrás su pasado autoritario?”

Y Binder me dijo: “Cuando las fiscalías logran acusar y enjuiciar con éxito casos de corrupción de la élite política y económica”.

“En ese momento –me explicó Binder– se sabe que el sistema penal ha adquirido la autonomía política que requiere para funcionar en un contexto democrático”.

Entendí perfectamente, y es que la amenaza de castigo sea igual para todos. No importa quién seas, cuánto dinero tengas ni a quién conozcas.

Quizá amenaza sea igual y que nadie pueda manipular el sistema, nadie pueda decir a este no y a este sí. Eso es lo que le genera la autonomía al fiscal, eso es lo que tiene que hacer un sistema penal profesional.

Entre paréntesis, el fuero constitucional me parece que rompe con este principio de la amenaza de castigos crédito para todos, pero dejemos el fuero porque ahí no se han obrado consensos, pero sí me parece que se tiene que crear una fiscalía general de la República que logre tener esa autonomía.

Y ahí es donde me parece que la reforma política del 2014 pues nos mete en problemas. Como ustedes saben, la fiscalía general va a ser un órgano constitucional autónomo, lo más probable es que del 2018 en adelante y en esa fiscalía general se inserta la fiscalía especializada de combate a la corrupción.

Este fiscal especializado lo nombra el fiscal general y lo puede objetar por dos terceras partes el Senado, pero todos sabemos que dos terceras partes son mayorías muy complicadas y que lo más probable es que el fiscal especializado anticorrupción sea el que nombre al fiscal general. O sea, va a ser excepcional que eso nos suceda.

Tenemos que garantizar que ese fiscal general sí logre generar la percepción de autonomía política que requiere la institución, pero aquí tiene dos grandes problemas la reforma.

En primer término, politización extrema en el nombramiento del fiscal, al punto que lo más probable es que los mejores candidatos se descarten desde el principio o ni siquiera quieran competir.

Para nombrar al fiscal, si se recuerdan, una lista de 10 candidatos que manda al Senado, aprobado por dos terceras partes, luego el presidente escoge a tres y de nuevo por dos terceras partes el Senado aprueba al candidato.

Este es un procedimiento barroco, extraordinariamente politizado y yo me pregunto qué abogado con una sólida trayectoria va a querer competir por ese puesto y, segundo, el que llega qué tipo de acuerdos y compromisos políticos hace para llegar.

Así no se construye la autonomía política de la que habla Binder. La autonomía se construye reconstruyendo la institución y recordando que las procuradurías en México cargan a cuestas su historia.

Durante los años del autoritarismo estas instituciones jugaban un papel central en el régimen autoritario, era una amenaza creíble de castigo desde factores de poder; es una institución diseñada para servir a los intereses políticos del Ejecutivo en turno y así está diseñada.

Hace algunos años fui a Chile y estuve en la fiscalía de Chile y de las cosas que más me impresionaron eran los fiscales. Había llegado a una institución donde los mejores egresados de las facultades de derecho, los que ves aquí en los grandes despachos, estaban en la fiscalía y claro no era un tema de sueldos, era un tema de reputación.

Cuando les pregunté por qué les parecía ese lugar un lugar prestigioso para trabajar, ellos me dijeron, mire, le voy a poner un ejemplo: la hija de Bachelet, hace tiempo, chocó borracha y nadie se atrevió a coger el teléfono y hablarnos y decirnos cómo tenemos que proceder. Se nos daba cuenta que el prestigio de la institución estaba construida desde el poder del fiscal, con esa autonomía y es que el servicio civil de carrera funcionaba, de tal manera que no era importante.

La intervención de Bachelet no iba a ser importante en el futuro de cada uno de sus fiscales y este es el segundo gran error de la reforma. O sea, nosotros pensamos que hay una fantasía en creer que la PGR, sin más, se convierte en un órgano constitucional autónomo.

Se nos olvidó que esta institución requiere cirugía mayor para poder contar con un cuerpo de funcionarios públicos honestos, capaces, profesionales, etcétera.

Sí, es cierto. La Procuradora Arely Gómez me ha impresionado, está haciendo cosas muy importantes por esa institución pero es muy poco tiempo para esa transformación.

La verdad es que para reconstruir esa institución se requería del capital político y del presupuestal del Ejecutivo antes de darle la autonomía, pero ya no lo hicimos.

Entonces lo que quiero destacar con esto es que no nos hagamos, o sea, nuestro sistema anticorrupción va a tener un problema de punto de partida; no vamos a tener la fiscalía que requerimos.

Ésta se va a tener que ir construyendo a la par del sistema y por lo tanto creo que hay que generar los incentivos en todos lados para que esta fiscalía se mueva en la dirección correcta.

Y se me ocurren dos cosas:

El Comité Coordinador del Sistema, y eso se debe de poner desde la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, debería contar instrumentos jurídicos para evitar que se congelen las averiguaciones previas.

La forma típica en que la Procuraduría protege los intereses de los funcionarios que no quiere perseguir es congelando.

Un primer momento me parecería que hay que buscar algún tipo de mecanismo, ya sé que las recomendaciones no son vinculantes, pero hay que fijarnos muy bien en que la Procuraduría no pueda simplemente congelar, casos que a todas luces parece que requieren por lo menos una investigación seria.

Y la segunda, y ésta me parece más complicada y más desafiante pero no es en la Ley General del Sistema pero sí en algún punto cuando se regule la Fiscalía, se tiene que reconocer a los ciudadanos como víctimas de los delitos de anticorrupción; de los delitos de corrupción.

Y si los ciudadanos son víctimas podría darle algunos de los derechos que tienen las víctimas contemplados en la Constitución, en el inciso C, Fracción Séptima del Artículo 20.

Tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público, en las investigaciones de los delitos, así como las resoluciones de reserva de no ejercicio y de desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento.

Sería interesante imaginar que si no tenemos ese fiscal con toda legitimidad y autonomía que queremos, hay algunos mecanismos que lo presionan para que no pueda proteger intereses políticos mientras que está desempeñando su cargo.

Y sí me parece que eso es una pregunta central para la legitimidad del sistema.

Sé que muchos me van a decir que esto no se puede y argumentarán un conjunto de tecnicismos jurídicos para decir que esto no, que esto que estoy diciendo no es posible. Pero se equivocan.

El derecho es sobre todo un instrumento para resolver problemas y hay muchas maneras de interpretarlo y de construirlo.

Aquí tenemos un problema: no contamos con el sistema de persecución y enjuiciamiento penal que requiere un sistema anticorrupción como el que estamos diseñando.

La amenaza de castigo no es igual para todos.

Y la pregunta es cómo resolver ese problema y no llenarnos de tecnicismos legales, que no nos van a llevar a ningún lado.

Si tenemos esa pregunta vamos a ir construyendo las soluciones que me parece que van desde la ley, pero sobre todo van a estar enfocadas en la regulación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctora Magaloni.

Doctor Marco Antonio Fernández.

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias senador.

Quiero empezar mi intervención reconociendo y agradeciendo la invitación de ustedes para compartir algunas reflexiones sobre los desafíos concretos que tienen en las semanas por venir en tres temas:

En el tema sobre todo de la Ley General de Responsabilidades, brevemente la parte de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que sé que algunos de los colegas de la sociedad civil ya compartieron varios de los puntos que hemos trabajado en conjunto sobre este tema.

Y observaciones complementarias para poder lograr avanzar en la implementación y el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Como bien saben, diversas organizaciones de la sociedad civil y de la Academia, hemos trabajado en conjunto esta iniciativa ciudadana que está en proceso para poder recabar las firmas necesarias para presentarse formalmente ante el Congreso.

Su nombre popular es Ley de 3de3, y es más allá que sólo la publicidad de las declaraciones patrimonial, de conflicto de interés, y de impuestos.

Quiero referirme a este punto de la publicidad en primer lugar porque sé que es un punto controversial y en donde hay muchas resistencias, tanto de algunos señores legisladores como de la administración pública federal, por ejemplo.

Y sí creo que es necesario ubicar la discusión en una perspectiva comparada de México con el mundo.

En un estudio reciente del Banco Mundial, se analizaron 176 países, legislaciones de 176 países y se encontró que 46 de ellos hacen públicas las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés.

Y en concreto, se pusieron a analizar las declaraciones de los congresistas, y encontraron que las democracias consolidadas donde se hace pública esta información y donde los medios de comunicación ejercen su libertad con profesionalismo, esta publicidad tiene varias virtudes:

Por un lado, sí está correlacionada con menores niveles de percepción de corrupción, porque la publicidad permite activar mecanismos de la sociedad civil para, precisamente, si detectan alguna anomalía poder activar los mecanismos jurídicos respectivos y entonces hacer investigaciones, si es el caso.

Y en ese sentido, también es importante ver que este instrumento, la publicidad de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos, son una herramienta fundamental para los buenos funcionarios públicos, senadores.

Sabemos, y están ahí las encuestas, que hay una percepción de la población que dedicarse al servicio público es algo denigrante, que servidor público pareciera que es sinónimo de corrupción, y sabemos que eso no es así, que hay muchísimos funcionarios públicos que son honestos, que son profesionales y tratan de hacer lo mejor posible su trabajo para el bien del Estado Mexicano.

Esta publicidad de este instrumento, es precisamente una protección de dignidad para esos funcionarios públicos. Entonces, por eso es la insistencia en la publicidad de estos instrumentos.

La iniciativa trae dentro de la importancia de la publicidad de la información, un apartado para que se pueda hacer un registro de los funcionarios públicos sancionados, que esté operado por el secretariado técnico del Sistema Nacional Anticorrupción y que por lo tanto, tiene que establecerse la obligación que tanto los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa, como los jueces en la parte penal, reporten una vez que esté la sentencia firme de los funcionarios sancionados, los nombres de estos funcionarios sancionados con el expediente completo, y que esa información sea pública y de consulta para poder hacer decisiones, por ejemplo, de contratación del servicio público en las distintas instancias del Estado Mexicano.

¿Y por qué es importante tener todo el expediente?

Porque es necesario poder diferenciar entre un funcionario público sancionado por una falta menor, por ejemplo que presentó su declaración no a tiempo; del funcionario público que sí nos debe de preocupar, que está acusado de mal uso de los recursos públicos, abuso de la función pública y demás. Y si tenemos el expediente completo y es público, precisamente las autoridades encargadas de las contrataciones futuras de los funcionarios públicos, tendrán mejores elementos para poder distinguir entre este tipo de funcionarios.

Eso consideramos que es fundamental dentro de la parte de las propuestas de la Ley de Responsabilidades.

También es importante complementar este registro con un registro efectivo de las empresas que han sido sancionadas por también incurrir en actos de corrupción. Y la iniciativa ciudadana recoge lo que ustedes enfatizaron en la reforma constitucional y con lo cual coincidimos, que para que haya un acto de corrupción no sólo se circunscribe al sector público, sino que implica a personas morales y a miembros del sector privado, que propician o se benefician de los actos de corrupción y por eso, la iniciativa establece sanciones que deben de hacerse contra las personas morales que son partícipes de estos actos.

Consistente con la preocupación que ustedes tienen de la necesidad de incentivar la denuncia como una de las herramientas para poder tener mayor información de actos graves considerados de corrupción, es que la iniciativa establece copiando de lo que ocurre en las mejores legislaciones en la materia, por ejemplo la norteamericana, mecanismos de dos tipos:

Por un lado, de poder disminuir penas, en caso dado de que estas personas cooperen con las autoridades en las investigaciones de caso de corrupción. Y por el otro lado, establecer, como ocurre en otras legislaciones en el mundo, mecanismos que los denunciantes incluso se puedan beneficiar de los recursos que recupere el erario, precisamente de un acto de corrupción, obvio, limitado a un 10 por ciento o un porcentaje que podamos sentir que sea sensato, pero que precisamente sirva de herramienta para incentivar la denuncia como un aliado en las investigaciones en materia de combate a la corrupción.

Hay la necesidad ineludible que esta legislación establezca protecciones efectivas contra los famosos soplones o whistleblowers. Y en ese sentido entender que un primer paso va a ser el mecanismo de protección legal, y sobre todo que las autoridades encargadas de tener estas atribuciones realmente las puedan implementar.

El año pasado, por ejemplo, recuerdo cómo hacia noviembre más o menos un funcionario público de la Ciudad de México denunció problemas de corrupción en las cárceles de la ciudad. Semanas después fue asesinado.

Claramente el gobierno fue incapaz de proteger a quien estaba dispuesto con el valor de denunciar un acto de corrupción. Eso no puede ser aceptable.

El marco jurídico y su aplicación correcta tienen que hacer que estas situaciones no se repitan, porque si queremos que precisamente tengamos aliados en la denuncia para las investigaciones en casos de corrupción necesitamos garantizar la protección de esos denunciantes.

Un punto importante que quisiera desarrollar tiene que ver con piezas legislativas complementarias que sé que están en el análisis, que no son parte de las cinco leyes que mencionaron al principio, pero que son fundamentales para la operación correcta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Me refiero en concreto a la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos es fundamental para que precisamente se tengan los documentos necesarios que forman parte de las investigaciones de casos de corrupción y se tienen que establecer muy claramente sanciones contra aquellos funcionarios que por alguna razón deciden tratar de tapar, perder, destruir o cualquiera de las formas que entorpezcan precisamente las investigaciones en materia de la corrupción.

Hay un punto que sí creo que es importante señalar, que tiene que ver con el papel de la transparencia.

Entiendo y celebro los avances que se tienen en la ley general y en la ley federal en la materia. La transparencia sin duda alguna es un elemento fundamental para la rendición de cuentas. Es un elemento necesario pero no suficiente.

¿Por qué? Porque la transparencia está operando bajo el principio de la vergüenza. Que cuando algo se hace transparente y se hizo mal uso de las atribuciones, por ejemplo, del servicio público va a tener consecuencias.

Pero si enfrentamos casos de sinvergüenzas, pues no pasa y no hay una verdadera aplicación de la ley de lo que fue a todas luces transparente, de poco sirve la transparencia.

Y con dos casos quiero ilustrar este punto.

Por un lado, sabemos, con la nueva centralización de la nómina magisterial a través del FONE, que hubo un pago ilegal violando la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley de Coordinación Fiscal de dos mil comisionados del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación, los nombres de estos comisionados son públicos en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública.

Hoy es la fecha que ninguno de los comisionados ni de las autoridades estatales que le dieron la información a la SEP para el pago ilegal de estos señores ha sido ni siquiera sujeta de una investigación administrativa ni mucho menos del orden penal.

Tenemos los reportes. Cada año se ha hecho referencia en la mesa anterior de los reportes de la cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación, incluso ya poniéndole nombre y apellido en términos de las autoridades de Veracruz, por ejemplo, que el auditor ha compartido en los últimos días.

¿Pero qué ha pasado?

¿Por qué no han avanzado las investigaciones jurídicas respectivas?

Y en ese sentido sí es importante, a la luz de la operación del Sistema Nacional Anticorrupción que contempla que habrá reportes periódicos para evaluar cómo van las políticas del Sistema Nacional Anticorrupción, que aprendamos de las cosas vigentes que no están funcionando.

Sus compañeros diputados tienen esta Unidad de Evaluación dentro de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Usted no me va a dejar mentir, senador, usted estuvo en la Cámara de Diputados. Esa unidad lamentablemente tiene un funcionamiento muy deficiente.

La ley clarito dice que tiene que establecer una serie de indicadores para ver cómo estaba haciendo su función la Auditoría Superior de la Federación y cualquiera que lea los reportes de esta unidad se da cuenta que esos indicadores son de una calidad deficiente mayúscula.

Una cosa que lo ilustra es, por ejemplo, entre 2009 y 2012 cuántos procesos, promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias se giraron, más de 7 mil 421. De esas, terminaron consignándose cuatro.

¿Por qué?

Qué nos dice la unidad para saber qué sucedió en el proceso jurídico se resarció el daño, se prescribió el término, se presentó ante la instancia que no era la correcta en la parte jurídica, o sea, no sabemos nada de eso y esa es una supuesta instancia hoy vigente que no está haciendo su trabajo.

Este ejemplo tiene que servir para que en los informes que se están contemplando para la evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción no nos pase lo mismo, que tengan informes que tengan indicadores poco útiles para que realmente, en la evaluación de la política del combate a la corrupción se hagan acciones, se deriven acciones de corrección.

Dos puntos finales y tienen que ver con lo que Ana Laura ha mencionado: la importancia ene se sentido del servicio civil y que entiendo que es otra de las leyes que no está ahorita en discusión, pero que va a tener que estar en discusión, señores senadores.

El artículo famoso 34 de la Ley del Servicio Civil de Carrera es abusado todo el tiempo para crear excepciones del concurso de las plazas.

La experiencia internacional nos está demostrando que en los países que lograron combatir más, hacer tránsito a un combate más eficaz de la corrupción, lo hicieron a partir de servicios profesionales del Estado en sus instancias, primero, que están encargadas del combate a la corrupción.

Vamos a tener distintas instancias que queremos coordinar para poder combatir la corrupción; qué vamos a hacer en las legislaciones respectivas para realmente garantizar servicios profesionales en la integración de los elementos que forman parte de estas instituciones.

El caso de la PGR es el que lo ilustra con mayor importancia el desafío. Hace unas semanas todos fuimos testigos de cómo unos agentes sembraron un arma a un señor que está en un conflicto supuesto de corrupción en el caso de lo de OHL y lo único que lo salvó al señor fue que el acto ilegal de estos agentes lo hicieron enfrente de una cámara y tuvieron la mala fortuna y eso hace que puedan originar las investigaciones respectivas.

Ese tipo de agentes no pueden ser los que van a ejercer las nuevas facultades que se deriven de la legislación secundaria en materia de corrupción y ligado por eso en la parte de la Fiscalía General de la República, que sé que esa ley sí está, no en este paquete inmediato, pero sí está atorado en el congreso, uno de los puntos justo de la parte chilena y también de Costa Rica, que ilustran la importancia de proteger a los fiscales, tiene que ver que la ley tendría que estar precisando los causales de la remoción de los fiscales.

O sea, hubo un fiscal que se vuelve efectivo en su trabajo, es un fiscal incómodo para los intereses políticos y s ele tiene que proteger en la ley para que no le vayan a mostrar la puerta por estar haciendo bien su trabajo.

Y creo que esa parte en la legislación que complementa las cinco leyes que ustedes están ahorita obligados a dictaminar en mayo, tiene que tomarse muy en serio para que este sistema funcione.

Creo que sí, parte del cambio en la narrativa tiene que ver con la prevención, pero la prevención de nada va a servir esa narrativa si no está acompañada del combate efectivo de la impunidad.

Y el combate efectivo de la impunidad pasa forzosamente por el profesionalismo de las instancias encargadas de operar el Sistema Nacional Anticorrupción.

De ahí la importancia de tomar en serio lo de los servicios públicos en estas instancias. Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias doctor Marco Antonio Fernández. Licenciado César Alejandro Chávez Flores.

LICENCIADO CÉSAR ALEJANDRO CHÁVEZ FLORES: Muchas gracias senador Pablo Escudero. Muy buenas tardes senadora Laura Rojas; senadora María del Rocío Pineda.

Les agradezco la oportunidad de participar en este foro.

Reciban un saludo muy afectuoso de la señora Procuradora General de la República, la maestra Arely Gómez González.

Voy a tratar de ceñirme al guion que traigo preparado por dos propósitos:

Uno es para ser muy puntual en el tiempo asignado y, segundo, para ser preciso en los temas que pienso plantearles y en la información que pienso que tengo planeado transmitir y que estoy seguro que será de su interés para la agenda legislativa.

Para empezar acudo a la famosa fórmula propuesta por Robert Klitgaard, para entender el fenómeno de la corrupción, en la que sostiene que este fenómeno nocivo es el resultado de la conjunción de monopolios, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas.

Aplicando este planteamiento al ámbito público, podríamos afirmar que cuando una gente, entiéndase un órgano del Estado, un servidor público en particular, goza de amplias facultades para una determinada materia y ese ámbito de poder puede ejercerlo en condiciones regulatorias endebles.

Es decir, que su espacio de discrecionalidad es grande y que entonces se generan condiciones propicia para el desvío o el abuso del poder.

Adicionalmente, si no existen suficientes mecanismos de control y contrapesos para que las agencias del Estado o los servidores públicos en lo particular rindan cuentas sobre el ejercicio de sus atribuciones, el problema se agrave con las condiciones para que se genere corrupción aumentan.

Bajo esta lógica me parece que un modelo integral de prevención y combate a la corrupción debe ocuparse de estas dos dimensiones.

Por un lado, la que está orientada a identificar los espacios en los cuales existen funciones monopólicas o de alto nivel de discrecionalidad en el ejercicio de funciones públicas a fin de que sean reguladas con el propósito de disminuir precisamente esas características.

Y por el otro lado, la dimensión que tiene que ver con el perfeccionamiento de los medios de rendición de cuentas del estado y de sus servidores públicos.

Ahora bien, la rendición de cuentas adopta formas muy variadas respecto a las cuales me parece que las más importantes son las siguientes:

La primera la de transparencia, que se ha mencionado y no sólo entendida como el acceso a la información pública gubernamental, sino en todo el abanico de posibilidades a través de las cuales el Estado abre su actuación ante la ciudadanía para que ésta pueda evaluar informadamente su desempeño.

La segunda vía de rendición de cuentas es la que se desarrolla o la que tiene que ver con el control y la fiscalización, ya sea interno o externo.

Y la tercera forma de rendición de cuentas, de las que estimo que son más importantes, desde luego que hay más, es el esquema, o al menos en este esquema que estoy planteando es la represiva, la persecutoria de las conductas ilícitas, según la cual las conductas indebidas pueden revestir responsabilidades de orden administrativo o penal.

Cuando se trata de hechos de corrupción, y esto es lo relevante del tema para este foro, generalmente coinciden en el ámbito administrativo y penal las conductas, aunque cada una de ellas tiene formas de investigación y de topologías diversas, propias.

Mirando a través de estos ejes podríamos analizar los principales nichos o ámbitos en los cuales se presentan indicios de corrupción, a fin de adoptar medidas en cada uno de esos rubros para disminuir los incentivos que propician ese nefasto fenómeno y fortalecer los que dificultan su proliferación.

Hasta aquí la exposición conceptual para que a partir de ese marco me permita plantearle respetuosamente un primer punto específico de análisis:

Estudios de muy variados orígenes y enfoques tanto nacionales como internacionales, incluso los dictámenes que se han aprobado en diferentes materias en este Senado de la República, coinciden en que el grueso de los actos de corrupción al menos por su impacto político, social y económico, se generan con ocasión del ejercicio del gasto público y, particularmente, en el ámbito de las contrataciones gubernamentales; es decir las obras públicas, las compras o adquisiciones y la contratación de servicios.

Por esta razón, me parece que una visión amplia del sistema anticorrupción, el primer tema que debiera analizarse es el relacionado con la regulación de las contrataciones públicas, a fin de perfeccionar el marco jurídico de la materia para reducir estos espacios de discrecionalidad en el otorgamiento de contratos o concesiones, a la vez que se aumenten los esquemas específicos de transparencia, afinar los esquemas de control y fiscalización especializados, y pensar en qué medidas deben adoptarse para que la persecución de faltas administrativas y delitos cometidos en ejercicio de esta función pública, sea más eficiente.

Me atrevo a poner sobre la mesa los siguientes tópicos específicos para que en alguna otra ocasión sean analizados con mayor detenimiento:

Primero, la pertinencia de crear un órgano regulador de la política de contrataciones federales, que monitoree permanentemente el sistema de compras gubernamentales y detecte prácticas susceptibles de ser perfeccionadas.

Por ejemplo, a través del análisis de tendencias en licitaciones, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, agregadas por sectores, montos, etcétera; a fin de que se sugieran formas más eficientes y transparentes de contratación.

Esta idea no es mía, hace años que viene hablándose de esto en diferentes foros especializados, con base en experiencias de modelos internacionales. Hay documentos ya muy acabados sobre este tópico.

En un segundo aspecto sobre lo que tiene que ver con contrataciones públicas, propongo que se legisle para que la normatividad que regula las contrataciones y adquisiciones de obras públicas de todos los órganos del Estado y no sólo las del Poder Ejecutivo, como ocurre actualmente, estén previstas a nivel de ley, de modo que se limite la práctica que tiene lugar en diferentes órganos de darse a sí mismo su marco jurídico contractual, lo cual es evidente abono para la discrecionalidad; además de que atenta más allá de una opinión, esta es una contravención directa, contra un mandato constitucional, el 134 ordena que la regulación de las contrataciones públicas esté en una ley en sentido formal y material, es decir, es una materia sobre la que opera el principio de reserva de ley.

Un tercer punto sobre esta materia, en un tercer punto sugiero que se analice que la impugnación de los actos propios de las licitaciones sean ventiladas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el juicio contencioso en la vía sumaria, para así garantizar la imparcialidad y la celeridad con que deben resolverse estas controversias.

La posibilidad de que los actos administrativos irregulares que ocurran en la adjudicación de contratos sean nulificados en una vía contenciosa clara y rápida, es un ingrediente fundamental para el control jurídico de las contrataciones, y disminuiría sin duda posibles actos discrecionales.

Conviene decir que hoy en día estas impugnaciones, denominadas inconformidades, son resueltas por la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control; sin embargo, en la nueva lógica de distribución de competencias del Sistema Nacional, me parece que ya no tiene justificación dicho modelo.

De especial preocupación es el caso de las empresas productivas del Estado, ya que en su regulación propia se desapareció la instancia de inconformidad, que antes atendía la Secretaría de la Función Pública y sus órganos internos de control; y en su lugar se creó un recurso de reconsideración que es ventilado internamente, y que por esa condición es violatorio de lo pactado en los capítulos de compras de los tratados de libre comercio, donde se obliga a los Estados suscriptores a que los medios de impugnación al alcance de los licitantes, sean conocidos y resueltos por órganos independientes, carentes de interés en el proceso de compra.

Sobre este tópico existe ya en el Senado de la República una iniciativa muy detallada que propone medidas legislativas para resolver esta situación, así como para dejar en claro la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas a los particulares que cometen actos indebidos en el sector energético; ya que la solución que se adoptó en el proceso de dictamen de este paquete, en mi opinión dará lugar a litigios de defensa por parte de los infractores, alegando ausencia de tipicidad en sus conductas.

Es un tema muy técnico, pero me parece muy relevante.

De esta suerte, insisto en que haría falta analizar la regulación de diferentes ámbitos de la función pública para que se revisen los que puedan existir esquemas regulatorios susceptibles de ser mejorados, para reducir discrecionalidades y con ello, posibilidades de ocurrencia de actos ilegales.

Esbocé algunas ideas respecto del tema relativo a las contrataciones públicas, por ser el ámbito que se ha destacado como el más susceptible para la comisión de actos corruptos, pero desde luego habría otros casos, por ejemplo de naturaleza presupuestal y la forma de control de las aportaciones que a través de los fondos previstos en el título quinto de la Ley de Coordinación Fiscal la federación transfiere a los estados.

Por otra parte, hasta donde percibo, la reforma anticorrupción perfila ingredientes muy positivos que se orientan sobre todo a mejorar la fiscalización externa que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, y a conformar un nuevo orden de distribución de facultades entre los órganos internos de control para establecer una división competencial en materia sancionatorio y administrativa, dejando al tribunal los casos de infracciones graves.

Sin embargo, en materia propiamente penal, me parece que habría mucho qué discutir y que eventualmente pudiera ser agregado.

Por tiempo diré algunas cosas muy resumidamente.

Primero debo compartirles mi preocupación personal porque los funcionarios y empleados de las empresas productivas del Estado a mi parecer quedaron fuera de la posibilidad de ser sujetos activos en los delitos de servidores públicos.

Me explico brevemente.

En el título cuarto de la Constitución, entre otras cosas, se sientan las bases fundamentales del Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En su artículo 108 se indica quiénes serán considerados servidores públicos, y en esa tipología no encuadra el personal de las empresas productivas del Estado, ya que esta nueva forma o figura de organización administrativa dejó de pertenecer a la administración pública federal y tampoco no es un órgano constitucional autónomo.

Luego, dado el principio de exacta aplicación en materia penal, sería complicado intentar encuadrar la calidad específica del servidor público que se exige como elemento normativo en los tipos delictivos previstos en los títulos décimo y décimo primero del Código Penal Federal, que es: Ejercicio indebido del servicio público; abuso de autoridad; uso indebido de atribuciones y facultades; ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otras. Así es, son delitos contra la administración de justicia, impartición de justicia por servidores públicos y por particulares.

Sí quiero aclarar que las responsabilidades administrativas del personal de las empresas productivas del Estado sí fueron previstas en un transitorio de la reforma constitucional, pero respecto de la materia penal se omitió ajustar el artículo 108 ya comentado sin que se aluda al tema en alguna otra parte del texto de la reforma en sus transitorios para salvar esta cuestión.

Ahora bien. De los integrantes que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción será precisamente la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción o llamada simplemente Fiscalía Anticorrupción, la que se hará responsable de perseguir penalmente los delitos que le denuncien, entre otros, los órganos de control y fiscalización, por lo cual conviene formular algunas muy breves reflexiones en torno a ello.

Como lo muestran diversos índices de percepción, la corrupción se halla entre los principales problemas públicos, por lo cual es evidente que hasta hoy los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto han sido insuficientes para abatir el fenómeno.

El clima de violencia e inseguridad por el que ha atravesado el país desde hace muchos años ha llevado a que los esfuerzos de investigación y persecución penal del Ministerio Público Federal y de los Ministerios Públicos Locales se hayan enfocado sobre todo en combatir los fenómenos delictivos asociados al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

Con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal en 2013, del total de personas procesadas el 71 por ciento fue por delitos directa o indirectamente relacionados con el fenómeno del narcotráfico o de la delincuencia organizada, mientras que únicamente el 0.8 por ciento por delitos relacionados con servidores públicos.

En el mismo año, de todas las personas sentenciadas el 79 por ciento fue por delitos también asociados al fenómeno del narcotráfico, mientras que los delitos a servidores públicos sólo se sentenciaron 222 personas de casi 40 mil, lo cual representa el 0.6 por ciento del total.

En lo que respecta al ámbito federal, en el área que se ha sugerido como la base, la unidad sobre la cual se fundará la Fiscalía Anticorrupción, de conformidad con el acuerdo de marzo del 2014, consignó un promedio de 20 averiguaciones previas al año de 2010 a 2014.

De ese total de 68 asuntos en los que dicha unidad ejercitó acción penal, en ese periodo de cinco años analizados se registraron cuatro por cohecho, 14 por peculado, nueve por enriquecimiento ilícito y cinco por extorsión, entre otros delitos.

Estos resultados pueden percibirse naturalmente como insuficientes al confrontarlos con la dimensión del fenómeno de corrupción, no sólo en los últimos años sino históricamente; lo que nos refiere un problema que va mucho más allá de las distintas administraciones y que tiene que ver con la naturaleza estructural relacionadas con el diseño institucional y con la capacidad que le fue otorgada a esa unidad administrativa.

Derivado de este antecedente, se estima que la fiscalía deberá gozar de autonomía técnica y de gestión para investigar los asuntos a su cargo y ejercer acción penal cuando así lo estime procedente.

Para que esa autonomía técnica y de gestión sea efectiva se plantea que cuente con las facultades propias para seleccionar a su propio personal, así como a los agentes del ministerio público y a los elementos de la Policía Federal Ministerial, que son fundamentales en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, su fiscal deberá contar con un periodo de tiempo suficiente en el cargo que le permita organizar la fiscalía, integrar los casos que llevará a los tribunales hasta su culminación.

Y de igual modo su nombramiento deberá surgir de del Senado, como ya está previsto, aunque sólo para el primer periodo del fiscal y las causas de remoción, como también ya se ha dicho, deberán ser referentes solamente a situaciones de responsabilidad grave para blindar su espacio de actuación.

Finalmente me parece oportuno poner a su consideración que el órgano de control interno, el ministerio público, debe contar también con una regulación específica que le permita ejercer de forma más eficiente su tarea de combate a la corrupción al interior.

Este planteamiento se formula a partir de una realidad insoslayable, la sociedad no confía en el ministerio público, sino que por el contrario, percibe a dicha institución en sus órdenes, federal y local, como una de las que sufren mayores problemas de corrupción interna, por lo que su saneamiento debe ser una misión de largo aliento bajo líneas de trabajo bien definidas legislativamente.

Vale la pena mencionar que la PGR, acorde con los principios de integridad y rendición de cuentas que la han caracterizado siempre, la señora procuradora impulsó una estrategia de combate a la corrupción interna mediante la cual se logró que en los primeros 10 meses de su gestión se ejercitara acción penal en contra de 249 servidores públicos de la institución, logrando en este periodo 126 autos de formal prisión, por delitos de extorsión, falsedad de declaraciones contra administración de justicia, cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, entre otros, lo que marca resultados sin precedentes.

No obstante el funcionamiento de los órganos anticorrupción no puede depender del impulso, la política que va teniendo el responsable de las instituciones al cargo en cada momento, sino de un diseño institucional que permitan una continuidad de largo plazo en políticas pautadas legislativamente.

Con la reforma constitucional anticorrupción, el control interno estará a cargo de un órgano que habrá de fusionar la actual fiscalía general y al contraloría interna, eso ya está en la reforma constitucional y su titular será nombrado por la Cámara de Diputados.

En este contexto resulta fundamental pensar con detenimiento el nuevo diseño institucional que en la ley deberá preverse para este nuevo órgano interno de control, para que en el mediano plazo pueda contribuir a los objetivos que aquí se han planteado.

Y un tema muy particular, dado que en el ministerio público existe un régimen dual de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pues será analizar el régimen especial de responsabilidades aplicables a los agentes del ministerio público, policías y peritos, dado que el actual ha demostrado que bajo él se generan amplios espacios de impunidad.

Hasta aquí mi intervención y muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias licenciado César Chávez.

Doctor Marco, este paquete que estamos dictaminando aquí, que están estos cinco instrumentos que hemos hablado, no están, como usted bien dice, la Ley General de Archivos y de Protección de Datos, no lo estamos dictaminando en esta comisión, pero sí se está trabajando en el Senado de la República, lo está trabajando la senadora Cristina Díaz, sin duda pues son las que nos faltan de todo el sistema de transparencia y lo estamos viendo así todo de una manera integral.

Respecto al tema que yo sé que a ustedes les inquieta mucho y a nosotros más, de las declaraciones patrimoniales, bueno, pues estamos haciendo las consultas y las revisiones constitucionales y escuchando a todos los actores lo que tienen que decir.

Ayer nos decía el contralor de Guerrero: no se les ocurra y quién los va a ir a cuidar, allá se llevan a los maestros que ganan 6 mil pesos, quién va a ir a cuidar a los servidores públicos.

Empezamos a escuchar diferentes opiniones, como ustedes, hay otro tipo de opiniones. Sin duda también a nosotros nos llama la atención; en este senado de la República estuvimos trabajando durante meses o me dirá la doctora Magaloni si años, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio y en el Código Nacional. Y todas las discusiones se basaron en la presunción de inocencia.

La declaración patrimonial, todos sabemos que es una prueba en un juicio, a la cual se da valor probatorio.

Podemos pedirles a los servidores públicos que nos prueben su inocencia, está ahí dentro de las discusiones. Es algo de las discusiones que tampoco se han resuelto en la Corte y así hemos estudiando en los legajos de diferentes discusiones los engroses, sí es verdad que el servidor público tiene un umbral distinto al de un particular en su protección de datos personales.

¿Puede un servidor público incluir los bienes de su esposa sin su consentimiento y hacerlos públicos? ¿Qué derechos tiene la esposa frente al servidor público que no esté de acuerdo que no se hagan públicos sus bienes, que ella ha adquirido con su trabajo? ¿Qué derechos podría tener un hijo menor o no menor respecto a sus datos personales y a los bienes?

Es decir, el tema no es tan fácil como 3de3 y firmemos. Estamos haciendo toda una revisión, por eso son los foros, los análisis de qué es lo que debe de transcurrir aquí.

Doctora Magaloni: platicábamos, cuando en aquellos foros, de la problemática que usted veía y del miedo que teníamos si esta Reforma en ese momento, del Código Nacional no llegaba a buen fin, cuál sería la problemática, los años que transcurrían y la involución que podríamos dar en lo que se había avanzado.

Quisiera preguntarle si en este caso le preocupa también que pudiera suceder algo parecido con todo este sistema anticorrupción en caso de que no llegara a buen fin.

Y al licenciado César Chávez, preguntarle: hemos estado pendientes y revisando una y otra vez, y consultado respecto al procedimiento administrativo que se va a llevar ya en los órganos internos de control cuando se recibe una auditoría, cuando se integra, cuando se forma un expediente, cuando el área de la Contraloría va a ser clasificación, preclasificación, como le queramos llamar. Si ha encontrado conductas administrativas graves o no, si debiera desde ese instante darle vista al servidor público y notificarlo, abrirle una audiencia para que pudiera presentarse, para que pudiera exhibir pruebas, para que se desahogaran esas pruebas, para que desahogaran alegatos, para que se cerrara la instrucción y para poder decir que consideran, después de haber llevado ese procedimiento, que hay conductas que pudieran clasificarse insisto, y en esa clasificación o preclasificación como conductas graves.

Si pudiera tener algún recurso el servidor público al momento que llegara al Tribunal de decir que no tuvo vista en ese expediente.

Sin duda son temas que hemos estado revisando y me gustaría escuchar sus opiniones.

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: Muchas gracias senador por sus observaciones. Y sí me gustaría contestar a esas inquietudes:

Primero que nada porque hay un punto complementario a la publicidad que tienen que ver con el contenido de la información y con la capacidad de verificar la veracidad de lo declarado.

No hay hoy bajo los regímenes vigentes, ni en la Administración Pública Federal, por ejemplo, ni en las declaraciones que ustedes presentan y que tiene la Auditoría Superior de la Federación, ni en las declaraciones del Poder Judicial en manos de la Judicatura.

Cuando uno observa no hay mecanismos externos a la verificación de esta información.

Su uno hace una comparación de los formatos de las declaraciones que ustedes presentan con las de los funcionarios públicos de la Administración Pública Federal, con la del Poder Judicial y observa las mejores prácticas internacionales, lamentablemente sí vemos que el caso mexicano está muy lejos de las mejores prácticas internacionales.

Ejemplo: en el Congreso, ustedes como senadores o sus compañeros diputados, no reportan si reciben regalos, y se dan muchos, hacia finales del año; los montos de estos regalos, quiénes son los que se dan y sus compañeros en otras legislaturas del mundo sí lo hacen.

Canadá lo hace; lo hace Costa Rica, lo hacen los legisladores de Chile, lo hacen los legisladores norteamericanos, porque ese tipo de información que es además pública, sí logra esa publicidad precisamente acotar la tentación de un mal comportamiento de algún miembro del Congreso, que lamentablemente ha ocurrido, no es una quimera ciudadana.

En ese sentido, es por eso la insistencia de la publicidad y sobre todo, insisto, del contenido que uno observa el detalle de la información que le requieren los formatos y la verdad, estamos muy lejos de tener información adecuada.

Y mucho menos, las autoridades encargadas de recibirla, tienen o han ejercido sus facultades para poder verificar la veracidad de la información. Las prácticas justo internacionales, demuestran que en los lugares, en las democracias más consolidadas este derecho que se sopesa de si das a conocer la información de tu cónyuge o de tus dependientes económicos o no, ha sido solucionado entendiendo que el servicio público sí implica una responsabilidad de confianza hacia el ciudadano y que sí es un régimen distinto respecto al resto de los ciudadanos sobre el cual tienen que operar el servidor público; y por eso esa información en este tipo de países sí se hace pública y han tenido esos debates, sí los tuvieron, y los han resuelto positivamente.

Puse mucha atención a lo que dijeron ayer algunos de los compañeros que participaban y que son reacios precisamente a la publicidad de esta información; sí me preocupa que en esa reacción, desde mi perspectiva, sí pareciese que hay una defensa de excepción, de protección hacia el servidor público, que sí tiene, perdón, que rendir cuentas a la ciudadanía.

Y no es una presunción de culpabilidad, por eso enfaticé en mi presentación que justo sabiendo que hay muchos, muchísimos y quiero pensar que la mayoría de funcionarios públicos honestos, la publicidad de este instrumento dignifica precisamente el dedicarse al servicio público.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Justamente el tema de fondo y nosotros estamos en esa misma discusión, que no está resuelta, es que ese instrumento es una prueba que se le está pidiendo al servidor público, que pruebe que es inocente.

Es ahí donde está el debate y la discusión y el análisis que se va a llevar a cabo.

Y sin duda, yo no sería injusto con algunos compañeros, por ejemplo con lo que nos expresaba el contralor de Guerrero, que tienen realidades diferentes a las que vivimos los senadores, que venimos en coche de nuestra casa a acá; aquellos que andan ahí en la sierra y tienen una realidad diferente a la nuestra. El tema es poder escuchar a todos y tener la sensibilidad de realmente qué es lo que sucede en el México de a de veras, no en el del transcurso de nuestra casa a este cómodo Senado de la República.

Y en eso estamos. Gracias, doctor. Doctora Magaloni.

DOCTORA ANA LAURA MAGALONI KERPEL: A mí me parece que el ejemplo de la reforma penal es un buen ejemplo para el sistema anticorrupción, con todo y el código nacional, faltó un acuerdo político central para que esa reforma rindiera frutos; y era que los políticos sacaran las manos del sistema, y sólo así podía tener racionalidad toda la reingeniería del sistema. Y eso no pasó.

Entonces, tenemos un código nacional que hace unos avances y reformas muy variopintas, pero no vamos a tener un cambio significativo para el 2016 en algunas entidades federativas, las menos, cambios importantes; pero en la mayoría no. En el sistema federal, fue hasta que entró Arely que se empezó a hacer algo, o sea, a ese nivel de retraso.

Entonces, a la reforma penal le faltó liderazgo político, quedó abandonada durante seis años y le faltó este acuerdo

político de decir: “queremos una procuración de justicia fuera del sistema político”.

El asidero de poder de muchos gobernadores tiene que ver con manipular su sistema y cosas de corrupción, tiene que ver con que al final manipulas a tu procurador, y tu procurador está a tu servicio.

Lo mismo diría con el sistema anticorrupción, ustedes están ante un momento histórico, tiene que ver con el arrojo que tengan, con la valentía que tengan y con el acuerdo político de que de verdad queremos erradicar la corrupción, queremos otra forma de gobernar, porque sí creo que esto se está cayendo.

La corrupción sí es esta polilla que se va comiendo el andamiaje institucional de México y de repente vamos a voltear y ya se colapsó. Entonces, tu pregunta creo que tiene que ver con qué no sé de qué calibre va a ser el acuerdo político e involucra a muchísimos y habrá resistencias, y ustedes saben por dónde están las resistencias y hasta dónde quieren llegar.

Y, claro, una cosa son las normas y luego lo más complicado es hacerlas funcionar.

A mí me parece que un poco eso pasó en el Código Nacional. Pensábamos que con el Código Nacional ya teníamos una reforma penal pero en realidad no. La reforma penal tiene que ver con los funcionarios que la operan todos los días y esa no la logramos.

No quiero sonar tan desesperanzadora, pero hay dos trayectos: El chileno, que en ocho años la tenía en ocho, país en forma ejemplar; o el argentino, que lleva muchas reformas en los últimos 20 años. Va caminando en la dirección correcta, pero le ha tomado mucho más tiempo reformar su sistema.

Yo creo que México va a ser de los segundos, no de los primeros. Ojalá con el Sistema Anticorrupción no.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctora.

Licenciado César Chávez.

LICENCIADO CÉSAR ALEJANDRO CHÁVEZ FLORES: Sí, señor senador.

Bueno, a mí me parece que la evolución del derecho humanitario internacional, todo el avance que se ha tenido en los principios de derechos humanos, dentro de las cuales se han apuntalado principios como el de: presunción de inocencia, incriminación, etcétera.

Y a partir de lo que ha resuelto en diferentes resoluciones internacionales pero también nuestra Suprema Corte en el sentido de que el derecho administrativo sancionador es una expresión de la facultad punitiva del Estado y en ese sentido guarda o debe de seguir con las modulaciones pertinentes los principios del derecho penal.

Menciono esto, porque lo que usted plantea, señor senador, en el sentido de cuáles deben ser los derechos de un servidor público que está siendo investigado o, en su momento, sujeto a un procedimiento administrativo sancionador, me parece debe seguir en esta visión de derechos humanos que ha venido avanzando de forma muy clara en la materia penal.

¿Y esto qué significa?

Por ejemplo, una disposición que al día de hoy está vigente en la Ley Federal de Responsabilidades que establece que el servidor público que no comparece a la audiencia se tienen por ciertos los hechos atribuidos en su contra, como si se tratara de un litigio de orden civil, traído de una controversia de orden civil cuando el Estado está actuando en su carácter punitivo, y tiene desde luego la carga de la prueba para revertir el principio de inocencia que opera a favor del servidor público.

Ahí me parece que habrá muchos temas que desarrollar y analizar, y sobre todo el núcleo duro de la tipicidad que en materia administrativa es, desde luego, y no puede ser de otra forma, mucho más abierta, más laxa que en materia penal, porque en materia administrativa no se pueden agotar legislativamente todas las posibles formas de infracciones administrativas porque generalmente las obligaciones de los servidores públicos están contenidas en disposiciones secundarias de orden administrativo.

También, siguiendo los principios del nuevo Sistema Acusatorio en materia penal, creo que habrá cosas que incorporar en el derecho administrativo sancionador, en la medida de lo posible por ejemplo en la adversarialidad de la integración de los expedientes, que es exactamente a lo que usted alude en el sentido si durante la integración de los expedientes tendrá derecho el servidor público de conocer, de imponerse de lo que ahí se está investigando y, en su caso, de ser así su deseo, ofrecer pruebas para desvirtuarlo de forma previa a que se le cite a una audiencia de imputación, que también tiene ciertas complejidades por la nueva fórmula que se va a variar entre faltas graves y no graves. Lo cual a mi juicio representa un problema de orden jurídico de la mayor relevancia, porque el prejuzgamiento de fondo de la conducta determina la competencia del órgano.

A lo que nos vamos a enfrentar de forma recurrente es a amparos para decir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: “La conducta que me están encuadrando no es de aquellas que son de tu competencia”. Y eso va a obligar a los jueces de amparo que se haga una revisión preliminar de la imputación para verificar a cuál órgano le corresponde, si al Órgano de Control Interno que tendrá potestad para imponer sanciones no graves o al Tribunal que tendrá las de destitución e inhabilitación y la imposición de sanciones económicas graves.

Son temas finos que me parece ya en la regulación procesal van a resultar de mucho interés y, bueno, eso es lo que podría comentar. Estoy a sus órdenes.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, licenciado.

Sin duda esa es una de nuestras grandes preocupaciones, los temas finos.

No queda más que agradecer a nuestros invitados, al doctor Marco Antonio Fernández Martínez, investigador asociado de México Evalúa, muchas gracias doctor; a nuestra amiga, al doctora Ana Laura Magaloni, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos y permanente asesor de este Senado de la República, muchas gracias, y al licenciado César Alejandro Chávez, visitador general de la Procuraduría General de la República, son ustedes muy amables y el Senado de la República les agradece esta visita al Senado, esta participación y muchas otras que deberemos de tener para llegar a buen puerto con esta normatividad secundaria.

Muchas gracias.

Jueves, 25 de febrero de 2016. 16:00 horas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenas tardes. Bienvenidos al Senado de la República.

Vamos a dar inicio a estos foros, a este último bloque de comparecencias del Foro. De antemano les ofrezco una disculpa por el retraso, fue una sesión larga la que tuvimos hoy en el Senado de la República; algunos de los compañeros van terminando, otros están recibiendo a unas personas, pero en unos momentos se incorporarán.

Pero toda vez que tenemos el espacio del Canal del Congreso y por respeto a nuestros ponentes invitados, daremos inicio.

Agradezco como siempre a la senadora Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional, que nos acompañe como siempre, en todos los foros.

Sean bienvenidos y el día de hoy nos acompañan el licenciado Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Bienvenido, licenciado.

El licenciado Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del estado de San Luis Potosí. Bienvenido.

El licenciado Miguel Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría General del gobierno del estado de Sonora. Bienvenido.

La maestra Lucina Tamayo Barrios, secretaria de la Contraloría del estado de Tabasco. Bienvenida. La doctora Gilda Cavazos Lliteras, contralora gubernamental del estado de Tamaulipas. Bienvenida.

Y el contador Miguel Antonio Fernández Vargas, secretario de la Contraloría General del estado de Yucatán. Bienvenidos.

Como ya conocen el formato, estamos haciendo una primera presentación de hasta diez minutos, si requieren un poco más, pueden extenderse. Escucharlos y luego al final intercambiar algunas ideas y preocupaciones.

Tiene el uso de la palabra, licenciado Huacuja.

LIC. SERGIO EDUARDO HUACUJA BETANCOURT: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señores senadores, estimados compañeros.

Quisiera, antes que nada, agradecer a nombre de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México y del Comité Anticorrupción, el honor que me dispensan para venir a expresar unas cuantas ideas en torno a una problema tan importante que se está resolviendo en estos momentos, justamente, en el seno del Congreso de la Unión, que es precisamente la legislación secundaria que habrá de darle sustento al Sistema Nacional Anticorrupción.

Muchísimas gracias por esta distinción y sin más prolegómenos, quisiera yo comentar que si bien es cierto ya es un lugar común hablar del tema de la corrupción, y que se habla de un hartazgo social de que se tiene que legislar en esta materia y en forma urgente, y los indicadores internacionales ubican a nuestro país en una situación franca y sinceramente deleznable; lo cierto es que también debemos ser muy cuidadosos y cautos al momento de hacer la legislación secundaria, buscando un sano equilibrio entre lo que es precisamente las acciones de prevención, detección y sanción, con respecto a los derechos de los justiciables.

Y por justiciables hemos de entender a los señores servidores públicos por una parte, y a los particulares que en su caso habrán de ser sujetos de este nuevo régimen jurídico.

En este orden de ideas, nuestro punto de vista es que para que el sistema como tal pueda funcionar, en forma concomitante tienen que hacerse la expedición de distintas normas jurídicas y reformas a otras tantas, para efecto de que se pueda interactuar cabalmente en este objetivo tan importante.

En este orden de ideas, en primer lugar desde luego se requiere la ley general, que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; en donde fundamentalmente habrá de establecerse cuáles son las facultades de este Comité Coordinador del Sistema y del Comité de Participación Ciudadana.

Por el otro lado, otra ley general que es la de responsabilidades administrativas.

Por otra parte, habremos también de darle sustento a la legislación que al efecto establezca las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, si es una nueva ley o reformas a la actual Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y por supuesto un moldeado total a la Ley Orgánica del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Desde luego también tenemos que revisar muy bien, dado que los pilares sobre los que se sustenta el sistema, descansan en el fortalecimiento del control interno por parte de los órganos internos de control y la Secretaría de la Función Pública, hablando del Ejecutivo Federal; pero como este sistema ha de replicarse precisamente en los estados y municipios, tenemos que ver la equivalencia del fortalecimiento de estos órganos.

Ha quedado claro en la reforma constitucional, que a los órganos internos de control les corresponderá conocer, como a la fecha, de aquellas faltas administrativas consideradas como no graves. Por lo tanto, seguirá siendo el órgano investigador, el órgano instructor y el órgano sancionador y, en su caso, será en el ámbito federal el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien conozca de las demandas de nulidad de sus resoluciones o los tribunales colegiados de circuito en materia de amparo directo contra las sentencias del Tribunal.

Lo propio sucederá en las entidades federativas, que las resoluciones que emitan los órganos de control interno, igualmente habrán de ser impugnadas en juicios de nulidad ante los tribunales administrativos y posteriormente ya en demanda de amparo directo ante los colegiados de circuito.

Entonces, queda claro, pues, que se conocerán de las faltas no graves; por lo tanto, necesitamos que la ley general haga perfectamente esa distinción entre lo que son faltas graves de las faltas no graves, porque ha quedado claro que ahora las faltas graves corresponderá conocer en cuanto a su investigación a los órganos internos de control, y por el otro lado la sustanciación y sanción en juicio de responsabilidades al tribunal.

La preocupación que tenemos ahora es que no en este ánimo de combatir con rigidez el fenómeno vayamos a atropellar los derechos de los justiciables, decía, porque también, dicho sea de paso, dentro de las faltas administrativas graves están consideradas también las faltas de los particulares, al igual que habiéndose reformado el artículo 79 constitucional ahora la Auditoría Superior de la Federación también le va a corresponder únicamente fincar los pliegos resarcitorios pero en realidad resolver la sanción correspondiente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Entonces tenemos que ser cuidadosos de cómo vamos a establecer el ámbito competencial del Tribunal y distinguir, si vamos a tener un juicio especial de responsabilidades a servidores públicos; un juicio especial para las responsabilidades graves de los particulares y un juicio especial resarcitorio, o si vamos a hablar de un solo procedimiento.

Es inadmisible que al día de hoy sigamos utilizando una Ley Federal de Procedimiento de lo contencioso administrativo que es aplicable para otras materias en el ámbito administrativo. Pero no podría aplicarse en este ámbito desde mi punto de vista porque haría nugatoria la justicia administrativa.

Son procedimientos muy largos, pletóricos de subterfugios legales que a la postre por alguna falta de formalidad jurídica se viene al traste la administración de justicia.

Tenemos que ser muy cuidadosos, desde nuestro punto de vista, en que hagamos juicios sencillos, con los plazos que deben de ser.

Desde nuestro punto de vista, tenemos que ser equilibrados en que si por una parte la autoridad tiene plazos largos de prescripción para ejercer la acción sancionadora tenemos que equilibrar también un plazo adecuado para la defensa tanto de servidores públicos como de particulares que se vieran involucrados en todo caso en una acción de esta naturaleza.

Por el otro lado, también es muy importante definir exactamente cuáles son esas conductas graves, porque al día de hoy seguimos en un ámbito gris de cruzamiento entre el derecho penal y el administrativo.

Es tiempo de que hagamos esa dicotomía clara de que tengamos una reforma al Código Penal Federal que nos defina claramente cuáles son los delitos relacionados con corrupción, y para ello desde luego podemos tomar las convenciones internacionales de las que México forma parte y que ya lo tienen definido, y por el otro lado claramente definir cuáles serán esas conductas administrativas de carácter grave relacionadas con actos de corrupción en donde lo mismo se van a ver involucrados servidores públicos que particulares.

Y, por el otro lado, dejar preciso un capítulo relativo a los procedimientos resarcitorios.

Por el otro lado, también es muy importante aclarar: En la reforma constitucional se dijo que sería una sección especial de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien emitirá las resoluciones de estos juicios. Esto es verdaderamente o sería catastrófico dejar en manos de cinco magistrados de Sala Superior resolver todos los procedimientos.

No está prevista la creación de salas regionales especializadas, así como los tenemos en propiedad intelectual, en órganos de la actividad económica del Estado, bueno, pues tendríamos también salas especializadas regionales del Tribunal que se encargaran de la sustanciación del procedimiento y habría que ver cómo resolver quién va a emitir la sentencia respectiva, porque si no se convierte en un cuello de botella que nuevamente haría nugatoria la justicia administrativa.

Y, por último, creemos que también es muy importante que dejemos claro que el Comité Coordinador, que precisamente es el que debe emitir la política en materia anticorrupción, pues es justamente el que va a cuidar que cada uno de estos pilares del sistema, por una parte el Control Interno, el Control Externo, el Tribunal y la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con Corrupción y sus homólogos, Sistemas Estatales Anticorrupción, deberá de fijarse claramente esa política en la ley general.

Y desde luego también cuál va a ser la participación ciudadana. Porque si bien es cierto la vista será de cinco ciudadanos muy importantes habrá que definir también la participación de la sociedad organizada. Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, academias, colegios, que pueden coadyuvar muy importantemente en precisamente la prevención, detección de este fenómeno que lacera a nuestro país.

Quisiera, desde luego, decir claramente que me parece muy plausible que en las iniciativas que hoy ya se conocen, que están en el seno de esta cámara y que han promovido diversos partidos políticos, claramente se habla de llevar a cabo, en el ámbito de la legislación en materia de responsabilidades administrativas, una fase de investigación.

Tener mucho cuidado de no conculcar garantías, de no conculcar derechos humanos, por ejemplo en el ámbito de la investigación y que eventualmente estemos tomando disposiciones de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Me queda claro que para combatir la corrupción hay que combatir las redes, no simplemente a un individuo en particular, que muchas veces termina siendo el eslabón más débil, pero no por ello conculcar sus derechos de llevar a cabo visitas domiciliarias que incluso puedan hasta confiscarle papeles de trabajo y hasta preocupante resulta ser que hasta sus abogados puedan verse involucrados en este punto y también, tergiversando el sentido del secreto profesional.

Yo creo que tiene que haber un justo equilibrio, esa es nuestra sugerencia a esta honorable Cámara de Senadores, y nos gustaría muchísimo, de veras, que se tomaran en consideración estos aspectos de orden práctico, que en el foro lo vemos día con día y que desafortunadamente los resultados han sido magros, precisamente por incurrir en estos problemas de formalidad jurídica y que lamentablemente nuestros tribunales, tanto desde el punto de vista formalmente administrativos como formal y materialmente jurisdiccionales, resultan anulando estas resoluciones.

Entonces, para que no desprestigiemos el sistema y entender que el sistema no pretende en este momento llenar las cárceles de delincuentes o llenar los tribunales de instrucciones administrativas, sino de lo que se trata es verdaderamente de tener una política de prevención, de detección, y los elementos necesarios en forma subsidiaria para su sanción correspondiente.

De momento me gustaría dejar estos puntos como inquietud fundamental de lo que, desde nuestro punto de vista debieran ser las legislaciones que deberían de modificarse para cumplir con nuestro compromiso constitucional.

Agradezco mucho el honor que me dispensan y la atención e todos ustedes. Muy amables.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias licenciado Huacuja y antes de darle el uso de la palabra al licenciado José Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del estado de San Luis Potosí, agradecemos a nuestra amiga y senadora Rocío Pineda Gochi que esté aquí con nosotros.

Licenciado Rosillo.

LIC. JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS: Muy amables.

Senadoras y senador de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, muy buenas tardes.

Agradezco a nombre del gobernador constitucional del estado, doctor Juan Manuel Carrera López, la oportunidad de la invitación para el estado de San Luis Potosí de participar en este foro de consulta con el propósito de aportar elementos que contribuyan a tener leyes reglamentarias integrales en materia de combate a la corrupción.

El fenómeno de la corrupción, entendida como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados, es una práctica que ha deslegitimado a las instituciones públicas y afectado la confianza de la ciudadanía en su gobierno.

En esa virtud, en el estado de San Luis Potosí se comparte la visión de fortalecer los mecanismos de combate eficaz a las prácticas de corrupción, implementando como premisa fundamental, para el logro de tan trascendental objetivo, la inclusión de la participación activa y coordinada de la sociedad civil con las autoridades.

Y es en esta materia a la que me quiero referir de manera específica:

Así, en el marco de la reforma que el Constituyente Permanente aprobó para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, en el estado de San Luis Potosí se ha implementado ya el mecanismo de reforma constitucional local, que permite establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, ya que hoy en el seno del Congreso del Estado se declaró la validez constitucional de la Reforma aprobada por la legislatura del Estado en la materia que nos ocupa y que fue firmada por el Gobernador Constitucional un día después de haber tomado posesión.

Parte esencial de la Reforma de referencia es el tema inherente a la creación del Comité de Participación Ciudadana, como mecanismo a través del cual los ciudadanos se verán representados en el órgano garante que habrá de definir las políticas y acciones que emprenderá el Estado para prevenir y sancionar los actos de corrupción, propuesta que guarda equilibrio con la Reforma Constitucional Federal de la materia.

Debemos destacar que la Reforma que introduce el modelo de participación ciudadana en este tema, guarda estrecha vinculación con el respeto a los derechos humanos.

Lo anterior si partimos de la base de que conforme a lo previsto por el Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se impone la prerrogativa para los ciudadanos de gozar, entre otros, del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

Derecho que implica no sólo la posibilidad de integrarse a los cargos públicos, sino también involucra la posibilidad para el ciudadano de participar en la configuración de medidas contra la corrupción.

La participación ciudadana es un concepto determinado históricamente y estrechamente vinculado con la concepción que tenemos de la democracia.

Para entender la evolución de la participación ciudadana en nuestro país, es importante hacer un breve recorrido histórico para entender su evolución en el mundo, para identificar los elementos que han dado fundamento y legitimidad a la participación y así comprender de mejor manera las situaciones que ha vivido la participación ciudadana en México.

La democracia nació en las ciudades estado de la Grecia clásica en el Siglo V antes de Cristo. Alcanzó su mejor forma en Atenas, con Pericles, donde los ciudadanos se reunían varias veces al año para discutir asuntos de la comunidad.

La agenda, la discutían el Comité de los 50, constituido por el Comité de los 500. En un determinado momento dio lugar a la democracia sin estado.

Posteriormente en Roma se introdujo la idea del gobierno mixto, que representaba intereses de la comunidad.

El sistema adoptó rasgos oligárquicos, gobierno de pocos, donde la participación popular se traducía en una capacidad limitada de control.

La política dejó de ser preocupación por más de un milenio, hasta que volvió a surgir en la edad media como forma poco democrática.

En el renacimiento gestaron transformaciones que hicieron de la participación política un tema de reflexión y demanda popular que siglos más tarde sería universal.

Se produjeron cambios en lo social, político y económico, que repercutieron en el mundo de los valores.

Hamilton y Madison, en sus escritos publicados en El Federalista; Tocqueville, en La Democracia en América, y Bentham y Stuart Mill, reflexionaron sobre la manera de canalizar y dar vida institucional a la participación popular.

A su vez, Juan Jacobo Rousseau, consideraba que la soberanía residía en la entidad entre gobernantes y gobernados, y que es inalienable de indelegable y que por lo tanto sostenía que se debería suprimir la democracia representativa para implementarla directa.

Estas ideas de participación política se difundieron rápidamente pero aun así quedó limitada a segmentos muy restringidos de la población.

Con la revolución industrial, se transformó a la sociedad que derivó en nuevas condiciones de vida traducidas en la reivindicación de los derechos políticos.

Como ya había comentado, la democracia se ha asociado con participación ciudadana, pero este tema cobró importancia cuando ya en el Siglo XX, a pesar de contar con un sistema democrático, las sociedades de algunos países sentían descontento con los resultados negativos que la democracia ha dado, lo que ha provocado una crisis de satisfacción y de solución hacia este sistema de gobierno.

La historia de la participación ciudadana en México se remonta a casi dos siglos atrás, cuando posterior a la conquista española la sociedad civil buscó manifestarse por todos los medios, con tal de influir en las decisiones substanciales de la organización política, económica y social del México virreinal.

Ya desde su independencia, la población busca la manera de tener incidencia en las decisiones del Estado y casi dos siglos después, en la primera década del Siglo XXI, se consiguen avances considerables en este sentido.

La Constitución del 17, puede considerarse como un gran avance en materia de participación ciudadana.

Además, un factor importante para su impulso fueron los movimientos sociales de los años ’60, que dieron origen a las organizaciones de la sociedad civil; persiguiendo fines que al ser demasiado universales o particulares en sus objetivos, escapan postulados ideológicos de algún partido.

A pesar de ello, en México el desarrollo de la participación ciudadana ha mostrado una notable ausencia de tradiciones participativas en el sentido de culturas y prácticas que impulsan la profundización de la democracia.

La peculiar configuración de las relaciones entre sociedad, mercado y Estado, que produjo el régimen de la revolución mexicana; así como el carácter tardío y prolongado de la transición de la democracia, explica la centralidad de la arena político-electoral en este tema.

Sin embargo y a pesar de estas oscilaciones de la historia y de los cambios de valores, se puede afirmar que en nuestros días la legitimidad de los regímenes políticos que está definida en función de la capacidad de participación política de la ciudadanía.

En los años recientes se ha fortalecido la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, incidiendo cada vez más en órganos autónomos y diversos consejos en los ámbitos ejecutivos y legislativos, tanto nacionales como locales.

Sin embargo, a falta de resultados tangibles desde la perspectiva de la sociedad, existe la percepción de que ésta no ha sido contundente, efectiva o bien ha enfrentado obstáculos y barreras que desalientan este valioso elemento de la acción pública.

Para entrar en un análisis más detallado de la participación ciudadana, quiero referirme a una clasificación de la misma:

Actualmente se pueden identificar distintos tipos de participación, con base en el grado de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, que puede ir desde una separación total entre el gobierno y la sociedad; hasta una correspondencia total entre estos dos actores.

Entre ambos niveles, vale la pena mencionar cinco clasificaciones:

La participación en la información, que implica la posibilidad de acceder permanentemente a información sobre los asuntos públicos con la intención de contar con una ciudadanía informada y con herramientas para evaluar el trabajo del gobierno.

La participación en consulta, que hace referencia a los mecanismos con los que cuenta la sociedad para hacer llegar al gobierno sus opiniones acerca de las decisiones que se han tomado; aunque éste último no está obligado a cambiar su actuación, con base en estas opiniones. Pero este tipo de relación sociedad-gobierno legitiman sus acciones.

La participación en la decisión, implica que la sociedad cuente con herramientas para participar en las decisiones que se tomen respecto de asuntos públicos y que su opinión pueda definir el sentido de las medidas tomadas.

La participación en el control. Se refiere a la posibilidad de los ciudadanos de llevar a cabo algún tipo de fiscalización y evaluación del trabajo gubernamental, con el fin de verificar que lo decidido de manera conjunta por el gobierno y la sociedad, sea llevado a cabo. Mecanismos como la revocación de mandato y la rendición de cuentas, pueden ser de gran utilidad.

La participación en la ejecución. Implica la combinación de los anteriores niveles, además de un alto nivel de coordinación y corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía.

Luego entonces, ¿qué profundidad de participación se estará pensando para este comité de participación ciudadana, en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción?

Este tema de la corrupción, si bien es algo que pudiera ser ponderado como algo sencillo en cuanto a que bastaría en saber distinguir entre lo que está legalmente bien y mal; la realidad es que las complicidades y mecanismos que se han formado hasta convertirse en el principal cáncer de nuestro desarrollo, son altamente complejas.

De esta manera, para un tema de carácter altamente técnico, para desarrollar dispositivos para el combate a la corrupción, el perfil de los ciudadanos debe ser también altamente técnico para poder evaluar con objetividad y eficacia el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, dado que habrá instituciones de combate a la corrupción fortalecidas e incluso nuevas, que ejecutarán las acciones resultantes de este nuevo arreglo institucional, es indispensable complementarlas con acciones ciudadanas que observen y evalúen puntualmente sus procesos; de manera independiente y objetiva, emitiendo opiniones calificadas que contribuyan a construir el andamiaje de una nueva gestión pública honesta.

El trabajo que desarrollarán los ciudadanos que conformen este comité, por tanto, debe contar con certeza jurídica, claridad en sus objetivos, tiempo para dar resultados, soporte técnico, y sobre todo la misma confianza de la sociedad.

De esta manera, en nuestra opinión, el Comité de Participación Ciudadana del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y sus correspondientes réplicas en el ámbito local, deberá configurarse con al menos de las siguientes ocho características.

Formado por ciudadanos altamente calificados en las áreas profesionales afines a las disciplinas requeridas en el combate a la corrupción.

Procesos de selección de los ciudadanos que integren el Comité que garanticen la probidad e imparcialidad requerida.

Una convocatoria de integración abierta, transparente y con certeza jurídica.

Los cargos deberán ser honoríficos.

La temporalidad del encargo de cuatro años con posibilidad de reelección.

Contar con la posibilidad de contratar el personal técnico indispensable que les apoye en sus tareas.

Debe ser un observatorio del funcionamiento del sistema, midiendo indicadores y evaluando resultados para emitir recomendaciones que deberán ser incorporadas a las tareas ejecutivas por los órganos e instituciones que forman parte del sistema.

Deben ser receptores de informes y reportes de estas instituciones del sistema con fines evaluativos.

Así, con un comité de estas características tendrá una tarea significativa, asequible y efectiva para que el nuevo Sistema Anticorrupción tenga un liderazgo cívico que le permita transitar en escenarios complejos y turbulentos, más allá del desencanto ciudadano o del riesgoso maniqueísmo.

Señoras y señores senadores:

El estado de San Luis Potosí celebra que tanto la reforma constitucional como las iniciativas que nos ocupan incluyeran las figuras y mecanismos de participación ciudadana en el nuevo modelo de combate a la corrupción. Porque, como se ha sostenido, es a través de la participación de los ciudadanos, en la definición de las políticas públicas como el Estado garante se hará su legitimidad democrática, no de manera perversamente conveniente sino de manera justa y transparente.

Muchas gracias por esta oportunidad.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, señor contralor del estado de San Luis Potosí.

Recibimos con gusto a nuestro amigo, el senador Armando Ríos Piter y al senador Luis Humberto Fernández, que van integrando a los trabajos.

Damos el uso de la palabra al licenciado Miguel Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría General del gobierno del estado de Sonora.

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO: Gracias.

Senadora Rocío Pineda; senadora Pilar Ortega; señor senador Armando Ríos Piter y senador Luis Humberto Fernández.

Señoras y señores; compañeros colegas; señor licenciado Huacuja.

Es un verdadero honor para mí estar en esta mesa, compartiendo esta tarde una preocupación no sólo del Senado de la República ni del Congreso de la Unión ni de los congresos de los estados, ni siquiera de los gobernantes en su conjunto sino de una preocupación de todos los mexicanos.

El combate a la corrupción y a la impunidad es una demanda, la más sentida de los mexicanos. Y desde luego es el reto fundamental de quienes hoy ostentamos un cargo.

Sabemos de las dificultades que presenta el reto y sabemos también de los enemigos que tiene la lucha por el combate a esta rémora que caracteriza al Sistema Político Mexicano.

También sabemos que la corrupción viene de lejos, que no se inventó hace días en este país, que no es mexicana naturalmente pero que en México sí la hemos elevado a dimensiones inconmensurables, vergonzosas, y que tenemos algo que hacer no sólo para encontrarle sentido a nuestra existencia o a nuestra presencia en un cargo de gobierno o legislativo, sino para demostrar que definitivamente estamos decididos a cambiar el rumbo del país y a sembrar la semilla que genere nuevos horizontes y esperanzas renovadas de un pueblo que está estrujado y que está en la crisis esencial de toda comunidad, que es la que se da cuando se pierde la confianza en sus gobiernos y en sus instituciones.

Y entonces celebro esta reunión, señores senadores, y comparto con ustedes una preocupación, como un mexicano más y como un secretario de una de las contralorías del país.

Y entre otras consideraciones, yo me quiero permitir, en base a nuestra experiencia, a dejar siete propuestas muy concretas, que se pudiesen considerar provisionales, si ustedes quieren, porque el debate va a continuar en esta mesa y en otros foros para llegar a la cristalización de las leyes reglamentarias que tanto estamos esperando en las entidades federativas para adecuarnos a ellas y trabajar en conjunto, armónicamente, en la lucha por el contrario la corrupción y la impunidad.

Estas propuestas desde luego las deja en la mesa y reitero nuestra disposición a contribuir en lo que se haga necesario, para que a la brevedad tengamos esos instrumentos jurídicos que tanto necesitamos para demostrar de qué estamos hechos y si estamos dispuestos en serio, porque en este país y rápidamente lo digo, es muy fácil encontrar desalientos en el camino.

Personas, por ejemplo, que están vencidas de antemano cuando se debate sobre el combate a la corrupción. Es muy común y en cada esquina uno se encuentra a esas personas que se la pasan banalizando la corrupción para relativizar la suya propia.

Es muy común también encontrar a esos señores que se la pasan criticando a los corruptos, pero que están urgidos de ser corrompidos.

Y yo creo que en la medida de que se fortalezca y tengamos leyes con dientes suficientes, vamos a ir eliminando a aquellos miles, millones –diría yo— de mexicanos pretensos de inmiscuirse en la cosa pública cuando empecemos a tener verdaderos candados ´para cerrar la puerta, no sólo a los oportunistas, sino a aquellos que no tienen vocación político y social para desempeñar el cargo más honroso que puede tener un mexicano, que es el cargo de la representación.

Por eso les quiero decir de la solidez, del sustento jurídico del nuevo Sistema Anticorrupción dependerá nuestra actuación en los próximos años.

Por ello es doblemente significativa la oportunidad de compartir la problemática que enfrentamos cotidianamente, ante el deseo ciudadano de que se actúe con firmeza, con precisión y desde luego con efectividad ante los hechos de corrupción.

Así como las condiciones de los bienes sociales de la educación y la salud se convirtieron en parámetros de evaluación, hoy los gobiernos son evaluados también por lo que hacen o no hacen en su lucha contra la corrupción.

Pero vemos con reserva la forma cómo ésta se presenta con más frecuencia en el tejido social al margen del vínculo gobierno-ciudadanía.

El combate a la corrupción es un asunto que nos atañe a todos, no únicamente a los gobernantes ni a los legisladores.

Los datos son muy reveladores y quiero destacar uno ya mencionado en este Recinto, que me parece de veras muy significativo.

Y como muchos mexicanos tenemos la mala costumbre de olvidar lo que damos por sabido, yo quiero permitirme en esta ocasión recordar lo siguiente:

Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, la corrupción representa una pérdida de 890 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 87 veces el presupuesto de la UNAM, y 7.7 veces el dinero que se destina a la Secretaría de Desarrollo Social para combatir la pobreza, o 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. De ese tamaño es el problema que tenemos.

Es preocupante pues, señoras y señores, que la rentabilidad inmoral de la corrupción política sea equiparable; sea equiparable a los beneficios obtenidos por el narcotráfico.

Pero tampoco son alentadoras las posiciones logradas por México ante organizaciones como Transparencia Internacional, organismo como el Banco Mundial, en la percepción de la corrupción y en los esfuerzos por controlarla.

El estancamiento de México en el índice de percepción de la corrupción es una llamada de atención al esfuerzo conjunto de nuestro trabajado por combatirla.

La ley no alcanza a tiempo en este país a los corruptos, y lo más grave, se convierte en pretexto para la impunidad.

Y con esa impunidad viene desde luego la consecuente pérdida de la confianza del ciudadano y en sus instituciones y sus dirigentes.

Propuesta uno: Consideramos fundamental que estos proyectos de iniciativa, que estos proyectos, contemplen incrementar estrategias destinadas al uso de inteligencia en la sistematización del flujo y compartición de información entre entidades federales y estatales, para de esa forma poder ser oportunos en identificar a todos los involucrados en hechos de corrupción.

El estado de Sonora hace hoy su mejor esfuerzo por responderles a los sonorenses en la materia que nos ocupa: La creación de la primera fiscalía en el país, especializada en investigar hechos de corrupción.

La inclusión de órganos internos de control en todas las dependencias del gobierno, además de la presentación de la declaración 3de3 del Gabinete Legal y Ampliado, ante organizaciones civiles como es Transparencia Mexicana.

La firma de acuerdos con municipios en materia de combate a la corrupción y la implementación del modelo de licitaciones abiertas, que implican la participación activa de testigos sociales, transmisiones en tiempo real sobre el proceso de licitación, desde la publicación de la convocatoria hasta el fallo correspondiente.

El testigo virtual y la máxima publicidad ciudadana para la vigilancia de la obra pública, así como protocolos de transparencia, son ejemplos de las acciones concretas que reflejan el compromiso adquirido por la gobernadora Claudia Pavlovich, y de hecho dicho compromiso pues que se vea traducido en beneficios tangibles de rendición de cuentas para la ciudadanía y en la cuenta pública más limpia de la historia, que pretendemos para este año.

Pero ante el colapso de la administración que hemos recibido, trabajamos hoy en modernizarla y en desarrollarla, privilegiando el uso de tecnología de información para reducir la burocracia y usar el respectivo ahorro en recursos en obras y programas sociales.

Porque en Sonora estamos ante un caso atípico, lo saben todas y todos ustedes.

Por un lado, tenemos una gran cantidad de denuncias y daños al erario que nos exigen esfuerzos extraordinarios para resolverlos.

Y, por el otro, nos vemos impedidos a sancionar algunos excesos que por vacíos en la ley se convierten en legales.

Vemos fundamental que el Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes complementarias, además de potenciar el uso de la inteligencia financiera conjunta entre estado y Federación ya mencionada, se incluyan en, propuesta 2: más severidad en las inhabilitaciones, así como mayor facilidad para imponerlas.

Coincidimos en que en la ampliación de los plazos de prescripción de las infracciones administrativas a diez años y proponemos, en el caso de las inhabilitaciones de los servidores públicos, se amplíen las sanciones de diez a veinte años. En Europa se están proponiendo hasta 30 años de inhabilitación para una persona que comete delitos de corrupción; y desde luego en México hay que valorar también esa posibilidad, para que esto les impida ejercer otro cargo en cualquier parte del país, en los tres niveles de gobierno, porque también vemos con frecuencia que un inhabilitado en el ámbito estatal tiene un trabajo federal y no tiene impedimento legal para ocupar el cargo. Así también en los poderes legislativo y judicial.

Propuesta 3: que se incluya además de cursos de formación ética y de servidores públicos, la creación de modelos para promover la integridad del funcionario mediante premios, estímulos y/o recompensas a servidores con trayectoria ejemplar, que apuntalen las conductas requeridas para el servicio público y coadyuven a erradicar las prácticas tan arraigadas de ineficiencia y corrupción.

Propuesta 4: que se establezcan proceso claros y expeditos que permitan sancionar tanto a los servidores públicos, como a los terceros involucrados en los actos de corrupción; así como establecer acciones reales y eficaces para recuperar los recursos sustraídos.

Propuesta 5: que se proporcione mayor capacidad de respuesta a las contralorías para dar seguimiento a la situación patrimonial de servidores públicos, mediante el intercambio de información y estrategias con los otros órdenes de gobierno.

Propuesta 6: que se privilegien todos los análisis de interés común, sobre los intereses personales, políticos o corporativos; porque la petición del ciudadano de que se nos tenga confianza es constante, mientras que nuestra oportunidad de sancionar a un servidor público por ilegalidades administrativas, dura sólo tres años.

La administración pública requiere de servidores comprometidos con la transparencia, pero las entidades responsables de combatir la corrupción lo requieren aún más. Por ello, abrazamos la propuesta contemplada en los proyectos, de formalizar un servicio civil de carrera para las entidades que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.

Señoras y señores legisladores:

El marco jurídico que se perfila hoy puede proporcionar a las contralorías estatales esas anheladas atribuciones de ser verdaderos controles internos de las administraciones públicas estatales, para cumplir objetivos claros y a su vez le permitan enfocarse tanto en la promoción de la integridad de los servidores públicos.

Propuesta número 7: impulsar alianzas sociales para combatir la corrupción a través del empoderamiento ciudadano e impulsar estrategias de contraloría social para fomentar los nuevos ciudadanos, para la formación de los nuevos ciudadanos.

Todo ello con la información que les permita ser vigilantes del quehacer gubernamental y programas de educación hacia el combate de la corrupción; porque si no lo logramos en la ciudadanía, que la ciudadanía se interese de verdad en este asunto, de veras que no tendremos perspectivas de mejora en el tema.

No olvidemos que siete de cada diez mexicanos ven aceptable y como algo natural y normal el que un funcionario se aproveche del cargo para obtener beneficios personales. Estamos obligados a cambiar eso y por eso consideramos en esta, la última de las propuestas, por ahora desde luego, el que se elabore una agenda nacional encabezada por el Poder Legislativo, desde luego que sería muy bienvenida esta propuesta, que se ha venido manejando ya, en los estados de la República para coordinar la armonización con los congresos locales, difundir los contenidos de las leyes, diseñar planes de acción encaminados hacia la homologación de los sistemas estatales anticorrupción y con respeto a la autonomía de los poderes, vigilar también su implementación en todo el país.

Podremos tener, señoras y señores, la mejor ley del mundo en materia de combate a la corrupción, pero sería inútil si no hay voluntad para cumplirla.

Nuevamente agradezco a los integrantes de esta Soberanía la oportunidad brindada para exponer nuestras reflexiones acerca de este tema tan trascendental para México y los mexicanos.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, licenciado, es usted muy amable. Maestra Lucina Tamayo, Secretaria de la Contraloría del estado de Tabasco.

MTRA. LUCINA TAMAYO BARRIOS: Muchas gracias.

Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación que hizo la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos; y reciban un atento saludo del señor gobernador del estado de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez.

Mi ponencia trata de propuestas para los órganos de control interno de la administración pública.

La dinámica social por la que han transitado nuestras organizaciones, han formado una sociedad cada día más vigilante del actuar de sus gobernantes.

Esto ha provocado que tengamos ciudadanos que exigen, entre otras cosas, un combate frontal y profundo a la corrupción, que no sólo aqueja en el ámbito de los tres órdenes de gobierno sino que ha ganado presencia en la iniciativa privada.

Ante esas exigencias, es imprescindible contar en cualquier ente de la administración estatal, con servidores públicos con pleno conocimiento en derecho administrativo, sus alcances y limitaciones. Esto evitaría una errónea toma de decisiones con efectos en la esfera jurídica de los particulares.

Con la reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción y que en uno de sus preceptos busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y establecer a favor de los ciudadanos principios rectores de la función pública que se traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de gobernados y servidores públicos.

Estos preceptos obligarían a los servidores públicos a conducirse con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.

La existencia de sistemas de control y fiscalización de la administración pública es indispensable para la eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático.

Así, con el Sistema Nacional Anticorrupción se han sentado las bases jurídicas para avanzar en la modernización de la atención eficaz y transparente de las actividades que como gobierno debemos realizar para y ante nuestros conciudadanos.

A partir de la reforma constitucional, los Órganos de Fiscalización hemos emprendido la actualización del Marco Jurídico Normativo que dé la vialidad necesaria para que en la práctica se combata el flagelo de la corrupción, a través del conocimiento que los servidores públicos debemos tener sobre el derecho administrativo que implica conocer nuestras obligaciones, atribuciones, funciones y las sanciones a las que se debe hacer acreedor al cometer una falta grave o no grave, ya sea por acción o por omisión.

No basta designar, asignar, otorgar o entregar un cargo, puesto o comisión en el servicio público a cualquier persona si antes no se le ha capacitado y evaluado sobre dicho tópico.

Desde luego, para poder lograr lo planteado es necesario el establecimiento de las siguientes acciones:

Promover que en todas las dependencias y entidades de la administración pública sea obligatoria la creación y funcionamiento de los Órganos de Control Interno.

Evaluar el ingreso y permanencia de los funcionarios que conforman los órganos de control interno, permanente capacitación teórico-práctica de los servidores públicos de los órganos de control interno.

Garantizar, a través de percepciones y estímulos al personal de los órganos de control interno, dado que en muchas de las ocasiones se percibe un salario inferior al resto de quienes integran la administración pública.

Establecer y garantizar el servicio profesional de los funcionarios de los entes fiscalizadores. Esto permitirá la profesionalización y especialización de los servidores públicos y garantizará un mejor desempeño y funcionamiento de los órganos de control interno.

Dotar de mayores herramientas de trabajo a las áreas operativas y técnicas.

Establecer en el marco normativo que los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública no sólo dependan jerárquica y funcionalmente del titular del órgano de control interno del poder u órgano constitucional al que pertenezca, sino también económicamente, dado que es recurrente, en la praxis, encontrarnos que si bien legalmente se prevé la dependencia jerárquica y funcional, también los es que las percepciones salariales son otorgadas por los funcionarios a quienes deben vigilar, fiscalizar y, en su caso, sancionar, lo que resulta un tanto contradictorio y políticamente dependiente, que no garantiza la imparcialidad y eficacia en la prevención y corrección disciplinaria por no contar con su independencia profesional.

De igual manera, en la materia de imposición de sanciones, derivado de los respectivos procedimientos de responsabilidad administrativa, de se debe eliminar la atribución que se da a los titulares de las dependencias o entidades, al momento que el órgano de control interno, adscrito a las mismas, tengan que, en acuerdo con dicho titular, determinar e imponer la sanción conducente al servidor público infractor de la ley.

Pues no es posible que para imponer las sanciones, los órganos de control tengan que acordar con el titular del ente público la sanción a fijar al servidor público de su adscripción, lo que limita y en muchos casos resulte cuestionable al constreñir al órgano de control interno, porque no se puede ser juez y parte.

Con ello tendremos mejores órganos de control interno que puedan no sólo evaluar, también capacitar a quienes se encuentran actualmente desempeñando el servicio público y aquellos que pretendan ingresar a la administración pública en cualquier ámbito.

Estas y otras acciones que estoy segura que ustedes escucharán y aportarán, son necesarias para que a quienes nos toca realizar las funciones como entes fiscalizadores, sean tomadas en consideración en razón de que no sólo basta crear un sistema jurídico adecuado para combatir la corrupción en todos los sentidos, sino también dotar y garantizar a quienes realizamos esa labor de que hacerlo, lo haremos con las mejores garantías jurídicas y laborales para ejercer un adecuado ejercicio de supervisión, fiscalización y, en su caso, de sanción.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias maestra Tamayo.

Doctora Gilda Cavazos.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Muy buenas tardes.

Saludo con respeto al senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.

A la senadora Pilar Ortega; a la senadora Rocío Pineda; y al senador Armando Ríos Piter, al senador Luis Humberto Fernández.

Muy buenas tardes.

Saludo a mis compañeros contralores: Gabriel, de San Luis Potosí; a Miguel Ángel, de Sonora; Lucina, de Tabasco, y a nuestro Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Coordinador Nacional, al contador Manuel Antonio Fernández Vargas, de Yucatán.

Muy buenas tardes amigos que nos acompañan:

Agradezco la invitación que nos hiciera el Senado de la República para de una manera incluyente darnos voz a los contralores de los estados.

Reciban un saludo de mi gobernador del estado de Tamaulipas, el ingeniero Egidio Torre Cantú. Quiero ordenar, o voy a tratar de ordenar mi presentación en dos grandes rubros:

El primero, yo quisiera posicionar la participación de los órganos estatales de control en el contexto de los trabajos de las leyes secundarias anticorrupción y de algunos otros temas de transparencia y fiscalización en los que trabajamos actualmente a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.

No estaba en el programa mi compañero, así que voy a hablar un poquito de la Comisión Permanente de Contralores.

Y, en un segundo plano, hablaré de algunos comentarios concretos y específicos de algunas propuestas que son inquietudes derivadas de la práctica y del ejercicio que hacemos en las contralorías de los trabajos que desarrollamos y que nos inquieta pudieran ser incluidas en las leyes secundarias y en otras modificaciones a alguna otra normatividad.

En el marco de participación de los órganos estatales de control, me gustaría comentarles que estamos actualmente los órganos estatales integrados en la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.

Estamos agrupados en 5 regiones geográficas; tenemos una agenda de trabajo comprometida con la Secretaría de la Función Pública, bajo el liderazgo del maestro Virgilio Andrade, enmarcada en 24 líneas de acción –perdón-, en 14 líneas de acción que nos derivan en 24 actividades que tenemos actualmente en marcha y que van desde el diseño, análisis, determinación y edición de las normas profesionales de auditoría para el sector gubernamental.

Elaboración y edición de lineamientos de auditoría para fondos federales.

Protocolos de actuación de los servidores públicos y otros temas más que no les voy a enunciar, que por ahí escuché que alguien los mencionó en alguna de las reuniones que ya tuvieron.

Los órganos estatales de control tenemos actualmente una participación responsable y directa con el Sistema Nacional Anticorrupción, con el Sistema Nacional de Transparencia, y el Sistema Nacional de Fiscalización, elementos los tres, integradores de la materia que nos ocupa.

¿Por qué menciono las actividades de las contralorías? Porque considero importante que ustedes como Senado de la República conozcan esta dinámica de trabajo, cuyas acciones y tareas de coordinación abonan a la buena marcha de las disposiciones establecidas o por establecer en las materias de transparencia, fiscalización y anticorrupción.

En este marco, se propone fortalecer en las leyes secundarias a los órganos de control como entidades promotoras del orden, la capacitación y concientización a los servidores públicos de que el ejercicio del gasto público se deberá hacer apegados a la normatividad a través de las mejores prácticas en materia de control interno y fiscalización.

Se propone también fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización, con el objeto de no traslapar procesos de auditoría de los diferentes entes fiscalizadores.

En este tenor, nos integramos los contralores a la agenda nacional anticorrupción.

Enseguida, me voy a permitir hacer algunos comentarios más concretos y específicos de algunos temas:

1. Considerando que el elemento esencial en la detección de conductas de corrupción de los servidores públicos se deriva de las prácticas de auditorías, es importante relevar el tema de la mejora del marco regulatorio que aplica al ejercicio de los recursos federales y estatales.

Recientemente, Auditoría Superior de la Federación publicó los resultados de la revisión al gasto federalizado de los estados. En el documento Informe General, presenta algunas recomendaciones al marco regulatorio, que me parecen interesantes y procedentes. Por ejemplo, en el programa de escuelas de tiempo completo, menciona la necesidad de adecuar el marco normativo al programa, ya que la aplicación de los recursos corresponde a ciclos escolares y no a un ejercicio fiscal.

Esta falta de claridad en la normatividad originó a nivel nacional una serie de observaciones en los ejercicios 2013 y 14, que consideramos no procedentes para los estados y que aparenta al ser observado y cuantificado, un acto irregular de los estados.

Y esto me lleva al tema del principio de anualidad. Como ustedes saben, este principio se refiere a la aplicación de los recursos en el año fiscal; considerando que la dispersión de los recursos federales esté sujeta a los procesos de recaudación o disponibilidad de la federación, el estado en algunos fondos no dispone de ellos con oportunidad para hacer un ejercicio correcto de los mismos.

Por lo anterior, se propone se establezca para el ejercicio de los recursos, un año calendario contado a partir de la fecha de recepción de los mismos. Esto permitirá a los estados ejercer el recurso de manera correcta y evitar caer en subejercicio o mala aplicación del mismo, por la exigencia del tiempo.

La presión para ejercer el recurso puede eventualmente, promover la corrupción.

Recursos no ejercidos. Para Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y las ASOFIS, se considera como recurso no ejercido el saldo que se presenta en la cuenta bancaria aperturada para la administración de los recursos al 31 de diciembre del año que se revisa.

En algunas ocasiones, este saldo se encuentra devengado, es decir, el gasto se realizó en el ejercicio y el pago se efectuó en el mes inmediato posterior.

Se propone considerar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, las ADEFAS, debidamente registrados en la contabilidad, como un recurso ejercido en el año para el que fueron autorizados.

Con respecto a las reglas de operación de los fondos y programas, es necesario establecer criterios claros de interpretación; así como agilizar los trámites contenidos en las mismas reglas de operación, que permitan a los ejecutores tener certidumbre jurídica y oportunidad en la aplicación del recurso.

Un ejemplo de esta situación la tenemos en el ejercicio de los recursos de FASP y SUBSEMUN, cuando se tienen que solicitar las reprogramaciones de algunos recursos ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, siendo éste un proceso sumamente largo y complicado.

En apoyo a propuesta realizada por Auditoría Superior de la Federación, apoyamos la iniciativa de una ley del gasto federalizado que integre todas las disposiciones normativas que rigen el ejercicio del gasto federal; tales como la ley de coordinación fiscal, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley general de contabilidad gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación y otras leyes de la materia; esto permitirá una mejor aplicación de las normas.

Competencias de los órganos de control:

Considerando que eventualmente los estados deberemos replicar el modelo del sistema anticorrupción que se establezca en la Ley General Anticorrupción, y habiendo observado en la propuesta la integración de una comisión anticorrupción, es necesario determinar claramente las atribuciones de los órganos estatales de control.

En materia de sanciones, se menciona que la detección de irregularidades graves se turnará a la Comisión Anticorrupción y los órganos de control aplicarán las sanciones no graves o de carácter administrativo.

Se propone establecer claramente en las leyes secundarias el concepto de grave, entre comillas, con el objeto de identificar aquellas irregularidades que le corresponderían al órgano de control.

Por otra parte, y en este contexto, me gustaría referirme al tema de enriquecimiento ilícito.

Los Órganos Estatales de Control no tenemos competencia jurídica para solicitar a las instituciones bancarias información relacionada con los servidores públicos, motivo por el cual las declaraciones patrimoniales de los mismos pueden ser verificadas de manera muy limitada.

En este tenor, proponemos establecer claramente como competencias de los órganos de control el acceso a la información de cuentas bancarias de los servidores públicos o, en su defecto, establecer claramente en las leyes secundarias que el tema de enriquecimiento ilícito, su investigación y definición sea competencia de la comisión Anticorrupción, en nuestro caso, las Comisiones Estatales Anticorrupción, y otorgarle las competencias necesarias para cumplir esta función.

Por otra parte, es necesario establecer un mecanismo de coordinación estructural y operativa entre el Sistema de Administración Tributaria, la comisión Nacional Bancaria y de Valores, los registros públicos de la propiedad que permitan de una manera ágil la detección del patrimonio de los servidores públicos.

6. Quejas y denuncias de la ciudadanía.

Concretamente me refiero al tema de la carga de la prueba.

En la legislación de nuestro estado se establece en el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas que cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba podrá formular denuncia ante la autoridad competente respecto de las conductas a que se refiere el presente artículo.

Actualmente, aproximadamente el 95 por ciento de las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía no aportan pruebas suficientes que permitan iniciar un procedimiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos.

Proponemos considerar en las leyes secundarias claramente la instancia responsable de integrar las pruebas en contra de los servidores públicos.

Si la carga de la prueba la tendrá el ciudadano o se traslada a los órganos de control, los cuales deberán adicionalmente establecer los mecanismos de investigación necesarios para el desarrollo de estas tareas.

Aquí termino mi participación.

Reitero mi agradecimiento por el espacio que nos han brindado. Muchas gracias y a sus órdenes.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctora Gilda Cavazos.

Contador Público Miguel Antonio Fernández, Secretario de la Contraloría General del estado de Yucatán.

C.P. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS: Buenas tardes.

Agradeciendo de antemano la invitación, senador Pablo Escudero; a los senadores Armando Ríos, senadora Pilar Ortega, senadora Rocío Pineda, senador Luis Humberto Fernández, por invitarnos a todos los compañeros contralores de todos los estados a dar nuestro punto de vista en esta materia.

Lo agradecemos mucho porque no siempre tenemos este tipo de oportunidades.

Nosotros en Yucatán vamos a hablar de acciones en materia de anticorrupción en la Secretaría de la Contraloría del estado de Yucatán con un enfoque preventivo.

Dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción se contempla el fortalecimiento de los Órganos de Control Interno Estatales en materia de prevención, control, auditoría, investigación y sanción.

Se prevé que las entidades que integren el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización diseñen e implementen políticas en materia de prevención, control y disuasión de la prevención con carácter integral, en especial sobre las causas que generan dichos actos.

Es en este sentido que en Yucatán la Secretaría de la Contraloría, acorde a este modelo, ha privilegiado dentro de las acciones de su competencia el fortalecimiento del control interno, con la creencia de que en la administración pública tanto el control interno como el externo son necesarios, ya que uno conlleva al otro.

Un control interno efectivo fortalece el control externo, por lo que el papel del órgano estatal de control en la actualidad es prevenir antes que sancionar.

Como parte de los esfuerzos que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría General del estado de Yucatán en materia de anticorrupción, se llevan a cabo acciones para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

¿Cuál es su objeto?

Es proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos de corrupción.

¿Qué antecedentes tenemos en nuestro estado?

El 16 de octubre del 2013 la Secretaría de la Contraloría General, como parte de los trabajos de mejora continua en materia de control interno, emitió los lineamientos para la implementación del sistema de control interno institucional, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Lo anterior con la finalidad de establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de control interno que permita lograr una mayor eficacia en la administración de los recursos del estado y el cumplimiento de las metas y objetivo institucionales.

¿Cuáles son sus características?

Se conceptualiza el control interno institucional como un sistema integral; se implementa el Comité de Control Interno, se integra un Manual de Control Interno, se diseñan indicadores estratégicos y de gestión y se delimitan las responsabilidades por nivel jerárquico.

Su metodología nos dice que primero planeamos el proyecto, integramos los comités, se diseñó el sistema, documentamos los procesos y evaluamos el sistema.

Luego vinieron las etapas. En la planeación del proyecto se llevan a cabo reuniones con los titulares de las dependencias y entidades a fin de darles a conocer el proyecto y se señalan aspectos importantes como antecedentes: la problemática que ocasiona un control interno deficiente; etapas del proceso de implementación del sistema; la descripción del control interno. El objetivo de dichas reunión es elaborar y autorizar el programa de trabajo, formalizando así el compromiso de la entidad.

Se coordinan esfuerzos entre la Secretaría de la Contraloría General, trabajando en forma coordinada con dos dependencias: la Secretaría de Administración y Finanzas, que es la instancia que asesora en la elaboración de manuales de organización y de procedimientos y la Secretaría Técnica del gabinete, planeación y evaluación que asesoren la elaboración y medición de indicadores estratégicos y de gestión.

En la instalación de los comités de control interno se contribuye al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales para mejorar al sistema.

Se aprueban las actividades necesarias para la instalación del sistema y supervisar su cumplimiento.

Se vigila que los procesos y/o procedimientos necesarios para el sistema sean establecidos, implementados y mantenidos.

Se reporta al titular sobre el funcionamiento del sistema, con base en los indicadores de desempeño y se emiten recomendaciones derivadas de los informes de evaluación interna y dar seguimiento a las mismas.

Cursos de capacitación.

Se llevan a cabo cursos de capacitación impartidos por personal de la Secretaría de la Contraloría General y de la Dirección de Desarrollo y Renovación Institucional, así como de la Secretaría de Administración y Finanzas, participando personal de estas dependencias en el diseño, documentación y evaluación del sistema de control interno institucional.

En la segunda etapa, que es el diseño del sistema, se deben considerar al menos los siguientes entregables: manuales de organización, manuales de procedimientos, manual de control interno, evaluación del sistema de control interno institucional e informe anual de evaluación interna.

Luego vamos a tener, en la evaluación del sistema, la evaluación interna, que se va a llevar al cabo una revisión del sistema de control interno con personal de la dependencia, conforme al programa de trabajo autorizado, lo que permite detectar debilidades y la elaboración de los planes de mejora que permitieron diseñar y desarrollar acciones correctivas.

La evaluación externa: La Secretaría de la Contraloría realiza auditorías de control interno en las dependencias con el fin de detectar irregularidades u omisiones en el sistema de control interno, ante lo cual se emiten las recomendaciones necesarias que permitan a los titulares solventar las deficiencias encontradas y de este modo fortalecer los mecanismos institucionales.

Existe cada año un informe: los titulares de las dependencias y entidades informan a la Secretaría de la Contraloría General a más tardar el 20 de diciembre de cada año, el estado que guarda el sistema de control interno institucional y manifiestan lo siguiente:

Los aspectos relevantes derivados de la evaluación interna.

Los resultados relevantes alcanzados por la implementación y fortalecimiento del control interno del año en curso.

El resultado de la evaluación de indicadores de desempeño y el programa anual de trabajo aprobado para el ejercicio posterior.

Actualmente como resultado de los esfuerzos que de manera conjunta se han realizado desde el ejercicio 2013, las dependencias del sector centralizado ya cuentan con un sistema de control interno institucional que mediante procesos de planeación, medición, análisis y mejora, se evalúa de forma permanente a fin de proveer una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con respecto a las entidades del sector paraestatal, éstas han iniciado sus procesos de implementación del sistema y se espera concluyan sus proyectos a más tardar en el ejercicio 2017.

Y en relación a lo mismo, a lo que hemos dicho ahorita. Nosotros, en Yucatán, y en el trabajo de la Contraloría, vimos con mucho agrado y satisfacción que dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, se considerara la vigencia y la importancia de la Secretaría de la Función Pública.

Y es que el combate a este fenómeno está amalgamado en control interno y control externo, y que en instituciones, como la Secretaría de la Función Pública, y la Auditoría Superior de la Federación, estaremos y deberemos fortalecerla dada la importancia de su trabajo.

Eso es todo señor.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias señor Secretario del estado de Yucatán, de la Contraloría.

Licenciado Luis Humberto.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Buenas tardes. Bienvenidos.

Primero que nada nos damos por saludados por todos los gobernadores y eso me lleva a una pregunta obligada, que es: cuál es el grado de independencia que debe tener el órgano de control del titular del Ejecutivo.

Y la segunda que me gustaría poner particularmente el acento, es:

Su servidor presentó hace algunos meses una Iniciativa sobre equiparar los delitos de corrupción a crimen organizado. Me gustaría tener su opinión.

Si me permiten, en un minuto les planteo:

El punto es que el corrupto no actúa solo, actúa en una base de impunidad de redes de corrupción.

Este tema ha sido planteado a nivel internacional por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a partir de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Mérida, Yucatán, en el 2013, que establece esto.

También la Convención de Naciones Unidas sobre crimen organizado, plantea que es un grupo delictivo, o un grupo de crimen organizado, a quien en un grupo de 3 o más personas realiza actividades delictivas.

La legislación actual lo que hace es que considera una excepción. No considera crimen organizado más que cuando hay un servidor público de las fuerzas armadas.

Mi punto es que esta excepción, es una excepción innecesaria y es una excepción que le acaba siendo funcional a los corruptos.

Entonces la pregunta concreta es: ¿Qué opinarían ustedes de que los delitos de corrupción, cuando actúen más de 3 personas de manera coordinada, se considere crimen organizado?

Porque esto permitiría mayor potencia en la investigación, da muchas más herramientas, da posibilidades de información y otro tipo de acceso a los órganos de control del Estado que, que actualmente no tienen.

Sería básicamente mi pregunta, señor presidente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Tengo registrada a la senadora Pilar Ortega y al senador Armando Ríos Piter.

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias.

Quisiera primero, agradecer la presencia de todos ustedes en esta jornada y son dos comentarios, a manera también de inquietud y de pregunta.

La primera para el licenciado Huacuja. Cuando hablaba de la preocupación que tiene por las sanciones de carácter administrativo y los tipos administrativos, en ese sentido comparto mucho de lo que usted nos dijo el día de hoy aquí.

Sí creo que tenemos que ser muy precisos en la definición de los tipos y de las conductas que se van a sancionar, y desde su punto de vista, cómo hacer también para que esto al momento de configurar tipos penales, que no hay un mandato constitucional para redefinirlos, pero creo que se tiene que hacer. No están funcionando como se están aplicando y es un tema que no está dentro del mandato de la reforma constitucional, pero que tenemos que llegar a ello un poco, si nos pudiera abundar un poquito más.

Y segundo, en el caso de los contralores que hoy nos visitan, la primera jornada de este foro nos hacían mucho la reflexión de las reuniones que tienen nacionales, a las que ustedes se han referido, y cómo ahora con el sistema ya no estaremos hablando de unas reuniones que se realicen de manera voluntaria para acordar experiencias exitosas; sino las reuniones o el trabajo en conjunto tendrá que ser a partir de un sistema organizado y articulado.

Y en ese sentido, como parte de lo que nosotros hoy tenemos que construir justamente son las bases de este sistema, me gustaría saber cuál es su punto de vista respecto de las herramientas que ustedes consideran fundamentales para que este sistema realmente esté articulado y que a partir de ahí se puedan construir decisiones y definiciones que le sirvan a todos los estados del país de una manera más sistematizada, articulada y ordenada.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Senador Armando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, presidente. Muchas gracias a los compañeros y compañeras ponentes.

Yo tengo tres comentarios, agradecerles su presencia al licenciado Huacuja, tuve la oportunidad de estar con él y con sus compañeros y compañeras de la barra de abogados recientemente en una presentación, tienen ellos un equipo de hecho, especializado en el tema del combate a la corrupción, y quiero aprovechar el comentario solamente para traer lo que tuve la oportunidad de decir en aquel foro, a éste, con la presencia de mis compañeras y compañeros senadores; que es:

Creo, presidente, que la presencia de la Barra de Abogados va a ser significativa no solamente por la presentación del licenciado Sergio; sino yo ponía en términos plásticos y solamente la quiero traer casi en los mismos términos coloquiales que yo decía la vez pasada.

Ahí donde hay un acto de corrupción, posiblemente hay algún abogado que haya echado la mano para que ocurriera. Y lo digo en el mejor de los términos, yo soy abogado. Esta batalla es entre buenos políticos contra malos políticos, buenos funcionarios contra malos funcionarios, buenos senadores contra malos senadores, buenos abogados contra malos abogados; quiero plasmarlo en ese sentido.

Porque me parece que si queremos hacer un sistema nacional anticorrupción que esté a prueba de balas y que no se pierda en los vericuetos de un tema tan grandote como OHL, donde tienes metidos a todos los actores del poder estatal, algunos que ahora están en el Poder Federal, todas las dimensiones y todos, repito, los vericuetos de carácter jurídico, necesitamos alguien que nos ayude a desglosar las tripas en el más profundo de los sentidos: dónde es donde la ley muchas veces facilita, posibilita, genera el hueco para que alguien se escabulla.

Y no quiero poner un ejemplo en concreto, solamente dar la dimensión y el por qué en aquella ocasión yo decía que era muy sano que la Barra de Abogados esté involucrada y que la podamos llevar, yo decía como una suerte de cuarto de al lado, porque hay estudios de caso muy significativo.

Yo en reiteradas ocasiones he puesto el tema de las policías y el involucramiento con la actividad criminal que es otro tipo de acto de corrupción, tal vez de los más desastrosos que tenemos como hechos recientes.

Pero solamente dejarlo anotado, señor presidente, porque creo que esta es una buena primera impresión de la propuesta más general que nos pudo ofrecer la Barra, pero sí poner a prueba estudios de caso.

O sea, cuando hablamos de conflicto de intereses hablamos de Higa y la Casa Blanca, no hablamos de algo que sea desconocido, y tendríamos que identificar el caso, desglosarlo y ponerlo a consideración de la ley para que la ley sea blindada frente a un caso de ese tipo.

Ahí donde hay una casa en manos del Presidente de la República, pues entonces lo puedes encontrar en manos del gobernador de tal o cual estado y no tiene que tener un color partidista o para que no digan que no hablo de la Ciudad de México, etcétera.

Sí creo que es muy significativo, licenciado Sergio, lo dije aquella ocasión, dije que aquí cuando estuvieran los foros lo iba a comentar. Ojalá que pueda ser considerado, presidente, a mí me parece que es muy importante.

Segundo. Igual que en la ocasión que he tenido oportunidad de escuchar a los señores secretarios, la verdad es que ilumina mucho el ir escuchando la percepción que cada entidad tiene respecto a cómo hace su chamba.

Porque si bien no tuvimos una sistematización muy puntual de cómo pedir las presentaciones, hay quienes le echan más caldo al asunto de la prevención, digamos, y yo asumo que tiene que ver mucho con cómo viven día con día el desempeño de sus funciones.

Quiero solamente hacer el comentario para ver que lo podamos sistematizar. Ahora lo comentábamos con la senadora Pilar y con el propio presidente.

Y yo creo que lo que tenemos que hacer a partir de este encuentro un cuestionario metodológicamente sistematizado para poder preguntar qué es lo que más preocupa y razones por las que puede ser más preocupante en San Luis un tema o en Tabasco, etcétera, pero también encontrar recomendaciones específicas, porque escucho muchas recomendaciones, y en eso va mi tercer planteamiento.

Por ejemplo, el punto número cinco de la Secretaria de Tamaulipas, que a mí siempre me preocupó que en el sistema nacional en el cambio constitucional no involucramos de manera directa a la Unidad de Inteligencia Financiera, no involucramos al SAT, lo que me parece que es, yo lo debatí en la votación constitucional porque que me parece que es absurdo, porque si el Estado tiene un instrumento de generación de información es quien le paga o quien no le paga impuestos, pero aquí tenemos un sistema en el cual esa cosa quedó aparte; cosa que yo espero podamos corregir en la parte reglamentaria con mucho mayor contundencia.

El punto número cinco es su presentación y que fue el que motivó mi argumentación. Usted nos recomienda mayor involucramiento del Sistema de Administración Tributaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Cómo ocurre esto en su estado?

Porque ustedes nos dieron recomendaciones del sistema y mi pregunta es, bueno, con recomendaciones asumo que tienen que ver no con una perspectiva distante desde los estados sino que en términos de los recursos estatales qué tanto estas recomendaciones son funcionales o las están llevando a la práctica en sus estados.

Por eso me llamó mucho la atención. Ustedes tienen una tesorería; ustedes tienen una generación de ingresos; ustedes tienen un área básicamente respecto a los recursos estatales.

¿Cómo funciona la recomendación cinco? Y por eso le había pedido su presentación, porque no la anoté, pero si usted nos la puede leer y solamente ponernos ese ejemplo.

Porque de la misma manera –para que no crea que me voy a ensañar con usted– le preguntaría a la secretaria de Tabasco; hay una serie de recomendaciones en la parte de capacitación.

Qué tanto la Secretaría de Tabasco está llevando a cabo planteamientos como los que usted me hizo el favor de darme.

Por ejemplo: “Permanente capacitación teórico-práctica a los servidores públicos”.

O sea, en la dimensión de Tabasco ¿qué significa esto?

¿Ha significado tener un instituto de capacitación? ¿Ha significado tener alguna suerte de compromiso con la universidad tabasqueña para una capacitación continua o recomendaciones como esta?

Dice usted: “Establecer en el marco normativo que los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública no sólo dependan jerárquica y funcionalmente del titular del Órgano de Control Interno u órgano constitucional a que pertenezcan sino también económicamente”.

¿Cómo lo han hecho en Tabasco esto?

Esta recomendación es una recomendación que está actualizada en tabasco y entonces tener capacidad de identificar, dentro del marco de lo que ha hecho la entidad, cómo podríamos trasladarlo a una cuestión que metodológicamente, bajo el marco de una ley general, como el que queremos hacer aquí, pues pueda ser implementada igual que en Tabasco, que lo que pueda hacer en Tamaulipas, en Sonora, en San Luis, etcétera.

Son ejemplitos que quería robarme. Muchas gracias presidente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Armando Ríos Piter.

Licenciado Huacuja, sin duda lo que usted aquí ha planteado es una preocupación de nosotros también cuando nos dice “cuidado con la configuración de las salas regionales o de la creación de las salas regionales especializadas en la materia, por el cúmulo de trabajo que irán a tener”.

Y en esas noches de insomnio uno piensa: ¿y sí irán a tener tantos o irán a ser muy pocos los casos? Derivado justamente de la clasificación de graves y de no graves que vamos a tener que legislar en la materia, que no es un tema menor.

Y mi pregunta es la siguiente: nos comentaba respecto al tipo que encontramos en el Código Penal Federal, del capítulo décimo y décimo primero, de los servidores públicos, de justicia y de las modificaciones que habría que hacer y que para serle franco no las traemos.

Sin duda me parece razonable lo que nos indica, hacer un ejercicio de convencionalidad, por decirlo así, revisar cuáles son los tratados que están y hacer una revisión puntual para ver que esté eso y qué otros tipos pudieran faltar ahí.

La verdad es que me parece que eso si no lo hemos trabajado.

Y la otra, una inquietud que también tengo es en el procedimiento de responsabilidades, yo quisiera saber de usted cómo lo ve. En función de todos los procesos traemos la preocupación de que cuando la contraloría interna haya integrado el expediente de auditoría, de investigación, que ya se considere que ya está integrado de manera adecuada y se vaya a hacer lo que en algunas iniciativas hemos puesto de clasificación o preclasificación, independientemente de cómo cada quien lo queremos llamar, si desde ese momento habría que iniciar un propio procedimiento con el servidor, darle vista de ese expediente, darle garantía de audiencia, dejar que presentara pruebas, desahogar pruebas, formular alegatos, cerrar una instrucción, inclusive darle algún recurso para poderlo turnar al propio tribunal.

O si deberíamos ir de manera directa, insisto, con esta clasificación o preclasificación directamente a la formulación de un expediente y al turno a la Sala Especializada del Tribunal Fiscal de la Federación, si esto pudiera ser causa de alguna impugnación por el propio servidor público, sin duda, son algunos de los temas que seguimos revisando a detalle y me gustaría conocer qué es lo que piensa al respecto.

Y les abrimos el micrófono a todos los que quieran contestar estas preguntas.

LIC. SERGIO EDUARDO HUACUJA BETANCOURT: Perdón, con la anuencia de mis compañeros expositores y muy amables, señores senadores, muchísimas gracias por esta distinción.

Y quisiera, en orden de los comentarios que amablemente dijeron a mi persona, que agradezco muchísimo por esta oportunidad, en orden, al señor senador Luis Humberto Fernández Fuentes, respecto a si es posible equiparar los delitos relacionados con corrupción, con los llamados delitos de delincuencia organizada.

Quisiera yo comentarles que parece mentira, pero en todo el ordenamiento mexicano solamente en el Código Penal se habla una vez de la palabra corrupción, y se refiere a corrupción de menores.

Tenemos una Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, que no define qué es corrupción. Simplemente menciona algunas conductas relacionadas con contratación pública que pudiese considerarse relacionadas con corrupción, pero no define propiamente lo que es el tema.

Y dado que los pilares de la Reforma Constitucional hablan del fortalecimiento tanto de los órganos de control interno y externo como del Tribunal encargado de sancionar conductas graves, como de la transformación de la competencia totalizadora del hasta hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para convertirlo en un Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que este esquema, por eso es bien importante, lo vamos a replicar en las entidades federativas, creo que es muy importante, y en esto –perdón- mezclo un poquito también el comentario de la señorita senadora Ortega Martínez, respecto a si es necesario en el contexto del compromiso que tenemos en artículos transitorios de la Reforma Constitucional, incluida en esta ocasión también modificaciones al Código Penal Federal y por ende invitar a que las entidades federativas hagan lo propio, bueno, pues mi respuesta es definitivamente afirmativa; hay que hacerlo.

Porque para que el sistema funcione, necesitamos tener precisamente amarradas todas las aristas que tienen que ver con su ejecución.

Entonces definitivamente, dicen los estudiosos en la materia, cito a doña María Amparo Casar, al Instituto Mexicano para la Competitividad, que ha hecho estudios; Transparencia Mexicana, y bueno, sinnúmero de estudios que se han hecho sobre el particular, pues que si quieres perseguir la corrupción, persigue al dinero.

Y efectivamente, la corrupción es un fenómeno de redes. Y es que la corrupción no funciona en su mayoría en forma independiente o individual. Normalmente está atrás pues todo un aparato que apoya o prolija estas conductas.

Y de acuerdo con lo que hoy tenemos, pues tenemos justamente pues la perversa decisión pues de hacerle justicia justamente al que menos tiene que ver con el tema.

¿Por qué? Pues porque el que firma pues normalmente es el funcionario de segundo, tercero o cuarto nivel. Nunca firman los de primer nivel, que son justamente los autores intelectuales de todo esto.

Y claro que para que haya un corrupto es porque por otro lado hay un corruptor.

Entonces necesariamente hay una interacción de varias personas y definitivamente sí es un delito de delincuencia organizada.

¿Por qué razón? Y lo ha dicho las Naciones Unidas: los grandes crímenes contra la humanidad, el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de personas tienen como origen común el dinero ilícito, y el dinero ilícito se genera por actos de corrupción.

Entonces definitivamente sí me parece que hay un apoyo muy serio, no solamente doctrinal sino también desde el punto de vista de legislación tanto de derecho comparado como interna, que nos permitiría por analogía, establecer el concepto de delincuencia organizada.

Y, por otra parte, la señorita senadora Ortega Martínez, que comentaba si efectivamente es necesario hacer confluir esta Reforma Constitucional de mayo del 2015 y que genere también una revisión al sistema penal, sin duda; sin duda.

Miren, hay un tema que me preocupa mucho: se crea, dentro de la Reforma Constitucional de la futura Fiscalía General de la Nación, pues va a descansar sobre dos grandes fiscalías: la especializada para combatir delitos relacionados con delitos electorales, y la fiscalía especializada en combatir delitos relacionados con corrupción.

Bueno, pues la paradoja del caso es que ni siquiera tengo definido qué es un delito relacionado con corrupción. Entonces cuál es el ámbito material de competencia de esa fiscalía.

Incluso habremos de decir: sí es necesario –respetuosamente lo comento-, sí es necesario hacer una modificación legislativa al Código Penal, desde luego en el ámbito federal y que desde luego tenga su repercusión igualmente en los ordenamiento locales precisamente porque necesitamos definir precisamente cuál es la corrupción, qué es corrupción para efectos del derecho penal.

Y desde luego también considerar que esa es la base, el documento base de acción, diríamos, tanto de la Función Pública como de la Auditoría Superior de la Federación, para poder también presentar denuncias penales en la materia, porque está previsto a nivel constitucional que no solamente conozcan del ámbito administrativo, también si dentro del ejercicio de sus funciones conocen de la comisión de un delito, es necesario hacerlo.

Hoy tenemos una pobre legislación en materia penal, como decía el senador Escudero, tenemos en el título X los delitos cometidos por los servidores públicos y el XI de los delitos relacionados en contra de la administración de justicia. Pero en realidad no nos definen qué es corrupción, y hoy por hoy tenemos un cruzamiento muy interesante entre el derecho administrativo y el derecho penal, una zona gris en donde la misma conducta puede ser considerada infracción administrativa y al mismo tiempo puede ser considerada de carácter penal y queda, simple y llanamente a juicio del órgano fiscalizador decidir si va a deducir una acción administrativa o una acción penal o en el peor de los casos ambas; porque además esto no inflige el principio non bis in idem de la Constitución, que nos dice que nadie puede ser juzgado dos veces con sanciones de la misma naturaleza, por la misma conducta, porque ya ha dicho la Suprema Corte de Justicia que se trata de sanciones de distinta naturaleza, con procedimientos diversos.

Entonces lo que sí hay que hacer es diferenciar claramente el alcance de las conductas administrativas y diferenciarlas de las conductas de carácter penal.

Y por último, le respondería señor senador Escudero, yo le diría que sí es una gran preocupación que nuestra Constitución exclusivamente previó que se crearía una sección especializada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de imponer las sanciones, debemos emitir las sentencias, habrá que decirlo con sus palabras técnicas.

El problema es de orden absolutamente práctico. Miren, la preocupación del señor senador, si nos vamos a llenar o no de asuntos; a ver, es un hecho que hoy por hoy el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa es un Tribunal de anulación exclusivamente.

Tenemos aproximadamente 28 mil asuntos en materia de responsabilidades que se ventilan ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. En realidad no tiene la capacidad, definitivamente, como estamos hoy, de poder absorber no solamente ser Tribunal de anulación, que lo seguirá siendo para aquellas faltas consideradas como no graves, porque seguirá siendo el Tribunal de alzada, si me permiten, el Tribunal de anulación contra las resoluciones de los órganos internos de control.

Más aparte, le estamos dando esta nueva atribución de sancionar, derivado de un juicio de responsabilidades, a los servidores públicos por infracciones graves, por un lado. Por el otro lado, sancionar los procedimientos resarcitorios que al día de hoy le corresponden instruir y sancionar a la Auditoría Superior de la Federación; y le va a corresponder instruir y sancionar aquellas conductas graves, infracciones graves, como les llama el título IV constitucional reformado, contra los particulares que se vinculan con actos de corrupción.

Piensen ustedes en que esto trae una derivación muy importante y un precedente grande que no teníamos en nuestro país, sobre todo hablando de los particulares, porque estamos hablando no solamente de sanciones económicas o de inhabilitación para poder proveer bienes o presentar propuestas en procedimientos licitatorios; sino también estamos hablando de que inclusive puede llegarse hasta sugerir la disolución o liquidación de sociedades mercantiles, de personas morales.

Entonces, esto tiene un impacto mucho, muy importante y esto viene también a traer a colación una discusión que se ha tenido durante muchos años respecto a la responsabilidad penal de las personas morales; porque también si hablamos de la responsabilidad penal de personas físicas, la hay de las personas morales y nuevamente, el derecho comparado tiene ya respuestas sobre este particular.

Me parece que una solución práctica y desde luego me parece que no debe de ser mucho más onerosa y que impacte al presupuesto, máxime ahora en una época de restricción y de austeridad, es que justamente se creen estas salas especializadas.

Hay que tener nada más mucho cuidado de que no se vaya a considerar inconstitucional la actuación de estas salas especializadas, toda vez que no están previstas en la reforma. Pero si llegásemos a tener ese prurito de que se pudiese llegar a declarar inconstitucional la sentencia que emita una sala especializada, bueno, se pueden convertir en salas instructoras y que propongan los proyectos de sentencia a esa sección especializada de cinco magistrados de la Sala Superior.

De verdad, un asunto que llegue al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administración, de verdad son asuntos que duplican su duración y estamos haciendo nugatoria la administración de justicia.

Hoy, la sociedad quiere respuestas más rápidas. No con ello quiero decir que sean respuestas arbitrarias y que a la postre ya en los tribunales federales caigan por inconstitucionales en amparo ante los colegiados de circuito.

No, lo que se quiere es que se haga un estudio realmente cuidadoso, pormenorizado; por eso debemos de tener, me parece, un procedimiento diferenciado de lo que es este ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción, y en ese sentido las responsabilidades administrativas graves, los procedimientos resarcitorios y las responsabilidades de particulares diferenciarlos de la aplicación en la Ley Federal de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.

Repito, esta ley la aplicamos en materia administrativa in genere, incluso en materia fiscal, pero esto requiere hacer procedimientos mucho más expeditos.

No quisiera atreverme a decir procedimientos sumarios que, dicho sea de paso, cuando sean faltas no graves sí deberíamos pensar en un procedimiento sumario ante los Órganos Internos de Control realmente; pero si estamos hablando de infracciones graves, entonces sí tiene que ser un procedimiento ad hoc de la materia de que se trata y naturalmente haciéndolo mucho más expedito.

No al grado de lo sumario, pero sí mucho más ágil y que garantice cabalmente no solamente los principios de seguridad y certeza jurídica que fortalezca la acción de la autoridad pero también garantice los derechos humanos de los justiciables. Eso me parece que es muy importante.

Y también en cuanto a los procedimientos de responsabilidades, respecto a la clasificación de si es conducta grave o no grave. Senador Escudero, a mí me parece que no deberíamos de hacer bi–instancial este proceso.

No me gustaría, pero es mi modesto punto de vista a reserva de lo que mis compañeros piensen, no me gustaría pensar en que se le diese vista al servidor público ante la instancia administrativa, porque si hacemos esto automáticamente tenemos que darle medios de defensa, porque si no, automáticamente, hay desequilibrio procesal.

No, a mí manera de ver, en principio, y esa es una gran responsabilidad que van a tener los Órganos Internos de Control, ellos van a tener en sus manos la posibilidad, de acuerdo con ordenamientos jurídicos claros, de saber si el supuesto fáctico se adecua cabalmente a una de las hipótesis normativas y ellos van a llevar la precalificación.

Un poco, si me permiten hacer el símil, como lo que ocurre en materia penal. El ministerio público cuando integra su averiguación previa y decide consignar clasifica el delito pero no obsta para que el juzgador lo reclasifique.

En este sentido, a mí me parecería que aludiendo a un aspecto forense como una excepción de previo y especial pronunciamiento, cuando se emplace al servidor público y/o al particular que, ojo, también puede estar vinculado con una conducta considerada grave, se le emplace para acudir a un procedimiento de carácter jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como una excepción de previo especial pronunciamiento pueda alegar si efectivamente está bien o mal clasificada la conducta.

Y ahí se le está dando su derecho de audiencia pero ante el juzgador, ante el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no ante el Órgano Interno de Control porque estaríamos duplicando y nos vamos a rodear, disculpen el término coloquial, de “chicanas” procesales que van a dar lugar a una serie de impugnaciones que a la postre van a hacer nugatoria la justicia administrativa.

Yo creo que uno de los grandes problemas y de lo que la sociedad más se duele es que anunciamos temas de corrupción, anunciamos que se han instruido procedimientos contra servidores públicos y que hay “N” cantidad de miles de millones de pesos que se han incoado como responsabilidad administrativa

¿Y cuánto es lo que termina cobrando el SAT? Nada, prácticamente nada.

¿Por qué? Porque no sobreviven estos asuntos al análisis escrupuloso de una autoridad de carácter jurisdiccional, sea en demanda de nulidad o en amparo.

Por eso es que hay que cuidar mucho la formalidad y fortalecer y yo sí aplaudo de verdad en forma unánime, que todos los señores secretarios de contraloría coincidieron en que tenemos que capacitar, hay que darle herramientas a los servidores públicos que se encargan de la integración de esa investigación, para que los procedimientos estén cabalmente integrados y entonces las resoluciones sean mucho más sólidas y que no hagamos simplemente ostentación de un acto de autoridad que a la postre va a venir abajo.

Entonces, esa sería mi respuesta, yo no sé respetuosamente si respondía a sus inquietudes.

Sí, muchas gracias.

¿Algunos de los contralores?

LICENCIADO JOSÉ GABRIEL ROSILLO IGLESIAS: Gracias, en referencia a la pregunta del senador Luis Humberto Fernández sobre la independencia de los órganos internos de control estatales, respecto de los titulares del ejecutivo, yo quiero compartirle la experiencia que tuvimos en san Luis Potosí en el ejercicio de integración del Plan Estatal de Desarrollo recientemente.

Invitamos a un ponente nacional, a David Arellano, del CIDE, que tiene un libro que se llama “Podemos reducir la corrupción en México” y donde él plantea y ya en la conferencia que nos hizo favor de impartir en el seno de un foro de planeación, que en este nuevo arreglo institucional que dispone el Sistema Nacional Anticorrupción por entrar en vigencia, se distribuye un poco el combate a la corrupción y con la fiscalía anticorrupción, que es la que va a perseguir queda en el ámbito de los contralorías estatales, más el tema del Órgano Interno de Control, con una función muy específica.

A diferencia de la Fiscalía Anticorrupción, donde inclusive ya aquí el abogado Sergio Huacuja dejó claro que todavía no está bien concebido qué delitos se van a atacar en materia de corrupción, para los órganos internos de control sí está muy claro.

El control interno es la coadyuvancia para el logro de objetivos y metas de la administración pública, de manera tal que la labor de los órganos internos de control, al pasar ciertas funciones al tribunal, a la Fiscalía Anticorrupción, tendrá que dedicarse con muchas mayor eficacia a que las dependencias ejecuten en tiempo y forma los recursos y desde luego de manera honesta.

De manera tal que inclusive yo creo que donde más se debería trabajar el tema de la independencia es precisamente en estas fiscalías anticorrupción, que ya de suyo van a estar trabajando con el control externo que representa la Auditoría Superior de la Federación que se le dieron más atribuciones, más poderes y que desde luego también tiene que revisarse cómo van a quedar las auditorías superiores de los estados a nivel local.

Creo que ahí es donde sí hay que procurar mayor independencia y en el ámbito de las contralorías estatales, pudiera ser un tema sano, pudiera ser un tema factible, más creo que no es trascendente.

Yo creo que lo trascendente es diferenciar claramente entre esa zona gris que hablaba aquí el abogado, entre lo que es el Derecho Administrativo, el Derecho Penal y cómo no traslapar las funciones del órgano interno de control con los tribunales administrativos, con la Fiscalía Anticorrupción.

De manera tal que nuestra labor en las contralorías estatales tendrá que ser más de un carácter preventivo y fortalecer lo que ya mi compañero coordinador nacional de la Comisión permanente, Miguel, contralor de Yucatán, ilustró con todo el modelo de control interno que tenemos que llevar a cabo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si alguien más quiere hace ruso de la palabra, por favor.

MTRA. LUCINA TAMAYO BARRIOS: Empezaría dándole respuestas al senador Armando Ríos sobre qué hemos nosotros implementado como estado sobre el tema de capacitación:

Realmente cuando inicia la nueva administración en el 2013 con el licenciado Arturo, al llegar incluso, al menos la experiencia que me tocó a mí en la Secretaría de Contraloría, nos damos cuenta que prácticamente los servidores públicos ya tenían más de 6, 7 años que no recibían una capacitación. Entonces sí es fundamental la capacitación.

Yo en mesas de trabajo, poniéndome con ellos a revisar las observaciones, la percepción de ellos, el revisar un documento y al momento de plasmar era muy diferencia.

Decía: “por qué hacen eso”.

“No, es que así lo hemos hecho siempre”.

Entonces el venirlo haciendo a veces, porque son servidores públicos, muchos que tienen más de 20 años, por costumbre de que así lo han hecho siempre pues les queda del hacerlo, el hacerlo siempre, cuando ya ha habido reformas, cuando ya ha habido evoluciones en la parte normativa. Entonces se quedan ahí porque no ha habido la capacitación.

Entonces sí creo que es importante en la capacitación continua a los servidores públicos y más a quienes prácticamente son los que vamos a ir a revisar, quienes vamos a pedir cuentas.

Entonces en ese aspecto, bueno, sí hemos trabajado en ese aspecto en la capacitación con las dependencias, incluso también con nuestros propios contralores internos que tenemos en las dependencias y en entidades desconcentradas y descentralizadas.

Y bueno, y una muy importante que ha tomado el señor Gobernador, que fue que ahorita se están dando becas a los servidores públicos quienes quieren hacer maestrías, incluso hasta doctorados.

Entonces sí ha habido a partir de ahora una capacitación continua al servidor público.

Con el otro punto sobre la dependencia del órgano interno de control dentro de algunas dependencias y algunas entidades, que muy cierto, al menos en nuestra legislación, le corresponde a la Secretaría de Contraloría, a su titular, con acuerdo con el titular del Ejecutivo, designar los contralores internos tanto de las dependencias como de las entidades.

Pero qué sucede. Obviamente van a depender funcionalmente y van a reportar a la contraloría, los órganos internos de control.

Pero qué sucede en la práctica, en la realidad. De que como la Contraloría no les paga, sino quien les paga son las propias dependencias, las propias entidades, se pierde el hilo.

Nosotros por más que a veces les decimos me tienes que reportar, me tienes que presentar tu programa anual de trabajo, me tienes que presentar cuántas auditorías llevaste a cabo, cuántas revisiones, cuántas revisiones preventivas hiciste.

Nos las mandan de una manera general. O sea, ya no hay la certeza de porque quien no le paga, o sea, vámonos

al refrán: “quien paga manda”.

Entonces ahí nos vemos coartados prácticamente en esa ejecución de que realmente reporte y hagan su trabajo.

En el otro, me gustaría compartir aquí también, de los temas que han venido hablando, una experiencia que se tuvo, o tuvimos, en la cuestión que a solicitud de la Fiscalía General del estado de Tabasco, nos pide un estudio de devoluciones patrimoniales de servidores públicos.

Dentro de las atribuciones que tiene la Contraloría es llevar la información de las declaraciones patrimoniales.

Pero al momento de llegar, y también tenemos esa atribución de hacer los estudios, llevar, ir más allá y bueno, y el servidor público al presentar su declaración lo hace bajo protesta de decir verdad, bueno, nos damos cuenta que al momento de nosotros le hacemos el estudio, la solicitud que no hace la propia fiscalía, que la información desde que arranca, el servidor público desde que inicia y se va cuántos ingresos tuvo durante el año, dependiendo de su percepción de sueldos, bueno, van incrementando dentro de sus cuentas bancarias que él mismo reporta, un incremento que no va acorde a sus ingresos como servidor público.

Entonces, nosotros al remitir nuestro estudio de evolución patrimonial a la Fiscalía, bueno, incluso de las cuentas bancarias que el mismo servidor público nos había reportado, no eran todas, había más cuentas bancarias e incluso ya la Fiscalía lo había detectado, pero nosotros como no tenemos esta competencia de pedir ya información al sistema nacional bancario; pero la Fiscalía sí lo hizo.

Entonces, ahí se cruz la información y nos damos cuenta de que completamente hay la información incompleta. Posteriormente, compartimos la información con la PGR y la PGR solicita al SAT su declaración de impuestos, que es muy diferente a la declaración patrimonial y lo que tiene en sus estados de cuenta y hasta con la propia declaración de impuestos.

Esto nos ayudó, al menos para mí, hoy estamos trabajando que es nuestro nuevo sistema de declaración patrimonial, incluso ahí estamos incluyendo la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés y le estamos pidiendo también que suban dentro de los requerimientos, las constancias de percepciones que emite la propia Secretaría de Administración de lo que ganó como servidor público; y también le estamos pidiendo su declaración de impuestos, que esto lo hace como persona física en el mes de abril; entonces cuando vaya a presentar su declaración patrimonial en el mes de mayo, nos pueda compartir su declaración patrimonial de impuesto para poder nosotros cruzar toda esta información.

Pero con base en este estudio que hicimos captamos todo esto y podemos procesar la información de que es necesario, que hay información que nosotros podemos complementar también para poder llegar a un análisis o a un resultado de que si el servidor público está siendo usos o se está viendo beneficiado del puesto o de los recursos públicos; porque hay una manera de que el servidor público, ya sea de desviar fondo o por su puesto obtener beneficios, que es muy diferente, sin tener que haber un daño patrimonial.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.

¿Alguien quiere comentar algo?

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO: Muy brevemente.

He visto y escuchado también que se ha reiterado la circunstancia de que nos designa a los contralores el gobernador del estado. Sí, sí, claro, pero es una circunstancia que prevalece en todo el país, con algunas modalidades que pueden darse; sin embargo depende de la voluntad, de la determinación que tiene el gobernador del estado y su equipo de trabajar con honestidad y desde luego demostrar que es posible que el servicio público todavía se puede desempeñar con una actitud republicana seria y honesta, como quiere la gente. Todo depende de vocación.

Creo que las medidas que dicte el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes reglamentarias, nos va a dar a nosotros instrumentos para armonizarnos en lo federal y en las entidades, por supuesto, para resolver este problema, estos vacíos que tenemos.

Y reitero, es muy importante la confianza, pero también es más importante que la confianza el control y nosotros estamos trabajando en el control, exigiendo una actitud congruente con el reclamo ciudadano, que es que ya no quiere gobiernos rateros.

Venimos a compartir experiencias en los estados aquí, pero también a reiterarles a ustedes la urgencia de que los instrumentos jurídicos que deriven de la reforma constitucional para el Sistema Nacional Anticorrupción, sea los que necesita el país entero. No la federación, no el gobierno federal para ser mejor, sino que coadyuven instrumentos en las entidades para que nosotros nos adecuemos, naturalmente con mucha precisión, con mucha determinación para seguir demostrando que el servicio público atiende a una vocación esencialmente y no a ese concepto patrimonialista que ha invadido a muchísimos elementos de la clase política y gobernante en este país.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, secretario. Sí, por favor.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Nada más comentar a ver si entendí a la senadora Pilar Ortega.

La forma en que trabajamos los contralores. Te voy a comentar, por ejemplo, un tema en la región noreste, que es en donde estamos nosotros agrupados, que es: Durango, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Trabajamos recientemente en el año anterior con la elaboración, el diseño de las normas profesionales gubernamentales.

Como todos sabemos, había normas de auditoría, normas de auditoría aprobadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero no había unas normas de auditoría para efectos de revisiones gubernamentales.

Se trabajó a partir de las normas internacionales emitidas por el INTOSAI, se hicieron las traducciones. Tenemos grupos de trabajo que nos reuníamos, ¿qué te diré?, cada mes o menos, a veces menos; nos sentamos en mesas de trabajo; leímos, interpretamos, adecuamos, corregimos, tropicalizamos, etcétera, hasta que obtuvimos unas normas profesionales de auditoría y se editaron a través de un documento que está firmado por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública, por la Comisión Permanente de Contralores y específicamente con la participación y el trabajo de la Zona Noreste de Contralores.

Ese es un trabajo que hacemos. Tenemos una dinámica de trabajo.

Si la CONAGO quiere saber cómo va el grado de cumplimiento de la contabilidad gubernamental en los municipios, utiliza la red de contralores, y a través de nosotros, nosotros empezamos, mandamos gente. Cada estado hace su estrategia, mandamos gente a los municipios, verificamos cómo van de avanzados en la contabilidad, hacemos un reporte y a nivel nacional se hace una integración de información, etcétera.

A lo que voy es que tenemos toda una estrategia de trabajo. De capacitación tenemos un seminario de auditoría que se da a través de Internet por la Universidad de Durango y que tiene reconocimiento oficial de estudios y que es reconocido también por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para los puntos, etcétera.

Llevamos no me acuerdo cuántos egresados en ese curso, aproximadamente mil. De todos los servidores públicos que se capacitan a nivel nacional de las contralorías.

Sí hay muchísimo trabajo que se realiza en la Comisión de Contralores y estamos en la mejor disposición de colaborar con el Senado, porque, te digo, ya tenemos una red, una forma ya sea de allegarnos de información o de generar documentos o de generar trabajo y de colaborar con ustedes.

Digo, aquí está el coordinador nacional, estoy hablando por él, pero sí tenemos una dinámica que ponemos a sus órdenes para trabajar.

¿No sé si eso era, senadora, lo que…?

SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Muchas gracias.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Y nada más un comentario al senador Armando Ríos Piter con respecto a lo que yo mencionaba del mecanismo de coordinación entre el SAT, el Sistema de Administración, la Comisión Nacional Bancaria, los registros públicos.

Aquí, por ejemplo, el tema de enriquecimiento ilícito es muy difícil para nosotros que no tenemos competencias jurídicas para andar investigando, conocer toda la información de un servidor público.

Yo lo visualizo a futuro, a un futuro a lo mejor no muy lejano que tuviéramos un sistema, como por ejemplo estamos trabajando y ya estamos implementando la firma electrónica en la edición de constancias de no inhabilitación, para que no venga una persona de Laredo y de Tampico a Ciudad Victoria a sacar su carta, lo puede hacer por Internet, la busca, no está inhabilitado, la imprime y demás.

Esto viene de una base de datos en coordinación que está en la Secretaría de la Función Pública y que todos los estados alimentamos con los servidores que están sancionados. Nosotros accedemos a esa base de datos y si la persona no está, pues emitimos la carta de no inhabilitación en el servicio público.

Yo comentaba esta necesidad de establecer a futuro un mecanismo que tuviera interoperabilidad y que pudiera en un momento dado coordinar estas instancias que eventualmente generan información del patrimonio de un servidor público o de cualquier persona y que hubiera un sistema en donde yo le pusiera Gilda Cavazos y cayera mi declaración de impuestos, mis propiedades y mis saldos en los bancos, mis deudas, etcétera.

Pero digo, así como una idea a futuro que pudiera eventualmente suceder.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctora. Sí por favor.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Pero, digo, tal vez la insistencia de la pregunta sería, o sea, entiendo a futuro la recomendación del sistema que estamos tratando de construir, pero la evidencia empírica del trabajo que usted realiza ahí, en Tamaulipas, a final de cuentas asumo que el área a su cargo lo que busca es no solamente ejercer funciones de contraloría, sino de función pública y me voy a la parte preventiva, o sea., esto no es una cosa que de repente creo que se haya generado solamente para esta ponencia.

Es una evidencia empírica de que, para efectos de buen gobierno, en el caso de Tamaulipas o de quien quiera contestarlo, hay una falta de coordinación de las fuentes de información de lo que tiene la Tesorería o lo que tiene la Subsecretaría de Ingresos, las áreas, digamos, es el reflejo estatal, aquí hay un planteamiento que busca ser nacional, pero si hay esa conciencia de parte de usted, qué es lo que ha impedido que ocurra allá en Tamaulipas o…

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: No, pero no es una falta de coordinación, es una falta de competencia de los contralores para acceder a la información.

Yo le pregunto a un banco y no me dice.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Insistiría entonces, usted no la tiene, pero en Tamaulipas, si yo revisara, yo quisiera hacer un estudio, una tesis doctoral y de repente digo, ah, es que en Tamaulipas me dijeron que ahí sí hay una fuente de información de cuánto dinero está ingresando, porque la gente hace sus revisiones de pago de impuestos anuales para efectos de los impuestos tamaulipecos, no solamente los impuestos federales.

Un instrumento de este tipo sí existe aunque no lo tenga usted.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Bueno, existen bases de datos en cada una de las oficinas de recaudación o en las oficinas de registro público, o sea, sí existen las bases de datos.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Pero respecto a los funcionarios públicos, el ejemplo que usted puso.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Bueno, existen de todos las personas, sean servidores públicos o no.

A lo que me refiero yo a esta base de datos es para que eventualmente la instancia que tenga la competencia para acceder a esa información, tenga la información de una manera ágil y expedita.

No la tenemos nosotros ahorita esta competencia, pudiera ser que la tuviera eventualmente la Comisión Estatal

Anticorrupción…

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: No quiero ser odioso, es que no puse bien el ejemplo.

La verdad es que quiero clasificar qué tantas capacidades, el ejemplo lo puso usted respecto al asunto y por eso no me quiero clavar en Tamaulipas, quiero ver qué tantas capacidades institucionales tenemos nosotros construidas a nivel entidad federativa; vengo de Guerrero, entonces no necesariamente somos un estado que represente muchas capacidades institucionales desafortunadamente.

Pero el caso de Tamaulipas es un estado de la frontera, un estado con muchos más ingresos institucionales que los que tienen otros estados promedio, ¿qué tanto, por ejemplo, usted como contralora, tiene acceso al pago de impuestos de los funcionarios públicos?

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Yo tengo acceso a los pagos de impuestos estatales, total.

Puedo tener acceso al Registro Público de la Propiedad estatal…

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: A todo…

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Sí. Sí. Sí. Pero me enfoco en las cuestiones federales.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Y se encuentra sistematizado.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Y se encuentra sistematizado y me dan la información.

Pero yo no tengo a información federal, no tengo competencia. Entonces me quedo así a medias en una investigación.

Si hay una denuncia: tal funcionario tiene una casota, se está haciendo rico. A ver su declaración. Pues no, no llegamos muy lejos.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Y no hay coadyuvancia o, digamos, encuentra este impedimento con el resto de las entidades, en este caso las federales. Qué faltaría. La respuesta es no clara. Qué falta, si usted se queda a medias.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Competencia jurídica para tener acceso a la información, al secreto bancario, etcétera, a los datos personales del servidor.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Alguien más que quiera retroalimentar sobre eso.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Sí. O sea, es un tema de competencia jurídica.

Aquí el licenciado que habla muy bien en términos jurídicos y muy sabrosos así, quizá lo diga así más bonito y más elegante. Pero no tenemos competencia jurídica para acceder a la información que nos permita emitir un juicio de si una persona se está haciendo rica o no se está haciendo rica.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias doctora. Si usted, perdón, es que quiero medio dejarlo como en construcción:

Si usted pide esa información de pronto le dicen no es su competencia, no la puede usted tener.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Sí. Exacto.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Le ha pasado muchas veces?

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: No muchas veces. Con una es suficiente.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: No, pues si lo que están buscando es un mejor funcionamiento

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Digo, se lo pueden dar a un juez a través de una orden judicial, pero ya tendría que estar el sujeto dentro de un proceso con alguna causa justificada y demás.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: No sigo convencido, pero bueno.

Quiero hacer mi comentario por una razón, y vuelvo a reiterar mi posicionamiento original:

Estas respuestas son las que tienen que llevarnos a identificar patrones sistémicos que tienen que ser corregidos por el sistema.

Porque digo, pareciera ser una obviedad y es una respuesta inclusive un tanto cuanto de derecho administrativo uno, pues no es lo que está facultado así, entonces que no lo haga.

Y entonces de repente alguien que está dando la cara frente a los ciudadanos en el ámbito más cercano, que es el del territorio estatal pues de repente la contestación al ciudadano es: “pues es que no puedo”. ¿Sí me explico? Es una insistencia a Tamaulipas, repito, como un foco.

Creo que tenemos que garantizar identificar ahí…

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: …y es a nivel nacional, ¿eh?, no es en Tamaulipas.

MTRA. LUCINA TAMAYO BARRIOS: Lo único que nos queda ahí es hacerle del conocimiento a la autoridad competente para que tenga que actuar. Es: “advertí esto, es de tu competencia, te lo turno”. Y hasta ahí queda.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Que sería la Secretaría de la Función Pública Federal?

MTRA. LUCINA TAMAYO BARRIOS: La Función Pública Federal o en su caso.

Es de digamos ya algo muy detectado, bueno, al menos en mi caso, en el ejemplo que puse, bueno, fue a la Fiscalía General porque ya era de su competencia de ella.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con los elementos de coordinación que tienen ustedes a nivel estatal – perdón Presidente- con la Secretaría Federal, digamos, no tengo un ejemplo tan plástico concreto, pero de pronto vamos a pensar que usted dice: “oiga: pues aquí hay una bronca. Hay este individuo que estamos claramente identificados que hay un patrón que no está funcionando y no tengo suficientes atribuciones, lo tengo revisado en la parte que me toca de los recursos estatales”.

Qué tanto ocurre un nivel de coordinación en términos de que la Secretaría de la Función Pública a nivel federal tenga, digamos, una suerte de seguimiento medio instruido porque esté coordinado de alguna manera por un convenio Estado-Federación.

Qué tanta obligación tiene de responderle para que esa coordinación medianamente valla. ¿Cómo funciona eso?

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: Bueno, en materia de responsabilidades de servidores públicos, está muy claramente separado.

La Función Pública no tiene competencia sobre mis servidores públicos del Estado, ni yo tengo competencia sobre los servidores públicos federales.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Una partida de esas de las que son mancomunadas, en las que hay par y paso.

O sea, es un funcionario estatal, tiene dinero que administra y en cuanto se confunden…

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: …bueno, también en las reglas de operación…

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: …cuando se fusionan los recursos en el fideicomiso, la mitad de la lana es

estatal y la mitad de la lana es federal.

DRA. GILDA CAVAZOS LLITERAS: De acuerdo con lo que se establezca en las reglas de operación.

Si el recurso se va a manejar con las leyes estatales, o el recurso se va a manejar con las leyes federales; que siempre tenemos que tenerlo bien claro:

Si vamos a usar la ley federal de obra pública o la estatal, y en consecuencia sería lo mismo, si hay un asunto que tenga que ver con un servidor público, lo verá la federación, si es recurso federal; pero si es recurso estatal es de nosotros la competencia.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctora.

Por favor, un comentario final.

C.P. MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ VARGAS: Nuevamente agradeciendo.

Sí quisiera comentar sobre lo que dijo Gilda, la comisión permanente de contralores Estado-Federación, realmente ha estado trabajando en forma muy conjunta. Tal vez en alguna época, y a lo mejor lejana, pudiera haberse considerado un club de amigos; hoy en este momento es un comité de trabajo con reglas muy definidas, con las regiones con trabajos muy específicos y que ha estado dando resultados.

Y los ejemplos los tenemos con la Ley de Contabilidad General Gubernamental, la Ley General de Transparencia, con gobierno abierto, datos abiertos, entrega-recepción de la administración pública, más los que ya de alguna manera dijo Gilda.

Participamos en el sistema nacional de fiscalización, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública, más algunos auditores superiores de los estados.

También participamos en el comité rector de ese sistema nacional de fiscalización, en temas que tienen que ver con toda la materia; y también esta comisión permanente a través de su presidente, que es el Secretario de la Función Pública, ha firmado un convenio con la CONAGO para llevar una agenda común en todo lo que tiene que ver con la materia anticorrupción.

Y los resultados del trabajo creo que van bien y este año tenemos una agenda muy cargada de trabajo, que lo empezamos a realizar desde la semana pasada ya, con valoraciones y además con la creación ya también de formatos para que tengamos un seguimiento muy puntual del desarrollo, donde vamos a tener ya semaforización de las cosas con las que vayamos cumpliendo.

O sea, que no van a ser tareas que se queden en el limbo, sino tareas que tienen que demostrar perfectamente que fueron ejecutadas, y quién mejor que nosotros para ver que se ejecutaron correctamente, que estamos dedicados a la revisión y a la auditoría.

Quisiera hacer también un comentario sobre la cuestión que yo manejé de controles internos, y que creo que tiene que ver primero con que tanto los auditores superiores de los estados, como de la federación, como el Secretario de la Función Pública, como los titulares de los órganos estatales de control, tendrían que ser nombrados con un perfil plenamente declarado en ese aspecto. Y además, con un perfil de integridad ética ya demostrada en el paso del tiempo.

Y eso nos llevaría a evitar un primer paso de corrupción, que creo que sería el primero, y el primero es cuando los funcionarios públicos no tienen el perfil para la realización de ese puesto, y ese podría ser el principio, pero podría seguir en correlación a los que vienen detrás de uno. Uno tiene que ser muy perfilado en este trabajo.

La auditoría interna y el control interno tienen que ser permanentes, o sea, uno tiene que estar muy pendiente siempre de ese trabajo y de esos resultados. O sea, el funcionario público y podemos hablar de nuestro país, de nuestro estado, en realidad necesita finalmente estarle pidiendo resultados todo el tiempo para que los esté dando.

Creo que es una mentalidad muy mexicana, que de una u otra manera ante la presión siempre respondemos con buenos resultados, no hay presión, dejamos que las cosas no fluyan. Presión, fluyen, trabajamos, sacamos resultados.

Entonces tenemos que estar nosotros permanentemente dedicados a ese trabajo y para eso el perfil de lo que nosotros sentimos y deseamos para este México, que cada día tenga menos corrupción.

Desde luego el control interno es una parte esencial de un proceso administrativo, lo sabemos, el proceso administrativo, planeación, organización, ejecución y control. Sin control, no puede haber administración, y eso es lo que creo, y lo dije, se fortalece en esta materia con la Ley General Anticorrupción cuando los controles internos y los controles externos, llámese función pública a nivel federal, llámese Auditoría Superior, están siendo valorados, se les están dando elementos para que puedan hacer un trabajo, y eso también lo necesitamos en los estados. Que tengamos esa valorización económica, estructural y humana para que podamos generar un mejor trabajo en este combate.

Y yo creo que la otra cosa que va a ser muy fundamental en este trabajo es la Ley General de Transparencia, Ley General de Transparencia donde de una u otra manera toda la información va a tener que ser entregada.

Y, en ese sentido, ya estará el funcionario público que está pensando en hacer algo de corrupción, ya lo estará pensando dos veces para hacerlo.

Sin embargo, nos encontramos también con una situación –y la digo en mi estado pero yo me imagino que es a nivel nacional– tenemos una ley de primera, sin embargo, la realidad financiera, la realidad humana y la realidad estructural para llevarla a cabo quién sabe si tengamos esa capacidad.

Y, en ese sentido, necesitaríamos ser dotados de los recursos posibles para poder contestar en tiempo y en forma a la petición ciudadana que requiere de esa transparencia que hoy más que nunca requiere nuestro estado federal y los estados que lo conforman.

Eso es todo. Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.

El Senado de la República les agradece a licenciado Sergio Huacuja; al licenciado José Gabriel Rosillo Iglesias; al licenciado Miguel Ángel Murillo Aispuro; a la maestra Lucina Tamayo Barrios; a la doctora Gilda Cavazos Lliteras, y al contador público Miguel Antonio Fernández Vargas el haber estado esta tarde aquí con nosotros, el habernos acompañado, el haberse desplazado de sus entidades federativas para estar aquí, es un esfuerzo que agradecemos y que valoramos.

Muchas gracias a todos.

Compañeros senadores, Armando Ríos Piter. Muchas gracias.

XVIII. Derivado de los Foros Anticorrupción, se recibieron en la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, distintas observaciones y comentarios que fueron publicados en la página de las Comisiones Dictaminadoras, a saber:

Magistrado Presidente Manuel Hallivis Pelayo

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Comisionado Oscar Guerra Ford

Dr. Mauricio Merino Huerta

C.P. Miguel Agustín López Camacho, Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas.

Lic. César Alejandro Chávez Flores, Visitador General de la PGR.

Lic. Haydee Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de Fundar.

C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos.

Mtra. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de la Contraloría del Estado de Tabasco.

Mtra. Laura Patricia Luna

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

El Consejo Coordinador Empresarial

Atendiendo las observaciones recibidas, el 10 de marzo de 2016 fue publicado en el micrositio de las Comisiones Legislativas, el Primer Documento de Trabajo con una propuesta de legislación secundaria en materia de combate a la corrupción.

Una vez analizado el contenido del Primer Documento de Trabajo, se recibieron distintas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; por lo que la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, emitió un documento de análisis y comentarios al documento recibido.

Posteriormente, se recibió por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un documento en el que se enumeraban sus IRREDUCTIBLES, así como un “Mapa sobre los temas en común de las reformas secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción”, por lo que, de igual forma, la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, elaboró un nuevo documento de análisis y comentarios a lo expresado por el Partido Acción Nacional.

XIX. En tal tesitura, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda; elaboraron un Segundo Documento de Trabajo en el que se recogieron todas las observaciones y comentarios que se recibieron, a efecto de conformar una nueva propuesta de legislación secundaria.

XX. El 11 de abril de 2016, se celebró una reunión de Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda; para realizar el análisis, discusión e intercambio de opiniones del Segundo Documento de Trabajo de las Leyes Secundarias Anticorrupción; en la que se llevó a cabo una revisión de las iniciativas junto a los principales impulsores de la iniciativa ciudadana denominada “3de3”: el Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana; el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; y el Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad. Derivado de la reunión, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas, así como los integrantes de la sociedad civil organizada que encabezan la iniciativa ciudadana, acordaron celebrar cuatro mesas de trabajo con senadores de las Comisiones Unidas y representantes de los Grupos Parlamentarios, así como ciudadanos y especialistas propuestos por la sociedad civil, cuyo ejercicio legislativo se conduciría bajo las reglas de parlamento abierto con las características de máxima publicidad, amplia difusión y publicación. Asimismo, las Comisiones Dictaminadoras acordaron que el eje de la discusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas sería la iniciativa ciudadana “Ley 3de3”.

XXI. Las Mesas de Trabajo de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, fueron celebradas el 12 y 13 de abril de 2016, por las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda; en conjunto con la participación de ciudadanos y especialistas propuestos por la sociedad civil organizada que encabezan la propuesta “Ley 3de3”, en las que Senadores de la República y ciudadanos especialistas y académicos, manifestaron lo que a continuación se expone:

PRIMERA MESA DE TRABAJO: LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

Martes, 12 de abril de 2016. 16:30 horas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Senado de la República.

Saludo con respeto a mis compañeros y a mis compañeras senadoras, y sin duda a nuestros invitados en esta mesa de trabajo y de análisis.

Al maestro Max Kaiser, al doctor José Roldán Xopa, al doctor Marco Antonio Fernández, al maestro Eduardo Bohórquez López y al doctor Juan Pardinas Carpizo y doctor Enrique Cárdenas. Si me faltó alguien, sean ustedes bienvenidos.

Y saludamos también con respeto al señor diputado federal, presidente de la Comisión homóloga, por decirlo así, espejo en la Cámara de los Diputados, Rogerio, eres bienvenido, qué bueno que tengas el interés de estar aquí con nosotros.

Como todos ustedes conocen, el acuerdo al que llegamos, establecer por petición de los compañeros de la sociedad civil, otros grupos parlamentarios y decisión de los presidentes, el senador Encinas, el senador Yunes y su servidor, se acordaron elaborar estas mesas por temas, mesas temáticas, donde quisiéramos

escuchar cómo ven las iniciativas, que las pudieran presentar, que pudiéramos intercambiar diferentes puntos de vista, diferentes preocupaciones, con el mejor ánimo que después de estos dos días, los propios secretarios técnicos de la Comisión de Justicia, de Estudios Legislativos y de la propia, que pudieran ir empezar a buscar acercamientos y redacciones que nos pudieran ir permitiendo avanzar en el documento de trabajo que hemos presentado el senador Encinas, el senador Yunes y su servidor.

Sean ustedes bienvenidos y como hayan acordado, tienen el uso de la palabra nuestros invitados.

DOCTOR JUAN PARDINAS CARPIZO: Simplemente a mi me corresponde agradecer el clima de apertura que hemos encontrado por parte de estas tres comisiones. La oportunidad de que estemos discutiendo la Ley General de Responsabilidades que construimos desde la sociedad civil con el apoyo de más de 600 mil ciudadanos y que se convierta, si tengo de forma clara la historia legislativa de este país, en la primera iniciativa ciudadana dictaminada en comisiones, nos honra mucho y agradecemos los gestos de confianza y esfuerzo de construcción que hemos percibido desde el inicio de este proceso.

Quedo, en lo personal muy agradecido, pero estoy seguro que muchos de mis colegas de sociedad civil comparten este clima de buena fe y de construcción entre sociedad civil y el Poder Legislativo representado por el Senado. Muchas gracias.

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Por supuesto que este ejercicio que significa una iniciativa ciudadana, nos plantea la sociedad una diversidad de tareas y por supuesto también retos.

La iniciativa ciudadana es un importante y muy importante elemento en la construcción de una sociedad mucho más democrática y sobre todo, de una democracia que me parece que está en ciernes, que es una democracia deliberativa, en donde es posible no solamente que las distintas fuerzas políticas discutan sobre problemas públicos y decidan soluciones; sino que también tomen en consideración aquellos elementos que me parece que la sociedad podemos aportar.

Por tanto, me parece que es importante rescatar este mecanismo de cooperación de una diversidad de inteligencias en la construcción de soluciones a problemas públicos, entendemos por supuesto de que el hecho de que tengamos una iniciativa no significa hacer un debate en el cual una propuesta sea la vencedora y otra la triunfadora.

Las distintas iniciativas tienen aportes, tienen coincidencias. En algunas cuestiones las coincidencias no necesariamente se expresan en textos; en otras hay diferencias, en otras diferencias sustanciales y por tanto, esta es una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista, inclusive debatir, podemos debatir fuerte; pero lo relevante es que debatamos constructivamente.

Así es que ese es el ánimo. Lo que tenemos en la mesa son dos documentos: uno por supuesto, esta iniciativa que se llama Ley 3de3, que es una propuesta que compone una parte de algo más amplio, que es el Sistema Nacional Anticorrupción; y por supuesto el combate, el enfrentamiento, la corrección de problemas de corrupción tienen que ver con el sistema en donde la Ley de Responsabilidades es una parte y por tanto, de ahí la relevancia de que podamos discutir en su conjunto y me parece que es un extraordinario avance el que se hayan formado estas mesas.

Por supuesto también es relevante y me parece que es esencial esta relevancia, que los distintos documentos que están como aportes principales, tienen un distinto sentido. Mientras la ley llamada 3de3, recoge la idea de que la Ley General debe establecer bases, mínimos o en ocasiones máximos, pero por otra parte posibilitaría un desarrollo legislativo por parte de las entidades federativas o de la Federal.

En el caso del segundo documento de trabajo, es un diseño de una Ley General mucho más detallada, que considera no solamente las llamadas faltas administrativas graves; sino también el resto de faltas administrativas con una idea de poder abarcar el mayor número de contenidos en el texto.

Por tanto, esta diferencia también plantea una diversidad de racionalidad y que por supuesto es importante poner este punto de partida y que posteriormente se iría especificando y desarrollando.

Así es que nos parece que era importante establecer este punto de partida.

Y por otra parte, le pediría al maestro Max Kaiser que a efecto de tener presentes cuáles son los aspectos fundamentales de la ley conocida como 3de3, que no solamente abarca esta parte de la denominación sino que es una ley que plantea una diversidad de aspectos mucho más generales para que podamos tener esto como un punto de referencia más presente.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctor. Maestro Max Kaiser.

MAESTRO MAX KAISER: Muchas gracias, muchas gracias por la recepción y por la apertura para discutir abiertamente los elementos técnicos de este nuevo régimen de responsabilidades.

Digo nuevo régimen de responsabilidades, porque no sólo la sociedad civil lo ha planteado así, sino la OCDE en su último reporte que entregó a México, que se llama “Revisión de la integridad en México” precisamente habla de cómo en México se hacen muchos expedientes, muchas auditorías, se emiten muchas sanciones.

Pero en su último reporte lo que encontró es que el 70 por ciento de estas sanciones que se emiten desde el punto de vista administrativo tienen que ver con retrasos o no haber entregado la declaración patrimonial, el 70 por ciento; otro 20 por ciento lo califica como negligencia administrativa. Quiere decir que las sanciones son por cuestiones que nada tienen que ver con corrupción; sólo el 3.3 por ciento es por abuso de autoridad y el .6 por ciento por soborno o extorsión.

Quiere decir que, según la OCDE y diversos organismos internacionales, tenemos un sistema de responsabilidades administrativas que no funciona para combatir la corrupción, y por eso creo yo que estamos todos sentados aquí porque queremos construir un sistema nuevo, un sistema diferente, un sistema que haga algo distinto a lo que hace el sistema de hoy.

Partimos, creemos nosotros, de cinco ejes importantes:

La capacidad para identificar casos de corrupción; la capacidad para hacer investigaciones eficaces; la capacidad para establecer conceptos claros de cuáles son los comportamientos adecuados de los servidores públicos y cuáles son los tipos de corrupción.

Necesitamos un proceso equilibrado en el que lleguemos a buen puerto, y finalmente cero impunidad. Que todos los casos de corrupción sean debidamente investigados y demostrados, acaben en una sanción concreta para cualquier nivel.

En cada uno de estos cinco apartados, creemos que hay cinco cosas importantes que tenemos que abordar:

Identificación de casos. Nos han dicho todas las organizaciones internacionales que en la revisión de la OCDE, en la revisión que se hace del cumplimiento de tratado de la OCDE, lo mismo que en los procesos de revisión de Naciones Unidas, nos han dicho que necesitamos un buen sistema de protección a testigos y denunciantes.

Necesitamos también buenos esquemas de recompensa y plataformas adecuadas y eficaces para denunciar.

Necesitamos sistemas eficaces de auditoría e investigaciones especiales que encuentren cosas, encuentren casos sin la necesidad de denuncia.

Y, finalmente, unidades especializadas de investigación.

Nos han repetido de manera constante que lo que necesitamos es profesionales de la investigación en las áreas de investigación.

En el segundo apartado, investigaciones eficaces, necesitamos autoridades autónomas. Y hay una serie de elementos muy importantes en este último documento de la OCDE que nos dice qué quiere decir exactamente autoridades autónomas.

Dice este documento que son autoridades autónomas las que cumplen por lo menos con seis criterios:

Una clara base legal para la existencia de instituciones disciplinarias que subrayen mandato y responsabilidades;

Asegurarse de que el personal responsable de los procesos fue seleccionado y nombrado con base a criterios objetivos;

Asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios goza de un apropiado nivel de seguridad en el empleo y tiene salarios competitivos.

Cuatro. Asegurarse de que el personal responsable de procesos disciplinarios está protegido frente a amenazas y presiones.

Cinco. Asegurarse de que el personal responsable de procesos disciplinarios tiene autonomía en la selección de casos que investigará; y

Seis. Asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios recibe entrenamiento constante.

Estos seis principios, nos dice la OCDE, son básicos para tener investigaciones eficaces que tengan la posibilidad, la capacidad de armar casos de corrupción.

En el tercer rubro, claridad de conceptos, creemos que es muy importante que la Ley de Responsabilidades tenga a todos los sujetos que pueden participar en actos de corrupción; todos los que participen de una u otra manera.

Creemos que debe haber tipos de corrupción nominados, con nombre concreto, con tipos que establezcan claridad en las condiciones para ser aplicados; tipos que involucren a ambas partes de la corrupción, es decir, no tipos que establezcan elementos para servidores públicos y cosas diferentes para personas que no lo son.

Directrices de comportamiento que sean sencillas y obligaciones concretas y una calificación de la gravedad que se adapte a los tipos.

En el cuarto rubro proceso equilibrado, creemos que hace falta una autoridad que juzga de manera distinta a la que investiga. Autonomía total de los juzgadores para conducir el proceso y para imponer sanciones.

Capacidad para devolver el expediente con instrucciones cuando el expediente no esté completo. Capacidad para completar el expediente y coadyuvancia de los testigos.

Y en el último rubro, cero impunidad, creemos que debe haber sanciones aplicables a todos los niveles, sanciones eficaces en ambas partes de la corrupción, un registro nacional de servidores públicos que sea de observancia obligatoria y una creación de inteligencia derivada de cada uno de los casos.

Con estas cinco columnas, como lo decía el doctor Roldán, creo que podemos aproximar muchísimo las coincidencias que tenemos en la idea de crear un nuevo régimen, pero esa creo que es la parte más importante.

El régimen actual de responsabilidades no funciona, por lo menos no funciona para combatir la corrupción y necesitamos uno nuevo con elementos diferentes, que nos sirva para llegar de un caso a una sanción, no sólo en términos de personas e individuos, sino en términos de redes y tener la capacidad así, además, de aprender de estos casos y prevenir la corrupción.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias.

¿Alguien más?

Si les parece bien, yo empezaría un poco el intercambio de ideas celebrando la posición que nos hacen ver. Es la primera vez que tenemos la constancia de la disposición de poder construir, como se construye en este Senado de la República, sin pensar que nadie o que sólo una de las partes tiene la razón absoluta de los documentos que ha presentado.

Para los legisladores, cuando han estado redactando sus iniciativas y las presentan, casi todos aquí estamos conscientes de que esas iniciativas serán analizadas junto con otras y que derivado de aquellas iniciativas que se presentan por los diferentes grupos parlamentarios o los diferentes senadores, lo que se hace en las comisiones, pues es recoger la mejor parte de cada una de ellas y así se integran y así se conforman en las comisiones los mejores productos que pensamos en la diversidad del pensamiento que tenemos cada uno de los legisladores o nuestras propias profesiones, con nuestras propias experiencias o nuestras propias vivencias, de cuál debe ser el mejor, construyendo de todas y de cada una.

Es el caso de ésta, es el caso de las iniciativas de responsabilidades que se han presentado por los diferentes grupos parlamentarios, donde los presidentes hemos trabajado para tener o tratar de acercamientos e ir complementando, insisto, reconociendo que nadie tenemos el documento perfecto ni la iniciativa que pudiera ser votada en esos términos.

Es así que nosotros recogimos varios artículos, varias ideas de lo que ha propuesto la ciudadanía, 3de3 y tratar de ir buscando esos acercamientos, de eso da cuenta el propio documento de trabajo en el artículo 13, 16, 19, 23, 36, 37, 46, 66, 87, 92 y muchos otros más, con el espíritu de construir y con el espíritu de ir hacia delante y de acercar posiciones.

Sabedores de eso pues bienvenidos. Nos han pedido lo que usualmente hacemos en este Senado de la República, pues que tomamos cada una de las mejores partes y así construimos.

En esta ocasión los ciudadanos nos han pedido que entremos un poco más al análisis del producto que han presentado, que reconocemos el esfuerzo que se ha hecho, que les agradecemos que consideramos que tiene cosas valiosas como las otras y que también consideramos que hay cosas de las cuales adolece como todas las otras.

No creemos que haya ninguna mejor que la otra. Lo que sí creemos es que hay que sumar, revisar y tener un buen producto legislativo.

Y entonces yo empezaría a dar el uso de la palabra para empezar a platicar de algunas de las preocupaciones que se tienen respecto a esto.

Senadora Marcela.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: No es una preocupación. Simplemente es asegurarme porque a lo mejor no entendí bien.

La base, el documento base de discusión será la Ley 3de3 de los ciudadanos, ¿verdad Presidente?

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: ¿En este momento?

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Sí. En este momento nos han pedido que platiquemos sobre 3de3.

Yo lo que he hecho, si no me expliqué perdón, se los repito. Entonces seguimos si no hay dudas de lo que hemos hecho.

MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Ese fue el acuerdo alcanzado ayer senador.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, sin duda.

¿Senador Encinas?

¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra?

Por favor senador senadora Martha.

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Me parece sí importante que se haya alcanzado un acuerdo en el cual se tome como base a discusión en esta Mesa en particular la Iniciativa Ciudadana y a partir de ella poder incorporar los faltantes y propuestas que vienen en las Iniciativas de los Grupos Parlamentarios y eso será una buena manera de iniciar en esta Mesa.

En las otras no podrá ser igual y por eso sí es importante tener muy definido el procedimiento porque haya o no hay una Iniciativa Ciudadana.

Porque me parece que más allá de incorporar lo bueno que tiene cada Iniciativa justamente el detalle está en lo que no se incorpora de cada Iniciativa, o sea en los faltantes.

En las coincidencias usted expresaba en diferente momento Presidente, que hay muchas coincidencias entre las Iniciativas presentadas y es bueno que haya coincidencias entre las Iniciativas presentadas pero justo la parte complicada y la que tenemos que tener muy claro, la ruta de definición es con las partes donde no hay coincidencia porque es ahí donde me parece que puede tomar precisamente el modelo una u otra concepción.

Y el método que habían estado estableciendo de contar con documentos de trabajo donde se incorporan la diferentes partes de las Iniciativas creo que no nos ayuda eso sino más bien poder tener muy claramente identificadas cuáles son esas diferencias y sobre esas diferencias estar dando discusiones.

Porque me parece incluso que hoy particularmente con respecto a lo que los representantes de sociedad civil organizada han expresado acá, hay diferentes temas en esta Iniciativa en particular que por lo menos en algunos de trabajo no están todavía incorporadas y que eso es lo que tenemos que definir.

O sea, cómo vamos a hacer para incorporar esos temas que en este tema y en otros no sean de la coincidencia de todos los grupos parlamentarios.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí senadora.

Justamente para eso es esta reunión, para platicar, para escucharnos, para intercambiar las dudas, los puntos de vista y para que ustedes, junto con los Presidentes y todos los senadores de la República, podamos ir ubicando cuáles son los temas que no están contemplados, que nos aclaren las dudas de algunos temas que nosotros consideramos que no debíamos de incorporar.

Justamente para eso es esta Mesa, para escucharlos, justamente para eso nos han pedido que trabajemos sobre este documento 3de3, que es la Ley General de Responsabilidades y lo que hemos acordado, así fue en el Acuerdo, que después de todas estas serie de mesas justamente hagamos esa reflexión de cuáles son las ausencias, si las hubieran, cuáles son las incorporaciones o las correcciones.

Lo que hemos dicho los Presidentes de estas Comisiones: el senador Encinas, el senador Yunes y su servidor, es que aquí no hay irreductibles, que lo que hay un parámetro constitucional que hay que estar pendientes de él, que hay que estar seguros de que sea así y todo se puede modificar.

Esa es la disposición que me han manifestado los Presidentes.

¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Senador Armando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Posiblemente se obvie en lo que usted acaba de comentar pero prefiero pecar de buscar mayor claridad.

Tenemos cuatro mesas programadas, dos hoy, dos mañana; la intención es escuchar en cierto sentido cuáles son las posiciones que tenemos frente a estos temas. Digo, estamos usando el tema de 3de3 como una

plataforma de salida, por así decirlo; pero tendremos que exhibir nuestro posicionamiento respecto a la Ley de Responsabilidades en tanto a la información que hay de otras iniciativas, ¿es correcto?

Entonces, en cierto sentido es un poco ubicar cuáles son las posiciones que tenemos del debate que apenas arranca, y de cuáles podrían ser algunos de los puntos que queremos incorporar, algunos que queremos fortalecer y en ese sentido esa es la lógica, para terminando el día de mañana, ¿después, seguir a qué, presidente?

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Nada más quiero acotar algo, porque es un compromiso que establecimos con los ciudadanos, es que en este caso de lo que íbamos a hablar, evidentemente no podría prohibirle a ningún senador que hablara de su propuesta o de lo que quisiera, evidentemente no podría hacerlo.

Pero había una intención de enfocarnos por lo menos, esta, a la 3de3 y hablar sobre 3de3, no tanto de lo que hemos presentado, que creo que todos conocemos lo que hemos presentado. Esa fue una solicitud que estamos atendiendo. Yo respetaré al senador que desee hacer uso de la palabra para hablar de su propia ley o de lo que desee, sin duda, pero hay un espíritu que los trabajos sean enfocados en este momento, respecto a 3de3.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Simplemente para aclarar, la idea no es hoy hablar de 3de3.

Como yo lo había entendido es: vamos a tomar como documento base, como estructura básica a la cual le sumaremos y la enriqueceremos con las otras propuestas, pero que el documento base, la estructura eje de la discusión va a ser en torno a la Ley 3de3 que propusieron los 600 mil ciudadanos.

¿Es así, no?

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, la discusión de una mesa de análisis es… creo que es lo

que acabo de decir, ¿no?

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, yo no sé dónde está la confusión, sinceramente. Estamos en una reunión de trabajo de Comisiones Unidas para discutir en este caso la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene como eje base de discusión la iniciativa ciudadana que se ha presentado y que se ha conocido 3de3, que creo que no se reduce incluso esa iniciativa a las tres declaraciones que se plantean por los servidores públicos. Es una iniciativa mucho más amplia que incluso tiene puntos debatibles, que evidentemente esperaban que concentráramos a discusión ese tema.

Y al discutir la Ley de Responsabilidades, como sucede siempre en este Senado, todo mundo tiene la libertad de expresar sus opiniones y de promover sus iniciativas y sus propuestas. No se trata de maniatarnos a la de 3de3, sino tener un punto de partida para hacer ya la discusión.

Una vez que concluyamos esta discusión, se sistematizará todo lo que aquí debatamos, será trabajo de las secretarías técnicas para que con los grupos técnicos de los legisladores vayamos acercando los acuerdos, en la medida de lo posible, para continuar la discusión de este paquete que originalmente iba a ser de cinco mesas, ya la redujimos a cuatro; ahí de repente le quieren reducir a tres, pero vamos a mantenernos básicamente en los cuatro temas que habíamos ya definido.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Senador Zoé y recordarles que tenemos otra mesa, valdría la pena entrar en materia. Lo digo con respeto,

¿eh?, yo los escucho las veces que sea necesario y el tiempo que sea necesario; hay un tiempo porque hay otra mesa.

Senador Zoé.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Vaya, para poder intentar conducir estas inquietudes que quizá las compartíamos, valdría la pena más bien conocer cuál es la posición del grupo parlamentario del PRI y del

Verde sobre ciertos artículos que están presentes, tanto en la Ley 3de3, como en la iniciativa del PAN; bueno, estuvieron en la iniciativa del PAN, hoy ya recogida por 3de3 y en la iniciativa del PRD.

Me refiero, para empezar por algún lado, en el 83 de la iniciativa ciudadana, el 107 del PRD y el 138 del PAN, que es sobre las declaraciones. Entiendo que ya no iba a haber una lógica de artículo por artículo, está bien, pero por qué no vamos empezando con algunos de los temas…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, es que a eso íbamos pero no nos han dejado empezar.

A ver, esta reunión como la habíamos manejado en comisiones, creo que sería incorrecto hablar y si no, cada grupo parlamentario que lo exprese así. Lo que estábamos haciendo aquí es poner sobre la mesa revisiones jurídicas y preocupaciones.

Yo, por lo menos, no estoy autorizado por mi grupo parlamentario para hablar de las posiciones del grupo. Lo que sí, tengo preocupaciones como senador de la república que quiero manifestar.

No sé si el Grupo Parlamentario del PRI tenga una posición o los senadores que nos acompañan como senadores en lo individual tienen preocupaciones técnicas jurídicas que les gustaría manifestar. Yo diría, vayamos conduciendo la reunión, los puntos de vista en lo individual, conocer qué nos preocupa y hacia dónde vamos.

Yo quisiera empezar, porque nadie ha hecho uso de la palabra, y si no está abierto, por cortesía parlamentaria, pero bueno, me parece que es importante.

Quisiera comentarles que, derivado de la revisión que yo pude hacer de esta ley, habiendo dicho que los felicito y habiendo dicho que tiene cosas muy importantes, sin duda me ha quedado la duda, me ha quedado la sensación después de haberla leído en varias ocasiones que adolece, que le falta, que no está presente en todos sus espacios, en todos sus artículos, en todas sus ideas y conceptos la seguridad jurídica que es tan importante para este país, considerando como el bien jurídico tutelado justamente a la seguridad jurídica.

Cuando redactamos algunas iniciativas los senadores de la República, siempre lo hacemos con revisión a tratados internacionales a la propia Constitución.

Muchos hablamos y muchos dicen justamente de este control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad de quienes están obligados a hacerlo y quiénes no.

Sin duda hay un apartado importante obligatorio para los jueces, para las autoridades y es un debate importante jurídico, hablar de este control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad que sin duda me parece que nos podría llevar a la inaplicación de la ley.

Me parece que no puede estar fuera de este debate la reforma constitucional en materia de derechos humanos, justamente, que se realizó en junio de 2011, e incluso hacer algunas revisiones específicas a los casos, por ejemplo al Caso Radilla.

Me preocupa, sin duda, el derecho de la legalidad. Quisiera que platicáramos justamente de estos artículos, 14 y 16. Me preocupa también el derecho del debido proceso, el desahogo de las pruebas, de las notificaciones.

Me gustaría que platicáramos incluso de algunas jurisprudencias ya de la corte que nos habla de la importancia que deben de tener las notificaciones y el seguimiento de cada uno de estos procesos para poder ir adelante.

Sin duda, también el derecho a la presunción de inocencia.

Otro de los elementos: la inviolabilidad del domicilio, me parece un tema delicado. También, sin duda, me parece que se viola la garantía de tránsito.

Me parece también que con algunas de estas disposiciones estamos impactando de manera directa en el bloque de constitucionalidad.

Me parece que se requieren de mayores formalidades y de mayores desarrollos.

También me llama la atención en algunas de las disposiciones cuando se faculta al Consejo de la Judicatura para investigar y para sustanciar el procedimiento administrativo del Poder Judicial que no se le han dado facultades para imponer sanciones.

Se habla de la investigación, se habla de sustanciar, pero no se le dan facultades para imponer sanciones al Consejo de la Judicatura. También me gustaría conocer su opinión.

Me parece que hay un catálogo que no nos queda claro, o por lo menos a mí, de las faltas administrativas y de los delitos. Me parece que encontramos una confusión o por lo menos para mí no me queda claro qué fue lo que se pretendió al hacer este catálogo, porque cuando uno revisa las conductas que debieran ser las faltas administrativas empezamos a encontrar tipos penales.

Me parece también que se han recogido de un catálogo de una convención estos tipos penales, que con mucho gusto ahora entramos a la lectura de esta convención en donde se estipulaba claramente que eran tipos penales y que se ha repetido la figura en una ley que evidentemente es de responsabilidades administrativas. También me gustaría conocer la opinión.

También de la revisión que he hecho del documento, me llama la atención que sólo se contemplen sanciones para personas morales. Tienen un capítulo con ese nombre, me parece, específico de personas morales, y esas sanciones no sólo habla, después fui al cuerpo de la ley y no encontré un capítulo para sancionar a las personas físicas.

Es sabido por todos que las contrataciones que hace el gobierno por la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública contempla también un sistema de contratación de servicios con personas morales y con personas físicas. No he encontrado el por qué a las personas físicas no se les sancionó, sólo habla de personas morales.

También en el apartado de las denuncias sólo se pueden establecer en el catálogo que nos han marcado, denuncias contra personas morales y nuevamente no se encuentran las denuncias contra personas físicas. Me llama mucho la atención.

Me parece también que ha faltado el establecer la supletoriedad de la ley, me parece, toda vez que entendemos que no es exhaustiva, debiera tener este apartado y sin duda también una de las mayores preocupaciones que tengo es este tema de las visitas domiciliarias que se están dando, que me parece que son inconstitucionales y si nadie quiere hacer uso de la palabra, pudiéramos empezar a platicar de intervenciones a comunicaciones privadas.

Y me llama la atención, porque de la lectura que hice, si quieren vamos aterrizando tema por tema y vamos abriendo el debate. Yo los registro cuando quieran, la conducción la llevo y los voy apuntando, pero bueno, si les parece empezamos con intervenciones telefónicas.

Dice el artículo 54, cómo no, senador Armando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Digo, solamente porque como hay un catálogo de cosas que se fueron diciendo, en el ánimo de no dejarlo como un exposición, argumentación en contra o a favor o de lo que como presidente preocupa, es no sé que tan sano vaya a ser, creo que sería muy sano, tema por tema; este tema, hay una contestación, este tema otra, por que tal vez en el catálogo hay como 10 cosas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: De hecho traigo desarrollado cada uno de los temas que les he mencionado, los traigo desarrollados con su jurisprudencia, con lo que han dicho los ministros, para que entráramos a esa discusión tema por tema.

Por favor váyanme diciendo y los voy registrando y vamos metiendo otro tema. No quiero que sean las inquietudes del presidente de la comisión, por favor me van diciendo de qué tema, pero me gustaría y si quieren aterrizamos este tema, le doy el uso de la palabra y empezamos a platicar.

Dice el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades, conocida como 3de3: “Asimismo la autoridad encargada de la investigación podrá utilizar medios de grabación y registros ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo, lugar, en las que suceden los hechos materia de la investigación.

Para la intervención de comunicaciones privadas se requiere de autorización del Tribunal de Justicia

Administrativo que resulte competente”.

Y cuando uno va a la lectura del artículo 16 constitucional, llama la atención dos supuestos: el primer supuesto es que por ningún motivo podría darse esta intervención telefónica si no hubiera un mandato judicial, ese sería el primero de los supuesto, pero inclusive existiendo el mandato judicial para hacer esta intervención, la propia Constitución ha establecido las materias en las que nunca podría hacerse esta intervención.

Esas materias, entre otras, es la electoral, la fiscal y al administrativa, que es la que nos ocupa aquí. De todos es conocido que el Tribunal Fiscal no pertenece al poder Judicial.

Me llama la atención, considero sin duda que atenta contra las garantías individuales, contra muchos de los bienes jurídicos tutelados, contra convenciones y me parece que esto sin duda, si llegara a aprobarse, sería materia por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de una acción de inconstitucionalidad y que incluso muchas de las autoridades podrían estar aplicando el control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad para la inaplicación de la ley.

Si quieren por el momento es el primer tema que planteo. Les doy el uso de la palabra.

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Las intervenciones que coincidan o difieran con la suya señor senador, entonces por una cuestión de procedimiento si usted lo indica podríamos ir contestando una por una o bien…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: …pero vamos a hablar de intervenciones telefónicas.

Yo de todas las inquietudes que tengo traigo desarrollado cada uno de los temas, pero vamos metiendo temas de lo que a ustedes les preocupe también.

Tiene el uso de la palabra para hablar de intervenciones constitucionales, digo, intervenciones telefónicas y la constitucionalidad de ello.

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Así es.

Planteó usted una buena cantidad de temas que tienen que ver con una diversidad de capítulos de la ley y por supuesto, por otra parte también contrastan con el documento de trabajo.

Entonces entiendo que una de sus preocupaciones fundamentales tiene que ver con las intervenciones telefónicas.

Entonces…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: …perdón doctor. Nada más para centrar la discusión:

La discusión del día de hoy es sobre 3de3, no es del documento de trabajo.

Así lo tenemos entendido, ¿no? A mí me gustaría que habláramos de 3de3 y lo que tiene 3de3.

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Bueno. Senador: para dar respuesta a su preocupación es importante tomar en consideración una diversidad de cuestiones previas que animan el propósito del documento.

La función fundamental de una ley es resolver un problema y es el problema de corrupción.

Para resolver el problema de corrupción es importante que tengamos autoridades que entre otras cosas tengan capacidades de investigación suficientes, idóneas, adecuadas, para poder investigar cómo se presenta el fenómeno de corrupción.

Y el fenómeno de corrupción no solamente se presenta con conductas individuales sino también se presenta con redes y con prácticas sofisticadas.

Las propuestas al que usted le llamó la atención tienen que ver con esto, particularmente –y lo subrayo- que el tema de intervención de comunicaciones o el de visitas domiciliarias.

Ahora, una de las enseñanzas que hemos tenido en este proceso de discusión es que la corrupción no solamente tiene que ver con conductas que puedan calificarse de ilegales o violatorias de la ley.

En ocasiones y muy frecuentemente es la ley la que crea el problema, sea porque legaliza cuestiones de corrupción, sea porque a veces propicia o crea alicientes para el problema de corrupción.

Por tanto, el sistema tiene que ser muy cuidadoso de tal forma que, por una parte, cuidemos que haya facultades suficientes, adecuadas e idóneas para investigar y por otra parte por supuesto vayamos enfrentando los problemas de, diríamos con tecnicismo, delegedata, es decir, de la ley que actualmente existe que puedan ser un problema y que podamos irla resolviendo diseñando una ley que pueda superar los problemas que tenemos.

Y me parece, y eso tengo que decírselo muy claramente, que usted destaque el problema de intervenciones de comunicaciones. En eso yo tengo que hacerme responsable.

Y le confieso, durante un buen tiempo estuve en mis propios pensamientos, pensando en esta disposición y el mejor escenario que me planteaba es precisamente poder discutir y plantear el problema en este foro.

La pregunta fundamental fue la siguiente y tiene que ver con lo que percibimos los ciudadanos y cómo se va dando este problema:

¿En cuántos casos la clave, la práctica y el comenzar a desmarañar la madeja, tiene que ver con una llamada telefónica? Esa es una pregunta.

Al siguiente problema: nuestro sistema tiene mecanismos para poder recabar lícitamente una prueba, como una llamada telefónica o alguna otra comunicación, y que ésta pueda ser validada y tener su peso probatorio en un procedimiento administrativo y que tiene una fase judicial.

Entonces la pregunta era ¿cómo? Y cuáles eran los problemas a los que nos enfrentamos. Pero la pregunta básica es esa, si las llamadas telefónicas pueden convertirse en elementos de prueba relevantes en un procedimiento.

Y le diría, no es un problema de desconocer lo que dice la Constitución, sino más bien es un tema de destacar que ante esta cuestión nos topamos con una regla que nos impide el poder aprovechar en el procedimiento administrativo, en ocasiones la única forma en la cual puede acreditarse o probarse o llevarse a cabo una práctica de corrupción. Ahí está el problema.

Ahora, el problema entonces es de lege ferenda, ¿qué quiero decir con esto?

Que entonces en este caso nos topamos efectivamente con una regla constitucional, en donde para mí, el problema no es la ley; el problema es que tenemos una regla que nos impide que en responsabilidades administrativas podamos tener investigaciones eficaces. Ahí está el problema.

Y por supuesto se nos plantea como un horizonte a modificar, el repensar esta regla constitucional para que podamos hacer eficaz un procedimiento. Tenemos ese problema.

Ahora, y antes de darle la palabra al profesor Max, porque tiene que ver con otro problema que usted señaló, la cuestión de los tipos.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Pero vayamos por partes y entramos.

Yo le voy a dar la palabra al senador Armando Ríos Piter, pero antes tengo que manifestar sin duda alguna mi preocupación, los senadores de la República juramos hacer guardar y respetar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y lo digo con mucho respeto, y ustedes vienen a pedirnos que violemos la Constitución con intervenciones telefónicas, donde existe un artículo expreso que se requiere una autoridad judicial.

Y más aún, contempla el otro supuesto: ni con autoridad judicial se puede hacer en materia electoral, fiscal y administrativa. La verdad es que eso era lo que quería saber, yo pensé –lo digo con respeto– que era un error.

Ese es uno de los puntos que me preocupa, sin duda. Quisiera también el senador Armando Ríos Piter, al senador Burgos, al senador Cervantes, al senador Juárez y a la senadora Marcela. Si quieren por equidad, después del senador Burgos ponemos a la senadora Marcela.

Me preocupa sobre lo que dice textualmente la Constitución. Senador.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Senador, qué bueno que hizo el comentario que antecede mi toma de la palabra, porque creo que nos ayuda a poner sobre la mesa cómo organizarnos en esta discusión.

Por eso hace rato hacía una moción de orden, para entender de un catálogo de inquietudes que usted señalaba, en cada una de esas sin duda alguna merecerá alguna respuesta por parte de quienes hoy presentan la iniciativa ciudadana.

Sin embargo, no me quiero detener en eso porque tal vez cada uno en su enfoque y su visión particular tendrá, como hemos tenido de parte del doctor Roldán Xopa, un planteamiento y una opinión en este caso, que es la que es de usted. Es la opinión personal, porque si no, casi medio maniqueo pareciera ser que vinieron a engañar a 600 mil.

Yo pediría que evitáramos un poco ese tipo de consideraciones, porque tal vez eso no nos va a llevar a un

buen diagnóstico de la discusión…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Retiro lo dicho, tiene razón senador. Lo retiro. Fue una preocupación la verdad, que me sorprendió escuchar eso y retiro lo dicho, respecto a los ciudadanos.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, presidente.

Pero creo que la respuesta, por lo menos en este intercambio, la base de la discusión sobre la Ley 3de3 y que eventualmente permitirá la discusión de las otras, debiera de permitir algo en lo que no hay todavía ni siquiera una base de acuerdo, que es: ¿Cuál es la política pública que queremos seguir para el combate a la corrupción?

Y por eso yo rescato el comentario, la contestación de Roldan Xopa. Él lo que dice es: Nosotros queremos en nuestra iniciativa de ley, independientemente de si la constitución en el punto muy particular, porque creo que el ejemplo busca ejemplificar para qué se está haciendo el planteamiento, independientemente que fuera constitucional o no, no quiero meterme en ese detalle, repito, quiero ir un paso antes.

De lo que se trata es de saber cómo queremos diseñar una política pública que permita combatir la corrupción, entonces tenemos que entender cómo vemos la corrupción. Y hay quienes ven, por lo menos de los documentos que se está discutiendo, la corrupción como un fenómeno individual de acciones individuales donde a final de cuentas hay que perseguir a individuos, a actores en lo individual.

La contestación que da Roldan Xopa en defensa de la iniciativa 3de3 es: Estamos buscando combatir un fenómeno de redes sistémicas, y esos son 180 grados distintos.

No podemos pensar que un acto de corrupción que termina lastimando en mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil millones de pesos, es un acto en el cual hay un individuo que se los encontró ahí de paso y los jaló a su cuenta de Bancomer o de la que quieran, para no citar a alguno, a su cuenta de su cajero automático.

Significa que hay una red, que hay alguien que está en tal espacio, que hay alguien que está cuidando en otro. Es decir, la parte de redes, y por lo menos aquí lo pongo a discusión porque hay otra iniciativa que es la del PRI, sí plantea que es un fenómeno individual.

Y entonces retomo el segundo comentario, que es precisamente el de entender que el fenómeno de redes se debe combatir no exclusivamente bajo la óptica penal. Hay en la discusión de quienes queremos una política pública distinta una parte que tiene que ver con un derecho administrativo que evolucione en su identificación de lo que tienen que ser las sanciones graves.

Solamente lo reitero para no quedarnos “Ah, es que como es contra la Constitución, el planteamiento está mal”. No, yo creo que a lo que estamos obligados las senadoras y los senadores es a escuchar a los ciudadanos de cuál es el fondo de visión de política pública que se quiere entender para el combate del fenómeno de corrupción.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Burgos.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Una breve consideración, no solamente respecto a este tema en lo particular, que la daré con mucho gusto.

Yo creo que la iniciativa ciudadana sin duda alguna representa un gran mérito. Creo que tiene una enorme significación el que se le dé un lugar, un rango y este espacio que por derecho propio les corresponde. Respetables sus argumentos, pero particularmente su intención.

Yo creo que la intención es efectivamente combatir la corrupción, la impunidad, hablar de transparencia, de rendición de cuentas, y creo que en eso debemos fijas posición que sí vamos, sí nos interesa por supuesto combatir la corrupción, que sí nos interesa la transparencia y la rendición de cuentas.

Me parecería una posición equivocada decir: Estos quieren, estos no quieren.

Sí queremos y creo que todo el Senado quiere, porque es un tema que golpea al Estado mexicano, no solamente al gobierno, golpea al conjunto, sociedad y gobierno.

Obviamente en la expresión del señor doctor Roldan se advierte una propuesta y una intención. Lo acaba de comentar el doctor, un interés en decir: Esto puede generar problemas.

Bueno, creo que es muy válido interpretarlo, y ojalá no me equivoque, como un propósito o como una intención.

Ahora, si efectivamente no ajusta a la Constitución, bueno, diremos con toda franqueza: no se ciñe a la Constitución, podemos dar lectura, y efectivamente habría un problema de inconstitucionalidad. Pero rescatemos cuál era el propósito, como usted lo acaba de comentar, doctor, cuál era el sentido de eso, y podremos, quizá, ver formas alternativas en otra legislación u otras vías.

El asunto es: Lo que hagamos tiene que ser, señor presidente, tiene que ser constitucionalidad. Yo creo que en eso no hay vuelta de hoja.

Tocó un tema el señor presidente, ¿por qué solamente personas morales? Me adelanto un poquito y bueno, cuando se revisó el 108 constitucional en materia de responsabilidades, incluso el 108 constitucional se rediseñó el título para hablar de responsabilidades de los servidores públicos y particulares, vinculados con delitos o faltas administrativas graves.

Entonces, yo creo que si partimos de la idea de si demos constitucionalidad a las cosas y escuchemos con todo interés, doctor, el horizonte que ustedes estaban buscando, porque a lo mejor es susceptible de decir bueno, no ajusta la Constitución, veamos otras alternativas, otras opciones y reitero, bienvenida la propuesta.

Gracias, señor presidente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora, los estoy registrando como me van pidiendo el uso de la palabra.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Sí, en el mismo sentido, de cómo lo indica el senador Burgos y como lo ha indicado el senador Ríos Piter, creo, presidente, que el fenómeno de la corrupción en México es gravísimo, cuesta nada más en términos económicos el 4 por ciento del PIB.

Ayer u hoy vi la noticia de que nos bajaron una décimitas en el crecimiento, estamos pendientísimos de cuánto crecemos. Se nos olvida que decrecemos cada año 4 por ciento del PIB solamente porque se diluye en actos de corrupción, es muy cara la corrupción en términos económicos. Más lo es en términos de desconfianza entre paisanos, nos engañamos con mucha frecuencia y estamos más aislados que nunca.

Creo que descalificaciones como vinieron a violar la ley y embaucaron a 600 mil ciudadanos, no abona. Creo que debemos, como senadores de la República, estamos obligados que estamos al servicio de la ciudadanía, buscar cómo resolver las cuestiones o los cuestionamientos planteados y ver el cómo sí, no el cómo no, sino el cómo sí se logra en cada uno de los aspectos que se presentan, cómo manejamos con responsabilidad las distintos disposiciones de nuestra Constitución para que sirvan a los mexicanos.

Estamos aquí trabajando para construir una convivencia más sana y mejor y una democracia más próspera y ese es nuestro trabajo, ver que modificamos de nuestras normas para que el país funcione mejor, no cómo las normas impiden que funcione mejor el país.

Entonces, creo que aquí estamos para buscar el cómo sí.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora.

Le doy el uso de la palabra al doctor Roldán. Luego tengo registrado al senador Cervantes, luego al senador Zoé y luego al senador Encinas y sí, sin duda, estamos para eso, pero también es una discusión técnica jurídica de los temas.

Adelante.

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Solamente con el ánimo de aclarar o de abundar un poco más en la explicación, porque me parece y no quiero igual y mi explicación no fue lo suficientemente clara.

Por supuesto que tenemos una limitación constitucional, en eso no hay tanta discusión. Lo relevante y al intención es colocar el punto en la mesa para que veamos cuáles son los problemas ante los que nos enfrentamos para diseñar un sistema que sea eficaz.

En mi opinión personal, si el sistema de responsabilidades posibilitara recabar de manera idónea y por supuesto con la calificación de una prueba lícita una llamada telefónica sea lo ideal, porque nos permitiría una extraordinaria herramienta para poder detectar redes.

La literatura internacional nos dice que para poder descubrir una red no se da en días, se puede dar en años y son procesos laboriosos, constantes, pacientes y demás, y hay ejemplos y anécdotas muchas.

Ahora, qué es lo que rescatamos aquí: que es importante pensar, reflexionar en la pertinencia de la regla constitucional y por supuesto esta reflexión, esta pertinencia tiene que ser en un foro adecuado, en un momento específico porque tiene que plantearse la posibilidad de que previa discusión pueda modificarse la regla constitucional y por supuesto plantear un escenario distinto con la finalidad de tener un sistema efectivo.

Este es el planteamiento, por eso hablaba de problema del eje ferenda, es decir, qué alternativas son necesarias para poder llevar a cabo esto.

Era simplemente con esa aclaración.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Roldán. Senador Zoé Robledo.

Perdón. Senador Cervantes, y senador Zoé Robledo, y senador Encinas.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias senador. Buenas tardes a todas y a todos.

Le voy a dar mi punto de vista. No es sólo lo que decimos sino es un fenómeno mundial que el tema de corrupción es un tema de redes.

La defraudación fiscal es un tema de redes, el lavado de dinero es un tema de redes. Esencialmente lo que más agravia a una sociedad contemporánea es un tema de redes.

Y no puede haber un marco constitucional y legal que no atienda los temas con respecto a una eficacia y eficiencia y eso te traiga como habilidades institucionales en una funcionalidad en la persecución de lo que más agravie a una sociedad.

El sistema anticorrupción aprobado hace poco por el Poder Renovador de la Constitución mantuvo la etapa de garantías intocada entendiéndose en mi visión como un Sistema Nacional Anticorrupción, uno de Ley de Responsabilidades que se está tratando aquí, y dejó intocado el tema penal.

Y me explico:

En el artículo 109 de la Constitución, cuando marca la Fracción Segunda, dice: “No procede juicio político… una expresión de ideas”. Punto.

Fracción Segunda:

“La Comisión delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, serán sancionados en los términos de legislación penal aplicable”.

Nuestra Constitución y el sistema convencional de nuestra región, igual que la ha tenido el europeo, habla que el tema de corrupción es un tema de tipos penales y de legislación penal.

Quiere decir que, o revisamos los tipos penales que tenemos para ser eficaz, porque el procedimiento ya lo tenemos; tenemos el adversarial, después de una modificación a la justicia penal.

Y si lo que tenemos son debilidades de las instituciones llamada Fiscalía, también está en la discusión, muy bien planteada por varias senadoras y senadores, sobre la puntualidad de tener una Fiscalía Anticorrupción eficaz, eficiente, con habilidades institucionales que pueda hacer este tipo de investigaciones y que no le aplica el Artículo correspondiente a la excepción de la materia fiscal mercantil, civil, laboral y administrativo, porque el párrafo anterior habla de las comunicaciones privadas son inviolables, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por algunos particulares que participen en ellas. Punto seguido. El Juez valorará el alcance de éstas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito.

En el tema penal, nuestro sistema constitucional sí está atendiendo a las intervenciones y a las redes.

Es más, no me imagino una persecución moderna sin intervención telefónica y cualquier otro medio electrónico de comunicación, porque si no también lo estaríamos restringiendo y en una interpretación conforme, propongo, la discusión de la mejor forma en que tuviéramos los tipos penales con la legislación adecuada y dentro de la fiscalía especial, en vez de debatir por qué está en una ley del tema administrativo cuando lo que se quiere plantear por parte de la ciudadanía es el problema, no el vehículo para hacerlo.

Esta podría ser una de las soluciones sin la modificación constitucional y con esa eficacia, y si llegamos a encontrar el talento, como a veces yo digo, y el tiempo y la pluma y el papel para poderlo redactar, podría ser sin modificar la Constitución y sin dejar de atender el tema de redes.

Si me permiten, rápido, cómo yo veo el tema de corrupción, cuando presidía la Comisión de Puntos Constitucionales y lo dije a varias de las organizaciones civiles. Para mí debe haber un énfasis de los estados con respecto al contacto de lo público y lo privado. Tendrá que revisarse la forma de contrataciones, las reglas de contacto.

En otro, las siete o diez conductas internacionales en materia administrativa y en materia penal, con eficacia y eficiencia, las habilidades institucionales y el que inhiba que se dé esa conducta; y eso en su conjunto te puede dar una reducción sustantiva del delito; en la materia de corrupción o en las sanciones administrativas, como denominamos graves.

Si la teoría, tanto convencional como constitucional, habla que atiende a las sanciones administrativas la misma teoría penal para el tema de la construcción y que debemos tener las mismas garantías; deberíamos de construir un tema eficiente y eficaz sobre este ataque.

El reproche de las conductas, independientemente una administrativa cuando son graves tienen una sanción social muy importante que hay que atender; y las penales también, pero nuestra Constitución, propongo, podría dar una solución sin la modificación constitucional, advirtiendo, como he platicado con varias senadoras y senadores, de que lo que necesitamos es una Fiscalía Anticorrupción muy bien armada, separada totalmente de la decisión política, no vinculada con el titular de la Procuraduría en su momento, como se está proponiendo en estos momentos, y que tenga todo el andamiaje para hacer esto y cosas más, para poder atacar en las redes y no encontrar en esta disposición y agradeciendo lo provocador, porque entender el tema de corrupción como un tema de redes, es no entender el fenómeno y simplemente no lo vamos a adecuar.

Con esto termino.

Alguna vez, con algunos de los colegas que se construyó esto le platicaba que creo yo que alguno de los tipos penales tenemos que hacer un tipo abierto, pero que sea constitucional, tipo como el homicidio, que es un tipo abierto pero perfectamente constitucional, que no describe las conductas pero sí el resultado; tipo como el que se hizo en materia fiscal en su momento, en que dos o más personas se pusieran de acuerdo para la declaración fiscal, y ha habido un alta eficiencia y la procuraduría fiscal tiene un 90 y tantos por ciento de que cuando pide el ejercicio de acción penal, se logra.

Encontrar la forma de poder atender a que el fenómeno de corrupción, si es, y la mayoría de las veces es, porque es un tema necesariamente de redes, que se instrumenta con temas modernos, de comunicación normalmente en qué se da y de manejo de flujo, lavado de dinero, etcétera, que podríamos encontrar.

Simplemente digo con humildad, podríamos encontrarle el que lo perfeccionemos vía la materia penal, no entrar a materia administrativa, en el caso concreto, si esto nos puede satisfacer.

Gracias, presidente. Gracias,

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Cervantes.

Tengo registrados al senador Zoé, al senador Encinas, a la senadora Tagle, al senador René Juárez, a nuestro invitado Max Kaiser y a nuestro invitado, el doctor Roldán, y al senador Armando Ríos Piter. Senador Zoé.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senador Escudero.

A ver, para poder justamente como dice el senador Cervantes, buscar el cómo sí y no quedarnos nada más con la pura argumentación, que de alguna manera desprovee al sistema y a los órganos de investigación, de mecanismos que en todo el mundo son los que han dado resultado para combatir la corrupción.

Hay que dejar claro, estamos discutiendo el artículo 54 de la Ley 3de3, que es en la única en la que se hace referencia a la intervención de comunicaciones. Y habla, en primer lugar, de la estrategia de usuario simulado y después, a esa estrategia la dota de diferentes herramientas de investigación; lo mismo medios de grabación, registros ocultos y demás, incluida la intervención de comunicaciones.

Y sólo para que quede claro, porque también como se dijo, estamos discutiendo 3de3, pero también hay otras iniciativas; nosotros tenemos una, algo similar, no hasta el tema de intervención de comunicaciones, pero sí respecto a operaciones encubiertas, digamos, partiendo de ese principio.

Primero, de saber si es algo que está en la disposición de poder discutir si el mecanismo de operaciones encubiertas o usuarios simulados es válido para las autoridades investigadoras. Ahora, yo sí me pasaría a TELECOM.

¿Qué establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión?

Dos elementos y las únicas dos menciones sobre intervención de comunicaciones. Leo tal cual el artículo 190 en su último párrafo, cuando dice:

“Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.

Lo digo porque entre 189 y 190 fue de gran controversia cuando discutimos TELECOM. Tan es así, que hay un amparo para declararlo inconstitucional que la Corte todavía no resuelve, entonces tampoco hay que adelantarnos en ese sentido, porque pareciera que ya estamos diciendo que vamos a declarar inconstitucional el 189 o tenemos una posición para declararlo inconstitucional, y yo no sé si así sea.

Ahora, para ampliar este asunto. Cuando discutimos esto, que tenía que ver con las obligaciones en materia de seguridad y justicia, de lo que hablábamos era justamente, las posturas en contra y a favor de las redes del crimen organizado, de las redes que vulneran al Estado mexicano desde el narcotráfico, desde las bandas de secuestradores, la extorsión, etcétera, etcétera.

Yo lo que planteo es algo muy simple que no intenta simplificar.

¿Por qué no queremos dotar de las mismas herramientas al combate a la corrupción a partir de las redes, como dotamos en la Ley de Telecomunicaciones de herramientas al crimen organizado?

Que siempre todas las veces fue el argumento: Cómo nos vamos a quedar atrás; cómo le respondemos a una persona cuyo familiar está secuestrado que no podemos intervenir una comunicación, y por eso estuvimos de acuerdo también.

Pero el asunto es, no entiendo por qué hacer la distinción. Bien podría caber en la interpretación del 190 de la Ley de Telecomunicaciones, que es la que además hasta el momento no es inconstitucional, para dotarle a estas otras autoridades de esa herramienta para el combate a la corrupción. Vaya, me parece que los dos flagelos son igual de importantes y que, de la misma manera, además de que están conectados, están dañando al país de la misma forma crimen organizado y corrupción cuando no se tocan.

Vaya, me parece, y siguiendo a la lógica del senador Cervantes, a quien además respeto mucho como abogado y como constitucionalista, sí creo que sí hay y la propia Ley de Telecomunicaciones además a la que hace referencia justamente la iniciativa tiene una interpretación amplia sobre cómo se pueden utilizar a favor este tipo de intervenciones en comunicaciones. Nada más.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias por sus comentarios, senador Zoé Robledo. Senador Alejandro Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.

Bueno, siendo esta la primera reunión pública que sostenemos, y además mediante el mecanismo de Parlamento Abierto, yo quiero fijar mi opinión personal, primero en términos generales.

Partiendo de coincidir con lo que algunos de mis compañeros y compañeras aquí han señalado respecto a que la corrupción en nuestro país es un fenómeno estructural, multifactorial y sistémico, y que forma parte del engranaje a partir del cual funciona el sistema político en nuestro país, sin corrupción no funcionaría el actual sistema político en México. Y esto es que es consustancial al origen de nuestro propio régimen político.

Después del triunfo de la Revolución Mexicana lo primero que hicieron los caudillos fue repartirse las haciendas, y posteriormente el uso de la función pública, el ejercicio de la función pública se convirtió en un instrumento de control y de dominación política.

Este país obtuvo su gobernabilidad con cañonazos de 50 mil pesos.

Hay que recordar aquella frase de Obregón cuando estaba buscando su brazo después de la Batalla de Celaya, donde fue a aventar una moneda de un centenario de oro para que saliera el brazo y lo encontrara.

Y desde entonces y de manera lamentable el régimen político en nuestro país se sustentó en esta relación perversa entre política, tráfico de influencias y negocios.

Yo digo, el presidencialismo en nuestro país no podría funcionar sin la corrupción, porque es la condición a partir de la cual funciona el conjunto del engranaje del sistema.

Por eso creo que esta reforma no es una reforma más y no es una reforma, como lo dijeron al principio, al régimen de responsabilidades, es una reforma al régimen político. Yo no exagero, creo que esto se requiere de una reforma al Estado en la creación de este sistema nacional anticorrupción y creo que esa es la visión que debe prevalecer en la discusión del conjunto de leyes que vamos a dictaminar.

Es una reforma del estado, no es una reforma en materia de la legislación secundaria o una reforma constitucional. De esa magnitud y por eso tanta importancia en este tema.

Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Porque en muchas ocasiones, ante la premura del conflicto ante el nivel en que se han escalado algunos fenómenos como la violencia y la inseguridad o la corrupción, muchas veces se piensa en una salida a partir de acortar sus derechos o las libertades de los ciudadanos.

Hay que ver como en la materia de inseguridad se fueron coartando libertades. Se estableció a nivel constitucional figuras como el arraigo, que implica la pérdida de la libertad ante la presunción de la comisión de un delito, rompiendo con el principio jurídico fundamental de nuestro sistema judicial de que nadie es culpable hasta en tanto no se le demuestre y sin embargo hay pérdida de libertad como también se endurecieron muchas de las penas en la lógica de que iba a disminuir el índice delictivo con el endurecimiento de la penalidad, lo cual ya se comprobó que no funcionó y el coartar libertades no resolvió el problema de inseguridad.

Como también hay que tener mucho cuidado en el tema anticorrupción, porque el permitir que una autoridad administrativa permita la intervención telefónica o incluso el allanamiento de un domicilio, pues implica también el establecimiento de una serie de disposiciones que coartan los derechos humanos y las libertades establecidas que hemos alcanzado en nuestro país.

Digo, no es con esto, esa no es la vía. ¿Cómo sí? Bueno, en el caso de la intervención de llamadas telefónicas hemos tenido una discusión muy intensa en este Senado de la República. Ya Zoé hablaba de la discusión que tuvimos cuando se discutió la Ley de Telecomunicaciones, en donde nosotros insistimos en todo momento en que la intervención telefónica requería siempre mandato judicial.

Hace unas horas acabamos de terminar una de las cientos de reuniones que hemos tenido en materia de protección de datos personales, y lo vemos puesto en el centro de la atención el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas y justamente uno de los temas es también cómo garantizar la protección de los datos de las personas, evitando injerencias indebidas de la autoridad y del estado, para que no se conculque el derecho a la privacidad.

Bueno, por supuesto que no es por la vía de que una autoridad administrativa pueda declarar la posibilidad de intervenir una llamada telefónica, tendría que ir acompañado de lo que hemos construido a lo largo de muchos años, de lo que es la obligación del mandato judicial.

Entonces lo que hay que construir una propuesta naturaleza, es cómo la autoridad administrativa, habiendo iniciado un procedimiento de investigación por la presunción de la comisión de delitos en materia de corrupción, requiera a la autoridad judicial no que le permita, la autoridad judicial haga la investigación y en ese sentido intervenga. Es muy distinto.

Yo sí creo que tenemos que ir cuidando bien este tipo de planteamientos para que efectivamente tenga dientes, haya la posibilidad de instrumentos eficaces en el combate a la corrupción pero también aguas.

Porque el problema de este país desde mi punto de vista no es la corrupción, ese es uno de los síntomas. El principal problema es la impunidad.

Y si vamos a requerirle a la autoridad judicial, donde se cimienta en lo fundamental la impunidad que permite estos niveles de corrupción vayamos analizando, que yo creo que es de las partes que requiere esta Iniciativa de mayor profundización en cuáles son los cambios que requerimos en el Poder Judicial, que es donde deben estar los dientes de a de veras y también establecer mecanismos de control y de fiscalización del fiscal: Quién vigila al juez, quién vigila al fiscal.

Creo que en esta discusión ese es el tema central que debemos estar debatiendo, sin demérito de que en puntos concretos pues ahora sí que así discutimos aquí, parejito, ¿no? Es parejo y de eso se trata.

Pero donde haya diferencias las vamos a señalar buscando la posibilidad de superar estos diferendos.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Alejandro Encinas. Senadora Tagle.

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias Presidente.

Yo quisiera primero retomar un asunto de método y después sobre el tema específico.

Porque creo que hay que reconducir la discusión y por eso desde un principio he estado insistiendo justamente en cómo se va a dar la discusión.

Porque a como estamos, estamos discutiendo la lista de preocupaciones del Presidente sobre la Iniciativa 3de3, o sea, y no creo que ese haya sido el objetivo de establecer estas mesas de trabajo.

Y además con un claro objetivo como de denostar la Iniciativa Ciudadano empezando por alarmar sobre la Iniciativa como está.

Entonces me parece que tenemos que reencauzar esto y sobre todo porque tenemos más mesas y deben de conducirse de mejor manera.

Creo que de entrada debemos de establecer una lista de temas que en cada una de las Iniciativas vamos a discutir, que es donde están las preocupaciones y de ahí vayamos discutiendo tema por tema.

No empecemos por discutir las preocupaciones que trae documentadas el Presidente de la Comisión.

Me parece que ese debería de ser un método por el cual primero pues cada senador pueda proponer cuáles son los temas que le interesan y sobre eso elaborar una lista de temas sobre este particular y entonces empezar a discutir esos temas que son del interés de todos.

Y además también digo que me parece que, y ahí voy al tema de fondo, que ha sido como de alguna manera tramposo y debo decirlo así, sacar de contexto este tema de la intervención de llamadas de una Iniciativa Ciudadana como para decir que eso sí nos parece muy grave, que cómo los ciudadanos vienen a proponer que se intervengan llamadas cuando va contra la Constitución y que se ha engañado a 634 mil firmantes, cuando en la Iniciativa está esto.

Y en el contexto en el que se encuentra ni siquiera es en el que se ha planteado porque me parece que además en la propia propuesta establecen mecanismos de control, no van a ser de manera arbitraria.

Dice: “para la intervención de comunicación privadas se requerirá de autorización del Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente y para tal efecto se estará el procedimiento establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.

Y como decía aquí el senador Zoé, eso todavía no se declara inconstitucional. Y sí, hay una seria discusión sobre el tema de la intervención de llamadas.

Desde las izquierdas hemos estado en ese tema pero por favor, es una realidad en México. Y quiero leerles algunos datos:

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), reveló que durante 2015 se han ejecutado 255 acciones de intervención legal de comunicaciones para investigaciones de inteligencia relacionadas con amenazas a la seguridad nacional e incluso, para hablar de este sexenio, dice: con el cambio de administración en el 2013, ya en el primer año de gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal a través del CISEN, incrementó exponencialmente el uso de la figura, al requerir 530 intervenciones de comunicaciones, 247 por ciento más que en el 2012.

El nuevo gobierno que llegó con la estrategia de acrecentar la inteligencia por encima del uso de la fuerza, porque ese es el argumento desde el gobierno para combatir la delincuencia organizada en el país, continúa el uso intensivo de la figura en el 2014, cuando requirió 726 intervenciones de comunicaciones, lo que representó el 136 por ciento más respecto del 2013.

Entonces tampoco vengamos aquí a decir que no es algo que está haciendo el gobierno, y me parece que en un tema de esta naturaleza, precisamente identificando cuáles son los elementos que nos permitan que sea un asunto constitucional y plenamente identificado a un mandato judicial, podamos prosperar en este tema.

Pero vuelvo a insistir, me parece que para reencausar la discusión debemos definir una lista de temas sobre este paquete de iniciativas en materia de responsabilidades y que, así suceda con las demás mesas que están previstas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora.

Es que el acuerdo con nuestros invitados no es de discutir el paquete de iniciativas, el acuerdo que tenemos con los compañeros, lo digo con respeto, era hablar exclusivamente de 3de3, ese fue el acuerdo, centrar la discusión en eso.

Y yo repito, antes que nada, no me gustaría que quedara sobre la mesa: si en algún momento sintieron que denosté algo, se lo dije al senador Ríos Piter, retiré mis palabras de ahí; estamos en un sistema parlamentario, yo los consideré como un grupo parlamentario.

Les reitero una disculpa, les reitero que el tema es una cuestión técnico-jurídica y déjenme precisar otra vez, cuando empezó esta discusión, este análisis, yo pregunté en más de dos ocasiones que si alguien quería registrar temas. Les dije “que no sean mis temas, ¿Quién más?”, y por eso inicié, y aquí los senadores podrán presentar y plantear los temas que quieran.

Tengo registrados senadores, pero vamos a ir balanceando la mesa.

MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Sólo para atender este punto. Senador, muchas gracias y gracias por reconsiderar su posición, yo le aseguro que ninguna de las 634 mil personas que promovieron o pusieron su firma y su confianza en la iniciativa, están buscando ni violar la ley ni violar la Constitución.

Creo que en el ánimo de todos los que estamos presentes y muchos otros, está justamente el ánimo parlamentario, poner sobre la mesa temas que son preocupación de la sociedad y que puedan aquí encontrarse las soluciones idóneas, apegadas al Estado de Derecho.

Le agradezco mucho que reconsiderara su posición y expreso la nuestra, y dejo muy clara constancia de ella.

Y sobre el método. El acuerdo que alcanzamos el día de ayer establece, con toda precisión, que tomaríamos como base la estructura de la iniciativa de ley ciudadana 3de3, haciendo referencia explícita al segundo documento de trabajo, en beneficio de lo que los tres presidentes de la comisiones habían avanzado entre la primera y la segunda versión.

Entonces, creo que tomando lo que se ha dicho aquí, valdría la pena concentrarnos de nuevo en la estructura lógica de la iniciativa, probablemente también haya diferencias sobre esa estructura lógica. Los capítulos que está tocando, las preocupaciones de fondo que se plantean y a partir de ello, encontrar entre todos, cuando menos en esta mesa de trabajo, sin tratar de violentar las responsabilidades y atribuciones que son competencia exclusiva de los senadores; por lo tanto no somos un grupo parlamentario, sin tratar de atravesar esa frontera, encontrar como mesa de trabajo y no siendo ésta una comisión dictaminadora, los vehículos correctos para avanzar en la discusión.

Yo le pediría que regresáramos al acuerdo del día de ayer, que tomó en consideración tanto su trabajo y el de los otros presidentes de las comisiones, como la iniciativa de ley, sólo para dar estructura a la conversación y poder atender una preocupación social.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, maestro Bohórquez. Senador René Juárez

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero retomar y reconocer la actitud del señor presidente de la Comisión, de rectificar la expresión que usted tuvo, senador Pablo Escudero, que conociéndolo como usted mismo lo expresó, seguramente que fue el ánimo constructivo que todos tenemos de hacer más eficaz y más constructivo este intercambio de ideas. Yo lo felicito y creo que ese es el ánimo.

El propósito que hemos compartido y escuchado aquí de parte de todos es el mismo que ha motivado precisamente que estemos discutiendo este tema.

Todos tenemos interés, indiscutiblemente en atacar este cáncer, no hay ninguna duda. Nosotros en el Partido Revolucionario Institucional estamos totalmente convencidos en que hay que avanzar en la solución de este problema, que hay que buscar caminos que nos permitan abatir este fenómeno de la corrupción, de eso no hay ninguna duda. Compartimos con ustedes sus preocupaciones.

En tercer término, me parece que todas las expresiones que se han expresado aquí van orientadas a lo mismo, y quisiera recoger y compartir lo que decía el doctor Roldán cuando aceptaba en tres aspectos fundamentales que sin duda hay una limitación constitucional, lo compartimos.

Que el objetivo es buscar un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción a través de la intervención de las llamadas telefónicas, bueno, es una expresión que respetamos, hay que debatirla, hay que discutirla, hay que buscarle –como lo dice el senador Cervantes– una orientación para ver si este instrumento es válido a la luz del marco legal constitucional existente, o si hay una forma, un camino, un sendero para llegar a usar este instrumento siempre con el soporte y dentro del marco de la ley.

Y, en todo caso, plantear la posibilidad de la modificación constitucional. Bueno, es otra opción que ahí está sobre la mesa. Yo creo que el método que estamos siguiendo me parece que es el adecuado porque al final de cuentas vamos a llegar a analizar artículo por artículo y tema por tema. Es decir, cada uno de los temas se refiere fundamentalmente a uno o a varios artículos, pero llegamos a esa parte.

A lo mejor lo que convendría, si así lo consideran conveniente, es avanzar en estas inquietudes colectivas, porque la inquietud no solamente es del presidente, también es una inquietud que yo comparto, esto de la intervención de las llamadas telefónicas.

Sabemos que el documento es muy rico, muy amplio, es muy interesante, se recogen la mayoría de los planteamientos y podríamos ir a las diferencias, podríamos ir a estos puntos donde sabemos que a final de cuentas vamos a llegar a tener que discutirlos.

Este es uno que se podrían registrar los tres o cuatro puntos donde tengamos alguna divergencia o una opinión encontrada y vayamos para poder avanzar a esos puntos específicos que creo que es lo más saludable que pudiéramos hacer en una discusión para ir avanzando, en el entendido que coincidimos en lo esencial en el contenido de la propuesta ciudadana.

Es cuanto, señor presidente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador René Juárez. Maestro Max Kaiser.

MAESTRO MAX KAISER: Muchas gracias, señor presidente.

Como no hay otras preocupaciones en la mesa, trataré de abordar varias de las preocupaciones que se han expresado por parte del presidente en una serie de conceptos, a ver si puedo abordar las más importantes.

El constituyente permanente generó un nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Separó en graves y no graves el concepto de responsabilidades administrativas. Para eso creó un nuevo sistema y un nuevo proceso.

Estableció un proceso en el cual habrá autoridades investigadoras separadas de aquellas que instruyen, resuelven y sancionan. En eso estamos de acuerdo. El documento de trabajo nuestro es parecido en esa parte.

La preocupación sobre la convención anticorrupción de Naciones Unidas, la que se conoce como la Convención de Mérida que se firmó en 2013 en México, que establece sólo tipos penales, creo que es una interpretación equivocada.

En las últimas tres reuniones que ha habido sobre la convención se ha hablado de la importancia de los regímenes administrativos, de los regímenes disciplinarios administrativos, y de la función que los regímenes de responsabilidades administrativas hacen en términos de contener la corrupción, porque están presentes, porque están inmersos dentro del Estado y tienen la capacidad de contener la corrupción. Y hay países que no los tienen, pero la mayoría de los países desarrollados si no tienen regímenes de responsabilidades administrativas.

El constituyente decidió crear un nuevo concepto, que es el de responsabilidades administrativas graves. Después de mucha discusión, nosotros llegamos a la decisión de que la mejor manera de generar un criterio objetivo y no discrecional de parte de las autoridades investigadoras es generando tipos parecidos a los penales.

¿A qué voy? Cuando un órgano interno de control o una unidad especializadora o al Auditoría Superior de la Federación tenga en sus manos un caso que se conoce como corrupción, en el régimen actual lo que tiene que hacer es interpretar el artículo octavo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que tiene 24 fracciones, pero que se desdoblan en 6 mil 800 hipótesis normativas, lo que hace imposible normalmente el turno correcto del área de investigación al área de instrucción.

Lo que nosotros queremos es darle seguridad jurídica, al revés de lo que se cree, darle seguridad jurídica al servidor público, porque ahora hay tipos claros y concretos que le dan al órgano interno de control muy poco o a la autoridad investigadora muy poca discrecionalidad y muy poco margen de interpretación: esto es soborno, esto es peculado, esto es desvío, esto es tráfico de influencia.

Y no tiene que irse a hipótesis complejas en donde tiene que recoger diferentes conceptos de una, dos, tres o cinco fracciones, como normalmente se hace, sino que sólo tiene que calificar la conducta con un tipo, clasificarla con un tipo y hacer el turno.

Por lo tanto no es una equivocación de nuestra parte, no es una mala interpretación de la convención de Naciones Unidas, es más bien atender a las recomendaciones de Naciones Unidas de tener un régimen de responsabilidades administrativas sólido, que tenga la capacidad de contener la corrupción, para que el régimen penal se encargue sólo de los casos más graves y de los casos que pueda atender, que en realidad, como lo hemos visto en México, son muy pocos.

Desde el punto de vista de las sanciones, nosotros sí incorporamos el artículo 74 que dice: “Las sanciones por faltas administrativas establecidas en esta ley consistirán en las sanciones para cualquier involucrado en un caso de corrupción, servidores públicos, dirigentes partidistas, dirigentes sindicales, miembros de equipos de transición, personas físicas, personas morales y establecen las diferentes sanciones.”

¿Cuáles son posiblemente aplicadas para privados? Sanciones económicas, resarcimiento de daños y en el caso que a usted le preocupa que es cuando están involucrados en contrataciones públicas, la inhabilitación temporal para participar en contrataciones públicas.

Entonces, sí están incorporadas las personas físicas, no se nos olvidaron, sí están en el documento y sí están incorporadas porque además en el documento de la iniciativa ciudadana no se hace una distinción entre tipos aplicables a personas físicas o morales o involucrados en actos de corrupción y tipos para servidores públicos.

Son 10 tipos administrativos que aplican a cualquier persona que esté involucrada en un acto de corrupción, no sólo a una de las partes. Entonces, en ese sentido construimos un sistema, creemos nosotros, muy completo, muy sencillo y como decía el doctor Roldán, un sistema que sólo establece las bases mínimas para que tanto la federación como los estados tenga la capacidad de hacer sus propios regímenes de responsabilidades administrativas.

No sé si atendí algunas de las preocupaciones.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí gracias, doctor, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Roldán y rápidamente precisar mi preocupación, justamente de la revisión de la convención y del nombre de los tipos coincidían con los que están, algunos, como el peculado y el soborno, coincidían con los que están en la iniciativa.

Por el otro lado, el Código Penal Federal en el décimo y décimo primero también tienen algunos el mismo nombre. A eso obedece de la conveniencia de que estén con el mismo nombre en el Código Penal Federal o incluso en una Ley General de Responsabilidades.

Será un tema ahí para tocar posteriormente. Doctor Roldán.

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Me parecen muy pertinentes las observaciones del senador Cervantes y por supuesto creo que planteó una serie de problemas pertinentes para discusión.

Yo le invitaría, senador Cervantes, a pensar en lo siguiente:

Tanto la sanción administrativa como la sanción penal son expresiones del ius puniendi y estatal, pero no son lo mismo.

La sanción administrativa como la estamos entendiendo en la propuesta, tiene una parte que es algo tradicional –si usted me lo permite- que tiene que ver con el derecho disciplinario del viejo y actual sistema de responsabilidades de servidores públicos y que por supuesto como tal tiene su propia lógica.

La novedad constitucional es que no solamente la sanción administrativa se va a restringir al derecho disciplinario, sino también abarca a particulares o aquellas personas que tienen una posición que está en la zona gris entre servidor público y particular y que es necesario considerar y una adecuada tipificación.

Al ser expresión del ius puniendi, tanto la sanción administrativa como la sanción penal, requieren de tipos y requieren de observar el principio de taxatividad, los dos, pero tienen distinta materia, distinto grado pero también tienen zonas de conexión.

Cada uno en su propio ámbito tiene un mandato de ser eficaz y sus efectivas. Es decir, cumplimos el propósito constitucional, ¿sí?

El ámbito penal y el ámbito administrativo cumplen de mejor manera el propósito que es combatir corrupción.

Si eliminamos la capacidad en el ámbito administrativo de combatir redes, simplemente estamos siendo omisos con ese propósito constitucional. La cuestión es cómo lo logramos, cómo maximizamos el objetivo.

Con otro elemento y también lo invito a pensar en lo siguiente:

El régimen de juicios orales innova una serie de principios y uno de ellos tiene que ver con la oportunidad.

¿Qué significa la oportunidad, cómo yo la entiendo? Simple y sencillamente que en algún momento el fiscal va a tomar una decisión discrecional de priorizar, que puede tener que ver con la relevancia del asunto, que puede tener que ver con cargas de trabajo, que puede tener que ver con otro tipo de razones finalmente discrecionales por las cuales en un universo de ilícitos penables posibles va a elegir a cuál enfocarse.

Por tanto, deja otro rango de probables ilícitos, de presuntos responsables que por la observancia del principio de oportunidad van a dejar de estar investigados y por supuesto esta es una de las puertas de posible impunidad.

¿Cuál es la función en este contexto de un sistema de sanciones administrativas?

Que de esa relación entre lo penal y lo administrativo, lo administrativo, a diferencia de lo penal que es la última ratio, es la prima ratio y por tanto tiene una función también subsidiaria del régimen penal.

Los ilícitos, sean penales o administrativos tienen que ver con conductas similares, por tanto es natural que haya similitud en la forma de describir las conductas porque son distintas materias, distintos órganos, distintos procedimientos, distintos órganos sancionadores y eso es perfectamente constitucional.

La Constitución expresamente señala que es posible establecer procedimientos de distinta materia, de distinta vía y no tenemos un problema que probablemente el subyace, no lo dijo usted en su argumento, que tiene que ver con el non bis in ídem.

Entonces le dejaría estas partes para una reflexión al respecto. Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Para alusiones, senador Cervantes.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias doctor.

Evidentemente yo no comenté que era un problema de constitucionalidad que hubiera dos sanciones, mucho más el cómo sin la modificación constitucional si no le encontramos una salida a una discusión concreta a la materia administrativa.

Y cuando mencioné es evidente que del ius puniendi, tanto el penal como el administrativo, no son lo mismo porque su consecuencia no es la misma, uno tiene una sanción de inhabilitar o pecuniaria, y la otra de la pérdida de la libertad.

Pero también es cierto que dicen, como bien dice usted doctor, que el principio de taxatividad, que ex ante, yo debo saber cuál es la conducta que está prohibida y que por lo tanto sé si la cometo o no la cometo, se debe de cubrir en ambos casos.

Mencionó el senador Pablo Escudero, y él hizo una alusión personal, no su servidor, si que los tipos penales sean parecidos eso es constitucional o no, yo todavía no me he pronunciado en el tema.

Creo yo que, vuelvo a repetir, que es un fenómeno de redes, que si no le encontramos o el poder de la Constitución, entiendo perfectamente cuando se hizo el nuevo régimen, en mi visión, Raúl Cervantes antes, pero ya se hizo la reforma constitucional, yo hubiera quedado muy claro cuál es el disciplinario y hasta cuáles son asuntos que son casi de materia laboral para no hacer un procedimiento sancionador.

Porque cuanto tú llevas al infinito un mundo de procedimientos, haces inoperante a la función, por una serie de demandas, y un muy buen ejemplo sería la materia laboral en materia federal, que lo que cuesta más al Estado es llevar los procesos, que a lo que es con el trabajador, la relación del Estado con su trabajador, hay entre 200 o 250 mil recursos que son hasta inexplicables que se lleven a cabo.

Y que por esa razón, como decía el doctor, lo que hay que buscar es el mínimo de conductas y de tipos, aquí pongo de testigos a algunos senadores que en privado les dije, fue: por qué no se ha hecho adecuadamente una justicia penal electoral, porque llegamos a tal grado de especialización de los tipos, que el día que se integra la investigación, entre que se integró y la especialidad de acusar, el tipo sale libre por la especialidad.

¿Hoy es culpa del juez? No, es culpa de la integración. Sí, pero también es culpa del legislador de haber llevado al infinito conductas. Entre menos intervención tenga el Estado, menos conductas tenga que investigar, pero que sean suficientemente efectivas en el tema de redes, es lo que debemos hacer tanto en la materia administrativa y tanto en la materia penal.

No lo digo ahora, lo dije cuando fui presidente de Puntos Constitucionales, lo dije hasta en una revista de Foro Jurídico hace como dos años, si tenemos el talento de generar las conductas mínimas, que se tiene que hacer, que ya hay hasta instrumentos internacionales, cuáles te dicen, porque el fenómeno de la corrupción es un fenómeno internacional, y que busquemos y siempre será mi estilo, así que doctor, no nos conocemos de otro tiempo y vamos a construir ideas, es el cómo sí le encontramos con el marco jurídico que quedemos.

Tomo en cuenta las reflexiones y seguiremos aquí y en privado, las veces que sea necesario poderlo intercambiar. Y agradezco la reflexión, mi querido doctor y amigo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Cervantes. Senador Armando Ríos Piter.

¿Cedemos el uso de la palabra a la senadora Marcela primero? Senadora Marcela Torres.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Simplemente tratar de solicitar, presidente, con todo respeto, y a todos los miembros de la mesa, una moción en cuanto a método.

Realmente ha sido creo que enriquecedor, por lo menos para mí y voy a hablar en términos absolutamente personales, escuchar los conceptos aquí vertidos por el senador Raúl Cervantes, por el senador Burgos, etcétera.

Advierto una coincidencia: todos los que hemos hablado estamos en contra de la impunidad y queremos abatir la corrupción, y esa es una enorme coincidencia. Eso está muy bien.

Lo que creo que tenemos que encontrar ahora es cómo procesar. Sabiendo que tomamos como base, y es un acuerdo ya tomado, la Ley 3de3, me permito sugerir con respeto que enviemos, que juntemos en la página pública las preocupaciones, las inquietudes que tengamos en torno a esta ley, por parte del PRI, por parte del PRD, por parte del PAN, por parte del Verde, por parte de todos; siendo que ya es el documento oficialmente tomado como estructura, y ya con las inquietudes ahí vertidas podamos empezar a analizar inquietud por inquietud y ver cómo sí, como dice el senador Cervantes, para poder llegar a la nuez del asunto, porque son las 7 de la noche, ha sido realmente enriquecedor escuchar, pero creo que tenemos que resolver el asunto y procesar y llegar a un dictamen, que ese es el objetivo final de estas reuniones.

Entonces para tal efecto, propongo con respeto a toda la mesa, el que podamos subir como un problemario, como unas inquietudes de cada uno de los grupos parlamentarios a esta Ley 3de3 e ir procesando cada una para ir llegando a lo importante de cada uno.

Es, con respeto, una sugerencia en cuanto a método que yo les agradecería que lo pudiéramos de alguna forma votar o procesar.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Marcela.

Esta es una reunión de trabajo, como todos sabemos. Tienen instrucciones los secretarios técnicos de recoger justamente el debate, las ideas, las propuestas, para después tener, y les pido que lo hagan, lo suban en la página cada uno de estos; estarán las versiones, estará el video, tanto estenográfica, los que quieran mandar, no sólo de los senadores sino de las otras autoridades o los que quieran participar en esto, y así es justamente como estamos pensando en seguir construyendo esto.

Maestro Bohórquez.

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Gracias, senador.

En el ánimo de establecer principios para otras sesiones que vendrán, creo que lo correcto, y también habiendo revisado su segundo documento de trabajo es que alrededor de cada uno de los artículos de la iniciativa 3de3, en un cuadro comparativo se incluyan los acuerdos, las diferencias, las preocupaciones, para poder avanzar y culminar con el trabajo que tenemos por delante.

Entiendo, por lo que leí, que hay más de 30 artículos de la Ley 3de3 que encontraron, si no completamente satisfactorios razonablemente satisfactorios como para incorporarlos a ese documento de trabajo.

Y creo que para ilustrar este ánimo de cooperación entre sociedad civil y Poder Legislativo, el Senado en particular, valdría la pena en el sentido que lo describe la senadora Torres Peimbert, que se tome la estructura de la Ley 3de3 y que se hagan los comentarios que sean necesarios y que se haga esto del conocimiento de la opinión pública.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, me parece que no hay ningún problema de ir haciendo las referencias que se han aportado a cada uno de estos temas, y que cada quién pueda ir subiendo las observaciones que tienen.

Y me parece también que la explicación de la construcción de la ley ha sido importante.

Es evidente que de la Ley 3de3 al documento que construimos es diferente por la propia estructura que nosotros hemos sido exhaustivos tomando parte del PRD en el capítulo de pruebas, en algunas otras cosas para entender más a detalle. Ahora entendemos cuál era la estructura, ¿no?

Pero con gusto. Me parece importante que recibamos cada uno de estos y que se suba en la página para que quede claro cualquier comentario a detalle.

Por supuesto, senador Armando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, lo que pasa es que la verdad nos encasillamos, creo yo, en una visualización del tema de la iniciativa 3de3 que creo que le dio cierta restricción.

A ver, el planteamiento de política pública que la iniciativa trae y la quiero defender, a los camaradas, porque creo que, repito, nos quedamos limitados en cuanto al planteamiento; nos quedamos nada más en que si puede haber intervenciones o no. Creo que el planteamiento que hizo Alejandro Encinas en realidad busca resolver que dentro de la lógica del sistema, en este caso con la incorporación del Poder Judicial, permita no generar una contradicción con la Constitución, permita contar con la información que permita el combate a las redes, pero ese no es el planteamiento que ustedes traen.

A ver, yo creo que se debe de dejar por lo menos en comento de la iniciativa.

Sí hay una discusión y creo que hay que encorchetar. Aquí no sé las posiciones que abramos de tener, pero lo que plantea la Ley 3de3 es no dejemos este tema como un asunto exclusivo a lo penal, tengamos posibilidad también de entender cómo se plantea en el modelo de reforma constitucional que hay asuntos que pertenecen a las redes en la órbita administrativa que deberán contarse con oficinas especializada, ustedes más o menos lo plantean así en su propuesta. Plantean el tema de servicio civil de carrera para que estén integradas por profesionales calificados, no por cualquiera.

El control interno no debe estar diseñado para perseguir a servidores públicos, o digamos, se entiende que es un combate a la corrupción que pueden cometer servidores públicos; pero hablar de redes se habla de un tema mayor que puede involucrar servidores públicos, actores privados, empresas fantasmas, offshores, etcétera.

Y eso yo creo que es una de las partes que debe de quedar muy claro en la defensa de lo que estamos hablando cuando hablamos de redes, no es solamente ir, como hay otra iniciativa que va a través de los órganos internos de control solamente contra los funcionarios públicos. Ese es el fenómeno individual frente al fenómeno de redes y yo creo que la Ley 3de3 eso es parte de lo que busca defender, los contenidos importantes que busca defender y yo diría, subrayaría esta parte que creo que es de las que más controversia van a generar.

Hay un modelo que plantea, dentro de lo que vamos a debatir, que se la Secretaría de la Función Pública, con un cambio de nombre, con órganos internos de control, que es lo que tenemos actualmente, supervisando a funcionarios públicos.

El modelo de la constitución, el Sistema Nacional Anticorrupción va en contra de ese modelo y ustedes en la Ley 3de3 están planteando ir en contra de ese modelo, porque darle fuerza al sistema, a las distintas autoridades y que no recaiga todo en órganos internos de control, es precisamente lo que permitiría ir contra las redes criminales que cometen actos de corrupción.

Yo lo quiero dejar un poco en comento, ustedes se saben más esa ley, pero estaría chido que así lo pusieran, sí, que no sea solamente un ajuste de cuentas, genera una dinámica preventiva eventualmente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Licenciado Max Kaiser, por favor.

MAESTRO MAX KAISER: Bueno, sí, creo que vale mucho la pena quizá entonces hacer un muy buen resumen de la ley para que las posiciones ya no se centren en un pequeño mecanismo, sino en todos los conceptos que vienen.

Digamos, primer gran cambio de paradigma, los sujetos, es decir, para nosotros, para la iniciativa ciudadana los sujetos son no sólo servidores públicos desde el punto de vista tradicional, así llamados en el artículo 108, y particulares, sino sujetos en medio que comúnmente están involucrados en actos de corrupción y quisimos nombrarlos en la iniciativa.

Otro elemento que creemos que cambia el paradigma es la variedad de instrumentos para identificar casos de corrupción. Constantemente los organismos en la revisión, por ejemplo, de la OCDE se nos ha dicho, se nos ha regañado incluso a México, que seguimos sin contar con un buen mecanismo de protección de testigos y denunciantes.

No tenemos un buen mecanismo de vamos a decirles chismosos, es el mecanismo de whistleblowers, que es el mecanismo para…

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: En el acuerdo se llaman informantes.

MAESTRO MAX KAISER: Informantes, para identificar casos de corrupción.

Las distintas autoridades y organizaciones que han venido a México a hablar del tema nos han dicho si no tienen esto, si no tienen sistemas adecuados de recompensas, de incentivos, de informantes, de protección a testigos y denunciantes, no van a identificar casos, no va a haber casos de corrupción.

Por eso, en la parte administrativa tiene que haber esto. Después y entre estos están mecanismos que pueden ser innovadores y que pueden discutirse, nos concentramos en uno, pero hay muchos más en la iniciativa de Ley 3de3, que tiene la idea de reforzar el aparato de identificación.

En el aparato de investigación creo que uno de los elementos más importantes de la ley que no contempla el sistema actual es ´principios básicos de la investigación, qué es una investigación, cómo se debe de hacer, cómo deben de protegerse los datos, cuál es la celeridad que se debe dar, cómo debe protegerse a los distintos testigos y coadyuvantes, quiénes pueden ser partes, etcétera.

El tema de las visitas que preocupaba también. Uno de los elementos que ha impedido el combate serio a la corrupción por ejemplo en compras gubernamentales, tanto el G20 como la OCDE nos han insistido una y otra vez a México, que tenemos que atender el tema de corrupción en compras gubernamentales, porque es donde se dan los mayores riesgos de corrupción y no hay manera de atender el problema de corrupción en compras gubernamentales si no le damos amplias facultades a la autoridad administrativa para hacer visitas bien reglamentadas, bien limitadas, conservando y protegiendo garantías individuales, pero visitas en donde se pueda revisar a un constructor que defraudó al Estado Mexicano y que está involucrado en un acto de corrupción, se separado del tipo de servidores públicos, en el tipo de servidores públicos.

Entonces es importantísimo, y nos lo han dicho una y otra vez, que consideremos la capacidad del Estado de investigar a personas físicas y morales.

Creo que otro gran elemento de la Iniciativa es precisamente el capítulo que habla de la integridad de las personas morales, es decir, elementos claros y objetivos que nos permiten reconocer que hay personas morales que tienen como política normal el portarse bien, el ser íntegros.

Cómo le hacemos pare reconocerlo:

Hay 6 principios internacionales, 6 mejores prácticas que han sido incorporadas para que una persona moral tenga la posibilidad de delimitar cuando fueron ellos o cuando fue una persona física.

Entonces en la investigación hay muchos elementos innovadores que hay que discutir. En el proceso:

Creo que construimos un proceso muy equilibrado en el que no sólo, como la preocupación del senador Encinas era no por combatir la corrupción, ataquemos garantías individuales o limitemos garantías individuales.

Precisamente creemos que la importancia de la ley implica construir un proceso equilibrado en el que se dan todas las garantías del 14 Constitucional al inculpado, pero que se le dan también facultades adecuadas a la autoridad instructora para poder llevar un buen procedimiento que lleve a una sanción concreta.

Y finalmente el tema de las sanciones:

También tenemos en esta Iniciativa un nuevo concepto de sanciones, no sólo las sanciones administrativas comunes sino un nuevo concepto de sanciones por ejemplo para personas morales.

En el régimen actual, salvo en la Ley Anticorrupción y Contrataciones acciones, pero nada más en ese, en el régimen actual no se contempla la posibilidad de personas morales que se denuncian a sí mismos y que hay incentivos para hacerlo, como por ejemplo el que haya una reducción en la sanción administrativa.

Viene contemplado aquí y hay la posibilidad de que una persona moral pueda auto denunciarse y entrar en un convenio con la autoridad administrativa para reducir el monto de la sanción. En fin.

La idea es que la ley, la Iniciativa 3de3 tiene una serie de conceptos y creo que tenemos que ir abordando uno por uno y explicarle al público, explicarle al resto de los senadores que forman parte de estas comisiones, que va mucho más allá de un par de mecanismos.

Sí creemos que se construye un nuevo régimen de responsabilidades no porque la ciudadanía cree que eso es lo deseable, porque el Constituyente ya lo puso en la Constitución: hay un nuevo régimen de responsabilidades que se llama Régimen de Responsabilidades Graves, y eso es lo que tenemos que crear en la Ley de Responsabilidades.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias licenciado. Senadora Martha Tagle.

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias Presidente.

Habiendo comentado que precisamente el método que se ha estado insistiendo que debe de guiar estas reuniones y no sólo éstas sino las que siguen, es poder identificar una serie de temas que debemos discutir y sobre esos ir abordando, quiero plantear algunos.

A la luz no de la que, quiero aclarar: es una serie de temas que están en una o en otra Iniciativa fraseados de diferente manera que definitivamente no están en el documento de trabajo pero que aprovechando que están aquí los especialistas en la Iniciativa 3de3, plantear estos temas para que a la luz de la Iniciativa 3de3 nos digamos cómo se resuelven estos temas que no están planteados en el documento de trabajo, en el segundo documento de trabajo, pero que sí están planteados de una u otra forma en las diferentes Iniciativas.

Y aparte del que ya ha planteado Armando Ríos Piter sobre el modelo del tema de la Secretaría de Función Pública que se ve fortalecida, también en otros documentos está el tema de la información que contendrá el registro referente a las declaraciones de intereses patrimoniales y contrataciones públicas.

Me parece muy importante que podamos discutir aquí el tratamiento del tema de las declaraciones, es en la parte de emitir manuales e instructivos que indicarán lo que será obligatorio declarar para la presentación de la Declaración Patrimonial, los mecanismos y formatos sobre la información que contendrá registros sobre los servidores públicos que participan en procedimientos para contrataciones públicos, y los mínimos de información que debe contener la declaración de intereses.

Me parece que ese es un tema importante que tenemos que discutir porque, por lo menos en el documento de trabajo sí viene como una atribución de la Secretaría de la Función Pública, y quiero que a la luz de iniciativa 3de3 veamos cuál es el mejor mecanismo porque es uno de los temas importantes.

Por otra parte, justamente los mecanismos para desarticular estructuras y redes de corrupción, y por otra parte la sanción a faltas administrativas graves, como el decomiso y privación de la libertad de los bienes, cuya procedencia lícita no se pudiese justificar.

Son algunos de los temas que me gustaría que quienes están acá nos puedan decir cómo viene, cómo se puede ver este tema a partir de la iniciativa ciudadana.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Preguntaría si para alusiones, y si no, le daría el uso de la palabra al senador Romero Hicks, que me la ha pedido.

Senador Romero Hicks.

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Esta discusión es valiosa, pero no muy fértil para avanzar.

Y quisiera, estaba platicando con el senador Burgos y de algunos colegas, una moción de procedimiento. Todos queremos avanzar y tener una legislación que pase la prueba de la Constitución, la prueba de la eficacia, la prueba de la transparencia y demás.

Sugerencia: Si estuviéramos viendo artículo por artículo hubiéramos hecho las reservas de artículos y estaríamos siguiendo el método legislativo; no lo hemos hecho. Pero puede hacerse una cosa parecida, hagamos reservas temáticas.

El senador presidente de la Comisión decía que tenía 31 observaciones, si entendí bien, se enumeran las 31, se registran, se va viendo caso por caso, se delibera y que grupos técnicos donde estén un representante de cada grupo parlamentario y alguien de la sociedad civil, construyan la columna y van avanzando en sugerencias. Es una forma de aproximación, puede ser otra la forma de deliberación.

Porque ha sido muy valioso para mí estar escuchando diferentes aspectos, pero estamos en un solo punto y no hemos logrado el avance necesario. No estoy diciendo que le demos la vuelta, es para que podamos avanzar, o alguna sugerencia que ustedes digan.

Quizá el senador Burgos, que estaba platicando conmigo el tema, tenga una idea más clara, si le permiten

que… Enrique.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Burgos.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: En realidad es coincidencia. Creo que hay cosas muy importantes y muy interesantes de lo que aquí se ha puesto en la mesa y algunas son susceptibles, como dice el senador Romero, bueno, esto no pasa la prueba de la constitucionalidad, vamos a ver cómo sí la puede pasar o qué alternativas puede haber.

No pasa la de transparencia, bueno, vamos a ver. Y si esto lo pudiéramos colocar, las reservas están aquí en esta columna, un grupito de trabajo con una propuesta que ellos hagan de un representante, uno de cada comisión, y hacer un trabajo técnico de primera mano y presentarlo ya a la mesa, y decir: esto ya está documentado.

Incluso platicarlo con nuestros equipos técnicos para llegar con algo ya muy productivo y desde luego con la participación de ellos, la consulta de ellos, de eso se trata, no al margen. Y a lo mejor eso nos daría un poquito más de celeridad, es una idea.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, senador. Lo que habíamos platicado, sin duda, siendo un tema tan interesante y eso da para tener una discusión sobre cada tema o sobre cada artículo, larga.

Lo que queríamos era empezar a tener estas aproximaciones, sin duda me parece que han quedado sobre la mesa, por lo pronto, temas importantes respecto a las redes o las aproximaciones, las revisiones constitucionales aquí que nos ha planteado el senador Cervantes de algunas otras inquietudes, que justamente la intención de esta mesa temática era empezar a tener aproximaciones con los equipos técnicos, con los secretarios técnicos de las comisiones.

Habíamos platicado que después de estas reuniones que intercambiáramos, cómo nos íbamos a reunir para empezar a hacer las revisiones. Hay temas que ni siquiera los senadores están seguros, que tendrán que hacer algunas revisiones y consultas con expertos.

La verdad es que nos hubiera gustado que nuestro amigo Pedro Salazar también viniera, y si no, también lo podemos consultar. Es un tema complejo, sin duda, y el acuerdo sobre la mesa era ese, estaban los secretarios técnicos, si desean que se integren los secretarios técnicos de algunos otros senadores, que se integren, adelante, que busquen aproximaciones y por supuesto que esta discusión no se agota con esta mesa.

Por favor.

DOCTOR ENRÍQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ: A mí solamente me gustaría comentar que desde mi punto de vista aunque parezca poco fértil, comentabas con Carlos hasta este momento, a mí me ha parecido que ha sido más productiva de lo que podríamos creer.

¿En qué sentido? en establecer varios elementos que han sido coincidentes:

Uno, se trata de un fenómeno de redes que sí implica un cierto cambio de paradigma y eso se plantea en esta iniciativa. Ese acuerdo me parece que está sobre la mesa.

Y el otro acuerdo que me parece muy importante, es atender cualquier dificultad que haya pero siempre encontrar el cómo sí, que ha sido reiteradamente dicho por muchos de ustedes, y la verdad eso a mí me llena de confianza y de ímpetu, porque si se mantienen esos dos elementos yo creo que vamos a poder avanzar mucho.

Perdón que meta eso, pero yo creo que no lo hicieron tan mal, en ese sentido.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Y, sin duda, doctor, me parece que lo que se ha vertido aquí es importante. Me parece que se ha delimitado un camino en un tema importantísimo, que es el tema de redes.

Yo debo de confesar que en estas pláticas que he tenido con Eduardo Bohórquez y su inquietud, y recuerdo siempre el caso que me ponía de la FIFA, me decía: “Hay que ver lo que sucedió en la FIFA”.

Cuando uno va y revisa justamente el caso de la FIFA y empieza a revisar qué autoridades estuvieron metidas en ese tema, que era la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, una fiscalía de Nueva York y luego en Suiza otro ministerio público y eso, la verdad es que yo estaba convencido, lo digo con sinceridad sobre la mesa, que era un tema del ámbito penal, porque en ese caso de la FIFA así se había hecho.

Me parece que en la mesa después de lo que se ha planteado, me parece que puede haber una aproximación de buscar cómo en la parte administrativa empezamos a tener dispositivos para desarticular esas redes. Me parece interesante.

Yo en ese tema le pediré bien, abusando de nuestro amigo, el senador Cervantes, que nos ayude a aterrizar justamente si es viable, si es constitucional y eso.

Estamos en el mejor espíritu de escucharlos y de construir con ustedes.

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Yo nada más una cuestión de puntualización.

Entiendo entonces que sí se van a hacer estas mesas técnicas tomando como base la Ley 3de3 en donde los equipos discutirán artículo por artículo cuestiones técnicas o las inquietudes de cada grupo parlamentario,

¿verdad?

Sólo pregunto, ¿se van a hacer así, verdad?

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, vayamos buscándolo.

A ver, senadora, lo que hemos puesto aquí justamente es que se acerquen los equipos técnicos que nos vayan proponiendo redacciones de cómo sí vamos incluyendo los temas en los documentos. Veamos en qué documento debe de incorporarse esto.

A ver, nosotros no estamos casados con el documento que presentamos que tiene una dinámica más puntual y más desarrollada.

Veamos cómo construimos entre todos, hombre, no nos peleemos la paternidad de este tema tan importante. Veamos qué tiene bueno el PRD.

Todo el procedimiento de pruebas, en serio lo digo, del PRD, sirvió mucho de base al documento; me parece que está muy bien desarrollado. Las observaciones del procedimiento que nos hicieron, que me hicieron en un desayuno el senador Armando Ríos Piter y los senadores respecto de cómo veían el mandato constitucional de cómo había que hacer la investigación, quién la debía de llevar y en qué momento tenía que trasladarse al tribunal fue de gran ayuda y así quedó plasmado, y cambiamos a un modelo que nos habían planteado.

Insisto, no nos peleemos la paternidad de la Ley General de Responsabilidades, veamos cómo sí construimos entre todos, veamos cómo vamos aterrizando estos temas que son importantes y busquemos la solución constitucional si la tenemos.

Sí, por favor.

MAESTRO MAX KAISER: Creo que puede ser un muy buen método de trabajo.

Sin embargo, creo que sí sería muy importante para atender uno de los principios de Parlamento Abierto que se acordaron, que primero antes de pasar a la discusión técnica entre personas, asesores y demás, se haga antes la expresión de exactamente qué cosas cada grupo o cada senador está en desacuerdo para que haya claridad sobre qué es lo que no se considera apropiado del articulo equis de la base del documento de trabajo que será la iniciativa ciudadana, para que tengamos todos claridad de exactamente qué es y quién es el que está en desacuerdo con un artículo, para a partir de ahí poder partir al cómo sí.

Porque si no, creo que va a ser muy complicado la reunión e grupos técnicos donde va a haber poca claridad sobre uno de los principios básicos del parlamento abierto que es de quién viene el cómo no y de quién viene después el cómo sí.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: El cómo no y el cómo sí se ha ido estableciendo en el segundo documento de trabajo, poniendo un ejemplo claro, lo que yo les mencionaba de todo el desarrollo del capítulo de pruebas que se tomó de la iniciativa del PRD, trae un paréntesis abajo, donde se establece que todo ese desarrollo de prueba que nos apreció jurídicamente constitucionalmente adecuado, era una propuesta que tomábamos de la iniciativa del PRD.

Respecto al procedimiento también que nos hicieron ver en esa reunión de cómo debería de integrarse el expediente, cómo se debería de conocer y darse vita al tribunal, viene ahí también entre paréntesis de dónde se tomó.

Es decir, por supuesto que aquí estamos incluyendo los documentos, la paternidad de cada una de las propuestas que hay.

Maestro Bohórquez. Senador Amando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Bueno, ahorita preguntaba, yo nunca he usado Google, peor parece ser que ahí queda claro quién pone qué, las horas, etcétera, yo creo que podemos hacer algo de ese tipo.

Hacia dónde estamos dirigiendo esto, hacia entender que la columna vertebral de la discusión será la estructura de la Ley 3de3, bajo el articulado que tiene planteado, un poco para que la coherencia de la política pública que esa ley expresa, se vea señalada, criticada, complementada, mejorada o simple y sencillamente ratificada, a partir de la discusión que hagamos.

Hay un avance que ya ha hecho la comisión, que es el documento segundo, yo creo que hay chance de que el propio grupo de trabajo ya diga, ah, ya este lo incorporamos y entra, cosas que no se estén de acuerdo y que alguien quiera ponerlas como un planteamiento y que quede encorchetado, pues quedará ahí la marca de quién está poniéndolo, porque hoy es la representación del PRD o del PRI.

Yo creo que hay que verlo con la mayor flexibilidad en el ánimo de ser más fértiles, como dice el senador Romero Hicks, pero yo sí creo que esta primera dinámica que permite entender que lo que tenemos que definir es cuál es la política pública, no es qué articulito, etcétera, porque ahorita estamos, vamos a punto de entrar al Sistema Nacional Anticorrupción, es muy difícil entender la Ley de responsabilidades si no tenemos una coherencia casi inmediata con la del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entonces, yo no conozco Google Docs, soy totalmente, absolutamente tonto en ese documento, pero aquí hay gente que lo puede saber. Yo creo que eso puede estar y hasta aparte lo podemos poner en línea, puede ser perfectamente público.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Encinas, para que queden registrados, sin duda, yo creo que el presidente Yunes, que no está aquí, va a estar de acuerdo en eso, que quede el documento registrado, no conozco la plataforma, pero sin duda todo lo que sea para poder quedar registrado todo esto, pues por supuesto que sí.

Agradecemos la presencia… ¿quiere hablar?

MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Si el senador Yunes no ha encontrado inconveniente como lo prevé, la idea sería justamente vaciar en una tabla cada uno de los artículos de la Ley 3de3, nada más parafrasear el acuerdo y en las columnas, como tantas veces se trabaja, encontrar cuáles sean estas diferencias y hacerlo en un formato abierto.

Nada más para ratificar el acuerdo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si les parece bien, lo que podemos ir, me parece que habrá que buscar más aproximaciones con lo que se ha planteado sobre la Mesa.

Yo le pido a la Secretaría Técnica que empiece a elaborar un documento tratando de hacer un símil de la estructura de 3de3 con lo que se ha puesto.

Que nos hablen de pruebas como lo está planteando 3de3 y que pongamos nosotros el capítulo de pruebas del otro lado.

Que vayamos buscando un símil y por supuesto que revisamos la plataforma para que esté un cuadro lo más, con las mayores aproximaciones.

Habrá que recordar que el planteamiento que nos hacen no ha sido exhaustivo en algunos temas. Entonces nosotros pondremos de la otra columna los que sí y podrá compararse de manera muy fácil.

Bueno, pues agradecemos su presencia.

Me parece, sin duda, que ha sido fructífera esta tarde. Y en 15 minutos renovamos la siguiente Mesa.

Muchas gracias.

SEGUNDA MESA DE TRABAJO: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Martes, 12 de abril de 2016. 19:30 horas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenas tardes tengan todos ustedes y continuamos con esta mesa de análisis, de intercambio de opiniones y de revisiones.

Agradecemos la presencia del doctor Merino, que se incorpora a esta mesa. Bienvenido, como siempre Doctor, al Senado de la República.

Y en esta ocasión hablaremos justamente de este sistema nacional anticorrupción, de sus objetivos, de su integración, de las propias funciones del sistema, del comité coordinador, de sus integrantes, de su presidencia, del modo de informar, de rendir cuentas, del propio comité de participación ciudadana y del sistema nacional de fiscalización.

Y entonces, dicho lo anterior, cedo el uso de la palabra a los compañeros que quieran hablar y empezar a poner el tema, desde la perspectiva de una política pública o aterrizar en observaciones que tuvieran.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, señor presidente.

Como tuve la oportunidad de comentarlo en la sesión anterior, sin duda alguna la Ley de Responsabilidades y que ya hemos acordado que tendremos un documento base a partir del planteamiento de la iniciativa ciudadana, es difícil entenderlo y creo que sería arriesgado entenderlo sin el complemento que tiene con esta ley del Sistema Nacional Anticorrupción, sería, repito, preocupante y quiero señalar algo que he podido comentar con varios compañeros, es como cambiar todo un régimen de responsabilidades, tener nuevas sanciones, tener todo un Ferrari de castigos y de apremios, y de pronto tener el esquema institucional igual o peor, que las autoridades que son las que tenemos, en las que confiamos la aplicación de la ley y que ya se ha comentado que la impunidad es una gran parte del problema o es la hermana gemela, así se ha dicho en estas mesas de la corrupción, que no encuentre una modernización del mismo calibre con el mismo talento y del mismo tamaño en la parte institucional, y por eso la ley del sistema es fundamental.

Quiero solamente hacer una apreciación para tal vez arrancar puntos sobre los cuales habremos de trabajar de la misma forma, tener un documento común, que en este caso tal vez sea el segundo documento de la Comisión, no sé si eso lo compartan mis compañeros, pero ya que es un ejercicio podría ser.

Sin embargo, hay temas a discusión, como ustedes saben, el sistema tiene un comité de coordinación donde están siete actores, dentro de los cuales seis son instituciones públicas: el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Y hay una séptima silla, que así coloquialmente cuando hemos dialogado con las organizaciones así se le ha hecho llamar, que es el Comité de Participación Ciudadana. Y me parece que la dimensión, las capacidades, las facultades que le demos a este Comité de Participación Ciudadana pues, pueden darnos un resultado de política pública u otro de 180 grados diferente.

Hay tres iniciativas y aquí sí puedo comentar sobre las tres: hay una iniciativa, hablo de la que representa el Grupo Parlamentario del PRD, que busca poner al Comité de Participación Ciudadana en el corazón del sistema; que los cinco representantes, ciudadanos y ciudadanas, sean el catalizador del funcionamiento del sistema.

Y me quiero explicar para no caer en presunciones de lo que estamos tratando de entender en el Grupo Parlamentario del PRD. Cada institución de las que componen el Sistema Nacional Anticorrupción tienen un objetivo muy claro de porqué está ahí; hace rato decía el senador Encinas, lo uso como ejemplo, qué va a pasar con el Poder Judicial si ahí también es parte del problema que tenemos de corrupción.

Bueno, precisamente por eso tenemos en el sistema el consejo de la judicatura, es uno de los elementos que siendo parte de la supervisión de los distintos actores involucrados en la Función Pública, pueda directamente involucrarse, incidir y arreglar los problemas, saber de los problemas de corrupción que pueda estar habiendo en el Poder de la Judicatura.

Pero no exclusivamente él, seguramente complementará, se coordinará, hará sinergia con lo que pueda saber el Instituto Nacional de Acceso a la Información; seguramente si hay algún tema que ocupe sanciones penales será la Fiscalía Anticorrupción. Si son temas que tienen que ver con el funcionamiento de funcionarios públicos, la Secretaría de la Función Pública. Y así cada uno de ellos.

Pero decidimos en el cambio constitucional que hicimos, construir una representación de los ciudadanos, que lo único que tienen que hacer es estar ahí presentes. Hay dos formas de entenderlo:

La iniciativa del PRI, y la comento, plantea que quien presidirá el sistema serán todos los órganos administrativos, salvo el Comité de Participación Ciudadana.

La iniciativa del PAN plantea que será una rotación de la presidencia en la cual a veces será la Secretaría de la Función Pública, después la Auditoría Superior de la Federación, y eventualmente le tocará a los ciudadanos.

¿Qué queremos en el PRD? Que sean los ciudadanos los que presidan el sistema.

Una, por el simbolismo que esto significa. El tema simbólico –perdón si brinca mucho el sonido– el tema simbólico nos parece que es algo importante. A final de cuentas a quien le duele, a quien le pega, a quien le afecta la corrupción es a quien es el dueño del dinero público.

¿Quién es el dueño del dinero público? El ciudadano o la ciudadana.

Poner al centro a los ciudadanos nos parece que es plantear quien puede ser quien le dé seguimiento o supervisión a las distorsiones que el manejo del dinero público llega a tener. Y, en ese sentido, presidir el Sistema Nacional Anticorrupción nos parece importante.

Nos parece que en términos de funcionalidad también es significativo, nos parece que es funcional, porque permite que esté el ciudadano como actividad específica representado en ese Comité de Participación Ciudadana ir revisando que las instituciones no hagan lo que hasta la fecha han venido haciendo.

Sabemos que mucho de lo que no funciona en nuestras instituciones a la fecha es “Oiga, actúese en contra de tal funcionario” y de repente pues la Secretaría de la Función Pública agarra el expediente y lo congela porque es tal o cual funcionario público y entonces dependiendo de qué tan cerca es del poder o no, pues se va en contra de él o no. Es decir, ocurre un congelamiento.

Necesitamos alguien que lo que esté es como “cuchillito de palo”, perdón por utilizar la coloquialidad, enchinchando a ese Secretario de la Función Pública “Oye, hay un expediente de esta naturaleza y te llevas haciendo guaje dos, tres, cuatro, cinco meses”. Esa es la función del ciudadano como catalizador y como actor que permita darle funcionalidad.

Y nos parece –y con eso cerraría el comentario o por lo menos lo ofrezco como un tema de salida– que en entender cómo pensamos que el sistema vaya a funcionar y cuál es la presencia que le queremos dar a los ciudadanos, podemos tener un tipo de política pública como la que estoy tratando de plantear, donde los ciudadanos sean los catalizadores del sistema, u otro donde solamente sean “testigos de palo” –dicen en mi tierra– que estén ahí solamente viendo cómo van pasando las cosas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Armando Ríos Piter. Tengo registrada a la senadora Laura Rojas y al senador Ruffo.

Permítanme brevemente, senador Armando Ríos Piter, permítame brevemente ir entrando al tema con algunos comentarios para entender cuál fue en lo que estábamos pensando cuando redactamos esto, senador Armando Ríos Piter.

Nosotros lo que pensamos y la preocupación que teníamos era justamente que esta presidencia tratamos de pensar qué es lo que hace un presidente de un comité cuando tiene abajo una estructura de diferentes organizaciones, y lo que nos preocupaba es que ese presidente se fuera a preocupar por rendir buenas cuentas, por ser muy estable, por tratar de articular todas las facultades que se le dieron en la Constitución, por tratar de tener un desempeño eficiente y eficaz.

Y pensábamos o pensamos hasta el día de hoy –o así lo pienso yo– que era más importante, como usted bien dice que fueran un “cuchillito de palo” que fueran un acicate a empujar al presidente para que pudiera estar reaccionando a otros temas.

Es un tema, como siempre lo he dicho, que no tiene ningún irreductible. Podemos construir, vamos a escucharlos, pero a esa lógica obedecía y que fuera rotativa.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: ¿Puedo por alusiones personales rápido?

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sin duda alguna esto será parte de la discusión y la iremos aterrizando, pero a los ciudadanos en el comité en la Constitución no les planteamos ninguna obligación, facultad, responsabilidad, más que de la propia representación.

Nosotros lo que creemos es que precisamente la fortaleza que se le puede dar en el sistema es presidir el sistema.

Mientras que vamos a tener muchas instituciones con grandes burocracias, ahora lo decía un poco en broma, últimamente me he dado a la tarea de revisar el tamaño de los edificios de las instituciones que comprenden al sistema.

Pasé hace rato por el INAI, es una edificiototote, es una burocracia grande, no son burocracias pequeñas.

Tenemos a cinco ciudadanos ahí, pues démosle capacidad de que al presidir el sistema puedan convivir con estas burocracias tan grandes y que hasta la fecha no han funcionado, precisamente haciendo sinergia o buscando a veces incluso hacer llave de judo frente a esas instituciones.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Armando Ríos Piter.

Tengo registrada a la senadora Laura Rojas, al senador Ruffo y si nuestros invitados quieren que los vaya registrando, porque si no, aquí nos vamos a seguir los senadores y es importante escucharlos.

Senador Zoé Robledo, senadora Tagle y doctor Merino. Senadora Laura Rojas.

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias presidente, buenas tardes a todas y a todos.

Algunas consideraciones a nombre del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre el documento que se ha llamado el documento base, que ha sido propuesto por las comisiones.

Miren, quisiera en primer lugar referirme a la propia concepción del sistema. Me parece que, de lo que leí del documento que nos están proponiendo, la propuesta de las comisiones se parece mucho más a una simple mesa de trabajo a una mesa de coordinación interinstitucional, más que a un sistema.

Si bien plantean una serie de base y una serie de principios y de bases, sí creemos que se quedó corto de las atribuciones que se le están planteando dar al coité coordinador del sistema, se quedan cortas frente al problema, la magnitud del problema de la corrupción.

Creo que no atienden el diagnóstico que muchas veces hemos hecho y hemos discutido aquí, en las comisiones y en los distintos foros, y sobre todo creo también que queda corto frente a la expectativa ciudadana que hay sobre el propio sistema.

No digo que no se le estén plantando atribuciones, creo que se quedaron cortos con lo que nos están planteando; la iniciativa del PAN plantea cosas distintas, cosas más ambiciosas, que en un momento más voy a compartir.

Creo que esa es la primera diferencia, creo que sí es una diferencia de fondo en lo que ustedes están proponiendo, sobre lo que es un sistema que desde nuestro punto de vista y de manera muy respetuosa queremos decir, no creemos que eso sea un sistema o no creemos que sea el sistema que habíamos imaginado desde la reforma constitucional.

¿Por qué? Pues porque la idea del sistema que nosotros estamos planteando en la iniciativa del PAN pues es que sea un sistema que además de que genere la coordinación entre los distintos órganos que lo integran, sea generador de políticas públicas, sí lo mencionan en el texto, pero sí creo que hace falta afinar y detallar todo el ciclo de la política pública.

No queda suficientemente clara la parte de la evaluación o creo que valdría la pena afinarla y desarrollarla más. Por ejemplo, esta diferencia de conceptos pues tiene un reflejo en prácticamente toda la estructura del documento y todas las propuestas de documento.

Si aspiramos a que el sistema sea un sistema maximalista, como lo estamos planteando nosotros o si nos quedamos con la propuesta de la comisión, que es minimalista, pues cualquiera de las dos posiciones que se tomen va a impactar a todo el documento completo.

Entonces, no son cosas puntuales, sino grandes temas los que quiero plantear aquí.

En primer lugar porque, insisto, si nos vamos a los temas puntuales pues nunca vamos a acabar, más bien aquí en este primer momento.

Creemos que la primera diferencia derivada de esta diferencia de concepciones es el secretariado.

Nosotros planteamos un secretariado ejecutivo y el documento base plantea un secretariado técnico y no es un asunto meramente nominal entre secretariado técnico y ejecutivo sino sí hay una diferencia sustantiva.

El secretariado técnico que ustedes plantean depende del Presidente del Comité Coordinador y nosotros creemos que debe ser un secretariado ejecutivo, un brazo ejecutivo de todo el Comité Coordinador y no solamente del Presidente de éste.

Entonces es así que en la propuesta de ustedes del secretariado técnico y la propuesta de nosotros de secretariado ejecutivo pues sí hay grandes diferencias entre las atribuciones de uno y otro.

Lo estoy buscando. Por ejemplo, además de las funciones relativas a la operación de las sesiones del Comité Coordinador, el Secretariado tendrá atribuciones de carácter sustantivo como poner a consideración del Comité el diseño y la evaluación de la política pública, así como administrar la plataforma informática de coordinación en la materia.

Esa es la única instancia, desde nuestro punto de vista, donde se puede concentrar válidamente desde el punto de vista constitucional la plataforma que integre la información de los Tres Niveles.

Y paso al siguiente tema que es el de las plataformas:

Ustedes plantean de manera coincidente con nosotros que hay un registro de evaluación patrimonial y de declaración de intereses pero faltan algunos, ahora les digo cuáles faltan.

Plantean también el de servidores públicos relacionados con compras públicas lo cual nos parece muy buena idea.

Ese no lo traíamos nosotros, nos parece una cosa muy valiosa y muy útil.

Pero también plantean el de funcionarios públicos sancionados que a mí me parece que también coincidimos.

Pero faltan el de compras y obras públicas y el de denuncias públicas de actos y hechos de corrupción, así como el sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización.

Desde nuestro punto de vista no se trata solamente de tener información sino que sea información útil y aplicable al combate a la corrupción.

Hoy día, y lo vimos en los foros que tuvimos también en esta Comisión, cómo contralores nos venían a decir: “es que hoy día las declaraciones patrimoniales en muchos estados son pilas, cajas y cajas de documentos que no sirven para nada”.

Y en muchos casos los pobres contralores nos dijeron: “ni siquiera tenemos acceso a veces a verlas”.

Entonces pongo este ejemplo porque no se trata; la propuesta del PAN de estas plataformas lo que busca es generar inteligencia institucional.

No se trata de acumular información por acumularla sino de generar un sistema, mecanismos de comunicación entre estas plataformas y sistemas de tal manera que ayuden verdaderamente al combate a la corrupción.

Y por lo tanto creemos que sería valioso retomar de la propuesta del PAN estos otros registros que hacen falta en el documento de trabajo a fin de que podamos tener efectivamente todas las piezas de información que desde nuestro punto de vista son necesarias para combatir la corrupción.

Bueno, ya casi acabo.

El tema de política pública ya lo dije. Me parece que sí hace falta desarrollar bastante esa parte. Ah, por supuesto. El tema del Comité de Participación Ciudadana ahí también tenemos diferencias.

Principalmente la diferencia tiene que ver con el Comité, perdón, con el documento base, con la forma en la que se deberán de elegir a los miembros del Comité de Participación Ciudadana y con algunas de las facultades, también, del Comité de Participación Ciudadana.

El servicio profesional de carrera es otro ausente, me parece fundamental, muy importante para nosotros, que desde el sistema, el sistema sea el encargado de sentar las bases para el Servicio profesional de carrera, un auténtico Servicio Profesional de Carrera, que la verdad es que sí nos hace muchísima falta en México, todos sabemos el estado actual del Sistema Profesional de Carrera y creo que vale mucho la pena retomar este punto.

En general me parece que son los puntos más importantes, por supuesto como siempre enviaremos en el momento en que así se establezca, las redacciones correspondientes. Pero quería yo plantear un primer saque de los temas generales en los que vemos diferencias y que nos gustaría que se tomaran en cuenta.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Es usted muy amable, senadora Laura Rojas. Senador Ruffo.

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: A los presidentes de las comisiones, porque veo que tenemos un sinnúmero de aspectos que discutir y creo que debemos hablar aquí de método, de cómo vamos a poder concentrarnos por concepto.

El senador Ríos Piter hablaba hace un momento de quién debe de presidir al Sistema Nacional Anticorrupción; y PRD opina que sean sólo los ciudadanos; el PAN dice que sea rotativa y las importantes opiniones son las de los ciudadanos. Entonces, creo que ese por ejemplo, es un tema que debemos poner agrupado y definir ahí, quizá después a la siguiente reunión, y así como el montón de temas distintos.

Por ejemplo, cómo se va a elegir al representante ciudadano: el PAN tiene una propuesta, el PRD tiene otra y los ciudadanos seguramente tienen su propia autoforma de gobernarse. Entonces, habrá que sistematizar y ponernos de acuerdo.

Yo, por lo pronto hice un diagrama del sistema, ahora pedí copias para repartírselos y si a bien servir, buscando llegar a una metodología porque si no, estas juntas van a ser eternas y muchas, y no vamos a llegar al 30 de abril.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Ruffo.

Sí, la verdad de las cosas es que no se pretende agotar el tema aquí, hemos empezado a poner algunas ideas, algunas diferencias para empezar a entender dónde están las diferencias importantes para luego hacer un trabajo de redacciones y de acercamientos. Sin duda, senador.

Muchas gracias por su participación. Tengo registrado al senador Zoé Robledo.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Simplemente para ampliar ya lo mencionado por el senador Ríos Piter, que además es quien encabeza por parte de nuestra bancada esta materia del sistema, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Dejar muy claro que nuestra posición es sí porque el coordinador del Comité de Participación Ciudadana sea quien presida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es una posición en la cual después de mucho debate, de deliberación interna hemos decidido impulsar como uno de los temas más relevantes.

Plantear un asunto sobre el nombramiento, tenemos todo un mecanismo para el nombramiento, que parte y está en el artículo 15 de nuestra iniciativa, parte de que el Comité Coordinador del Sistema, dentro de los 30 días siguientes que se dé la vacante, se plantee la siguiente composición:

Tres ciudadanos representantes, designados libremente por distintas universidades del país, invitadas de forma directa; y seis ciudadanos designados de entre las propuestas recibidas por las redes y por las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los temas. Forma de colegio calificador, y ese colegio calificador es el que tiene la facultad para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

¿Por qué creemos que tiene que ser de origen, muy transparente, muy amplia, muy plural el proceso de nombramiento?

Porque pretendemos que presidan el Comité Coordinador.

Sobre el tema de la duración del cargo, sí nos parece muy importante plantear un cargo que dure siete años y no los cuatro con capacidad de reelección.

Sí hay una posición también respecto a que no sea honorario, que le permita dedicarse a estos integrantes de tiempo completo, y en ese sentido con una retribución a esto exclusivamente y eso les dé margen para que sus tareas serán seguramente amplias.

Siete años sin reelección versus los cuatro con reelección.

Sobre el tema de género, ya vemos que en el documento se integró algo.

Y sobre el tema de funciones sí es un capítulo muy amplio, que ahora la senadora Laura Rojas ya planteaba también que ellos tenían una propuesta que habría que intentar acercar.

Yo creo que este es uno de los temas de fondo por una razón. Estamos justo intentando pasar de esta lógica del régimen de que el poder no se comparte, que se ejerce, a una pérdida de privilegios a partir de dotarle de facultades a alguien más.

Yo sí creo que en el asunto del ejercicio del poder éste no se crea ni se destruye, sólo se redistribuye, y aquí hay que redistribuirlo a favor de los ciudadanos. Creo que es algo muy claro.

Y que sí, si no generamos un nuevo esquema, sistema también de incentivos de quién va a vigilar a quién, entonces podremos perder la oportunidad de justamente en esa redistribución del poder darles facultades a quienes nos lo están así reclamando, frente a quienes –no me refiero de manera particular– a toda una clase política que está siendo señalada en su conjunto.

Sí creo que son temas muy de fondo que ojalá podamos encontrar una coincidencia. Pero sí los siete años que presidan el comité y un mecanismo de nombramiento amplio, plural, participativo y transparente, sí son fundamentales para nosotros.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Es usted muy amable, senador Zoé Robledo. Senadora Martha Tagle.

SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Con la idea precisamente de puntualizar alguno de los temas sobre los cuales hay que ahondar y justo definir el método sobre cómo se desahogarán, primero pondré los temas que me parece que son importantes desde mi punto de vista tener una definición.

Primero, en el artículo 4º, en este segundo documento de trabajo en el artículo 4º de los sujetos de esta ley, no se contempla a los órganos constitucionales autónomos. Y es un tema que de repente me salta, porque en las dos iniciativas, tanto el PAN como el PRD sí las considera.

También se establece una precedencia rotativa del Comité Coordinador de un año y conforme a lo que determinen sus integrantes, y entiendo que ahí hay toda una discusión sobre quién debe presidir el Comité Coordinador.

Por un lado está la propuesta del PRD de que sea presidida por la sociedad civil organizada, en la cual yo también estaría muy de acuerdo; y este mecanismo reduce la posibilidad de que la ciudadanía presida este comité por la cantidad de años que implica irlo rotando.

Permite al Comité Coordinador nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sin un procedimiento claro, transparente y ciudadanizado, que ya lo comentaba Zoé y también Laura Rojas.

En este documento de trabajo no se garantiza una integración real en condiciones de igualdad de género, porque a pesar de que se dijo que se había incorporado se queda la palabra de “procurará”, lo que no es en ningún sentido vinculante.

No se establecen bases mínimas para la integración, funcionamiento y coordinación de los sistemas locales anticorrupción. En este documento de trabajo no se establecen garantías y medidas de protección a los denunciantes e informantes sobre hechos de corrupción, que además me parece que eso es algo en lo que en la mesa anterior insistieron mucho desde los promoventes de la iniciativa ciudadana 3de3, porque debe ser un elemento fundamental precisamente este sistema de incentivos y seguridad de quienes sean denunciantes, y no se establece una política nacional de prevención y combate a la corrupción.

Sobre estos temas que coinciden con varias de las preocupaciones que han manifestado quienes ya antecedieron en el uso de la palabra, pues me parece importante sí tener clara una definición en el sentido si seguiremos enlistando cada uno de nosotros estas preocupaciones si podemos entrar a la discusión de ellos para tomar definiciones o como si se ha dicho en algún otro momento, en los técnicos están tomando anotaciones sobre este tema.

Pero sobre ese asunto en particular quiero someter a consideración que aunque han insistido que esta no es una sesión de las comisiones, sino reuniones de trabajo, pero que sí lo puedan procesar quienes presiden las comisiones, una propuesta muy concreta para modificar el acuerdo que tiene que ver precisamente con la discusión en la base segunda.

La base segunda del acuerdo para las discusiones en parlamento abierto advierte que los secretarios técnicos de las comisiones Anticorrupción y Participación, de Justicia y estudios Legislativos llevarán nota de los diferentes puntos de vista que se hayan generado durante las reuniones.

En ese tema en particular me gustaría proponer que precisamente, como se ha advertido desde la mesa anterior, pueda haber equipos técnicos integrados por cada mesa con cada uno de los integrantes que cada grupo parlamentario puede designar un técnico, para que sea el que lleve las observaciones de los grupos parlamentarios y los temas que queden encorchetados, porque los técnicos no pueden resolver en lo que no hay una coincidencia, sean temas de discusión que se traigan precisamente a la discusión de las comisiones.

Y pongo un ejemplo como muy sencillo de por qué se considera necesario esto, o sea, el primer tema que ponía yo como una de las preocupaciones, es el tema de la inclusión de los órganos constitucionales autónomos.

Dos iniciativas lo tienen, una no, y el equipo técnico que decidió traer este segundo documento de trabajo determino no ponerlo, los órganos constitucionales autónomos; cuál fue el criterio que privó para que el equipo técnico no lo incluyera.

Ese es un tema muy sencillo que se puede resolver fácilmente, pero me parece que los demás temas que pueden tener una discusión de fondo no puede simple y sencillamente tomarse un criterio en el cual en un documento esté a discusión muestre al final que no están incluidos los temas.

Entonces, quisiera proponerle ese tema.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Perdón, nos perdimos, de órganos autónomos, ¿qué nos mencionaba, senadora? Le pido una disculpa.

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE: Órganos constitucionales autónomos.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: ¿A todos?

SENADORA MARTA ANGÉLICA TAGLE: Las dos iniciativas, y se los leo, la iniciativa primera, que es la del PRD, dice “los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, como sujetos de la ley”.

En el artículo cuarto se habla de los sujetos de la ley y en la iniciativa del PRD habla: “Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública”.

Y luego, en la del PAN dice: “Son sujetos de la presente ley los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes de la Unión, de los organismos constitucionales autónomos y los constitucionales autónomos señalados en las constituciones locales, así como los particulares”.

Y en el documento de trabajo ya no señala a los órganos constitucionales autónomos. Entonces, les digo, el criterio que privó en los técnicos para que esto no apareciera, me parece que debe de justamente generar un mecanismo transparente de por qué no aparece ahí o por qué simple y sencillamente no apareció.

Y por eso les quiero pedir que sí se pueden integrar equipos técnicos en los que de manera particular yo sí estoy interesada en nombrar a alguien que pueda estar haciendo las observaciones que me interesa incorporar.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le doy el uso de la palabra al senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, dos comentarios muy puntuales.

En todo el proceso legislativo que hemos seguido no solamente en estas comisiones, sino en toda la discusión del tema de acceso a la información, anticorrupción, etcétera, estamos haciendo la sistematización de los debates con los secretarios técnicos para abrir el espacio de acercamiento con los equipos técnicos y con los propios legisladores, esto seguirá así. Yo no, ningún problema.

Una vez que se sistematice esta información de todas las mesas de trabajo entraremos a la fase de acercamiento donde intervendrán los equipos técnicos, y las senadoras y senadores de manera directa.

Y sobre la referencia al Artículo Cuarto de esta Ley tiene usted razón. No solamente tomamos nota, deben estar incorporados porque todos los Órdenes de Gobierno son sujetos de la ley.

Esto por supuesto es una omisión y deben estar incorporados también los órganos con autonomía constitucional.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Tagle y senador Encinas. Muchas gracias. Doctor Merino.

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Muchísimas gracias senador Escudero.

Quiero dedicar solamente un segundo a agradecer una vez más a las Comisiones Unidas, al Senado de la República este privilegio que así lo vivo, de hecho de eso estamos hablando, de poder interactuar con ustedes y su apertura a las reglas del Parlamento Abierto.

Es un ejercicio inédito y de verdad estamos muy, muy agradecidos por esta oportunidad.

Tenemos un documento que entregamos en las audiencias a las que ustedes mismos convocaron en el mes de febrero.

Yo personalmente, recordará el senador Presidente de la Comisión, el senador Escudero, se lo entregué en su propia mano, no sé si en esta misma sala o en alguna otro pero fue en estas audiencias a las que muy amables nos convocaron.

Quiero dejar en claro que mis comentarios se derivarán en todo lo fundamental el contenido de ese documento que ustedes conocen con antelación ya que por lo tanto no creo que sea necesario volverse a referir en extenso.

Tengo absoluta confianza de que ustedes lo tienen incorporado a sus documentos y que no es necesario hacer una referencia específica a ese texto.

Pero sí me importa volverlo a poner sobre la Mesa porque es el origen de nuestros comentarios y es el resultado de un muy amplio consenso entre las organizaciones que hemos venido colaborando en estos temas.

Sobre la base de ese documento y ya que se están planteando las cuestiones generales, a mí me parece muy importante empezar por subrayar que lo que esta Ley General a nuestro juicio debe proveer, es la idea y la operación de esa idea de que el sistema no es sólo un mecanismo de diálogo entre instituciones, no es sólo un mecanismo de intercambio de información entre dependencias, sino que es el corazón operativo del Sistema Nacional Anticorrupción como tal, como sistema.

Y en este sentido su misión principal, tal como fue a nuestro juicio concebido en la Reforma Constitucional que ustedes impulsaron, es, ya se dijo antes, producir de un lado inteligencia institucional, entendida ésta como el análisis cuidadoso, bien documentado, muy bien informado y sistematizado de las causas que han venido generando la corrupción en el país.

Siendo un sistema necesita tener una base causal y la única manera de atacar las causas sistemáticas de la corrupción es, a nuestro juicio, contar con los elementos de información suficientes para poder atacar esas causas.

Si el sistema se constriñe como pensamos que sucede en el documento de trabajo, a un diálogo entre 6 dependencias más un grupo de ciudadanos.

Entonces me parece, nos parece que se desvía el objetivo fundamental que debe perseguir este sistema.

Entonces identificar causas para producir inteligencia institucional y atajar esas causas por una vía diversa a la que esta Ley General tendrá que proveer se atacarán los efectos de esas causas. Esta tarde se estuvo ya discutiendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y entiendo que en el resto de las discusiones se abordarán todos los instrumentos, todas las piezas legislativas para que las personas que cometan actos de corrupción sean sancionadas, tanto por la vía administrativa como penal.

Pero ese es el efecto de la existencia de las causas de la corrupción, esta ley, la que hoy se está discutiendo, tendría que enfocarse a esas causas.

Dicho esto, me parece por otro lado, que uno de los instrumentos principales de esta ley debe ser, por lo tanto, promover los medios suficientes para que las seis entidades que colaborarán en el sistema, más el Comité de Participación Ciudadana pueda: uno, generar información y acceder a toda la información que el Estado Mexicano tiene y que sea indispensable para producir los diagnósticos que permitan al propio Estado Mexicano identificar esas causas sistemáticas de la corrupción.

Sin las atribuciones suficientes para acceder a toda esa información, no sólo a la derivada de la declaración de bienes patrimoniales, no sólo las declaraciones de conflicto de interés, faltan las declaraciones fiscales; sino en general la información que el sistema considere necesaria para identificar esas causas, es necesario incorporarla a esta pieza legislativa. De tal manera que no haya ninguna limitación que permita hacer un trabajo verdaderamente profesional y de la profundidad que reclama el fenómeno que estamos abordando.

De otro lado, nos parece que es necesario que haya capacidad, que tampoco lo vemos suficientemente desarrollado, para tener la posibilidad de desarrollar metodologías para tener medir el fenómeno de la corrupción. Todos hablamos de la corrupción en este país, pero la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo sobre la forma en que debe ser medida; se avanza, si estamos combatiéndola con éxito, cuál es el parámetro a partir del cual vamos a considerar que la sociedad y el Estado Mexicano, porque esto es un plural, efectivamente ha logrado combatir la corrupción o en qué medida ha disminuido el fenómeno.

Nosotros le hemos llamado a esta facultad, senadores, de manera coloquial hemos dicho que hace falta un CONEVAL de la corrupción. Es decir, un instrumento técnico que es, a nuestro juicio el que debe estar en el Secretariado Ejecutivo o el Secretariado Técnico, para poder medir las causas de la corrupción y para producir una metodología que informe al país sobre la forma en que este fenómeno se está atacando.

Creemos también, voy más rápido, que es obvio, porque así lo ordena la Constitución, que el sistema debe contar con los medios suficientes para producir informes, lo pide ya la Constitución y hay que precisarlo en este documento; y para producir –cuarto tema– recomendaciones que si bien no pueden ser vinculantes, sí tendrían que tener en esta ley algún dispositivo que eviten que esas recomendaciones sean simplemente pasadas por alto por las dependencias, por los órganos autónomos, por los poderes a las que estén dirigidas.

Nos parece que esas recomendaciones, está claro que no pueden ser vinculantes, pero creemos que esta Legislatura sí puede exigir que sean respondidas por las entidades que han recibido esas recomendaciones. Esto, a nuestro juicio es absolutamente fundamental.

Nos han pedido de manera expresa que nos pronunciemos sobre cuestiones muy puntuales, en particular sobre la forma de integrar el Comité de Participación Ciudadana y sobre la presidencia del Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Están en nuestro documento ambas posiciones.

Me dirijo a estos dos puntos en particular:

El primero. Nosotros consideramos que sí es conveniente que la presidencia del Comité Coordinador recaiga en el Comité de Participación Ciudadana. Esa es nuestra posición, está expresada en el documento de manera inequívoca.

¿Por qué creemos esto? Ofrezco a ustedes tres razones:

Primera razón: Creemos que hay una obviedad en torno de que la única silla –como le hemos llamado– del Sistema Nacional Anticorrupción que no es un organismo público en cualquiera de sus modalidades, es justamente el Comité de Participación Ciudadana.

Este comité está creado exprofeso para acompañar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, no tiene otro sentido, así se creó en la reforma constitucional.

Su único papel su única labor es acompañar las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Todas las demás sillas están ocupadas por dependencias que tienen una responsabilidad específica asignada, y que deben cumplir esa responsabilidad específica, no sólo como parte del sistema sino como una de las fuentes principales de información para el conjunto de sistema.

En consecuencia, si se piensa en una presidencia de alguna de estas dependencias, como de hecho aparece en el documento de trabajo excluyendo deliberadamente a los ciudadanos, al Comité de Participación Ciudadana, nos parece que está perdiendo uno de los puntos principales de la reforma constitucional que era justamente la incorporación de este grupo de ciudadanos para acompañar, para dar el seguimiento y para hacer posible que el sistema en su conjunto funcione independientemente, subrayo, independientemente de las funciones específicas asignadas a cada una de las entidades que tendrá un asiento ahí.

Esta es una primera razón.

La segunda razón, lo digo franca y abiertamente, es una razón simbólica. El fenómeno de la corrupción no es trivial, no voy a insistir más en este punto. Todos los que estábamos, estoy seguro, en este salón, compartimos este diagnóstico, y a nosotros nos parece necesario que el Estado mexicano emita una decisión simbólicamente fuerte, simbólicamente inequívoca respecto a su compromiso con el combate a la corrupción que, entre otras cosas, implicaría que sean los propios ciudadanos quienes presidan el Sistema Nacional Anticorrupción.

No las dependencias que eventualmente, lo digo con mucho cuidado para no ofender a nadie, pero tengo que decirlo, que eventualmente podrían tender –estoy tratando de buscar el mejor fraseo posible– a cuidar su labor o a cuidarse entre sí. Los ciudadanos no van a hacer eso; los ciudadanos van a buscar que el sistema funcione, porque no van a hacer otra cosa; esa es su labor.

El Comité de Participación Ciudadana no tendrá otra obligación más que la de buscar que el sistema funcione de manera articulada y de manera permanente.

Simbólicamente, políticamente hablando, sería mucho mejor que la presidencia recayera en el Comité de Participación Ciudadana.

Y la tercera razón tiene que ver incluso con la integración del propio comité de participación.

Yo entiendo que aquí hay diferencias entre los partidos políticos aquí representados, y sin embargo la posición que hemos mantenido en el documento entregado a febrero, señoras y señores senadores, es una posición cuidadosa.

Cuidadosa, porque lo que propone este documento, senador, es que los propios integrantes, los propios titulares de las dependencias que van a ocupar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sean quienes provean la vía a través de la cual serán seleccionados los integrantes del propio Comité de Participación Ciudadana.

En otras conversaciones distintas a esta, algún legislador, algunos amigos incluso nos han subrayado que esta puede ser una posición muy conservadora y hasta peligrosa.

Nos dicen: Pero cómo proponen que las propias dependencias que van a formar parte del comité coordinador del sistema tengan alguna injerencia en la designación de los integrantes del comité de participación ciudadana.

La respuesta es que van a trabajar juntos, que es necesario construir un espacio de confianza y de eficacia. Este comité coordinador no va a perseguir a los corruptos, eso lo harán las dependencias por separado y cumplirán su misión.

Este comité va a perseguir la forma de evitar las causas que generan la corrupción y tiene que trabajar de manera articulada, que haya un flujo de comunicación a nosotros no nos parece mal, nos parece indispensable.

Lo que sí reclamamos en todo caso es que las personas que formen parte de ese comité de participación ciudadana, uno, pasen por un procedimiento de selección que sea muy rigurosos en cuanto a las credenciales de los individuos que formarán parte de ese comité, estamos sugiriendo que se forme un comité de selección integrado por las propias dependencias, a nombramiento de las propias dependencias que integran el comité coordinador, para que ese comité de selección evalúe profesionalmente las credenciales de las personas que lo integrarán. Está en el documento de trabajo y a partir de ahí sea designado.

Termino ya, señores senadores, estos son, creo yo, los puntos principales que vale la pena poner sobre la mesa.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias doctor Merino. Sin duda encontramos muchas coincidencias inclusive con el documento.

Tengo registrado al senador Encinas, al senador Ríos Piter, a nuestra invitada y déjenme nada más comentar rápido algo sobre la mesa: sin duda la preocupación a la hora de redactar esto, doctor Merino, era cómo meter un mecanismo de control o de seguimiento, toda vez que como usted bien ha dicho, en la reforma constitucional quedó que las recomendaciones no eran vinculantes.

Y de ahí, de las redacciones de los documentos que encontramos que se habían presentado, pensamos que la mejor opción pues era lo que había planteado el PRD. Así integramos en el 22 y en el 23 algún mecanismo de información que quedar a apropia satisfacción y si no, que se pudiera medir.

Dice: en caso que el comité considere que las medidas de atención a las recomendaciones se desatendieron sin justificación y no estuvieron justificadas con suficiencia o fueron omisas en la presentación del informe, a que se refiere el artículo anterior, podrá convocar a la autoridad para que concurra a una reunión de trabajo en la que se aborde el caso.

Ahí tomamos estas dos redacciones del PRD, pero estamos atentos si hubiera algún otro mecanismo que debiéramos de meter para poder dar seguimiento o alguna otra redacción que nos propusieran, por supuesto que es una inquietud de nosotros también.

Por favor

DRA. LOURDES MORALES CANALES: Muchas gracias, pues yo también agradezco esta invitación y la verdad es que los felicito porque es más que saludable tener este tipo de conversaciones sobre un tema tan importante.

Nada más para profundizar sobre el documento, del cual el doctor Merino hacía referencia. En el método de selección nos inspiramos en el método INAI, que ustedes diseñaron. Entonces creemos que eso puede blindar de legitimidad al sistema ya demás están frente a una oportunidad muy grande de dar un mensaje a la ciudadanía, frente al hartazgo que hay actualmente.

También nosotros estábamos conscientes de que en la reforma constitucional está escrito de que las recomendaciones no serán vinculantes.

Sin embargo, haciendo referencia al documento de trabajo del artículo 23, para qué esperarse a que se convoque a una reunión, quizás sería nada más pertinente dar una respuesta, no vinculante pero que mecanismo básico de la rendición de cuentas que se dé una respuesta sobre las observaciones.

Y finalmente en cuanto al rol del comité de participación ciudadana, la verdad es que en diversos foros hemos escuchado fuertes resistencias y dudas sobre qué papel deben de jugar los ciudadanos.

Y pues en el documento de trabajo la verdad es que vemos que se le da todavía un papel muy marginal.

En la propuesta del PRD sobre carga de atribuciones, porque no solamente sí se le otorga la presidencia del comité al Comité de Participación Ciudadana.

Pero también tienen unas atribuciones como promover denuncias de conductas de servidores públicos o particulares.

También coadyuvar a las autoridades fiscalizadoras del control interno en los procedimientos que se substancien ante el Tribunal.

Le permite presentar medios de impugnación.

Vigilar, acompañar y dar atención a quienes denuncien actos de corrupción.

Es decir, una serie de atribuciones que creemos no sería adecuado dado el diseño constitucional que se hizo de esta instancia.

Y el PAN le otorga una función de vigilancia pues creemos que todavía marginal al darle las funciones vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, pero no le otorga a la Presidencia de la Mesa, le da un título honorífico y luego crea una especie de colegiado, o del colegiado al crear un consejo consultivo para el comité de participación, integrado por un grupo de 5 a 15 representantes de organizaciones sociales y no, no somos tan organizados para estar intermediando entre tantas organizaciones y creemos que eso pues también dificultaría el seguimiento de la política anticorrupción.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Tratamos de acercarnos al modelo INAI. A ver si me ayudan a ver en qué, en dónde no les gusta esta parte para ver cómo nos aproximamos. Porque pensamos en ese modelo, en el de INAI.

Algo se desajustó. A ver si ahorita me ayudan con algunos comentarios de eso. Senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo creo que esta es la parte medular de toda la discusión no solamente del sistema sino de toda la legislación vinculada con este tema.

Y yo creo que tenemos que tener mucha certeza en 5 temas que para mí son los fundamentales: El primero tiene que ver con todo el diseño institucional.

Y el diseño institucional no se circunscribe a la creación del sistema, sino es la creación del sistema, las funciones y atribuciones de la Secretaría Técnica, las funciones y atribuciones del Comité Coordinador y las competencias del órgano del Comité de Participación Ciudadana.

Y tenemos que verlo como un todo integrado con funciones claramente delimitadas y de una competencia estricta de cada uno de estos sujetos.

Segundo: Junto con el diseño del sistema, también tenemos que definir el carácter de sus resoluciones y recomendaciones que hasta ahora vienen como no vinculantes.

Y efectivamente en un sistema con la conformación que está planteando difícilmente podrían tener, tendrían que ser vinculantes más aún –y esto lo subrayo por lo que voy a decir más adelante- porque en éste participan sujetos obligados de la propia ley y entonces no pueden dictarse normas para sí mismo porque también implicaría frenar un conjunto de disposiciones que ellos mismos tendrían que acatar y ahí entramos en una primera contradicción.

Y junto con esto avanzar en la definición de indicadores muy claros de evaluación, no solamente del sistema sino de la instrumentación y la implementación de la ley, para lo cual se tiene que avanzar en la definición de una política nacional con indicadores muy claros para poder hacer la evaluación y el seguimiento, y que puedan tener su réplica en los sistemas locales, porque hay que recordar que el diseño de este sistema de una ley general, tendrá que encontrar una réplica en la legislación local, definiendo también las atribuciones básicas de lo que será el sistema en las entidades de la República.

Y por supuesto, habrá que crear de esos indicadores, el registro público nacional, que no se limita solamente a las tres declaraciones patrimonial de interés y fiscal, sino también registro de las responsabilidades y sanciones de los servidores públicos; el registro tiene que abarcar también las sanciones que hayan sido objeto los distintos servidores y esto implica tener mucha certeza en lo de la definición de las denuncias y las quejas.

Creo que esos son los cinco temas centrales de esta ley y de todo el sistema en su conjunto, y aquí tenemos que entrar a una definición puntual en esta delimitación de responsabilidades, y tiene que ver con quién preside.

Y efectivamente aquí, como lo ha señalado Mauricio Merino, Zoé Robledo y Armando Ríos Piter, el problema que tenemos en el diseño de este sistema es que está conformado fundamentalmente por sujetos obligados. A diferencia de los criterios que hemos establecido en la conformación de otros sistemas, como el sistema nacional de transparencia y acceso a la información; el cual está presidido por un órgano con autonomía constitucional, que al mismo tiempo es el órgano garante de ese derecho, garantizar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos.

Y aquí desde el momento que estamos incorporando a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, al Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura, el INAI y la Fiscalía de Combate a la Corrupción, todos estos son sujetos obligados por la ley. Por eso la importancia de que quien lo presida sea el Consejo Ciudadano, que en el momento en el que reciba una percepción económica, pierde su naturaleza de ciudadano para asumir responsabilidades de servidores públicos; que también es un tema que tenemos que discutir, porque si el Consejo Ciudadano es honorario, difícilmente podrá cumplir con sus funciones.

Le van a sacar el argumento de la gratificación o la compensación de algún recurso, sea como sea, eso no los exime del artículo 108 que tiene que asumirse en la ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, porque incluso en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información establecimos como sujetos obligados a todo ente público o privado que reciba, administre cualquier tipo de recurso público, y tenemos que ser congruentes con ello.

Entonces, creo que el Consejo Ciudadano o como se denomine, debería de presidir para que no haya un conflicto de interés dentro del propio sistema y encontrar los equilibrios y contrapesos que se requieren para el cumplimiento puntual de sus funciones, atendiendo cinco criterios que creo que son los fundamentales en esta ley.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Encinas. Senador Armando Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Solamente para complementar a mi participación original, una vez que algunos compañeros, compañeras y quienes están representando a la sociedad civil, han hecho algunos señalamientos.

Nosotros estamos a favor de que el Comité de Coordinación lo presida esta séptima silla, lo presidan los ciudadanos. Esa fue mi primera intervención.

Creo que ese es un debate por sí mismo, habrá algunos que… el senador Escudero ahora hizo alguna contraargumentación, pero eso implica todo un planteamiento, una visualización de cómo debería de funcionar el sistema, teniendo a una representación en particular de los ciudadanos, teniendo a cargo la actividad. Enchinchar dije hace rato, no encuentro, y les prometo que voy a tratar de encontrar una que en términos jurídicos satisfaga sobre todo a Raúl Cervantes; pero la idea es esa, tener la capacidad de estarse metiendo en el sistema, estar involucrándose, darle seguimiento y evitar que se atrofie, parte del problema del combate a la corrupción es la atrofia institucional, el que de repente todo se queda parado, todo se empolva o todo se hace rápido de acuerdo al interés político, no al interés social de combatir la corrupción.

Ese es, digamos, un debate, y creo que hay que dejarlo en esa dimensión porque creo que de ahí se desprenden varios comentarios en los cuales yo soy de los que ha señalado tal vez que deberíamos de ser un poco más progresistas –no me acuerdo cuál fue el adjetivo de hace rato– pero yo creo, por ejemplo, que hay que definir con mucha claridad cómo se hace el nombramiento.

Uno de los grandes problemas que tenemos en la generación de estas instituciones, ¿cómo se nombra? Desde que generamos mala percepción de cómo se nombra a los consejeros del INE, la sociedad tiene mala percepción de cómo se nombra a quienes representan estos espacios.

Lo quiero poner, porque de ese tamaño es la necesidad de que tengamos todo un proceso de enorme legitimación para identificar quién tiene que ser el que esté representando a estos cinco hombres o mujeres en equidad de género, esperemos, que estén representando a los ciudadanos.

Yo no estoy de acuerdo con que sean las otras instituciones, por más que tengan que tener una buena coordinación, quienes nombren a quienes los van a estar enchinchando, pues el incentivo está casi muy cercano a decir: Oye, pues vamos buscando porque son las seis instituciones y expreso mi comentario, si las otras seis instituciones que son las que queremos que se ven aceleradas y catalizadas, pues el incentivo para tener al actor más coincidente en cuanto a que no me esté jodiendo, perdón, paso de la de enchinchar a una más puntual…

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Tampoco nos satisface.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Tampoco satisface a Raúl Cervantes, pero para efectos expositivos espero que sirva y oriente.

Pues entonces el incentivo es que el arreglo burocrático sea de seis instituciones diciendo: Oye, pues el que es menos ruidoso es este actor. Esa es mi impresión.

Repito, no hay todavía una visión concluyente, porque tampoco algunas de las otras propuestas de cómo hacer estos nombramientos termina satisfaciendo porque se generan otros desequilibrios.

Estoy convencido de que en gran medida el acuerdo, si es que la primera parte la podemos construir alrededor de quién deba de presidir, ya están puestas varias de las posiciones es: cómo se nombra.

Y después no solamente es cómo se nombran, es: cuánto van a durar en el cargo; se les paga o no.

Yo no creo en los reyes filósofos; yo no creo en esta condición de: Vamos a encontrar a un ciudadano que le va a dedicar todo su tiempo, su energía, toda su capacidad, y lo va a hacer por mero altruismo.

Ahí vamos a tener solamente a alguien que tenga todos los recursos para poder vivir, y entonces yo creo que nos vamos a jugar demagógicamente el dedo en la boca y no se trata de eso; pero bueno, es otro debate el

tema de equidad de género, que sin duda alguna es parte por lo menos de lo que nosotros tenemos en la iniciativa.

Y las funciones, solamente quiero cerrar con una consideración sobre las funciones. Es cierto que nuestra iniciativa le da mayores facultades, por así decirlo, que ya en la discusión tendríamos que ver, no en términos de qué tantas facultades o no le damos al ciudadano, sino cómo potenciamos las facultades del ciudadano; cómo garantizamos que el valor agregado de la participación del ciudadano sea la que más, o sea, que la participación sea la que más valor agregado le dé al propio sistema.

Yo pongo un ejemplo de mi tierra:

La gente –y seguramente puede entenderse este ejemplo para la gente de la sierra huichola, para muchas de las partes de nuestra geografía enorme, como es la geografía mexicana– un comité de ciudadanos en la Sierra Madre del Sur de Guerrero, donde la diferencia entre morirte o no es si te pica el alacrán cuánto tiempo tienes para llegar al Centro de Salud más cercano y ahí depende tu vida del camino, de cómo están las condiciones del camino. Váyanse a la geografía que quieran, a la cañada chiapaneca, a la que les guste.

Ese ciudadano regularmente en los territorios son ciudadanos que están plenamente organizados y conocen con toda contundencia y con toda claridad si de repente llega un presupuesto que algún diputado les aterrizó, ven el expediente se convierten casi en ingenieros en la supervisión, porque el involucramiento tiene que ver con una forma de vivir y otra.

Esos ciudadanos tienen que tener una representación, ahí en esa parte tal vez más alejada tienen que tener una representación hasta la parte de arriba del sistema.

¿Cómo? Obviamente las plataformas de información digitales que las propias iniciativas facilitarían este proceso.

¿Pero qué es lo que quieres? Pues quieres tener a ese presidente del sistema con la misma fuerza, con la misma energía, con la misma sensibilidad y con la misma intención de decir: “Oye, se fregaron ese dinero y en vez de que la carpeta asfáltica fuera de cinco centímetros fue de dos centímetros y ya se la llevó el agua. Es un ejemplo concreto de corrupción.

¿Qué quieres, que tenga esa perfecta representación? No sé cómo aterrizarlo en términos de un planteamiento, solamente para dejar en cercanía otra vez de política pública, lo que necesitamos es que ese ciudadano tenga capacidad de mandarle a la secretaría de la Función Pública, si es que la acción va contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o contra el área encargada de hacer los caminos, que le diga, oye, aquí hubo inversión de dos centímetros de carpeta asfáltica en vez de cinco.

Y te mando un con copia para el representante ciudadano en la mesa. ¿Para qué? Para que ese con copia para sea, oiga, yo le mandé un con copia para usted, usted tiene que darle seguimiento y entonces hacer que el sistema funcione.

Creo que eso es lo que tendríamos nosotros que garantizar, entiendo, por ejemplo, cosas que tienen que ver con promover denuncias que puedan ser inclusive contradictorio el nivel constitucional, eso lo entiendo en la discusión, pero si ejemplificamos qué es lo que queremos que pueda hacer ese presidente o esa presidenta, pues obviamente tendremos más claridad en cómo formular el articulado de la ley.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, tengo registrado al doctor Roldán, a la senadora Laura Rojas, a nuestra amiga Lourdes y al doctor Merino, pero quiere reaccionar algo el doctor Merino.

Si quiere reaccionar, para ser ágil también y que no se aun monólogo esto, si quiere reaccionar algo de lo que dijo el senador Ríos Piter o esperamos al turno.

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Como usted indique, senador, más bien usted hizo una pregunta concreta de que ayúdenme a pensar cómo podría ser lo de la selección y me quedé concretamente con eso.

Entiendo que se está usted refiriendo a la propuesta que aparece en el artículo 29 del documento de trabajo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Déjeme entonces registrarlo, doctor, yo creí que era una reacción a lo dicho y quería hacer aquí la discusión, si no, ayúdeme a respetar el orden y ahorita lo ordenamos ahí.

Gracias, le agradezco su atención. Doctor Roldán.

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: Muchas gracias senador.

Cuando hay actos de corrupción necesariamente encontramos que algo está fallando en nuestras instituciones y cómo poder atacar esos problemas institucionales, organizacionales, residirían aquí en la ley del sistema.

Por tanto es muy importante cuidar que el sistema y los órganos del mismo tengan esta función de mayor abstracción y de mayor apreciación del bosque y eso significa cuidar muy bien la definición de competencias para evitar, como decía el senador Encinas, un posible conflicto de intereses o bien un problema de incentivos encontrados que impidan cumplir con su función.

Una de las grandes enseñanzas de por qué ha fallado nuestro sistema de responsabilidades de servidores públicos es la función que se le fue dando a los órganos internos de control, que teniendo una función que originalmente tenía que ver con mejorar y acompañar el mejor desempeño, se le fueron adicionando funciones de sanción y entonces eso fue creando un problema de incentivos encontrados.

El sistema tiene que ver con un mecanismo cooperativo, es decir, efectivamente por qué no se da como el sistema del INE o del INAI, porque buscamos con esto, como país, eliminar o bien superar la fragmentación de distintos sistemas. En donde tenemos un sistema de fiscalización, un sistema de transparencia, un sistema de responsabilidades, que no se comunican.

Y el propósito, por supuesto, es cómo se crea una instancia de comunicación de tal manera que compartan información institucional y que puedan atacar aquellas causas institucionales que están en el fondo de las cosas.

Entonces precisamente los incentivos tendrían que ser en cómo se van cuidando estos mecanismos de cooperación y por supuesto ahí el representante ciudadano de una función relevante porque también, y agregaría solamente esta parte, significa un terreno de neutralidad institucional.

Y creo que esa es una de las cuestiones que hay que poner el acento.

Y por otra parte evitar contaminar a la función de apreciación del sistema evitando, reitero la palabra, darle funciones de seguimiento de casos, de presentación de denuncias porque entonces lo que se lograría es convertir a uno de estos en estas funciones ininteresados y esto expone al sistema.

Entonces esta es una de las cuestiones que es importante rescatar.

La otra es cómo cuidamos esta ley con lo que surja de la Ley de Responsabilidades, de tal manera de armonizarla.

Nada más.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Muy amable doctor Roldán.

Tengo registrada a la senadora Laura Rojas, a nuestra amiga Lourdes, licenciada Lourdes, al doctor Merino, al senador Luis Humberto Fernández y al senador Cervantes.

Senadora Laura Rojas.

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias Presidente.

Abonando a la discusión sobre las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana que por supuesto creo que es un tema central, no quería dejar de dejar en esta reunión de compartir con ustedes la propuesta del PAN.

En la propuesta del PAN me parece que las atribuciones del Comité no son de ninguna manera atribuciones marginales.

Creo que entiendo que no lo decía del documento del PAN pero sí quería yo dejar testimonio de este asunto.

Le estamos proponiendo al Comité de Participación Ciudadana atribuciones como la evaluación del desempeño y supervisión del sistema nacional.

Proponer al Comité Coordinador los lineamientos generales de actuación del sistema.

Emitir opinión respecto a los informes que emitan los integrantes del sistema a los Poderes de la Unión.

Emitir opinión respecto al registro y designación de testigos sociales, así como los informes que generen.

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana.

Celebrar convenios de colaboración.

No las voy a leer todas pero son bastantes, incluso hay algunas que son muy importantes como:

Apoyar las políticas públicas propuestas por el Comité Coordinador en materia de prevención y detección de hechos de corrupción o faltas administrativas.

Elaborar el informe anual de carácter público que contenga los avances y los resultados del ejercicio de sus atribuciones y de la aplicación de políticas públicas en la materia.

Objetar la selección de nombramientos de los titulares de los órganos internos de control.

Aprobar la propuesta del Comité Coordinador del nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema.

Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para vigilar el desempeño de sus funciones en sus diferentes tareas administrativas.

Y bueno, solamente leí las más importantes.

Entendemos que para que el Comité pueda desarrollar todas estas funciones claramente tiene que tener un apoyo institucional.

Nosotros sí lo planteamos en la propuesta del PAN, un apoyo institucional para el Comité.

Nuestra propuesta no específica que los integrantes del Comité sean remunerados; sí que tengan un apoyo institucional para poder desarrollar todas sus tareas.

Eso creo que hay margen para discutirlo. El tema de la remuneración específica para cada uno de los que integran el Comité.

Pero sí estamos muy conscientes de que para que puedan cumplir con todas estas tareas, que al menos en nuestra propuesta están consideradas, necesariamente tendrán que tener un apoyo institucional aunque nuestra propuesta, como ustedes saben, insisto, no especifica el pago, remuneración directa a los integrantes del Comité, que creo que tenemos margen para seguirlo discutiendo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora Laura Rojas. Sin duda hace sentido lo que plantea en la Mesa.

Doctora Lourdes.

DOCTORA LOURDES: Sí. Nada más también freo que valdría la pena discutir la duración, como ya lo dijo el senador Encinas, porque dos años y rotativo como está planteado creemos que no da suficiente fortaleza.

Y sí la parte del Colegiado sí nos pareció un poquito excesivo.

Bueno, ahora el doctor Merino les puede decir exactamente ahí. Nada más con respecto a lo que viene en el documento de trabajo, en el artículo 29 y 30, lo que pasa es que la propuesta que se estaba haciendo en el documento que consensamos es que hubiera un comité de selección, o sea que las instituciones ayuden a conformar un comité de selección que blinde mucho más los requisitos y que ellos desarrollen la metodología de selección, los criterios, los lineamientos, y así se dé el proceso para hacer como un doble filtro.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Nos hace sentido. Quería reaccionar la senadora Laura Rojas.

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.

Sí, mira, en mi opinión no vemos mal la propuesta de que sea un comité de selección el que elija a los miembros del Comité, sí quería nada más aclarar que cuando nosotros redactamos la iniciativa del PAN, que fue el año pasado, en el verano del año pasado, que fue cuando nosotros redactamos nuestra iniciativa, es decir, muchos meses antes de que ustedes hicieran esta propuesta, el senador Ruffo, que espero que ahora también pueda hacer uso de la palabra, si es que es necesario para ahondar más en la propuesta del colegiado del colegiado, como se le ha llamado, la consultamos con varias organizaciones de la sociedad civil en su momento. Específicamente con Transparencia Mexicana y no recuerdo si con alguien más lo consultó.

Aquí está el senador Ruffo y sí es importante nada más un poco recordar la historia. En su momento el senador Ruffo estuvo haciendo algunas consultas con organizaciones de la sociedad civil para plantear el mecanismo que quedó en la iniciativa del PAN, y eso fue muchos meses antes de que ustedes presentaran este documento con esta propuesta, entonces nada más lo quería dejar para la historia.

Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Ya sabe, doctor Bohórquez, que tiene el uso de la palabra en el momento en que desee hacerlo, lo importante es que sea ágil esta reunión.

Senador Luis Humberto Fernández. Luego tenía registrado a otro senador, al senador Cervantes; le pido que para balancear la mesa le demos el uso de la palabra a Max Kaiser y vamos tratando de balancear la mesa.

Senador Humberto.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Buenas noches, muy rápido.

Dos temas: el primero y les suplicaría me permitan argumentar la postura de la presidencia del sistema ciudadano, que creo que es el tema medular y es la piedra de toque a partir de la cual debemos de construir.

En lo personal y además como parte de la propuesta de mi grupo parlamentario, creo que es fundamental esto por tres cosas: uno, porque todo el tema del sistema es cómo limitamos al poder y el poder no se limita a sí mismo; entonces si no hay un ciudadano la verdad es que no va a haber este contrapeso entonces no veo que haga mucho sentido.

Lo segundo, es que como esta es la piedra fundamental de todo el sistema, si no tenemos una aproximación ciudadana en el arreglo institucional, vamos a hacer un arreglo institucional desde el punto de vista de la administración pública, no desde la limitación al poder.

Y esto nos lleva al tercer punto, que el poder del coordinador sí radica en su autoridad formal, pero el mayor poder lo va a tener en su autoridad moral y no va a ejercer un liderazgo efectivo a partir de un poder burocrático, por lo tanto para nosotros es fundamental que sea un ciudadano.

Con humildad les digo que si no es un tema ciudadano, no creo que todo el sistema funcione porque no vamos a limitar al poder. Entonces, se plantea el dilema de fondo: queremos un sistema ciudadano o no queremos un sistema ciudadano. A partir de esa piedra decimos lo demás.

Y lo segundo, también para terminar de manera muy sucinta, una respetuosa sugerencia a la mesa es que podamos subdividir por subtemas, porque estamos tocando, brincando de un tema a otro y no le estamos dando la solidez que se comentaba.

Podemos, a partir de la presidencia, las funciones, la elección, la duración; pero sí ir acortando el debate sobre subtemas específicos, por lo menos para tener posturas y contraposturas ya muy claras y a partir de eso ir avanzando, porque si no nos vamos confundiendo en el debate.

Muchas gracias, señor presidente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias a usted, muy amable señor senador. Maestro Max Kaiser.

MAESTRO MAX KAISER: Muchas gracias, presidente.

Brevemente, el doctor Merino hacía alusión a que el sistema es el corazón de lo que queremos construir

¿no? Es decir, el Comité Coordinador y las diferentes instancias.

La reforma constitucional habla del Comité Coordinador como una nueva instancia y, por lo tanto, un núcleo que engloba, coordina, comunica a diferentes autoridades ya existentes más el comité ciudadano que, como ya se dijo, es toral.

Creemos que esta instancia debe generar un equilibrio básicamente entre dos cosas: Entre el control del poder, pero también la eficacia del sistema en el combate a la corrupción; son las dos cosas, ni una más que la otra.

En el documento que hacía referencia la OCDE, la OCDE hace una referencia a varias prácticas internacionales sobre el combate a la corrupción y los estándares internacionales de las instituciones especializadas en combate a la corrupción, incluyendo los criterios del consejo de Europa de la Convención de las Naciones Unidas y de la Convención Interamericana, y habla de ocho principios básicos que tienen que tener tanto las autoridades que integran un sistema como el sistema mismo.

El uno es: Un mandato claro y funciones claras. El dos es: Especialización.

El tres es: Independencia y autonomía.

El cuatro es: Transparencia y rendición de cuentas.

El cinco es: Recursos adecuados, herramientas, así como personal entrenado y especializado. El seis es: Cooperación entre agencias.

El siete es: Cooperación con la sociedad civil y sector privado. Y el ocho es: Cooperación internacional y creación de redes.

Creo que este es un muy buen marco de referencia de cómo debemos crear no sólo el Comité Coordinador y la relación de éste con el Comité Ciudadano, sino cómo hacemos para que cada uno de los integrantes del sistema tengan esto: mandato y funciones claras, especialización, independencia y autonomía, transparencia y rendición de cuentas, recursos adecuados, pero lo más importante, cooperación entre agencias, cooperación eficaz entre agencias que además genere el equilibrio con el Comité Ciudadano, que es el punto siete: cooperación con la sociedad civil y el sector privado.

Pero además creo que es un punto muy importante y que no encuentro reflejado en el documento de trabajo: Cooperación internacional y creación de redes con organismos internacionales.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, maestro Kaiser.

Le voy a dar el uso de la palabra al senador Cervantes, no sin antes pedirle que nos diera su opinión.

La verdad de las cosas es que desde la concepción de la reforma constitucional y de lo que hemos redactado aquí, yo no imaginaba y no imagino a este Comité Coordinador como limitante al poder o como vigilancia de la vigilancia, sino los veía más bien trabajando articulados juntos con un mismo propósito.

Yo le pediría al doctor Cervantes, y además de lo que nos va a poner, si nos da una visión de cómo imagina este comité.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, presidente.

Aclarando a nuestros invitados el papel que no he hecho no sólo en esta legislatura sino en otras, hasta cuando fui diputado, le pregunté a algunos senadoras y senadores del PAN si aceptaban que yo fuera el interlocutor, digamos, desde la visión constitucional, no a la defensa de mi grupo parlamentario. Lo aceptaron.

Se los pedí al PRD, igual tener un contacto directo con ellos en el ánimo de cómo construir y acercar. Lo aceptaron.

Hablé con los presidentes de las comisiones y hablé con gente del grupo de la sociedad civil también en tener contacto directo para poder acercar, porque yo sí creo que son este y otros instrumentos, lo que debemos hacer es, debe haber gente que defienda sus visiones, después que nos acerquemos, pero la mejor solución siempre es la que la Constitución nos marca desde un punto de vista ecléctico. Las diferentes visiones nos van a llevar a un mejor Estado.

Entonces, si en este todavía no tengo respuesta, me tomo mi tarea y lo rebotaré con todos para ver la visión.

Yo celebro primero un vocablo que se dijo aquí dos veces por los representantes de la sociedad civil, por el doctor y por el maestro: Cooperación.

Yo siempre he hecho una reflexión sobre el federalismo mexicano en el que, vacilo, no vienen al caso aquí, pero siempre hago un paréntesis que somos incoordinados. Que las diez facultades constitucionales concurrentes funcionan mal y que no nos debemos de preocupar porque sólo funcionan mal desde el siglo XIX.

Se ha demostrado el tema de la coordinación, muy limitado. Si hubiera estado yo hubiera buscado hasta el vocablo de una vez de la colaboración porque esa es la tendencia hasta del federalismo europeo, en algunos temas también en Estados Unidos, en estas prácticas internacionales se lo señalan, porque no es una diferencia de conjugación solamente semántica, sino es sustantiva, es un cambio de actitud, lo mismo que estamos haciendo hoy en el parlamento abierto, cuando digo que estamos en la colaboración y no en la coordinación y es muy buen ejemplo.

Nos coordinábamos con la sociedad civil, te escucho y después yo resuelvo, colaboro, ya es la base previa para la concreción del derecho, que es lo que dije ayer y vuelvo a repetir hoy.

Basándome en eso, estoy convencido que este tipo de instrumento lo menos que puede ser res particular. Entre más general y me gustó el concepto de inteligencia, entre más general, las áreas más específicas y

más importante de los estados son inteligencia y son las más pequeñas, son las más esbeltas, son las que generan la información, las que al pueden procesar y las que direccionan en su ejecución.

Si son aparatos burocráticos muy grandes lo único que se genera es una ineficacia. Preguntémonos por qué el Ministerio Público en México no funciona, por esa razón.

La tipología en infinito, el que desahoguen igual el robo de un espejo de un coche que un secuestro, el que les de la misma capacitación para el mismo tema, los recursos públicos son imposibles de llegar.

La judicialización de la vida en México de tener hace tres o cuatro años, no más de eso, 600 mil recursos federales, andamos en un millón cien, un millón doscientos y no nos va a alcanzar ni los recursos ni las capacitaciones para llegar a allá.

Hay gente que dice que es porque hemos determinado la conciencia de los derechos que tenemos, sí, sí es cierto, pero en otros casos ha habido un abuso y tendremos que revisar un día la política pública generalizada de justicia.

Aquí estamos en un caso concreto y específico de tener un anticorrupción que gravita en qué tanto en la prevención como en la persecución como en la administración, ya sea desde el punto de vista administrativo penal sobre el fenómeno, pero el paraguas sobre el tema de justicia es muchísimo más amplio y por eso están las mesas paralelas de justicia cotidiana que también tendremos que resolver.

La constitución dice prevención, detección y sanción. El problema que se ha dado, olvidémonos de este sino el problema que estaba en materia penal, es que la vinculación de las procuradurías en relación al Poder Judicial era desvinculado y lo que necesitaba la procuraduría, desvinculado del Poder Legislativo, por eso se fue la tipología de la especialidad de la especialidad en los tipos, que parece que se diseñó justo exactamente por lo que no queríamos: impunidad.

Aquí no lo estamos haciendo. Las facultades vienen en el 113, fracción e), tercera, que es lo que se va a desdoblar para hacer la inteligencia de estado, la conformación de esta política pública.

Un día y perdón que lo cite y si quiere por alusiones personales, desayuné hace unos cuatro o cinco meses con el doctor Merino, para hablar de estos temas anticorrupción y cómo se podría dar y le decía que uno de los problemas que estamos viviendo es que en los noventas-2000 hablamos del estado de derecho. Todos hablábamos que lo que se tenía que hacer era cumplir el estado de derecho.

Del 2010 para acá todos hablamos de política pública, que hasta le habían encargado un ensayo del contenido de lo que significa la política pública y yo decía que habíamos que tener una hermenéutica artificial sobre política pública para entender qué es.

No estaría de más que en este dictamen determinemos qué significa lo que queremos decir con inteligencia, política pública, con asertividad del tema en al dictaminación, porque eso es lo que va a conducir, los verbos rectores, de la coordinación o colaboración de estos entes, que lo que se entienda sea que sea una unicidad, porque es una, no es división, no es cómo va a actuar la fiscalía y cómo va a actuar el tribunal, etcétera, sino cómo el sistema unificado y después hasta políticas focalizadas, porque hay regionales, porque tampoco podemos pensar que hay conductas específicas en una parte del país que se cumplan en todas las demás, también hay modelos con respecto a.

Mi conclusión sería, sin pronunciar porque yo, como les digo, no estoy, cada quien representa sus grupos parlamentarios y esto lo acordé de esta manera, buscaría de común acuerdo porque veo muy cercana la posición de ustedes con respecto a lo que se venían pensando, por lo menos que me conste, a las Secretaría Técnicas, puede ser que esté en el documento o no, se va acercando, es que lleguemos a evolucionar a este tipo de asertividad que es lo que la gente quiere.

Entonces les propondría, un poco abundando en este documento, que le echemos, como digo yo, talento y pluma en la parte específica del Dictamen para decir qué significa en este caso concreto, cuál es el mandato a este caso concreto y que el tema ciudadano.

Yo le decía aquí a mi querido senador Armando Ríos Piter que algunas facultades que les pongas en exceso que no estén claramente en la Constitución se van a tirar por amparo y no les vamos a ayudar y el problema más importante de estos órganos es credibilidad.

O sea, si fallan en la primera parte de credibilidad, se llamen ciudadano o no. También les invitaría a decir participación ciudadana, todos somos ciudadanos.

Entonces que digamos de participación ciudadana y que eso nos va a dar un elemento y que de las diversas visiones que se va a ver para presidirlo o no presidirlo y con qué facultades, construyamos primero el qué, el cómo y poner la cabeza de la integración en el fenómeno de cooperación de estos órganos.

Gracias Presidente y me pongo a trabajar.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias a usted senador Cervantes. Senador Luis Humberto.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Perdón lo reiterativo pero creo que estamos tocando el debate de fondo.

El tema es si es un enfoque de coordinación o es un enfoque de limitar.

Yo plantearía, lo más importante que aprende uno en el doctorado son dos cosas: a definir un problema y la pertinencia.

El problema es definir cuál es nuestro problema y cuál es la solución pertinente, cuál es la solución institucional que estamos construyendo.

El punto es que si el problema de corrupción actual que vive el país es un problema de coordinación.

Yo creo que es un problema muchísimo más grave y que rebasa esto porque en una situación de fragilidad del Estado, un Estado de derecho roto, con instituciones cuestionadas, con una credibilidad de todas las instituciones por el suelo, creo que debemos atender a soluciones que estén a la altura.

El punto es, ahorita comentaba Zoé, diría Molotov: entre más poder le des al poder, lo demás lo pueden oír en la canción.

Pero creo que el tema de fondo es que no es un tema de coordinación.

Si pensamos en que es un tema de coordinación ya tenemos un diagnóstico del problema equivocado y en consecuencia vamos a tener unas instituciones que van a coordinar muy eficazmente la nada.

Entonces creo que sí tendríamos que plantear cuál es la pertinencia y qué es lo más adecuado a lo que estamos viviendo.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias. Es usted muy amable senador. Alguien más que quisiera ser registrado.

Por favor doctor Merino. Adelante.

Todos los que deseen, el tiempo que deseen.

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Perdón senador, es que me pidió usted que esperara el momento oportuno y ya es.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Adelante; sí. Y todos los que quieran ¿eh?, de verdad, aquí no hay prisa de nada.

DOCTOR MAURICIO MERINO HUERTA: Gracias senador.

Primero reacciono a la pregunta que usted mismo formuló, senador, en el sentido de que, es que usted nos pidió expresamente que reaccionáramos al nombramiento del Comité. Entonces no quería dejar suelto ese punto.

En el documento de trabajo, en el Artículo 29, dice que para su nombramiento el Comité, Comité de Coordinación, esto es la lectura de su documento de trabajo, perdón, se refieren a las 6 entidades públicas que forman el Comité.

Previa realización –sigo la cita- de una amplia consulta a la sociedad mediante mayoría de votos, nombrará a los miembros de dicho Comité de Participación Ciudadana incluido su Presidente. Ok. Fin de la cita.

Qué nos preocupa, senador, para reaccionar a su comentario:

Digamos que los precedentes de la imprecisión de una amplia consulta a la sociedad, no nos queda claro qué cosa es eso de la amplia consulta de la sociedad porque al final siendo una ley pues puede quedar tan ambiguo que se pierda su eficacia. Esa es la verdad.

Por otro lado nos preocupa que no se especifica cuáles son las cualidades profesionales y personales de quienes deben integrar ese Comité.

En la propuesta que formulamos a ustedes antes, escribimos y voy a citar directamente, si me autoriza: “el comité de participación ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, los cuales deberán de cumplir con al menos los siguientes requisitos: cinco años de experiencia probada en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Total independencia de los partidos políticos. Capacidad de trabajar en cuerpos colegiados. Que no hayan participado en órganos directivos ni en candidaturas de los partidos políticos en los últimos cinco años. Que cuenten con conocimientos sobre la administración pública”.

Y añade, cometiendo el mismo error que ya había sido mencionado: se procurará que en su conformación prevalezca la equidad de género.

Me importa mucho subrayar esto, senador, porque una cosa es consultar y déjeme ver si preciso la idea: una cosa es suponer que se va, por tratarse de un comité de participación ciudadana hay que hacer una gran consulta ciudadana y una especie de elección popular; y otra cosa es entender el papel que le corresponde a este comité de participación ciudadana como vigilante de la actuación del sistema nacional anticorrupción, son dos cosas distintas.

En consecuencia, las cualidades profesionales y las cualidades personales, las dos importan, de quienes integren ese comité son fundamentales y a nuestro juicio deben quedar en la ley.

No sé si estoy contestando puntualmente.

Por otro lado, creo que vale la pena insistir en el procedimiento de selección. En otra parte de nuestra propuesta, nosotros, porque aquí había un matiz que se había perdido; decimos lo siguiente y cito de nuevo: “los integrantes del comité de participación ciudadana serán seleccionados a través de un comité integrado por diez mexicanos, nombrados por los titulares de los seis organismos que integran el comité coordinador”.

Es decir, no sería una designación directa de los titulares de los organismos del comité coordinador, sino que éstos nombrarían como lo hicieron ustedes en su momento, senador, en el INAI, a diez personas que formarán este comité de selección.

Y sigue diciendo: “el comité de selección definirá el comité de selección –esta es una diferencia importante–, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los cinco integrantes del comité de participación

ciudadana, los cuales se harán públicos. Consideramos también que el mismo comité de selección debe nombrar al presidente del comité de participación ciudadana o presidenta, el cual fungirá también como presidente del comité coordinador”, para evitar estas disputas que suelen suceder cuando los propios órganos tienen que nombrar a quienes los presiden.

Esa una repuesta puntual, insisto, una propuesta concreta.

Por otro lado, si me permite un minuto más, creo que el debate que aquí se ha sugerido con todo respeto, no debería ser un debate porque ambas cosas son ciertas: hay debate cuando hay una confrontación de tesis, pero en este caso son tesis complementarias. La Constitución ordena que haya un mecanismo de coordinación, es inequívoco; pero también ordena que haya un comité de participación ciudadana que fungirá, justamente… entonces los dos extremos se tienen que cumplir y no son contradictorios.

Añado, para no dejar el cabo suelto, que me gusta mucho la intervención el senador Cervantes, en efecto, hemos hablado de política pública repetidas veces; y entonces me da la oportunidad de ir a mi zona de confort, y decir que de acuerdo con el manual académico, una política pública es la intervención del Estado para resolver un problema público en un sentido determinado. Esa es la definición, entrecomillada, de política pública; “La intervención del Estado para resolver un problema público, en un sentido determinado”.

No se puede saber cómo va a intervenir el Estado en un sentido determinado, y aquí entra la inteligencia institucional, si no hay causalidad del problema.

En materia de política pública los problemas han de atenderse por sus efectos, eso en este caso el efecto es evitar la impunidad de los actos de corrupción, es evitar que quienes cometen actos de corrupción queden impunes.

Pero en esta ley estamos hablando de las causas. En esta ley lo que se tiene que atajar es la causalidad de ese problema público en el que el Estado debe intervenir.

No habrá inteligencia institucional si no se identifica la causalidad. Por tanto, yo sigo insistiendo en que acotar las facultades de información del Comité Coordinador del Sistema sólo a las declaraciones de bienes patrimoniales, o incluso en la versión que planteó el senador Encinas a las sanciones, es limitar sus posibilidades de definir problema público y actuar con inteligencia institucional.

Yo no le limitarías las capacidades de información, nada más de información.

Un último comentario. Hay una diferencia, y no me dejará mentir el senador Cervantes que ha hecho este estudio y se plantea la deliberación constitucional, no me dejará mentir. Una cosa es un mecanismo de coordinación establecido por la Constitución, y otra distinta son las facultades que cada uno de los órganos que forman parte del sistema conservarán.

Nadie está disputando esas facultades. La auditoría seguirá cumpliendo sus atribuciones, la secretaría encargada del control interno, eso no está a discusión. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de deliberación distinto. De un órgano que no es un órgano en el sentido tradicional del término sino de un mecanismo, suele decir Bohórquez, de colaboración, de acuerdo, de coordinación que debe producir inteligencia institucional para hacer una política pública de combate a la corrupción.

Y, dadas las definiciones anteriores, creo que se cierra el círculo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, nos hace mucho sentido, doctor Merino.

Me pide reaccionar al tema por alusiones el doctor Cervantes y tengo registrado al senador Zoé Robledo.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias.

Un poco provocador fue, porque habíamos platicado tu definición y estabas preparando el artículo.

Para mí todo este sistema tendría que ser: qué es corrupción, cómo la vamos a medir y cómo la vamos a disminuir.

O sea, si el Estado no entendemos qué es el fenómeno y cómo lo vamos bajando en cada uno de los extremos, entonces podría generarse un buen sistema y no sabemos si sí está funcionando o no.

Con este andamiaje constitucional que se le diseñó es para una acumulación de información específica que genere con asertividad la mejor función de todos, y que del modelo sepamos en dónde está la corrupción y cuál es su disminución, ese debe ser el mandato concreto que diga el dictamen.

Yo siempre he dicho que lo que no se mide no se corrige.

Algún día me encontré en una entidad federativa en su proceso legislativo y me pareció una maravilla. Decía que cada vez que se aprobara una ley a los dos años tenía que ser revisada si había tenido un impacto o no; otros decían: Oye, a tres o cuatro años a veces haces una ley que nunca le vuelves a medir el impacto hasta que la quieres volver a cambiar.

Pero gracias, doctor, sabes que se te quiere.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Cervantes. Senador Zoé Robledo.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Para abonar en este mismo tema, creo que también nos habíamos saltado del inicio de nuestra propuesta en el artículo 1º, en donde nosotros partimos de plantear que esta ley general es reglamentaria del artículo 113, pues también vayamos definiendo cuál es el orden jerárquico que le queremos dar.

Porque sin duda a partir de la posibilidad de que sea una ley, como son llamadas, constitucionales, es uno de los primeros debates, porque ahí también tenemos una diferencia. En el documento de las comisiones sí se señala que tiene por objeto regular lo previsto en el 113, pero no se establece que sea una ley reglamentaria del 113.

Sí creo que valdría la pena también entrar a ese debate, porque yo coincido con el senador Cervantes.

¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que está en la Constitución.

¿Qué va a poder hacer el comité de participación y el comité coordinador del sistema? Pues lo que está establecido específicamente en la fracción III, a partir del inciso a) hasta el e); y punto.

Pues entonces establezcamos que es una ley reglamentaria del 113, y es el planteamiento que hacemos como bancada del PRD.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Zoé Robledo.

¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? Por favor doctor Eduardo Bohórquez.

MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ: Sobre el tema particular que tocaba el senador Cervantes, sobre el objetivo de medir y reducir la corrupción, yo creo que ahí puede haber consenso en lo general, pero creo que los indicadores de los que estamos hablando para este mecanismo, lo que realmente deben de medir y establecer es si el sistema está siendo efectivo o no está siendo efectivo.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Es una condición ex ante.

MTRO. EDUARDO BOHÓRQUEZ: Exacto y creo que hay que precisarlo de esa manera.

De lo contrario podríamos darle a este sistema indicadores internacionales sobre percepción de la corrupción y si estos indicadores internacionales no reflejan ningún cambio, pensar que el sistema como tal no está dando resultados.

Me parece que son las dos cosas, o sea, sí debe de concentrarse en la medición de la corrupción, ahí coincido con el doctor Merino, esa sería la parte del CONEVAL de la corrupción, pero me parece que los indicadores que son indispensables son los de eficiencia y eficacia de cada una de las instituciones del sistema.

En este mismo Senado yo he traído a colación un ejemplo que creo que a todos ayuda a identificar la importancia de los indicadores, la extinción de dominio, probablemente la extinción de dominio no resolverá el tema del crimen organizado, pero me queda muy claro que la extinción de dominio, en términos de la acción del estado, si funciona o no funciona para el objetivo que se diseñó la política y que se le pide a la procuraduría.

El resultado neto de la extinción de dominio en el actual modelo es recuperar 745 mil pesos en beneficio del estado, cuando son decenas de casos de criminales los que serían elegibles para este procedimiento.

Entonces nada más quisiera puntualizar que no es sólo sobre la corrupción, sino sobre la eficacia del sistema y ahí el comité de participación ciudadana tiene un rol central, pues asegurarse que esos indicadores estén bien construidos y que la inteligencia institucional de que has hecho referencia cobre validez en la práctica corrigiendo los orígenes que dieron lugar a este problema.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Senador Burgos.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: En relación al comentario del senador Robledo, me parece que sería atendible una ley general, como se intitulan frecuentemente las leyes generales, ley general y luego establecer reglamentaria del artículo 103 constitucional.

Y obviamente ubica en segundo lugar, es decir, la constitución y por jerarquía de leyes, son reglamentarias, son orgánicas y luego leyes generales.

Entonces no tiene problema.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias, si no hay nadie más registrado, no queda más que agradecerles.

Me parece que ha sido una reunión muy interesante. Me parece que hemos acercado posiciones que estamos más cerca de lo que todos pensábamos, nos hace sentido cada una de las cosas que nos han propuesto, de verdad que estamos muy cerca, ojalá que pudiéramos ir definiendo de manera rápida algunos temas que nos han planteado, porque estamos muy cerca de esto.

No queda más que agradecerle al doctor Bohórquez, a Max Kaiser, al doctor Roldán, a la doctora Lourdes, al doctor Merino, a nuestros compañeros diputados federales que nos acompañaron esta tarde, a los presidentes de las comisiones, al senador Fernando Yunes, Alejandro Encinas y a todos ustedes.

Muchas gracias por habernos acompañado.

Mañana a las 10 de la mañana la primera Ley Orgánica del Tribunal. Hubo cambio de lugar: Salas 3 y 4.

Y la Versión Estenográfica de la reunión de ayer ya está en la página.

TERCERA MESA DE TRABAJO: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Miércoles, 13 de abril de 2016. 10:00 horas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: (Transmisión incompleta del Canal del Congreso)

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: …y Participación Ciudadana, perdón, donde se han ido subiendo todos los documentos, lo cual merece el reconocimiento de verdad, no sólo del Senado sino de las organizaciones, y así lo han manifestado.

Todavía no está, no sé si es un alcance o la modificación del acuerdo, particularmente respecto a la Ley de Responsabilidades y Ley 3de3. Yo me quedé en la idea, como representante de mi bancada, del PRD, específico de esa ley, de Responsabilidades, que para esa ley el procedimiento sería distinto, toda vez que es la única en la que hay una iniciativa ciudadana que ya se ha reconocido en sus méritos y en el valor que tienen las 634 mil firmas; para que el procedimiento fuera a partir de la plataforma de Google Docs, que los ciudadanos y particularmente Eduardo Bohórquez se ofreció en poner a disposición, que si bien es una plataforma libre y pública, pero él planteó que podría administrarla, pondríamos el documento de Ley 3de3, la iniciativa ciudadana como documento base sobre el cual podrían, tanto los senadores y los grupos técnicos hacer comentarios, modificaciones; y después de ese procedimiento saldría una suerte de tercer documento de trabajo particular sobre Ley de Responsabilidades. Y que entonces, sobre ese ya podríamos ir pensando en la elaboración de un predictamen.

Yo me quedé con esa idea, pero sí valdría la pena aclararla e incluso incorporarla al acuerdo. Creo que todo ha sido muy transparente, todo ha sido muy organizado y además todo ha sido muy bien acordado, nada más no dejar ese cabo suelto porque sobre todo entre los medios de comunicación que estuvieron siguiendo la sesión ayer, e incluso platicando con algunos senadores, no quedaba claro que el procedimiento a partir de ese acuerdo tomado el día de ayer, sería el que acabo de describir:

Poner el documento de 3de3, trabajar sobre ese en la plataforma de Google Docs para saber todos los controles de cambio que habría y posteriormente, poder generar el tercer documento, no predictamen, el tercer documento de trabajo.

Qué bueno que ya llegó Eduardo Bohórquez, que era un tema que conversamos.

Entonces, para solicitarles presidentes, poderlo incorporar al acuerdo. La senadora Marcela Torres y un servidor somos encargados de esta mesa y de este tema particular de nuestros partidos, vamos a hacerles llegar una carta específicamente de lo que les estamos solicitando y para solicitarles que esto se incorpore como parte del acuerdo.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Usted recordará, senador Zoé Robledo, que ayer nos fuimos de aquí del Senado como a las 11 de la noche. Evidentemente aquí lo mencionamos el senador Encinas y un servidor, que la plataforma no la conocíamos, ofrecimos una disculpa por no conocer esa plataforma.

Lo que sí quedamos, nos ofrecieron una plataforma para que se pudiera subir el documento y lo que sí quedamos es que iba a haber una plataforma, no sé si esa o la que sea, en la que todos los senadores pudieran ir comentando temas y pueden ir registrando quién decía qué cosa. Ese es el acuerdo que quedamos.

Dennos oportunidad, yo le pido, de saber qué plataforma. Ayer terminamos muy tarde, en cuál, y que todos los senadores puedan ir haciendo sus aclaraciones, sus modificaciones, sus propuestas y todo, para que luego puedan ser analizadas.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Y nada más que la plataforma trabajaría, ahora que ya estemos reunidos, la plataforma trabajaría sobre el documento de Ley 3de3, ¿es correcto?

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Pues ya no, porque traería sobre 3de3 más la discusión de ayer, si no para qué discutimos ayer.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Pero la discusión de ayer va agregando, porque no hubo rediscusión de redacciones específicas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No, pero acordamos que el tema, el documento rector en esa mesa de trabajo era la iniciativa conocida como 3de3; y por supuesto se irán sumando los comentarios y observaciones que se presentan en las discusiones, si no, no tendría ningún sentido reunirnos.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Yunes y senadora Marcela, senadora Tagle. A ver, senadora Marcela, senadora Tagle y entramos en materia con la senadora Pilar.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: A ver, simplemente aclarando y reforzando lo que dijo el senador Robledo, me queda una duda:

¿Cómo iremos elaborando el dictamen? ¿Cómo lo vamos a elaborar?

¿Cómo vamos a ir elaborando el dictamen de esa primera mesa?

Si alguien me puede aclarar, cualquiera de los tres presidentes, si me puede aclarar.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: De acuerdo al reglamento que establece las normas del Senado de la República.

Será un proyecto, primero un documento de trabajo, un proyecto de dictamen y tendrá que haber comisiones unidas para hacer el debate. No hay otro mecanismo más que el reglamentario.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: El reglamentario entonces, ¿es con un documento de trabajo que va a salir de dónde?

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Vuelvo a repetirlo, ayer lo anunciamos y viene en el acuerdo. Serán las secretarías técnicas de las tres comisiones van a recoger la discusión, se va a trabajar con los grupos técnicos, como usted lo planteó el día de ayer para ir acercando los acuerdos; de ahí surgirá un documento de trabajo del cual deberá emerger el anteproyecto de dictamen que discutirán las comisiones unidas.

Y es un asunto que acordamos incluso con la representación de los ciudadanos.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: ¿Eso incluye los grupos técnicos de los partidos y los de la sociedad civil?

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Acabo de repetirlo, acabo de decirlo. Son las secretarías técnicas y se reunirán con los grupos técnicos de los legisladores integrantes o no de las comisiones unidas, porque esa es una discusión abierta. Eso ya lo hemos discutido siete veces.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Sí, tengo una preocupación en cuanto a eso y sí quiero decirla.

Acordamos que todas las discusiones iban a ser públicas. Me preocupa un poco los términos en los que se hacen los comentarios en este tema.

Se van a subir todos los comentarios a través de Google Docs, porque, a ver dijimos que se iban a subir todos los comentarios a través de Google Docs de todos los senadores sobre el documento 3de3, sobre el documento de los ciudadanos. Acordamos que iba a ser como el documento eje y que todos íbamos a ir haciendo observaciones sobre ese documento eje.

¿Hasta ahí voy bien?

¿Es correcto lo que estoy diciendo o no?

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Es correcto y aplica para todas las mesas.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Aplica para todas las mesas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Así es.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Okey. Bueno, y de ahí entonces se van a, esos comentarios los toman los equipos técnicos junto con los técnicos de los ciudadanos.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Así es.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Es así. Ellos se reúnen ¿y esas reuniones serán también públicas o serán privadas?

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Pues son reuniones de trabajo, ahí francamente las discusiones públicas serán todas aquellas en las que participemos los representantes de la sociedad civil y los legisladores.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Entonces las reuniones entiendo que serán privadas. Nada más estoy tratando de aclarar el método porque no me ha quedado claro.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Están abiertas para todo el que quiera asistir, ese no es ningún problema.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Okey. Entonces son sesiones abiertas que todavía no tenemos eso en calendario.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Okey, entonces serán sesiones privadas pero abiertas a quien quiera asistir, donde se irán cerrando de los comentarios que están ahí a hacer un documento de predictamen.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: En lo que hubiera acuerdo, y en donde no, se identificarán las diferencias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora, así es, se seguirá el procedimiento que siempre se sigue en el Senado de la República que nos marca un reglamento.

Tenemos un reglamento en el Senado de la República que hay que cumplir, y ese habla de la organización de las comisiones y de las mesas. Yo le pido que sigamos esa.

Evidentemente trataremos que todas las reuniones de los secretarios técnicos, que a lo mejor que tengan una hora, que tengan publicidad. Muchas de ellas se van haciendo.

Justicia, por ejemplo, esa comisión trae 10 temas abiertos, 11 temas abiertos, establecerse que estén aquí a una hora exacta es difícil.

Les pediremos que la hagan con la máxima publicidad, que traten de hacerlo, pero tienen 11 temas abiertos justicia.

¿Qué tema es más importante? Pues yo no sé cuál sea el tema más importante, pero seguiremos el reglamento como lo indica el Senado de la República, y por supuesto que seguiremos el trámite de la Constitución como lo indica y de la Ley Orgánica como lo indica respecto a la iniciativa ciudadana que hemos recibido.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Les agradezco muchísimo su paciencia, nada más que no me quedaba claro el método y sí quería que quedara claro.

Muchas gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: El del Senado de la República, el de su reglamento, el de la Ley Orgánica y el de la Constitución al pie de la letra.

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Gracias.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Senadora Pilar.

SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Yo tenía algunos comentarios que presentamos desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con relación a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

De entrada creo que, salvo que mis compañeros digan otra cosa, creo que en términos globales advertimos coincidencias importantes. Yo me centraría en señalar las preocupaciones que tenemos y también sugerir que pudiéramos avanzar de una manera más concreta, para efecto que de ser posible en esta misma reunión pudiéramos ya tener algunas posibles redacciones en los temas en donde pudiéramos coincidir, que nos ayuden a ir procesando esto de manera más ágil.

Porque creo que hay algunos instrumentos legislativos, como lo será la Ley de Responsabilidades, que nos ocuparán todavía más tiempo y que en la medida en que pudiéramos avanzar sería mucho mejor. Sería una de las propuestas.

Y bueno, de entrada son solamente seis puntos los que nosotros nos preocupan.

El primero tiene que ver con el artículo primero de la ley y tal como se hizo una reflexión el día de ayer en relación a la Ley del Sistema, creo importante que el artículo primero se refiera al objeto de la ley y se refiera también a que es una ley reglamentaria de la fracción 29-H del artículo 73 de la Constitución, por técnica legislativa y por congruencia creo que de entrada así lo tenemos que establecer y en el documento que analizamos no está incluido.

Otra preocupación que tenemos y esto es más bien de forma, es revisar los términos del artículo 61, en donde se habla por un lado de la organización del tribunal, al señalar el tema de los días inhábiles y demás y al mismo tiempo se establece el régimen de faltas temporales y definitivas. Entonces creo que tiene que diferenciarse y poner en artículos distintos.

Otro artículo que nos preocupa del proyecto que ustedes nos pusieron a consideración es el artículo 50, porque se habla de una facultad específica para el presidente del tribunal, a que designe suplente en el Comité Coordinador del Sistema.

Creo que no vimos en el documento de la ley del proyecto que ustedes manejan de la Ley del Sistema, un régimen de sustitución del comité, de hecho nos e especifica que haya la posibilidad de suplencia.

Entonces creo que ese tema no debe abordarse aquí, sino más bien en la Ley General del Sistema. Entonces, que lo pudiéramos eliminar.

Y ya me voy a la parte más sustantiva de nuestras propuestas y una tiene que ver y fue marcada como de los irreductibles, que propuso Acción Nacional y que incluso ustedes nos dieron una respuesta a la misma y que tiene que ver con la posibilidad de que existan salas regionales especializadas.

El argumento que nos da la propia presidencia de esta comisión es que tenemos que atender al impacto presupuestal que representaría la creación de diversas salas regionales especializadas.

Pero nosotros insistimos en esto, porque por un lado nos preocupa que sean las salas regionales actuales quienes atiendan los casos de responsabilidades.

¿Por qué?

Porque actualmente el tribunal solamente el 1.6 por ciento de los casos que resuelve se refieren a cuestiones de responsabilidades de servidores públicos. Es decir, su expertise está en otro lado. Por un lado.

Segundo. Creo que es fundamental establecer en los distintos cuerpos normativos de manera transversal el principio de especialización.

Sí creo que tenemos que apostar por un principio de especialización sobre el tema concreto de responsabilidades.

Por eso para nosotros resulta fundamental que se establezcan esas salas regionales especializadas. Y además por ahí había la duda de que si era constitucional establecerlas.

Lo es porque la Constitución establece que el Tribunal podrá actuar en Pleno o en Salas Regionales. Entonces esto no hay ningún impedimento constitucional para que esto se dé.

Efectivamente habrá un impacto presupuestal pero también habrá que prever que este número reducido de casos que hoy resuelve el Tribunal, pues se convertirá en un número elevado si la respuesta a lo que hoy estamos proponiendo, pues se genera como lo estamos previendo.

Es decir, estamos generando un sistema que promueva la denuncia y que privilegie el hecho de que tengamos más asuntos procesados ante los tribunales, que haya más sanciones administrativas, que efectivamente se termine con la impunidad y en ese sentido la respuesta que esperaríamos es que el número de casos se eleve, pero además con las nuevas facultades que tiene el Tribunal de ser la autoridad sancionadora para casos graves pues esto de manera natural tendrá un impacto en el crecimiento de casos que se ventilen ante el Tribunal.

Eso es lo que nos preocupa y desde el Partido Acción Nacional estaríamos insistiendo en la creación de estas salas especializadas regionales.

Es decir, que no sean las Salas Regionales que hoy están funcionando quienes resuelvan estos casos.

Y solamente habíamos también establecido dentro de nuestros irreductibles las diligencias para mejor proveer.

Comento que de alguna manera esto lo estamos dejando provisionalmente de lado porque en el documento que nos circularon sobre Ley de Responsabilidades, que bueno, acabamos de escuchar este nuevo método, se contempla dentro del procedimiento las mismas.

Entonces solamente tenerlas para observar que en el documento que finalmente quede una de las observaciones sí sea que permanezca esta facultad por parte del Tribunal que también ha sido una de las propuestas que generó el Partido Acción Nacional.

Sería todo por mi parte.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senadora. Es usted muy amable.

Sí me parece que hay que revisarlo, en este documento, lo que platicamos con el Presidente Encinas…

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: …Presidente: ¿puede respetar el orden?

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, por supuesto senadora.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Usted va a hablar de después de cada uno y no vamos a acabar.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Tenemos una sesión que sea un poco más ágil para reaccionar y nada más fijar que estamos abiertos en esa posición.

Así hemos desarrollado las Mesas para que sean ágiles y no sean monólogos y decirle que por supuesto estamos en la mejor disposición de revisar las salas y las composiciones.

Me ha pedido el uso de la palabra también el licenciado Max Káiser. En las otras salas, en las otras reuniones hemos establecido que trataríamos de balancear los comentarios.

Si usted no tiene inconveniente, senadora Dolores Padierna, le daría el uso de la palabra a nuestro invitado Max Káiser, si no, se la doy a usted e inmediatamente después a Max Káiser. Como nos indique senadora.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: No, no, no. Adelante.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Licenciado Max Káiser.

MAESTRO MAX KÁISER: Muchas gracias señor Presidente. Antes de iniciar mi intervención quisiera hacerle una pregunta:

En el segundo documento de trabajo que tenemos, que está publicado y que nosotros hemos revisado, está, digamos, la Ley Orgánica del Tribunal y quisiera preguntarle si no se les olvidó toda la parte de la sección tercera, que es la más importante de todo el sistema, o si sólo es el artículo 19 el que se refiere la Sección Tercera.

¿Sólo es el artículo 19 el que se refiere a la Sección Tercera?

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Lo revisamos si quiere y ahorita le informamos.

MAESTRO MAX KÁISER: Porque si es así, ahora sí continúo con la intervención.

Si esto es lo único que se refiere a la Sección Tercera, con preocupación manifiesto que creo que estamos haciendo un tribunal chiquito.

Es decir, ayer nos echamos seis horas platicando del nuevo sistema de responsabilidades administrativas. Y este nuevo sistema de responsabilidades administrativas, todo, va a acabar aquí.

Es decir, estos magistrados van a ser los encargados de tener sentados frente a sí a un gobernador acusado de un acto de corrupción, a un Secretario de Estado acusado de un acto de corrupción; a un senador acusado de un acto de corrupción.

Y lo que veo en la ley es que el artículo 19 genera una tercera sección, que es la que mandata la Constitución, que es la que va a tener a los magistrados especializados, pero en su propuesta son sólo magistrados de apelación, sólo van a recibir en apelación los recursos que se interpongan de lo que se resuelva en las salas regionales ordinarias.

Quiere decir que los grandes casos de corrupción que se van a dar en el país, van a ser resueltos por magistrados de salas ordinarias, que hoy resuelven temas que tienen que ver con no tener acceso a la derechohabiencia en el IMSS o no tener sus recursos de devolución de impuestos a tiempo; es decir, no hay especialización, no hay nada que tenga que ver con la independencia, con la autonomía, con la profesionalización.

Ayer platicaba en la sesión de la otra mesa, que la OCDE le acaba de recordar a México que un buen sistema anticorrupción requería de autoridades autónomas. Y le puso en el documento a México, seis puntos clave:

El primero, una clara base legal para la existencia de instituciones disciplinarias que subrayen su mandato y responsabilidades. No encuentro en la Ley Orgánica del Tribunal un mandato claro y responsabilidades claras de quienes van a ser los funcionarios públicos más importantes, que van a concluir casos y que van a instruir los casos más graves de corrupción de todo el sistema.

El segundo punto es: asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios fue seleccionado y nombrado basado en criterios objetivos, sustentados en el mérito, particularmente quienes están en posiciones de mayor jerarquía; es decir, los magistrados que van a resolver los casos. No encuentro en el cuerpo de la ley, en el cuerpo de la ley que se nos propone, una serie de artículos que nos hablen de la profesionalización, de la capacidad, de la especialización de quienes serán los magistrados más importantes del sistema.

El tercer punto dice: asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios goza de un apropiado nivel de seguridad en el empleo y tiene salarios competitivos en relación a los requerimientos del empleo. Lo que yo encuentro del estudio de la ley que se nos propone, es que estos magistrados van a estar sometidos funcional y administrativamente al pleno del Tribunal.

Entonces, en realidad autonomía administrativa, autonomía funcional tampoco van a tener mucha.

El cuarto punto dice: asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios está protegido frente a amenazas y presiones que los haga temer represalias. Nada en la ley hay sobre este tema; ¿cómo le vamos a hacer para proteger a estos magistrados que van a llevar los casos más graves?, que van a llevar casos de constructoras grandísimas, de empresas gigantes, de los servidores públicos de más alto nivel. Nada veo en la ley que tenga que ver con su seguridad personal.

En el punto 5 del documento de la OCDE, dice: asegurarse de que el personal responsable de los procesos disciplinarios tiene autonomía en la selección de casos que investigará. Esto no aplica, porque digamos que los casos llegarán de acuerdo a las acciones que se promuevan por las autoridades investigadoras.

Y finalmente el seis: Asegurarse de que el personal responsable de los proceso disciplinarios reciba entrenamiento constante en temas de conflicto de interés y tiene procedimientos claros para manejarlos. Nada hay en la ley orgánica que se nos propone sobre el Tribunal al tema.

Y entonces parece que todo el sistema va a acabar en magistrados de salas regionales, que no tienen la autonomía suficiente, no tienen la independencia suficiente, no son especializados porque no tienen la profesionalización y la capacitación suficiente, y nada de eso está en la ley; por eso preguntaba si no se nos había olvidado el capítulo completo que habla de la sección tercera, que según la reforma constitucional del año pasado es la que tenemos que reformar y la que tenemos que crear como la sección que se va a encargar de los casos más graves de corrupción que estamos tratando de crear con el nuevo sistema.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, cómo no. Lo revisamos.

Va a hacer unos comentarios el senador Cervantes. Pero antes tengo registrada a la senadora Dolores Padierna, que justamente tiene otra reunión y tendrá que desplazarse a otra área del Senado.

Senadora Dolores Padierna.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente.

En efecto, está citada la Comisión de Hacienda para dictaminar zonas económicas especiales, se empalma con esta discusión que es fundamental también. Y a veces no halla uno qué hacer.

Pero sí quisiera hacer unos comentarios respecto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Creo que, derivado de la reforma constitucional aprobada el año pasado, queda claro que el nuevo tribunal tendrá absoluta autonomía. Y se requiere de esa autonomía de todo carácter para que pueda dictar sus fallos, para que se organice conforme ellos lo puedan determinar y su funcionamiento, pues, sea el que se acuerde por el propio Tribunal.

Esta autonomía del Tribunal se constituiría así como un órgano jurisdiccional que impondría las sanciones a los servidores públicos, a los particulares que incurran en responsabilidades administrativas. También fijaría las indemnizaciones, las sanciones pecuniarias y fijaría, pues, el resarcimiento del daño a la Hacienda Pública y muchas otras facultades que están contenidas en la reforma constitucional.

Esto lo explico para las personas que nos siguen a través del Canal del Congreso, porque es indispensable primero decir que se va a aprobar una nueva ley, estamos en ello, una ley reglamentaria que se deriva de una reforma constitucional aprobada el año pasado.

Esta constitución…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Perdón, senadora.

Les pido si nos ayudan a guardar silencio. Está exponiendo la senadora Dolores Padierna, por favor.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Modifica la constitución o la composición del tribunal; establece ahora una sala superior que va a tener 16 magistradas y magistrados y tendrá dos o tres salas: dos van a integrarse por cinco magistrados y una por tres magistrados.

Aquí es muy importante subrayar que existirá, y eso viene de la Constitución, una tercera sección. A esta tercera sección le debe corresponder conocer las responsabilidades administrativas de servidores públicos, cualquiera que sea, de cualquier nivel que sea, y también a particulares e incluso a empresas que tengan que ver con recursos públicos.

También esta tercera sección del Tribunal podrá fijar el pago de las indemnizaciones y de las sanciones pecuniarias correspondientes. Y dentro del Sistema Nacional Anticorrupción que hemos venido diseñando, el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa le corresponde o tiene la encomienda de culminar todos y cada uno de los procedimientos de responsabilidades administrativas que se califiquen como graves, insisto, a cualquier servidor o servidora pública y a las empresas y particulares.

Esta responsabilidad debe de ir aparejada, desde luego, de que se trate de estándares internacionales en los más altos niveles para combatir fuertemente la corrupción.

Las sanciones también tendrían que ser ejemplares para poder inhibir la corrupción.

En pocas palabras, el Tribunal tendría que ser autónomo, así lo dicta la Constitución, fuerte, imparcial, transparente, con procedimientos ágiles, y sería sólo así una herramienta para el combate a la corrupción y para reducir la impunidad.

¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la litis que aquí se discute? Pues que hay otras iniciativas que achican la reforma de gran envergadura que se estableció en la Constitución.

Que los alcances de la reforma constitucional son unos y se pretende que en la ley reglamentaria haya otros. Que se opta, pues, por mantenerlas cosas como están, con más palabras o distintas palabras pero no se cambia en esencia el planteamiento de cómo hoy trabaja el Tribunal.

Se planifica un esquema, desde nuestro punto de vista, equivocado, que llevaría al Tribunal a establecer procedimientos muy similares a los del fuero común.

¿Cómo está hoy el fuero común? Saturados de trabajo, estancados en sus determinaciones y se agravaría. Luego entonces la crisis de corrupción.

En el artículo 36 de la propuesta que propone, por ejemplo, el Partido Verde y el PRI se contempla que las salas regionales sean las que conduzcan las responsabilidades administrativas, que haya una sala en cada entidad federativa y que esta sala de las entidades federativas sean las que sustancien el proceso y las sanciones en los casos de corrupción.

A estas salas les correspondería, por ejemplo, los asuntos de su propio dominio territorial, que normalmente está controlado por los gobernadores.

También les correspondería establecer como facultad de estas salas la instauración del procedimiento, lo cual a todas luces contraviene el artículo 73 constitucional, que establece las responsabilidades del propio tribunal.

Entonces, sería un órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos cuando se trate de responsabilidades graves, también a los particulares, pero se crearía, desde nuestro punto de vista, un claro conflicto de interés.

Los gobernadores suelen meterse en la composición de todos los órganos estatales y a veces incluso regionales. Por lo tanto nosotros no estaríamos de acuerdo en esta descentralización, entorpecimiento de la forma en que se sancionaría a quienes incurran en actos de corrupción.

Nos parece que debe de ser el tribunal, en su sala superior, a través de la tercera sección, como lo marca la Constitución.

Es cuanto presidente, ofrezco disculpas, voy a la Comisión de Hacienda.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senadora, agradecemos sus comentarios, por supuesto que los tomaremos en cuenta.

Tengo registrada a la senadora Angélica de la Peña, al senador Luis Fernando y a la senadora Martha Tagle. Senadora Angélica de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias presidente.

Creo que lo que ha planteado la senadora Padierna es muy correcto, en lo particular preocupa que esta ley pueda quedar corta respecto al mandato constitucional y me parece que sí es necesario integrar y tomar en consideración las propuestas que los grupos parlamentarios también hacemos, además de quienes están aquí representando a la sociedad civil especializada, experta, que estamos obligados a tomar en cuenta.

Me preocupa mucho, por ejemplo, y ya en lo particular abundaremos el caso del artículo 19 aquí mencionado de este capítulo del título segundo, que refiere a la sección tercera, efectivamente es muy corto, tenemos que plantear incluso algunos requisitos ya señalados en otra legislación, no tendría por qué no ser tomada en esta ley orgánica.

También nos parece que es importante integrar todo un capítulo que tenga que ver con los conflictos de intereses, que no tienen la iniciativa.

Entonces yo estaba pensando dónde podría ser, yo creo que en su momento tendremos que hacer algún ejercicio donde definir cuáles son los requisitos, que además están planteados por el Poder Judicial, yo creo que prácticamente tendríamos que reproducirlos textuales casi, revisar que no falte nada, actualizarlos, para ubicarlos.

Quizás, presidente, pudiera ser el principio del artículo 4 y entonces recorrer los 2, 3 párrafos que tiene ahora el Artículo y ya de manera puntual ver en cada uno de los artículos cómo vamos abordando las propuestas que hagamos de revisión de la redacción, si es el caso.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Claro que sí, senadora Angélica de la Peña.

Muchas gracias. Es usted muy amable.

Senador Luis Fernando. Perdón, perdón. Luis Humberto.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Muchas gracias.

Lo primero, un tema, una respetuosa sugerencia de método y sería que fuéramos abordando por subtemas porque si no podemos ir abordando todos al mismo tiempo y no vamos a ir siendo exhaustivos.

Creo que ya se han hecho posicionamientos políticos muy claros que pudieran servir de índice, podríamos empezar desde cuál es la naturaleza del Tribunal pero ir agotando temas porque si no vamos viendo todo mezclado y no vamos a tener una sensación de avance.

Y esto me preocupa sobre todo porque esta es una ley con características técnicas…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: A los senadores: les pedimos que nos ayuden un poquito; está exponiendo un senador.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Continúo si me lo permite. Muchas gracias.

Sobre todo con una ley con características técnicas tan complicadas como ésta, en las cuales pues tendremos que ya entrar sobre el debate propiamente.

Y es importante este tema de método porque la incorporación de la propuesta del PRD en el documento es francamente magra y muy, muy difícil de encontrar. En lo personal no encontré temas.

Y esto es preocupante porque como lo señalaba ya el doctor Kaiser, nosotros tenemos un desarrollo puntual de la sección tercera con potencia, con claridad y con armonía jurídica que podría resolver muchas de las inquietudes que han sido planteadas y no están en eso.

Y como eso podríamos abordar muchísimos otros temas como es; no voy a ser exhaustivo en la lógica que entre más breves sean nuestras intervenciones será más efectivo nuestro diálogo.

Pero tengo un catálogo de 10 temas que podrían ser importantes, por lo menos para nosotros como fracción del PRD son medulares y habría que irlos viendo.

Entonces la sugerencia respetuosa es:

Uno. Que se integre el documento del PRD de manera más efectiva porque actualmente es prácticamente invisible.

Y, dos. Que lo abordemos a partir de subtemas y a partir de eso construirlo.

No sé si quieran, yo tengo un catálogo de los subtemas que son de nuestro interés, o valdría la pena. Pero no creo que valga la pena estar siguiendo, revisando todas las posiciones políticas. Por lo menos las de mi Fracción han sido expuestas con claridad por la senadora De la Peña y por la senadora Dolores.

Entonces nos quedaría entrar a lo específico.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí senador.

Senador: como ve, hay algunos de los senadores que tienen otras comisiones que se nos están yendo. Entonces sería difícil que yo les dijera de qué temas tienen que hablar.

Yo le pido que me comprenda, que dejemos que los que vengan, que están yendo a Hacienda, los que tienen que salir y regresar pues que nos planteen las inquietudes que tienen y las vamos recogiendo.

Sin duda las que han planteado usted, el licenciado Káiser, pues son para recogerse y para analizarse sin duda alguna y vayamos escuchando a los demás.

Tengo a la senadora Martha Tagle y después al senador Cervantes. Senadora Martha Tagle.

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Me parece que el tema que han planteado desde la sociedad civil organizada es fundamental.

Y sí, efectivamente en el proyecto que supone integra las tres propuestas de Iniciativa que hay me parece que efectivamente queda muy corta, incluso precisamente la tercera sección queda totalmente maniatada porque incluso se hacen excepciones que no se hacen, por ejemplo, en el artículo 13, habla de la Sección Tercera, se compondrá de tres magistrados de la Sala Superior, quienes integrarán Pleno General.

Por la naturaleza de su especialización no integrarán Pleno Jurisdiccional ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración.

Entonces la tercera sección me parece que definitivamente o la estamos dejando básicamente que se entere de los temas pero que no vaya más allá de ello.

Y además que no está, digo, no está en este mismo apartado de Artículos pero que tiene que ver indudablemente con el asunto de la autonomía del Tribunal, no tocamos el Artículo 40 con respecto a la designación de los magistrados.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sigue siendo una facultad del Presidente de la República y serán ratificados por dos terceras partes del Pleno del Senado.

Entonces, me parece que tratándose de este tema, no podemos seguir dejando magistrados que sean nombrados por el titular del Ejecutivo, aunque pasen por el filtro de que sean ratificados por el Senado; porque además, recientemente estuvimos en un proceso de esta naturaleza y hubo comparecencias muy rápidas sobre los candidatos, prácticamente no se les escuchó y como no hay ningún mecanismo para decir que no sean ellos, simple y sencillamente se pasó el dictamen de elegibilidad de ellos y se les ratificó en el Pleno.

Entonces, me parece que ese mecanismo no genera la autonomía que en el tema de corrupción requieren tener realmente los magistrados, por todas las características que ya han mencionado acá, que debe de tener quien va a estar juzgando casos de corrupción graves, que deben de tener no solamente autonomía, independencia, sino contar con garantías para que lo que ahí decidan que pase algo con ello y que no se vean sujetos a ninguno de los poderes.

Me parece que esos dos temas tenemos que darles una buena revisada. Efectivamente, dentro de las propuestas de los grupos parlamentarios, tanto la del PAN como la del PRD en este tema, tenían cuestiones más amplias que no se ven reflejadas en el segundo documento de trabajo y que me parece que es un tema medular.

Y considerando la propuesta que hace el senador Luis Humberto, este es uno de los temas en los que me parece que debemos de tomar definiciones de una vez.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora.

Tengo registrado al senador Cervantes, al senador Encinas y a la senadora Pilar Ortega. Senador Cervantes.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias. Todavía buenos días a todos.

Lo que plantea el doctor en representación de la representación ciudadana, lo que me platicaron ayer hasta el secretariado técnico, que tuvimos después de la reunión de las 10 de la noche, en varias vertientes, yo me sumo en alguno de los comentarios porque algo empatía sobre los mismos.

Primero tengo entendido, varios grupos parlamentarios, senadores en sistema de parlamento abierto ha estado en contacto con el Tribunal, también tendremos que escuchar la visión del Tribunal, que es finalmente se decidió constitucionalmente por tener una predictibilidad en sus resoluciones y tiene en sus resoluciones un alto porcentaje de confirmación por parte del Poder Judicial, o sea, no fue una casualidad que ni siquiera una crítica, ni académica ni por parte de senadoras, senadores, ni en la Cámara de Diputados, ni en el poder renovador de la Constitución, entidades sobre por qué el Tribunal se escogió.

No voy a abrir el debate, antes se creía un Tribunal de cuentas y después se decidió que mejor debíamos de construir por el Tribunal fiscal y de justicia administrativa.

Hay gente que piensa, algunos senadores y senadoras que no debería de haber salas regionales, ya lo mencionaron aquí; otros que piensan que sí. Tendríamos que entrar a un análisis constitucional a ver si nos alcanza la tercera sección, si podemos hacer salas regionales.

Sin pronunciarme en el tema, porque insisto, apenas hubo el acercamiento ayer terminando la otra reunión, en el nuevo rol que me han encargado los presidentes de poder acercar posiciones y ver cómo llegamos a redacciones; yo diría que grosso modo está de que creen las salas regionales, el que piensa que puede conocer por apelación; faltaría una facultad, ahora platicábamos y también hago empatía, en todo caso si así fuera, necesitamos forzosamente una facultad de atracción para cumplir el procedimiento de entonces decidir qué temas.

El mecanismo de sanción y su autonomía, habrá nada más que reflexionar si consideramos que el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa es suficientemente autónomo con todo lo que se le escogió y por toda su historia, y si lo que necesitamos es un umbral diferente por lo que va a conocer la tercera sección; pero ahí estaría el debate y entonces no prejuzgar si sí lo son o no lo son o si este Tribunal no ha cumplido por el mecanismo de designación, porque insisto, tiene más del 90 por ciento de predictibilidad, muy pocos tribunales lo tienen, sobre su revisión en amparo directo, sobre que realizaron bien su trabajo.

Sugiero, presidente, porque hay varias que por esa razón el secretario técnico me dijo: yo no incluí una porque formalmente no a diferencia de las otras, ha sido de voz, no ha sido de: te mando el texto específico como creo que debería de quedar.

Ahora que me levanté también pregunté a la gente técnica por qué había sido este tema. Creo que para futuro hay que ponerle al documento, como no ha habido textos, pero hay inquietudes, queda, para que no se piense o se olvidó o no se esté dando, pero qué bueno que se dé.

Y que en específico, porque no es un tema, insisto, menor, en este comité que vamos haciendo muchas mesas de trabajo sobre cuál debería ser la redacción, construyamos sobre las mejores prácticas cuál es el reflejo que debe de tener la construcción de la redacción con respecto a la construcción del Tribunal, consultar al Tribunal si lo ve bien y después vendrá a las comisiones para el tema de dictaminación.

Pero yo creo que si no le hacemos así, lo podemos enfrascar en un punto de vista de si faltó, no faltó, no

está, a dónde nos va… Y va a ser poco funcional por parte del trabajo.

Si me permite, ustedes instruyan a su secretariado técnico que nos ponga el grupo ciudadano sobre estas prácticas que debería de ser, las inquietudes de los senadores, porque esa es básica; unos que piensan que no puede y que la tercera sección debe de conocer todo, y otros que piensan del Tribunal, veamos si eso alcanza constitucionalmente. Y si sí, cómo dotamos a estas salas regionales de una alta especialidad, ¿no?

Una más, cómo va a ser su construcción y cómo se van a crear; cómo se van a sancionar; cómo se les va a proteger y cómo van a poder cumplir su método de trabajo desde el punto de vista de visibilidad.

Aquí le enseñaba al senador el tema, en el 19, fracción III, de la sección tercera, decía que no solo podía conocer de apelación textual, ¿no? Hasta le dije: Mira, era mi tema que traía. Sí creo que debemos entonces reflexionarlo.

Apenas ayer a mi amigo, el magistrado presidente del Tribunal, aparte mi director de tesis, al que lo quiero mucho hace muchos años, platicamos anoche, diez y pico de la noche con el senador Burgos, los secretarios técnicos de estas dudas, pero apenas se dieron pinceladas.

Celebro que estemos atentos en cómo, lo que estoy notando en todas las mesas es que estamos atentos en cómo sí hacerlo funcionar. O sea, que todo es transversal, que todos estamos de acuerdo en que es un sistema, que todo es un asunto integral y que tiene que tener una misma lógica constitucional y legal para poderle dar cumplimiento y surtir el efecto.

Si me autorizas, me acercaré con sus secretarios técnicos y empiezo a escuchar, y que se tome en cuenta al Tribunal de los puntos de vista.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Cervantes.

Tengo registrados al senador Encinas y a la senadora Pilar Ortega. También me han pedido la palabra nuestros invitados. Les pediría que pudiéramos intercalar la mesa para que ellos también pudieran hablar.

Si ustedes me lo autorizan, los pondría así: Al licenciado Max Kaiser, al senador Encinas, al doctor Roldán y a la senadora Pilar Ortega.

Adelante, licenciado Max Kaiser.

MAESTRO MAX KÁISER: Muchas gracias.

Quisiera recordarle a quienes nos están viendo y obviamente a la mesa cuál es la función de este Tribunal. Recordarle, recordarnos a todos que es una función completamente nueva que crea el constituyente.

Por primera vez en la historia este Tribunal va a llevar a cabo un juicio propiamente dicho en el que va a haber un acusado y que ese acusado puede ser del más alto nivel en la jerarquía política, que puede estar acusado de un acto gravísimo de corrupción.

Y, por lo tanto, se trata de un juicio completo que debe respetar las garantías constitucionales del 14, pero que requiere de una persona no sólo de altísima especialización sino con el mayor grado de autonomía y seguridad de todo el sistema.

Quisiera recordarlo, porque es muy importante.

Es decir, no tenemos precedente y tenemos que crear algo nuevo. Y como tenemos que crear algo nuevo, tenemos que pensar en varias cosas.

Como lo decía la senadora Tagle, tenemos que pensar en cómo se designan; cuál es el procedimiento más apropiado para designarlo. Pero la autonomía no es sólo la designación, lo hemos vivido varias veces en este país; es la designación y después la autonomía funcional, cómo puede trabajar cotidianamente, cómo puede llevar sus casos cotidianamente.

La autonomía de decisión, cómo puede decidir que al servidor público del más alto nivel sujeto de la ley de responsabilidades de la nueva ley de responsabilidad se le puede aplicar la más alta pena. Pero no sólo eso, es el encargado de decidir la pena y también será el aplicado de revisar la ejecución de la pena, por eso es tan importante lo que va a hacer esta persona; por lo tanto, tiene que tener plena autonomía en la decisión final.

Y tiene que tener también autonomía presupuestal y autonomía de gestión. Es decir, hemos tenido también muchos desagradables ejemplos en este país en donde las leyes parecen construir una oficina autónoma, pero en realidad esa persona no tiene las herramientas diarias para trabajar. Entonces también tiene que tener autonomía presupuestal y tiene que tener el personal capacitado y especializado a su disposición.

Va a haber una discusión, como ya lo anunció el senador Cervantes, muy interesante, que tiene que ver sobre todo con el tamaño, la forma, los tipos de salas especializadas que se van a encargar del tema.

Vamos a tener que decidir eventualmente si la propuesta que hacía la senadora Padierna de sólo estos tres magistrados ven todos los casos de todo el sistema o hacemos salas especializadas que se encarguen de llevar algunos y la tercera sección se encargue, como lo anuncia el senador cervantes, de atraer a aquellos que son de mayor envergadura, de mayor relevancia.

Vamos a tener que tomar esas decisiones y lo que yo te diría, porque ya lo escuché en algún momento, es que esas decisiones no tuvieran que ver con, sí, pero es que no hay presupuesto para esto, porque esta es una de las decisiones más importantes que se van a tomar.

Nada de lo que discutimos ayer va a funcionar si no resolvemos adecuadamente la jerarquía, la autonomía, la especialización y la seguridad de estas personas que se van a encargar de la parte final del proceso de responsabilidades administrativas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Senador Alejandro Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senador Escudero.

Ayer las funciones y facultades del tribunal fue el tema fundamental y hoy vuelve a serlo, porque efectivamente es el instrumento básico, a partir del cual debe operar no el sistema en su conjunto, sino la parte punitiva de persecución real en la comisión de faltas graves o delitos vinculados con la corrupción.

Y efectivamente aquí tenemos que acotar con toda precisión, como lo han señalado aquí distintos legisladores, o que son las facultades que se le otorgan al Tribunal de Justicia Administrativa, el fortalecimiento de sus principios de actuación y los mecanismos para el nombramiento de sus integrantes.

Creo que son los tres ejes fundamentales a partir de los cuales no solamente buscar dotarlo de una autonomía relativa, porque también hay que recordar que durante la discusión de la reforma constitucional pues no logramos dotar de autonomía a este tribunal.

Llegamos a dotar de autonomía a la Fiscalía especializada en la persecución de los delitos anticorrupción y ésta todavía está en discusión, porque ahora quieren que hasta la cámara de origen sea, en la parte de fiscalización y persecución, Cámara de Diputados, esa es harina de otro costal.

Pero por eso es importante darle instrumentos para que efectivamente pueda ejercer estas funciones y como viene efectivamente planteado en el segundo documento de trabajo, es totalmente insuficiente, porque hasta ahora, en el documento de trabajo solamente se le otorgan facultades a la tercera sección, para nombrar al presidente de la misma, para resolver recursos de apelación, para resolver los juicios especiales que atraiga esa sección y que está en competencia de las salas regionales, para resolver recursos de reclamación, para fijar jurisprudencia y para designar al secretario adjunto.

Evidentemente esto no le da los instrumentos al tribunal para cumplir con su función.

¿Cuáles son las funciones que deberían aquí establecerse?

Ya no repito lo que señaló la senadora Dolores Padierna en cuanto a las facultades del tribunal o lo que sea, la senadora de la Peña en cuanto a los principios que debe sujetarse o lo que dijo la senadora Martha Tagle respecto a los nombramientos, que ya hay una definición de carácter constitucional y que tendremos que ceñirnos a ella.

Yo creo que tiene que dotarse al tribunal de la facultad para emitir sentencias definitivas; para sancionar las responsabilidades administrativas que estén calificadas como faltas graves; para conocer los recursos a partir de los cuales se califica la gravedad de la falta; para imponer las providencias y medidas cautelares y precautorias que considere; para fincar las responsabilidades a los servidores públicos y a los particulares que incurran en este tipo de delitos, así –lo dijo la senadora Padierna– como las sanciones que tengan que establecerse para resarcir el daño.

Imponer a los particulares sanciones como la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras del sector público

Sancionar a las personas morales suspendiendo sus actividades, la disolución de las mismas, etcétera.

Y retomando la propuesta que aquí hemos hecho, hacer el seguimiento de las sentencias que se establezcan.

Yo creo que esos son los temas fundamentales y se le tiene que dar en lo particular y las facultades que se le otorguen en la ley.

Que hay que dotarlo de autonomía técnica presupuestal, el patrimonio. Yo creo que evidentemente el Tribunal va avanzando en ese sentido.

Pero lo más importante, toda vez de que no goza de autonomía constitucional y está definido en un mecanismo de nombramiento, hoy desde mi punto de vista es dónde están, además de los principios, las facultades puntuales a partir de los cuales va a poder hacer ejercible la Reforma Constitucional.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador Encinas. Por supuesto que sí estamos de acuerdo.

Doctor Roldán.

DOCTOR JOSÉ ROLDÁN XOPA: En obvio de tiempo me adhiero a las observaciones del maestro Káiser y agregaría algunas otras:

Una de las facetas de Tribunales como participa en el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo hacemos rescatando el discurso de ayer: un sistema que sea inteligente, lo que implica que podamos aprender de la experiencia del Tribunal.

Creo que ahí hay una ventana de oportunidad y destacaré lo siguiente:

Cómo de la información que se obtiene de la labor jurisdiccional del Tribunal podemos mejorar los mecanismos institucionales de tal manera que a largo o mediano plazo podamos mejorar su funcionamiento y podamos reducir corrupción.

Me centraría en tres cuestiones: Primero: sentencias.

Segundo: informes.

Y, tercero: estadística judicial.

Agregando un cuarto punto que tiene que ver con una cuestión interna que es el propio órgano interno de control del Tribunal.

Las sentencias no solamente son útiles por determinar la inocencia o culpabilidad, sino también porque nos da una base, para lo que mencionaba el senador Cervantes, que es la predictibilidad.

En este momento tenemos problemas porque desafortunadamente la información pudiera no ser suficiente y puede mejorarse.

Para poder hacer lo que conocemos como la jurisprudencia y el valor de éste es que nos puede servir para casos posteriores es que tengamos la posibilidad de conocer los hechos.

Y conocer los hechos, entre otras cuestiones, significa quiénes son las personas que son sometidas a juicio si éstos son servidores públicos, si son particulares, si son personas físicas, si son personas morales.

La tradición, y me parece que en eso el Tribunal Federal sigue a la Corte, no da a conocer los nombres de las personas que fueron procesadas, o estuvieron en un juicio –perdón- siguiendo y testando los nombres de las partes.

Eso nos impide conocer parte de los hechos y por supuesto con este ánimo de proteger datos personales que me parece injustificado, nos impide esa parte de información útil.

Me parece, siguiendo la tradición inclusive de la misma Corte Interamericana, que no tiene ningún problema, dan a conocer los nombres de las partes que eso es una información que debe darse a conocer porque no es un tema de exhibir, es un tema de información útil para poder saber a quién se aplica y por tanto ver si en el nuevo caso tenemos condiciones similares o diferentes para los casos posteriores. Ahí hay un problema.

La siguiente cuestión tiene que ver con los informes de los tribunales que tienen que servir para el funcionamiento del sistema.

Es decir, el señor Presidente del Tribunal, que afortunadamente está aquí presente, nos ha dado una información muy valiosa.

Nos ha dicho más del 50 por ciento de los casos que se someten ante el Tribunal son perdidos por los órganos que imponen las sanciones.

Esa es una información que nos sirve, pero nos sería mucho más útil saber por qué las pierde, cuáles son las incidencias de responsabilidad en las dependencias o en las entidades, cuáles son las causas por las cuales están siendo sancionados, cuál es la falla en el procedimiento, en la fundamentación, en la motivación, en el debido proceso de por qué no se están imponiendo las sanciones; y por tanto, la forma en cómo debe ser expresado el informe del Tribunal y las estadísticas judiciales o jurisdiccionales, nos tienen que dar elementos importantes para que el sistema tenga información útil y pueda diseñar las políticas públicas para corregir esas fallas.

Es decir, si el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está armando buenos expedientes, esa información tiene que provenir de las instancias de revisión. Entonces me parece que es importante que haya precisiones en información de sentencias, que a su vez va a repercutir en información de jurisprudencia; que a su vez nos sirve para cómo armar las estadísticas judiciales y cómo poder organizar los informes del Tribunal; para que a su vez sean utilizadas por el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y en la última parte. El órgano interno de control que conoce las propias frases del Tribunal, también tenemos que dotarlo de cierta autonomía porque finalmente va a cumplir las funciones de ser el vigilante del vigilante, del que impone las sanciones.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, doctor. Sin duda me parece interesante y útil si nos ayuda con redacciones por medio del enlace, y también si esas mismas las podemos ir platicando con aquellos que están dictaminando la ley de protección de datos justamente, para cuidar su inquietud y que vaya en sincronía con la otra ley.

Le doy el uso de la palabra a la senadora Pilar Ortega.

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Creo que con la exposición de lo que hoy los distintos grupos parlamentarios y la sociedad civil han expresado, estamos como que llegando a los temas neurálgicos de lo que será la discusión.

Yo me sumo a los comentarios que han hecho lo compañeros del PRD y de la sociedad civil, en cuanto a generar un mejor diseño de lo que es el artículo 19, o del artículo correspondiente que se refiere a la sección tercera. Creo que sí es importante robustecerlo, creo que es fundamental el tema de la facultad de atracción y además, creo que también es importante definir la estructura por la que funcionará el Tribunal.

En ese sentido, creo que no riñe con la propuesta que hicimos nosotros de salas regionales especializadas y ver cómo se comunican estas salas con el Tribunal, cuáles son las atribuciones de la sección tercera con relación a las salas especializadas.

Creo que es fundamental ver cómo construimos una reunión de trabajo para establecer ese diseño. Esto muy en atención a lo que señalaba el senador Luis Humberto, de establecer un mecanismo claro para resolver ya esto, que creo que es parte fundamental de la litis en este tema.

Otro tema que señaló el senador Alejandro Encinas, muy importante, es también definir los principios, que creo que eso al establecer de manera general los principios mediante los cuales tienen que desarrollar sus resoluciones el Tribunal, se pueden responder a las inquietudes que aquí mismo en esta reunión señalábamos.

Y finalmente, creo que es muy oportuna la propuesta del doctor Roldán Xopa en el sentido de buscar un sistema de indicadores a partir de los datos del Tribunal, para que este sistema de indicadores pueda ser un referente importante en el uso del Sistema Nacional Anticorrupción.

Serían mis comentarios.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senadora Pilar Ortega.

Y haría el mismo comentario, recibimos la información que nos haga llegar el doctor y si quiere ese tema que nos habría ofrecido el doctor Cervantes, procesarlo, si quiere con usted y para que se pueda procesar y estructurar de manera adecuada.

Sí, senador Cervantes. Si alguien quiere que lo registre, porque ya no tengo a nadie registrado. Senador Cervantes y senador Humberto.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Celebro por dónde vamos. Ayer hablaba yo de que independientemente del tema de corrupción, tenemos pendiente un día de política de justicia y evidentemente los indicadores tienen que ser sustantivos, que ataque la causa y que sepas qué es lo que lo origina, con un equilibrio de proporcionalidad de proteger los datos personales.

Aquí no se trata de que los juicios te digan quién fue y quién perdió y quiénes son las personas. Lo que se trata son qué conductas y qué las está provocando, para este tipo de información; entonces podemos hacer una cadena de valor en donde la medida que genere el Estado mexicano a través de esta legislación tenga un fin constitucional válido, porqué se puede dar la información, pero no hay una restricción a su privacidad.

Yo creo que sí podemos encontrar un equilibrio entre uno y otro, porque lo sustantivo, y decía ayer en política de justicia que lo que no sabemos no nos sirve de nada si hay muchos juicios que se ganaron o que se perdieron, ¿no?, o cuánto se resolvió o cuál es el rezago, qué es lo que tenemos, sino cuáles son las causas en la sociedad, un poco se está buscando eso en justicia cotidiana, aquí sería cuáles son las causas que generan el tema de la corrupción y si necesitas una modificación legal, si necesitas un tipo de contractual, si lo que generas son reglas de contactos, si lo que tienes que hacer son reglas de apariencia, qué sé yo, sobre todo en los nudos más fuertes: SCT, o sea, donde las contrataciones de gobierno son muy importantes, Comisión Federal de Electricidad, en donde debe haber un énfasis muy importante sobre el tema.

Yo encantado de que sea complemento del primero y que yo propuse en alguno de los documentos sobre la distribución del riesgo en términos de epistemología para el tema de prueba, ahí los principios los proponía para el procedimiento: presunción de inocencia, debido proceso, derechos humanos, género también, etcétera.

Y aquí son los de actuación, cuáles son los principios, celebro que también que lo diga el senador Encinas que va a tener el Tribunal sobre su administración, su ejecución y su función.

Y el método, creo, les digo a los presidentes, era el que siempre hemos hecho: mesas de trabajo para temas concretos, empiezan las redacciones y nos vamos dividiendo el trabajo para poder salir.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Tengo registrado al licenciado Luis Humberto Fernández; me ha pedido la palabra el licenciado Max Kaiser, estamos balanceando la mesa, si me deja que intervenga él primero, y el senador Encinas.

Licenciado Luis Humberto, después Max y el senador Encinas.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Muy rápido. En la lógica que planteó el senador Encinas de abordar por cuatro grandes bloques temáticos, nada más yo propondría, nosotros en la fracción estamos listos para abordarlos.

La senadora Angélica de la Peña haría el posicionamiento de la primera parte, que sería la de principios, y nuevamente, y precisamente en atención a lo que ha venido comentando el doctor Kaiser, muchas de las inquietudes que han sido manifestadas están ya consideradas en nuestra propuesta que desafortunadamente no fue integrada.

Si vemos, tanto en el artículo 11 en las facultades del presidente del tribunal vienen desahogadas muchas de estas inquietudes. Yo creo que valdría mucho la pena que hiciéramos una lectura conjunta de las iniciativas que no fueron consideradas, porque con toda seguridad encontrará una redacción apropiada y conveniente de estas inquietudes.

Yo le pediría que pudiéramos, toda vez que creo que ya agotamos la revisión general, abrir un capítulo en la discusión de los principios de la ley para irle avanzando.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Permítame ir registrando a los demás y luego le doy otra vez el uso de la palabra.

El licenciado Max Kaiser y luego el senador Encinas.

MAESTRO MAX KÁISER: Muchas gracias, presidente.

Quiero hacer énfasis en un tema que mencioné hace rato, que es esta idea de que este nuevo Tribunal va a ser algo completamente nuevo. Y yo sé que esta no es la mesa de responsabilidades, y ayer lo platicábamos, pero quiero hacer énfasis en que lo que decidamos respecto de la tercera sección y quién va a llevar los diferentes casos tiene todo que ver con lo que platicamos ayer con el régimen de responsabilidades.

En especial, por ejemplo, la decisión del tema de los tipos y la decisión de enviar al Tribunal cuándo son graves, cuándo no son graves; cuáles son las facultades que va a tener quien reciba el informe de presunta responsabilidad o acción de responsabilidades, como le llamemos; qué facultades va a tener este tribunal para, por ejemplo, regresar con instrucciones, como lo proponemos nosotros en la iniciativa ciudadana, o para mejor proveer, como se propone de otra manera, porque es fundamental esta parte.

Es fundamental que empatemos esta discusión, la de las facultades de esta tercera sección y si acaso los magistrados de las salas regionales, porque ahí va a estar el equilibrio que puede haber en el proceso. Me explico:

Si generamos un sistema en el que las autoridades investigadoras son las encargadas de generar el expediente, definir los presuntos responsables, los tipos administrativos de los que están señaladas las personas involucradas y lo envían al tribunal y el tribunal es sólo un tribunal de instrucción, es decir, sólo un tribunal que tiene facultades para definir lo que le manden las autoridades investigadoras y nada más, lo que tenemos es poco equilibrio.

Porque entonces, las autoridades investigadoras pueden hacer investigaciones pequeñas, de servidores públicos de niveles medios hacia abajo y no haber manera de reordenar el expediente, de hacer una reclasificación.

Es importantísimo sumar las discusiones que tuvimos en la mesa uno con estas discusiones, precisamente porque el turno del área de investigación al área de responsabilidades y la posibilidad de la autoridad que va a resolver el procedimiento tipo juicio, es importantísimo para darle equilibrio al sistema.

Por eso creo que es muy importante que todo lo que discutamos en la mesa uno se empate con lo que vayamos a discutir en esta mesa, porque si no, no vamos a funcionar de ninguna manera.

Es importantísimo abordar el tema de los tipos, pero también es importantísimo abordar el tema de la investigación, los principios de la investigación, las formas de turno, las formas de regreso del turno, la radicación por parte del tribunal, cómo puede radicar, cómo empieza, a partir de la radicación, a tramitar el procedimiento y cómo generamos equilibrios para que ninguna de las dos autoridades tenga la facultad de autonomía de decir no, este asunto no tiene ese nivel, no tiene esos responsables.

Creo que es muy importante que hagamos el empate, porque si no hacemos el empate, por muy buen régimen de responsabilidades que discutamos allá no vamos a resolver el tema en la parte final, pero al revés; si hacemos un muy buen diseño de este tribunal, de esta tercera sección, pero hacemos un mal diseño del régimen de responsabilidades, sobre todo en el turno del área de investigación al área de responsabilidades, el sistema no va a funcionar.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, coincidimos.

Por favor senadora de la peña.

SENADOR ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: (Sin micrófono)…lo que yo estoy planteando…para que empecemos a ver dónde tenemos alternativas frente a las cosas que estamos discutiendo.

Y en ese sentido me parece muy importante empezar con disposiciones generales. Es decir, empezar con el artículo uno y seguirnos, porque si no, nunca vamos a acabar.

La impresión que tengo, con todo respeto, es que estamos dándole vuelta y vuelta a lo mismo. Hay que ver redacciones alternativas al documento que ustedes nos entregaron.

En el caso del grupo ya les dijimos que tenemos propuestas del grupo del PRD, tenemos propuestas alternativas por cierto a todos los artículos aquí que se han cuestionado y otros artículos más.

Entonces, francamente me parece que deberíamos entrar ya a hacer que en esta reunión veamos las propuestas concretas de manera ordenada, con todo respeto lo digo, no sé si estoy equivocada y ustedes estén planteando algún otro método, es mucho más fácil que lo hagamos así para no estar y al rato nos vamos a tener que ir todos a otras reuniones.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Yo coincido plenamente con la senadora de la Peña en que es la mejor manera.

Sólo quisiera recordar que en su momento los tres presidentes de las comisiones propusimos que el método fuera artículo por artículo y hubo un rechazo mayoritario de varios legisladores y de organizaciones de la sociedad civil.

Y lo que nosotros acordamos por la voluntad de quienes nos lo solicitaron fue que se hiciera una discusión temática.

Nosotros precisamente teníamos el objeto de hacerlo artículo por artículo para verdaderamente poder avanzar en los dictámenes.

Desgraciadamente lo que se acordó fue distinto y sería muy complicado, Presidentes, en este momento poderlo hacer artículo por artículo porque no están incluidos los demás compañeros y no es formalmente una sesión de dictaminación.

Es una reunión de trabajo, en mesas de trabajo como nos lo solicitaron en su momento y el acuerdo está firmando y aprobado por las organizaciones.

Habría que pasar –perdón, solamente termino– después de hoy terminar las cuatro mesas ya por la tarde, a sesión ya de Comisiones Unidas para dictaminación con el documento de trabajo.

Lo que estamos buscando es que las Secretarías Técnicas, de lo que se está hoy aquí diciendo y lo que se dijo ayer, traten de integrar en este documento el mayor número de comentarios donde coincidamos y donde no, ya irnos a la reunión de dictaminación para irnos artículo por artículo. Yo coincido con ello.

Creo que no estamos en condiciones en estas reuniones por cómo se aprobó el formato, de poderlo hacer.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Y si me permite nada más para contestarle Presidente, si me da la oportunidad.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Si, por supuesto.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Aquí hay un problema planteado alrededor de varios aspectos.

Creo que el que tiene mayor relevancia es el que refiere a la sección tercera, particularmente el artículo 19.

Entonces yo propongo que veamos cuáles son los elementos sustantivos que debería incluirse en este artículo para que pueda tener las comisiones, insumos que le permitan resolver lo que aquí se ha señalado.

Y en ese sentido, si ustedes me permiten, en ese sentido quisiera yo hacer alguna propuesta.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: ¿Quería hacer uso de la palabra?

Nada más para comentarios breves: va a seguir con la palabra la senadora De la Peña.

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Sí. A ver, yo había entendido, de la propuesta que había hecho el senador Encinas, que identificamos cuatro grandes temáticas y que a partir de ahí estableciéramos un método para resolverlas y una vez que las resolvamos entonces construyéramos un documento que se pueda ya ir artículo por artículo.

Porque sí creo que nos vamos a entrampar si nos metemos ahorita a tratar de resolver el artículo 19.

A la mejor valdría la pena que pudiéramos empezarlo, independientemente de que todo mundo creo que podemos hacer aquí, a eso vinimos, hacer nuestras propuestas.

Pero sí buscar un método que nos dé un horizonte de que vamos a terminar porque sí creo que aquí ya están muy identificadas en esta ley en particular, las diferencias y que creo que podemos avanzar si fijamos un método claro que nos permita ya decir: hoy hacemos esto, mañana hacemos esto y pasado terminamos.

Entonces esa sería nada más mi sugerencia.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Senador.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Yo creo que el tema de fondo es si seguimos abordando como una especie de lluvia de ideas, que no creo que avancemos mucho.

Creo que hay que respetar el acuerdo pero podemos hacerlo por la propuesta que hizo el senador Encinas de que fueran cuatro ejes temáticos.

El punto es que debemos de entrar en una dinámica de tesis, objeción y síntesis. Al final del día no estamos planteando una tesis que tenga una objeción inmediata.

Yo creo que tendríamos ya que entrar a lo mejor si no en el artículo por artículo en el respeto de la Comisión, sí entrar en un tema a decir la senadora De la Peña, a nombre del PRD propone esto. Qué objeción tiene la sociedad, qué objeción tiene el PRI, qué objeción tiene el PAN.

Si no hay objeción pues entonces vamos viéndolo. Pero si no entramos en un sentido de avance lo que vamos a tener es una colección inconexa de opiniones que va a ser muy difícil integrarlas de manera armónica y va a ser un trabajo que después se nos va a complicar muchísimo si no tenemos este diálogo significante que nos permita contrastar las ideas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador.

Mire senador, a mí lo que me parece, igual que el día de ayer, lo mencionamos, es que los senadores que están aquí no tienen la posición aún del grupo.

Es difícil plantearles una opción pero no pueden asumir una posición de grupo porque así se planteó. Lo que se ha estado haciendo es ir recogiendo las inquietudes para que cada quien las pueda procesar al interior del grupo, se tengan definiciones y entonces sí arrastrar el lápiz, ir buscando los acercamientos.

En esos términos quedó el acuerdo, de recibir, de comentar y de recibir todas las observaciones, que me parece que tenemos puntos de coincidencia en muchísimas; para luego empezar a hacer redacciones, eso es lo que estamos haciendo.

La realidad del Senado ahora es lo que está sucediendo: que hay cinco comisiones que están sesionando, esa es la realidad del Senado, que está Justicia y que está Hacienda. Insisto, ¿qué es más importante?

Los senadores están corriendo, ni vienen, ni siquiera van a entender completo el planteamiento. Yo diría: hagamos útil la reunión, háganos llegar, si los quieren leer, que los lean, háganos llegar los documentos y vamos buscando acercamientos. De eso se trata el documento que ha presentado el senador Encinas, el senador Yunes y yo, de buscar los acercamientos.

Tenemos que trabajar con la realidad del Senado y esta es la realidad del Senado.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: Entonces vamos planteando posiciones en este sentido y sobre eso, si alguien tiene alguna observación sobre lo que se va proponiendo, entonces lo…

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, todo lo que se diga aquí lo vamos registrando, sin duda. Senador Burgos. Senadora Tagle.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias, presidente.

Yo comparto el punto de vista del senador Yunes, en cuanto a que pudiésemos contar con los diversos puntos de vista, diversas aportaciones para poderlo contextualizar y poder acercar o poder reconvenir los puntos de vista; para que efectivamente no sea un trabajo aislado, sino un trabajo sistemático.

Me parece que la propuesta del senador es, para mí, muy pertinente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

Senadora Tagle.

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Desde la primera reunión que tuvimos ayer, he estado insistiendo en lo mismo, o sea, se trata de definir una lista de temas y sobre cada tema ir discutiendo y llegando a tener por lo menos algún consenso para que quienes estén tomando nota, sepan qué van a poner en los documentos.

En la reunión de hoy hay ya una propuesta específica de cuatro temas, y creo que ya todo mundo dio sus aportaciones en lo general. La petición es que vayamos en esos cuatro temas y si no una posición de grupo, sí posiciones con respecto a cada uno de esos cuatro temas.

Porque efectivamente, se decidió no ir artículo por artículo, pero la idea y desde un principio también el senador Romero Hicks propuso que discutiéramos por temas.

Seguir viendo las observaciones que todo mundo tiene en lo general, no nos permite puntualizar en ningún tema, no nos permite ver si hay algún consenso en algún tema y seguimos, o sea, la percepción que se sigue generando es que no estamos yendo a ningún lado con estas mesas de trabajo.

Y las mesas de trabajo, más que foros donde nos escuchemos todos, nos tienen que conducir a tener un resultado.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Maestro Bohórquez.

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.

Creo que un asunto que es acuerdo de esta mesa y que nos va a permitir avanzar en los dos sentidos que se han descrito aquí, que se puedan reconocer las particularidades y opiniones de cada uno de los senadores y en los casos en los que haya acuerdos de sus grupos parlamentarios, está ya descrito por la propia mesa y estamos en posibilidad de entregarlo.

Nos comprometimos el día de ayer a abrir cuatro documentos en el formato de Google Docs, que ahora lo explico para que nadie piense que es una tecnología increíblemente novedosa. Vamos a abrir cuatro documentos Word, están ya listos, en el cual aparece una tabla donde están cada una de las propuestas de iniciativa que han sido presentadas; el segundo documento de trabajo y como tal, el formato permite que cualquier senador que quiera hacer comentarios, los suscriba, aparecerá en el control de cambios y si es el grupo parlamentario o el senador, todo mundo podrá saber qué fue lo que se planteó.

Creo que en coordinación con el trabajo de las secretarías técnicas y si me lo permiten así, que se integren estos cuatro documentos, están abiertos a partir de ahora. Si algún senador no se encuentra presente en la sesión pero quiere plantear algún asunto, que lo haga en este documento.

Y el documento estaría a la vista, como se comprometió también aquí, de todos, no sólo los presentes, sino de la opinión pública; serían cuatro documentos públicos que permitirían registrar cada uno de los comentarios, de grupo o de senadores.

Si le parece bien, presidente, en este momento me acerco a las secretarías técnicas o durante el receso, para que queden arriba y se pueda hacer uso de lo que fue un compromiso de esta mesa.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, muy bien maestro. Ahí que se vaya registrando lo que se reciba, cada senador es libre de registrar ahí su comentario y que quede plenamente identificado quién observó qué, para que tengamos el registro.

¿Alguien más? Senador Encinas.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: A ver, primero respecto a la intervención de Max Kaiser.

Por supuesto que nosotros tenemos que hacer dictamen de todas estas iniciativas con una visión integral y transversal. No podemos darnos el lujo, no solamente de entrar en contradicción en cuanto a los conceptos y definiciones que establezcamos en la ley de responsabilidades con lo que es la creación del sistema o en las facultades del tribunal.

En todos los casos, y por eso es la idea de dictaminar el conjunto de las iniciativas en un solo dictamen para evitar no solamente que entren en controversia sino que entren en contradicción; ese es el proceso legislativo que tradicionalmente seguimos. Y por eso no me gusta la idea –y lo digo abiertamente– que en algunos de los temas se convierta de repente la Cámara de Diputados en cámara de origen cuando aquí ya tenemos iniciativas presentadas que están contempladas en lo que debe ser más adelante el proyecto de dictamen.

Ahora, segundo. Retomando la intervención de Bohórquez ahora y las preocupaciones de la senadora Martha Tagle, Marcela Torres Peimbert, Zoé Robledo y Armando Ríos Piter, yo propondría que ahora en el receso nos dieran la posibilidad a Bohórquez y a mí de hacer un adendum al acuerdo que se estableció para precisar bien el método de trabajo y no estar recurrentemente regresando a la misma discusión en esta situación, en donde quede establecido con claridad que después de estas reuniones que, en lo personal, yo creo que han sido útiles, ¿eh?

Yo creo que las sesiones de ayer y de hoy no tienen desperdicio y nos está siguiendo la gente. Aquí he recibido por lo menos seis mensajes; a David Colmenares le agradezco y voy a tener que reunirme con él para unos temas que me señaló en estos asuntos, pero de la gente que nos está siguiendo en el Canal del Congreso y en otras plataformas. Le agradecemos al Canal del Congreso, como siempre, que atendió el acuerdo que asumimos.

Pero que quede claro que una vez que concluyan estos debates y procesen las secretarías técnicas junto con el enlace de los ciudadanos estas discusiones, se instalarán los grupos de trabajo con el personal técnico y los legisladores en los cinco o cuatro temas que estamos en estos momentos discutiendo. Y que de ahí se desprenderán no solamente ya de manera puntual los planteamientos y propuestas en cada uno de los artículos de las distintas leyes, sino también vamos a tener más claro los corchetes de las diferencias que subsistan para que de esos grupos de trabajo surja un espacio de construcción de acuerdos y de entendimientos.

Aquí no hay nada escondido, tiene que ser así de abierto.

Si son públicas las reuniones de estos grupos de trabajo, que sean; pueden ser simultáneas, en eso no tenemos absolutamente ningún problema y que se utilice esta plataforma de Google Docs, al contrario, todo esto ayuda a dar no solamente la máxima publicidad sino transparencia a todo el proceso de discusión.

Que con plataforma o sin plataforma la gente es sabia, siempre sabe cuáles son las posiciones de cada uno de nosotros o de nuestras compañeras y de los grupos parlamentarios.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, sin duda la plataforma va a ser de gran utilidad para todos y para que todos los ciudadanos también que nos están marcando por Twitter qué falta puedan ingresar a la plataforma y que puedan ir agregando todos los ciudadanos todas las observaciones que tengan a los documentos. Es un ejercicio muy interesante.

Licenciado Kaiser.

MAESTRO MAX KÁISER: Regresando al tema de esta mesa, el tema de la ley, celebro y me deja tranquilo saber que no se olvidó el tema de la tercera sección sino simplemente no está trabajado. Es decir, no está y hay que trabajarlo.

Es decir, no fue un olvido; ha habido falta de trabajo en el tema y tenemos que sentarnos a trabajar.

Quisiera poner sobre la mesa entonces los temas que tenemos que trabajar sobre la tercera sección; primero sobre la tercera sección de la sala central, facultades, funciones, formas y mecanismos de autonomía, estructura administrativa y relación administrativa con el resto del Tribunal, perfiles de los magistrados y profesionalización, capacitación y medidas de seguridad.

Respecto de las salas regionales, primero definir si las queremos o no, si son especializadas o no, cuántas. Tenemos temas muy importantes sobre los mecanismos y formas de autonomía que les vamos a dar, los mecanismos y formas de seguridad que les vamos a dar, funciones y facultades, los perfiles y la estructura administrativa.

Es decir, falta entonces trabajar sobre toda la parte más importante del final del sistema. Entonces, creo que vale mucho la pena que haya por lo menos un saque, digo, el resto de la estructura ayer creo que se avanzó muchísimo en la segunda mesa, precisamente porque en la parte de la Ley Orgánica del Sistema, porque está muy completo ya el trabajo respecto del sistema y por eso avanzamos muy bien y por eso se tocaron temas muy puntuales, que era precisamente la preocupación del senador, que no hemos avanzado más que, y de la senadora Tagle, no hemos hecho más que una lluvia de ideas y creo que vale mucho la pena que haya un saque sobre estos puntos en específico y otros sobre esta sección, porque si no, vamos a seguir con esta lluvia de ideas.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, por supuesto, licenciado, desde que iniciamos las mesas les comentamos el senador Encinas, el senador Yunes y yo, que este documento lo que pretendió fue ir recogiendo de cada una de las iniciativas los temas más importantes.

Sin duda el ejercicio es difícil, sin duda pudieron haber faltado cosas por haber metido o pudimos haber quitado cosas que estaban para tener una mayor participación de los otros grupos parlamentarios, no es, por supuesto que no es, nunca lo hemos dicho, esto no es un predictamen, es un documento de trabajo que busca y seguirá buscando todos los días tener una cercamiento mayor.

Estos documentos y estas leyes que vamos a votar en el Senado de la República tienen que tener un alto consenso, si no, no sirven. Nadie está pensando en que esto vaya a salir por una diferencia de 10 votos, sería una locura sacar algo así.

Lo que estamos trabajando y les agradecemos su participación, qué bueno que estén ahí, es que podamos ir construyendo consensos, consensos, consensos, hasta que el 95 por ciento de la Cámara de los senadores esté seguro de que esto es lo que hay que salir, en eso estamos trabajando los tres presidentes.

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Por favor maestro.

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Gracias senador.

El día de ayer estaba programada, como parte de la discusión de una de las mesas de trabajo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en particular un tema que yo creo que, aunque este no será el único espacio donde se discuta, tenemos que entrarle, que es el diseño de la Secretaría de la Función Pública y su fortalecimiento.

Y no quisiera dejar pasar la conexión sistémica que se ha venido planteando aquí, sin subrayar que desde la perspectiva de la sociedad civil, el hecho de regresar a los órganos internos de control, facultades de investigación para presentar ante el tribunal, podría ser contraproducente.

Creo que tendríamos que separar muy bien dos funciones, la del órgano Interno de Control, como un órgano disciplinario que contribuye a la buena administración pública, y unidades especializadas en investigación, que sean las que presenten ante el tribunal los temas.

La Secretaría de la Función Pública lo ha intentado muchas veces, ha creado unidades de inteligencia, tiene un área de responsabilidades, pero con toda honestidad nunca ha sido capaz de integrar una unidad investigadora que separe esa función de la unidad de control, del órgano interno de control, que debería de concentrarse exclusivamente en asegurar la disciplina interna de la administración pública.

En otras palabras, le hemos pedido al OIC que sea un órgano anticorrupción cuando no debe de serlo. Los órganos internos de control tienen otra función y debe haber unidades especializadas que sean las que entren en contacto con los tribunales

Creo que es un tema, no quiero abrir de nuevo una mesa sobre el asunto de esa Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero en particular este asunto nos preocupa y por eso lo traigo a colación aquí.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí. Gracias.

Sería difícil para nosotros porque como usted bien sabe informamos, los grupos parlamentarios fueron designando senadores por cada tema y no se encuentran.

Yo lo que le pediría a la Secretaría Técnica es que recoja la preocupación, los comentarios, que hablemos con cada uno de los senadores que fueron nombrados para la Mesa del día de ayer y que les hagamos saber que hay este tema sobre la mesa.

¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Por favor, el tiempo que quiera senador.

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: En la lógica que está proponiendo la Mesa, sí me gustaría ser puntual sobre los temas que son de interés de la Fracción.

En el caso de la fracción del PRD ya tenemos un consenso y hay un debate interno sobre lo que pensamos que debe ser el Tribunal, como lo que debe ser cada una de las leyes que es este paquete.

Nosotros estamos pensando en un Tribunal potente y un Tribunal que limite al Poder, no un Tribunal que le sea funcional ni tampoco que tenga las atribuciones que actualmente tiene.

Comentaba el Presidente del Tribunal en alguna sesión, que el Tribunal con las facultades actuales es un tema básicamente de cuestiones fiscales. Nosotros queremos tener un Tribunal potente.

Para construir este Tribunal potente y autónomo, necesitamos revisar, todo está en los documentos que han sido entregados.

La naturaleza del Tribunal, para nosotros es fundamental la designación de magistrados, que tenga los candados suficientes para verificar la idoneidad y que también quitar la facultad de remoción al Presidente de la República, lo cual le quitaría cualquier efectividad; viene muy desarrollado.

Nosotros estamos por un Tribunal con facultades más amplias y suficientes para que tenga esta potencial y la posibilidad de realmente ser un órgano sancionador de la corrupción.

Nosotros también estamos siendo muy claros en el documento sobre los procedimientos que debe de conocer.

Nosotros estamos en un modelo jurisdiccional centralizado. ¿Por qué? Porque es la tendencia que ha tenido el Estado Mexicano en el caso del INE, o en el caso de otros órganos, que es darle mayor visibilidad central.

Tenemos muy desarrollado el tema de la Sección Tercera, viene con claridad todos los elementos de facultades necesarias.

Consideramos también el mandato claro en estas facultades.

También estamos considerando la autonomía administrativa y funcional. Y ya había comentado el quitar las facultades. Y una serie de discusiones generales que no vamos a entrar.

Pero lo que quiero dejar constancia en la Mesa son dos cosas:

Uno. Hay una posición clara, escrita y definida del PRD en estos temas.

Es una posición consensada al interior de la fracción y para nosotros sería fundamental este tema. Para concluir: para nosotros el tema del Tribunal es de la mayor importancia.

Normalmente no tiene tanta atención en los medios pero no hay buena ley sin buen juez.

Entonces para nosotros es fundamental construir un Tribunal con la máxima independencia posible y la máxima potencia.

Sería cuánto señor Presidente.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias senador.

Sin duda nosotros tenemos las Iniciativas y los documentos, pero toda vez que ya haya un consenso claro porque en semanas anteriores había escuchado diferentes cosas.

Si usted me ayudara ya con un documento de la posición del PRD nos ayudaría muchísimo. Si nos hace llegar y lo subimos ese documento.

Yo les pediría las dos cosas. A ver: una cosa es la plataforma para que estén todos los ciudadanos informados y otra cosa es el trabajo interno que debemos tener.

Ayúdennos también, hágannos llegar a nosotros el documento y simultáneamente súbanlo o lo que sea, pero a los Presidentes de las Comisiones si nos hacen llegar eso nos ayuda en mucho avanzar.

Gracias.

Por favor senadora Pilar Ortega.

SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: También por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estableceremos una propuesta tal vez conjunta de lo que consideramos debe contener esta disposición en relación a la sección tercera, sin olvidar, bueno, pues que esta sección forma parte del Tribunal en su conjunto y goza por supuesto también de sus principios y atribuciones.

Un tema que yo creo que es importante, y lo señalaba Max Káiser al inicio de la reunión, tiene que ver con cómo se complementa la sección tercera con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; porque creo que esto es importante, presidente, cómo se comunica la tercera sección con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dado que el Tribunal forma parte del sistema.

Es importante también establecer esta correlación, puesto que quienes hemos incluso señalado como parte del comité es al presidente del mismo Tribunal, entonces hay que ver la manera de cómo esta tercera sección también se comunica, interactúa, se relaciona con el Comité Coordinador del Sistema.

Y en general serían, junto con la insistencia en las salas regionales especializadas, haríamos una propuesta que subiríamos a la plataforma que nos señala Transparencia Mexicana; y por supuesto entregaríamos a esta Comisión.

Y me gustaría preguntar si ustedes nos pueden plantear una ruta de trabajo que nos pudiera clarificar en qué momentos vamos ya a tener un documento final o por lo menos ya para llegar al momento de argumentar redacciones.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Sí, gracias.

La ruta, tenemos que platicarlo con el presidente Yunes, con el presidente Encinas, y creo que la ruta va a depender de los documentos y los acercamientos que tengamos, insisto. Si no tenemos un acercamiento importante que nos permita tener un consenso del 95 por ciento de este Senado de la República, es difícil.

Entonces, estaremos trabajando sobre eso.

Bueno, muchas gracias. Vamos a receso y nos vemos en un rato para la siguiente mesa.

CUARTA MESA DE TRABAJO: LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Miércoles, 13 de abril de 2016. 13:00 horas.

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: …importante la simultaneidad, la profundidad y el avance de las mesas de trabajo la próxima semana para que, en cuanto tengan recomendaciones ya en comisiones podamos conocer de un dictamen.

Porque si se está interpretando que de lo que hemos dialogado preliminarmente vamos a pasar a un proyecto de dictamen, yo no estoy en esa tesitura. No estamos todavía en condiciones de poder hacer esto porque no hemos hecho la deliberación exhaustiva.

En resumen, venimos de manera preliminar, pero creemos que en San Lázaro está la discusión más importante de fiscalización. Y, segundo, que la mesa nos ayude a organizar lo que viene en el detalle de las mesas de trabajo para poder avanzar en el tema.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Ríos Piter.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Perdón. Solamente tomando en consideración lo que ha dicho el senador Juan Carlos Romero Hicks.

Nosotros el pasado lunes hicimos pública la posición del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de que habríamos de trabajar precisamente con esa visión el tema de fiscalización, buscando que los compañeros del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados desahoguen lo que esperamos que sea una votación el próximo martes.

Sí quiero hacer esta consideración porque hay preocupación, y yo la comparto, así lo he podido hablar con mi compañero Alejandro Encinas, de que de pronto vayamos a tener una discusión que hemos subrayado en todas las intervenciones. Tiene que ser integral cada una de las piezas legislativas que comprenden la discusión reglamentaria del Sistema Nacional tienen que ser armónicas, no puede quedarse una pieza fuera porque entonces este rompecabezas complejo quedaría incompleto.

De tal manera que estaríamos a la expectativa de que el próximo martes haya una votación en la Cámara de Diputados sobre este tema.

Entendemos también lo pertinente, lo importante es que en este grupo, como lo hemos venido llevando a cabo, escuchemos puntos de vista, posicionamientos, inquietudes, preocupaciones, para que no perdamos el ritmo de que tengamos juntos los que estamos aquí discutiendo una visión integral sobre el sistema nacional.

Solamente acompañar la idea que está haciendo a nombre del Partido Acción Nacional Juan Carlos Romero Hicks, y decir que estamos a la expectativa de que esto se discuta en la colegisladora, pero celebro también que podamos ahora desahogar para no andar con parches o con visiones intermedias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias.

Senadora, por favor.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bueno, yo espero que se apruebe la propuesta que acaba de hacer el senador Ríos Piter. Que independientemente de que la colegisladora la discutamos en su momento, no debemos de discutirlo porque todo el paquete anticorrupción es un todo con distintas partes.

No pueden otros, en fin, tendríamos que engarzarnos perfectamente para incluso no contradecirnos unos con otros.

Aceptando como válida la propuesta de Ríos Piter, a mí me interesa mucho al menos delinear grandes rasgos de la propuesta que hicimos como Partido de la Revolución Democrática.

Nosotros hacemos la propuesta de tener una nueva ley, una nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas.

Los grandes objetivos de esta iniciativa sería regular los procedimientos para mejorar la función pública, combatir la corrupción, y se mete a detallar la pulcritud en el uso de recursos públicos la disciplina financiera, e incluye –cosa novedosa– pero basándonos en el artículo 1º de la Constitución la protección de los derechos humanos, y un derecho humano es saber qué pasa con los recursos públicos.

Esta iniciativa regula todo el procedimiento de verificación, fiscalización, imposición de sanciones resarcitorias. Permite la participación de la ciudadanía en todo el proceso de fiscalización y la evaluación de la función pública. Busca la estabilidad de las finanzas públicas. Mete en el Sistema Nacional de Fiscalización, en esa ley del Sistema Nacional de Fiscalización a un representante ciudadano dentro del comité, del Comité de Participación Ciudadana, y hay elementos importantes que permiten mejorar o fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación.

Por un lado, evalúa, la Auditoría puede evaluar la estabilidad de las finanzas públicas y puede evaluar también la progresividad o regresividad de los derechos de las personas.

Con todo esto se podrían crear indicadores para mejorar el desempeño de los programas, el diseño de las políticas públicas, el uso de presupuestos y programas.

Por otro lado, para fiscalizar todo el financiamiento público se establece una definición muy amplia que incluye, por ejemplo, en deuda pública conceptos que hasta ahora son incluidos como deuda contingente y no se auditan.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Disculpen. Les pediría por favor mantener silencio y orden para poner atención a la oradora.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Decía yo que se establece una definición muy amplia de deuda pública, que incluye los derivados, las garantías, los arrendamientos, los fideicomisos, las cadenas productivas entre muchos otros, porque ahí hay una cantidad inmensa de recursos públicos que nadie supervisa.

Por otro lado, se establece un listado muy amplio de sujetos obligados a ser fiscalizados, quienes además se obligan a rendir cuentas, deben presentar documentos demostrativos en su rendición de cuentas.

Se establece la necesidad de tener anexos, estudios soporte, memorias de cálculo y toda una documentación que soporte la rendición de cuentas.

Para realizar auditorías efectivas, se le permite a la Auditoría Superior de la Federación que tenga acceso a toda la información que la ley haya considerado de carácter reservado, confidencial o secreto en poder de entidades fiscalizadas para que no haya secretos a la auditoría, aunque ésta pueda mantener la secrecía de dicha información hasta que la propia ley lo considere en el fincamiento de responsabilidades, si así las hubiere.

También las auditorías de desempeño que realice la Auditoría Superior de la Federación que es el tipo de auditoría más completa, más importante, no sólo estará encaminada a mejorar los resultados, la eficacia, la eficiencia y la economía de las acciones de cualquier orden de gobierno, sino también verificar la progresividad de los derechos humanos mediante la gestión pública, e incluso podrá llamar a comparecer a quienes se nieguen a atender las recomendaciones para que expliquen sus razones ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se llama Comisión de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Por lo que hace a la revisión de la deuda, como muchas cosas, pero yo quisiera decir que en nuestra iniciativa se adentra a la fiscalización de otro modo de la cuenta pública. Se le dan facultades, se conserva

para empezar la Unidad de Evaluación y Control para que haya una instancia de la Cámara de Diputados que supervise a la Auditoría Superior de la Federación y se define a la Comisión de Vigilancia con facultades para poder hacer dictamen.

Hoy día la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades de dictamen, y la comisión en la Cámara de Diputados que hace la revisión de la cuenta pública si no tiene funciones de dictamen pasa a otra comisión, que es la de presupuesto, que no conoce la cuenta pública ni la estudió. Eso crea un vacío de poder o vacío de información y siempre acaba por la Comisión de Presupuesto tener una opinión distinta de quien sí revisó la cuenta pública.

Ha servido incluso para no aprobar cuentas públicas ni siquiera en el Pleno, como lo establece la Constitución, entre muchos otros vacíos que hay.

La ley regula la fiscalización de la cuenta pública que consiste en evaluar los resultados de la gestión financiera de todas las entidades fiscalizadas, también la estabilidad de las finanzas públicas, comprobar si se reservó lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Presupuesto, la Ley de Ingresos de la Federación, otras leyes aplicables.

También permite practicar auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas en cada uno de los programas de gobierno, la evaluación, además se hace con base en los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y progresividad de los derechos humanos.

Se establece también un amplio rango de auditorías que la propia Auditoría Superior de la Federación debe de realizar como las de seguimiento, las forenses, la obra pública, las inversiones físicas, las inversiones especiales como ahora de las zonas especiales donde están maquiladoras, en todos los proyectos de inversión especiales.

La Auditoría podrá también realizar auditorías en tiempo real para la correcta planeación del propio presupuesto que organice la Cámara de Diputados para la propia definición o calificación de la cuenta pública, para todo ello se implementa la fiscalización en tiempo real.

Esta nueva ley, además, reglamenta la fiscalización de la cuenta pública para que se revise el destino y el ejercicio de todas las participaciones federales, para que quede muy claro a los gobernadores y a los presidentes municipales que se trata de recursos públicos federales y que tienen facultades expresas de poderlos auditar y no haya estados que reciben el 99.9 por ciento de recursos federales pero prohíben que la Auditoría Superior de la Federación les audite, etcétera.

Se evalúa el efecto y consecuencia de la progresividad de los derechos de las personas o de las comunidades.

Esta acción podrá revisarse directamente por la Auditoría Superior de la Federación y en coordinación también con las entidades fiscalizadoras de cada entidad.

Otro aspecto novedoso de esta ley es que establece que para la elaboración de los planes estratégicos la Auditoría Superior de la Federación y el Programa Anual de Auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación, deberá considerar propuestas que realice la sociedad a través del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y las observaciones que realicen los órganos autónomos, porque luego nadie hace caso de lo que opina la sociedad, ni tampoco le hacen caso, nadie, a los órganos autónomos.

Se obliga a que la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Cámara de Diputados, el día 1° de cada mes de noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan todas las observaciones, las recomendaciones y las acciones promovidas, correspondientes a los informes sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por los informes de las auditorías.

Estos informes serán públicos, es decir, cada 3 meses debemos de recibir el informe de la Auditoría Superior de la Federación, el avance, pero también incluye informes especiales, semestrales y anuales para que se

incluyan los montos efectivamente resarcidos por la Hacienda Pública Federal, las denuncias presentadas en su caso, los procedimientos iniciados ante el Tribunal.

Para evaluar la estabilidad de las finanzas públicas se propone que la Auditoría tenga facultades para verificar que las operaciones de financiamiento se contraten bajo las mejores condiciones de mercado y de competencia económica de acuerdo con el tipo de obligaciones.

Esto es, sabiendo el costo financiero más bajo y también incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que se estipule y que se sepa claramente cuánto se está contratando de financiamiento aún con los convenios modificatorios o con los convenios de refinanciamiento, etcétera, etcétera.

Es mucho, presidente, pero sirva esto como grosso modo nuestra propuesta.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias, senadora.

¿Alguna otra participación? Sí, por favor.

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Gracias.

Muchas gracias, antes que nada, señores legisladores, por la invitación para participar en estos diálogos con ustedes y poder compartir algunas visiones para poder mejorar desde nuestra perspectiva, los proyectos que se están discutiendo en esta materia de fiscalización; en el entendido, como se ha mencionado por algunos legisladores, que en estos momentos hay una discusión o un análisis paralelo de la Ley de Fiscalización en la Cámara de Diputados, lo cual entendemos como sociedad civil que no puede hacerse en aislamiento y, en ese sentido, sin duda alguna sí hay una preocupación porque lo que aprueben sus compañeros diputados será en términos cuando todavía no está definido el Sistema Nacional Anticorrupción, aspectos claves de la Ley de Responsabilidades y demás, que están vinculados precisamente a la Ley de Fiscalización.

Dicho esto, me permitiría compartir con ustedes al menos en el ánimo precisamente de construcción, una posición desde la sociedad civil de aspectos que considero se pudieran mejorar, que consideramos que se pudieran mejorar del proyecto de trabajo que presentó las comisiones unidas; y en ese sentido, también señalar en el estudio que hicimos de las otras propuestas que algunas de ellas se han mencionado, consideramos se puedan incorporar algunos de los puntos precisamente al documento de trabajo que sometieron estas comisiones.

En ese sentido, me gustaría iniciar con un artículo que no está en la Ley de Fiscalización, pero que está vinculado directamente a este tema, que fue la discusión del día de ayer de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción; ya que en el proyecto de trabajo en su artículo 34 se establece el sistema nacional de fiscalización y un comité rector de dicho sistema, en el que sería presidido de manera dual entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

Ahí, más que una observación, sí es compartirles una inquietud porque no entiendo, a partir de su documento de trabajo, cómo se va a garantizar el propósito de este sistema para lograr homologar la forma en que se presenta, por ejemplo, la información de las auditorías y de las cuentas públicas con los estados y las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho en la materia; si sabemos que ya el sistema de fiscalización está operando desde el 2010 y lamentablemente ha habido la persistencia de algunos órganos superiores de fiscalización en las entidades federativas, de no seguir las sugerencias de homologación que presenta la Auditoría Superior de la Federación.

El hecho de que se establezca este Comité rector, pero no haya un complemento en la ley para decir qué va a suceder en caso dado que, como ocurre hoy en el sistema nacional de fiscalización, haya entidades que persistan en no querer seguirlas homologando lo que acuerde este órgano rector.

Entonces, ahí no tengo todavía una sugerencia en concreto de cómo hacerlo, pero sí observo que puede haber un problema de no contemplarse esa parte en el marco jurídico dentro de la parte del apartado que ustedes tienen, en el capítulo que tienen para el sistema de fiscalización.

Ahora bien, centrándome en la parte del documento de trabajo que analizamos, quisiera establecer en primer lugar la preocupación respecto al primer artículo, hice, recogiendo el énfasis que se había hecho en los primeros acercamientos con ustedes de la importancia de ir artículo por artículo, me hice a la labor de identificar justo en dónde están los problemas artículo por artículo y poder darles algunas observaciones al respecto.

En el artículo 1º, en su inciso c), se establece, y cito textualmente: “La práctica de auditorías para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales conforme a las normas y principios de posterioridad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta parte de estar estableciendo los principios de posterioridad para las auditorías de desempeño, desde nuestra perspectiva precisamente contradice lo que se aprobó en el constituyente permanente de eliminar precisamente este principio de posterioridad.

Por lo cual, me permitiría sugerirles que, respecto a este artículo, el principio de posterioridad tendría que ser eliminado de la propuesta.

En el caso del artículo 2, fracción XII, celebramos que se eliminen los informes de gestión financiera, como contempla el proyecto, ya que la propia Auditoría Superior de la Federación ha reconocido que este instrumento tiene poca utilidad, en ese sentido, para el monitoreó eficiente del uso de los recursos públicos.

Creo que es un punto que se diferencia respecto a la ley vigente y que es importante sensibilizar a las comisiones en esta materia.

Hay un punto más adelante en el artículo 12, fracción III, inciso b), en donde se habla de la necesidad, es la página 127 del documento de trabajo, en donde se habla de la necesidad de establecer los mecanismos de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y el CONEVAL para acordar los términos de las evaluaciones de desempeño, las cuales se harán dichos acuerdos hacia el mes de diciembre.

Ahí sí me permito respetuosamente enfatizarles que hay una diferencia entre las auditorías de desempeño y las evaluaciones de desempeño. Las primeras las hace la Auditoría Superior de la Federación; las segundas las hace el CONEVAL. Y los propósitos de estos instrumentos son muy distintos, por lo cual, la verdad, con franqueza, me parece que este llamado a la coordinación no me parece correcta y yo eliminaría esa propuesta de su documento de trabajo.

En el artículo 18, más adelante, y me permito disculparme de antemano porque es un texto extenso, pero sí creo que es necesario citarlo para poder explicar la preocupación. Dice así:

“La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta información y documentación de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda para todos los efectos legales abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de auditorías sobre el desempeño”.

Y viene la parte preocupante:

“Las observaciones, incluyendo las acciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación

emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión”.

Si es así, con todo respeto, señores legisladores, no entiendo entonces para qué vamos a abrir la revisión de los ejercicios anteriores si ni siquiera vamos a poder iniciar de encontrar alguna anomalía, procesos de responsabilidad resarcitoria, por ejemplo, y por lo tanto la utilidad de los hallazgos que pudieran haberse hecho a partir de su apertura va a ser nula, y lo que va a provocar es incluso hasta frustración.

Yo sí creo que esta parte tendría que ser corregida para que realmente hubiera una consecuencia, la posibilidad de consecuencias jurídicas si hubiera, en la revisión de estos ejercicios anteriores, la Auditoría hubiera encontrado alguna anomalía.

Un punto adicional que me gustaría compartirles mi preocupación, tiene que ver con el tema del artículo 35, el cual establece:

“Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría Superior de la Federación dará vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas que no involucren daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente”.

Justo esta parte de “para que continúen la investigación respectiva” me parece que merma nuevamente el propósito de la reforma constitucional, que es de dotarle de estas facultades de investigación a la Auditoría Superior de la Federación y que no tendrían que hacerse a través de un intermediario, en este caso los órganos internos de control. Por lo cual, desde mi perspectiva, esta parte también tendría que ser retirada de la propuesta a considerar.

Hay una parte que quisiera yo preguntarle a los autores del documento de trabajo la racionalidad de una omisión que se hizo en este, ya que si bien es cierto, precisamente uno de los mayores logros de la reforma constitucional tiene que ver con que la auditoría ya puede fiscalizar todas las participaciones.

Eso no significa que se hubiera omitido del texto vigente en la ley el apartado del gasto federalizado, como hace el do

Sí creo que es importante esa revisión, porque una cosa –obviamente no le tengo yo por qué recordar esa parte, ustedes lo conocen muy bien– una cosa son las participaciones y otra cosa son las aportaciones que representa el gasto federalizado. Por lo tanto, sí creo que sería importante recoger lo que está, el texto de la ley vigente en esta materia.

Un punto adicional que precisamente en el ánimo de lograr fortalecer la capacidad de investigación de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de los recursos públicos, tiene que ver con la necesidad de que en la ley establezcan una coordinación obligatoria entre el Instituto Nacional Electoral, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y mecanismos adicionales, como por ejemplo: Plataforma México, la información que la Secretaría de la Función Pública maneja y obviamente la Auditoría Superior de la Federación.

Y creo que un ejemplo puede ilustrar el por qué esta coordinación obligada en la ley tendría que ayudar a la labor de investigación.

Hoy, en la realización de las auditorías forenses los colegas de la Auditoría Superior de la Federación, si por ejemplo buscan preguntarle al Instituto Nacional Electoral si una credencial es apócrifa o no, el Instituto le contesta que no le puede compartir esa información y que está prohibido de ley ese tipo de intercambio informativo.

Eso, por supuesto que merma sustantivamente la capacidad de investigación de la Auditoria en la revisión del ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, sí considero que el proyecto tendría, insisto, que establecer un artículo específico en el que hubiera esa coordinación obligatoria.

Es fundamental corregir el contenido del artículo 42 que ustedes proponen, ya que de no hacerlo lo que va a hacer es desincentivar la denuncia por parte de la ciudadanía para cooperar en las investigaciones de la Auditoria Superior de la Federación.

Hay un punto específico, y si me permiten aquí lo tengo para leer. Dice:

“Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presumen el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales o

de su desvío en los supuestos previstos en el Artículo 42 en esta Ley, que por cierto no hay ningún supuesto del propio Artículo 42 que a sí mismo se refiere.

La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso la gestión financiera de las entidades fiscalizadas”.

Ahí, en pocas palabras, es, si se quedara así:

Uno. Perdón, pues no hay ningún supuesto del artículo 42.

Dos. Entonces al que le están pidiendo la prueba de la carga pues es al ciudadano que se atreve a denunciar.

La profesionalización que tiene la Auditoría Superior de la Federación le permite precisamente poder averiguar, investigar pues cualquier denuncia y desechar las que sean no fundamentadas.

Entonces en ese sentido sí me parece un error establecerlo en los términos en que ustedes lo proponen en esa parte.

En la parte del artículo 53 de su documento de trabajo, se establecen los convenios con la Auditoría Superior de la Federación y los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas.

Y se establece, y creo que es en ese sentido una parte que no sé cómo van a lograr fomentar la verificación de la información, es esta parte que dice:

La Auditoría Superior, a través de los citados convenios verificará que las entidades fiscalizadas a que se refiere este Artículo lleven el control y el registro contable patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación.

Y sin embargo no establece qué va a ocurrir en caso de que esto no sea así.

Un punto, y me disculpo por la extensión de mi exposición pero estoy siguiendo su sugerencia de artículo por artículo, tiene que ver con una parte que me parece positiva pero que tiene que ser complementaria.

El Artículo 68 establece el registro público actualizado de los servidores públicos particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas que hayan sido sancionadas por resolución definitiva en firme.

Sin embargo creo que sí es necesario añadir la necesidad de publicar la resolución completa en el fin precisamente de lo que se discutió en la Ley de Responsabilidades y poder identificar a todo aquel funcionario que esté asociado por un mal uso de los recursos públicos.

Hay un tema muy importante y que me gustaría enfatizar, sobre el tema de las multas ante la negativa de cooperar en dar información a la Auditoría Superior de la Federación en el marco de sus labores.

En los últimos informes, la propia Auditoría Superior de la Federación ha evidenciado la recurrida negativa de algunos proveedores y contratantes para compartir información en el marco de sus investigaciones.

Y las multas que se establecen en la propia actual y que se modifican muy brevemente en el proyecto, no son disuasivas en lo absoluto para realmente fomentar esta cooperación por parte de estos proveedores.

Me permito sugerir, y ahí sí creo que sólo quisiera, espero no estar patinando en hielo jurídico, sí creo que se necesitaría, por un lado, contemplar la posibilidad de medidas de apremio en caso de que persistiera la negativa a compartir esta información e incluso de persistir nuevamente brindar esta información sí tendría que contemplarse como un causal para iniciar un procedimiento penal por obstrucción a la actividad fiscalizadora.

Hay un punto en la que yo sí también creo que la redacción de su documento no termina de lograr honrar lo que la Reforma Constitucional establece en términos de que en las actividades de investigación la Auditoría Superior de la Federación no esté limitada por los secretos fiscal, fiduciario, bursátil y bancario.

La redacción que ustedes proponen sugiere que solamente no estaría limitada por el secreto fiscal y bancario, dejando fuera la parte del fiduciario y bursátil, que son aspectos muy importantes en las investigaciones de la propia Auditoría Superior de la Federación.

Además, hay una parte en su redacción que me preocupa mucho, porque en el artículo 6, párrafo IV, se establece: “Cuando los servidores públicos y personas físicas y morales, públicas o privadas, no atiendan los requerimientos a que se refiere esta ley”; y viene la excepción que es lo que creo que merma la posibilidad de cooperación: “salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida o por causas ajenas a sus responsabilidades, la Auditoría podrá imponerles una multa mínima de 150 a una máxima de 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

En el caso, por ejemplo, reciente y está reportado en el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría señala que BANOBRAS se negó a abrir el fideicomiso de la carretera Guadalajara- Colima, que está construyendo el Grupo Higa, bajo el argumento de que esto se está haciendo en la asociación público-privada; y por tanto a pesar de que el proyecto incluye el uso de recursos federales complementarios con la fuente particular, la Auditoría no pudo entrar a revisar cómo se está haciendo el ejercicio de estos recursos y claramente me parece que este tipo de ejemplos evidencia porqué su texto de “salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impide”, me parece desafortunado porque va a mermar la actuación de la Auditoría Superior de la Federación en sus investigaciones.

Finalmente, me parece que es importante considerar a lo mejor aspectos complementarios como la de la propuesta de sus compañeros del PRD, que en la iniciativa de ellos es el artículo 92, para poder establecer un sistema de alertas que genere indicadores de solvencia, liquidez y riesgos a partir del registro, seguimiento y sistematización de las obligaciones, financiamiento, deuda contingente y todo instrumento jurídico que se pueda convertir en un compromiso financiero para las finanzas públicas.

En ese sentido, también creo que es importante señalar una de las propuestas que está en San Lázaro, que tendría que estar incorporándose a este documento de trabajo, que tiene que ver con procedimientos más abiertos tanto para el nombramiento de participación ciudadana para verificar el nombramiento del auditor superior de la federación, como el titular de la unidad de evaluación de la comisión de la cuenta pública en la Cámara de Diputados.

En fin, estas son mis observaciones, que traté de seguir su sugerencia de ser lo más puntual respecto a cada uno de los artículos que me preocupan y les agradezco la oportunidad, el espacio para compartirlo.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muy bien, muchas gracias. No estábamos tan mal cuando decíamos que artículo por artículo.

Nada más le rogaría, si tiene un documento de trabajo, que por favor nos lo pueda hacer llegar para incluirlo y considerarlo.

MAESTRO ENRIQUE DÍAZ INFANTE: Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Nosotros quisiéramos señalar en cuanto a la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, un problema que hemos estado mencionando en medios, en estudios, en relación a la deuda y las capacidades de la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar la deuda.

Y siguiendo lo que hizo mi compañero de ir por artículos, ahora señalaré qué artículos nos preocupan de la deuda, su definición, como decía la senadora Dolores Padierna; y no hago más que suscribir cien por ciento su preocupación entre lo que se debe entender por deuda y lo que podrá entonces fiscalizar la Auditoría Superior de la Federación.

Porque no quedó claro en la ley de disciplina financiera, no quedó claro en la ley de APPs, ya nos reunimos con la Secretaría de Hacienda, no nos quedó claro que estemos en lo mismo y entonces, esto lo que puede dar en el futuro es que de repente vengan rescates de la Federación a los estados y municipios, a la deuda de estados y municipios, por dos cositas: lo que se entiende por duda. No pues es que fíjate que esto que decíamos que eran proyectos de inversión o que los APPS no son deuda, pues siempre sí son deuda y entonces ahora al senador Burgos, al senador Encinas, a la senadora Dolores Padierna, a mis compañeros nos va a tocar rescatar deuda de estados porque entró la federación a respaldar en términos de la Ley de Disciplina Financiera.

Todas estas preocupaciones están reflejadas en el artículo, y luego senador, encantado de proponer una redacción sobre estos puntos, ¿no?

Pero, artículo 1º, fracción I, la definición de deuda. Una definición muy amplia que incluya APPS y proyectos de inversión, entre otras cosas, además de factoraje, arrendamiento y mil cosas, pero a nosotros nos preocupa eso, porque ahora sabemos que una vez que ya se agotó la capacidad política, no digo que otra manera política de hacer una reforma fiscal en materia impositiva, una vez que el nivel de endeudamiento ya están las alertas puestas y no se puede endeudar más el gobierno mexicano, una vez que ya hay restricciones en el gasto, pero ahí decía cero infraestructura, hay muchas cuestiones ahí.

¿Cuál va a ser la forma de endeudarse ahora? Pues disfrazando deuda.

¿Y cómo va a ser? Proyectos de inversión y APPS, y a nivel subnacional.

Y luego, llegando con la Secretaría de Hacienda y diciendo: ¿Sabes qué? Esto sí es deuda, esta APP sí era deuda. Siempre dijimos que no era deuda y siempre sí es. Si me puedes dar tu garantía federal y estoy dispuesto, en términos de la Ley de Disciplina Financiera celebrar el convenio correspondiente para que se dé más plazo y en mejores condiciones dado que tengo el respaldo de la federación, y bueno, ni modo, entrémosle todos.

¿Cómo que le vamos a entrar todos a una deuda estatal o a una deuda municipal que ni siquiera sabía que existía?

Esto nos puede mover muchísimo las cifras de endeudamiento que tenemos ahora.

Se dice que el endeudamiento federal está alrededor del 50 por ciento del PIB. El subnacional habla que está en niveles del 3.5 por ciento del PIB, pero está todo esto debajo de la alfombra, que está empezando a salir y que ya hay el mecanismo ahora para que la Secretaría de Hacienda lo respalde.

Dicho el contexto, brevemente señalo qué artículos son los que preocupan: Como decía, artículo 1º, fracción I, la definición de deuda.

Artículo 1º, fracción IV, se refiere a cuando se deba revisar la cuenta pública, que se incluya dentro de esa cuenta pública toda la deuda subnacional que tenga garantía federal.

Y ahí el pendiente es que la Ley de Disciplina Financiera –y nos lo dijeron los de Hacienda, “A ver, no se angustien. No se va más que a celebrar convenios en relación a la deuda subnacional que esté garantizado como participación federal”.

Híjole, yo veía la ley por todos lados y digo, pues eso no lo dice en la ley.

Aquí la verdad es que se dice que cuando se celebra un convenio, y vemos que hay una gran discrecionalidad para la Secretaría de Hacienda sentarse con los gobiernos y decir: A ver, señor Gobernador, haber platicado antes, hombre, es cosa de entendernos. Mire, va a entrar la federación, vamos a poner aquí la garantía del gobierno federal, vamos a mejorar su deuda y esperemos cooperar como siempre lo hemos querido hacer con usted.

¿Nos entendemos, verdad?

Hay una gran discrecionalidad.

Artículo 2º. Las entidades fiscalizadas; no se contemplan los estados y municipios. O sea, sí están contemplados los estados y municipios pero sólo cuando su deuda esté garantizada con participaciones federales. Y cuando venga el respaldo porque celebraron un convenio no está contemplado.

Nuevamente sentimos que es insuficiente esta definición de lo que es la deuda pública y cuando es deuda contingente y cuando entra el gobierno, y no se limita este tema nada más a las participaciones federales.

Como decía mi compañero Marco Antonio Fernández, está el tema de las aportaciones y está el tema de la Ley de Disciplina Financiera este respaldo que se puede hacer a la deuda, cuyo tema es la amplísima definición de lo que es deuda y que se puede respaldar cualquier cosa, créanmelo.

Y con muchísimo gusto les platicamos cómo son los proyectos de inversión y cómo se divierten haciendo las APPS y aventándolo en el tiempo y ligándolo a un contrato de prestación de servicio para pagar el contrato de mantenimiento y de operación, pero al final del día deuda se llama.

Y ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 163/2007, que dijo: “A ver, señores, no se confundan. Deuda es siempre que hay un ingreso y un pago en el tiempo”. Llámenle “Juan te llamas”, y eso es lo que no estamos viendo que está contemplado, ni en la Ley de Disciplina Financiera que ya pasó, ni en la Ley de APP's que ya pasó y ahora aquí tampoco se le está dando las facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que entre a revisar ese tipo de deuda, porque no está considerada como deuda.

Entonces tenemos un problema conceptual y de definiciones que van a limitar mucho las facultades de la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 15, fracción décima, establece lo que puede auditar la Auditoría Superior de la Federación y no está esta deuda subnacional respaldada por la federación.

Artículo 51, establece que la Auditoría Superior de la Federación sólo podrá fiscalizar recursos federales, lo cual no incluya la deuda contingente de este tipo.

El artículo 53 se limita a decir que sólo se va a fiscalizar lo que les comentaba, la deuda que esté respaldada con participaciones federales.

Pues hay otra deuda que va a respaldar la federación y que no necesariamente es con participaciones federales y nos preocupa mucho es adeuda.

Artículo 54, señala lo que puede fiscalizar, también la ASF y no incluye este tipo de deuda.

El artículo 56, que sería el gran artículo de todo esto, que establece que la ASF va a auditar garantías, bueno, establece justo todo el punto que he estado señalando, el respaldo que va a dar la Secretaría de Hacienda a toda esta deuda de APP’s y proyectos de inversión y a toda esa deuda que ahorita no es considerada como deuda, no está contemplado que la pueda fiscalizar la Auditoría Superior de la Federación, y en la Ley de Disciplina Financiera se establece que esa va a ser fiscalizada por los órganos de auditoría de los estados.

Entonces, pues yo, perdón, pero si soy contribuyente y créanme que sí he cumplido con mis compromisos y si van a utilizar mis recursos para respaldar la deuda de Coahuila o la deuda de no sé qué estados, de Chihuahua o demás, a mí sí me gustaría que entrara la Auditoría Superior de la Federación, que en lo personal me parece muy profesional, pues que entre para ver qué es lo que se está respaldando.

Entonces, aquí hay una oportunidad de mejora muy importante en esta ley, en el tema de la deuda y la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar este tipo de instrumentos, proyectos de inversión y APP’s.

Muchísimas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Licenciado Arredondo, por favor.

LICENCIADO ÓSCAR ARREDONDO: Buenos días.

En principio celebrar que hay una colaboración para crear un sistema de fiscalización mucho más prolijo de lo que tenemos, a pesar de que se detectan avances es claro que esta Ley de Fiscalización se queda corta.

Obviamente sostengo y respaldo las observaciones de mis compañeros Enrique Díaz Infante y Marco Antonio Fernández, pero también prácticamente todas las observaciones que hace el PRD, que tampoco se están considerando dentro de esta agenda y sobre todo puntualizar algunas cuestiones generales, antes de entrar en artículo por artículo.

En principio lo preocupante que resulta que la agenda de derechos humanos esté, o sea, más bien que la agenda de anticorrupción está completamente ajena a los temas relacionados con derechos humanos y con participación ciudadana.

En este sentido se habla en la fiscalización del resarcimiento a la Hacienda Pública Federal, pero no se habla del daño que le causa la corrupción y las irregularidades graves en el manejo del gasto, a sectores específicos de la sociedad o a la sociedad en general y poder identificar este daño y buscar un resarcimiento hacia la sociedad por el mal manejo de los recursos públicos sería un tema importante.

Y sobre todo también involucrarlos de la participación ciudadana en todos los procesos de la fiscalización y obviamente también en otros procesos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero en particular el tema que nos ocupa es la fiscalización.

Que sea una participación ciudadana más profunda, que no sea superficial, que sea una participación ciudadana verdaderamente vinculante y que el Estado garantice que esta participación ciudadana pueda darse de manera adecuada a través de mecanismos de articulación entre las auditorías, tanto la federal como las locales, con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.

Un asunto que es bastante útil, que se ponga, es que dentro de los informes de la auditoría haya un apartado en donde se hable de las áreas de riesgo y que estas áreas de riesgo además estén vinculadas con ciertas precisiones específicas en materia normativa para darle un, digamos que un acordeón a la Cámara de Diputados para realizar reformas importantes para reducir estos riesgos.

Sin embargo yo creo que esto no tendríamos que esperar a que se apruebe la Reforma y se aprueben estas disposiciones porque tanto el informe de revisión de la Cuenta Pública de 2013 y como la de 2014 ya tiene un sendo capítulo sobre las áreas de riesgo y aportaciones específicas que hace la Auditoría Superior de la Federación para hacer modificaciones a leyes, sobre todo leyes en materia de gasto público, presupuestarias o de contabilidad gubernamental, que de hacerse estas reformas en este momento cerrarían muchos espacios a las irregularidades que actualmente se están cometiendo y obviamente impactaría muy favorablemente en contra de la corrupción, le reduciría mucho la corrupción.

Y yo creo que esto está en el anexo 3 del último informe de auditoría y yo creo que tendríamos que voltear hacia este lado para poder eliminar una serie de riesgos claves que son recurrentes y son estructurales y que además tenemos la ventaja que la Auditoría Superior de la Federación ya nos está haciendo mucho la tarea en el sentido de señalarnos qué marcos legales tendrían que modificarse y cuáles no, ¿no?

También en particular es muy importante señalar: la fiscalización de las personas físicas en el sector privado que manejan, administran y reciben recursos privados, de recursos públicos, ¿no?, pero dentro del ámbito privado y en particular vinculándolo con el tema de deuda, es preocupante estos fideicomisos privados en donde termina habiendo recursos públicos para garantizar el pago de créditos y en este sentido sería importante señalar específicamente que este tipo de instrumentos financieros, en donde también termina habiendo recursos públicos en todos casos puedan ser fiscalizables.

Omito hacer una relación de artículo por artículo en tanto no quede claro cuál va a ser el cuerpo normativo que nos atañe.

Y bueno, esto es comentarios generales nada más. 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. Senadora Pineda Gochi, por favor.

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Muchas gracias.

Yo quiero referirme a esta Ley de Fiscalización en lo que en la propuesta se establece en el Artículo 49, Fracción C y que a le letra dice:

El Sistema Nacional de Fiscalización tiene como funciones establecer, revisar y actualizar las normas profesionales de auditoría gubernamental basadas en las normas internacionales de fiscalización superior de la INTOSAI.

Aquí refiriéndonos y teniendo como base lo que establece el Artículo 79 de la Constitución, en el que señala:

La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el aspecto de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

Entonces, atendiendo a este precepto legal, en el sistema nacional anticorrupción no puede decidir cuáles son las normas de auditoría y hablar en el aspecto técnico, toda vez que se contrapone a este precepto constitucional en el que establece con toda precisión el ámbito de competencia.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Perdón, senadora, tengo antes al maestro Bohórquez y después la senadora Tagle.

MAESTRO EDUARDO BOHÓRQUEZ LÓPEZ: Gracias, senador Yunes.

En primer lugar, refrendar que los comentarios que aquí se han planteado en lugar de que se entreguen en un documento, aparecerán publicados artículo por artículo, como lo ha sugerido las comisiones unidas en un documento abierto, que es parte de los acuerdos alcanzados, se subirá a partir del día de hoy.

En segundo lugar, cuatro comentarios muy puntuales:

Tengo la impresión de que desde el punto de vista de política pública, todavía en este tema de fiscalización entendemos sistema como federación de órganos, no como la posibilidad de generar algo nuevo; lo que se establece aquí son bases de coordinación que ya tienen mediante convenio muchos de los órganos que participan de lo que se llama todavía sin ortodoxia jurídica, sistema nacional de fiscalización, no siéndolo, es una federación de órganos de fiscalización superior de los estados, de órganos internos de control, de los ejecutivos estatales, en presencia de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Pero eso no es un sistema nacional de fiscalización; creo que hay que entrar al tema de fondo, que es cómo se construye un sistema que produzca algo diferente a lo que cada una de sus partes tiene.

Me parece que en los documentos compartidos hasta ahora este asunto todavía no se resuelve.

En segundo lugar, solamente reiterar algo que con mucha claridad planteó Marco Fernández, y que va a ser un tema de amplísimo debate: entiendo que la Auditoría Superior de la Federación preferiría no cumplir funciones de investigación y es la opinión de la Auditoría. Pero el Congreso y el constituyente ha sido muy claro en esto: tendrá que cumplir con funciones de investigación.

Y reitero aquí lo que plantee para la Secretaría de la Función Pública en un breve comentario en la mesa anterior: ya en algún momento la Auditoría Superior de la Federación creó una unidad de investigación que no tuvo la fuerza y la capacidad para conducir ese trabajo; y tenemos que separar dos asuntos:

Una cosa es hacer auditorías de cualquier tipo: forense, de desempeño, financieras, contables; y un asunto muy diferente es investigar posibles actos de corrupción en el ámbito administrativo.

Creo que tendrá que cumplir con esa tarea, aun cuando la Auditoría Superior prefiriera no hacerlo así, es mandato constitucional y ha sido una preocupación de esta mesa que no vayamos en contra del espíritu de la Constitución ni de este Congreso.

En tercer lugar, creo que la advertencia que hace Marco Fernández alrededor de las multas, encuentra evidencia de sobra en lo pobre que ha sido la implementación y aplicación de la ley federal de anticorrupción en adquisiciones de bienes y servicios, en licitaciones públicas.

La verdad es que las multas, aun cuando se dijo en el Congreso que iban a ser muy grandes y que iban a inhibir posibles conductas de corrupción, en relación a los ingresos y a los beneficios económicos que tienen, han probado claramente no servir ese propósito. Me parece que hay amplia evidencia alrededor de esta ley federal para revisar el asunto de las multas que se consideran para la parte de fiscalización.

Y por último, hay dos temas más: uno que es referente a la participación ciudadana. Me da la impresión de que en la inercia que acompaña a muchas de las discusiones sobre lo que deben de hacer los ciudadanos alrededor de órganos públicos, nos hemos encargado de construir más consejos consultivos, más comités, más órganos en cada uno de ellos; y creo que en este caso la experiencia internacional es indiscutible.

Lo que se plantea como buena práctica a nivel internacional en materia de participación ciudadana en el proceso de fiscalización, es que un porcentaje de las auditorías que tenga que practicar cualquiera de estos órganos de fiscalización, sea determinado por la sociedad civil o por petición de organismos civiles, siempre y cuando haya un procedimiento y criterios muy claros para hacerlo.

La práctica internacional es que el 5 por ciento de las auditorías de un órgano de fiscalización superior tengan que ser a petición de organismos ciudadanos más que tener un órgano asesor o un consejo consultivo que todos sabemos se instalan formalmente pero nos siempre funcionan de la manera correcta. Un porcentaje debe ser asegurado para que sea por petición de parte.

Hay un antecedente en el caso de la Auditoría Superior en México, un conjunto de organizaciones civiles solicitamos una auditoría especial sobre el tema de los subsidios a las gasolinas y lo hicimos utilizando este principio internacional de solicitar auditorías especiales.

Es un buen precedente, habría que revisarlo con el Auditor Superior de la Federación, pero sienta las bases de algo que es una buena práctica internacional.

Por último, no voy a entrar a detalle respetando lo que ha planteado ya el senador Romero Hicks sobre la cortesía con la cámara colegisladora en este tema, pero claramente hay una serie de relaciones entre lo que sería un sistema nacional de fiscalización, realmente entendido como sistema, y el papel que desarrolla la Cámara de Diputados a través de comisiones especiales.

Me queda muy claro que aunque es una decisión del Auditor Superior de la Federación compartir con todas las comisiones legislativas su informe, esta es una decisión del auditor superior muy sana, extraordinaria, bienvenida, pero no una obligación y que tampoco se hace de manera clara y directa la conexión entre los resultados de la Auditoría Superior de la Federación y la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año.

Entiendo muy bien que el hecho de que una auditoría haya encontrado posibles irregularidades no puede afectar algunos de los procesos que están vinculados con la construcción del presupuesto siguiente, pero creo que la comisión responsable de presupuesto tendría que estar formalmente notificada de que algunos de los asuntos o rubros que está asignando en ejercicios fiscales anteriores, sobre todo con la reforma constitucional que permitirá que los plazos sean más cortos, conozca de estas observaciones del auditor superior y que reconozca en tales un riesgo al momento de asignar presupuesto. No va a afectar la asignación presupuestal, pero creo que sería idóneo.

Por último, y también lo mencionó de manera muy breve mi colega Marco Fernández, hay documentos incluso de la propia Cámara de Diputados sobre este tema, pues el trabajo e la Comisión de Vigilancia y de los órganos técnicos que están asociados a ella, la verdad es que ha dejado mucho qué desear.

Hay problemas incluso, recupero el espíritu del irreductible único que está en esta mesa es la Constitución, bueno, en la Cámara de Diputados año tras año al no aprobar formalmente la cuenta pública ha ido en contra de lo que dispone nuestro marco constitucional. Hay ahí también un problema de constitucionalidad que habría que revisar, y me parece que es uno grave, porque no cierra el ciclo de fiscalización de los recursos públicos.

Estos comentarios estarán también en el documento abierto que hemos convenido las partes.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias. Senadora Tagle, por favor.

SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Yo solamente pedir algo que está en una propuesta del PRD, se incorpore al documento de trabajo. Porque en el segundo documento de trabajo, este tema que es una propuesta de fiscalización de deuda pública donde se propone en el título séptimo, capítulo dos de la iniciativa, una mejor supervisión del ejercicio de los recursos públicos de entidades federativas y municipios, se ha nuevamente instalado en este documento de trabajo que será puesto a disposición de todos para que se trabaje sobre él, porque precisamente atiende lo que han comentado aquí desde la Fundación Enrique Espinosa Yglesias, perdón, y ahí hay todo un capítulo que busca atender precisamente la fiscalización de la deuda estatal garantizada.

No sé cuál fue el criterio por el cual lo quitaron del segundo documento de trabajo, pero me parece que ya hay una propuesta en la mesa por parte del grupo parlamentario del PRD sobre la cual deberíamos estar haciendo observaciones y no quitar esta propuesta que ya estaba hecha de manera formal en la iniciativa del grupo parlamentario del PRD.

Y que esta propuesta sea analizada particularmente por quienes son los especialistas, si con lo que se propone desde el grupo parlamentario del PRD podría quedar atendida esta solicitud que, comparto completamente, debe verse como un asunto del Sistema Anticorrupción porque tiene que ver precisamente con cómo vamos a fiscalizar la deuda estatal garantizada.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No tenemos registrada ninguna otra intervención.

¿Alguien quiere hacer uso de la palabra?

LICENCIADO ÓSCAR ARREDONDO: Perdón, muchas gracias.

Pues otra serie de comentarios generales en relación a los mecanismos que ya tiene la Auditoría Superior de la Federación que hace falta fortalecer, como la línea ética de denuncia, que sí es una herramienta que permite la participación ciudadana, pero sí requiere que la propia Auditoría la fortalezca, le dé mayor información, seguimiento y haya retroalimentación sobre las denuncias que recibe y que también se dé mucha difusión de la existencia de estos mecanismos donde los ciudadanos pueden realizar denuncias, porque también es un gran faltante de este proyecto.

Por otro lado, es muy importante definir los mecanismos para que los informes individuales, a la hora que se entregan a la Cámara de Diputados, que van a ser en junio, octubre y febrero, y las demás auditorías de desempeño, pues que tengan un impacto real, porque actualmente la Cámara de Diputados únicamente los recibe pero no los toma en cuenta para procesos de planeación en el gasto y tampoco da seguimientos en los procesos administrativos y penales, que la Auditoría Superior de la Federación podría llegar a interponer ante las autoridades sancionatorias.

Vemos que el rol de contrapeso que tiene la Cámara de Diputados pues resulta muchas veces inocuo, porque no da seguimiento a lo que se da en el informe y porque el informe no es un elemento que se utilice para la planeación del gasto, para la elaboración de políticas públicas o para la planeación del Presupuesto de Egresos.

Entonces pues sí queremos que la legislación secundaria establezca esa obligatoriedad por parte de los diputados de considerar los informes de auditorías en todo esto, en la planeación, la evaluación del gasto y la elaboración de políticas públicas y que también los diputados puedan dar seguimiento a cualquier tipo de proceso que inicie la Auditoría, cualquier investigación que inicie, pues que no se quede corta y que haya rendición de cuentas, incluso en la propia Cámara de parte de los involucrados.

Otro problema, que es un problema técnico-jurídico es que la reforma le delega a la Auditoría Superior de la Federación la investigación de irregularidades graves y actos de corrupción.

Sin embargo, por el mandato de posterioridad en la fiscalización no está muy claro cómo esas irregularidades graves las va a poder detectar en tiempo real.

Veo las iniciativas, pero de cualquier manera creo que está dependiendo mucho de lo que le denuncien a la auditoría por parte de los órganos internos de control y finalmente que la Auditoría Superior de la federación pueda realizar ejercicios de fiscalización al año corriente y a los años anteriores, pero el texto constitucional menciona que para todos los efectos legales no se tenga abierta nuevamente la cuenta pública a la que pertenece la información solicitada.

Lo que nos preocupa es que esta precisión no se vaya a entender, en la legislación secundaria, como un impedimento para fincar responsabilidades administrativas o penales.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Sí, por favor.

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Nada más quisiera agregar dos puntos complementarios a mi intervención, también en términos de los artículos señalados.

Por un lado, en el artículo 35, su fracción segunda, en el documento de trabajo que se puso bajo análisis dice: “Tratándose de los pliegos, al Auditoría Superior de la Federación, al promover o emitir las acciones a que se refiere el artículo 13, fracción primera de esta ley, observará lo siguiente”. Y menciona:

Tratándose de los pliegos de observaciones, la Auditoría Superior determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o en su caso el patrimonio de los entes públicos cuando los pliegos de observaciones no sean solventados por las entidades fiscalizadas en los términos previstos por esta ley y de ello se desprenda un daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, la unidad de investigaciones promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad substanciadora competente conforme al título quinto de esta ley.

Me parece que en este sentido creo que se tendría que mejorar esta redacción porque no es entender que los pliegos de observaciones ya en sí mismo son acciones correctivas aunadas haber ignorado una recomendación que en el pasado hizo de acuerdo a la propia Auditoría Superior de la Federación y que ya determina en términos de la Auditoría una indemnización correspondiente por daños o perjuicios estimables en dinero.

En ese sentido ya se tiene certeza de que hubo un daño o perjuicio definido, e incluye el hecho de que no se acató un llamado anterior a resarcirlo.

Por ende, con todo respeto, no tiene sentido que responder a un pliego de observaciones lleve un procedimiento de responsabilidad administrativa sino que se debería de considerar en términos legales una responsabilidad del orden penal, como ocurre en otros delitos donde la inacción permite asumir acciones ilegales como son el enriquecimiento ilícito.

Esta parte última, esta parte de la propuesta, pues adelantándome y tratando de hacer la tare, viendo lo que viene en el pre dictamen de sus compañeros legisladores en la Cámara de Diputados, eso sí viene incluido y creo que en ese sentido habría que retomar de la propuesta de los señores diputados esta parte.

Un último punto: en sus artículos 62 y 63 se establecen los mecanismos para que la Auditoría Superior de la Federación pueda recurrir, por un lado, la inacción de la fiscalía especializada en materia de delitos de corrupción y por el otro lado si considera que no está bien la resolución del Tribunal también puede impugnarlas.

En el caso de los órganos internos de control, el documento no le dota a la Auditoría ningún mecanismo para poder recurrir las decisiones si no está de acuerdo en la resolución que tiene este órgano interno de control.

Con franqueza y sí agradecería que los señores legisladores que saben más de derecho administrativo me pudieran explicar esto porque si por un lado le están dando la oportunidad a la Auditoría que en materia penal puedan recurrir en la inacción de la fiscalía en materia administrativa, si no está de acuerdo pueden impugnar las decisiones del Tribunal, por qué no se le puede dar un mecanismo legal a la Auditoría para poder recurrir las decisiones de los órganos internos de control y que sabemos hoy muchas veces son los que atoran investigaciones en materia de corrupción.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias.

Son todas las participaciones que tengo anotadas hasta este momento. Quisiera hacer un comentario:

Hace unos minutos ya la Mesa Directiva nos turnó directamente la Iniciativa 3de3.

Ya no pasó el anuncio por el Pleno, entonces ya la tenemos ahora sí turnada de manera oficial. Cumplido ha el primer requisito para iniciar de manera formal.

Sí senador. Por favor.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Yo sinceramente quisiera, perdón si abuso, pero yo quisiera que volvieras a explicar el planteamiento porque estoy convencido de que ese es uno de los puntos fundamentales del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

Digo, es un tema muy técnico, lo entiendo, y muchas veces. Pero a mí me parece que es indispensable entender cómo hoy tenemos órganos internos de control, digamos, comandados, por así decirlo, por la Secretaría de la Función Pública.

Y estos órganos internos de control se convierten en las tapaderas de todo. Son los que pueden regular el proceso de combate a la corrupción.

Dicen: este funcionario no, este es compadre de este cuate; este es el primo hermano de tal senador del PRD si quieren para que no haya bronca, y es de Guerrero, y se llama Ríos Piter, para que no se vaya a sentir nadie afectado.

Pero lo que hay es una regulación a través de los órganos internos de control y hay una iniciativa, que es la del PRI, que lo que plantea es que los órganos internos de control se fortalezcan precisamente como esos entes reguladores.

Muchas de las investigaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación y vemos tomos y tomos que salen, gran escándalo porque miles de millones de pesos se pierden por la compra de las medicinas, por etcétera; pero cuando lo regresan a la Secretaría de la Función Pública ahí se muere el asunto.

Entonces, perdón que busque el mayor detalle, pero a mí me parece que ahí hay uno de los corazones de la discusión que tenemos que garantizar si queremos que verdaderamente haya combate a la misma.

Gracias.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Simplemente decir que las propuestas que han hecho los representantes de la sociedad civil me parecen demasiado relevantes. No sólo esta última, que es de las más importantes; sino en realidad todas.

Nosotros tenemos aquí un análisis del documento segundo que se repartió, y ahí la mayoría de las cosas que se dicen son coincidentes y más bien preguntaría cuál es el procedimiento que sigue, para no seguir deliberando en el aire, sino cómo se van a aterrizar todas estas propuestas.

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Nuevamente, trataré de ser muy puntual.

El proyecto establece en su artículo 62 y 63, una opción jurídica que tiene la Auditoría Superior de la Federación si no está de acuerdo en la inacción por parte de la Fiscalía Especializada en materia de delitos de corrupción y en el caso del Tribunal, de la resolución del Tribunal también la puede impugnar.

Sin embargo, actualmente cómo funcionan las investigaciones es que la Auditoría Superior de la Federación, de encontrar una presunta irregularidad, tiene que notificar de ella al órgano interno de control; y el órgano interno de control tiene que retomar la investigación y le notifica después a la Auditoría si sí dio lugar lo que presuntamente encontró la Auditoría Superior de la Federación o no.

Y además ocurren dos cosas: uno, en la forma en que se le notifica ni siquiera, digo, los que hemos podido ver ese tipo de respuestas, muchas veces no se explican los fundamentos de la decisión de este órgano interno de control; lo cual me parece muy grave en términos jurídicos.

No hay hoy, por eso yo planteaba la pregunta por ejemplo, para el senador Cervantes, que sé que sabe mucho de derecho administrativo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué figura jurídica se le tiene que dar a la Auditoría Superior de la Federación para que pudiera impugnar la decisión del órgano interno de control?

Una vía tiene que ser como lo mencioné anteriormente, y lo reiteró mi compañero Eduardo Bohórquez, que la Auditoría aunque no está de acuerdo, lo ha expresado su titular, sí tiene que ejercer la responsabilidad constitucional que se le dio el Constituyente permanente de investigación. Y en ese sentido, tendría que no estar esperándose a que el órgano interno de control siga la investigación; la propia Auditoría la podría seguir.

Si esa vía, por algún motivo no es aprobada por esta Legislatura, tendrían entonces que encontrar el mecanismo jurídico y por eso hago la pregunta muy directa a usted, senador, ¿cómo le podríamos encontrar para que la Auditoría Superior de la Federación, si ve que claramente el órgano interno de control no está fundamentando su decisión correctamente o no coincide con la resolución, pueda recurrirla?

Yo esa parte, si lo veo en los otros lados, en el del Tribunal y lo veo en el lado penal, en la parte de la Fiscalía; no entiendo por qué el proyecto no contempla un mecanismo de esta naturaleza.

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: Gracias, doctor.

Justo, ya no sé a qué hora empezamos, pero como una hora y algo platicando con el senador Encinas. Sí me gusta poner de testigo, si está de acuerdo.

Me preguntó y me dijo: “¿Cómo ves el tema de fiscalización?”. Y le decía: Yo siempre parto primero conceptual, constitucional y después lo armamos, siempre es mi forma de ser.

Dije: Tenemos que dotar a la Auditoría Superior. Como tiene una facultad de investigación, lo que en el caso de averiguación previa es un procedimiento administrativo no especificado, así dice la doctrina, o como la Comisión de Competencia Económica en la que tiene también facultades de investigación y dotado de instrumentos muy importantes que le dio este Senado en la legislatura anterior con el poder renovador de la Constitución.

Le decía: El concepto debe ser el mismo. Si estamos muy preocupados por el tema de monopolios, lo tendríamos que terminar y le dotamos de instrumentos a la Comisión de Competencia.

Si lo que queremos es, y ya será un tema de justicia penal cómo se tenía que dotar a una fiscalía, el Auditor Superior de la Federación debería tener las mismas facultades porque la naturaleza constitucional es la misma, es de investigación. Y lo que debe de tener es a las instancias necesarias para agotar, si tiene razón para poderlo llevar a cabo, y si no tiene razón perderlo también el juicio; y no ser juez y parte, que es uno de los elementos sustanciales de la Convención Interamericana y varios instrumentos en el que el que investiga no puede sancionar, entonces si aquí tiene una investigación tiene que tener una instancia.

Quedamos en la tarea de que lo que esté en este andamiaje de esta ley, poder dotarle a la Auditoría Superior el cumplimiento constitucional que lo lleve a última instancia.

Puede que esté equivocado, no prejuzguemos que el que tenga el recurso simplemente tenga la razón, pero sí que tenga el elemento para que el otro sea juez y parte cuando le instruye terminar. O un instrumento directo que pueda terminar la averiguación en ese caso, la investigación hacerla suya y poderla terminar.

Se pueden hacer varios elementos de camino con el único ánimo de hacer efectiva la facultad constitucional.

Y ya veremos en el documento, el senador Ríos Piter quiso que se repitiera hábilmente para que se hiciera fehacientemente la posición.

A mí me parece que es un elemento integrador, como dice bien la senadora Dolores Padierna. Este es un instrumento de además de varios que le generen esa facultad de investigación.

Concluyo, no podría tener una naturaleza constitucional y administrativa una investigación por un tema diferente de otro. Tendríamos que encontrar por lo menos en el dictamen una interpretación conforme constitucional sobre lo que significa el vocablo investigación y dotarlo de su efectividad, como yo le llamo: efectividad sustantiva de la norma constitucional en los instrumentos específicos para poderlo lograr.

No encuentro distingo constitucional en una investigación y otra. Entonces tendríamos que llevarlo a cabo.

Le pido a los presidentes que no tomen a crítica, porque todos hemos sido legisladores y construir un documento de trabajo es bastante complicado.

Tampoco es un asunto de omisión, no es un asunto de dirección, es un asunto de perfeccionamiento. Este instrumento se está perfeccionando.

Me gustaría ser muy claro en ese tema, porque si no pareciera que se dejan estos huecos que todas las iniciativas, todos los instrumentos tienden a ser perfectibles.

Gracias, doctor, y gracias por la pregunta.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Romo, por favor.

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Un comentario. Sería una inquietud o una pregunta a discutir o a aclarar.

Tratándose de recursos federales, pregunto o solicito la opinión o el comentario. Tengo entendido que procedimentalmente o hay algún marco jurídico o alguna obligatoriedad de que los órganos de control deben de reportar invariablemente, indefectiblemente a la Auditoría Superior para resolver todos aquellos casos donde se ha iniciado un procedimiento, cualquiera que este sea, y deben de ser validados o deben de ser aceptadas las acciones que aclaren, que precisen, que resuelvan, que subsanen, o si no finalmente darle el curso pertinente en cuanto a la sanción que deba de aplicarse.

No así desde luego, quiero pensar y estoy de acuerdo en función de lo que se está señalando, en la instancia de lo que pudiera ser el ámbito estatal o el ámbito municipal. Me queda muy claro y creo que es muy importante lo que se está diciendo, yo también coincido finalmente. Solamente para dividir o para aclarar o precisar si existe efectivamente una vía normativa en el caso de los recursos federales.

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Sí, o sea, sí existe esa vía normativa y precisamente uno de los problemas que ocurre es que cuando es de la Auditoría Superior hacia los órganos internos de control, no al revés, lamentablemente muchas veces los órganos internos de control, cuando uno observa las resoluciones respecto a los expedientes que le da la Auditoría Superior de la Federación, ni siquiera fundamenta sus decisiones.

Solamente establece que, por ejemplo, si no encuentra elementos, pues no procede, no hay un detalle de la explicación de esta resolución y sí me parece que en ese sentido, incluso el propósito de que haya una verdadera rendición de cuentas de parte de los propios órganos internos de control, se merma al tener estas omisiones como operan actualmente.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Hasta ahí tengo la lista, no sé si alguien más quiera participar. Senadora, por favor.

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Comentar un poco de los órganos de control interno.

Yo creo que hay que irnos hacia atrás y en realidad los órganos de control interno son eso, o sea, fueron conceptualizados como un ente auxiliar del ejecutivo para el control, no para la fiscalización y el control interno pues implicaba desde medidas preventivas, auditar, implementar medidas de control interno, etcétera, son como órganos auxiliares que hoy la evolución de la administración pública y las necesidades, nosotros los queramos conceptualizar ya como entes fiscalizadores, es otra cosa.

Entonces, de ellos, su desempeño y sus atribuciones dependen de normas meramente administrativas internas, de acuerdos, etcétera y son otra cosa diferente y tal vez complementaria a lo que serían los órganos de fiscalización como son la Auditoría Superior de los estados o los órganos fiscalizadores de los estados y de la federación.

Entonces yo creo que es bien importante ubicar en los términos de la administración pública, en su ejercicio, lo que son los órganos internos de control y no crear una expectativa o prever que actúen como órganos fiscalizadores internos, porque no es totalmente su función.

DOCTOR MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ: Quisiera, retomando su comentario, senadora, y sin querer abusar del uso de la palabra, es precisamente por lo que usted acaba de decir que sí se tiene que replantear, como contemplaba la parte constitucional, que en el modelo de combate a la corrupción los órganos internos de control no pueden ser esos organismos que hagan las investigaciones que inicie la Auditoría Superior de la Federación en el marco de sus atribuciones.

Justo porque el propósito original de estos órganos internos de control precisamente era mejorar la gestión de la administración pública, no tiene un propósito fiscalizador, como se ha ido derivando.

Y lo que en ese sentido me permito enfatizar es la necesidad de retomar la versión original del propósito de los órganos internos de control y cambiar el modelo de combate a la corrupción. En el documento de trabajo, desde mi perspectiva, esa parte no está bien aterrizado.

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Algo que, si analizamos cuando se instauran los procedimientos de responsabilidad administrativa, las causas por las que se desechan es precisamente por deficiencias en la integración de los expedientes de responsabilidad y que los órganos de control, en primer lugar, son multidisciplinarios y entonces estaríamos previendo en el que éstos tengan atribuciones de establecer procedimientos de auditoría forense porque entonces ya la integración de expedientes tendría pues otra connotación.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Muchas gracias.

¿Alguien más tiene algún comentario de participación? Por favor.

LICENCIADO ÓSCAR ARREDONDO: Igual para finalizar, en cuestión de, no es esta ley, es la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Cuando habla del Sistema Nacional de Fiscalización en el Artículo 34, habla de que el Sistema Nacional de Fiscalización es la instancia encargada de establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre

órganos de fiscalización federales y locales; federales, locales y municipales, homologa criterios para la detección, previsión de, bueno, ahí no entiendo mi letra.

Pero a lo que voy es que dice que es una instancia encargada de establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre órganos de fiscalización federales, locales y municipales.

Actualmente el Sistema Nacional de Fiscalización, como lo comprende la Auditoría Superior de la Federación, involucra a los órganos internos de control.

Quería saber si esto es deliberado o falta mencionar que dentro del Sistema Nacional de Fiscalización están las entidades de fiscalización y las entidades de auditoría o de control interno integrándolo. Me parece una omisión, es de esa otra ley.

También habla del Comité Rector de la Auditoría Superior de la Federación que estaría coordinado por la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación con 7 miembros rotativos y la senadora Dolores Padierna comentaba que podría haber un componente ciudadano.

Con relación a esto, pues también quizá podría haber uno de los 5 ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana que esté ahí en este Comité, en este como no como rotativo sino como permanente para tratar de ir metiendo agenda ciudadana en la fiscalización.

Es una sugerencia.

También habla de la fiscalización de los recursos federales que se quedan como garantía pero lo que vemos es que mucha deuda se garantiza con recursos locales.

Y al entrar la Federación a rescatar o a refinanciar deuda estatal, pues ya se convierte en un asunto federal y por lo tanto yo creo que también tendría que ampliarse el concepto de garantías de la Federación, pero también por garantías de recursos públicos locales en este sentido.

Y bueno, es en general. Hay más pero ya son no tan relevantes. Gracias.

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: Gracias Presidente.

Ya se terminaron las intervenciones sobre los temas de lo que sería las Reformas a la Ley de la Auditoría Superior de la Federación.

Yo quisiera preguntarles un poco si podríamos hacer una recapitulación sobre lo que ha pasado el día de ayer y hoy y un poco qué seguiría, cuáles serían los siguientes pasos a seguir en la ruta de trabajo para podernos programar para la siguiente semana.

Muchas gracias.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Hoy estaríamos dando por concluidas las 4 mesas de trabajo. Yo diría de manera general que han sido de mucho provecho.

Creo que han dejado posiciones muy claras de todos los lados. La idea es que las secretarías técnicas de las tres comisiones puedan integrar estos comentarios, estas propuestas en específico, sobre todo en esta mesa, que tuvimos propuestas muy claras en torno a artículos ya también, en el documento de trabajo.

Recibimos un documento que es un addendum al acuerdo de los presidentes de las comisiones, de cómo habremos de trabajar en los siguientes días.

Es un formato de trabajo que tenemos que platicar los tres presidentes de la comisión; desgraciadamente el senador Escudero no está ahora con nosotros, pero muy probablemente en el transcurso de la tarde nos estaremos reuniendo los tres para analizar el formato de trabajo en los siguientes días; pero ya con el objeto claro de irnos encaminando ahora sí a la dictaminación en comisiones.

Seguramente hoy por la tarde podremos tener la respuesta.

Le pediría al senador Encinas, que fue quien trabajó en la propuesta, que nos haga lectura de la misma.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, a reserva de que entre todos hay que discutir y hay que ser respetuoso con el presidente de la Comisión que encabeza el dictamen, la idea es cerrar este primer paso que dimos en el proceso de discusión, atendiendo la solicitud que hicieron los miembros de las comisiones unidas para discutir en cuatro mesas temáticas, que afortunadamente empezaron a amasar la discusión artículo por artículo en los temas que habíamos acordado; con excepción de una quinta mesa que hará el seguimiento de la discusión que la Comisión de Justicia realice en torno a la minuta de…

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: De la ley orgánica.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: La de la ley orgánica.

Ahora, como lo hemos platicado, las secretarías técnicas tendrán que hacer la conclusión para que avancemos, como lo dijimos en la mañana, en la formación de grupos de trabajo para que puedan hacerse de manera simultánea, etcétera, como se vayan integrando, de los cinco temas. Porque habrá que hacer el seguimiento, si es que se da el proceso de dictamen en las otras comisiones.

Y esos grupos de trabajo sistematizarán, harán sus discusiones para poder identificar de manera muy puntual y concreta, cuáles son los puntos de encuentro y de consenso y disenso, como ha dicho el senador Ríos Piter; y elaborar un documento de conclusiones.

Y con las conclusiones de los grupos de trabajo, iniciar ya el proceso de dictamen conforme al proceso legislativo que nos mandata el Reglamento del Senado de la República.

En tanto eso sucede y en tanto también se desarrolla este proceso, seguirán subiendo a las plataformas tanto de las comisiones unidas, en cada una de las comisiones en los micrositios, como en la que tienen las organizaciones de la sociedad civil, los documentos de análisis comparativo de las distintas propuestas que irán de manera puntual recogiendo los comentarios y observaciones que hagan los legisladores, los ciudadanos, quien quiera acceder a ellos, porque es un formato que le llaman abierto, un formato abierto sin ninguna restricción para que pueda al mismo tiempo identificarse quiénes son los promoventes y qué propuestas son las que se hacen.

Eso es en lo que hemos avanzado y esperemos esto ya discutirlo con el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, pero yo lo que quiero preguntar es por qué tenemos que esperar a que se discuta entre los presidentes, si aquí estamos instaladas las mesas, o sea, estamos instaladas las comisiones.

No sé el porqué de repente vamos a discutirlo y luego traemos un… o sea, es un poco algo que está socializado, es algo que se ha comentado, es algo que ya medianamente hemos orientado a trabajar; hay dos presidentes de las comisiones, hay integrantes, están las listas de asistencia. Lo que no entiendo es por qué tenemos que esperar a que haya un resolutivo adicional.

Sí lo digo con toda claridad porque desde la mañana, ayer por la tarde yo lo insistí, es que lo que tengamos sea claridad en cuál es el formato que sigue. Y lo dejo con toda claridad.

Un formato abierto en el cual los grupos, de la misma forma en que están estas mesas, entremos al fondo del asunto, a exhibir artículo por artículo, tema por tema, documentos abiertos, identificar quién propone qué cosa, etcétera.

Entonces, no entendería, salvo que me echen un reglamentazo que no conozca, es por qué ahora no lo podemos definir, o sea, no entiendo por qué nos tenemos que esperar a que esté el presidente de la Comisión.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Es por un asunto elemental, no es un asunto de forma, la forma es fondo y de relación entre nosotros, porque no lo hemos consultado, no ha sido posible, con el presidente de la Comisión de Anticorrupción; yo creo que es un asunto de cuidar las formas de respeto y relación entre nosotros, simple y sencillamente, porque de todos modos tomar una decisión que luego pudiera seguir entorpeciendo nuestra discusión no tendría ningún sentido.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Solamente por aclarar. No se trata de faltarle al respeto a nadie.

La pregunta es si estamos, es que hay dudas. Por ejemplo, el señor vicecoordinador del PRI dice: “Estamos en un foro” “Estamos en comisiones trabajando”, “Las comisiones tuvieron un acuerdo”, “Estamos instalados en comisiones”. Entiendo y, siendo totalmente respetuoso de la ausencia por lo que no esté el presidente de la Comisión Anticorrupción, habemos quienes como yo somos miembros de la Comisión Anticorrupción y hemos pasado lista miembros de las distintas comisiones.

Hay quórum, estamos instalados, no ha habido vacío, por así decirlo, de trabajo. Entiendo que se espere para comentarlo con el presidente, y eso no lo omito; pero lo que me preocuparía, y sí lo quiero dejar como posición de mi grupo parlamentario, es que: “de repente no nos pusimos de acuerdo en el formato que se planteó, aquí está el siguiente”.

Sí lo quiero dejar con toda claridad, porque así, por lo menos así se ha comentado, lo he comentado yo; voy a hablar todo a título personal. Lo he hablado con representantes de las organizaciones; así lo he hablado con quien está coordinando estos trabajos por parte de Acción Nacional.

Yo sí quisiera pedir a los presidentes una explicación un poco menos de que parezca que le estamos faltando al respeto al senador Escudero, no es mi intención; pero si él no está aquí, entonces cuál es la razón por la cual no podemos definir esto en este momento.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Yo creo que al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Vamos a explicar con mayor lujo de detalle.

Primero. En primer lugar, estamos en una discusión de grupo de trabajo a partir de que se instalaron las comisiones unidas y así se definió. En tanto ello, no están integradas las comisiones unidas sino los grupos de trabajo conforme a la relación que nos entregaron los propios grupos parlamentarios de la adscripción a las mesas temáticas.

Segundo. Quien encabeza el turno de dictamen es el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana que, por supuesto, en términos estrictamente de procedimiento tiene que participar en las resoluciones que de esto se derive.

Tercero. Yo creo que lo que estamos planteando aquí simple y sencillamente es un asunto de procedimiento para cuidar la relación entre nosotros, simple y sencillamente. Yo no veo ningún problema para continuar en los términos que hemos avanzado en la definición de nuestro método de trabajo y esto va a ayudar.

Yo creo que simple y sencillamente no hay ningún gato encerrado en este asunto, porque además creo que se va a proceder como lo hemos venido acordando.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Para hacer un comentario.

Yo creo que este proceso lo que busca de fondo es establecer justamente nuevas reglas, nuevos incentivos y demás en todo el modelo anticorrupción. Y, en ese sentido, como se ha dicho muchas veces, se ha procurado que el proceso sea abierto, transparente, deliberativo, como ha ocurrido.

Coincido con el senador Ríos Piter en términos de, bueno, consultarle, poner a consideración del presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana este addendum del acuerdo. ¿Eso es importante? Sí, y creo que es posible hacerlo.

Pero también en aras de la misma lógica de transparencia y de búsqueda de acuerdos, poder poner un plazo a partir del cual se establezca una claridad sobre qué es lo que sigue. Y claridad para nosotros, y claridad para quienes nos están viendo, y claridad para las organizaciones, y claridad para quienes están siguiendo el debate.

El acuerdo ahí está; es un addendum. Se firmaría por los tres presidentes de comisiones más el representante de la sociedad civil, Eduardo Bohórquez. Ya se conoció.

Pero sí ponerle aunque sea un plazo para decir en qué momento el presidente Escudero puede dar una respuesta respecto al contenido de esta propuesta, porque de otra manera dejarlo muy suelto es todo un trabajo que lleva dos días, largo, en donde han estado múltiples senadores y representantes de la sociedad, se queda de alguna manera como trunco de no saber qué sigue.

El addendum la lógica que tiene es resolver esa pregunta de qué sigue y cómo se va a procesar y me parece que es fundamental. Entonces pues poder saber más o menos los tiempos del senador escudero y guardando todo el respeto a su papel que ha desempeñado acá, pero simplemente también qué puede haber más importante que este momento.

Entonces, saber dónde anda y más o menos como a qué horas pasa por el pan.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Hay que decir varias cosas, este es un acuerdo que no tomó el senador Escudero, es un acuerdo de los tres presidentes de las comisiones, aquí habemos dos de ellos.

No hay ninguna razón para dudar, para pensar que hay gato encerrado, se han aceptado absolutamente todas las solicitudes que se han hecho.

En un primer momento fue que no se discuta artículo por artículo, por temática; fuimos a temática; que no vengan tres representantes de la sociedad civil, que vengan 21, han estado participando; no ha habido restricción de tiempo, no ha habido restricción de participaciones, no ha habido ninguna restricción como para que en este momento ahora empecemos a pensar que hay algo escondido.

Permítame senador, es una razón, como lo decía también el senador Encinas, de orden, de pulcritud, de que en una misma actitud de que este sea un procedimiento totalmente abierto, no podemos no tomar en cuenta al presidente de la comisión que lleva el primer turno en este caso.

Me parece que es totalmente atendible que lo podamos esperar, yo estoy seguro que hoy mismo por la tarde estaremos reunidos los tres presidentes de las comisiones, junto con el maestro Bohórquez también, para ver el documento y simple y sencillamente acordarlo.

Yo creo que los pasos a seguir son simplemente para establecer los tiempos que vienen. El grupo técnico ya estará incorporando pues todo lo que se ha comentado en estas cuatro mesas, al documento de trabajo de cara, como bien decía el senador Encinas, ya a tener un predictamen y que los grupos de trabajo técnicos, que también ya se acordaron desde el día de ayer, a partir de prácticamente de mañana se pongan a trabajar en ello para meternos, ahora sí, a la parte fina de todos los dictámenes que tenemos que analizar, de las leyes, perdón; para que a partir del lunes muy probablemente, sea cuando ya entremos en un proceso de dictaminación.

Son tiempos que creemos, pero que no nos atreveríamos nosotros ahora a hacerlo, sin el presidente de la Comisión Anticorrupción, me parecería totalmente un despropósito que lo hagamos así cuando las cosas, hasta ahora han caminado de manera correcta, no creo que no haya sido así.

Senador Ríos Piter, por favor.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Digo, perdón que lo diga, pero la verdad es que para que haya buena dimensión de diálogo, es: pareciera ser que están a la defensiva, perdón que lo diga así, pero así lo siento.

Pareciera ser que están a la defensiva y no es de ninguna manera esa idea. Yo, cuando no entiendo pues no entiendo, no es que sea buen entendedor o pocas palabras, no, cuando no entiendo y no me queda claro, ustedes me conocen siempre exijo, pues por lo menos ver cómo podemos especificar cosas, que en este caso cada vez se me enredan más.

Y no es que haya gato encerrado, digo, que haya gato encerrado lo ha dicho el senador Encinas y lo ha dicho usted, senador Yunes, no lo dije. Pero hay un planteamiento que creo que es pertinente, hemos hablado tantas veces del asunto de parlamento abierto, que a mí sí me interesa que lo digamos con esa puntualidad.

Se hizo un borrador de cómo quisiéramos que funcionara esto. Usted lo tiene, creo que sería pertinente leerlo. Han decidido no leerlo, bueno, por alguna razón no se leyó. Se podría leer, ¿no?

Son cosas tan básicas. Pero si el tema es “espérenos, lo vamos a revisar y lo vamos a dialogar por un asunto de cortesía”, yo entiendo el tema de la cortesía política.

Sin embargo, hay puntos que por la celeridad, la dinámica, la organización que requiere este equipo de Comisiones Unidas, porque a mí no me queda claro porque ayer sí me pasaron asistencia, pero bueno, ese ya es un planteamiento distinto.

Hemos dicho desde el día de ayer que estas mesas tenían la finalidad de exponer distintas posiciones, no hay un análisis a fondo. Estamos avanzando, sí.

Nada más que el siguiente paso realmente es indispensable para entender cómo nos vamos por una ruta o nos vamos por otra.

Una ruta puede ser: oigan, pues ese planteamiento que se leyó pues no estuvimos de acuerdo los presidentes de las mesas directivas, no estuvimos; puede ser. Y entonces viene una contra propuesta; puede ser.

La otra es, hoy, ese planteamiento en efecto lo vimos y estuvimos de acuerdo, ¿no?

¿Cuál es el segundo?, y es el que a mí me interesa defender, o por lo menos ahorita publicitar. Lo hemos construido de la mano con el senador Alejandro Encinas.

Por eso yo no hablo de que haya gato encerrado, simplemente acudiendo a las normas de parlamento abierto, ta, ta, ta, que hemos dicho, pues decir que se conformen grupos de trabajo. Que esos grupos de trabajo exhiban en documentos abiertos quién plantea qué cosa.

Que esos grupos de trabajo de quién plantea qué cosa, lleguen a una resolución medianamente formal para entender lo que queda encorchetado.

Eso es lo que dice ese documento porque yo lo alcancé a revisar y a participar en que estuviera. No hay gato encerrado, pues entonces hay que mostrarlo, hay que leerlo, ¿no?

Es un poco el rollo de parlamento abierto, punto de acuerdo que usted presentó senadora Laura Rojas.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora Tagle, y discúlpeme, ¿eh?, la verdad es que por una falta de atención mía le di antes el turno al senador Ríos Piter.

Por favor.

SENADORA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ: Yo avalo los criterios sobre los cuales se desarrollaría este addendum al punto de acuerdo porque desde ayer yo fui la que propuse que se modificara el punto de acuerdo y que se incluyeran términos de cómo se iba a discutir.

Y sobre lo que ha explicado el senador Encinas coincido plenamente que es lo que se ha venido planteando en la mesa. O sea, ese no es el tema.

Lo que sí queremos pedir para claridad es que se nos diga a más tardar hoy en la tarde noche tendremos el addendum y será conocido por todos para saber exactamente sobre qué nos vamos a guiar.

Y la otra parte que me parece importante incluir en esta parte del addendum también son los tiempos con los que se regirá ese acuerdo.

Porque se habla de establecer grupos de trabajo técnicos, cuándo se van a instalar y cuánto tiempo van a dedicarle de trabajo para que después la Comisión se siente a discutir sobre esos documentos de trabajo.

Y también tener como la ruta clara y los tiempos aproximados de para cuándo estaremos discutiendo ya un proyecto de Dictamen y por supuesto buscando llevar este tema al Pleno.

Entonces me parece que es la única puntualización que dentro del acuerdo que ha propuesto el senador Encinas, pero avalo en los términos en los que lo planteó el senador Encinas, solamente pidiendo claridad de con cuándo se podrá contar ya con este acuerdo entre los tres Presidentes de las Comisiones para nosotros también incluso definir tiempos; me parece importante, incluso liberar agendas para poderse dedicar a este tipo de temas.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias.

Estamos hablando de lo mismo. Perdón.

Nunca ha habido ninguna negativa por parte ni del senador Encinas ni mía de leer el documento.

Es tan fácil como decir: “oigan: ¿pueden leer el documento?”, y con mucho gusto le daré lectura.

Digo, creo que le estamos dando demasiadas vueltas a un tema que no tiene vueltas. Con gusto leo el documento.

Insisto en hacer mención de que no podemos tomar alguna determinación en este momento, no hay ni siquiera un miembro de la Junta Directiva de la Comisión de Anticorrupción aquí.

No podríamos tomar una determinación en este momento de aprobar o no aprobarlo, no porque no se quiera aprobar, sino es una cuestión que los presidentes de las Comisiones tenemos que reunirnos, como decía la senadora Tagle, será hoy mismo en la tarde, al menos que el senador Encinas nos diga que no pero seguramente será, no sé, en un par de horas que nos reunamos simple y sencillamente para ello.

Le doy lectura con mucho gusto. Dice:

Addendum al acuerdo de los Presidentes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con las organizaciones de la sociedad civil:

Concluidas las mesas de trabajo, se instalarán los 5 grupos de trabajo sobre problemáticas abordadas.

Los grupos de trabajo se integrarán por legisladores y representantes de la sociedad civil, quienes discutirán artículo por artículo las propuestas presentadas por los presidentes de las comisiones unidas, los grupos parlamentarios, los legisladores en lo individual y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que participen en este proceso.

Las sesiones de los grupos de trabajo serán públicas, los documentos internos de trabajo se circularán en formato abierto y editable.

Una vez concluidos los trabajos, presentarán un documento de conclusiones que identifique consenso y disensos. Con ello, continuará el proceso de elaboración del proyecto de dictamen en los términos que establece el Reglamento del Senado de la República.

En cumplimiento del compromiso público de guiar este proceso legislativo bajo los principios de parlamento abierto, se habilitarán cinco documentos abiertos a la ciudadanía, con las iniciativas de ley presentadas por legisladores, grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones unidas.

En el caso de la Ley de Responsabilidades, la iniciativa ciudadana Ley 3de3, servirá de guía para el documento. Cada uno de los documentos incluirá una tabla comparativa de las iniciativas y documentos de trabajo presentados.

Los legisladores y organizaciones civiles podrán poner en control de cambios, las propuestas, comentarios y precisiones que consideren pertinentes. Se llevará registro puntual de quién propuso los cambios correspondientes.

Estos documentos estarán a la vista de la ciudadanía en tiempo real. Eso es lo que establece el documento.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias, presidente.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Con mucho gusto.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bueno, creo que eso es lo que dije, ¿no?, de este documento, en el cual participó de su redacción el senador Armando Ríos Piter, por cierto.

Pero además, para puntualizar evidentemente las secretarías técnicas tendrán que trabajar a partir del día de hoy, seguramente jueves y viernes estos asuntos, para tener ya un documento trabajado. La instalación de los grupos tendría que ser a más tardar, el lunes de la próxima semana para que puedan sesionar de manera simultánea; no sé cómo, hay división del trabajo, no todos están repitiendo en los grupos.

Y en la medida en la que avancen los grupos de trabajo tendremos la previsión de resultados, simple y sencillamente. Nosotros no podemos estimar cuánto tiempo durará la discusión en los grupos de trabajo; esperamos que baste una sesión, dos sesiones, por lo menos para acotar los puntos de consenso y de disenso, como lo propuso en la redacción el senador Armando Ríos Piter, y así está incorporado; y con ello, continuar con la discusión que aquí hemos tenido.

¿Está claro?

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas gracias, presidentes.

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: De no haber ningún otro comentario, daremos por concluida la mesa.

Muchas gracias.

XXII. El 19 de abril de 2016, los Senadores Armando Ríos Piter y Juan Carlos Romero Hicks, en representación de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, junto a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, entregaron a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, los documentos conteniendo las propuestas comunes de Ley General del Sistema Nacional

Anticorrupción, adiciones a la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, al día siguiente, los mismos senadores remitieron el documento relativo a la propuesta Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

XXIII. El 27 de abril de 2016, los Senadores Pablo Escudero Morales y Raúl Cervantes Andrade, enviaron a los Coordinadores Parlamentarios del PRI y del PVEM, Senadores Emilio Gamboa Patrón y Carlos Puente Salas, los 5 proyectos de la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción que elaboraron en conjunto con los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, construidos a partir del contenido de todas las iniciativas presentadas por los legisladores de los diversos Grupos Parlamentarios, así como la iniciativa ciudadana “3de3”; y como resultado de un análisis técnico–jurídico de las normas constitucionales y legales en la materia, los instrumentos internacionales aplicables, las resoluciones y criterios que han emitido, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones emitidas por instancias nacionales e internacionales; mismos que fueron hechos públicos y entregados a las Comisiones Dictaminadoras.

XXIV. Con fecha 28 de abril del 2016, se recibió escrito signado por el Mtro. Eduardo Bohórquez, en su carácter de “Enlace de las organizaciones sociales que han sido invitadas al ejercicio de parlamento abierto en torno a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción”, que se señala:

“Tras consultar al grupo de organizaciones de la sociedad civil que ha venido participando en los diálogos en torno de las leyes que deben ser aprobadas por el Congreso de la Unión para darle vida al Sistema Nacional Anticorrupción, me permito reaccionar al oficio fechado el día de ayer –en el que comunican a los senadores Emilio Gamboa Patrón y Carlos Alberto Puente Salas sobre los resultados de esas conversaciones.

Deseamos expresar a ustedes que, en efecto, coincidimos con los contenidos sustantivos de los proyectos que se han elaborado a lo largo de esos diálogos y reconocemos el esfuerzo realizado para recuperar nuestras observaciones en cada uno de ellos, incluido el que se haya tomado como base nuestra iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Es nuestra opinión compartida que dichos proyectos deben ser llevados a la brevedad posible al seno de la Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, a fin de continuar con el proceso legislativo en curso. Si bien hemos sido testigos de que su construcción se basó en las iniciativas presentadas previamente por legisladores de diversos partidos políticos, así como en la iniciativa ciudadana que promovimos las organizaciones sociales que hemos colaborado en este esfuerzo colegiado, también consideramos de la mayor relevancia que los proyectos cuenten con el mayor respaldo posible de las fuerzas políticas que nos representan en el Congreso de la Unión. Nos consta que la autoría de estos proyectos es el resultado de las deliberaciones que han ocurrido durante varios meses entre todos los partidos y la sociedad civil y por ello creemos que es indispensable concluir formalmente este proceso, en busca del consenso que reclama el combate a la corrupción en México.

En este sentido, es necesario subrayar que el paquete legislativo al que ustedes se refieren incluye solamente cinco de las siete reformas que consideramos indispensables para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere con eficacia. Aunque estamos de acuerdo con el contenido sustantivo de los proyectos presentados, es nuestra opinión que el Poder Legislativo debe completar esta tarea con las reformas faltantes en materia penal. Estimamos imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción. Sin esos dos cambios adicionales, el Sistema nacería incompleto y este esfuerzo sería insuficiente. Respetuosamente, los llamamos a evitar que las reformas penales, que constituyen una pieza fundamental en el diseño del Sistema, queden excluidas del debate legislativo en curso.

Finalmente, consideramos que la importancia de esta reforma amerita que nuestros legisladores no descarten la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, con el propósito explícito de desahogar el proceso legislativo al que nos referimos, en las mejores condiciones de deliberación abierta y franca entre todos los grupos parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil que hemos sido invitadas a este diálogo, siguiendo los principios del parlamento abierto. Como ustedes saben, el plazo constitucional que está corriendo en la materia es todavía suficiente para completar las siete reformas mencionadas, con los mejores contenidos y el mayor consenso posibles.

Por nuestra parte, reiteramos nuestro reconocimiento a su apertura para escuchar e incorporar nuestras propuestas, así como nuestra decisión de mantener el diálogo abierto con todos los grupos parlamentarios que nos representan en el Congreso de la Unión, de buena fe y con nuestra más sincera convicción de contribuir al nacimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción completo y eficaz”.

XXV. El 30 de mayo de 2016, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, celebraron una reunión en la que se presentó, discutió, y aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas que contiene proyecto de Decreto por el que se expiden, reforman, adicionan y derogan diversas leyes secundarias en materia de combate a la corrupción.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

A continuación se expone una síntesis del contenido de las iniciativas catalogadas, por Grupo Parlamentario y posteriormente la iniciativa ciudadana:

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

La iniciativa propone reformar la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, para incluir a las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias, al igual que a los órganos reguladores coordinados en materia energética7 dentro del abanico de instituciones públicas contratantes cuya actuación se regula por la esta ley.

Asimismo, la iniciativa reforma la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de facultar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que conozca de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos relativos a los actos administrativos emitidos por las empresas productivas del Estado con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo.

La iniciativa señala que las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando se impugnen actos administrativos de las empresas productivas del Estado dictados con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial.

Finalmente, la iniciativa tiene por objeto modificar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para incluir dentro de la ley la impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado y lo define como el juicio contencioso administrativo federal que en vía sumaria se promueve contra los actos administrativos dictados por las empresas productivas del Estado con motivo de los concursos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleven a cabo conforme a su régimen especial. Así, las sentencias definitivas derivadas de la impugnación de contrataciones convocadas por las empresas productivas del Estado deberán cumplirse por la autoridad en el plazo de diez días a partir de que les sean notificadas, salvo que se conceda la suspensión. En los casos en que existan contratos derivados de los fallos que se declaren nulos, dichos acuerdos serán válidos y exigibles desde su suscripción y hasta el cumplimiento de la sentencia, debiendo darse por terminados anticipadamente sólo cuando la reposición del fallo implique la adjudicación a favor de un licitante diverso, se declare desierto el concurso o se haya decretado su nulidad total.

2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

La iniciativa propone reglamentar los artículos 73 fracción XXIV y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, así como establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los distintos Poderes, órganos e instituciones del Estado Mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para identificar, prevenir y sancionar hechos de corrupción.

Los objetivos de la Ley propuesta son:

Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas y los municipios;

Establecer bases mínimas de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, faltas administrativas, así como de fiscalización y control de recursos públicos;

Establecer políticas públicas integrales en el combate a la corrupción;

Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, el combate a la corrupción, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;

Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;

Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización;

Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas de información de seguimiento de la evolución patrimonial y declaración de intereses, compras públicas; así como la vinculación con los demás sistemas de información para la detección de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como sustentar investigaciones y para captar denuncias, proteger denunciantes y testigos, y recompensar denunciantes.

Implementar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Establecer las bases para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana y propiciar la participación de la sociedad civil en la prevención de hechos de corrupción, y faltas administrativas.

La iniciativa sugiere como sujetos de la ley a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de los tres Poderes de la Unión, de los organismos constitucionales autónomos y los constitucionales autónomos señalados en las constituciones locales, así como los particulares; y como principios rectores que rijan al servicio público se establecen la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía e integridad.

El Sistema Nacional Anticorrupción, señala la iniciativa, tendrá por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer y articular la política en la materia.

El Comité Coordinador del Sistema, conforme a lo propuesto por la iniciativa, será la instancia responsable de establecer e implementar políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas; así como de la fiscalización y control de recursos públicos y de los mecanismos de suministro e intercambio, sistematización y actualización de la información sobre estas materias.

La iniciativa propone que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tenga las siguientes atribuciones:

El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción.

El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones.

El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos.

La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades para que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

Establecer una plataforma digital única que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e información para verificar los intereses y patrimonio de los servidores públicos, así como para monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos.

Establecer los sistemas digitales de recepción de declaraciones, de control de datos, y de verificación de la información declarada por los servidores públicos.

Designar o remover por unanimidad de votos al Secretario Ejecutivo del Sistema.

Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación.

Evaluar del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema Nacional.

Destinar por conducto el Secretario Ejecutivo, recursos financieros para el gasto corriente del Comité de Participación Ciudadana para el cumplimiento de sus atribuciones.

Así pues, la iniciativa dispone que los integrantes de Comité Coordinador serán:

El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

El titular de la Secretaría de la Función Pública;

El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

Quien presida del organismo garante de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;

Un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y

Un representante del Comité de Participación Ciudadana.

La iniciativa propone que el Presidente del Sistema Nacional, sea designado de manera rotativa y por un periodo de un año; y cuya designación sea sólo de entre las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional.

Las atribuciones del Presidente del Sistema Nacional, como lo señala la iniciativa, serán presidir las sesiones y representar al Sistema Nacional; convocar a las sesiones; vigilar que los objetivos del Sistema sean cumplidos; y proponer al Secretario Ejecutivo.

La iniciativa dispone que el Comité Coordinador se reúna en sesión ordinaria cada tres meses y el Secretario Ejecutivo podría convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición de la mayoría de los integrantes del Sistema Nacional; no obstante, para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes y las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en el caso del diseño y promoción de políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción que, en su caso, deberán ser aprobadas por unanimidad.

El Sistema Nacional Anticorrupción, como lo propone la iniciativa, contará con un Secretario Ejecutivo, órgano operativo del Sistema que durará siete año, sin posibilidad de reelección y quien gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal, así como contar con el personal necesario para realizar sus atribuciones, objetivos y fines.

Asimismo, la iniciativa presentada señala como causales de remoción del Secretario Ejecutivo, utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden; dejar sin consecuencia las revisiones e investigaciones que realice; sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que tenga a su cuidado o custodia; e incurrir en alguna de las infracciones mencionadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta remoción requerirá de cinco votos del Comité Coordinador incluido el voto del representante del Comité de Participación Ciudadana.

Por otra parte, la iniciativa establece que el Comité de Participación Ciudadana es el órgano integrante del Sistema Nacional cuyo objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción, el cual estará integrado por cinco ciudadanos que durarán en el cargo dos años y serán designados de manera escalonada; su encargo será honorario pero tendrán los recursos suficientes para llevar a cabo sus atribuciones.

Los requisitos que señala la iniciativa para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, los siguientes:

Ser ciudadano mexicano, con pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y que se haya destacado por su contribución a la transpaencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Haberse desempeñado cuando menos tres años en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia anticorrupción.

No haber ocupado cuando menos cuatro años antes de su designación, algún cargo de elección popular, ni haber militado en algún partido político.

La iniciativa propone que el representante del Comité del Participación Ciudadana en el Comité Coordinador del Sistema Nacional será electo con el voto de la mayoría de sus integrantes; asimismo, el Comité de Participación Ciudadana se reunirá públicamente en sesiones ordinarias cuando menos una vez al mes y de forma extraordinaria cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes; y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

La iniciativa presentada señala que el Comité de Participación Ciudadana contará con un Consejo Consultivo cuya principal función será designar y sustituir a los integrantes de dicho Comité y actuará como instancia de consulta, asesoría y apoyo. Este Consejo Consultivo se integraría de manera honoraria por un número impar, no menor a cinco y hasta quince representantes de las organizaciones de la sociedad civil, y su organización, funcionamiento y administración quedarán establecidos en las normas de carácter interno que se emitan.

Así pues, la iniciativa sugiere que el Consejo Consultivo emita una convocatoria pública, para seleccionar hasta veinte candidatos, entre los que se designarán a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y éstos podrán ser sustituidos por solicitud del Consejo Consultivo.

La iniciativa indica que el Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

Aprobar sus normas de carácter interno.

Diseñar los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención, denuncia y detección de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como la evaluación del desempeño y supervisión del Sistema Nacional.

Proponer al Comité Coordinador los lineamientos generales de actuación del Sistema.

Emitir opinión respecto de los informes que el Sistema emita a los Poderes de la Unión.

Emitir opinión respecto del registro y designación de testigos sociales.

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil para establecer una red de participación ciudadana.

Celebrar convenios de colaboración con instituciones en la materia para elaborar investigaciones sobre las políticas públicas.

Proponer al Comité Coordinador políticas públicas.

Aprobar las políticas públicas propuestas por el Comité Coordinador.

Elaborar un informe anual de carácter público que contenga los avances y los resultados del ejercicio de sus atribuciones y de la aplicación de políticas públicas.

Objetar la selección de nombramientos de Titulares de los Órganos Internos de Control, en un plazo no mayor a treinta días.

Aprobar la propuesta del Comité Coordinador del nombramiento del Secretario Ejecutivo.

Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para vigilar el desempeño de sus funciones.

Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades correspondientes.

La iniciativa propone crear un fondo para que el Comité de Participación Ciudadana pueda elaborar estudios e investigaciones, con el dinero recuperado por actos de corrupción, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.

Esta iniciativa señala que en las entidades federativas habrán de establecerse Sistemas Locales Anticorrupción encargados de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en sus respectivos ámbitos de competencia, por lo que estos Sistemas Locales Anticorrupción se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura, integración y funciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los Comités Estatales de Participación Ciudadana, sugiere la iniciativa, se integrarán por entre tres y cinco ciudadanos que durarán en el cargo dos años y serán designados de manera escalonada; asimismo, los Consejos Consultivos de los Comités Estatales se integran de manera honoraria por un número impar no menor a tres y hasta nueve representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa dispone que los Sistemas Locales Anticorrupción podrán proponer al Sistema Nacional Anticorrupción acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de coordinación.

La iniciativa define el control interno como un proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción. Así pues, los entes públicos tendrán órganos internos de control y serán responsables de establecer una estructura de vigilancia adecuada y una estructura organizacional necesaria que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos y que prevenga, disuada y detecte actos de corrupción, que brinde información confiable y de calidad.

Por otra parte, la iniciativa establece como órganos de control externo del Sistema Nacional Anticorrupción la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Auditoría será el órgano responsable de vigilar la cuenta pública para identificar posibles irregularidades en los recursos y participaciones federales que se ejercen

en la federación, los estados y municipios; y la Fiscalía investigará con las más amplias facultades y consignará ante jueces federales posibles delitos relacionados con actos de corrupción, así como conocer de las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito, de las acciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas del informe rendido a la Cámara de Diputados y de las responsabilidades promovidas por la Auditoría para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos.

Asimismo, la iniciativa indica que el Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, a fin de homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.

La iniciativa propone que el Sistema Nacional de Fiscalización fomente el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización; de igual forma, para el fortalecimiento del papel de la fiscalización, la Auditoría y las entidades de fiscalización superior locales deberán promover la determinación y fincamiento de responsabilidades a los funcionarios públicos, a fin de contribuir a la mejora gubernamental y la rendición cuentas a nivel nacional.

La iniciativa señala que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización celebraran reuniones ordinarias cada seis meses y reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario, a efecto de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteadas. Al respecto, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización:

La Auditoría Superior de la Federación;

La Secretaría de la Función Pública y órganos de control interno que dependan de ésta;

Las entidades de fiscalización superior locales, y

Los órganos estatales de control.

Esta iniciativa sugiere que el Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de su Secretario Ejecutivo desarrolle, administre, implemente y ponga en funcionamiento la plataforma digital única que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Plataforma estará conformada por los siguientes sistemas:

Sistema de Evolución Patrimonial y de declaración de intereses.

Sistema de Compras Públicas;

Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados;

Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización;

Sistema de denuncias públicas de actos de corrupción.

La iniciativa señala que todo servidor público estará obligado a rendir la Declaración Patrimonial y la Declaración de Intereses, para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que cumple con los principios constitucionales y responde al mandato democrático depositado en su función, las cuales estarán disponibles al público, así como la Declaración Anual de Impuestos, con excepción de datos personales sensibles, conforme a la ley de la materia. Por ello, el ocultamiento, mentira o engaño en la información declarada sobre sus intereses o patrimonio, o el de sus dependientes económicos, será sancionada como un acto de corrupción grave.

Así pues, la iniciativa dispone que los servidores públicos estarán obligados a rendir las declaraciones una vez al año, con las modificaciones correspondientes si las hubiere y dentro de los 30 días siguientes a al inicio o conclusión del cargo que ocupen o hayan desempeñado y el Comité Coordinador dará seguimiento cada año a la evolución patrimonial de los servidores públicos, por lo que en caso de encontrar inconsistencias u omisiones con la intención de ocultar información, se hará del conocimiento de la Fiscalía para el ejercicio de las acciones jurídicas correspondientes. En la declaración patrimonial se deberá informar de forma completa y veraz el nombre del funcionario público y el cargo que ocupa y la fecha de la declaración, también sobre los activos y pasivos tanto, en el país como en el extranjero, del declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, así como sobre aquellos bienes que usa, goza, aprovecha o administra frutos sin que sean de su propiedad y sobre las distintas fuentes de ingreso con las que cuenta.

La iniciativa propone que la declaración patrimonial deba contener datos del declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, de al menos:

El detalle de las cuentas corrientes y de ahorros, en bancos e instituciones del sistema financiero públicas y privadas; cooperativas de ahorro y crédito público; cajas de ahorros; y cuentas bancarias en el extranjero.

El detalle de las inversiones, depósitos a plazo, valores bursátiles, fideicomisos en el país y en el extranjero, fondos de inversión en organizaciones privadas, en monedas y metales y otras inversiones financieras.

El detalle de acciones y participaciones en sociedades o empresas, fundaciones nacionales o extranjeras, con la identificación del valor nominal y de mercado.

El detalle de derechos fiduciarios, derechos adquiridos por herencia, activos obtenidos en virtud de derechos de propiedad intelectual.

Detalle de cuentas por cobrar, el valor del crédito, garantías otorgadas, y el saldo a la fecha de la declaración.

Detalle de vehículos del declarante.

Detalle de otros bienes muebles del declarante.

Detalle, descripción y valor de los bienes inmuebles.

Identificación del usufructo legal o de hecho sobre bienes muebles e inmuebles.

Detalle de pasivos.

Detalle de tarjetas de crédito.

Por otra parte, la iniciativa señala que la declaración de intereses tiene como finalidad identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un servidor público, por lo que esta declaración deberá informar de forma completa y veraz el nombre del funcionario público, el cargo que ocupa y la fecha de la declaración, también sobre los intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares hasta el segundo grado y dependientes económicos.

En lo que respecta al Sistema Nacional de Compras Públicas, la iniciativa lo define como la plataforma transaccional creada con el objeto de digitalizar todos los procesos de compras públicas buscando que todos los trámites y procedimientos entre los proveedores y autoridades se realicen de forma electrónica. También, deberá crear mercados virtuales, es decir, plataformas electrónicas donde las dependencias gubernamentales informen sobre sus necesidades de compra, elijan las mejores ofertas registradas por los proveedores y realicen la transacción en línea.

Por otra parte, la iniciativa establece el Sistema de Información de Compras Públicas que deberá digitalizar todos los procesos de compras y contendrá al menos:

Padrón de proveedores.

Normatividad de compras públicas.

Definición de requerimientos y Plan Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.

Contenido mínimo del programa anual:

Todas las licitaciones que la dependencia, entidad o unidad administrativa tenga proyectadas durante el año.

Convocatorias y bases (en su caso, modificaciones).

Junta de aclaraciones.

Información sobre proveedores incumplidos o sancionados.

Fallo de la adjudicación.

El nombre del ganador de la licitación, así como las evaluaciones con base en las cuales se determinó que ese participante ofrecía la mejor propuesta.

Información de los contratos.

Publicación del padrón y de los reportes de los testigos sociales.

Publicación de auditorías.

Publicación de estadísticas.

Participación de actores externos en los procedimientos de contratación.

Presupuesto disponible.

Investigaciones de mercado.

Evaluación de las propuestas.

Las contrataciones que se hayan celebrado, detallando por cada contrato.

En el apartado del Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados la iniciativa señala que éste tiene como finalidad que aquellos servidores públicos que hayan sido sancionados por faltas graves de corrupción, sean del conocimiento público, a efecto de que todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, sus titulares, y servidores públicos, estén obligados a revisarlo antes de realizar cualquier contratación de algún servidor público y no puedan contratar a alguien que aparezca en dicho sistema. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados deberá actualizarse cada mes y contener la siguiente información:

Nombre del servidor público sancionado.

Órgano, institución, dependencia o entidad del Estado mexicano en la que laboraba.

Causal de la sanción y fecha de la resolución.

Tipo de sanción y vigencia de la misma.

Monto de la caución impuesta, en caso de multa.

La iniciativa presentada indica que el Sistema Nacional de Fiscalización contará a su vez con un Sistema de información y comunicación que será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos de auditoría gubernamental del país, incluidos los órdenes federal, estatal y, eventualmente, municipal; a fin de que las instituciones de auditoría gubernamental del país en los tres órdenes de gobierno puedan procesar apropiadamente la información de las diversas instituciones relativas a cada uno de los procesos operativos de la fiscalización para fortalecer el control interno y externo; por lo que deberá contemplar, al menos, con el Programa anual de auditorías; el Informe de resultados, estatus de observaciones y acciones emitidas; las Funciones para la recopilación de la información; la integración de una base de datos única con parámetros de confidencialidad que permita emitir reportes y toda la información contenida en éste Sistema deberá estar vinculado con el Sistema Nacional de Transparencia.

Finalmente, la iniciativa propone que toda denuncia contra actos de corrupción o faltas administrativas de origen a un procedimiento de investigación ante la autoridad competente, siempre y cuando cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos; así, en el Sistema de denuncias públicas contra actos de corrupción se encontrará la información completa de todas las denuncias contra actos de corrupción o faltas administrativas, presentadas por cualquier medio previsto en la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El Comité de Participación Ciudadana se coordinará con el Secretario Ejecutivo para vigilar, verificar y evaluar los procedimientos que realicen las áreas correspondientes respecto del registro, clasificación, turno, seguimiento y evaluación de las denuncias contra actos de corrupción o faltas administrativas.

La iniciativa señala que con el objeto de promover la denuncia ciudadana, el Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer un sistema de recompensas para la denuncia en casos relevantes; mecanismos eficaces para la protección de denunciantes, y mecanismos eficaces para la protección de testigos.

La iniciativa define la Rendición de Cuentas como una función básica de todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, y de cada servidor público que las integra y esto implica:

Transparencia en el ejercicio diario de sus funciones;

Documentación y registro de las funciones básicas;

Evaluación periódica del desempeño y de los resultados obtenidos;

Informes periódicos, sistemáticos y detallados sobre sus funciones y resultados;

Asignación de consecuencias institucionales y personales por faltas u omisiones.

Por otra parte, la iniciativa establece que será de orden público establecer políticas integrales de educación y capacitación, tanto en el servicio público, como para niños y adolescentes, en los distintos niveles del sistema educativo, sobre los distintos tipos de corrupción, sus características y sus consecuencias.

La iniciativa propone, finalmente, que para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción, se utilizarán mecanismos como el Testigo Social; las Auditorías Sociales para proyectos de alto impacto comunitario, o las Redes de participación ciudadana.

b. Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por otra parte, la iniciativa sugiere distintas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de establecer que cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos.

La iniciativa retoma a la Secretaría de la Secretaría de la Función Pública como una de las dependencias del Poder Ejecutivo de la Unión para el despacho de los asuntos del orden administrativo.

La iniciativa establece que la Secretaría de la Función Pública corresponderá el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:

Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores estratégicos;

Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad, que estimulen el desempeño, evaluación y cumplimiento de resultados.

Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública.

Vigilar el cumplimiento de las normas de control así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno.

Vigilar, en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación, el cumplimiento de las normas fiscalización así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno.

Realizar investigaciones y auditorias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control, conforme a las reglas y bases generales que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.

Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores.

Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública, y emitir conforme a las bases que determine el

Sistema Nacional Anticorrupción, las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos.

Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Opinar previo a su entrada en vigor, sobre las políticas, normas y criterios correspondientes en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros.

Designar, llevar a cabo el registro y mantener un padrón actualizado de los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño.

Designar delegados de la propia Secretaría y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal.

Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría, y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales.

Colaborar y coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades.

Informar al Sistema Nacional Anticorrupción y al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión.

Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, donde se incluirán, las declaraciones patrimoniales, de intereses y su evolución, así como la información sobre las sanciones administrativas.

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos en la plataforma y verificar y dar seguimiento a la evolución patrimonial de los mismos.

Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias.

Implementar las acciones de participación ciudadana que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción en la celebración de convenios o contratos que celebren con los particulares, las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas, presentar denuncias ante el Ministerio Público; y remitir para su sanción al Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública y sus modificaciones.

Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal;

Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal.

Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos.

Administrar los inmuebles de propiedad federal.

Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación.

Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general.

Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del Procurador General de la República;

Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas.

Promover y coordinarse las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico, en términos de las disposiciones aplicables.

Finalmente, la iniciativa propone también que el nombramiento que someta el titular del Ejecutivo Federal a ratificación del Senado de la República, precise si existen relaciones de amistad ente el nombrado y el Presidente de la República o cualquiera de sus Secretarios de Estado; y establece como requisitos para su nombramiento:

No haber sido miembro del mismo partido político que haya postulado al titular del ejecutivo en funciones.

No haber sido candidato por el partido político que haya postulado al titular del ejecutivo.

No tener relaciones de afecto o amistad estrecha ni con el Presidente o con los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal.

3. INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

La iniciativa señala que esta ley es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los distintos Poderes, órganos e instituciones del Estado mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para identificar, investigar, sancionar y prevenir actos de corrupción.

Esta iniciativa indica que serán objetivos de esta Ley:

Distribuir competencias en el proceso sancionatorio, entre los Órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción;

Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para identificar, investigar y sancionar actos de corrupción;

Establecer las conductas administrativas graves que en cualquier circunstancia deberán ser consideradas actos de corrupción;

Establecer las sanciones que serán imputadas a estos actos, y los medios de ejecución para garantizar su eficacia;

Establecer las bases mínimas para crear los sistemas de captación de denuncias, protección de denunciantes y testigos, y recompensas para denunciantes;

Establecer la obligación de todo servidor público de rendir con oportunidad y veracidad sus declaraciones patrimonial y de intereses, así como establecer las bases del funcionamiento de los sistemas que las alojarán, y la forma de hacerlas públicas;

Crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio;

Crear las bases que deberán observarse en la generación de canales adecuados de participación ciudadana en el combate a la corrupción y la creación de una cultura de una ética pública, que contribuya a la consolidación de la democracia; y

Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

La iniciativa dispone que cada servidor público estará obligado a rendir, de manera periódica y veraz una Declaración Patrimonial y una Declaración de Intereses, que estarán disponibles al público, junto con su declaración anual de impuestos, exceptuando los datos personales. El Sistema Nacional será responsable de crear una plataforma digital que conecte los distintos Sistemas que poseen datos e información necesaria para verificar los intereses y patrimonio de los servidores públicos.

La iniciativa señala que todas las personas que presten sus servicios al Estado Mexicano, a través de cursos, talleres, seminarios o de cualquier otra forma, deberán ser informadas y capacitadas sobre sus obligaciones éticas y sobre las consecuencias de incumplir con ellas.

La iniciativa propone que los servidores públicos cuenten con los siguientes deberes:

Evitar usar su empleo, cargo o comisión para obtener beneficios privados, para sí, o para personas cercanas a ellos.

Evitar tener intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño de sus facultades y obligaciones.

Hacer todo aquello que esté a su alcance para realizar adecuadamente sus funciones.

Evitar realizar cualquier trato o promesa privada o no autorizada, que comprometa al Estado.

Actuar de manera imparcial, y no brindar ventajas o tratos preferentes a ninguna persona.

Cuidar el Patrimonio del Estado, conservarlo y no utilizarlo ni comprometerlo para beneficio privado.

Evitar tener empleos o actividades externas que entren en conflicto con sus obligaciones, funciones y facultades como servidor público.

Denunciar todo acto de corrupción del que tenga conocimiento.

Cumplir con todas sus obligaciones derivadas de su carácter de ciudadanos mexicanos.

Evitar cualquier conducta que vaya en contra del artículo 1° Constitucional.

Evitar cualquier transacción comercial o financiera, en la que utilicen información o documentación gubernamental que no es pública.

Evitar aceptar cualquier tipo de regalo o donación que tenga como propósito ganar su favor o voluntad, o pueda influenciar su objetividad e imparcialidad.

A su vez, iniciativa define como actos de corrupción: el soborno, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo del producto del ilícito, la obstrucción, la colusión, la extorsión, la simulación, la utilización ilegal de información confidencial y el nepotismo. La iniciativa las define como se presenta a continuación:

Soborno: el servidor público que exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir, un beneficio adicional a sus contraprestaciones legales, a cambio de hacer, o dejar de hacer, aquello que son sus funciones, o que quien otorga el beneficio extra legal, cree que son sus funciones.

Malversación: quien se apropia de recursos públicos, o destina recursos públicos a un uso ajeno a su función, que provoca un daño o perjuicio al erario.

Peculado: quien hurta recursos del erario, confiados su administración, utilización o resguardo.

Desvío: quien utiliza recursos públicos para un fin privado.

Tráfico de Influencias: el servidor público que solicita o acepta un beneficio indebido que redunde en su provecho, con el fin de abusar de su influencia real o supuesta, para obtener de una autoridad del Estado un beneficio indebido para un tercero.

Abuso de Funciones: quien realiza u omite un acto en contravención a la ley, o en exceso de sus funciones legales, para obtener un beneficio indebido para sí o para otra persona.

Enriquecimiento ilícito: el servidor que miente en su declaración patrimonial o en su declaración de intereses, para esconder bienes o recursos; que esconde bienes o recursos que utiliza para beneficio propio, o goza de los frutos de éstos; que utiliza a terceras personas, físicas o morales, para poseer materialmente bienes, sin convertirse en propietario legal; o posee un patrimonio notoriamente superior a los ingresos legales declarados en su trayectoria como servidor público.

Blanqueo del Producto del Ilícito: quien convierte o transfiere, recursos o bienes, a sabiendas de que éstos son producto de un acto ilegal, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de aquellos, o ayudar a cualquier persona involucrada a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

Obstrucción de la Justicia: quien hace uso de fuerza física, violencia moral, como amenazas o intimidación, o una promesa, un ofrecimiento o una concesión de un beneficio indebido, para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de actos de corrupción.

Colusión: quien genere acuerdos comerciales o económicos ocultos para obtener ventajas frente a otros competidores, en detrimento del patrimonio o intereses del Estado.

Extorsión: quien obliga con violencia de cualquier tipo o amenazas, a un servidor público a emitir un acto administrativo, o dejar de hacerlo; un acto administrativo en un sentido específico; una resolución en un sentido específico, o en un tiempo irregular; y suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento, información o algún bien, con el fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o beneficio.

Simulación: quien actúa o interviene frente al Estado, en nombre propio pero en interés de otra u otras personas físicas o morales que se encuentren impedidas legalmente para participar en algún procesos jurídico, por actos ilegales previos, o por no cumplir con los requisitos pre establecidos.

Utilización de información o documentación falsa: quien las presenta en un trámite o proceso del Estado, a sabiendas de su ilegitimidad, con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.

Nepotismo: el servidor público que ofrece, otorga o promete ventajas indebidas a miembros de su familia, al utilizar sus facultades o el poder fáctico que el empleo, cargo o comisión le otorgan.

La iniciativa señala que la investigación que precede al procedimiento administrativo sancionador iniciará de oficio o por denuncia, a través de cualquier medio de información, denuncia verbal o señalamiento que exponga un caso de corrupción. Así, el Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer un Sistema de Recompensas para la denuncia de casos relevantes; de mecanismos eficaces para la protección de denunciantes; y mecanismos eficaces para la protección de testigos.

Asimismo, para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción, la iniciativa propone que se utilicen, entre otros, la figura del Testigo Social; las Auditorías Sociales para proyectos de alto impacto comunitario; y las Redes de participación ciudadana.

La iniciativa indica que una vez recibida la denuncia, si las autoridades competentes advierten la posible existencia de actos de corrupción, iniciarán la etapa de investigación. Las autoridades encargadas de investigar posibles actos de corrupción serán:

La Auditoría Superior de la Federación.

Los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Sus homólogos en las entidades federativas.

Los órganos internos de control de organismos constitucionalmente autónomos.

Los órganos Internos de control de los entes públicos federales.

Las contralorías internas de las empresas productivas del Estado.

Los órganos internos de control de los entes públicos estatales y municipales.

La iniciativa propone que las autoridades investigadoras integren unidades especializadas en los temas y las materias que se requieran como contrataciones públicas; obra pública; sistemas digitales; patrimonio del Estado; y manejo de recursos financieros y presupuestales; Asimismo, las investigaciones iniciarán por tres vías básicas: por denuncia, por auditoría y de oficio.

La iniciativa señala que una vez recibida una denuncia, las autoridades investigadoras procederán a la pre-clasificación de los hechos, y darán prioridad a aquellas denuncias que traten sobre violaciones graves a los derechos humanos básicos de las personas; afecten a la integridad o libertad física de las personas; por posibles redes de corrupción; y los actos en los que sea factible la desaparición de pruebas o probables responsables. Una vez radicada la investigación en la unidad especializada correspondiente, se estudiará si se requieren medidas precautorias para resguardar los elementos que puedan servir de prueba, como la suspensión temporal o el embargo precautorio de bienes.

La iniciativa propone que para la investigación e identificación de redes, las autoridades investigadoras podrán utilizar estrategias como la del Usuario Simulado para documentar actos de corrupción en tiempo real por lo que podrán utilizar medios de grabación y registro ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que suceden los hechos.

Conforme a lo dispuesto por la iniciativa, el expediente que resulte de la investigación tendrá como objeto determinar la probable responsabilidad de los probables involucrados. Cuando los actos documentados en el expediente, coincidan con alguno de los supuestos de corrupción lo turnarán al Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda. En su caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será competente para conocer de todos aquellos casos que involucren a una persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal; en los organismos constitucionalmente autónomos; y aquellos casos que involucren a Gobernadores Estatales, Diputados de Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de Ayuntamientos.

La iniciativa indica que habrá acumulación de procesos cuando se trate de concurso de actos de corrupción; cuando se investiguen actos de corrupción conexos; así como en aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo acto de corrupción o se investigue un mismo acto de corrupción cometido en contra de diversas instituciones.

La iniciativa señala que Magistrado que instruye el proceso podrá imponer las siguientes medidas cautelares:

La exhibición de una garantía económica;

El embargo de bienes;

La inmovilización de cuentas y demás valores del sistema financiero;

La prohibición de salir sin autorización del país;

El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada; y

La suspensión temporal en el servicio público

Así pues, la iniciativa indica que una vez recibido el expediente de la autoridad investigadora, se turnará al Magistrado de la Sección Especializada que corresponda, quien deberá revisar si se encuentra debidamente integrado; si se realizaron todas las diligencias necesarias; si el acto o está debidamente calificado; y si se puede inferir la probable responsabilidad de otros servidores públicos. Si considera que el expediente no está debidamente integrado podrá regresarlo a la autoridad encargada de la investigación, con instrucciones y direcciones sobre lo que se requiere para su debida radicación. En caso de que el expediente esté debidamente integrado, el Magistrado procederá a su radicación, lo que dará lugar al procedimiento de instrucción:

Citará al probable responsable a una audiencia, para que declare en torno a los hechos que se le imputan.

Concluida la audiencia, se concederá al probable responsable un plazo de 20 días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba pertinentes

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, la autoridad realizará una revisión de los autos que integran el procedimiento de responsabilidad administrativa, a efecto emitir el acuerdo que declarará cerrada la instrucción del procedimiento.

Finalmente, resolverá dentro de los 60 días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

La iniciativa señala que para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los siguientes elementos:

La gravedad de la responsabilidad.

El grado y forma de participación en los hechos.

El tipo de funciones del servidor público y el impacto del acto a la sociedad.

El nivel jerárquico del servidor público.

Las circunstancias socioeconómicas del servidor público o de la persona.

Los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del acto que se sanciona.

Conforme a esta iniciativa, la imposición de sanciones económicas procederá cuando el acto de corrupción produzca beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, la cual no podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. Las sanciones administrativas previstas en esta Ley prescribirán en un plazo de 10 años, contados a partir del día siguiente en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

La iniciativa señala que la persona que haya realizado alguno de los actos de corrupción o que se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones, a fin de reducir entre el 50 y el 70% por ciento del monto de las sanciones, o del plazo de inhabilitación.

Las sanciones administrativas para servidores públicos, como lo propone esta iniciativa, consistirán en destitución del puesto; sanción económica; e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Asimismo, los tribunales de Justicia Administrativa podrán imponer a particulares que intervengan en actos de corrupción, sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; el resarcimiento de los daños y perjuicios a la Hacienda Pública. Y serán los Tribunales de Justicia Administrativa serán los facultados de determinar la forma, el modo y el tiempo en el que deberán ejecutarse las distintas sanciones.

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública, podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, cuando el Tribunal se haya negado a recibir un expediente para su instrucción; cuando se declare la no responsabilidad de un servidor público; o esté inconforme con los términos de la Resolución emitida. Asimismo, contra las Resoluciones administrativas procederá el Juicio de Amparo Directo en los términos del artículo 107 Constitucional y del artículo 170 y subsecuentes de la Ley de Amparo.

4. INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

La iniciativa señala que tiene por objeto reglamentar la fracción XXIX-H del artículo 73 Constitucional para establecer las bases de la organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Así, la iniciativa define al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un órgano jurisdiccional, dotado de plena autonomía e independencia para dictar sus fallos, competente para determinar las responsabilidades administrativas e imponer sanciones a los servidores públicos por conductas graves y a particulares que participen en los actos vinculados con éstas, así como para imponer las sanciones, fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias y revisar las resoluciones de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos.

La iniciativa señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa habrá de integrarse por la Sala Superior, las Salas Regionales, Especializadas o Auxiliares, y la Junta de Gobierno y

Administración; y contará con Magistrados de Sala Superior; Magistrados de Sala Regional; Magistrados Supernumerarios de Sala Regional; Secretario General de Acuerdos; Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones; Secretarios de Acuerdos de Sala Superior; Secretarios de Acuerdos de Sala Regional; Actuarios; Oficiales Jurisdiccionales; Contralor Interno; Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares; Director del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa y servidores públicos con el carácter de mandos medios y superiores.

La iniciativa señal que el Presidente de la República, con la ratificación de las dos terceras partes del Senado de la República, nombrará a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los Magistrados de Sala Superior serán nombrados por un periodo de quince años improrrogables, mientras que los Magistrados de Sala Regional y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán nombrados por un periodo de diez años. Para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se contemplarán los siguientes requisitos:

Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

Ser mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento;

Contar con notoria buena conducta;

Ser licenciado en derecho con título registrado 10 años antes del nombramiento;

Contar como mínimo con 8 años de experiencia en materia fiscal o administrativa;

Los Magistrados únicamente podrán ser privados de su cargo por el Presidente de la República, en los casos de responsabilidad, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno de la Sala Superior; sin embargo, son causas de retiro forzoso padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir 75 años de edad.

La iniciativa señala que en casos en que los Magistrados estén por concluir su periodo, el Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, comunicará esta circunstancia al Presidente de la República y podrá someter a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el Pleno de la Sala Superior. Asimismo, el Tribunal contará con cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de Sala Regional y de Sala Auxiliar y sustituirán a los dos Magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración durante su encargo.

La iniciativa propone que el Tribunal cuente con un sistema profesional de carrera jurisdiccional que abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos,

La iniciativa indica que Magistrados, Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo, público o privado, excepto aquellos de carácter docente u honorífico; también estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, o de sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado.

La iniciativa señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes:

Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales.

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto.

Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes.

Las que se dicten en materia de pensiones civiles.

Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.

Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, los Estados o Municipios, así como de entidades paraestatales y empresas productivas del Estado,

Las que traten materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

Las que decidan los recursos administrativos.

Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México.

Las que se configuren por negativa ficta, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables.

Las que se originen por licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La imposición de sanciones a los servidores públicos federales por las responsabilidades administrativas y a los particulares que participen en actos vinculados.

La imposición de sanciones a los servidores públicos locales por las responsabilidades administrativas que la ley de la materia determine como graves por irregularidades en el manejo de recursos federales y a los particulares que participen en actos vinculados.

La determinación del pago de las indemnizaciones y sanciones resarcitorias pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Púbica.

Las que impongan sanciones administrativas, no graves, a los servidores públicos.

La iniciativa señala que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá de 16 Magistrados, de los cuales trece ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración; y actuará en Pleno o en tres Secciones. Asimismo, los dos Magistrados de Sala Superior que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, no integrarán el Pleno ni las Secciones por el tiempo que dure su encargo.

La iniciativa india que el Pleno estará integrado por el Presidente del Tribunal y por trece Magistrados de Sala Superior y tendrá las siguientes:

Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal.

Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal.

Expedir el Estatuto de Carrera.

Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración.

Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal.

Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones;

Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a propuesta del Presidente del Tribunal.

Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal.

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal.

Determinar las Salas Regionales o Especializadas que sean auxiliadas por las Salas.

Resolver los juicios con características especiales.

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente del Tribunal.

Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite.

Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados.

Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración.

La iniciativa señala que para la validez de las sesiones del Pleno se requerirá, cuando menos, la presencia de siete Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente; en sesiones públicas, excepto cuando la mayoría de los Magistrados presentes acuerde su privacidad y las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal.

Por otra parte, la iniciativa indica que Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas por cinco Magistrados de Sala Superior, adscritos a cada una de ellas por el Pleno, mientras que la Sección Tercera estará integrada por tres Magistrados y sus resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, por lo que para la validez de las sesiones se requerirá siempre de la presencia de los tres Magistrados.

Las Secciones Primera y Segunda, tendrán las siguientes facultades:

Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el Artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de cuotas compensatorias;

Resolver los juicios con características especiales.

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento para poner en estado de resolución un asunto.

Ordenar que se reabra la instrucción.

Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración.

Establecer, suspender y modificar la jurisprudencia de la Sección.

Resolver los conflictos de competencia.

Resolver los juicios contenciosos administrativos con características especiales.

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Pleno de Responsabilidades.

Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México.

Designar al Secretario Adjunto de la Sección que corresponda, a propuesta del Presidente de la Sección,

La iniciativa propone que la Sección Tercera tenga las siguientes facultades:

La imposición de sanciones a los servidores públicos federales y de organismos autónomos constitucionales por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades conforme a las promociones que realice la Auditoria Superior de la Federación.

La imposición de sanciones a los servidores públicos locales por las responsabilidades administrativas graves por irregularidades en el manejo de recursos federales y a los particulares que participen en actos vinculados con éstas conforme a las promociones de la Auditoria Superior de la Federación;

Resolver los juicios contenciosos administrativos con características especiales que atraiga el Pleno de la Sección.

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Pleno de Responsabilidades.

La determinación del pago de las indemnizaciones y sanciones resarcitorias pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Púbica Federal.

Podrá acordar en todo tiempo, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados sobre conductas de los servidores públicos federales por responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en estas.

La iniciativa señala que los Presidentes de las Secciones serán designados por los integrantes de la Sección, en la primera sesión de cada año, la cual será privada; durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente y tendrán las siguientes facultades:

Atender la correspondencia de la Sección.

Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones.

Autorizar las actas de las deliberaciones y acuerdos, así como firmar los engroses de las resoluciones.

Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sección.

Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la queja.

Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sección.

Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios para la rapidez del proceso.

Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la Sección.

Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales.

Por otra parte, el Presidente del Tribunal será electo por el Pleno de la Sala Superior en la primera sesión del año siguiente a aquél en que concluya el periodo del Presidente en funciones; durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente y contará con las siguientes atribuciones:

Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera.

Despachar la correspondencia del Tribunal;

Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas.

Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario.

Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones.

Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales.

Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios para la rapidez del proceso;

Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja.

Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno.

Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum.

Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, cuando ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente.

Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento de las ejecutorias.

Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal.

Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones.

Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas.

La iniciativa señala que el Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una, por lo que el territorio nacional se dividirá en regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento Interior del Tribunal, con base en las cargas de trabajo y los requerimientos de administración de justicia. Así, los asuntos cuyo despacho les competa serán instruidos por turno por los Magistrados que integren la Sala de que se trate.

La iniciativa indica que las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades tienen jurisdicciones para determinar las responsabilidades administrativas e imponer las sanciones a los servidores públicos y a particulares que participen con actos vinculados con éstas y conocerán de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes:

Las que impongan sanciones administrativas, no graves, a los servidores públicos en términos de la materia.

Las resoluciones relacionadas con la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por dependencias de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado.

Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas.

Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación, o no satisfaga al reclamante.

Las sanciones no graves y resoluciones definitivas emitidas por Órganos Internos de Control, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Las resoluciones de los órganos internos de control de organismos constitucionales autónomos, que imponga sanciones administrativas, no graves.

Las dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente.

Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los secretarios de acuerdos, y demás personal del tribunal, en contra de sanciones no graves, impuestas por la Junta de Gobierno y Administración o por el Órgano Interno de Control.

Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

Asimismo, la iniciativa propone que los magistrados de las Salas especializadas en materia de responsabilidades, corresponda:

Radicar los pliegos de responsabilidades remitidos por la Auditoría Superior de la Federación, los Órganos Internos de Control, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos de los entes Públicos Federales.

Determinar la no responsabilidad cuando no se trate de una conducta grave o que no existen elementos para determinar la responsabilidad.

Instruir y proveer las acciones necesarias a las autoridades de control interno o externo para determinar con certeza la conducta grave cometida.

Instruir las medidas precautorias necesarias para salvaguardar el interés público, en aquellos casos donde se manejen recursos públicos federales cuando las conductas que han sido consideradas puedan causar mayor perjuicio

Formular el proyecto de resolución correspondiente, que podrá sancionar las faltas administrativas graves, determinar el pago de indemnizaciones e imponer sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública.

La iniciativa dispone que la Junta de Gobierno y Administración sea el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, la cual estará integrada por el Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración, dos Magistrados de Sala Superior y dos Magistrados de Sala Regional, que serán electos por el Pleno en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos con voto de calidad del Presidente. Asimismo, los Magistrados que integren la Junta de Gobierno no ejercerán funciones jurisdiccionales, no obstante, la Junta contará con las siguientes facultades:

Proponer, para aprobación del Pleno, el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal y expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal;

Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal.

Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que les requiera el Pleno.

Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior.

Adscribir a Salas Regionales, Especializadas o Auxiliares, y cambiar de adscripción a los Magistrados de Salas Regionales y demás servidores públicos del Tribunal.

Elegir y adscribir a los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional que habrán de suplir a los Magistrados de Sala Regional que integren la Junta, así como los que cubrirán las ausencias de los Magistrados de Sala Regional.

Establecer las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal.

Proponer al Pleno el Estatuto de la Carrera.

Expedir las normas de carrera.

Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización que elabore el Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa.

Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales, Especializadas y Auxiliares.

Acordar la distribución de los recursos presupuestales.

Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento.

Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del Tribunal.

Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado.

Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se relacionen con los nombramientos de los servidores públicos de la carrera jurisdiccional.

Nombrar a los titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo.

Nombrar y remover a los servidores públicos del Tribunal.

Conceder licencias prepensionarias con goce de sueldo a los Magistrados, Contralor Interno, Secretario General de Acuerdos y Secretarios Adjuntos de las Secciones, hasta por tres meses.

Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos inferiores a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más.

Conceder o negar licencias a los Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal.

Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal,

Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de asuntos administrativos y aplicar las sanciones que correspondan.

Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de informática, del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa y del área de publicaciones del Tribunal.

Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes comunes y de Sala, las coordinaciones y oficinas de Actuarios.

Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad.

Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y supervisar que se solventen las observaciones que formule.

Integrar y desarrollar, dentro del Sistema de Justicia en Línea, un subsistema de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior, de las Salas Regionales y de las Salas Especializadas, que contemple el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas;

Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos.

Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea.

Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal.

Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser presentada al Presidente de la República y al Congreso de la Unión.

Llevar el registro de firmas de los Magistrados y Secretarios del Tribunal.

En cuanto al Contralor Interno, la iniciativa propone que cuente con las siguientes facultades:

Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos del Tribunal e imponerlas sanciones administrativas correspondientes.

Vigilar el cumplimiento de acuerdos y demás normas que expida la Junta de Gobierno.

Comprobar el cumplimiento de los órganos administrativos del Tribunal respecto a las obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos.

Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal;

Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Tribunal.

La iniciativa indica que al Secretario General de Acuerdos del Tribunal corresponderá:

Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del Pleno.

Dar cuenta en las sesiones del Pleno de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden.

Revisar los engroses de resoluciones del Pleno formulados por el Magistrado ponente.

Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno, cuando no corresponda al Presidente del Tribunal.

Llevar el turno de Magistrados que deban formular ponencias para resolución del Pleno.

Dirigir los archivos de la Sala Superior.

Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior.

Dar fe y expedir certificados de constancias que obren en expedientes de Sala Superior.

Asimismo, la iniciativa señala que a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior corresponderá:

Auxiliar al Magistrado al que estén adscritos en la formulación de proyectos de resoluciones que les encomienden;

Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado ponente.

Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado cuando deban practicarse fuera del local de la Sala Superior.

Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos.

Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar constancias de expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos.

A los Actuarios, conforme a lo dispuesto por la iniciativa, corresponderá notificar las resoluciones recaídas en los expedientes que les sean turnados y practicar las diligencias que se les encomienden, así como las demás que señale el Reglamento Interior. Asimismo, los Secretarios de la Junta de Gobierno y Administración, corresponderá preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta; supervisar la ejecución de los acuerdos y asentarlos en el libro de actas respectivo; y asistir al Presidente del Tribunal en las sesiones que se lleven a cabo, levantando las actas respectivas.

Finalmente, la iniciativa enumera las causas de responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal, a saber:

Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurisdiccional, como aceptar consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona.

Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Tribunal.

Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones.

Impedir en los procedimientos jurisdiccionales que las partes ejerzan los derechos que les correspondan.

Conocer algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos.

Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones que correspondan.

No poner en conocimiento de la Junta de Gobierno y Administración o del Contralor del Tribunal, cualquier acto que vulnerar la independencia de la función jurisdiccional.

No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función jurisdiccional en el desempeño de sus funciones.

Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento.

Abandonar la residencia del órgano del Tribunal al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo.

Incumplir las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, siempre que éstas no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

1.- INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

La iniciativa propone expedir una ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto combatir a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público; las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción; las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción; las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y penas; el registro patrimonial y de intereses de los servidores públicos; y el funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano responsable de combatir la corrupción.

La iniciativa crea el Instituto Nacional para el Combate a la corrupción como responsable de encabezar las acciones del Estado en el combate a la corrupción, el cual será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará en el ejercicio de sus funciones de plena autonomía técnica, operativa, de gestión y presupuestaria. El Instituto tendrá la facultad de prevenir, investigar y sancionar las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley, cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos; conducirá el Procedimiento Administrativo Sancionador por hechos de corrupción; ejercitará la facultad de atracción contenida en el primer párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; desarrollará programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad; emitirá recomendaciones públicas, no vinculatorias, de carácter particular o general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción; y crear y mantener actualizado un Registro de declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios federales; entre otras.

Asimismo, la iniciativa crea un Consejo Consultivo que se integrará por tres Consejeros Representantes de la Cámara de Senadores; un Consejero Representante del Poder Ejecutivo Federal; un Consejero representante de la Auditoría Superior de la Federación; un Consejero representante del organismo garante a que se refiere el artículo 6° Constitucional y cuatro Consejeros representantes ciudadanos.

La iniciativa propone que la Procuraduría General de la República contará con una Fiscalía Especializada en investigar y perseguir los delitos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. Esta fiscalía perseguirá, ante los tribunales, los delitos del orden federal en materia de corrupción y estará facultada para solicitar órdenes de aprehensión contra los indiciados y realizar la integración de la investigación, la búsqueda y presentación de las pruebas que acrediten la comisión de delitos en materia de corrupción, así como la responsabilidad de los indiciados, conforme a la legislación orgánica en la materia.

2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

La iniciativa pretende expedir una ley reglamentaria del Título Cuarto Constitucional en materia de combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio público; las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a los servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus obligaciones que resulte en hechos de corrupción; las responsabilidades administrativas, sanciones y penas aplicables a las personas físicas o morales que se involucren o beneficien con hechos de corrupción; las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas responsabilidades, sanciones y penas; el registro patrimonial y de intereses de los servidores públicos; y el funcionamiento del Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción como órgano responsable de combatir la corrupción.

Esta iniciativa señala que cuando el servidor público realice actos, omisiones o tolere que constituyan hechos de corrupción que queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 Constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda.

La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional para el Combate a la corrupción, como responsable de encabezar las acciones del Estado en el combate a la corrupción y como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este Instituto gozará de plena autonomía técnica, operativa, de gestión y presupuestaria.

Asimismo, la iniciativa señala que el Instituto contará con un Consejo Consultivo, responsable de observar y dar seguimiento al adecuado ejercicio de las funciones del Instituto, y asumirá permanentemente la facultad de elaborar propuestas de políticas públicas, programas y proyectos, que incorporen mejores prácticas en el combate a la corrupción y pondrá a la consideración del Instituto los proyectos de recomendaciones específicas a las dependencias y entidades públicas de la federación, las entidades federativas y los municipios, para la adopción de mecanismos de transparencia, y combate a la corrupción.

El Consejo Consultivo se integrará por tres Consejeros Representantes de la Cámara de Senadores; un Consejero Representante del Poder Ejecutivo Federal; un Consejero representante de la Auditoría Superior de la Federación; un Consejero representante del organismo garante a que se refiere el artículo 6° Constitucional, y cuatro Consejeros representantes ciudadanos.

3.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

La iniciativa propone expedir una ley que establece las reglas y procedimientos especiales para la investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas a servidores públicos del Estado mexicano, que en el desempeño de sus funciones se involucren, beneficien o toleren hechos de corrupción, desvío de recursos públicos, conflictos de interés, lavado de dinero y nexos con el crimen organizado.

La iniciativa reglamenta las denuncias, sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas y el procedimiento administrativo sancionador por los hechos de corrupción por parte de servidores públicos.

Por otra parte, la iniciativa propone reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que en el procedimiento, la declaración de procedencia se deba rendir un dictamen en un plazo de 20 días naturales, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo.

Asimismo, la iniciativa sugiere reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el partido político postulante manifieste por escrito que los candidatos, cuyo registro solicita, fueron seleccionados y aprobados con los lineamientos de verificación de confianza emitidos por Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, a fin de evitar la injerencia del crimen organizado, así como de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político.

4.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E INFORMANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

Esta iniciativa tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente; así como garantizar la protección al funcionario público o a cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos. Para ello, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estarán obligadas a prestar la colaboración que les requiera el Comité Coordinador del Sistema o cualquiera de los organismos que integran al Sistema, para la aplicación de las Medidas de Protección.

La iniciativa explica que la administración y ejecución de las medidas de protección, serán independientes del desarrollo de los procedimientos de responsabilidad; sin embargo, dichos procedimientos podrán ser utilizados para determinar y eliminar los factores de riesgo de la persona sujeta a protección. Asimismo, la información y documentación relacionada con las personas protegidas, será considerada como reservada y confidencial, con excepción de aquella de carácter estadístico la cual podrá ser proporcionada, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad de las personas sujetas a protección.

Conforme a lo dispuesto en el texto de la iniciativa el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el titular de la Fiscalía Especializada, podrán celebrar acuerdos, convenios o demás instrumentos jurídicos con personas físicas o morales, así como con autoridades federales, gobiernos de los Estados y de los Municipios, con los organismos públicos autónomos, así como con organismos de los sectores social y privado, nacionales e internacionales, que resulten conducentes para otorgar la protección de las personas. Por ello, el Sistema deberá promover cambios organizacionales y funcionales en la Administración Pública, y establecer medidas y protocolos que aseguren la atención oportuna y la confidencialidad del acto de denuncia.

Así, la iniciativa indica que toda persona que tuviese conocimiento de un acto de corrupción tiene la obligación de denunciar ante las autoridades competentes los hechos, para su posterior investigación y sanción, sin que por ello se vea vulnerada su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de trabajo; por lo que las autoridades tienen el deber de facilitar a los empleados públicos y a los particulares el cumplimiento de la obligación de denunciar actos de corrupción y proteger sus derechos.

La iniciativa propone que no sean sancionados o perseguidos los servidores públicos o los miembros de los fideicomisos o fondos públicos, sindicatos, partidos políticos o cualquier persona física o moral, responsable por la divulgación de información clasificada como reservada, cuando actuando de buena fe, revele información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Así, para definir si existe responsabilidad por parte del informante, el Instituto, en coordinación con la autoridad competente, deberá determinar el estado de necesidad y se deberá ponderar la proporcionalidad entre el beneficio social y el daño inminente, presente, probable y específico que genera la publicidad de la información; sin embargo, en caso contrario, la persona que revelara información reservada de forma indebida, deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación aplicable en materia de responsabilidades.

La iniciativa define al testigo como toda persona que por alguna razón posee información relevante complementaria a una denuncia sobre actos de corrupción y que se encuentra dispuesta a colaborar con las autoridades, ya sea a través de su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a los responsables de los actos de corrupción.

Asimismo, esta iniciativa precisa que la denuncia de actos de corrupción es la acción libre y voluntaria de poner en conocimiento de las autoridades competentes un acto de corrupción para su posterior calificación, investigación y sanción, la cual puede o no estar acompañada de una solicitud expresa de medidas de protección.

Las autoridades que propone la iniciativa para fungir como receptoras de la denuncia, en sus respectivos ámbitos de su competencia, son:

Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión.

La Secretaría de la Función Pública.

Las dependencias del Ejecutivo Federal.

El Consejo de la Judicatura Federal.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Los Tribunales de Trabajo.

La iniciativa señala que toda denuncia contará constancia escrita, para lo cual se les asignará un código numérico especial que servirá para identificar al denunciante, no pudiendo en ningún caso hacerse referencia directa a su identidad tanto en los procesos administrativos como en los judiciales.

Así, la iniciativa dispone que el Sistema Nacional Anticorrupción establezca un Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción que tendrá como objeto otorgar protección a los servidores públicos o particulares que denuncien o den testimonio sobre actos de corrupción, a través de medidas tendientes a evitar que sea vulnerada su identidad, así como también a proteger su integridad, la de sus bienes, sus derechos laborales y la identidad, integridad, bienes y derechos laborales de su cónyuge o su concubino o concubina, sus ascendientes o descendientes hasta el primer grado o parientes por consanguinidad en línea colateral hasta el primer grado. Esta protección deberá sujetarse a un periodo mínimo de tres meses, sujetos a revisiones de los hechos que la motivaron, al menos cada mes. Asimismo, el Sistema procurará mantener relaciones de cooperación multilateral con la finalidad de fortalecer el desempeño del Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción en el cumplimiento de sus labores.

Por otra parte, la iniciativa define la protección de denunciantes de actos de corrupción como un derecho que garantiza el ejercicio y goce pleno de la integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones laborales, que eventualmente podrían estar amenazadas como consecuencia de una denuncia, por ello las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos de quienes en calidad de empleados públicos o particulares denuncien actos de corrupción. Para ello, ñas Medidas de Protección deberán ser viables y proporcionales a la vulnerabilidad del denunciante o testigo sujeto a las medidas de protección; la situación de riesgo; la importancia del caso; la trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio; la capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa, y otras circunstancias que justifiquen la medida.

La iniciativa propone que todos los denunciantes y testigos de actos de corrupción, cuenten, como medidas básicas de protección, con la asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia, y la reserva de su identidad. De manera excepcional se podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes o testigos de actos de corrupción siempre que se considere el peligro o vulnerabilidad real o potencial de sus derechos a la integridad personal y la de sus bienes o la variación injustificada de sus condicionales laborales, las cuales consistirán en:

Medidas de protección laboral para servidores públicos:

Traslado de dependencia administrativa;

Traslado de centro de trabajo según sea el caso;

Licencia con goce de sueldo, y

Otras que considere la autoridad.

En el caso de que el denunciante no sea servidor público, se dará vista a las autoridades correspondientes para que resuelvan lo conducente. En todo caso, se podrán aplicar medidas análogas.

Medidas de protección personal.

Protección policial

Cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante.

Otras que considere la autoridad.

Medidas de protección personal para denunciantes: Prohibición al denunciado de intimidar o molestar al denunciante, de manera directa o a través de terceras personas

Medidas de protección personal para testigos:

La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga imposibilitando que en las actas se haga mención expresa a sus nombres, apellidos, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que ponga en evidencia al testigo.

Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva del testigo.

Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física del testigo en las diligencias.

Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias del proceso de investigación.

En el caso de testigos que se encuentren en prisión, medidas especiales de protección, tales como su separación del resto de la población carcelaria o su reclusión en áreas o cárceles especiales.

Las demás que la autoridad competente estime procedentes atendiendo las circunstancias del caso en particular.

La iniciativa señala también que el Comité Coordinador del Sistema o el titular de la Fiscalía podrán autorizar el otorgamiento de recompensas económicas cuando el denunciante proporcione información veraz, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la comisión del acto de corrupción por el servidor público implicado, y se identifique proporcionando su nombre y una vía de contacto para mantener comunicación con él; no obstante, no se aplicará si en el transcurso de las investigaciones se determina que el denunciante ha tenido algún grado de participación en el acto de corrupción que lo haya beneficiado directamente o si este hecho no fue declarado inicialmente.

Asimismo, el incumplimiento o inobservancia de las obligaciones relacionadas con el otorgamiento de medidas de protección a los denunciantes y testigos genera responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal, según sea el caso. Para la aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración el perjuicio ocasionado al denunciante o testigo; la afectación a los procedimientos; la naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor; la reincidencia en el acto y la intencionalidad con la que se haya actuado.

Finalmente, la iniciativa propone que las autoridades responsables del otorgamiento y ejecución de las medidas de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, en el marco del principio de reciprocidad internacional y de conformidad con los tratados de los que el Estado es parte, consideren solicitar y prestar facilidades a otros Estados que requieran de la aplicación de actos jurisdiccionales correspondientes a procesos penales sobre actos de corrupción.

5.-INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE LEY GENERAL PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

La iniciativa señala que se trata de una ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades por faltas administrativas graves o hechos de corrupción de los servidores públicos y los particulares relacionados, cuyo objeto es procurar el eficiente ejercicio de la función pública y proteger el patrimonio del Estado mexicano, mediante el establecimiento de órganos, facultades, mecanismos y procedimientos para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción relacionada con el ejercicio de la función pública; y para ello se disponen los siguientes objetivos:

Establecer los estándares de conducta y de desempeño que deberán observar servidores públicos para el adecuado ejercicio de sus funciones y la persona física o moral a la que se le destinen o ejerza recursos públicos, en su relación con el Estado.

Establecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante la distribución de competencias y facultades entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno que lo integran.

El registro y la publicidad de las declaraciones fiscal, de intereses y de ingresos, activos y pasivos del servidor público, así como los mecanismos para promover la investigación y determinación de responsabilidades.

Determinar las conductas que generan responsabilidad administrativa y los supuestos en que será considerada grave, las sanciones que correspondan y el órgano ante el que se seguirá el procedimiento respectivo.

Determinar los medios y procedimientos para la denuncia de faltas administrativas o hechos de corrupción y la protección de denunciantes, testigos y afectados.

Establecer los principios rectores de los programas y las políticas públicas relacionadas con el eficaz ejercicio del gobierno y el combate a la corrupción.

La iniciativa indica que los sujetos obligados de esta Ley serán los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; así como los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas a la que se le destinen o que ejerzan recursos públicos o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

La iniciativa define los siguientes principios del ejercicio de la Función Pública:

Eficiencia: Obligación del servidor público de ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta a mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o deficiencia de la función que le sea encomendada o el aumento significativo de los costos proyectados.

Honradez: El ejercicio de funciones observando una conducta ética y absteniéndose de obtener provechos indebidos o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración.

Imparcialidad: Obligación de mantenerse ajeno a los intereses de las partes que recurren a una función pública y adoptando sus resoluciones o actos conforme a criterios que de manera objetiva privilegien el mejor derecho.

Integridad: EI ejercicio de la función pública conforme a lo dispuesto en el Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Lealtad: Obligación de ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y cualquier acto u omisión que generen un daño a aquel.

Legalidad: Obligación del Servidor Público de fundar y motivar sus resoluciones y actos.

Legitimidad: Capacidad para ejercer la función pública de manera válida, justa y eficaz.

Rendición de Cuentas: Obligación de permanecer en capacidad de explicar el sentido de las decisiones tomadas en ejercicio de la función pública y sus resultados, presentando indicadores objetivos y adoptando las mejores prácticas en la materia.

Pro Persona: Obligación de ejercer la función pública procurando la protección más amplia al interés legítimo del gobernado, haciendo una interpretación extensiva cuando protejan derechos y restringida, cuando se limite su ejercicio.

Transparencia: Obligación de documentar la función pública ejercida y hacer accesible y pública la información generada.

La iniciativa propone que los sujetos obligados ejerzan con probidad la función pública y los recursos que le han sido asignados, resguardando el patrimonio del Estado, e incorporen medidas preventivas y de control para procurar la oportuna detección de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Asimismo, la iniciativa dispone que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno adoptarán un Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses congruente con los lineamientos que al efecto expida el Sistema Nacional.

Para procurar la protección del patrimonio nacional, la iniciativa propone que los servidores públicos no puedan gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio adicional a su remuneración o salario, que tenga un impacto presupuestario, que no estén establecidos de manera. De igual forma, sugiere que los sujetos obligados reporten al Registro Público cualquier remuneración que perciba el servidor público, incluyendo apoyos y gastos propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

La iniciativa señala que toda persona que tenga conocimiento de una falta administrativa grave o un hecho de corrupción tendrá la obligación de denunciarlo ante la autoridad competente; así el Estado, por conducto del Sistema Nacional, deberá garantizar la integridad de los denunciantes, testigos y perjudicados por faltas administrativas graves o hechos de corrupción y protegerá la identidad de aquellos que así lo requieran.

Esta iniciativa explica que el Sistema Nacional Anticorrupción es el ente coordinador de los integrantes, las políticas públicas transversales, las acciones y la Política Nacional para el Combate a la Corrupción, así como el responsable de establecer e implementar los criterios y lineamientos en la materia y se propone que el titular del Comité de Participación Ciudadana, funja como titular del Sistema.

La iniciativa dispone que el Sistema Nacional Anticorrupción será integrado por el Comité Coordinador del Sistema, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema, y los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas; y se coordinará con los sistemas nacionales de transparencia y fiscalización. Para el desarrollo de sus funciones, el Sistema Nacional podrá trabajar en conferencias que fungirán como instancias de coordinación para la formulación de estudios y diagnósticos tendientes a la adopción de mejores prácticas en la materia, las cuales serán:

La Conferencia Nacional de Secretarios de la Función Pública y Combate a la Corrupción o sus equivalentes;

La Conferencia Nacional de Justicia Administrativa;

La Conferencia Nacional de Órganos de Fiscalización;

La Conferencia Nacional de Fiscales Anticorrupción, y

La Conferencia Nacional de Órganos garantes de la transparencia y el acceso a la Información.

Por otra parte, la iniciativa indica que el Comité Coordinador del Sistema se integra por los titulares de:

El Comité de Participación Ciudadana, quien fungirá como titular Comité Coordinador;

La Secretaría de la Función Pública y Combate a la Corrupción;

La Auditoría Superación de la Federación;

La Fiscalía Especializada en Comabte a la Corrupción:

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

El Instituto Federal de Acceso a la Información, y

El Consejo de la Judicatura Federal, en cuyo caso se nombrará a un representante.

Así, se expone en la iniciativa que el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que gocen de reconocido prestigio por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; durarán en su encargo siete años improrrogables y sólo podrán ser removidos por causa grave cuando así lo califique la mayoría absoluta de los miembros del Senado Los comisionados del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados mediante declaratoria emitida por el Senado conforme al siguiente procedimiento:

El Senado integrará un Colegio Calificador conformado por nueve personas, representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y universidades del país; quienes serán responsables de conducir el proceso de selección y designar, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros al Comisionado que corresponda.

El Colegio Calificador convocará a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades del País y a la sociedad en general, a proponer a los candidatos a ocupar el cargo de comisionado del Comité de Participación Ciudadana.

El Colegio Calificador informará de la cantidad de propuestas recibidas y comprobará el cumplimiento de los requisitos de nombramiento.

Los candidatos serán convocados a una sesión pública donde expondrán su plan de trabajo y responderán a los cuestionamientos que los integrantes del Colegio Calificador o la ciudadanía les presenten.

Concluida la exposición de todos los candidatos, el Colegio Calificador se reunirá en sesión pública donde resolverá por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, que persona ocupará el cargo de Comisionado del Comité de Participación Ciudadana y su resolución será definitiva e inatacable.

La resolución del Colegio Calificador se remitirá a la Mesa Directiva del Senado de la República para que ésta, en sesión ordinaria, haga la declaratoria correspondiente y declare disuelto al Colegio Calificador.

La iniciativa propone que para ser comisionado del Comité de Participación Ciudadana se requerirá:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Gozar de reconocido prestigio por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

No haber sido condenado por delito doloso.

Manifestar, bajo protesta de decir verdad, no ser miembro, adherente o afiliado a algún partido político, desde cinco años anteriores a la emisión de la convocatoria.

Hacer públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, dentro del plazo señalado en la convocatoria.

No contar con el carácter de servidor público, desde un año antes al día de su designación, haber recibido remuneración proveniente de recursos públicos o haber participado en una persona moral que reciba recursos públicos, salvo el caso de Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones educativas o científicas.

La iniciativa señala que el presidente del Comité de Participación Ciudadana quien fungirá como titular del Comité Ciudadano y del Sistema Nacional Anticorrupción, será electo por la mayoría absoluta de sus comisionados y durará en su encargo dos años improrrogables.

La iniciativa dispone que el Sistema Nacional cuente con las siguientes facultades y obligaciones:

Diseñar y Supervisar la ejecución de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción y sus actualizaciones;

Establecer los lineamientos para la formulación de políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables.

Emitir el Reglamento del Sistema, el cual contendrá las normas generales de funcionamiento.

Implementar y velar por la estricta observancia de las medidas necesarias para la efectiva coordinación de los órganos competentes.

Establecer los lineamientos de cooperación y coadyuvancia entre los componentes del Sistema.

Establecer los lineamientos de cooperación y coadyuvancia entre el Sistema y los sistemas nacionales de Transparencia y Fiscalización.

Promover las acciones necesarias para garantizar el acceso a la información en casos relacionados con hechos de corrupción, en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.

Coadyuvar con el Sistema Nacional de Transparencia en el cumplimiento de sus objetivos;

Promover, en coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización, las acciones necesarias para garantizar la adecuada aplicación de los recursos de la hacienda pública.

Coadyuvar con el Sistema Nacional de Fiscalización en el cumplimiento de sus objetivos.

Establecer los lineamientos de cooperación internacional en materia de combate a la corrupción.

Establecer los lineamientos de cooperación con las autoridades financieras y fiscales de la federación, para consultar de manera expedita y oportuna la información que resguardan, relacionada con la investigación de actos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos.

Celebrar convenios de colaboración con instituciones académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Establecer los lineamientos de conducta que deberán observar los servidores públicos para efectos de su incorporación a los Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Interés por parte de los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública.

Promover la homologación de criterios entre las autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Establecer, resguardar y mantener actualizado por conducto del Comité de Participación Ciudadana, el Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal.

Establecer, por conducto del Comité de Participación Ciudadana, las unidades de vinculación, orientación y participación ciudadana.

Establecer programas de capacitación, promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materia de función pública y combate a la corrupción.

Promover la simplificación y homologación de los procedimientos para la recepción de denuncias y la conducción de los procedimientos administrativos sancionadores.

Promover el cumplimiento de las resoluciones del Comité Coordinador.

Establecer los indicadores para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, acciones y medidas derivadas de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción;

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, acciones y medidas derivadas de la Política Nacional.

Recibir las propuestas de las conferencias nacionales.

Asimismo, la iniciativa indica que el Comité Coordinador contará con las siguientes facultades y obligaciones:

Interpretar en el ámbito de sus atribuciones esta Ley, el reglamento, los lineamientos y demás disposiciones secundarias.

Implementar y velar por la estricta observancia de las medidas necesarias para la efectiva coordinación de los órganos competentes de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

El diseño, promoción y evaluación de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción, así como la evaluación de las demás políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.

El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

Requerir información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, respecto del cumplimiento de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción y las demás políticas integrales en materia de fiscalización y control de

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Las que el Sistema le delegue, mediante lineamientos generales o disposiciones reglamentarias.

Asimismo, la iniciativa propone que el Comité de Participación Ciudadana tenga las siguientes facultades y obligaciones:

La elaboración de estudios, diagnósticos y propuestas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

La elaboración de lineamientos relativos a la ética y conducta del servidor público.

La elaboración de lineamientos relativos a la adopción de mejores prácticas en el ejercicio de la Función Pública y el combate a la corrupción.

Actuar como canal de interlocución entre las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales y el Sistema.

Representar al Sistema en los mecanismos y procedimientos de cooperación internacional.

Establecer y vigilar el correcto funcionamiento de las unidades de vinculación, orientación y participación ciudadana;

Proponer al Comité Coordinador la emisión de las recomendaciones.

Promover y aprovechar mecanismos de control social al ejercicio de la función pública y al combate a la corrupción, impulsando su repercusión en los lineamientos, programas, estrategias y acciones que formen parte de la Política Nacional para el Combate a la Corrupción;

Las que el Sistema Nacional le delegue.

Asimismo, esta iniciativa considera que las Conferencias Nacionales deben elaborar lineamientos relativos a su área de especialidad, así como las demás facultades y obligaciones que el Sistema le delegue.

Esta iniciativa propone que existan unidades de vinculación, orientación y participación ciudadana que tendrán las funciones y obligaciones que determinen los lineamientos generales y disposiciones reglamentarias para promover la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, mediante el impulso de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, y acompañarán al ciudadano en la presentación y desahogo de denuncias, procurando la más amplia protección de sus derechos.

Por otra parte, la iniciativa define a la Política Nacional para el Combate a la Corrupción como el instrumento público transversal en el que se establezcan los mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno, así como los programas y las acciones concretas para el combate integral y multidisciplinario de la corrupción. La Política Nacional para el Combate a la Corrupción, será determinada por el Sistema Nacional Anticorrupción será actualizada anualmente; así en la revisión y evaluación anual del Estado, se remitirá al Congreso de la Unión un informe especial sobre la implementación de la Política Nacional para que cada una de las Cámaras lo discuta en sesión ordinaria y emita un decreto declarativo que se refiera a las conclusiones de dicha evaluación.

Esta iniciativa establece también las obligaciones que tendrá servidor público:

Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos de su competencia y cumplir la normatividad que determine el manejo de recursos económicos públicos.

Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal.

Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación;

Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, y a la Contraloría o al Tribunal, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa.

Abstenerse de ejercer las funciones por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones.

Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente.

Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios o de afinidad o enemistad, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o parientes, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público y que implique intereses en conflicto. Por ello, habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga.

Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio.

Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Contraloría o el Tribunal.

Denunciar por escrito ante la contraloría, la fiscalía o el tribunal, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa, en los que se advierta algún hecho de corrupción o que puedan configurar un delito.

Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos.

Responder las recomendaciones que les presente el Comité Coordinador del Sistema y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola.

Atender los llamados de la Cámara de Senadores a comparecer para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones del Comité Coordinador y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

Abstenerse de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un cargo en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte.

Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona a los posibles quejosos para evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten.

Abstenerse de aprovechar la posición que cargo le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja.

Abstenerse de adquirir bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

Cumplir los mandatos del Instituto Nacional Electoral y cualquiera de sus órganos, proporcionarles de manera oportuna y veraz la información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y colaboración que les sea requerido.

Abstenerse de infringir las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;

La iniciativa señala que el servidor público que deje de desempeñar su cargo, hasta un año después de haber concluido sus funciones, en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba; no usar la información o documentación a la que haya tenido acceso y que no sea del dominio público, y en caso de aquellos servidores públicos que desempeñen cargos de Dirección en el Instituto Nacional Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron.

La iniciativa indica que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, tendrán órganos internos de control para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Estas denuncias podrán ser anónimas, pero deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público. Así, los órganos internos de Control adoptarán las medidas necesarias para investigar y determinar las responsabilidades derivadas de las faltas administrativas, así como para imponer las sanciones correspondientes.

Esta iniciativa dispone que las sanciones por falta administrativa consistirán en:

Amonestación privada o pública.

Suspensión del empleo por un período no menor de tres días ni mayor a un año.

Destitución del puesto.

Sanción económica.

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Extinción de Dominio, la que será determinada por la autoridad jurisdiccional conforme a la Ley Federal de Extinción de Dominio.

Decomiso y privación de la propiedad de bienes cuya procedencia lícita no pueda justificarse, obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo.

Al respecto, la iniciativa propone que cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impongan de tres meses a un año de inhabilitación; sin embargo, en cuando la inhabilitación impuesta implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, ésta será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces la Unidad de Cuenta Nacional, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. En caso de faltas administrativas graves, se impondrá la destitución en inhabilitación hasta por veinte años.

La iniciativa señala que para la imposición de sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos que a continuación se refieren:

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan.

Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, como la antigüedad en el servicio.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Asimismo, la iniciativa explica que procederá la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de obligaciones se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados; sin embargo, en ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. Para la imposición de las sanciones, la amonestación pública o privada será impuesta por el órgano interno de Control o el titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato; la suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por la Contraloría y ejecutadas por el titular de la dependencia; la inhabilitación será impuesta por la contraloría, y las sanciones económicas serán impuestas por la contraloría, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación. Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal o la Contraloría, se solicitará a la Tesorería de la Federación que proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse.

La iniciativa dispone que la contraloría podrá abstenerse de iniciar el procedimiento o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido. Asimismo, si la contraloría tuviere conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante la Fiscalía que sea competente o instar al área jurídica de la dependencia respectiva que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera.

La iniciativa señala que la contraloría llevará a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas e impondrá las sanciones administrativas mediante el siguiente procedimiento:

Citará al presunto responsable a una audiencia para comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen.

Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes.

Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la contraloría resolverá dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

Durante la sustanciación del procedimiento, la contraloría podrá practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad.

Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la contraloría podrá determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones.

La iniciativa señala que los servidores públicos que resulten responsables podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; asimismo, las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal. El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como lo dispone la iniciativa, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. Las resoluciones que dicte el Tribunal sólo podrán ser recurridas mediante juicio de amparo.

La iniciativa indica que las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán a las disposiciones fiscales aplicables.

Por otra parte, la iniciativa explica que si el servidor público presunto responsable de la falta, confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión; y en su caso, se impondrá dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica.

Como medidas de apremio, la iniciativa señala que la contraloría podrá emplear la multa de hasta veinte veces la unidad de cuenta nacional y el auxilio de la fuerza pública, para el cumplimiento de sus atribuciones.

La iniciativa dispone que las facultades de la contraloría para imponer las sanciones prescribirán en siete años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, no obstantes, tratándose de infracciones graves o hechos de corrupción, el plazo de prescripción será de diez años. Por otra parte, los actos de corrupción relacionados con obra pública, infraestructura y las actividades de las empresas productivas del Estado, no prescribirán mientras sus efectos continúen vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de diez años.

Cuando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones se relaciones con hechos de corrupción, la iniciativa indica que el Tribunal o los Tribunales locales deben instruir el procedimiento disciplinario, por lo que requerirá a la contraloría el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes. Asimismo, el Tribunal conocerá en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios que deriven de los hechos de corrupción y que por su cuantía mayor o gravedad se justifique, conforme al siguiente procedimiento:

Cuando el Tribunal ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicará al órgano local correspondiente, el cual en el término de 15 días hábiles remitirá los autos originales al Tribunal, notificando personalmente a las partes dicha remisión.

Si un tribunal local decidiera solicitar al Tribunal que ejercite la facultad de atracción, expresará las razones en que funde su petición y remitirá el expediente original al Tribunal el cual, dentro de los 30 días siguientes, resolverá sí ejercita la facultad de atracción.

Una vez decidido que el Tribunal se avoca al conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, se emitirá resolución dentro de los treinta días siguientes.

Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Tribunal estime que no sea bastante el plazo de 30 días para emitir resolución, podrá determinar la ampliación de dicho término.

La investigación de los delitos derivados de hechos de corrupción por parte de cualquier servidor público federal, de las entidades federativas o municipal; o de cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada a la que se destinen, transfieran o ejerza recursos públicos; será conducida por la Fiscalía competente, contando con la coadyuvancia permanente del Sistema o los Sistemas locales, según sea el caso.

Conforme a lo dispuesto por la iniciativa serán considerados hechos de corrupción, los que tipifiquen las siguientes conductas:

El requerimiento o la aceptación por un sujeto obligado o persona física o moral que ejerza recursos públicos, o asuma funciones o mandatos de naturaleza pública, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización, tolerancia u omisión de cualquier acto en el ejercicio de una función pública.

El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un sujeto obligado o persona física o moral de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese sujeto obligado o para interpósita persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de una función pública.

La realización de un sujeto obligado o persona física o moral de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.

El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de las estas conductas, así como el incremento del patrimonio de un sujeto obligado con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, sin que pueda ser plenamente justificado su origen lícito.

La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, haga un sujeto obligado o persona física o moral de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.

La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera los actos referidos.

El ofrecimiento u otorgamiento a un funcionario público de otro Estado, por parte de sus nacionales, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.

Asimismo, la iniciativa puntualiza que corresponderá al Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales la definición precisa de los tipos penales y sus sanciones.

En el ejercicio de sus facultades de investigación y conducción de procedimientos, la iniciativa explica que al Tribunal y a la Fiscalía, como órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, fiduciaria, bursátil o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.

Esta iniciativa define al Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal, como un órgano dependiente del Comité de Participación Ciudadana cuya función será el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales. El Registro Público estará facultado para recibir y verificar las declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos, así como para solicitar al Tribunal, determinar la imposición de sanciones administrativas por eludir la presentación de declaración patrimonial; así, para garantizar el carácter público del Registro, se establecerá una plataforma que aproveche las tecnologías de la información, en la que se hará disponible para su consulta pública las declaraciones.

La iniciativa propone que junto con la declaración patrimonial, se presente la declaración de intereses y copia de la declaración anual a la que hace referencia la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La Declaración patrimonial incluirá los montos de ingresos y sus fuentes, el valor y tipo de bienes muebles e inmuebles; el valor de inversiones que posea y su naturaleza; los saldos de cuentas bancadas; los derechos derivados de fideicomisos; los créditos, deudas, hipotecas o prestárnoslos convenios o contratos referentes a servicios, uso, disfrute y usufructo de bienes o que generen derechos, excluyan obligaciones u otorguen beneficios y sus contraprestaciones. La declaración de intereses incluirá aquellas actividades e ingresos ajenos a su función pública, para prevenir conflictos entre los intereses privados y el sector público, incluyendo actividades profesionales y económicas del servidor público, su pertenencia a mesas directivas, consejos o figuras análogas.

La iniciativa señala que tendrán obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante el Registro Público los servidores públicos del el Congreso de la Unión; de la Administración Pública Federal Centralizada; de la Administración Pública Federal Paraestatal; de la Procuraduría General de la República; del Poder Judicial de la Federación; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; del Sistema Nacional para el Combate a la corrupción; de la Auditoría Superior de la Federación; de los Órganos Constitucionales Autónomos; de los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes; de todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; y los demás servidores públicos, que por disposiciones generales determine el Sistema y las personas físicas o morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Sistema.

La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse, conforme a lo dispuesto por la iniciativa; en el caso de las Declaraciones iniciales, dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la toma de posesión; las Declaraciones de conclusión del encargo, dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la conclusión; las Declaraciones de modificación patrimonial o de intereses, durante el mes de mayo de cada año y una Copia de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta, durante el mes de mayo de cada año.

La iniciativa propone que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses puedan ser presentadas a través de formatos impresos; de medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica. Asimismo, en el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus cargos; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como cualquier otro activo o pasivo.

En los casos en que derivado de la conducción de un procedimiento administrativo sancionador, una auditoría, una investigación de naturaleza penal, un procedimiento de acceso a la información o las investigaciones de la autoridad fiscalizadora, se advierta la probabilidad de un conflicto de intereses que involucre a poderes, órganos, dependencias, entidades o entes públicos a los que no está adscrito el servidor público de que se trate, o haga presumir la existencia de una red de corrupción, la iniciativa propone que la autoridad competente pueda solicitar la colaboración de los componentes del Sistema que correspondan a efecto de continuar la investigación de manera conjunta e iniciar los procedimientos administrativos, de acceso a la información, de fiscalización o penales conducentes.

La iniciativa señala que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los denunciantes, los testigos y los terceros perjudicados por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, bajo la coordinación del Comité Ciudadano, destinado a proteger la integridad de los derechos y la identidad de las personas que presentan denuncia; mecanismo que protegerá a aquellas personas físicas o morales que aun estando involucrados en tales ilícitos, prestan la más amplia cooperación para el desmantelamiento de las redes de corrupción, la reintegración a la hacienda pública de recursos sustraídos y la determinación de responsabilidades de todos los involucrados en tales faltas o delitos, facilitando pruebas o cualquier otra información documental o testimonial que no estuviere al alcance del Estado.

Por otra parte, la iniciativa indica que el Centro Federal de Protección a Personas será responsable de supervisar y coordinar la puesta en marcha de este mecanismo y su titular será el responsable de decidir sobre la admisión, duración de la protección, medidas a aplicarse, políticas de confidencialidad, operación y procedimientos. Esta protección comprenderá la protección de la identidad mediante, el establecimiento de medios para garantizar la estabilidad laboral o su reubicación, la solicitud de asignación de elementos de seguridad pública como compañía, la extracción de la persona de su lugar habitual de residencia y la garantía, cuando sea necesario, y aquellas que determinen el Comité ciudadano y el Centro Federal de Protección a Personas, como pertinentes para salvaguardar la seguridad física, libertad, dignidad, integridad física y mental, derechos y patrimonio de la persona protegida.

Asimismo, la iniciativa propone que al denunciante, testigo, tercero perjudicado o víctima, no corresponderá en ningún caso la carga de la prueba, pero deberán aportar los medios a su alcance para procurar la determinación de responsabilidades en los casos de faltas administrativas graves o hechos de corrupción. Mientras que la persona que, admitiendo su responsabilidad en casos de faltas administrativas graves o hechos de corrupción, aporte elementos verificables, útiles y oportunos para la determinación de responsabilidades de otros sujetos obligados o terceros, podrá beneficiarse de la protección de su identidad; la determinación de responsabilidad reducida; las salvaguardas patrimoniales, y aquellas que determine necesarias la fiscalía y el tribunal, en coordinación con el Centro Federal de Protección a Personas.

6.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN, SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS LEYES PARA REGLAMENTAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

La primera ley de esta iniciativa señala que es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto reglamentar el ejercicio eficaz de la prevención, detección, investigación, combate, sanción y erradicación de la corrupción mediante la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la distribución de competencias y la disposición de las bases de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Al respecto, la iniciativa señala que son sujetos obligados a la observancia los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, y las personas físicas o morales, públicas o privadas a las que se le destinen o que ejerzan recursos públicos o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

La iniciativa indica que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno adoptarán un Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses congruente con los lineamientos que al efecto expida el Sistema.

La iniciativa explica también que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia superior de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; y está integrado por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema; el Comité de Participación Ciudadana del Sistema; los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, y los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas, quienes concurrirán a través de sus representantes.

El Comité Coordinador del Sistema, propone la iniciativa, se integrará por:

El titular del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;

El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

El titular de la Secretaría de Control Interno de la Administración Pública Federal;

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y

Un representante del Consejo de la Judicatura Federal.

Respecto al Comité de Participación Ciudadana, la iniciativa indica que estará integrado por cinco personas que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada; así como percibirán una remuneración por parte del Estado. En la conformación del Comité de Participación Ciudadana será principio rector la equidad de género, por lo que no podrá conformarse por más de tres integrantes de un mismo género.

Los requisitos propuestos por la iniciativa para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana serán:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Contar con reconocido prestigio y experiencia que permitan acreditar su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

No haber sido condenado por delito doloso.

No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.

Hacer públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, dentro del plazo señalado en la convocatoria respectiva.

No desempeñar dentro del año previo al día de la emisión de la convocatoria ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público, salvo aquéllos no remunerados en actividades de científicas, culturales o de investigación.

La iniciativa señala que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana elegirán a su titular por el voto de la mayoría absoluta, quien presidirá también el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual durará en el encargo dos años, improrrogables.

Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas, como lo indica la iniciativa, estarán integrados, conforme con las disposiciones correspondientes, con las autoridades de las entidades federativas y de los municipios competentes en las materias de fiscalización y de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

La iniciativa dispone que el Sistema Nacional contará con un Secretario Técnico designado por el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de derechos civiles y políticos.

Contar con título profesional de nivel Licenciatura en carreras afines al cumplimiento de las funciones que esta Ley le atribuye.

Comprobar experiencia mínima de cinco años en el desempeño de actividades relacionadas con la administración pública, la fiscalización, la transparencia o la rendición de cuentas.

No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público.

No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.

Hacer públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento.

La iniciativa señala que el Sistema Nacional contará con las siguientes facultades:

El diseño, implementación y supervisión de la Política Nacional y demás políticas integrales, como base para la coordinación intergubernamental de políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables.

La reglamentación de la operación y funcionamiento eficientes del Sistema y sus instancias internas, así como la efectiva coordinación y cooperación intergubernamentales.

El establecimiento de los lineamientos tendientes a sustentar la disposición permanente de los órganos integrantes del Sistema hacia la cooperación y coadyuvancia con los sistemas nacionales de Transparencia y de Fiscalización.

La coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia para la implementación de las acciones necesarias para garantizar el acceso a la información que permita prevenir o combatir la corrupción, incluyendo aquella relacionada con faltas administrativas, faltas graves y hechos de corrupción.

Promover, en coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización, las acciones necesarias para garantizar la adecuada aplicación de los recursos de la hacienda pública.

Evaluar el cumplimiento de la Política Nacional, las demás políticas integrales, los lineamientos, acciones, recomendaciones, convenios y demás instrumentos y determinaciones que establezca el Comité Coordinador.

El establecimiento de esquemas de cooperación internacional del Sistema y los órganos que lo conforman.

Establecer los lineamientos de conducta que deberán observar los servidores públicos, para efectos de su incorporación a los Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Interés por parte de los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Promover la homologación de criterios entre las autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Establecer, resguardar y mantener actualizado el Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal.

Promover la simplificación y homologación de los procedimientos para la recepción de denuncias y la conducción de los procedimientos administrativos a que hace referencia esta ley, aprovechando las tecnologías de la información y las experiencias de organismos o sistemas, nacionales e internacionales.

La iniciativa señala que son atribuciones del Comité Coordinador:

La elaboración de su programa de trabajo anual.

La instrumentación de las bases y el diseño, aprobación y aplicación de bases adicionales para garantizar la efectiva coordinación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

La aprobación e instrumentación de la Política Nacional y de otras políticas integrales en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.

Velar por la estricta observancia de las bases, políticas, lineamientos y demás instrumentos y medidas que resulten necesarias.

Requerir información a los entes públicos, respecto del cumplimiento de la Política Nacional y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación.

Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional, para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno y rendición de cuentas.

La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la formación, resguardo y actualización de la plataforma informática que albergue el Registro Nacional.

La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno.

La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.

La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación de las medidas de protección de denunciantes, informantes y testigos.

Opinar sobre el proceso de planeación de los programas de auditoría de los órganos de fiscalización y control integrantes del Sistema.

La aprobación de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, así como de la implementación de la Política Nacional y de otras políticas integrales, programas y acciones en materia de combate a la corrupción y su comunicación a los integrantes del Sistema.

Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación con las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los órganos de fiscalización y de control interno la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos.

Celebrar convenios con instituciones académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil para promover el óptimo cumplimiento de los objetivos del Sistema.

La reglamentación de la operación y funcionamiento eficientes del Sistema y sus instancias internas.

La iniciativa dispone como atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, las siguientes:

La elaboración de su programa de trabajo anual.

Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema en materia del Registro Nacional.

Promover denuncias cuando tenga conocimiento de conductas de servidores públicos o particulares que puedan constituir o relacionarse con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Constituirse como coadyuvante de las autoridades fiscalizadoras de control interno en los procedimientos que se substancien ante el Tribunal.

Presentar ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes los medios de impugnación dirigidos a combatir la clasificación relativa a la gravedad de las faltas administrativas que realicen los órganos fiscalizadores y de control interno, las resoluciones de no ejercicio de la acción penal o la abstención prolongada para ejercitarla por la Fiscalía, así como las resoluciones definitivas que emitan los órganos fiscalizadores o de control interno o el Tribunal respecto de los procedimientos sancionatorios por faltas administrativas que los propios órganos se abstengan de recurrir.

Brindar orientación, atención y acompañamiento a las personas para la denuncia ante el sistema electrónico de denuncia y queja.

Establecer y vigilar el correcto funcionamiento de la unidad de vinculación, orientación y participación ciudadana en la ejecución de sus atribuciones.

Emitir indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la Política Nacional, otras políticas integrales y los programas y acciones que implemente el Sistema.

Realizar observaciones a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador.

Proponer al Comité Coordinador la emisión de las recomendaciones.

Proponer al Comité Coordinador la emisión o modificación de instrumentos, lineamientos y mecanismos.

Promover mecanismos de participación ciudadana para el diseño y revisión de los lineamientos, programas, estrategias y acciones que implemente el Sistema.

Elaborar lineamientos relativos a la ética y conducta del servidor público, así como para la adopción de mejores prácticas para la mejora de la gestión pública y la prevención, la fiscalización y el combate a la corrupción.

Elaborar estudios, diagnósticos y propuestas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Elaborar informes sobre el desarrollo de sus actividades específicas y hacerlos públicos.

Establecer programas de capacitación, promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materia de mejora de la gestión pública y la prevención, la fiscalización y el combate a la corrupción.

La iniciativa propone como atribuciones del Secretario Técnico del Sistema Nacional, las siguientes:

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y de su Presidente.

Elaborar en acuerdo con el Comité de Participación Ciudadana la evaluación del cumplimiento de la Política Nacional, las demás políticas integrales, los lineamientos, acciones, recomendaciones, convenios y demás instrumentos y determinaciones que se establezcan por el Comité Coordinador.

Proveer al Comité de Participación Ciudadana de la información que le solicite así como de aquella relevante para el óptimo desempeño de sus atribuciones, de conformidad con los lineamientos que emita el Comité Coordinador.

Colaborar con los integrantes del Sistema para promover la fluidez en la comunicación y difusión de la información que se genera en el Sistema, así como garantizar la eficiencia de los mecanismos de coordinación.

Administrar el Registro, conforme a los lineamientos que emita el Comité Coordinador.

Administrar el sistema electrónico de denuncia y queja y dar curso a las denuncias presentadas, conforme a los lineamientos que emita el Comité Coordinador;

Elaborar los proyectos de informes del Sistema, someterlos a la revisión y observación del Comité de Participación Ciudadana y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables.

Publicar los informes de actividades específicas aprobados por el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana.

Elaborar, en los términos que establece esta Ley y bajo instrucciones del Comité Coordinador, proyectos de recomendaciones no vinculantes y comunicarlas a las autoridades correspondientes una vez aprobadas.

Recibir y comunicar al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana los informes sobre la atención que las autoridades brinden a las recomendaciones, dando seguimiento a su implementación y resultados y publicidad por vía de Internet y en medios impresos y electrónicos.

Informar periódicamente al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana, por vía de su titular, del desempeño de sus funciones.

La iniciativa señala que el Comité Coordinador podrá invitar para el desahogo de sus reuniones, según la naturaleza de los asuntos a tratar, a los representantes de los sistemas locales y los órganos internos de control de los organismos con autonomía constitucional, así como a las personas, instituciones y representantes de la sociedad.

La iniciativa define la Política Nacional de Prevención y Combate a la Corrupción como el instrumento público transversal en el que se tendrá por objeto delinear el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Será el Sistema Nacional quien determinará la Política Nacional, actualizándola anualmente y todo ente público estará obligado a diseñar, crear y construir estructuras, normas, procesos y políticas públicas que minimicen los riesgos de corrupción, y hagan posible su identificación y administración.

Los lineamientos y criterios que establezca el Sistema respecto de la Política Nacional, conforme lo dispuesto a la iniciativa, serán de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los recursos públicos y deberá utilizar la información que generen los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre indicadores de gestión de las políticas públicas como la planificación, el presupuesto, la Gestión financiera pública, la Gestión de programas y proyectos, el Seguimiento y la evaluación.

Como lo explica la iniciativa, las recomendaciones que emita el Comité Coordinador serán públicas y harán referencia a procesos, mecanismos, estructuras, normatividad y actos que generen o puedan incidir en la generación de faltas administrativas o hechos de corrupción, o que reporten debilidades en el desempeño, en la eficiencia del control interno o en los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades. Estas recomendaciones no tendrán carácter vinculante, pero las autoridades destinatarias deberán informar de manera justificada al Comité Coordinador, por vía de la Secretaría Técnica del Sistema. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes, podrá solicitar a dicha autoridad que concurra a una reunión de trabajo en la que se aborde el caso.

La iniciativa establece que el Sistema Nacional implementará el Registro Nacional de los Servidores Públicos con la finalidad de publicitar y actualizar las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de los servidores públicos, así como de las responsabilidades y las sanciones a las que sean sujetos. Este Registro Nacional será público, y será un instrumento de consulta obligatoria para todos los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona. Asimismo, el Registro será instrumentado a través de una plataforma digital administrada, implementada y operada por el Sistema, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

La iniciativa propone que la plataforma digital del Registro Nacional esté conformada por los siguientes elementos:

Módulo de Registro de Declaraciones de Intereses, Patrimonial y Fiscal.

Módulo de Seguimiento de Responsabilidades y Sanciones.

Módulo del sistema electrónico de denuncia y queja.

La iniciativa señala que el Registro Nacional contará con un Módulo de Registro de Declaraciones de Intereses, Patrimonial y Fiscal cuya función es la de registrar y dar seguimiento de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales.

Como lo indica la iniciativa, los formatos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses publicados en el Registro Nacional, deberán contener, como mínimo:

Ambas declaraciones, deberán incluir los siguientes datos:

Datos generales del declarante.

Datos curriculares del declarante.

Experiencia laboral del declarante.

Datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como de los dependientes económicos.

Datos del encargo que inicia.

Antecedentes en el servicio público del declarante.

La manifestación expresa en la que consienta o prohíba la publicación de la información contenida en la declaración.

La manifestación expresa de declarar la verdad.

En la declaración patrimonial se deberá contemplar los siguientes datos adicionales:

Remuneración mensual neta del declarante por el cargo que inicia.

Remuneración mensual neta del cónyuge, concubina o concubinario y de los dependientes económicos.

Ingreso anual neto, tanto del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos durante el año calendario inmediato anterior.

La relación de los bienes inmuebles del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos.

La relación de los vehículos del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos.

La relación de los bienes muebles del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos.

La relación de las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos.

Los adeudos del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos.

Cualquier observación o aclaración que desee hacer el declarante.

En la declaración de intereses se describirá la información correspondiente a:

Los intereses de carácter económico y financiero, tales como participación en direcciones y consejos de administración; participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras.

Las actividades profesionales o empresariales, dependientes o independientes, que ha desempeñado de forma permanente u ocasional independientemente sean remuneradas o no.

La participación en cualquier cargo honorario.

La participación en organizaciones sin fines de lucro o que lleven a cabo actividades filantrópicas.

Los apoyos financieros o materiales recibidos por el declarante en cualquier forma.

Los apoyos financieros o materiales realizados por el declarante en cualquier forma.

Si existen viajes financiados por terceros.

Cualquier interés que en opinión del declarante no se encuentra contenido en el formato.

La iniciativa dispone que el Registro Nacional contará con un Módulo de Seguimiento de Responsabilidades y Sanciones cuya función será dar seguimiento a las sanciones que sean impuestas a los servidores públicos y a los particulares. Los formatos publicados en el Registro Nacional respecto del seguimiento de responsabilidades y sanciones por lo menos deberán contener la siguiente información:

Nombre del sancionado.

Describir si es una falta administrativa grave o no grave.

Implicación de la Sanción.

Ente donde prestaba o presta servicio al momento de la falta administrativa.

Tiempo que dura o duró la Sanción.

Órgano que emite la resolución.

Asimismo, El Registro Nacional contará con un Módulo del sistema electrónico de denuncia y queja, como lo propone la iniciativa, cuya función será simplificar y homologar los procedimientos para la recepción de denuncias y quejas de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, aprovechando las tecnologías de la información que se implementen.

La iniciativa defina la denuncia y la queja de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, como la acción de poner en conocimiento de las autoridades competentes las conductas referidas para que sean investigadas, calificadas y sancionadas por los órganos competentes; por lo que, para promover la denuncia, las leyes federales y locales deberán establecer un sistema de incentivos para la denuncia de falta administrativa grave o un hecho de corrupción, así como mecanismos eficaces para la protección de denunciantes y testigos.

La iniciativa señala que el Sistema Nacional contará con un sistema electrónico de recepción de quejas o denuncias, el cual será operado por la Secretaría Técnica del Sistema. Asimismo, tendrán la atribución de ser receptores de denuncias o quejas a los siguientes integrantes:

La Fiscalía.

La Auditoría Superior de la Federación.

El Consejo de la Judicatura.

Las cámaras del Congreso de la Unión.

La Secretaría.

Cualquier integrante de los Sistemas Locales.

Los Órganos de Control Interno.

La iniciativa indica que una vez registrada la denuncia en el Sistema Electrónico, le será asignado un código numérico, que servirá para identificarla y darle seguimiento, para ser turnada a los órganos de control y de fiscalización que resulten competentes para realizar la investigación y sustanciación del procedimiento.

Conforme lo dispone la iniciativa, el Sistema otorgará las garantías y medidas de protección básicas a la persona que realice la denuncia o la queja, a los testigos o a personas que sin tener esa calidad aporten información contundente en la investigación y a los terceros perjudicados. Para ello, Comité de Participación Ciudadana establecerá un Programa de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos, el cual tendrá como objeto otorgar protección a los servidores públicos o particulares que denuncien o den testimonio sobre faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, a través de medidas tendientes a evitar que sea vulnerada su identidad, así como también a proteger su integridad, la de sus bienes, sus derechos laborales y la identidad, integridad, bienes y derechos laborales de su cónyuge o su concubina, sus ascendientes o descendientes hasta el primer grado o parientes por consanguinidad en línea colateral hasta el primer grado. Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana deberá determinar las medidas necesarias para que ningún denunciante o quejoso sea sometido injustificadamente e ilegalmente a una destitución, remoción, demora de ascenso, suspensión, traslado, reasignación o privación de funciones, calificaciones o informes negativos, privación de derechos; que se deriven como consecuencia de haber informado a la autoridad del acto de corrupción.

La iniciativa señala que para la protección efectiva de denunciantes y testigos, las autoridades deberán realizar un adecuado análisis de riesgos y observar los siguientes principios:

Resguardo absoluto de los datos personales y familiares.

Resguardo de la integridad física, personal y familiar.

Atención prioritaria a las demandas razonables del testigo o denunciante.

Protección de la fuente de empleo o negocios.

Creación de alternativas razonables a la fuente de ingresos.

Así, la iniciativa propone que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, que deban implementar los mecanismos de protección determinados por el Sistema o algún sistema local, deberán elegir al titular responsable que será quien decida sobre la admisión, duración de la protección, medidas a aplicarse, políticas de confidencialidad, operación y procedimientos. Asimismo, el Reglamento que se expida, determinará cuales son los mecanismos de protección pero deberá contemplar cuando menos la vulnerabilidad del denunciante o testigo sujeto a las medidas de protección; la situación de riesgo; la importancia del caso; la trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio; la capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos; la jerarquía del Servidor Público denunciado o el poder de daño de la persona señalada; las medidas de protección laboral y personal del denunciante o quejoso, testigos y terceros perjudicados, y otras circunstancias que justifiquen la medida.

Por otra parte, la iniciativa propone que las autoridades que desarrollen los procedimientos de investigación podrán autorizar el otorgamiento de incentivos cuando el denunciante proporcione información veraz, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la comisión de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción por el servidor público implicado. Sin embargo, este beneficio no se aplicará si en el transcurso de las investigaciones se determina que el denunciante ha tenido algún grado de participación en faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, que lo haya beneficiado directamente; pero podrá disminuir la sanción, siempre y cuando restituya el daño causado.

b. Ley General de Responsabilidades Administrativas

La segunda ley propuesta por la iniciativa señala que es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto establecer los principios, bases y procedimientos, para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción, así como garantizar el eficiente ejercicio de la función pública para proteger el patrimonio de la Nación. Y enumera como objetivos, los siguientes:

Establecer los principios rectores que se deberán observar en el ejercicio de la función pública.

Distribuir competencias en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción de los servidores públicos y particulares vinculados en faltas administrativas graves.

Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Determinar las conductas y supuestos que generan responsabilidad administrativa.

Establecer las sanciones que a cada caso correspondan y el órgano ante el que se seguirá el procedimiento respectivo.

Determinar los medios y procedimientos para la denuncia de faltas administrativas o hechos de corrupción, la protección de denunciantes, testigos y afectados.

Establecer las bases mínimas de funcionamiento del Registro de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, de intereses y fiscal del servidor público, así como los mecanismos para promover la investigación y determinación de responsabilidades en aquellos casos en que se detecten anomalías.

Fortalecer la rendición de cuentas de todos los sujetos obligados.

La iniciativa enumera los siguientes principios del ejercicio de la Función Pública:

Austeridad: Ejercer sus funciones salvaguardando el patrimonio del Estado, aprovechando con racionalidad los recursos económicos y materiales que le sean asignados.

Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas de la institución.

Eficiencia: Obligación del servidor público de ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta a mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o deficiencia de la función que le sea encomendada o el aumento significativo de los costos proyectados.

Honradez: El ejercicio de funciones observando una conducta ética y absteniéndose de obtener provechos indebidos o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración.

Imparcialidad: Obligación de mantenerse ajeno a los intereses de las partes que recurren a una función pública y adoptando sus resoluciones o actos conforme a criterios que de manera objetiva privilegien el mejor derecho.

Integridad: El ejercicio de la función pública conforme a lo dispuesto en el Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses respectivo.

Lealtad: Obligación de ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y cualquier acto u omisión que generen un daño a aquel;

Legalidad: Obligación del servidor público de fundar y motivar sus resoluciones y actos.

Legitimidad: Capacidad para ejercer la función pública de manera válida, justa y eficaz.

Rendición de Cuentas: Obligación de permanecer en capacidad de explicar el sentido de las decisiones tomadas en ejercicio de la función pública y sus resultados, presentando indicadores objetivos y adoptando las mejores prácticas en la materia.

Responsabilidad: Obligación del Servidor Público de asumir el compromiso de cumplir con las tareas encomendadas.

Pro Persona: Obligación de ejercer la función pública procurando la protección más amplia al interés legítimo del gobernado, haciendo una interpretación extensiva cuando protejan derechos y restringida, cuando se limite su ejercicio.

Transparencia: Obligación de documentar la función pública ejercida y hacer accesible y pública la información generada.

La iniciativa dispone que corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación la promoción ante el Tribunal, de las responsabilidades administrativas que advierta de su actividad fiscalizadora, respecto de la conducta de servidores públicos federales, de las Entidades Federativas o municipales y las personas físicas o morales involucradas. A su vez, corresponderá a la Secretaría la coordinación en el ejercicio de las funciones de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en los términos dispuestos por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los órganos internos de control de los entes federales promoverán ante el Tribunal, de las responsabilidades administrativas respecto de la conducta de servidores públicos adscritos al ente que integran y las personas físicas o morales involucradas. Y finalmente, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría y a los órganos internos de control de los entes federales, corresponderá la coordinación y coadyuvancia en la investigación, substanciación y promoción de responsabilidades ante el tribunal.

Al respecto, la iniciativa indica que el Tribunal, los tribunales locales, así como los órganos internos de control federales y locales remitirán a la fiscalía o a las fiscalías locales, según corresponda, copia del expediente en el que se advierta la probable comisión de un delito derivado de hechos de corrupción y darán seguimiento al procedimiento, ofreciendo todas las facilidades a la fiscalía en la integración de la carpeta de investigación y al juez de la causa en la conducción del proceso penal.

La iniciativa señala como sujetos obligados a la observancia de la Ley a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; los servidores públicos, y las personas físicas o morales, a la que se le destinen o que ejerzan recursos públicos, o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

En ese sentido, la iniciativa dispone como que toda persona que tenga conocimiento de una falta administrativa grave o un hecho de corrupción tiene la obligación de denunciarlo ante la autoridad competente.

La iniciativa señala que las faltas administrativas constituirán Hechos de Corrupción cuando el resultado de la conducta o las conductas que generen responsabilidad actualice alguno de los siguientes supuestos:

Cause un daño patrimonial al Estado por una cantidad igual o mayor a ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización.

Implique el enriquecimiento indebido de un servidor público o una persona física o moral por una cantidad igual o mayor a ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización.

Constituya violaciones sistemáticas a esta Ley o las disposiciones jurídicas.

Constituya violaciones a los Derechos Humanos.

Implique la colusión de servidores públicos de diversos entes, de un servidor público con una persona moral, o tres o más servidores públicos del mismo ente con diversa función.

Obligue a un servidor público bajo su mando o a una persona con la que tenga relación laboral o poder de mando en el caso de las personas fiscas y morales, a cometer faltas administrativas, o lo induzca de manera dolosa al error.

Implique el aprovechamiento de la función pública a favor de intereses particulares no económicos.

La iniciativa propone que las Faltas administrativas no prescriban mientras sus efectos continúen vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de siete años o de diez, cuando se trate de faltas administrativas graves o impliquen hechos de corrupción.

La iniciativa señala que incurrirán en falta administrativa, los servidores públicos que mediante acciones u omisiones se ubiquen en los siguientes supuestos:

Incumpla con cualquiera de las obligaciones inherentes a su cargo.

De manera deliberada impida, entorpezca o demore el proceso de formulación y ejecución de los planes y programas correspondientes a su competencia.

Propicie o tolere situaciones de acoso, discriminación o conflicto en su lugar de trabajo.

Sin obtener beneficio, incumpla con la normatividad relativa al manejo de recursos económicos públicos.

Motive o tolere que los servidores públicos y personas bajo su mando o sobre las que ejerce autoridad, incumplan con las obligaciones inherentes a su función.

Imponga cargas innecesarias o desproporcionadas a los servidores públicos y personas bajo su mando o sobre las que ejerce autoridad.

Sin mediar temor fundado, no denuncie o dé aviso por escrito a su superior jerárquico, de los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir responsabilidad administrativa, en los que se advierta algún hecho de corrupción o que puedan configurar un delito.

Disponga o autorice que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores.

Otorgue indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones.

Sustraiga, distraiga o de manera deliberada deteriore o destruya recursos materiales que le fueren asignados cuyo valor no exceda de ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización.

Aproveche de manera indebida o sin efectuar la comprobación respectiva, recursos públicos que le fueren asignados.

Incumpla con su obligación de presentar y mantener actualizadas, con oportunidad y veracidad, sus declaraciones de Situación Patrimonial, de intereses y fiscal.

Asimismo, la iniciativa dispone que incurran en falta administrativa relativa al manejo y custodia de información, los servidores públicos que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

Sin mediar causa justificada no ejercite sus facultades en los términos dispuestos por la normatividad aplicable, o falte a su obligación de documentar su ejercicio.

Sin mediar reserva, impida el acceso público a la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad.

Sustraiga, destruya, oculte, altere o inutilice la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad.

Incorpore de manera indebida documentación o información que tenga bajo su responsabilidad.

Conforme a lo propuesto en la iniciativa, incurrirán en falta administrativa relativa a la atención a la ciudadanía, los servidores públicos que ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

Contravenga los lineamientos de atención ciudadana contenidos en el Código de Ética del ente al que esté adscrito.

Sin mediar causa justificada, niegue o retarde la atención a los ciudadanos con las que tenga relación.

Sin mediar causa justificada, impida u obstaculice el acceso a un servicio público al que tenga derecho el ciudadano.

Sin mediar causa justificada, se niegue a iniciar, deseche, suspenda o impida el adecuado curso de los procedimientos y tramitaciones de los ciudadanos con los que tenga relación.

Discrimine, falte al respeto, dé preferencia indebida o someta a trámites o procedimientos innecesarios a los ciudadanos con los que tenga relación.

Independientemente de su valor económico, solicite o acepte dádivas, beneficios o presentes, en género o en especie, condicionadas al cumplimiento de su función o al curso de los trámites y procedimientos requeridos por los ciudadanos con los que tenga relación.

Por otra parte, la iniciativa señala como graves, las faltas administrativas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos que se enumeran:

Las que generen a un ente público un daño patrimonial igual o superior a ciento ochenta Unidades de Medida y Actualización, o que impliquen al sujeto activo la obtención de beneficios económicos por la misma cantidad.

Las cometidas por el titular de un ente público, los servidores Públicos de elección popular, los designados mediante un mecanismo de colaboración de poderes y los que de manera previa y general determine el Sistema.

Las cometidas por una Persona Moral, cuando obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios.

Las cometidas por las personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella.

Las cometidas de manera sistemática.

Las que generan daño social

La iniciativa propone que los titulares de las secretarías de Estado incurrirán en hechos de corrupción cuando de manera directa o por medio de su cónyuge, concubina o concubinario, o cualquier otra figura de naturaleza similar, o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado:

Obtenga un beneficio patrimonial proveniente de personas físicas o morales que hayan celebrado contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, o prestación de servicios con cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Solicite, acepte o reciba, bienes muebles o inmuebles, en operaciones al contado o mediante cualquier tipo de crédito, en condiciones notoriamente favorables o precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, que procedan de cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos.

Adquiera en operaciones al contado o mediante cualquier tipo de crédito, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas.

Instruya tratos preferenciales, de exclusión, o cualquier distinción indebida, en los procesos de contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, o prestación de servicios, con la finalidad de favorecer o perjudicar a personas físicas o morales determinadas.

Asimismo, la iniciativa indica que Constituyen hechos de corrupción las conductas del diputado federal o local que en el marco del proceso de aprobación presupuestaria gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida, en dinero o en especie; o el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas. De igual forma, los Senadores, los Diputados federales o locales incurren en hechos de corrupción en los siguientes casos:

Cuando formando parte de un órgano de gobierno del Poder Legislativo respectivo, aproveche indebidamente su carácter de representante de este último para promover ante cualquier ente público la resolución de un asunto en un sentido determinado.

Litigue o patrocine juicios o procedimientos de similar naturaleza, en contra del Estado o un ente público.

Se reúna, trate o acuerde con representantes de intereses privados, la presentación, desahogo, desechamiento o aprobación de instrumentos legislativos, obteniendo un beneficio económico o en especie para sí o para terceros, o falte a su obligación de reportar dichas reuniones o encuentros.

Aproveche la información reservada a la que accede por motivo de su función obteniendo un beneficio económico o en especie para sí o para terceros, o una ventaja en los procesos de negociación.

La iniciativa también incluye falta administrativa grave, de servidores públicos y las personas físicas y morales que por sus acciones u omisiones incurran en cualquiera de las siguientes conductas:

Conductas relativas a Hechos de Corrupción:

Sin mediar causa debidamente fundamentada y motivada, condone, exente o exima a una persona física o moral del pago de cuotas, derechos, contraprestaciones, sanciones económicas, impuestos, aprovechamientos o cualquier otra figura que implique la liberación de una carga económica al particular en detrimento de la capacidad del Estado o el ente público para obtenerla.

Sin mediar causa debidamente fundamentada y motivada, condone, exente o exima a una persona física o moral de la observancia de obligaciones, requisitos, trámites o procedimientos para generar derechos o consecuencias jurídicas relativas al ejercicio de su función, acceder a cualquier servicio público, entablar relaciones contractuales o adquirir la calidad de servidor público.

Sin mediar causa debidamente fundamentada y motivada, genere condiciones favorables a una persona física o moral, en detrimento de otras en igual o similar condición o que afecten la naturaleza de alguna función del Estado.

Pretender u obtener beneficios por cualquiera de las conductas a que se refieren las tres fracciones anteriores, en el caso de las personas físicas o morales a las que se destinen recursos públicos o las que por cualquier mecanismo pretendan su obtención.

En ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que forme parte.

Celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien se encuentre inhabilitado o tenga impedimento legal.

Incitar o tratar de incitar a un servidor público a realizar una conducta o coludirse en la realización de conductas que constituyan falta administrativa, mediante inducción al error ofrecimientos en dinero o especie, promesas de beneficios indebidos, chantaje, amenazas o aprovechando su relación jerárquica.

Adquirir la calidad de servidor público o la capacidad de manejar recursos públicos como particular, estando inhabilitado para ello.

Proponer, tolerar o permitir que quien esté inhabilitado para adquirir la calidad de servidor público o la capacidad de manejar recursos públicos, lo haga.

Conductas relativas a conflictos de intereses:

Abstenerse de presentar en tiempo y forma su declaración de intereses y sus actualizaciones.

Ocultar u omitir relaciones o cualquier otra información relevante en su declaración de intereses o presentar información imprecisa o que induzca al error.

Aprovechar su influencia, el carácter de servidor público presente o pasado, su relación con quien detente esa calidad, o motivos de identidad, para obtener alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, de la de un ente o servidor público.

Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio privado.

Aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja propios.

Inducir o tratar de inducir a un servidor público a ocultar, sesgar u omitir información en su declaración de intereses.

Acordar con servidores públicos o personas el ocultamiento, sesgo, imprecisión, error u omisiones en sus declaraciones de intereses, de manera coordinada, a efecto de ocultar una relación.

Intervenir por motivo de su encargo en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, los que involucren a personas con quienes tenga afinidad o enemistad.

Conductas relativas al desvío de funciones:

Distraer los recursos que tenga asignados o ejercer las facultades que le hayan sido atribuidas con fines distintos a los están afectos o los correspondientes a su cargo.

Ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, habiendo concluido el período para el cual se le designó, o teniendo impedimento legal para ello,

Instruir a las personas sobre las que ejerce mando a realizar cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

Abstenerse injustificadamente de vigilar, teniendo el deber de hacerlo por su función o nivel jerárquico, al servidor público que incurre en faltas administrativas o hechos de corrupción, por acción o por omisión, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables.

Infringir, por acción u omisión, las disposiciones en materia electoral, de propaganda gubernamental y de aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

No comunicar por escrito al titular del ente público de su adscripción o al Órgano Interno de Control, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa.

Conductas relativas a la Fiscalización y el resguardo de información:

Inhibir por cualquier medio, de manera directa o por interpósita persona, a los posibles quejosos o denunciantes con el fin de evitar la presentación de denuncias o influir en su contenido.

No atender de manera oportuna los requerimientos de Información del Sistema, la Auditoría, la Secretaría o los órganos internos de Control.

Entorpecer o causar dilaciones innecesarias en las investigaciones por faltas administrativas.

Ocultar, desvanecer, destruir o alterar información que le sea requerida en las investigaciones por faltas administrativas.

Quebrantar el principio de secrecía de las investigaciones, en cuyo caso el sujeto activo de esta conducta se considerará participe de las correspondientes a la investigación afectada.

Negar o demorar, el acceso a los recintos, instalaciones, expedientes o documentación que la autoridad investigadora debidamente facultada considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones, o para corroborar el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado.

Eludir su obligación de Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y de coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.

No atender de manera oportuna los mandatos de cualquier autoridad investigadora con facultades para solicitarle información, o su auxilio y colaboración.

Sin mediar causa plenamente justificada y debidamente fundada y motivada no responda las recomendaciones que les presente el Comité Coordinador del Sistema y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el supuesto de que se decida no

aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola.

No atender los llamados de a comparecer a efecto de explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Conductas relativas al enriquecimiento indebido:

Solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

Aceptar u ofrecer donativos en dinero o especie con la promesa de un beneficio indebido, derivado del aprovechamiento indebido de una función pública que se ostente o pretenda.

Obtener o pretender obtener beneficios económicos adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, cuando estos sean indebidos.

Adquirir bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

La realización por parte de un sujeto obligado o persona física o moral, pública o privada que ejerza recursos públicos, o asuma funciones o mandatos de naturaleza pública, de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.

Aprovechar u ocultar de forma dolosa de bienes provenientes de cualquiera de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

El incremento del patrimonio de un de sujeto obligado con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, sin que pueda ser plenamente justificado su origen lícito.

La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, haga un sujeto obligado o persona física o moral, pública o privada que ejerza recursos públicos, o asuma funciones o mandatos de naturaleza pública, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa.

La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refirió anteriormente.

El ofrecimiento u otorgamiento a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.

La iniciativa define el conflicto de interés como toda conducta, acción u omisión que implica el provecho de la función pública en beneficio de un interés particular propio o de un tercero o que afecte el desempeño imparcial del Servidor Público en su empleo, cargo o comisión. A fin de evitar un conflicto de interés, se observarán cuando menos las siguientes reglas:

Todo superior jerárquico conocerá las declaraciones de intereses de los servidores públicos adscritos a su área y evitará hacer de la competencia de cualquiera de estos, asuntos que puedan generar conflictos de intereses.

Todo servidor público se excusará de conocer o participar del procedimiento o las decisiones de los asuntos en los que considere o deba considerar que existe posibilidad de generar conflictos de intereses.

Ante la duda fundada, el servidor público, su superior jerárquico o su subordinado consultará al Órgano Interno de Control sobre los casos en que pueda existir conflicto de intereses.

Establecer mecanismos efectivos para evitar que dar tratamiento preferencial a personas u organizaciones por razón de su afinidad o identificación con entes o servidores públicos, o personas u organizaciones.

Establecer mecanismos efectivos para evitar el uso en provecho privado de la información o documentación que no sea del dominio público.

Ningún servidor público aceptará regalos de particulares u otros servidores con quienes se haya relacionado con razón de su función. Tampoco aceptará regalos cuya cuantía exceda de treinta Unidades de Medida y Actualización.

Ningún servidor público aconsejará, integrará o mantendrá inversiones con personas morales con las que se relacione en razón de su función.

Ningún servidor público realizará gestiones privadas ni litigará, promoverá o patrocinará juicios o procedimientos de similar naturaleza, en contra del Estado o un ente público, con excepción de los que correspondan a su legítimo interés, a los cuales comparecerá por medio de abogado y se deberán hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control.

Por otra parte, la iniciativa indica que los órganos Internos de Control son los órganos dependientes de la Secretaría en el caso de las dependencias y entidades de la Administración Pública que corresponda, o autónomos en el caso de los organismos con autonomía constitucional, los poderes legislativo y judicial y los demás entes públicos. Y sus funciones de los órganos Internos de Control consisten en:

La evaluación y fiscalización de los ingresos y egresos, así como el manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos del ente al que están integrados.

La prevención, corrección e investigación de los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

La investigación y substanciación de las faltas administrativas graves de los servidores públicos y los particulares involucrados.

La promoción de responsabilidades administrativas graves ante el Tribunal que por su competencia corresponda y de las responsabilidades de naturaleza diversa ante el órgano competente.

La iniciativa dispone que los órganos internos de control contarán con procedimientos para el ejercicio de sus funciones consistentes en la verificación; la Auditoría; la Investigación, y la Evaluación

En ese sentido, la iniciativa señala que la verificación y la auditoría son los procedimientos mediante los que los órganos Internos de Control ejercen sus facultades de supervisión, control y evaluación de los entes fiscalizados; y ambos procedimientos pueden iniciarse de manera oficiosa o por queja y denuncia. En cuanto a la Auditoría, los órganos internos de Control evalúan el cumplimiento de objetivos específicos dispuestos por la normatividad aplicable al ente fiscalizado y la aplicación adecuada de los recursos públicos, analizando y reportando los resultados en términos cualitativos y cuantitativos; por otra parte, verificación consiste en la revisión documental y operativa para comprobar los resultados reportados por los entes fiscalizados, comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos o atender las quejas y denuncias, así como en la inspección de recursos, actividades y procedimientos.

La iniciativa expone que los Órganos Internos de Control recibirán y darán curso a las quejas y denuncias que reciban de la ciudadanía, los servidores públicos, el sistema o cualquier autoridad competente o de manera anónima. La recepción de denuncias se llevará a cabo por escrito, que se presenta ante los Órganos Internos de Control; por comparecencia, Con la presencia física del quejoso o denunciante ante los Órganos Internos de Control; vía telefónica o medio electrónico; a través de las áreas de las dependencias, entidades, órganos o instituciones, donde se brinde atención al público; por remisión o a solicitud del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; o por hechos públicos notorios que causen impacto social.

Así pues, la iniciativa propone que cada Órgano Interno de Control cuente con personal capacitado para brindar asesoría en la formulación de quejas y denuncias a ciudadanos. Los datos personales de denunciantes o quejosos serán tratados con confidencialidad. Asimismo, las denuncias que se formulen de manera anónima deberán contener, una narración detallada de los hechos y datos que permitan la identificación de la o las personas involucradas.

Los servidores públicos que denuncien hechos que puedan constituir una responsabilidad administrativa grave, explica la iniciativa, podrán solicitar protección, reubicación de su encargo, así como el resguardo de su anonimato.

La iniciativa señala que una vez recibida denuncia, el personal del Órgano Interno de Control dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, analizará los hechos y procederá a emitir, de manera fundamentada y motivada, cualquiera de los siguientes acuerdos:

De inicio de la investigación, estableciendo su competencia para conocer de los hechos, la probable existencia de faltas administrativas.

De prevención, en el caso de que los datos aportados no sean lo suficientemente claros o precisos para dar inicio a la investigación y el Órgano Interno de Control no tenga la posibilidad de allegarse por otros medios de más elementos, por lo que dicho acuerdo será notificado al denunciante por el medio que al efecto señale, para que en el término de cinco días hábiles desahogue la prevención, si transcurre el plazo señalado y no se desahoga la prevención se tendrá por no presentada la queja o denuncia y se procederá a emitir un acuerdo de desechamiento.

De incompetencia. Cuando los hechos materia de la queja o denuncia no sean de su competencia, en cuyo caso hará la remisión correspondiente a la autoridad competente.

De desechamiento. Cuando de los hechos narrados y las indagatorias previas no se advierta la probable existencia de faltas administrativas

La iniciativa define a la investigación como el procedimiento que da inicio al proceso administrativo sancionador, a través de quejas, denuncias, auditorías y verificaciones cuando se adviertan hechos de corrupción o la realización de conductas que puedan constituir alguna de las responsabilidades administrativas. Así los órganos Internos de Control iniciarán sus investigaciones o auditorías por denuncia o queja o de manera oficiosa.

La iniciativa propone que durante la investigación el Órgano Interno de Control respectivo estará facultado para realizar el requerimiento de información o documentos; la verificación e inspección de archivos, lugares, obras públicas, vehículos y objetos; el aseguramiento de documentos, archivos electrónicos, de voz, video, equipo de cómputo y de cualquier dispositivo de almacenamiento de información; o todas aquellas tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público investigado.

La iniciativa señala que el Órgano Interno de Control respectivo realizará la investigación de manera exhaustiva, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a seis meses. En caso de que el Órgano Interno de Control respectivo emita un acuerdo en el que determine la probable existencia de la falta administrativa pondrá el expediente en estado de sustanciación del procedimiento sancionador y dictará de manera fundada y motivada las siguientes medidas:

Citará al o a los presuntos responsables a una audiencia inicial, notificándoles que deberán comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se les imputen y que puedan ser causa de responsabilidad.

Ratificará las medidas de aseguramiento de documentos, archivos electrónicos, de voz, video, equipo de cómputo y de cualquier dispositivo de almacenamiento de información, que estén relacionados con las conductas.

El señalamiento de los beneficios para los servidores públicos y personas físicas o morales que aporten datos ciertos sobre la participación de otros servidores públicos y personas físicas o morales en los hechos objeto del procedimiento sancionador, los cuales permitan la imposición de las sanciones correspondientes o que confiesen su responsabilidad sobre la imputación que se les formule.

La calificación de la falta administrativa como grave o no grave, así como las consideraciones de hecho y de derecho que consideró para realizar tal calificación.

La iniciativa dispone que el servidor público o la persona física o moral que haya realizado o participado en la comisión de alguna de las faltas administrativas, o bien, que se encuentre participando en su realización, podrá aportar datos ciertos sobre la participación de otros servidores públicos y personas físicas o morales en los hechos objeto del procedimiento sancionador, los cuales permitan la imposición de las sanciones correspondientes, o confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones; a fin de reducir de entre el 50 y el 70% del monto de las sanciones que se impongan al responsable, conmutar la destitución por inhabilitación en los casos de servidores públicos o reducir los plazos de ésta y conmutar la disolución de personas morales por suspensión de actividades. Sin embargo, para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos:

Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea entre los sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes y que a juicio de las autoridades competentes permitan comprobar la existencia de la infracción.

Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie el procedimiento administrativo sancionador conducente.

Que la persona interesada suspenda de inmediato su participación en la infracción. Las personas que soliciten este beneficio serán sujetas del procedimiento administrativo sancionador, en el cual se constatará el cumplimiento de estos requisitos, así como la veracidad y validez de la confesión realizada y se resolverá sobre la procedencia de dicho beneficio.

Asimismo, la iniciativa propone que si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan, se le aplique una reducción del 50% del monto de las sanciones que se impongan, siempre que lo haga dentro del plazo de 10 días posteriores al de la realización de la audiencia inicial.

La iniciativa dispone que los Órganos Internos de Control, podrán emplearlas siguientes medios de apremio, para hacer cumplir sus determinaciones:

Multa hasta por la cantidad equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por el propio Órgano Interno de Control;

El auxilio de la fuerza pública para expulsar personas de oficinas donde se realice una diligencia o audiencia y alteren el desarrollo de las mismas así como para lograr la comparecencia de personas que no concurran a un citatorio a ellas dirigido; y

Arresto hasta por 36 horas.

Como providencias precautorias para garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública, el Órgano Interno de Control respectivo, podrá solicitar a la Sección Especializada del Tribunal el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Asimismo, en cualquier momento durante la etapa de sustanciación, el Órgano Interno de Control respectivo, podrá solicitar a la Sección Especializada del Tribunal las siguientes medidas cautelares:

La suspensión temporal en su empleo, cargo o comisión del servidor público probablemente responsable.

La suspensión temporal del pago a personas físicas o morales probablemente responsables de faltas administrativas graves, de contratos de servicios, de obra pública o de suministro de bienes.

Todas aquellas necesarias para evitar que se afecte el destino, aplicación y uso de recursos federales, de alguna entidad federativa o municipales, así como cualquier daño y/o perjuicio patrimonial que se esté ocasionando al patrimonio del Estado, erario público, hacienda pública, o interés social.

En la sustanciación que se tramite ante el Órgano Interno de Control respectivo, la iniciativa indica que serán admisibles clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de que el Órgano Interno de Control respectivo ejercite la acción de responsabilidad administrativa ante la Sección Especializada del Tribunal. Asimismo, las cuestiones incidentales sólo podrán plantearse durante la realización de la audiencia inicial o alguna audiencia de desahogo de pruebas.

La iniciativa señala que el Órgano Interno de Control notificará por lista a los presuntos responsables que tienen un término de tres días para formular alegatos por escrito, cuando no existiere ninguna diligencia, actuación o medio de prueba por practicar. Y una vez vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la etapa de sustanciación para determinar si la falta administrativa fue clasificada como no grave, en cuyo caso ordenará poner el expediente en estado de resolución; o si la falta administrativa fue clasificada como grave, deberá preparar el pliego de responsabilidad respectivo con base en las pruebas obtenidas y aportadas durante las etapas de investigación y sustanciación, el cual deberá ser presentado en ejercicio de la acción de responsabilidad administrativa ante la Sección Especializada del Tribunal.

La iniciativa dispone que las resoluciones y acuerdos de la Secretaría o de los órganos internos de control durante el procedimiento constarán por escrito y las sanciones impuestas se asentarán en el Registro Nacional. La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Secretaría o el órgano interno de control, y conforme se disponga en la resolución respectiva. En el caso de la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la dependencia o entidad correspondiente. Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Y para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, la Secretaría o los Órganos Internos de Control, podrán emplear, como medios de apremio la multa de hasta 20 veces el salario mínimo y el auxilio de la fuerza pública.

Por otra parte, la iniciativa señala que las resoluciones de la Sección Especializada serán:

Definitivas, las que resuelven sobre el pliego que remite el Órgano Interno de Control o su equivalente en ejercicio de la acción por responsabilidad administrativa.

Interlocutorias, las que resuelven sobre el otorgamiento, modificación o cancelación de providencias precautorias y medidas cautelares o sobre la impugnación de la calificación de una falta administrativa como grave por el Órgano Interno de Control.

Autos, los que se refieran a cuestiones mero de trámite.

La iniciativa expone que la Sección Especializa en Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos y Particulares de la Sala Superior emitirá resolución definitiva en un plazo que no excederá de treinta días hábiles siguientes a aquél en que haya recibido el pliego por el que Órgano Interno de Control ejercitan la acción de responsabilidad Administrativa. Así, dentro de los primeros 20 días hábiles, el Magistrado Ponente deberá elaborar el proyecto respectivo. Esta resolución se aprobará por unanimidad o por mayoría de votos de los Magistrados que integran la Sección. En caso de que la resolución definitiva no sea aprobada por la mayoría, el magistrado ponente tendrá un plazo de cinco días hábiles para engrosar el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto original podrá quedar como voto particular.

Las sanciones que impondrá el Tribunal al determinar las responsabilidades administrativas, como lo explica la iniciativa, serán:

Amonestación privada y pública.

Resarcimiento.

Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión.

Sanciones económicas.

Inhabilitación de hasta treinta años para desempeñar puestos, empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal.

Suspensión de actividades.

Disolución de sociedades.

Intervención de sociedades.

Asimismo, la iniciativa indica que para la individualización de las sanciones se tomarán en cuenta lo elementos que señalan a continuación:

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra.

Las circunstancias socioeconómicas del responsable.

El nivel jerárquico y antigüedad en el servicio, en el caso de servidores públicos.

Los antecedentes del responsable.

El grado de participación.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

La reincidencia.

El monto del beneficio o lucro obtenido, o el daño o perjuicio causado.

La existencia de elementos atenuantes.

Las resoluciones definitivas de la Sección Especializada del Tribunal, explica la iniciativa, solo podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo. Las resoluciones definitivas o interlocutorias dictadas por el Tribunal serán ejecutadas con la mayor celeridad posible. De igual forma, los resarcimientos y las sanciones económicas impuestas por la Sección Especializada del Tribunal constituirán créditos fiscales a favor del Erario del nivel de gobierno afectado por la falta administrativa grave, los cuales se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la autoridad competente.

La iniciativa dispone que para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, los Órganos Internos de Control podrán emplear la multa de hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización, y el auxilio de la fuerza pública.

La iniciativa propone que el Tribunal conozca en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios que deriven de los hechos de corrupción y que por su cuantía mayor o gravedad se justifique.

La iniciativa señala que cunado el Órgano Interno de Control emita un acuerdo en el que determine la inexistencia de la falta administrativa o su calificación como no grave, cualquier integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema podrán impugnar el acuerdo o la resolución respectivas, por medio del juicio de amparo indirecto.

La iniciativa indica que la Auditoría, la Secretaría, los órganos Internos de Control y el Tribunal reportarán al Registro Nacional toda sanción administrativa impuesta a los servidores públicos y a las personas físicas y morales, la cual será inscrita con el carácter de público.

La iniciativa determina como sanciones por falta administrativa a las siguientes:

Amonestación privada y pública.

Resarcimiento.

Sanciones económicas.

Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión.

Inhabilitación de hasta siete años para desempeñar puestos, empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Por otra parte, las sanciones por falta administrativa grave, conforme a lo dispuesto por la iniciativa, consistirán en:

Resarcimiento.

Sanciones económicas.

Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión.

Inhabilitación de hasta treinta años para desempeñar puestos, empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en contrataciones públicas de carácter federal.

Decomiso y privación de la propiedad los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta.

La iniciativa señala que las sanciones por falta administrativa grave cometida por persona física o moral consistirán en:

Resarcimiento.

Sanciones económicas.

Denuncia, Revocación o nulidad de contrato o convenio.

Inhabilitación de hasta treinta años para desempeñar puestos, empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en contrataciones públicas de carácter federal.

Suspensión de actividades.

Disolución de sociedades.

Intervención de sociedades.

Decomiso y privación de la propiedad los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta.

La iniciativa dispone que para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma.

Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Retención de Percepciones.

La iniciativa propone que los Órganos Internos de Control podrán abstenerse de iniciar el procedimiento o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

Que por una sola vez en un período de un año, la actuación del servidor público en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones.

Que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad.

Que obren constancias de los elementos que sustentan la decisión adoptada.

Que el acto u omisión se haya corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público.

Implique error manifiesto y en cualquiera de los supuestos mencionados en los incisos anteriores, hubieren desaparecido o se hayan resarcido.

Finalmente, la iniciativa señala que el Sistema Nacional implementará el Registro Nacional de los Servidores Públicos con la finalidad de publicitar y actualizar las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de los servidores públicos, así como de las responsabilidades y las sanciones a las que sean sujetos. En el Registro Nacional se inscribirán además los datos, declaraciones y en su caso sanciones, que correspondan o fueren impuestas a las personas físicas y morales que manejen, apliquen, administren o ejerzan recursos públicos.

c. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

La tercer ley propuesta por la iniciativa señala que tiene por objeto reglamentar los artículos 25, segundo párrafo, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización y rendición de cuentas, a fin de regular:

La organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación.

Los procedimientos de verificación, fiscalización e imposición de responsabilidades resarcitorias y aquellos derivados de la prevención y el combate a la corrupción.

La participación de la sociedad en los procesos de fiscalización.

La evaluación de la gestión pública en la progresividad o regresividad de los derechos de las personas o comunidades y la estabilidad de las finanzas públicas.

El funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización.

Las bases del Subsistema Nacional de Evaluación.

La iniciativa indica que los sujetos obligados deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley. Los titulares de las áreas responsables de la práctica de las auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 veces la Unidad de Medida y Actualización. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta, sin perjuicio de que se deba atender el requerimiento respectivo. Estas multas Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida.

La iniciativa dispone que para imponer la multa que corresponda, la Auditoría debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta iniciativa.

La iniciativa señala que el contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los poderes de la Unión y los entes públicos, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados y contendrá el flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto de egresos de la Federación y el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación. La Auditoría realizará un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación.

La iniciativa explica que la revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara de Diputados, la cual se apoya para tal efecto en la Auditoría, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta. La Auditoría tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Asimismo, la fiscalización que realizará la Auditoría y que incluye la evaluación de la gestión financiera y la auditoría de desempeño, tiene carácter externo y se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de revisión que realicen otras instancias de control competentes.

La iniciativa propone que la Auditoría Superior de la Federación tenga las siguientes atribuciones:

Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Archivos las modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías.

Proponer al Consejo Nacional de armonización contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, información complementaria a la prevista en dicha Ley para incluirse en la Cuenta Pública y modificaciones a los formatos de integración correspondientes.

Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas que cuenten con recursos federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos por el Subsistema Nacional de Evaluación; en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos federales conforme a las disposiciones legales.

Verificar documentalmente que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes.

Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal de la Federación y leyes fiscales sustantivas; las leyes General de Deuda Pública, de Responsabilidades Administrativas, que establece las Bases del Sistema Nacional Anticorrupción, de Partidos Políticos; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Anticorrupción en Contrataciones Públicas; orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación; de Asociaciones Público Privadas, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y de disciplina financiera.

Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas.

Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y de ser requerido, el soporte documental.

Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y, en general, a cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública.

El plazo para la entrega de documentación e información a que se refiere el párrafo anterior, será de un mínimo de 10 días hábiles a un máximo de 15 días hábiles.

Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

La Auditoría tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, en poder de las entidades fiscalizadas, estando obligada a mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión el fincamiento de responsabilidades.

Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.

Fiscalizar todo acto de los sujetos obligados, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.

Fiscalizar de manera directa las participaciones federales entregadas a entidades federativas y municipios.

Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia, destino y aplicación de fondos y recursos federales, incluidas las participaciones federales, así como cualquier hecho de corrupción.

Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones.

Formular recomendaciones al desempeño para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de cualquier orden de gobierno, a fin de elevar la calidad del desempeño gubernamental.

Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de los órganos internos de control, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político.

Promover ante el Tribunal o los órganos internos de control acciones para determinar los daños o perjuicios, o ambos, que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, de las entidades paraestatales federales o de las empresas productivas del Estado; así como para determinar su responsabilidad de indemnizar y ser acreedor a las sanciones pecuniarias correspondientes.

Promover las responsabilidades ante el Tribunal y la Fiscalía para la imposición que las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y los particulares.

Imponer sanciones por el incumplimiento a sus requerimientos de información en el caso de las revisiones que haya ordenado tratándose de las situaciones excepcionales.

Interponer el recurso de revisión administrativa en contra de las resoluciones y sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas.

Practicar auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría. Igualmente, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizadas, para la planeación de la revisión de la Cuenta Pública antes de aperturar formalmente las mismas.

Obtener durante el desarrollo de las auditorías copia de los documentos originales que tengan a la vista y certificarlas, mediante cotejo con sus originales. Igualmente podrá expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos.

Constatar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades fiscalizadas, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública.

Fiscalizar la deuda pública en su contratación, registro, refinanciamiento, administración y pago.

Emitir una opinión sobre la estabilidad de las finanzas públicas en materia del manejo, riesgo y administración de todos los instrumentos jurídicos reconocidos o contingentes que representen una carga financiera para el Estado.

Fiscalizar los convenios suscritos con los Estados y Municipios para otorgar la Garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de Deuda Pública, las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de los Estados y Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado dichos gobiernos locales.

Solicitar a los órganos internos de control competentes, en el ámbito de sus atribuciones, copia de los informes y dictámenes de las auditorías por ellos practicadas.

Solicitar la presencia de representantes de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar como mínimo dos reuniones en las que se les dé a conocer la parte que les corresponda de los resultados y, en su caso, las observaciones preliminares de las auditorías que se les practicaron.

Participar en el Comité Coordinador del Sistema.

Promover la implementación de autoevaluaciones en las entidades fiscalizadas.

Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa.

Elaborar estudios e investigaciones relacionadas con las materias de su competencia y publicarlos.

Celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean acordes o guarden relación con sus atribuciones, en particular para el ejercicio de sus atribuciones en el extranjero y participar en foros nacionales e internacionales.

La iniciativa señala que la persona titular de la Auditoría designada por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara y cuyo procedimiento se sujetará al procedimiento siguiente:

Un mes antes de la conclusión del plazo para el que fue designado el Auditor, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados deberá realizar una consulta pública entre organizaciones de la sociedad civil, integrantes del Sistema, especialistas en auditoría e instituciones públicas de educación superior para conocer el perfil de la persona que ocupará la titularidad de la Auditoría.

A partir de la información recabada en la consulta pública, la Comisión someterá a consulta de quienes participaron en el proceso del inciso anterior, el proyecto de convocatoria, a efecto de recibir observaciones en un plazo no mayor de 5 días naturales.

Una vez incorporadas las observaciones, la Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, la cual deberá ser publicada en los sitios de internet de la Cámara, de la Auditoría y en dos diarios de circulación nacional.

Durante un período de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, la Comisión recibirá las solicitudes para ocupar el puesto de Titular de la Auditoría.

Las solicitudes recibidas deberán ser publicadas en los sitios de internet de la Auditoría y de la Cámara al día siguiente.

Concluido el plazo anterior, y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que señale la convocatoria, la Comisión, dentro de los 5 días naturales siguientes, procederá a programar la comparecencia de las personas postuladas.

Las comparecencias deberán realizarse en horarios y días hábiles y permitirán la libre participación de las y los legisladores, y la Comisión establecerá los mecanismos de participación de la sociedad civil.

Una vez realizadas las comparecencias, la Comisión deberá elaborar una terna que contenga a las personas que a su juicio considera idóneas y deberá presentarse al Pleno en un plazo no mayor de 10 días naturales.

A solicitud del diez por ciento de las y los legisladores, se podrá realizar la comparecencia de las personas propuestas en la terna en el Pleno de la Cámara; estas comparecencias deberán garantizar el libre intercambio de ideas entre diputadas, diputados y personas propuestas.

Terminada la discusión del dictamen, se procederá a la votación nominal, a fin de elegir al titular de la Auditoría.

La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno de la Cámara.

La iniciativa explica también que en caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para ocupar el cargo de Titular de la Auditoría, haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, se volverá a someter una nueva propuesta.

El Auditor Superior, como lo indica la iniciativa, durará en el encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez; asimismo, será removido por la Cámara por las causas graves a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, con la misma votación requerida para su nombramiento

Para ser Auditor Superior, se deberá satisfacer los siguientes requisitos:

Contar con ciudadanía mexicana por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación.

No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República; Senador, Diputado Federal; Titular del Ejecutivo de alguna entidad federativa; titular o en su caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento.

Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de diez años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos.

Contar el día de su designación, con título de antigüedad mínima de diez años, y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado.

Presentar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial en formato público, respecto de los últimos dos años.

La iniciativa propone que el Auditor Superior tenga las siguientes atribuciones:

Representar a la Auditoría ante las entidades fiscalizadas, autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; ante el Sistema y demás personas físicas y morales, públicas o privadas.

Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público federal.

Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la entidad de fiscalización, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, así como gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del dominio público de la Federación, afectos a su servicio.

Aprobar el programa anual de actividades; así como el plan estratégico de la Auditoría por un plazo mínimo de 3 años, y el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública respectiva.

Expedir de conformidad con lo establecido en esta Ley y hacerlo del conocimiento de la Comisión, el Reglamento Interior de la Auditoría, en el que se distribuirán las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su organización interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría, los que deberán ser conocidos previamente por la Comisión y publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Nombrar al personal de mando superior de la Auditoría.

Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le confiere a la Auditoría; así como establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, tomando en consideración las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas y las características propias de su operación.

Ser el enlace entre la Auditoría y la Comisión.

Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos, y a los particulares, sean éstos personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública se requiera;

Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización superior.

Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría.

Recibir de la Comisión la Cuenta Pública para su revisión y fiscalización superior.

Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe General a más tardar el 20 de febrero del año de la presentación de la Cuenta Pública Federal.

Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, los informes individuales el último día hábil de los meses de junio y octubre, el 20 de febrero del año de la presentación de la Cuenta Pública Federal

Desahogar el procedimiento preparatorio de responsabilidades resarcitorias.

Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades fiscalizadas, legislaturas locales, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad

fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como convenios de colaboración con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, instituciones académicas e instituciones de reconocido prestigio de carácter multinacional.

Celebrar convenios interinstitucionales con entidades homólogas extranjeras para la mejor realización de sus atribuciones.

Dar cuenta comprobada a la Cámara, a través de la Comisión, de la aplicación de su presupuesto aprobado, dentro de los treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio.

Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas y sanciones resarcitorias que se impongan.

Expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos del personal de confianza de la Auditoría, observando lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Elaborar para su envío a la Comisión el plan estratégico de la Auditoria.

Presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones de responsabilidad resarcitoria que emita el Tribunal

Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, solicitudes y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales.

Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización.

Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de corrupción, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

La iniciativa señala que corresponde a los auditores especiales las siguientes facultades:

Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor, las actividades relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública y elaborar los análisis temáticos que sirvan de insumos para la preparación de los informes individuales y del Informe General para lo cual podrá solicitar información del ejercicio en curso.

Revisar la Cuenta Pública que se rinda.

Requerir a las entidades fiscalizadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquéllas, la información y documentación que sea necesaria para realizar la función de fiscalización.

Ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas conforme al programa aprobado por la persona titular de la Auditoría.

Designar a las y los auditores encargados de practicar las auditorías a su cargo o, en su caso, celebrar los contratos de prestación de servicios.

Revisar, analizar y evaluar la información programática incluida en la Cuenta Pública;

Solicitar la presencia de los representantes de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar las reuniones en las que se les dé a conocer la parte que les corresponda de los resultados y, en su caso, observaciones preliminares de las auditorías que se les practicaron.

Formular los resultados y las observaciones que se deriven de las auditorías que se practiquen, incluyendo recomendaciones y acciones promovidas, las que remitirá, según proceda, a las entidades fiscalizadas.

Participar en los procedimientos de las responsabilidades resarcitorias, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría.

Elaborar dictamen técnico que integre la documentación y comprobación necesaria para promover las acciones legales en el ámbito penal y del juicio político que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en la revisión o auditorías que se practiquen.

Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades en que incurran los servidores públicos de las entidades fiscalizadas.

Solventar o dar por concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y en el caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, denuncias penales y de juicio político, independientemente de que determinen su conclusión conforme a las disposiciones aplicables, solicitar a las autoridades ante quienes se envió la promoción o se presentó la denuncia informen sobre la resolución definitiva que se determine o que recaiga en este tipo de asuntos;

Formular el proyecto de los informes individuales y de Informe General, así como de los demás documentos que se le indique.

La iniciativa propone que la Auditoría contará con una Unidad de Asuntos Jurídicos con atribuciones para asesorar en materia jurídica a la persona titular de la Auditoría y a las y los auditores especiales; auxiliar en el trámite e instrucción de recurso de reconsideración y someter el proyecto de resolución a consideración del servidor público que haya emitido el acto recurrido; ejercitar las acciones judiciales, civiles y contencioso-administrativas en los juicios en los que la Auditoría sea parte; representar a la Auditoría ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; presentar directamente o por conducto de la dirección general respectiva; asesorar a las Unidades Administrativas Auditoras en el levantamiento de las actas administrativas; participar en los procedimientos de responsabilidades resarcitorias; revisar los aspectos legales concretos, por conducto de la dirección general respectiva; y ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas.

Asimismo, la iniciativa indica que la Auditoría contará con una Unidad General de Administración que le proveerá de servicios administrativos para administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Auditoría; prestar los servicios que en general se requieran para el debido funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando la propia Auditoría; preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Auditoría, ejercer y glosar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta comprobada de su aplicación; nombrar al demás personal de la Auditoría; y adquirir los bienes y servicios, así como celebrar los contratos que permitan suministrar los recursos materiales que solicitan sus unidades administrativas para su debido funcionamiento.

Para la remoción del titular de la Auditoría la iniciativa propone las siguientes causas graves de responsabilidad:

Ubicarse en los supuestos de prohibición.

Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial.

Dejar, sin causa justificada, de promover cualquier tipo de responsabilidad o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que en el ejercicio de sus atribuciones realicen.

Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de la Cámara.

Abstenerse de presentar en el año correspondiente, sin causa justificada, los informes individuales y el Informe General.

Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Auditoría, con motivo del ejercicio de sus atribuciones.

Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones.

Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión, durante dos ejercicios consecutivos.

Por otra parte, la iniciativa explica que la Auditoría contará con un servicio fiscalizador de carrera, debiendo emitir para ese efecto un estatuto que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que incluirá como mínimo y sin excepción al personal que lleve a cabo las auditorías y demás plazas y categorías que la Auditoría Superior de la Federación determine; la contratación del personal del servicio mediante concurso público, sujeto a procedimientos y requisitos para la selección, ingreso, aplicación de exámenes y evaluaciones transparentes; los procedimientos y requisitos para la promoción de sus integrantes, y la garantía del personal del servicio de su permanencia en la Auditoría siempre y cuando acredite las evaluaciones de conocimientos y desempeño que se determinen y cumpla los planes de capacitación y actualización.

La iniciativa señala que para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones existirá la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión., encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de las y los servidores públicos de la Auditoría, la cual formará parte de la estructura de la Comisión y podrá aplicar las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas. Así, las entidades fiscalizadas tendrán la facultad de formular queja ante la Unidad sobre los actos de la persona titular de la Auditoría, en cuyo caso la Unidad sustanciará la investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción. La persona titular de la Unidad será responsable administrativamente ante la Cámara de Diputados, a la cual deberá rendir un informe anual de su gestión, con independencia de que pueda ser citado extraordinariamente por ésta, cuando así se requiera, para dar cuenta del ejercicio de sus funciones.

La iniciativa propone que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional conozca y opine sobre el Programa General de Auditorías y el Programa Anual de Auditorías de la Auditoría; vigile que las acciones de la auditoría se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos por este ordenamiento, procurando la vigencia de la participación ciudadana, el derecho de acceso a la información, la transparencia y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos; presente denuncias cuando se detecten irregularidades en el uso de los recursos públicos; proponga a la Auditoría, la práctica de revisiones a la información financiera gubernamental y auditorías específicas para que sean incluidas en el Programa Anual de Auditorías; turne a la Comisión para su atención, las quejas y denuncias que reciba en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior, y opine ante la Comisión sobre el desempeño del Auditor.

La iniciativa señala que la Cámara de Diputados contará con la Comisión que tendrá las atribuciones de coordinar las relaciones entre aquélla y la Auditoría Superior; evaluar el desempeño de esta última; constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, y solicitarle que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.

La iniciativa define el Sistema Nacional de Fiscalización como el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica que contempla el principio de progresividad de los derechos humanos, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. El Sistema estará integrado por:

La Auditoría Superior.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Secretaría de la Función Pública.

Las Contralorías Estatales.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores de las Entidades Federativas.

Los Órganos Internos de control de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos.

La iniciativa indica que el Sistema Nacional de Fiscalización tendrá las siguientes funciones:

Propiciar un ambiente de coordinación entre todos los integrantes del Subsistema.

Generar las condiciones para que los integrantes del Subsistema desempeñen sus funciones bajo los mismos estándares y con capacidades institucionales similares.

Establecer, revisar y actualizar las normas profesionales de auditoría gubernamental basadas en las normas internacionales de fiscalización superior de la INTOSAI.

Definir las estrategias, metodologías, políticas y directrices, para la planeación, programación y seguimiento de actividades propias de la auditoría gubernamental.

Promover la evaluación de los sistemas de control interno, así como la implementación de las mejores prácticas en la materia.

Determinar los mecanismos de creación de capacidades, intercambio de información y generación de conocimiento en materia de auditoría gubernamental entre sus integrantes.

Impulsar el cumplimiento de las Leyes Generales de Contabilidad Gubernamental, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Archivos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios.

Impulsar la homologación en la planeación, ejecución y reporte de auditorías, que abarca normas de auditoría, metodologías y procedimientos.

Impulsar la creación de capacidades, en la que se incluyen las acciones relativas a certificaciones profesionales, programas de capacitación y procesos de revisión entre pares.

Intercambiar información y realizar auditorías conjuntas o coordinadas y la promoción del control interno en los entes fiscalizados como parte de la fiscalización.

La iniciativa explica que fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica incluyendo los entregados a entidades federativas y municipios a través de participaciones y transferencias federales; el destino y ejercicio de los recursos que hayan realizado los gobiernos locales derivados de empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación; así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir. Por ello, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; la estabilidad de las finanzas públicas en el tiempo; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas, conforme a las normas y principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y progresividad de los derechos humanos.

La iniciativa señala que la Auditoría deberá iniciar el proceso de fiscalización, a partir del primer día hábil del año del ejercicio fiscal siguiente al que se va a auditar y deberá publicar un plan previo de auditorías, la última semana del ejercicio fiscal a auditar.

La iniciativa indica que la fiscalización de la Cuenta Pública tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera; revisar los convenios suscritos con los Estados y Municipios para otorgar la Garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de Deuda Pública, las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de los Estados y Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado dichos gobiernos locales; fiscalizar el destino y ejercicio de las participaciones federales entregadas a Estados y Municipios; comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos: verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes, y evaluar el efecto o consecuencia en la progresividad de los derechos de las personas o comunidades.

Asimismo, la iniciativa dispone que las observaciones que emita la Auditoría Superior derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en acciones promovidas, recomendaciones y el ejercicio de la acción resarcitoria ante el Tribunal.

Para la elaboración del Plan Estratégico de la Auditoría y del Programa Anual de Auditorías, la iniciativa propone que la Auditoría considerare las propuestas que realice la sociedad a través del Comité de Participación Ciudadana del Sistema y las observaciones que realicen los órganos constitucionalmente autónomos.

La Auditoría Superior, como lo señala la iniciativa, tendrá un plazo que vencerá el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, para rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe General correspondiente, mismo que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría deberá guardar reserva de sus actuaciones y de la información que posea. En caso de los informes individuales que hayan sido concluidos, deberán ser entregados el último día hábil de los meses de junio y octubre del año de presentación de la Cuenta Pública a la Cámara y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. Los informes individuales y el Informe General contendrán los informes de las auditorías practicadas e incluirá como mínimo lo siguiente:

Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de cada auditoría.

En su caso, las auditorías sobre el desempeño.

El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes.

Los resultados de la gestión financiera.

La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El análisis de las desviaciones.

Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales, incluyendo las aportaciones federales y las participaciones federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Los resultados de la revisión y fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios.

Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas.

Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.

Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

La iniciativa señala que la Auditoría deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado.

La iniciativa indica que la Auditoría Superior fiscalizará el destino, ejercicio, estructura y el riesgo de la deuda pública, garantías, coberturas, derivados, obligaciones y cualquier figura jurídica que emitan los sujetos obligados, por sí mismo o a través de terceros, que represente un compromiso para las finanzas públicas de manera directa o contingente, con el objeto de determinar su impacto sobre la estabilidad de las finanzas públicas, la generación de crecimiento económico, empleo y bienestar social.

Así, el primero de septiembre, la Auditoría deberá emitir el Informe sobre la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas en relación al manejo de sus compromisos financieros y su sostenibilidad en el tiempo, y será presentado al Congreso de la Unión. Asimismo, la Auditoria elaborará un Sistema de Alertas que generé indicadores de solvencia, liquidez y riesgos a partir del registro, seguimiento y sistematización de las obligaciones, financiamiento, deuda contingente y todo instrumento jurídico que se pueda convertir en un compromiso financiero para las finanzas públicas, con el fin de vigilar la capacidad de pago de los sujetos obligados y prevenir la materialización de riesgos sistémicos para el sistema financiero.

La iniciativa propone que para los efectos de fiscalizar de los compromisos financieros de los sujetos obligados y evaluar su impacto en la estabilidad de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá llevar un registro único, de manera enunciativa más no limitativa de los financiamientos y obligaciones contraídas o emitidas de los sujetos obligados

Tratándose de obligaciones que se deriven de contratos de Asociaciones Público–Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios, la iniciativa señala que los sujetos obligados deberán presentar a la Auditoria la información relativa al monto de inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato, proveedor, así como las erogaciones pendientes de pago. La Auditoria fiscalizará los proyectos de Asociación Público-Privada y Proyectos de Prestación de Servicios, con prioridad en su impacto en la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o especial.

La iniciativa dispone que cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, la Auditoría podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como de ejercicios anteriores. En caso de admitirse la denuncia, la Auditoría deberá fiscalizar directamente la situación denunciada, debiendo emitir un informe y promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes; o solicitar que el órgano interno de control profundice en la investigación de la denuncia formulada e informe de los resultados obtenidos a la Auditoría.

Asimismo, la iniciativa indica que procederá la revisión cuando de la denuncia se deduzca un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública Federal, Estatal o Municipal; posibles hechos de corrupción o la posible existencia de redes de corrupción; desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados; la afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía; por violaciones constantes de las entidades fiscalizadoras locales en los procesos de fiscalización, y el desabasto de productos de primera necesidad.

La iniciativa establece que si de la fiscalización de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos o de las entidades paraestatales, la Auditoría procederá a:

Determinar los daños o perjuicios, o ambos, según corresponda, y ejercer la acción de responsabilidades resarcitorias ante el Tribunal.

Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades.

Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar, así como dar seguimiento a la integración y posterior consignación de la misma.

Dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por posibles violaciones a derechos humanos y coadyuvar a las investigaciones necesarias.

Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes, aportando las pruebas con que cuente, en cuyo caso, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

La iniciativa dispone que la Auditoría Superior podrá ejercitar la acción de responsabilidades resarcitorias cuando derivado de las funciones de fiscalización y revisión se demuestre que los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones causen un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, empresas productivas del Estado o de las entidades paraestatales, y cuando derivado de la revisión de la Cuenta Pública, los servidores públicos de la Auditoría, no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de información. Así, serán sujetos de la responsabilidad resarcitoria en las siguientes hipótesis:

El servidor público jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.

El servidor público que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado.

Los particulares que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado.

La iniciativa propone que, previo al ejercicio de la acción de responsabilidades resarcitorias, la Auditoría Superior formule a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública, en los que se determinará en cantidad líquida, la presunta responsabilidad de los infractores. En casos en que la irregularidad no exceda de cien veces la Unidad de Medida y Actualización en la fecha en que se cometa la infracción, no se formulará el pliego de observaciones respectivo. Así, las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de los pliegos, deberán solventar los mismos ante la Auditoría.

Al respecto, cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos no sean suficientes a juicio de la Auditoría para solventarlos, la iniciativa señala que la Auditoría promoverá ante el Tribunal la acción de responsabilidad resarcitoria, a través de la consignación del expediente; o en su caso, solicitará la intervención de los órganos internos de control competentes para que, en el ámbito de su competencia, investiguen e inicien, en su caso, el procedimiento sancionatorio por los actos u omisiones de los servidores públicos de las entidades fiscalizadas de los cuales pudieran desprenderse otras responsabilidades administrativas.

Cuando el Tribunal ejercite la acción de responsabilidades, citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia para que comparezcan personalmente o, tratándose de personas morales, a través de su representante legal; asimismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los hechos que se les imputan. En la audiencia, el presunto responsable podrá ofrecer las pruebas que a su derecho convengan y una vez desahogadas, el presunto responsable podrá formular alegatos, en forma oral o escrita.

Una vez concluida la audiencia, el Tribunal procederá a acordar el cierre de instrucción y resolverá dentro de los treinta días naturales siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria y emitirá una resolución en el que podrá confirmar o modificar el monto de la indemnización resarcitoria correspondiente, a las personas responsables y notificará a éstos y a la Auditoría, la resolución y el pliego definitivo de responsabilidades, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la Tesorería de la Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación.

La iniciativa indica que las resoluciones en las que se imponga la responsabilidad resarcitoria, podrán ser impugnados por la Auditoría, las entidades fiscalizadas y los servidores públicos afectados adscritos a las mismas o por los particulares, personas físicas o morales, mediante el recurso de revisión administrativa.

Así, la iniciativa propone que la acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones prescribirán en diez años, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad; a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

La iniciativa dispone que la Auditoría Superior fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades fiscalizadas, incluyendo las transferencias y participaciones federales; también fiscalizará el destino y ejercicio de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de las Entidades y Municipios asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

La iniciativa propone que el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado tenga por objeto fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría al ejercicio de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:

A través de la celebración de convenios de coordinación, la Auditoría podrá entregar hasta el 50% de los recursos del Programa a las entidades de fiscalización superior de las legislaturas de las entidades federativas, a fin de que éstos fiscalicen los recursos federales que sean administrados o ejercidos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; no obstante, el resto de los recursos serán aplicados por la Auditoría para realizar auditorías de manera directa.

La Auditoría enviará a la Comisión, a más tardar el 15 de febrero de cada año, las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda. Dicha comisión deberá emitir su opinión a más tardar el 15 de marzo. La Auditoría publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de marzo, las reglas de operación del Programa.

Las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales, en los informes de las auditorías que realicen en términos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, deberán.

El cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado deberá ser informado en el mes de septiembre a la Comisión, a efecto de contar con elementos para realizar una evaluación sobre su cumplimiento. Asimismo, la Comisión deberá remitir a la Comisión de Presupuesto, a más tardar el primer día hábil de octubre, información relevante respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa, a fin de considerarla para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal.

Los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se deberán destinar exclusivamente para actividades relacionadas directamente con la revisión y fiscalización de recursos públicos federales. Los recursos que, al final del ejercicio, no hayan sido devengados por las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales o por la Auditoría, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería de la Federación.

La iniciativa indica que la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con los organismos constitucionalmente autónomos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá establecer las bases de un Subsistema Nacional de Evaluación, el cual tendrá como finalidad evaluar el accionar del sector público, garantizar la rendición de cuentas y retroalimentar la toma de decisiones. El Subsistema deberá facilitar la definición de prioridades, asignación de recursos de acuerdo con esas prioridades, dar seguimiento a las decisiones adoptadas, monitorear la ejecución de los programas y proyectos estratégicos y, fundamentalmente, para evaluar la calidad del desempeño público, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos.

d. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La cuarta ley propuesta por esta iniciativa tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, como órgano jurisdiccional con autonomía emitirá sus fallos y jurisdicción plena para:

Dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública Federal.

Imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.

Imponer las providencias precautorias y medidas cautelares que le soliciten en materia del combate a la corrupción, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles.

Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Para emitir los actos y resoluciones, así como para substanciar los procedimientos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes señalen como de su competencia.

La iniciativa dispone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá de:

La Sala Superior: se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones. A una de las tres de estas Secciones le corresponderá la resolución de los procedimientos para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares.

Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio.

La Junta de Gobierno y Administración.

La iniciativa indica que el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se realizará conforme a lo siguiente:

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República serán ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado y durarán en su encargo quince años improrrogables.

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado y durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

La iniciativa señala que para las propuestas de nombramiento el titular del ejecutivo federal justificará ampliamente la idoneidad de su designación, tomando en consideración el perfil, la experiencia en la materia, la honorabilidad y trayectoria, lo cual será valorado estrictamente dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado, donde se realizarán las debidas comparecencias, incluyendo en ellas la participación proactiva de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas, expertos en la materia y de cualquier persona interesada en el mismo, garantizando la más amplia transparencia, constatando la idoneidad de la designación con base el elementos objetivos.

La iniciativa expone que para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se requiere:

Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad.

Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento.

Contar con notoria buena conducta.

Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento.

Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

La iniciativa señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estará integrado por los servidores públicos siguientes:

Magistrados de Sala Superior.

Magistrados de Sala Regional.

Magistrados Supernumerarios de Sala Regional.

Secretario General de Acuerdos.

Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones.

Secretarios de Acuerdos de Sala Superior.

Secretarios de Acuerdos de Sala Regional.

Actuarios.

Oficiales Jurisdiccionales.

Contralor Interno.

Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares.

Director del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa.

Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.

La iniciativa explica que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se exponen a continuación:

Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las que se originen por licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo la responsabilidad de los entes públicos federales.

Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado.

Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, la Ciudad de México, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado.

Las que traten las materias señaladas en el Artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos.

Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este Artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves.

Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

Imponer las providencias precautorias y medidas cautelares que le soliciten en materia del combate a la corrupción, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles.

Imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves.

Imponer sanciones a los particulares que participen en actos vinculados con responsabilidades administrativas graves.

Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales.

Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

La iniciativa señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

La iniciativa establece que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá de dieciséis Magistrados especialmente nombrados para integrarla, de los cuales trece ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración. La Sala Superior del Tribunal actuará en Pleno o en tres Secciones. Los dos Magistrados de Sala Superior que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, no integrarán el Pleno ni las Secciones por el tiempo que dure su encargo en dicha Junta.

La iniciativa propone que el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuente con las siguientes atribuciones:

Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera.

Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el Artículo 113 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de corrupción, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Presentar, con base en el informe anual, proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los generan.

Despachar la correspondencia del Tribunal.

Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas.

Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario.

Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones.

Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución.

Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez del proceso.

Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante el Pleno.

Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno.

Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum.

Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente.

Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias.

Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal.

Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones.

Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas.

El Pleno, como lo dispone la iniciativa, estará integrado por el Presidente del Tribunal y por trece Magistrados de Sala Superior y contará con las siguientes facultades:

Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal.

Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los que se ejercerá la facultad de atracción.

Expedir el Estatuto de Carrera.

Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración.

Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración.

Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones.

Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a propuesta del Presidente del Tribunal.

Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos.

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal.

Determinar las Salas Regionales o Especializadas que sean auxiliadas por las Salas, así como el número y cualidad de los asuntos que se enviarán a dichas Salas.

Resolver los juicios con características especiales, incluidos aquellos que sean de competencia especial de las Secciones.

Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren involucrados Magistrados de Salas Regionales.

La ejecución de la sanción a Magistrados de Salas Regionales.

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente del Tribunal para poner en estado de resolución un juicio competencia del Pleno, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes.

Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite.

Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal y respecto a los Magistrados de Sala Regional y de Sala Auxiliar designar de entre los Secretarios a quienes deban sustituirlos.

Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias.

Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la sala de origen, cuando se advierta una violación substancial al procedimiento o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción.

Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el ejecutivo federal.

Autorizar el proyecto de adecuación presupuestaria presentado por la Junta de Gobierno y Administración, siempre y cuando no rebase el techo global aprobado por la Cámara de Diputados.

Podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación y revisión, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia.

La iniciativa propone que las sesiones sean videograbadas, públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, resguardando los datos personales y podrán ser privadas, sólo en los casos que la Ley lo establezca; sin embargo, se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que sea requerida.

Asimismo, la iniciativa dispone que las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar salvo algún impedimento legal y en caso de empate, el asunto se diferirá para la sesión en que asista la totalidad de sus miembros o tenga una composición impar y cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente.

La iniciativa señala que el Tribunal contará con tres secciones; dos de ellas estarán integradas por cinco Magistrados de Sala Superior, y la Tercera se integrará por tres Magistrados de Sala Superior. Las facultades de las Secciones Primera y Segunda, serán las siguientes:

Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el Artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias.

Resolver los juicios con características especiales.

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente de la Sección para poner en estado de resolución un asunto competencia de la propia Sección, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por ésta, así como resolver la aclaración de sentencias, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes.

Ordenar que se reabra la instrucción cuando se amerite.

Establecer, suspender y modificar la jurisprudencia de la Sección y apartarse de ella, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal.

Resolver los conflictos de competencia.

Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos.

Designar al Secretario Adjunto de la Sección que corresponda, a propuesta del Presidente de la Sección.

Por otra parte, la iniciativa propone que la Sección Tercera, cuente con las siguientes facultades:

Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Secretarios, Actuarios y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración.

Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades administrativas graves en casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos.

Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta administrativa que se investiga contra un servidor público.

Imponer las providencias precautorias y medidas cautelares que se le soliciten en términos de los establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a 90 días hábiles.

Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales.

Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la sanción sea definitiva.

La iniciativa señala que los Presidentes de las Secciones serán designados por los integrantes de la Sección correspondiente en la primera sesión de cada año. Durará en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los Artículos 8 y 9 de esta Ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.

En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:

Se trate de personas morales que:

Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o

Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado.

El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país, y

Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General.

Los Presidentes de las Salas Regionales o Especializadas tendrán las siguientes atribuciones:

Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma;

Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las correspondientes correcciones disciplinarias;

Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sala;

Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos Magistrados que la integran;

Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal los informes sobre el funcionamiento de la Sala;

Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala;

Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala Regional durante la última visita de inspección;

Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo;

Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de sus Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y

Los Magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:

Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley;

Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación o, en su caso, desecharlas;

Admitir o rechazar la intervención del tercero;

Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;

Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables;

Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala;

Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma;

Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de ejecutorias;

Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se proceda en los términos de la fracción V del Artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento, y

Las Salas Auxiliares ejercerán jurisdicción material mixta y territorial en toda la República, y tendrán su sede en el lugar que determine el Reglamento Interior del Tribunal. Observarán para su organización, integración y funcionamiento, en lo conducente, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

Estas Salas auxiliarán a las Salas Regionales y Especializadas en el dictado de las sentencias definitivas en aquellos juicios que hayan sido del conocimiento de aquéllas, ya sea que se hubieren sustanciado en la vía tradicional, en línea o en vía sumaria, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. También auxiliarán a la Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Pleno del Tribunal en el dictado de las sentencias definitivas dentro del proceso administrativo sancionador tramitado en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuestas. La Sala auxiliar que se constituya con la competencia establecida en este párrafo ejercerá jurisdicción material especializada y territorial en toda la República, y tendrán su sede en la Ciudad México.

El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sección respectiva. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las providencias precautorias o medidas cautelares previstas en la Ley General de Responsabilidades, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la sección que corresponda.

Contra la resolución que emita la Tercera Sección procederá la reclamación ante la Sala Superior.

Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión.

La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

La Junta de Gobierno y Administración se integrará por:

El Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración;

Dos Magistrados de Sala Superior, y

Dos Magistrados de Sala Regional.

Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de edad.

En los casos en que los Magistrados estén por concluir el periodo para el que hayan sido nombrados, el Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, comunicará esta circunstancia al Presidente de la República y, en su caso, someterá a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el Pleno de la Sala Superior.

El presidente del Tribunal será suplido en sus faltas temporales por el Magistrado más antiguo de la Sala Superior, según el orden de su designación. De no poder precisarse dicho orden de designación, la suplencia se efectuará de acuerdo con el orden alfabético de sus apellidos.

El Tribunal contará con cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de Sala Regional y de Sala Auxiliar, en los casos previstos en esta Ley, y sustituirán a los dos Magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración, durante su encargo.

Los Magistrados Supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno de la Sala Superior.

El Tribunal contará con una Contraloría Interna a la que le corresponderá:

Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones XI a XIII y último párrafo del Artículo 3 de esta Ley, e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la Junta de Gobierno y Administración;

Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del Tribunal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal;

Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Tribunal, y

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con un registro de peritos, que lo auxiliarán con el carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los cuales deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados y, si no lo estuvieren, deberán ser personas versadas en la materia.

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para la designación, aceptación del cargo y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos que señale el Reglamento Interior del Tribunal.

El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos. El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente.

Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal:

Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurisdiccional, tales como aceptar consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo Tribunal, de cualquier otro órgano del Estado, o de particulares;

Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Tribunal;

Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar;

Impedir en los procedimientos jurisdiccionales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;

Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

No poner en conocimiento de la Junta de Gobierno y Administración o, en su caso, del Contralor del Tribunal, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función jurisdiccional;

No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función jurisdiccional en el desempeño de sus funciones;

Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

Abandonar la residencia del órgano del Tribunal al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;

Dar ventajas indebidas a las partes objeto de su competencia;

Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los Particulares, siempre que éstas no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional, y

El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación. Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno del Tribunal. Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que entre dicho personal se designe, cuando menos, a un Magistrado, un Secretario de Acuerdos, un Actuario y un Oficial Jurisdiccional en cada región, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

e. Se adiciona, reforma y deroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

La iniciativa, propone realizar las siguientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigentes.

La iniciativa propone modificar el artículo 31, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordine, conjuntamente con la Secretaría de Control Interno, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables, y

La iniciativa crea la Secretaría de Control Interno es el órgano de la Administración Pública Federal encargado del control y auditoría de los recursos públicos, de la evaluación del desempeño en el ejercicio de la función pública, así como de la prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Será encabezada por un Secretario nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República mediante el voto de la mayoría de los miembros presentes. Para efecto de que la Secretaría asuma con plenitud las facultades de prevención y control interno que le atribuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá procurarse que el nombramiento recaiga en quien cuente con experiencia suficiente en actividades o funciones relacionadas con el control, la auditoría y la evaluación del gasto público, el desempeño y las políticas públicas.

Corresponde a la Secretaría de Control Interno el despacho de los siguientes asuntos:

Coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;

Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Emitir y vigilar el cumplimiento de las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de gestión, control y evaluación de la Administración Pública Federal, para garantizar que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con legalidad y bajo criterios de eficiencia y simplificación administrativa.

Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; administrar el sistema COMPRANET; llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas, y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;

Emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos;

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;

Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;

Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control y determinar los perfiles del personal que deberá cubrir las auditorías preventivas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría, así como emitir las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario;

Señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;

Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;

Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal;

Formar parte, por conducto del Secretario, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

Observar en el ámbito de su competencia las bases de coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno que emita el Sistema Nacional Anticorrupción en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

Instrumentar las políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan, que emita el Sistema Nacional Anticorrupción y realizar propuestas al seno de éste con respecto de dichas materias;

Instrumentar en el ámbito de su competencia los mecanismos que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en esas materias;

Promover la adopción de instrumentos normativos para establecer mejores prácticas para el combate a la corrupción por conducto de los órganos internos de control y de acuerdo a las particularidades de cada dependencia o entidad;

Coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación así como con los órganos internos de control de las entidades federativas y los municipios, conforme a las bases y principios que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para la implementación de acciones que permitan el mejor cumplimiento de los objetivos del Sistema y la ejecución eficaz de la Política Nacional Anticorrupción, las políticas integrales que de ella se desprendan, así como de sus respectivas responsabilidades;

Investigar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la Administración Pública Federal que sean determinadas como graves por la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, substanciar los expedientes y someterlos a la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con excepción de los expedientes relativos a las faltas graves cuyo conocimiento reserve la Ley a la Auditoría Superior de la Federación, mismos que deberá remitir a ese órgano de fiscalización una vez integrados;

Investigar, resolver y sancionar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, que no sean determinadas como graves por la misma legislación;

Investigar, substanciar y someter a la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa las irregularidades en que puedan incurrir los particulares que participen en actos vinculados con faltas administrativas graves;

Presentar denuncias o promover las acciones correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las fiscalías homólogas en las entidades federativas u otras autoridades competentes, cuando de las investigaciones advierta la probable comisión de un delito;

Informar a los órganos internos de control de las entidades federativas y los municipios cuando advierta de probables faltas administrativas cuyo conocimiento corresponda a esos órdenes de gobierno;

Solicitar a las autoridades competentes, en el contexto de una investigación, la información que considere relevante en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios, de conformidad con la legislación aplicable;

Impugnar ante la autoridad judicial correspondiente, las omisiones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el ejercicio de la acción penal por delitos relacionados con la corrupción, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, así como interponer ante los Tribunales Colegiados de Circuito los recursos de revisión contra las resoluciones definitivas que dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y

Recibir las recomendaciones no vinculantes que le remita el Sistema Nacional Anticorrupción y direccionarlas a los órganos internos de control de las autoridades, para fomentar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional, la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno, y proponer al Comité Coordinador del Sistema proyectos de recomendaciones.

Para el desarrollo de las funciones de control interno y de gestión a cargo de la Secretaría de Control Interno en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se establecerán unidades de auditoría preventiva. Dicha Secretaría tendrá a su cargo el nombramiento de los auditores preventivos, quienes tendrán por función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.

Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Control Interno, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente.

Se derogan los artículos transitorios Segundo y Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, para quedar como sigue:

7. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y ADICIONA EL ARTÍCULO 221 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Esta iniciativa propone modificar la fracción XXIV del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que todo servidor público se abstenga de ostentar su cargo, presumir o acreditarse frente a otros servidores públicos, con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una sanción, tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo.

Asimismo, propone adicionar el artículo 221 Bis, al Código Penal Federal, para que se imponga multa de cien Unidades de Medida y Actualización, a todos los servidores públicos que, en ostentación de su cargo, presuman o se acrediten frente a otros servidores públicos, con el objetivo de solicitar excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una sanción, tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo. Esto, sin prejuicio del procedimiento que se pueda iniciar, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 47, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS GRAVES, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; Y SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN.

a. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Esta iniciativa propone expedir una ley de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 113 Constitucional; cuyos objetivos serán:

Establecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante la determinación de mecanismos de coordinación entre los diversos órganos que lo integran, tanto en la Federación, como en las entidades federativas los municipios y las alcaldías;

Determinar los mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los tres órdenes de gobierno y de los Órganos Constitucionales Autónomos, federales y locales, facultados para la prevención, detección, control, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;

Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

Instituir las bases y los principios de una política nacional para la creación, difusión, promoción y fomento de una cultura de legalidad e integridad en el servicio público, sustentada en el combate a la corrupción a través de la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de los recursos públicos, y

Establecer las reglas para la integración y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.

Los sujetos obligados de la iniciativa son:

Los integrantes del Comité, así como de los comités que formen parte de los Sistemas Locales;

Los Servidores Públicos;

Los particulares que tengan vinculación con el funcionamiento del servicio público, y

El Comité de Participación Ciudadana.

La iniciativa establece que el objetivo del Sistema es la coordinación permanente entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Así, las entidades federativas establecerán Sistemas Locales, en cuyo diseño deberán adoptar de manera análoga los principios y bases generales, con la finalidad de coordinarse efectivamente con el Sistema.

La iniciativa indica que el Sistema se integrará por el Comité Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana, y los Sistemas Locales y las funciones de coordinación del Sistema estarán orientadas a las siguientes finalidades:

De control interno de la gestión y de los recursos públicos, garantizado por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control y sus equivalentes en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los Órganos constitucionales autónomos, tanto de la Federación como de las entidades federativas.

De la fiscalización superior de la gestión y de los recursos públicos, garantizado por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior de las Legislaturas de las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas, mediante un Subsistema previsto en el Sistema.

De investigación de los hechos de corrupción, garantizado por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y sus homólogos en las entidades federativas.

De la impartición de justicia, garantizado por los Tribunales, al resolver los procedimientos para la imposición de sanciones a Servidores Públicos que incurran en faltas graves y particulares vinculados con la comisión de las mismas; así como por los Juzgados y Tribunales competentes en materia penal, federales y locales, para la imposición de penas por hechos de corrupción.

La iniciativa señala que el Comité Coordinador esté integrado por:

El titular de la Secretaría de la Función Pública;

El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

Un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y

El presidente del Comité de Participación Ciudadana.

Asimismo, la iniciativa propone que la presidencia del Comité Coordinador dure un año y sea rotativa entre sus integrantes que tengan el carácter de ente público, en el orden que determine el propio Comité. El Comité sesionará por lo menos una vez cada cuatro meses, pudiendo convocarse a sesión extraordinaria cuando alguno de sus miembros lo solicite y sea aprobado por la mayoría de los integrantes de dicho órgano. Así, toda determinación del Comité se tomará por mayoría de votos, excepto aquellas relativas al diseño y promoción de políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las que deberán ser aprobadas por unanimidad de sus integrantes.

La iniciativa indica que corresponderá al Comité la coordinación permanente para la eficacia del Sistema y tendrá las siguientes atribuciones:

Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales, mediante la organización especializada y transversal de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en el cumplimiento de los objetivos del Sistema, para la mejora institucional.

Fomentar las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno, a través del diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, y prevención, detección, control, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

Determinar los mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que los Entes Públicos deban de integrar al Registro Nacional, el cual contará un apartado de los Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas, así como de Servidores Públicos y Particulares sancionados en el ámbito administrativo o penal.

Elaborar un informe que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, derivado del Informe a que se refiere el inciso anterior, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y de control interno.

Elaborar propuestas relativas al contenido de las políticas y programas en materia de combate a la corrupción, en donde se fijen las bases para que las autoridades competentes puedan prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, faltas administrativas, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Determinar los lineamientos de cooperación del Sistema con el Sistema Nacional de Transparencia.

Proponer lineamientos de conducta que deberán observar los Servidores Públicos, para efectos de su incorporación a los Códigos de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, sin perjuicio de aquellas que emitan los Sistemas Locales.

Recibir, discutir y en su caso aprobar las medidas institucionales que recomiende el Comité de Participación Ciudadana dirigidas al fortalecimiento institucional de las autoridades del Sistema para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Interpretar esta Ley, los lineamientos y demás instrumentos derivados de la misma.

Emitir las reglas para su funcionamiento y organización interna.

Expedir los lineamientos respectivos para la convocatoria y designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.

La iniciativa señala que el Comité Coordinador deberá elaborar un informe anual que contendrá como mínimo los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. En caso de que se desprenda una recomendación, el Presidente del Comité instruirá al Secretario Técnico para que a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a que haya sido aprobado el Informe, la haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirige la recomendación, para que, de ser el caso, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, dichas autoridades soliciten las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de la recomendación. Estas recomendaciones tendrán el carácter de no vinculantes, y podrán dirigirse a todas las autoridades del Estado mexicano que requieran mejorar su funcionamiento institucional en beneficio de los objetivos del Sistema y tendrán por objeto que las autoridades destinatarias revisen la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno, las cuales contarán con un plazo de 90 días naturales para informar al Comité sobre la atención que brinden a las mismas, precisando las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.

La iniciativa propone que el Comité Coordinador cuente con un Secretario Técnico que ejecute y dé seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité; prepare las reuniones y emita las convocatorias para las sesiones del Comité, así como administre, controle, vigile y sistematice los instrumentos y redes de información que se generen dentro del Comité, entre otras atribuciones.

Por otra parte, la iniciativa dispone que el Comité de Participación Ciudadana es la instancia del Sistema cuyo objetivo es coordinar y encauzar de manera permanente los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, el cual estará integrado por cinco ciudadanos mexicanos que gocen de reconocido prestigio por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y ocuparán su cargo de manera honorífica y por un plazo que no excederá los cuatro años. Los miembros del Comité de Participación Ciudadana serán elegidos por mayoría de votos del Comité Coordinador y los requisitos para ser miembro del Comité de Participación Ciudadana son:

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;

No ser servidor público;

No ser adherente o afiliado a algún partido político, y

Haberse destacado por su contribución a las materias afines al Sistema.

El Comité de Participación Ciudadana se reunirá cuando menos cada cuatro meses, y de sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate se volverá a someter a votación y de persistir el empate, el Presidente podrá emitir un voto de calidad. El Comité de Participación Ciudadana contará con las siguientes atribuciones:

Diseñar los mecanismos para que la sociedad civil colabore con propuestas para la prevención, denuncia y detección de faltas administrativas y hechos de corrupción, en coordinación con el Comité.

Proponer al Comité Coordinador los indicadores para la evaluación y supervisión en el desempeño del Sistema.

Proponer al Comité medidas institucionales y políticas públicas para el fortalecimiento de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Emitir opinión respecto de los informes que formulen los integrantes del Comité a los poderes, órganos, entidades, dependencias o cualquier otro sujeto obligado.

Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité para establecer una red de participación ciudadana.

Celebrar convenios de colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Elaborar un informe anual de carácter público que contenga los avances y los resultados del ejercicio de sus atribuciones el cual será integrado como anexo del Informe del Comité

Fungir como vía de interlocución entre la sociedad civil y el Comité Coordinador.

La iniciativa crea también el Sistema Nacional de Fiscalización que deriva de los objetivos y fines generales del Sistema Nacional Anticorrupción y estará encargado de establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los órganos de fiscalización federales, locales y municipales, con el fin de homologar criterios para la eficiente revisión del manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Este Sistema estará integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superior locales, y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.

Asimismo, la iniciativa señala que el Sistema Nacional de Fiscalización, celebrará reuniones ordinarias cada seis meses y contará con un Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios de entre las instituciones de los otros integrantes. El Comité Rector será presidido de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el Secretario de la Función Pública, y ejecutará las siguientes acciones:

El diseño y promoción de políticas integrales en la materia.

La instrumentación de mecanismos de coordinación entre el órgano de fiscalización federal y los órganos de fiscalización locales, en relación al ejercicio de recursos y participaciones federales.

La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas materias.

Finalmente, la iniciativa indica que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización; asimismo, este Sistema fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.

b. Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves

La iniciativa propone expedir también la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves, que será de orden público y de observancia general en toda la República en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves; y cuyo objeto será establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las faltas administrativas, incluyendo aquéllas que son consideradas graves, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto, y determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas.

La iniciativa señala que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público; así como las siguientes directrices:

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.

Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades.

Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La iniciativa dispone que las autoridades facultadas para aplicar la esta ley son las Secretarías, los Órganos internos de control; la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas; así como los Tribunales y las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado. En caso de que se trate de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones correspondientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los Poderes Judiciales de los Estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de responsabilidades administrativas relacionadas con el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.

La iniciativa señala que las secretarías y los órganos internos de control tendrán a su cargo la investigación y calificación de las faltas administrativas de los servidores públicos, así como la investigación de las faltas administrativas graves en las que estén involucrados los particulares. Tratándose de faltas administrativas que sean calificadas como no graves en la etapa de investigación, estos órganos serán competentes para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores. Así, en el supuesto de que las secretarías o los órgano internos de control determinen en su calificación la existencia de faltas administrativas graves, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante los Tribunales competentes para que inicien el juicio de responsabilidades administrativas correspondiente.

Por otra parte, la iniciativa indica que la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para promover la acción de responsabilidad cuando, derivado de sus auditorías, detecten daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. No obstante, en caso de que la Auditoría Superior de la Federación detecte posibles responsabilidades administrativas, que no involucren a la Hacienda Pública, darán cuenta al respecto a los órganos internos de control para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan; asimismo, en los casos en que, derivado de sus investigaciones, se presuma la presunta comisión de delitos, la Auditoría Superior de la Federación presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.

La iniciativa indica que los Tribunales estarán facultados para resolver la imposición de sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. De igual forma, la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares, no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable, por actos u omisiones que no estén vinculados con faltas administrativas graves.

La iniciativa crea un Registro Nacional en el que se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; su declaración de intereses, la información relativa a su situación patrimonial en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como las sanciones firmes impuestas a aquellos; contendrá también las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el tribunal. Así, los entes públicos consultarán el Registro, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público. Por otra parte, el Registro incluirá, en un apartado específico, los nombres y adscripción de los servidores públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado quincenalmente; por ello, la Secretaría expedirá el Protocolo de Actuación que las secretarías y los órganos de internos de control implementarán, el cual deberá ser cumplido por los servidores públicos inscritos en dicho apartado.

La iniciativa propone que la publicación de la información relativa a la situación patrimonial y de intereses se haga en términos de lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el servidor público interesado o bien, cuando las secretarías, o las autoridades investigadoras lo requieran con motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades.

Asimismo, la iniciativa señala que las secretarías, así como los órganos internos de control de los entes públicos, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el Registro la información correspondiente a los servidores públicos a su cargo; y verificarán la situación o posible actualización de un conflicto de interés, por lo que llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos servidores públicos.

Al respecto, la iniciativa dispone que todos los servidores públicos estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

Declaración inicial, dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez, o reingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo;

Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

Así pues, la iniciativa indica que en los casos en que la declaración de situación patrimonial del servidor público refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, las secretarías y los órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento; y de no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, integrarán el expediente correspondiente y formulará una denuncia ante el Ministerio Público.

La iniciativa propone también que todos los servidores públicos que deban presentar la declaración patrimonial, estén obligados a presentar la declaración de intereses, mientras que la secretaría o los órganos internos de control podrán solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos.

La iniciativa señala que los servidores públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las secretarías o los órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.

Ahora bien, la iniciativa establece que incurrirá en falta administrativa el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan las siguientes obligaciones:

Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética.

Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas.

Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.

En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia.

Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de Intereses.

Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con estas obligaciones.

Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

De igual forma, la iniciativa señala como faltas administrativas graves, las siguientes:

Obtener o pretender obtener a través de cualquier acción u omisión, por sí o a través de terceros, con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, consistente en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Autorizar, solicitar o realizar actos para el uso, asignación, desvío o apropiación para sí o para las personas antes referidas, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Causar daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de la realización de un acto u omisión que viole una disposición jurídica.

Adquirir para sí o para las personas antes referidas, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Ejercer atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas antes referidas, para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público;

Intervenir, por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés.

Autorizar cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por

resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones se encuentren inscritas en el Registro.

Incurrir en falta de veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable o un Conflicto de Interés;

Utilizar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas antes referidas.

Cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

Tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcionar información falsa, así como no dar respuesta alguna a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

La iniciativa indica que los particulares incurrirán en actos vinculados con faltas administrativas graves, cuando:

Prometan, ofrezcan o entreguen cualquier beneficio indebido a uno o varios servidores públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido.

Realicen actos u omisiones para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente, se encuentren impedidos o inhabilitados para ello.

Intervengan en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos procedimientos.

Usen su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido.

Presenten documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio o ventaja.

Ejecuten con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.

Realicen actos mediante los cuales se apropien, hagan uso indebido o desvíen del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia manejen, reciban, administren o tengan acceso a estos recursos.

Acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos.

Contraten a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores.

La iniciativa señala que para el caso de faltas administrativas, las facultades de las secretarías o de los órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado; mientras que para las faltas consideradas como graves, el plazo de prescripción será de siete años.

La iniciativa propone que la secretaría o los órganos internos de control impongan, como sanciones administrativas, la amonestación pública o privada, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Para la imposición de las sanciones se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Asimismo, la iniciativa dispone que las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los servidores públicos, derivado de los procedimientos por faltas administrativas graves, consistirán en la suspensión, la destitución; la sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Para la imposición de las sanciones el Tribunal deberá considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; las circunstancias socioeconómicas del servidor público; las condiciones exteriores y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y el monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable.

Por otra parte, la iniciativa señala que cuando se trate de personas físicas, las sanciones administrativas que deban imponerse a los particulares por actos vinculados a las faltas administrativas graves, consistirán en:

Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de 100 hasta 150 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, en el ámbito federal, local o municipal, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de 8 años.

Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos.

Conforme a la iniciativa, en caso de que se trate de personas morales se impondrán las siguientes sanciones:

Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de 1000 hasta 1,500,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, en el ámbito federal, local o municipal según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de 8 años.

La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves.

Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave.

Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos.

La iniciativa indica que para la imposición de las sanciones a los particulares por actos vinculados con faltas administrativas graves se deberán considerar el grado de participación del o los sujetos en la falta administrativa; la reincidencia en la comisión de las infracciones, la capacidad económica del infractor; el daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, y el monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.

Respecto a la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas de servidores públicos o de particulares, la iniciativa señala que iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o de auditores externos. Las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas, sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias. Asimismo, las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía.

Concluidas las diligencias de investigación, la iniciativa propone que las autoridades investigadoras procedan al análisis de la información recabada y hechos, para determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones señaladas como falta administrativa, así como calificar la presunta falta administrativa y determinar la procedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador, ya sea ante las secretarías o los órganos internos de control o el Juicio de Responsabilidad Administrativa ante el Tribunal. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente.

La iniciativa dispone que la calificación de faltas administrativas no graves será notificada al denunciante y podrá ser impugnada mediante el recurso de inconformidad. Recibido el recurso de inconformidad, las secretarías o los órganos internos de control lo tendrán por interpuesto y se dará vista al presunto infractor y al denunciante, para que en un término de tres días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. La resolución del recurso consistirá en confirmar la calificación, o dejar sin efectos la calificación, para lo cual la autoridad resolutora del recurso estará facultada para recalificar el acto u omisión administrativa.

La iniciativa señala que para las responsabilidades administrativas que se consideren faltas no graves, las secretarías o los órganos internos seguirán el siguiente procedimiento:

Citarán al presunto responsable a una audiencia, para rendir su declaración en torno a los actos que se le imputen.

Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes.

Desahogadas las pruebas, las secretarías o los órganos internos de control resolverán dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución dentro de los tres días hábiles siguientes.

Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable, podrán disponer la práctica de otras diligencias o investigaciones, y citar para otra u otras audiencias.

La iniciativa indica que las secretarías o los órganos internos de control podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones; no obstante, la suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute.

La iniciativa establece el Juicio de Responsabilidad Administrativa que será aplicable para la imposición de sanciones respecto de las faltas graves e iniciará cuando las autoridades investigadoras presenten el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante el Tribunal y tendrá como objeto el esclarecimiento de los actos u omisiones calificados como faltas administrativas graves, cuya presunta responsabilidad se le impute a un servidor público o particular. En el juicio serán partes la autoridad investigadora; el servidor público al que se le determine un Informe de Presunta Responsabilidad administrativa; el particular, persona física o moral, presunto responsable de la vinculación con las faltas administrativas graves, y los terceros a los que pueda afectar la determinación de responsabilidades y sanciones administrativas.

La iniciativa señala que el juicio por faltas administrativas graves será improcedente cuando de las constancias se desprenda notoriamente que los actos u omisiones que hayan sido calificados por la autoridad competente como graves, no lo sean; en los casos en que se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; contra conductas calificadas como faltas administrativas graves que sean materia de un juicio diverso pendiente de resolución; cuando hayan prescrito las facultades de investigación de la autoridad, y contra conductas que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio por faltas administrativas graves. Asimismo, procederá el sobreseimiento cuando el presunto infractor muera durante la tramitación del juicio; cuando en las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existen los actos u omisiones imputados al presunto infractor o cuando no se probare que fue este quien los cometió, y cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

La iniciativa propone que el Magistrado que conozca del asunto pueda hacer uso, para hacer cumplir sus determinaciones, como medidas de apremio, la amonestación; la multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización como máximo; el arresto hasta por treinta y seis horas, y solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier nivel de gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento.

La iniciativa indica que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se presentará por escrito ante el Tribunal competente y será elaborado con los resultados de la atención a denuncias, investigaciones y auditorías que realicen las autoridades investigadoras, e irá acompañado del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa. Cuando el presunto infractor tenga el carácter de particular, se deberá acompañar con los contratos, documentación originada en el procedimiento licitatorio, asignaciones o cualquier otro documento con el que se compruebe la participación de la persona física o moral en la conducta calificada como falta administrativa grave.

Desde que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa haya sido presentado, la iniciativa señala que el Tribunal deberá resolver respecto la admisión, prevención o desechamiento; y en caso de ser admitido, se correrá traslado del mismo al presunto infractor, emplazándolo para que emita su contestación dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación, sin embargo, si no se produce la contestación, se tendrá por contestada en sentido negativo, teniendo las autoridades competentes la carga de probar los hechos que le imputa al presunto infractor. Admitida la contestación o declarado su desechamiento o no presentación, se citará a las partes a audiencia, en la que las partes podrán presentar las pruebas que consideren convenientes y realizar sus manifestaciones verbales, contestando las preguntas que el Magistrado juzgue pertinentes para esclarecer todos los hechos o determinar si existen más respecto del expediente.

La iniciativa señala que el Magistrado, hasta antes de dictar sentencia, podrá decretar la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que lo estime necesario; y una vez desahogadas las pruebas y al no existir ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, concederá a las partes un término de cinco días hábiles para formular alegatos por escrito, sólo respecto de los hechos sobre los que verse el proceso; por lo que una vez transcurrido el término, recibidos o no los alegatos, se considerará cerrada la instrucción y se emitirá el acuerdo que haga constar el cierre.

Así, la iniciativa dispone que la sentencia deberá dictarse dentro de los quince días hábiles siguientes a que se hubieren desahogado la totalidad de las pruebas y formulado los alegatos por las partes, por lo que el Tribunal deberá resolver en definitiva si los hechos constitutivos de faltas administrativas encuadran en el catálogo de conductas, actos u omisiones a las que esta Ley otorga el carácter de graves. Sin embargo, en caso que de las constancias se desprenda fehacientemente que los hechos en cuestión no se constituyen faltas administrativas graves, el Tribunal ordenará a las secretarías o los órganos internos de control para que den inicio al procedimiento sancionador por faltas administrativas.

El recurso de reclamación, propone la iniciativa que proceda en contra de las resoluciones del Tribunal que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. Este recurso se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate y éste no admitirá recurso legal alguno.

Por otra parte, la iniciativa señala que las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por las partes mediante el recurso de apelación y se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre, el cual procederá el recurso de apelación contra las resoluciones que determinen imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, y aquellas que determinen que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares.

Finalmente, la iniciativa dispone que las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas por la secretaría de la función pública, los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva y su tramitación se sujetará a lo establecido en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional, para la substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno.

Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena responsabilidad de un Servidor Público por faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:

Cuando el Servidor Público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su superior jerárquico y a la Secretaría, y

Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades federativas.

En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, dentro del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. En el caso de la fracción II, el Servicio de Administración Tributaria informará al Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que corresponda.

c. Se reforma y derogan disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La iniciativa propone reformar la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, a fin de que el titular de cada Secretaría de Estado expida los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Asimismo, los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública.

La iniciativa crea nuevamente a la Secretaría de la Función Pública para el despacho de los asuntos del orden administrativo del Poder Ejecutivo de la Unión, a la que corresponderá los siguientes asuntos:

Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental.

Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo.

Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias.

Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales.

Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo.

Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales.

Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño.

Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales.

Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estado, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría.

Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes.

Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas.

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes.

Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes.

Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes y por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes.

Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades, y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas, y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, para propiciar la homologación de políticas, normativa y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional.

Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando su administración no esté a cargo de una dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal correspondiente.

Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino, afectación y transferencia, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación y actualización de inventarios, para la realización y actualización, bajo estándares internacionales, de los avalúos que realice la propia Secretaría.

Reivindicar los bienes propiedad de la Nación.

Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos.

Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad.

Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante auditorías, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales.

Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción.

Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa.

La iniciativa señala que los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes.

Asimismo, la iniciativa propone que las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formen parte del Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporen en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, conforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La iniciativa señala que los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Finalmente, la iniciativa indica que las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; por lo que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación.

d. Se reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La iniciativa propone también reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, coadyuven con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que la Auditoría Superior de la Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables, a fin de garantizar la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos.

e.- Se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

Esta iniciativa dispone reformar la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que las aportaciones federales sean administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que las reciban, conforme a sus propias leyes, salvo en el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operativo; no obstante, en todos los casos deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos.

Asimismo, la iniciativa propone que el control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales quedará a cargo, respecto a la fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos, a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

f. Se reforma, se adiciona y se derogan disposiciones la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

La iniciativa propone dividir las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, por una parte se precisa el contenido de la revisión y fiscalización de la Cuenta Publica la cual incluye la fiscalización de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, de la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, así como la revisión de los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas y comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos , la Ley de Ingresos de la Federación y las metas previstas en los programas federales como medio de control y vigilancia a las y los servidores públicos, los procedimientos mencionados deberán ser realizados conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Por otra parte, la iniciativa propone incorporar en la ley, la atribución de la Auditoria Superior de la Federación para revisar y fiscalizar denuncias de irregularidades respecto al ejercicio fiscal en curso o anteriores al que se encuentre en revisión de Cuenta Pública; las participaciones federales y el destino de los recursos que provengan de empréstitos contraídos por los estados y municipios en los que cuenten con la garantía de la Federación.

Asimismo, la iniciativa divide las facultades de la Auditoria Superior y se ajustan los Títulos de la ley para regular cada una de las atribuciones, tanto de Fiscalización de la Cuenta Pública, como de la Fiscalización relativa a otros ejercicios fiscales distintos a la revisión de la Cuenta Pública, condicionada a la presentación de una denuncia y a la autorización del Auditor Superior y sólo será procedente cuando se deduzca la existencia de:

Un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos.

Posibles actos de corrupción.

Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados.

La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía.

El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad.

El desabasto de productos de primera necesidad.

Asimismo, la iniciativa prevé la fiscalización del ejercicio de participaciones por parte de las entidades federativas y municipios, que no corresponde a la Cuenta Pública Federal, así como la revisión del destino y ejercicio de los recursos provenientes de la deuda estatal garantizada por la Federación, para fiscalizar tanto el otorgamiento de la garantía federal al financiamiento de estados y municipios, como el destino de los recursos locales provenientes de dicho financiamiento.

La iniciativa establece la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para que si de la fiscalización aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, determine en cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos, y promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la acción de responsabilidad para la imposición de las sanciones administrativas; dar vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas que no involucren los daños o perjuicios a la Hacienda Pública, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente; y presente las denuncias y querellas penales que correspondan ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías. La Auditoría coadyuvará con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes; y podrá presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa indica que la fiscalización a entidades federativas, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar directamente los recursos federales transferidos a los órdenes de gobierno local y en coordinación con las entidades federativas o de manera directa, las participaciones federales.

La iniciativa prevé que la fiscalización de recursos federales que ejerzan las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, así la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos públicos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados.

La iniciativa modifica el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de las participaciones federales de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin de garantizar la celebración de convenios de coordinación, entre la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales, para fiscalizar las participaciones federales.

La iniciativa indica que la Auditoría Superior de la Federación deberá promover la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo, en caso de que el servidor público no haya actuado dolosamente, es decir, sin intención de obtener un beneficio indebido, éstos no sean sancionados, siempre que sea un daño menor a 2,000 Unidades de Medida y Actualización; que no haya dolo; que sea la primera vez que el servidor público comete la falta; y que se hayan reparado los daños y perjuicios. Este beneficio podrá ser solicitado por el servidor público en cualquier momento del procedimiento ante el Tribunal para concluir el mismo.

La iniciativa establece una coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el objeto de evitar la duplicidad en la evaluación de los programas que le corresponde a dicho Consejo efectuar en el año siguiente.

Asimismo, la iniciativa establece la modificación para que la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre del año en que sea presentada la Cuenta Pública, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la misma, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. De igual forma, la Auditoría deberá entregar el 20 de febrero, el Informe General Ejecutivo correspondiente, mismo que tendrá carácter público.

La iniciativa señala que los informes individuales de auditoría contendrán los reportes de las auditorías practicadas e incluirán los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de cada auditoría; las auditorías sobre el desempeño; el cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental; los resultados de la gestión financiera; la comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto y demás disposiciones jurídicas aplicables; el análisis de las desviaciones; los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; las observaciones, incluyendo las acciones promovidas y recomendaciones, y un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones. El Informe General Ejecutivo incluirá un resumen de las auditorías realizadas, los principales hallazgos y las observaciones realizadas; un resumen de los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos por parte de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, así como los principales hallazgos y las observaciones realizadas, y un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara de Diputados para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

La iniciativa establece que la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados del Informe individual de auditoría, formulará a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización, en los que se determinará en cantidad líquida, la responsabilidad de los presuntos infractores. El monto que se determine, en ningún caso podrá ser inferior a los daños y perjuicios ocasionados y se actualizará en los términos que establece el Código Fiscal de la Federación. Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos, o bien, la documentación y argumentos no sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación para solventarlos, ésta promoverá la acción de responsabilidad para imponer sanciones administrativas a los presuntos infractores ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La iniciativa dispone que la Auditoría Superior de la Federación, a través de su página de Internet, llevará un registro público actualizado de los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento administrativo y lo hará del conocimiento de los órganos internos de control, el cual será actualizado cada tres meses.

La iniciativa propone modificar la ley para facultar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, a efecto de que presente a la Comisión de Presupuesto, el Informe General Ejecutivo, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cámara; y cite al Auditor Superior de la Federación para conocer el Informe de General Ejecutivo.

La iniciativa también prevé la evaluación del desempeño que tendrá por objeto conocer si la Auditoría Superior de la Federación cumple con las atribuciones que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley le corresponden; como consecuencia de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de los entes públicos, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto, y en la administración de los recursos públicos federales que ejerzan.

Finalmente, la iniciativa realiza las modificaciones para que el Auditor Superior de la Federación, los auditores especiales, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión, cuenten con las atribuciones y facultades para dar cumplimiento a lo previsto en la propuesta.

g. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La iniciativa señala que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con plena autonomía e independencia para dictar sus fallos, con jurisdicción contenciosa administrativa para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Asimismo, tiene jurisdicción sancionatoria para determinar responsabilidades administrativas e imponer sanciones a los servidores públicos por actos u omisiones que constituyan faltas administrativas graves y a particulares que participen en actos vinculados con éstas, incluyendo el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. En cuanto a su presupuesto, lo ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia.

La iniciativa establece que el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las siguientes resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos:

Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal.

Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado.

Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante.

Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado.

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos.

Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta.

Las resoluciones dictadas en los recursos de revocación emitidas por la Secretaría de la Función Pública o los Órganos Internos de Control, en materia de sanciones por faltas administrativas no graves.

Asimismo, la iniciativa señala que el Tribunal conocerá de las acciones de responsabilidad promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones a los servidores públicos por actos u omisiones que constituyan faltas administrativas graves y a los particulares vinculados con dichas faltas.

La iniciativa dispone que el Tribunal estará integrado por la Sala Superior; la Junta de Gobierno y Administración, y las Salas Regionales. La Sala Superior se integrará por dieciséis Magistrados y funcionará en un Pleno General, en Pleno Jurisdiccional, y en tres Secciones; de los Magistrados de la Sala Superior, catorce ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el Tribunal y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.

La iniciativa propone que el Pleno General se conforme por el Presidente del Tribunal, por los trece Magistrados que integran las Secciones de la Sala Superior y por los dos Magistrados de la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración. Mientras que el Pleno Jurisdiccional estará integrado por el Presidente del Tribunal y por los diez Magistrados integrantes de la Primera y Segunda Secciones de la Sala Superior.

Respecto a las Secciones de la Sala Superior del Tribunal, la iniciativa señala que la Primera y la Segunda tendrán competencia administrativa y fiscal respectivamente, y la Tercera con competencia en responsabilidades administrativas. Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas cada una por cinco Magistrados de Sala Superior y la Sección Tercera se compondrá de tres Magistrados de Sala Superior, quienes por la naturaleza de su especialización no integrarán el Pleno Jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, sin embargo, sí integrarán Pleno General.

La iniciativa dispone que el Pleno General cuente con las siguientes facultades:

Elegir de entre los Magistrados de la Sala Superior al Presidente del Tribunal.

Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y enviarlo a través del Presidente del Tribunal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos de los criterios generales de política económica y conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal.

Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal y las reformas que le proponga la Junta de Gobierno y Administración.

Expedir el Estatuto de Carrera.

Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de las Salas Regionales, y a los que se integrarán la Junta de Gobierno y Administración.

Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal para otros periodos, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración; o para nuevos nombramientos.

Asignar la adscripción de los Magistrados de las Secciones de Sala Superior.

Designar al Secretario General de Acuerdos a propuesta del Presidente del Tribunal.

Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos; o acordar cuál de éstos corresponde atenderlas.

Ejecutar las sanciones a Magistrados de Salas Regionales.

Determinar las Salas Regionales que recibirán apoyo de las Salas Auxiliares.

Por otra parte, el Pleno Jurisdiccional tendrá las siguientes facultades:

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal, aprobar las tesis y precedentes del Pleno Jurisdiccional, así como ordenar su publicación.

Resolver las contradicciones de criterios, tesis o jurisprudencias sustentadas por las Salas Regionales y Secciones de Sala Superior, determinando cuál de ellos debe prevalecer, lo cual constituirá jurisprudencia.

Resolver los juicios con características especiales, incluidos aquellos que sean de competencia especial de la Primera y Segunda Secciones; con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección.

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los asuntos de su competencia y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción.

Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias.

Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la Sala de origen, en que se advierta una violación substancial al procedimiento, o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción.

Resolver, en Sesión Privada sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal.

Las facultades de la Primera y Segunda Sección, conforme a la iniciativa, serán las siguientes:

Elegir al Presidente de la Sección correspondiente;

Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

Resolver los juicios con características especiales, con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección.

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción.

Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias que emitan.

Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la Sala de origen, en que se advierta una violación substancial al procedimiento, o en que así lo amerite.

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia de la Primera y Segunda Sección, aprobar las tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación.

Resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos.

Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza su facultad de atracción.

Designar al Secretario Adjunto de la Primera y Segunda Sección que corresponda, a propuesta del Presidente de cada Sección.

Respecto a la Tercera Sección, la iniciativa establece las siguientes facultades:

Elegir al Presidente de la Tercera Sección de entre los Magistrados que la integran.

Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones en materia de responsabilidades administrativas, dictadas por las Salas Regionales.

Resolver los juicios con características especiales que atraiga el Pleno de la Sección, competencia de las Salas Regionales.

Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia, de las Salas Regionales, aprobar las tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal.

Designar al Secretario Adjunto de la Tercera Sección, a propuesta del Presidente de la Sección.

Respecto a la Tercera Sección, la iniciativa establece las siguientes facultades:

Elegir al Presidente de la Tercera Sección de entre los Magistrados que la integran.

Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones en materia de responsabilidades adminsitrativas, dictada por las Salas Regionales.

Resolver los juicios con características especiales que atraiga el Pleno de la Sección.

Resolver el recurso de reclamación que procede en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia, de las Salas Regionales, aprobar las tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal.

Designar al Secretario Adjunto de la Tercera Sección, a propuesta del Presidente de la Sección.

Por otra parte, la iniciativa señala que la Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones; y se integrará por el Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración, dos Magistrados de la Sala Superior, y dos Magistrados de Sala Regional. Así, la Junta de Gobierno y Administración

La iniciativa prevé que las Salas Regionales del Tribunal se dividirán en Ordinarias, Auxiliares, Especializadas y Mixtas. Las Salas Auxiliares apoyarán a las Salas Ordinarias o Especializadas, en el dictado de las sentencias definitivas, diversas a las que se tramiten en la vía sumaria, mientras que las Especializadas atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio. Los Presidentes de las Salas Regionales, serán designados por los Magistrados que integren la Sala en la primera sesión de cada ejercicio, durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

Asimismo, la iniciativa establece las atribuciones de Magistrados, del Secretario General de Acuerdos; de los Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones; de los Secretarios de Acuerdos; de los Actuarios y del Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal, entre otros.

Conforme al texto constitucional, la iniciativa señala que los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, cuyo encargo durará quince años improrrogables. Mientras que los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado y su encargo durará diez años.

La iniciativa dispone que el Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los Magistrados de la Sala Superior.

La iniciativa prevé que el Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y experiencia, el cual abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente.

Finalmente, la iniciativa señala que el Tribunal contará con un Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo, que promoverá la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa; convocará a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de la carrera jurisdiccional del Tribunal y dirigirá la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 52, 53, 54, 55 Y 56 A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Esta iniciativa propone adicionar los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; a fin de que las autoridades competentes para la aplicación de esta ley, implementen programas de detección de faltas administrativas de los Servidores Públicos, sin menoscabo del derecho de presentación de quejas y denuncias y de la obligación de los servidores públicos para denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o autoridad administrativa interna, los actos y omisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa.

Asimismo, la iniciativa señala que la implementación de programas podrá incluir estrategias a base de usuarios simulados, entendiéndose por éstos, a personas que pudiendo ser o no servidores públicos, para realizar trámites de manera encubierta para la detección de posibles irregularidades. Por ello, la utilización de usuarios simulados requerirá acuerdo previo, en el que se especifique el tipo de trámite a realizar y la actuación a realizarse por parte del servidor público o persona encubierta, así como los dispositivos a emplearse para la obtención de evidencia.

Finalmente, la iniciativa explica que de los resultados de las actuaciones en los programas que utilicen usurarios simulados, deberá levantarse acta circunstanciada pormenorizada, en la que además de los hechos registrados se asiente la evidencia o pruebas recabadas y en caso de detectarse alguna irregularidad, se procederá en términos de lo dispuesto por el capítulo II del Título Segundo de la ley citada, sin detrimento de la denuncia penal que deba realizarse, en caso de que la conducta detectada constituya la comisión de un delito.

INICIATIVA CIUDADANA

La iniciativa ciudadana propone la expedición de una ley general de orden público y que tenga por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

La iniciativa ciudadana propone como directrices para efectivo servicio público, las siguientes:

Los servidores públicos regirán su actuación conforme a las facultades que las leyes y reglamentos atribuyan a su empleo, cargo, o comisión; deberán conocer y cumplir con las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Los servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general.

Los servidores públicos deberán cumplir con todas las obligaciones derivadas de su carácter de ciudadanos mexicanos.

En el ámbito de sus competencias y atribuciones, los servidores públicos deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Los servidores públicos no deberán usar su empleo, cargo o comisión para obtener beneficios privados para sí o para terceros a ellos relacionados.

Los servidores públicos deberán ejercer sus atribuciones de manera objetiva e imparcial a fin de no brindar ventajas o tratos preferentes a ninguna persona u organización.

Los servidores públicos evitarán y darán cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.

Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales.

Los servidores públicos deberán cuidar el patrimonio del Estado mexicano y los recursos públicos de que dispongan serán manejados de manera responsable, eficiente y transparente, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.

Los servidores públicos no podrán realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.

En el manejo de su patrimonio, los servidores públicos deberán conducirse conforme a las prácticas comerciales y financieras que promueve el Estado mexicano y evitarán comportamientos que las eludan.

Como sujetos de responsabilidad, la iniciativa ciudadana señala que serán los servidores públicos federales señalados en el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución, los servidores públicos que forman parte de los órganos que integra el Sistema Nacional, los servidores públicos adscritos a los órganos a los que la Constitución otorga autonomía, los servidores públicos de los gobiernos locales y municipales, así como cualquier órgano o institución, las Empresas Productivas del Estado, las asociaciones, sindicatos u organizaciones de naturaleza análoga que tengan a su cargo la asignación, administración y ejecución de recursos públicos, los candidatos, partidos políticos, asociaciones y personas electas para el desempeño de un cargo público y que manejen recursos públicos, las personas que forman parte de los equipos de transición federal, local y municipal, quienes serán considerados como servidores públicos a los efectos de esta ley, y los particulares que incurran en conductas graves

La iniciativa ciudadana indica que las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos que llevan a cabo la función de control interno, así como por sus homólogos en las entidades federativas y serán resueltas por el tribunal de justicia administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos que llevan a cabo la función de control interno.

De igual forma, esta iniciativa ciudadana prevé que en el caso del Poder Judicial de la Federación, la investigación y substanciación serán competencia del Consejo de la Judicatura Federal, sin perjuicio de las facultades propias de la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos a nivel local.

La iniciativa ciudadana dispone que todos los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones:

Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio.

Utilizar los recursos públicos de que disponga exclusivamente para los fines a que están afectos y sin comprometerlos para beneficio privado.

Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y proporcionar la documentación e información que le sea requerida.

Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de sus funciones tenga bajo su alcance o responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

Abstenerse de ejercer un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado, inhabilitado o por cualquier otra causa legal que se lo impida.

Abstenerse de disponer de los recursos humanos a su cargo para realizar actividades ajenas a su función.

Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios.

Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas cercanas a él entre las cuales deberá considerarse su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Abstenerse de aceptar regalos, compensaciones o dádivas que tengan como propósito ganar su favor o voluntad, o afectar la objetividad e imparcialidad de sus funciones.

Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección.

Denunciar por cualquier medio previsto en esta ley ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión que pueda configurar alguna de las conductas sancionadas.

Colaborar en los procedimientos judiciales o administrativos de los que sea parte.

Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por las leyes, las que estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia. Esta obligación de presentar las declaraciones de intereses y fiscal también aplicará a las personas físicas.

Abstenerse de realizar actuaciones que en ejercicio de sus funciones entren en conflicto con los intereses previstos en las leyes o declarados por el servidor público, tratándose de contratación, obra, servicio, o cualquiera de naturaleza análoga.

Responder veraz y oportunamente a las solicitudes de información que realicen los órganos que investiguen responsabilidades administrativas o los tribunales de justicia administrativa, así como atender y responder a las recomendaciones y solicitudes de información que formulen los órganos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de las autoridades encargadas de investigar o sancionar conductas administrativas.

Abstenerse de desempeñar un empleo, cargo o comisión público o privado respecto del cual exista incompatibilidad o inelegibilidad.

La iniciativa ciudadana señala que aquellos servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de dirección o como consejeros en el Instituto Nacional Electoral o como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que durante dos años no se abstengan de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron; serán sancionados por falta administrativa grave con la separación del cargo que ostentan, y la inhabilitación.

La iniciativa ciudadana establece que serán considerados faltas administrativas graves constitutivas de corrupción el soborno; la malversación, peculado y desvío de fondos públicos; el tráfico de influencias; el abuso de funciones; el enriquecimiento oculto; la obstrucción de la justicia; la colusión; la utilización ilegal de información falsa o confidencial; el nepotismo y la conspiración para cometer un acto corrupto. Asimismo, las legislaturas, tanto federales como locales, deberán considerar en el establecimiento de faltas administrativas graves constitutivas de corrupción estas conductas y establecerán las bases, órganos, procedimientos y sanciones que resulten necesarios para la efectiva disuasión y sanción de tales conductas.

La iniciativa ciudadana prevé en la determinación de la responsabilidad de las personas morales se valorará si cuentan con una política de integridad, la cual consistirá en un manual de organización y procedimientos; un código de conducta; sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría; sistemas adecuados de denuncia; sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación; políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación; y mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

La iniciativa ciudadana señala que para la determinación de las responsabilidades administrativas, se seguirán el procedimiento de investigación y el juicio ante el tribunal de justicia administrativa que resulte competente.

La iniciativa ciudadana indica que el procedimiento para la determinación de las responsabilidades iniciará de oficio o por denuncia y los denunciantes y terceros coadyuvantes tendrán derecho a ser informados del cauce y de los resultados del procedimiento para la determinación de las responsabilidades.

La iniciativa ciudadana propone que las personas que denuncien un acto de corrupción en el que se determine un daño al erario podrán participar de un porcentaje de lo recuperado; asimismo, para casos de relevancia, se podrán establecer recompensas o beneficios para quienes denuncien o participen en el proceso como testigos. Los denunciantes anónimos podrán participar en la recuperación u obtener las recompensas.

La iniciativa ciudadana señala que los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar protección, reubicación de su encargo, así como el resguardo de su anonimato, cuya solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por la dependencia, entidad, órgano o institución donde presta sus servicios el denunciante. Por ello, con el objeto de promover la denuncia, las leyes federales y locales deberán establecer un sistema de recompensas para la denuncia de casos relevantes; así como mecanismos eficaces para la protección de denunciantes y mecanismos eficaces para la protección de testigos.

La iniciativa ciudadana prevé competentes para investigar la posible comisión de faltas administrativas graves las siguientes autoridades:

La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría del Ejecutivo Federal que ejerza la función de control interno de la Administración Pública Federal, así como sus homólogos en las entidades federativas.

Los órganos que ejerzan la función de control interno, constitucionalmente autónomos.

Los órganos que ejerzan la función de control interno de los entes públicos federales.

Los órganos que ejerzan la función de control interno de las empresas productivas del Estado.

Los órganos que ejerzan la función de control interno en los entes públicos estatales y municipales, y de la Ciudad de México.

Asimismo, la iniciativa ciudadana indica que las autoridades encargadas de investigar la posible comisión de faltas administrativas graves deberán establecer unidades especializadas en los temas y las materias que se requieran, atendiendo a la evaluación del riesgo inherente a las funciones de cada dependencia o entidad.

La iniciativa ciudadana propone que una vez recibida la denuncia, las autoridades competentes procederán a su análisis a fin de dictar un acuerdo que ordene el inicio de la investigación; prevenga al denunciante, o deseche la denuncia por ser notoriamente improcedente.

Así pues, la iniciativa ciudadana señala que cuando se haya ordenado el inicio de la investigación por advertir la posible comisión de faltas administrativas graves, las autoridades investigadoras procederán inmediatamente a la preclasificación de los hechos para determinar aquellos casos que deban ser investigados por las Unidades Especializadas, pero no prejuzga ni califica los hechos materia de la investigación.

La iniciativa ciudadana prevé que las autoridades encargadas de la investigación podrá requerir de cualquier persona los informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones; debiendo señalar el carácter del requerido como denunciado o tercero coadyuvante, citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos de que se trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación.

Respecto a la práctica de visitas de verificación, la iniciativa ciudadana establece que se sujetarán a las reglas siguientes:

La autoridad encargada de la investigación emitirá la orden de visita.

Se realizará las visitas de verificación a fin de obtener datos y documentos que se relacionen con la investigación.

Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por el personal autorizado para su desahogo.

El personal autorizado por la autoridad encargada de la investigación estarán facultados para:

Acceder a cualquier oficina, local, terreno, medio de transporte, computadora, aparato electrónico, dispositivo de almacenamiento, archiveros o cualquier otro medio que pudiera contener evidencia.

Verificar los libros, documentos, papeles, archivos o información, cualquiera que sea su soporte material, relativos a la actividad económica del visitado.

Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros, documentos, papeles, archivos o información almacenada o generada por medios electrónicos.

Asegurar todas los libros, documentos y demás medios del visitado durante el tiempo y en la medida en que sea necesaria para la práctica de la visita de verificación.

Solicitar a cualquier funcionario, representante o miembro del personal del visitado, explicaciones sobre hechos, información o documentos relacionados.

El visitado tendrá derecho de hacer observaciones a los servidores públicos autorizados durante la práctica de la diligencia y podrá ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella.

De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por el personal autorizado.

Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la autoridad investigadora podrá solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, auxilio en cuestiones técnicas o específicas para su desahogo.

Por otra parte, la iniciativa ciudadana establece que una vez radicada la investigación la autoridad encargada de la investigación deberá estudiar de inmediato si se requieren medidas de aseguramiento para resguardar los elementos que puedan servir de prueba en la investigación; para ello, las autoridades investigadoras podrán determinar la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del servidor público investigado, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. Asimismo, cuando las personas investigadas desaparezcan, o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden los bienes objeto del ilícito, se solicitará a la Tesorería de la Federación, o a las tesorerías locales en el ámbito de sus competencias, procedan al embargo precautorio de sus bienes.

La iniciativa ciudadana propone que para la investigación de posibles actos de corrupción, y la identificación de redes que los realizan, las autoridades investigadoras puedan utilizar la estrategia del usuario simulado a fin de sorprender en flagrancia a quien o quienes pretenden beneficiarse con el uso ilegal de recursos públicos y utilizar medios de grabación y registro ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que suceden los hechos materia de la investigación; por lo que para la intervención de comunicaciones privadas se requerirá de autorización del tribunal de justicia administrativa que resulte competente.

La iniciativa ciudadana señala que una vez concluida la investigación, la autoridad investigadora integrará el expediente en el que se determine la existencia de elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del sujeto investigado, en cuyo caso se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa, o bien, el cierre del expediente en caso de que no se desprendan elementos para iniciar el procedimiento en forma de instrucción.

Así, la iniciativa ciudadana indica que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa será competente para conocer de las faltas administrativas graves en las que estén involucrados el uso, manejo, administración y aplicación de fondos, bienes, y recursos federales. En caso de que el Tribunal que recibió el expediente encuentre que no está debidamente integrado, podrá regresarlo a la autoridad encargada de la investigación con instrucciones y directrices sobre lo que se requiere para su debida radicación.

La iniciativa ciudadana señala que en caso de que el expediente esté debidamente integrado el tribunal de justicia administrativa seguirá el siguiente procedimiento:

Una vez emplazado, el probable responsable tendrá acceso al expediente y se le citará a una audiencia para rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputan.

Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de treinta días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen.

Con las manifestaciones del probable responsable se dará vista a la autoridad que se encargó de la investigación, para que en un plazo máximo de quince días hábiles se pronuncie respecto de los argumentos y pruebas ofrecidas.

Acto seguido se acordará el desechamiento o la admisión de las pruebas y se fijará lugar, día y hora para su desahogo.

Una vez que se hayan desahogadas las pruebas, la autoridad realizará una revisión de los autos que integran el procedimiento de responsabilidad administrativa, a efecto de constatar que no existe prueba alguna pendiente por desahogar; diligencia pendiente de practicar, ni promoción pendiente de acordar.

Concluido el desahogo de pruebas, el tribunal, a petición del presunto responsable o de la autoridad que se encargó de la investigación, fijará un plazo no mayor a cinco días hábiles para que sean formulados por escrito los alegatos que correspondan.

El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los y se emitirá el acuerdo que declarará cerrada la instrucción del procedimiento, en el que además se ordenará se proceda a la emisión de la resolución que en derecho corresponda.

Finalmente, la iniciativa ciudadana dispone que el Tribunal resolverá dentro de los sesenta días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, sobre la inexistencia o existencia de responsabilidad, caso en el que impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes. El Tribunal podrá imponer las siguientes medidas cautelares:

La exhibición de una garantía económica.

El embargo de bienes.

La inmovilización de cuentas y demás valores del sistema financiero.

La prohibición de salir sin autorización del país.

El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada.

La suspensión temporal en el ejercicio del empleo, cargo o comisión.

Asimismo, la iniciativa ciudadana señala que para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, la Secretaría, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, podrán emplear como medios de apremio, la multa de hasta veinte veces la Unidad de Cuenta vigente en el Ciudad de México y el auxilio de la fuerza pública.

La iniciativa, prevé como sanciones por faltas administrativas:

Amonestación.

Sanciones económicas.

Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año.

Suspensión de actividades, disolución o intervención de sociedades.

Destitución del puesto.

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, recibir subsidios, donativos, u otros beneficios que establezcan las leyes.

Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley prescribirán en un plazo de 10 años, contados a partir del día siguiente de aquél en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

La iniciativa ciudadana indica que para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos:

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra.

El grado y forma de participación en los hechos.

El tipo de funciones del servidor público y el impacto del acto en la sociedad.

El nivel jerárquico del servidor público o la posición de influencia de la persona a la que se le atribuye la conducta.

Las circunstancias socioeconómicas del servidor público o de la persona.

Los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio.

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del acto que se sanciona.

La iniciativa ciudadana señala que la sanción económica deberá establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable, y tomando en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones constitutivos de responsabilidades administrativas. Asimismo, podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

Por otra parte, la iniciativa ciudadana propone crear un registro público y de consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de todos los Poderes, Órdenes de gobierno, y Órganos Autónomos del Estado Mexicano, así como de las empresas productivas del Estado, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona; que deberá contener las resoluciones en texto completo que hayan sido notificadas a las personas sancionadas.

La iniciativa ciudadana prevé que la autoridad responsable de la investigación, el denunciante o el tercero coadyuvante puedan interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado competente, dentro de los quince días siguientes a que surta sus efectos la notificación, cuando el tribunal de justicia administrativa se haya negado a recibir un expediente para su instrucción; se declare la no responsabilidad de las personas sujetas a procedimiento, o se inconforme con los términos en los que se emite la resolución definitiva. Asimismo, en contra de las resoluciones definitivas que pronuncien los tribunales de justicia administrativa competentes, las personas afectadas podrán promover el juicio de amparo directo, en los términos de la ley reglamentaria.

De igual forma, la iniciativa ciudadana crea un sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la declaración patrimonial de los sujetos obligados. Por una parte, la declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuando éstos entran en conflicto con su función. Por otra, la declaración patrimonial documentará la integración del patrimonio del sujeto obligado, así como su evolución.

Finalmente, la iniciativa ciudadana señala que las autoridades encargadas de aplicar e interpretar el presente ordenamiento emitirán anualmente un diagnóstico de responsabilidades administrativas, será de carácter público, que permita evaluar e implementar acciones tendientes al cabal cumplimiento de los principios, directrices y obligaciones del servicio público.

MÉTODO DE TRABAJO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Desde el inicio de este proceso de dictaminación, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, acordaron abrir los espacios necesarios para que servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, académicos y especialistas de organizaciones de la sociedad civil, pudieran enriquecer este trabajo legislativo con sus reflexiones, aportaciones y comentarios respecto a la conformación de las leyes secundarias en materia anticorrupción.

En tal tesitura, las Comisiones Dictaminadoras acordaron celebrar Foros de Discusión para este proceso de dictaminación, los cuales fueron celebrados el 22, 23 y 24 de febrero de 2016, y participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de combate a la corrupción, académicos, así como servidores públicos que serán operadores del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en la reforma constitucional, a fin de intercambiar observaciones y comentarios con las Senadoras y Senadores, en relación a las políticas públicas en materia de combate a la corrupción, así como a la conformación de las leyes secundarias anticorrupción.

A continuación se enumeran los participantes de estos Foros celebrados por las Comisiones Unidas:

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.

Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Mtro. Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública.

Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado.

Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada.

Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado.

Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada.

Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado.

Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado.

Dr. Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Dr. Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

C.P. Carmen T. Ramírez Andrade, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Aguascalientes.

Mtro. Bladimiro Hernández Díaz, Contralor General del Gobierno del Estado de Baja California.

Mtra. Sonia Murillo Manríquez, Contralora General del Estado de Baja California Sur.

18.C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, Contralor General del Estado de Chihuahua.

Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila.

Lic. Jasón Eleazar Canales García, Secretario de Contraloría del Estado de Durango.

Lic. María Isabel Tinoco Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato.

Lic. Mario Ramos del Carmen, Contralor General del Estado de Guerrero.

Lic. Flor de María López González, Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo.

Mtra. Silvia Estrada Esquivel, Secretaria de Contraloría del Estado de Michoacán.

C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del Gobierno de Morelos.

C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo, Secretario de la Contraloría General del Estado de Nayarit.

C.P. Nora Elia Cantú Suárez, Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León.

Lic. Manuel de Jesús López López, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca.

Mtro. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Lic. Haydee Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de FUNDAR.

Lic. Marco Antonio Fernández Martínez, Investigador Asociado de México Evalúa.

Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel, Profesora Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

Lic. Cesar Alejandro Chávez Flores, Visitador General de la Procuraduría General de la República.

Lic. Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, Coordinador del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados

Lic. José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado de San Luis Potosí.

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora.

Mtra. Lucina Tamayo Barrios, Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco.

Dra. Gilda Cavazos Lliteras, Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas.

Lic. Hugo René Temoltzin Carreto, Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas, Secretario de la Contraloría General del Estado de Yucatán.

Así, atendiendo las observaciones y comentarios recibidos en los Foros, el 10 de marzo de 2016, fue publicado el Primer Documento de Trabajo de las Comisiones Unidas, con una propuesta de las leyes secundarias secundaria en materia de combate a la corrupción.

Posteriormente, las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda; elaboraron un Segundo Documento de Trabajo en el que se recogieron todas las observaciones y comentarios que se recibieron por parte de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, así como de la Auditoría Superior de la Federación.

En tal tesitura, las Comisiones Dictaminadoras celebraron, el 11 de abril de 2016, una reunión de trabajo para realizar el análisis, discusión e intercambio de opiniones del Segundo Documento de Trabajo de las Leyes Secundarias Anticorrupción. En esta reunión se llevó a cabo una revisión y análisis de todas las iniciativas presentadas, incluyendo la iniciativa ciudadana, que aún no contaba con el aval del Instituto Nacional Electoral, en la que asistieron los principales impulsores de la iniciativa ciudadana denominada “3de3”, es decir, el Mtro. Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana; el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; y el Dr. Juan E. Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Finalizada la reunión de las Comisiones Unidas, las Juntas Directivas, junto a los integrantes de la sociedad civil organizada que encabezan la iniciativa ciudadana, acordaron celebrar cuatro mesas de trabajo con los senadores integrantes de las Comisiones Unidas, los senadores representantes de los Grupos Parlamentarios, así como ciudadanos y especialistas propuestos por la sociedad civil; y en las que el eje de la discusión relativa la Ley General de Responsabilidades Administrativas sería la iniciativa ciudadana “Ley 3de3”

Es importante destacar que las Comisiones Dictaminadoras acordaron desarrollar este proceso dictaminación bajo las reglas de parlamento abierto con las características de máxima publicidad, amplia difusión y publicación.

Estas Mesas de Trabajo tuvieron verificativo los días 12 y 13 de abril de 2016, en las que participaron ciudadanos y especialistas propuestos por la sociedad civil organizada que encabezan la propuesta “Ley 3de3” junto a los senadores de las Comisiones Unidas y representantes de los Grupos Parlamentarios.

Derivado de las Mesas de Trabajo, los Senadores Armando Ríos Piter y Juan Carlos Romero Hicks, en representación de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, junto a la Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, entregaron a las Comisiones Dictaminadoras, el 19 de abril de 2016; los documentos conteniendo las propuestas comunes de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, adiciones a la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Finamente, los Senadores Pablo Escudero Morales y Raúl Cervantes Andrade, entregaron el 28 de abril de 2016, a las Comisiones Unidas y a los Senadores Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, cinco proyectos de la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción que fueron elaborados junto a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, a partir del contenido de todas las iniciativas presentadas por los legisladores de los diversos Grupos Parlamentarios, así como la iniciativa ciudadana. Los Senadores Escudero y Cervantes, señalaron que estos proyectos fueron el resultado de un análisis técnico–jurídico de las normas constitucionales y legales en la materia, los instrumentos internacionales aplicables, las resoluciones y criterios que han emitido, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones emitidas por instancias nacionales e internacionales.

Análisis Conceptual

Ahora bien, del apartado de ANTECEDENTES puede observarse que fueron presentadas catorce iniciativas, desde el mes de diciembre de 2013 hasta la fecha; no obstante, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, entró en vigor el 28 de mayo de 2015. Por ello, estas Comisiones Dictaminadoras estiman oportuno que, a efecto de ser armónicos con lo dispuesto por la reforma constitucional recientemente publicada, únicamente se analicen las iniciativas que fueron presentadas posteriormente a la entrada en vigor del Decreto de la reforma constitucional, en materia de combate a la corrupción.

En tal tesitura, derivado de un análisis conceptual de las iniciativas presentadas podemos encontrar que existen grandes coincidencias, así como distintas divergencias, en los proyectos de las leyes que se proponen expedir y que, sucintamente, se exponen a continuación:

Sistema Nacional Anticorrupción

Respecto a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, todas las iniciativas cumplen con las bases constitucionales del Sistema Nacional. Todas ellas establecen que el Sistema Nacional contará con un Comité Coordinador del Sistema que establecerá mecanismos de coordinación con los sistemas locales, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. El Comité Coordinador elaborará un informe anual que contenga avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia a través del que podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno, las cuales informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Las iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, establecen un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

En cuanto a la presidencia del Comité Coordinador, la iniciativa presentada por el PAN propuso que sea designado de manera rotativa, por un periodo de un año y cuya designación se haga sólo de entre las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional y conforme al orden de prelación previsto en el artículo 113 de la Constitucional. La iniciativa presentada por el PRD sugirió que el titular del Comité de Participación Ciudadana presidirá el Sistema Nacional Anticorrupción y durará en el encargo dos años, improrrogables. Mientras que la iniciativa del PRI – VERDE dispuso que la presidencia del Comité Coordinador durará un año, la cual sería rotativa entre sus integrantes que tengan el carácter de ente público, en el orden que determine el propio Comité.

Por otra parte, todas las iniciativas coinciden en que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, en armonía con lo dispuesto por el texto constitucional.

La iniciativa presentada por el PAN señala que el Comité de Participación Ciudadana se integre por cinco ciudadanos que durarán en el cargo 2 años y su representante ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional será electo con el voto de la mayoría de sus integrantes; asimismo, el Comité ciudadano, contaría con un Consejo Consultivo cuya función sería la de designar y sustituir a los integrantes del Comité, y actuar como instancia de consulta, asesoría y apoyo. Este Consejo Consultivo del Comité ciudadano estaría integrado por un número impar no menor a cinco y hasta quince representantes de las organizaciones de la sociedad civil o la academia e instituciones de investigación, con experiencia de 3 años en la materia.

La iniciativa del PRD indica que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana elegirían a su titular por el voto de la mayoría absoluta y para su nombramiento, se integraría un Colegio Calificador, el cual emitiría una convocatoria y tras comprobar la elegibilidad de los candidatos, definiría a quien ocupará la vacante.

La iniciativa del PRI - VERDE dispone que el Comité de Participación Ciudadana coordina y encauza los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción y sus miembros serán elegidos por mayoría de votos del Comité Coordinador, incluyendo a su Presidente.

Las iniciativas presentadas por el PAN y el PRI prevén la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, mientras que el PRD no contempla lo contempla dentro de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. La iniciativa del PAN señala que el Sistema Nacional de Fiscalización tendrá por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración, así como promover el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias; y estará integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los órganos de control interno dependientes de ésta, las entidades de fiscalización superior locales y los órganos estatales de control. Sus integrantes deberán crear un Sistema de información y comunicación; informar al Sistema Nacional Anticorrupción sobre los avances en la fiscalización de recursos federales.

La iniciativa del PRI - VERDE indica que el Sistema Nacional de Fiscalización deriva de los objetivos y fines generales del Sistema Nacional Anticorrupción, y estará integrado por la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría del Función Pública, de las entidades de fiscalización superior locales y de las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas. El Sistema Nacional de Fiscalización establecerá mecanismos de coordinación y colaboración entre órganos de fiscalización federales, locales y municipales; homologará criterios para la eficiente revisión del manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; y sus integrantes deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización. Asimismo, este Sistema contará con un Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios de entre las demás instituciones que lo integran.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

En cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, existe un nuevo elemento de análisis, además de las iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios, es decir, la iniciativa ciudadana, públicamente conocida como “Ley 3de3”.

La iniciativa presentada por el PAN, así como la iniciativa ciudadana, señalan como autoridades encargadas de investigar faltas administrativas y hechos de corrupción, a la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control. Mientras que la iniciativa presentada por el PRD y la del PRI prevén que la secretaría y los órganos internos de control investigarán y calificarán las faltas administrativas de los Servidores Públicos.

Respecto a las faltas administrativas, tanto la iniciativa del PAN como la iniciativa ciudadana, sólo prevén un catálogo de faltas administrativas graves en el que definen las conductas que actualizan el soborno, la malversación de fondos públicos, el peculado, el desvío, el ocultamiento de recursos públicos, la manipulación o alteración de bienes o recursos, la retención, inutilización o destrucción del bien, el tráfico de Influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento Ilícito, el blanqueo del producto del Ilícito, la obstrucción de la justicia, la colusión, la extorsión, la simulación, la utilización de información o documentación falsa, el nepotismo y la conspiración para realizar un acto de corrupción. En cambio, las iniciativas del PRD y del PRI, establecen un catálogo de faltas administrativas y otro de faltas administrativas graves, sin denominar las conductas, a fin de no duplicar los delitos establecidos en el Código Penal.

El procedimiento que propone la iniciativa del PAN señala que recibida la denuncia, las autoridades investigadoras deberán inmediatamente pre-clasificar los hechos y radicada la investigación se estudiará si se requieren medidas precautorias; así, las autoridades investigadores podrán determinar la suspensión temporal del cargo o comisión del servidor público, para la conducción de las investigaciones. El expediente que resulte de la investigación tendrá como objeto determinar la probable responsabilidad de él, o los probables involucrados y determinada la probable responsabilidad, la autoridad investigadora turnará el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa para el inicio de la instrucción. El Tribunal citará al probable responsable a una audiencia, para que, una vez concluida, se conceda al probable responsable un plazo de 20 días hábiles para que ofrezca elementos de prueba y desahogadas las pruebas, la autoridad emitirá el acuerdo que declarará cerrada la instrucción del procedimiento, en el que emitirá la resolución. En caso de ser solicitado por el probable responsable, se abrirá un periodo de alegatos, por 5 días hábiles, previos a la emisión de la resolución que ponga fin al procedimiento. El Tribunal resolverá dentro de los 60 días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, sobre la inexistencia de responsabilidad, o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de 10 días hábiles; y dicha resolución será comunicada también al Secretariado del Comité Coordinador del Sistema Nacional para su inmediata incorporación al Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

La iniciativa del PRD señala que una vez recibida la denuncia, en 48 horas acordara el inicio de la investigación, la prevención, su incompetencia, o el desechamiento. La investigación deberá realizarse en un plazo no mayor a 6 meses y el Comité de Participación Ciudadana podrá impugnar el acuerdo de inexistencia de falta administrativa por amparo indirecto. Respecto a la sustanciación, se cita a los presuntos responsables a audiencia inicial, se concederán 5 días hábiles para el ofrecimiento de pruebas, 3 días para formular alegatos y se cerrará la sustanciación con la clasificación de la falta administrativa. En caso de que se trate de una falta administrativa, el órgano interno de control será quien emita la resolución del expediente; en cambio, si se tratara de una falta administrativa grave el órgano interno de control prepara el pliego de responsabilidad para presentarlo ante la Sección Especializada del Tribunal. La resolución de la Sección Especializada del Tribunal no excederá 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pliego.

La iniciativa del PRI - VERDE prevé un procedimiento que comienza con la investigación, la cual da inicio de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas. Finalizada la investigación, las autoridades investigadoras calificarán los actos y determinarán el inicio del procedimiento o del juicio: en caso de faltas administrativas no graves, se lleva el procedimiento sancionatorio ante los órganos internos de control; si se trata de faltas administrativas graves, se presentará un Informe de Presunta Responsabilidad ante el Tribunal. Para el procedimiento sancionador, se citará al presunto responsable, concluida la audiencia se concederán 5 días para el ofrecimiento de pruebas y una vez desahogadas las pruebas, la autoridad investigadora resolverá en 30 días la existencia de responsabilidad. Así, el juicio de responsabilidad iniciará cuando la autoridad investigadora remita el informe de presunta responsabilidad, por lo que una vez admitido el Informe, se correrá traslado al presunto infractor para que emita su contestación en 15 días y de ser admitida o no presentada se citará a las partes a audiencia en 15 días. Una vez desahogadas las pruebas se concederá 5 días para formular alegatos y se cierra la instrucción para emitir sentencia.

Respecto a la prescripción de las faltas administrativas, la iniciativa del PAN y la iniciativa ciudadana señalan que la facultad para imponer sanciones administrativas prescribirán en 10 años; la iniciativa del PRD prevé que para las faltas no graves prescriban en 7 años y en caso de faltas graves en 10 años; y, la iniciativa del PRI - VERDE dispone que las faltas administrativas prescriban en 3 años; mientras que las faltas graves lo hagan en 7 años.

En la iniciativa del PAN se prevén como sanciones administrativas: la destitución; la sanción económica, y la inhabilitación temporal. Mientras que para personas físicas o morales contempla como sanciones: la Sanción económica; la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

La iniciativa del PRD establece como sanciones faltas administrativas: la amonestación pública o privada; el resarcimiento; la destitución; las sanciones económicas, y la inhabilitación (hasta 7 años). Las sanciones para faltas administrativas graves son: el resarcimiento; las sanciones económicas; la destitución la inhabilitación (hasta 30 años), y el decomiso y privación de propiedad. Y las sanciones para faltas administrativas impuestas a personas privadas son: el resarcimiento; las sanciones económicas; la denuncia, revocación o nulidad de contrato; la inhabilitación (hasta 30 años), y el decomiso y privación de propiedad.

La iniciativa del PRI - VERDE contempla como sanciones de faltas administrativas: la amonestación pública o privada; la suspensión (1 a 30 días naturales); la destitución, y la inhabilitación (no menor de 3 meses, ni mayor de un año). Para faltas administrativas graves, las sanciones serán: la suspensión (30 a 90 días naturales); la destitución; la sanción económica (hasta dos tantos de beneficios obtenidos), y la inhabilitación (1 a 10 años; o de 10 a 20 años). Para las personas físicas, se prevén la sanción económica; la inhabilitación y la indemnización y para personas morales, son la sanción económica, la inhabilitación, la suspensión de actividades, la disolución y la indemnización.

Finalmente, la iniciativa ciudadana señala como sanciones la amonestación; la sanción económica; el resarcimiento de los daños y perjuicios; la suspensión del empleo por un periodo no menor de 3 días ni mayor a 1 año; la suspensión de actividades, disolución o intervención de sociedades; la destitución del puesto; la inhabilitación temporal y la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, recibir subsidios, donativos, u otros.

En cuanto a los recursos, la iniciativa del PAN y la iniciativa ciudadana, prevén el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito y el juicio de amparo directo contra las resoluciones administrativas. La iniciativa del PRD contempla el amparo indirecto para impugnar la inexistencia de la falta administrativa; el recurso de inconformidad ante el Tribunal contra la clasificación de la falta y el amparo directo contra la resolución definitiva del Tribunal. La iniciativa del PRI - VERDE establece el recurso de reclamación contra resoluciones del tribunal antes del cierre de instrucción; el recurso de apelación contra resoluciones emitidas por los tribunales y el recurso de revisión: contra resoluciones definitivas del Tribunal.

Registro Nacional

Todas las iniciativas establecen la creación de un Registro Nacional; sin embargo, la iniciativa del PAN y del PRD la contemplan en la Ley General del Sistema Nacional, mientras que la iniciativa del PRI - VERDE y la iniciativa ciudadana, lo incorporan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La iniciativa del PAN crea una Plataforma Digital integrada por un Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses; un Sistema de Compras Públicas; un Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados; un Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización, y un Sistema de Denuncias Públicas de Actos de Corrupción. Por otra parte, la iniciativa del PRD crea un Registro Nacional de Servidores Públicos constituido por un Módulo de Registro de Declaraciones de Intereses, Patrimonial y Fiscal; un Módulo de Seguimiento de Responsabilidades y Sanciones, y un Módulo del Sistema Electrónico de Denuncia y Queja.

La iniciativa del PRI - VERDE, crea un Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses, con el Registro Nacional Patrimonial; un apartado de Servidores que participan en Contrataciones Públicas; un apartado de Protocolo de Actuación en contrataciones y otro de la Declaración Intereses. Asimismo, la iniciativa ciudadana, propone crear un Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados y un Sistema público de registro y seguimiento tanto de la declaración de intereses como de la declaración patrimonial de los sujetos obligados.

Tribunal de Justicia Federal y Administrativa

Las iniciativas del PRI, PRD y PAN, prevén la organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual estará a cargo de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares y estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, conforme a la fracción XXIX-H del artículo 73 Constitucional.

Asimismo, todas las iniciativas coinciden en que la Sala Superior del Tribunal estará compuesta de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales la Tercer Sección corresponderá la resolución de los procedimientos relativos a la imposición de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales

Respecto a la integración del Tribunal, la iniciativa del PRI - VERDE y del PAN señalan que el Tribunal estará integrado por la Sala Superior, las Salas Regionales y la Junta de Gobierno y Administración; mientras que el PRD, además de la Sala Superior, las Salas Regionales y la Junta de Gobierno y Administración, incluye a las Salas Especializadas.

La iniciativa del PRI - VERDE señala que la Sala Superior funcionará en un Pleno General, en un Pleno Jurisdiccional y Secciones. Las iniciativas del PRD y del PAN establecen que la Sala Superior actuará en Pleno o en Secciones.

Las tres iniciativas coinciden en que las Secciones de la Sala Superior, la Primera y Segunda Sección estén compuestas por cinco Magistrados y su competencia verse en las materias administrativa y fiscal; mientras que la Tercera Sección estará compuesta de 3 Magistrados y, como ya se mencionó, a ésta corresponderá la resolución de responsabilidades administrativas graves.

En cuanto a las Salas Regionales, la iniciativa del PRI - VERDE las divide en ordinarias, auxiliares, especializadas y mixtas. Las iniciativas del PRD y del PAN señalan que las Salas Regionales podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares.

Respecto al nombramiento de los Magistrados de la Sala Superior, en cumplimiento a la reforma constitucional, las iniciativas disponen que éstos serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente; y durarán en su encargo quince años improrrogables. Mientras que los Magistrados de Sala Regional también serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado; sin embargo, su encargo durará diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

De igual forma, las tres iniciativas coinciden en los requisitos para ser magistrado, a saber:

Ser mexicano por nacimiento;

Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

Ser mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento;

Contar con notoria buena conducta;

Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento, y

Contar como mínimo con 8 años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Finalmente, la iniciativa del PRI - VERDE prevé que el Tribunal cuente con diez Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, mientras que las iniciativas del PAN y del PRD señalan que el Tribunal contará con cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional.

La Corrupción

Ahora bien, la corrupción es un fenómeno complejo cuyo origen tiene distintas causas y provoca diversos efectos; que va desde el pago ilícito a un policía hasta el deficiente funcionamiento de un sistema político; por lo que la problemática de la corrupción no sólo es considerada como un problema estructural, sino también como una cuestión moral y cultural de un país.8 Así pues, la corrupción es un fenómeno que ha existido desde siempre, ya que se encuentra presente de forma ininterrumpida en cualquier sistema político y cualquier intervalo del tiempo en el que nos encontremos.9

En este sentido, la corrupción genera más corrupción, como lo explica el concepto de naturaleza retroalimentativa10 de la corrupción, también conocido como efecto contagio, que se refiere a la relación inversa existente entre la cantidad de corrupción de una comunidad y el riesgo de verse involucrado; es decir, la aplicación de una sanción dependerá del grado de corrupción existente en la sociedad; por lo que en gobiernos en los que no esté arraigada la corrupción, una persona corrupta carece de cómplices y el peligro de ser sancionado es mayor, pues no encontrará una justificación frente a la opinión pública; por otra parte, en las sociedades corruptas, mayor es el número de involucrados en los actos de corrupción, menor el riesgo de ser sancionado y, así, mayor es la impunidad al cometer los mismos.

Existen múltiples formas de corrupción y resulta imprescindible distinguir entre los factores que facilitan el crecimiento de este fenómeno, que puede versar en factores históricos, estructurales y culturales de un país, de aquellos que sean las causas más directas, toda vez que el desarrollo de la corrupción depende no sólo de la presencia de ciertas variables estructurales e históricas, sino también en las oportunidades, los riesgos y las consecuencias de la detección, incluyendo su sanción.11

Esto entraña un fenómeno complejo por su ramificación institucional; por la multiplicidad de conductas que lo generan, por la ausencia de mecanismos eficaces y efectivos para su combate; por ello, actualmente se advierte una debilidad en la capacidad de afrontar a la corrupción en cada uno de los ámbitos en que se genera.

Económicamente, la corrupción desencadena acciones que constituyen un importante obstáculo para el crecimiento de la economía. Uno de los detonantes primordiales del crecimiento económico que es directamente afectado por la valoración del grado de corrupción en un país determinado es la inversión extranjera directa que recibe. Como han mostrado diversas investigaciones,12 las prácticas de corrupción imponen costos de transacción elevados para los inversionistas que se traducen en una especie de impuesto informal e ilegal a las inversiones, lo cual reduce el atractivo del país para estos capitales.

En lo que respecta a los arreglos institucionales para combatir la corrupción y el problema de la coordinación interinstitucional; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró una investigación comparada de los distintos arreglos institucionales de diversos países para combatir la corrupción,13 aunque hacen énfasis en el papel de las Agencias Anti-Corrupción con mandato independiente, considerar estos puntos puede ser útil también para tener referentes de otros contextos, por lo que a continuación se presentan las principales conclusiones.

La Agencia Anti-Corrupción debe:14

Ser independiente de influencias externas para poder procesar legalmente presuntos actos de corrupción a todos los niveles.

Operar sobre la base de un marco legal sólido e integral.

Contar con un fuerte respaldo político en lo más altos niveles del gobierno.

Tener recursos financieros, técnicos y humanos adecuados.

Operar bajo un liderazgo ejemplar con la más alta integridad.

Tener una estrategia coherente y holística para combatir la corrupción, con un enfoque en la prevención, investigación y concientización.

Tener el apoyo de la sociedad en general para ser exitosa.

Asimismo, menciona los siguientes factores adicionales:

Aproximación sistemática, integral y de largo plazo contra la corrupción.

Una relación adecuada entre ella, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Considerar particularmente el papel de la institución de auditoría y del ombudsman, dado que pueden desempeñar papeles complementarios.

Asegurar la existencia de canales y mecanismos que garanticen la cooperación y coordinación entre las distintas instituciones involucradas en estas tareas.

El estudio señala que “muchas de las ventajas [de crear una Agencias Anti-Corrupción], como especialización, experiencia e incluso el necesario grado de autonomía, pueden obtenerse estableciendo unidades especializadas dentro de las agencias existentes para la aplicación de la ley”,15 aunque concluye que en estos casos uno de los principales problemas se vuelve la coordinación entre dichas agencias.

Debido a la gran diversidad de las arenas en que pueden ocurrir actos de corrupción y de los ámbitos en que éstos pueden repercutir, gradualmente se han multiplicado los actores involucrados en el combate a la corrupción. Esto hace necesario contar con mecanismos específicos para asegurar la coordinación y cooperación entre las agencias involucradas y crear definiciones precisas de las esferas de acción de cada una para evitar que se traslapen sus atribuciones, o que haya responsabilidades que queden desatendidas.

Al respecto, “Índice de Percepción de la Corrupción”16 de Transparencia Internacional,17 por ejemplo, asignó a nuestro país, en el año 2012 y 2013, 34 puntos sobre 100; similar a la obtenida en el año 2014 con 35/100 quedando en el lugar 103.

Por otra parte, el “Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno” elaborado en 2010 por Transparencia Mexicana,18 presenta los siguientes datos:

En 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos.

En 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00. En 2007 el promedio fue de $138.00.

En 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por Transparencia Mexicana, se destinaron más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”. En 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos.

En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro.

Para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso.

La frecuencia de corrupción a nivel nacional se incrementó tres décimas y pasó de 10.0 en 2007 a 10.3 en 2010.

Dieciséis entidades federativas redujeron su frecuencia de corrupción respecto a 2007; en las otras dieciséis entidades del país el índice se mantuvo sin cambios o se incrementó.

De los 35 trámites, 14 redujeron sus niveles de corrupción.

Veintiún trámites empeoran sus niveles de corrupción.

A partir del análisis de diversos estudios comparativos, un documento de trabajo del Centro de Recursos Anticorrupción U419 encuentra una serie de problemas y obstáculos prevalecientes, en mayor o menor medida, en numerosos países para lograr una adecuada coordinación y cooperación interinstitucional, entre los que destacan que:

Las entidades encargadas de la coordinación generalmente carecen de un enfoque proactivo. Además no tienen mucha visibilidad, poderes o influencia como para lograr incidir directamente en las demás instituciones.

No están bien delimitadas las atribuciones y las líneas de responsabilidad de los distintos actores.

La necesidad de la coordinación no fue considerada de forma plena y adecuada desde la fase de diseño de las políticas y estrategias. Esto implica que no haya una visión integral en la que se articulen las distintas instancias y lleva a distintos problemas prácticos en su interrelación.

Las entidades de coordinación reciben pocos recursos y no tienen una capacidad adecuada de personal especializado y de otros elementos técnicos para emprender sus actividades.

No existen disposiciones legales o mecanismos específicos para promover, incentivar o, incluso, forzar la coordinación.

Faltan canales de comunicación adecuados para facilitar la interacción entre las agencias y la vinculación con la ciudadanía.

Las políticas, estrategias y otros documentos básicos no son adecuadamente diseminados entre los organismos responsables y entre la sociedad, debido a que su publicación no es sistemática o que no se difunden y mantienen de formas fácilmente accesibles.

No se involucra a las diversas agencias anticorrupción en el diseño de las políticas y mecanismos de supervisión y evaluación. La revisión de casos específicos es útil para conocer y comparar algunas formas de resolver los numerosos obstáculos para lograr la coordinación.

El estudio del PNUD20 analiza los casos de Bulgaria y Sudáfrica, en donde no existe una agencia anticorrupción independiente. Ambos países coincidieron en plantear la resolución del problema de la coordinación interinstitucional a través de la instauración de dos componentes estratégicos.

El primero se trató de la creación de una instancia específica de carácter colegiado en donde participen representantes de diversas agencias y el segundo fue formalizar la elaboración de una estrategia nacional contra la corrupción.

En el caso de Bulgaria, el órgano colegiado consiste en una comisión interministerial donde participan representantes de los Ministerios de Finanzas, del Interior, de Justicia y la Oficina de la Auditoría. Su función es coordinar y dirigir la implantación de la estrategia contra la corrupción y analizar la efectividad de dichos esfuerzos. No cuenta con poderes de investigación, ni puede intervenir en casos de corrupción.

Sudáfrica, por su parte, creó un comité de coordinación conformado por todas las agencias con funciones anticorrupción, así como representantes del gobierno del nivel nacional y local. Este comité se reúne periódicamente y se apoya de una unidad administrativa permanente que se encarga de desarrollar e implantar la estrategia anticorrupción, así como de supervisar la coordinación entre agencias, recopilar y analizar información sobre corrupción y asesorar a todo el sector público en el desarrollo de políticas anticorrupción. Esta unidad no tiene tampoco facultades de investigación, ni interviene en casos concretos de corrupción.

Es así que algunas de las ideas desarrolladas en este sentido son: crear sistemas estandarizados para compartir información, formar grupos consultivos y de trabajo, llevar a cabo capacitaciones conjuntas y crear marcos comunes de referencia sobre normas, indicadores y lineamientos, entre otros elementos.

En los últimos años, el Estado Mexicano ha creado e impulsado diversas instituciones cuya finalidad es lograr una adecuada rendición de cuentas ante la ciudadanía; por ejemplo, en materia de fiscalización, con la creación de la Auditoría Superior de la Federación;21 en materia de transparencia, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;22 en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, se instauró la Fiscalía Especializadas en materia de Combate a la Corrupción;23 y, en materia de control, evaluación y vigilancia, a través de la Secretaría de la Función Pública.24

Sin embargo, es necesario instaurar y reglamentar adecuadamente un Sistema Nacional Anticorrupción para prevenir, combatir, investigar y sancionar la corrupción, a través de mecanismos y acciones que garanticen una oportuna coordinación y armonización, tanto de órganos, dependencias e instituciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada, como de los sistemas de rendición de cuentas ya existentes, de leyes, normas, políticas y programas relacionados con el combate a la corrupción en nuestro país.

Al respecto, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015; faculta y constriñe al Congreso de la Unión, a expedir las siguientes leyes:

La ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción;25

Las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y aquellas que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos de la federación;26

La ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que establezca su organización y su funcionamiento;27 y

La ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.28

El artículo Segundo Transitorio del Decreto citado, establece que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la reforma constitucional.

Conforme a lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, es necesario establecer un Sistema Nacional que conjunte herramientas y mecanismos para la investigación, la prevención, el combate y la sanción del fenómeno de la corrupción, que impacta tan perniciosamente al Estado Mexicano, e incluso alrededor del mundo; por ello, resulta imprescindible crear la legislación que regule y complemente de manera oportuna la reforma constitucional, a través de un engranaje que armonice las acciones de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil.

Este Sistema Nacional tiene como principal objeto establecer las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción, con la finalidad de reducir la nociva incidencia del fenómeno de la corrupción; y crear una estructura coordinada que permita al sector público, privado y la sociedad civil, prevenir y combatir la corrupción, así como una estrategia integral de seguimiento, y evaluación.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema del combate a la corrupción en México, presentaron en septiembre de 2015, un Manifiesto Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción29 en el que declararon que para ser eficaz, la Ley General debe considerar los siguientes puntos torales:

La corrupción no solamente se realiza considerando conductas individuales, sino comportamientos a través de redes integradas por servidores públicos por sí mismos o con particulares.

Estas redes se organizan para obtener un provecho personal –individual o colectivo, directo o indirecto, tangible o intangible—derivado del ejercicio de las atribuciones y/o del uso de los recursos otorgados a los servidores públicos, causando siempre un daño al interés general y al patrimonio público (por desviación de los fines, por apropiación de los recursos o por incumplimiento de los resultados).

La evidencia de ese provecho ilícito no debe buscarse solamente en la formalidad de los procedimientos administrativos, sino en el enriquecimiento inexplicable, la desviación de los recursos o la alienación de las atribuciones en favor del patrimonio personal o de los intereses de los servidores públicos, sus allegados (incluyendo los grupos políticos a los que pertenecen) y/o los particulares participantes.

No existen incentivos suficientes ni mecanismos adecuados para que la sociedad ejerza una vigilancia social de la actuación de servidores públicos y privados que actúan de manera contraria a derecho.

En tal tesitura, es importante crear un instrumento normativo de rango nacional, que contenga las siguientes características:

Definir las competencias de la Federación y de las entidades federativas.

Definir las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas.

Establecer los procedimientos de investigación y de sanción.

Establecer las sanciones por responsabilidad administrativa.

Así pues, es necesario crear un marco normativo que tenga en consideración en todo momento que la gravedad de los comportamientos reside en su antijuridicidad, en la afectación jurídica del bien público a proteger, más allá del monto de daños económicos o materiales que las conductas pudieran originar. Por ello, en caso de que la corrupción se presente a través de redes y en su ejecución puedan concurrir conductas cuyos daños materiales o económicos puedan ser de montos pequeños o cuantiosos o concurran entre sí, está debe ser tratada como un fenómeno que requiere un tratamiento integral. A fin de evitar el fraccionamiento de causas y sanciones que impidan el combate a las redes de corrupción.

En conjunto a los elementos que se han mencionado en párrafos precedentes, es importante recordar que en todos los estados democráticos cuentan con herramientas que garanticen a la ciudadanía el derecho de acceso a la información, permitiéndoles ejercer el derecho de control de la función pública y, con ello, participar de forma activa en la toma de decisiones del gobierno, ya que la publicidad es un principio normativo que deriva en un importante criterio para juzgar la calidad democrática de un sistema político.30

Por ello, es de destacar que uno de los controles transversales del combate a la corrupción, en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno, es el acceso a la información pública y la rendición de cuentas gubernamental. Al respecto, es importante recordar que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia,31 se establecieron, en el apartado A del artículo 6° Constitucional, los principios y bases que rigen a la Federación y las entidades federativas para el ejercicio del derecho de acceso a la información y su coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización.

CONSIDERACIONES

Partiendo del contenido de las iniciativas descritas en el presente dictamen, así como de los procesos de consulta ya referidos, las comisiones dictaminadoras someten a consideración de esta Soberanía, los proyectos de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

El Sistema Nacional Anticorrupción fue concebido por el Constituyente Permanente como el parteaguas en los esquemas de coordinación para combatir la corrupción y eficientar la prestación del servicio público. Se pensó como la piedra angular que vendría a dar plena efectividad a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, a través de la coordinación entre los diferentes órdenes e instancias gubernamentales, y por supuesto, con una amplia participación de la sociedad civil.

Así, en el contexto de esta Ley se establecen las directrices básicas que definan los esquemas de coordinación para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción disuasión y combate a la corrupción. Por otra parte, se instituyen las bases y principios de una política nacional a partir del fomento de la cultura de la legalidad e integridad en el servicio público, procurando en todo momento la cercanía del Gobierno con la sociedad, garantizando principalmente la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de recursos.

La ley en cuestión se integra de 60 artículos, 5 títulos.

En el Capítulo I de nombre del Objeto de la Ley, se describe el objeto principal de la misma, que de conformidad con el contenido del artículo 113 de la Constitución, es el de establecer bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el funcionamiento de un

Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen faltas administrativas y hechos de corrupción.

Además de su objetivo general, también tiene, entre otros, los que el propio artículo 113 de la Constitución estableció para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que como vehículo o instancia de coordinación de dicho Sistema, tiene a su cargo:

Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en los tres órdenes de gobierno;

Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;

Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;

Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y

Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno, entre otros objetivos.

En el Capítulo II denominado Sujetos de la Ley, se hace referencia a que los entes públicos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, son los sujetos de esta norma, siendo estos:

Los Poderes Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno;

Los organismos constitucionales autónomos;

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas,

Los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades,

La Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales,

Los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales,

Las empresas productivas del Estado, y

Cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno.

En el Capítulo III de nombre Principios que rigen el servicio público, se replican casi la totalidad de los principios que están descritos en el documento de trabajo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, norma fundamental que establece además las directrices sobre las cuales se deben conducir los servidores públicos.

Estos principios rectores que rigen en el servicio público son: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

Sistema Nacional Anticorrupción

En el Título Segundo de este Documento se describe la naturaleza, fines, integrantes, atribuciones y facultades del Sistema Nacional Anticorrupción, que da origen al nombre de esta Ley General.

El artículo 113 Constitucional describe al Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En el Capítulo I denominado Del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra el fin de esta instancia, que como estableció el artículo 113 Constitucional, es el de establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Los integrantes de este Sistema Nacional son:

Los integrantes del Comité Coordinador;

El Comité de Participación Ciudadana;

El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y

Los Sistemas Locales Anticorrupción de las Entidades Federativas.

En el Capítulo II de nombre Del Comité Coordinador, continuando con el marco desarrollado por el texto del artículo 113 Constitucional, se establece que el mismo es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Este Comité Coordinador está conformado por siete integrantes:

El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

El titular de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, es decir, la Secretaría de la Función Pública;

El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

El presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, al caso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

Un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y

Un representante del Comité de Participación Ciudadana, órgano integrado por ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, como será descrito con posterioridad.

El Presidente de este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será el representante del Comité de Participación Ciudadana, el cual durará en su encargo un año, rotándose anualmente en la integración del citado Comité Coordinador y por consecuencia asumiendo su presidencia, en su momento, cada uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Las facultades del Presidente de dicho Comité Coordinador, son las que le son naturales a estos cargos de representación, principalmente orientados a:

Presidir sesiones y convocar a estas por medio de su Secretario Técnico;

Representar al Comité Coordinador;

Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva;

Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva;

Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento del Secretario Técnico, e

Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados en las sesiones.

El artículo 113 Constitucional determinó que este Comité Coordinador tendría la responsabilidad de al menos seis grandes actividades, orientadas a:

Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales;

Diseñar y promocionar políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

Determinar mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

Establecer bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

Elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, y

Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

Lo anterior, independientemente de las atribuciones que le son necesarias para su debido funcionamiento cotidiano en el ámbito administrativo.

Como es común a este tipo de órganos, se propone que el Comité Coordinador se reúna en sesión ordinaria cada tres meses, siendo su Secretario Técnico la persona facultada para convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a incluso a petición del Presidente del Comité Coordinador, previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes del Sistema Nacional.

Siguiendo la lógica de todo órgano colegiado, para que sean válidas sus sesiones se requiere que esté presente la mayoría de sus integrantes, y sus determinaciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate.

Finalmente, con el fin de lograr sus objetivos, el Comité Coordinador podrá invitar a participar en ciertas sesiones a los representantes de los Sistemas Locales y los Órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, así como a organizaciones de la sociedad civil.

En el Capítulo III denominado Del Comité de Participación Ciudadana se describe la razón de existencia de este Comité Ciudadano, la cual consiste en coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Como lo establece el artículo 113 Constitucional, disposición que origina la existencia del Sistema Nacional y al menos de dos de sus más importantes órganos, el Comité de Participación Ciudadana se integra por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Los requisitos para ser elegible con el fin de integrar este Comité son:

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;

Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción;

Tener más de treinta y cinco años de edad, el día de la designación;

Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de la ley;

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;

Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento;

No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y

No ser secretario de Estado, subsecretario en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

Por la naturaleza de su encargo, y con el fin de liberarlos de todo posible conflicto que les impida desempeñar sus labores, sus integrantes no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, empleo de cualquier naturaleza en los tres órdenes de gobierno.

Además, durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y se procurará que prevalezca la equidad de género en su conformación.

Con el objeto de lograr la integración imparcial de este Comité de Participación Ciudadana, el Senado de la República elegirá a una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, previa convocatoria a las instituciones de educación superior para que se presenten las candidaturas o propuestas correspondientes para integrar esta Comisión de Selección.

A su vez, esta Comisión de Selección definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Otro de los temas definidos por esta Ley, es la determinación de la rotación de sus cinco integrantes en la representación y presidencia del Comité Coordinador, atendiéndose para ello, a la antigüedad que tengan en el Comité de Participación Ciudadana.

Al igual que en el escenario de otros órganos colegiados del mismo corte, el Comité de Participación Ciudadana se podrá reunir previa convocatoria de su Presidente, cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes.

Como en el caso del Comité Coordinador, las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, aunque aquí su Presidente no cuenta con un voto de calidad para desempate; así también, su Presidente, a diferencia del Presidente del Comité Coordinador, únicamente tiene atribuciones ordinarias relacionadas con la conducción y preparación de sus sesiones.

Posteriormente, en este Capítulo también se describen las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, las cuales primordialmente consisten en:

Acceder por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema Nacional;

Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la Política Nacional y las políticas integrales;

Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva diversos proyectos de mejora a los instrumentos y bases generados por el Comité Coordinador, y

Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Actividades todas estas relacionadas con la coadyuvancia al mejor desempeño de las labores del Comité Coordinador, a la vez que se convierte en un factor de opinión y emisión de recomendaciones a este último Comité en sus actuaciones; además de contar todas aquellas atribuciones de carácter administrativo necesarias para desarrollar sus funciones.

En el Capítulo IV de nombre De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se describe a esta figura, la cual consiste en un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle de asistencia técnica así como de los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

En la Sección I denominada De su organización y funcionamiento se explica que el patrimonio de esta Secretaría Ejecutiva se integrará con bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Federal y recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta Secretaría Ejecutiva, como todo ente público, contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por depender del Poder Ejecutivo Federal, y fiel a dicha naturaleza, ejercerá sus atribuciones de control y fiscalización exclusivamente en las materias de presupuesto, responsabilidades administrativas de servidores públicos, destino de bienes muebles e inmuebles, contrataciones y transparencia y acceso a la información pública.

Esta Secretaría Ejecutiva operará mediante un órgano de gobierno integrado por los siete miembros del Comité Coordinador y será presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que también es el presidente del Comité Coordinador.

Reiterando el modo de operación de este tipo de órganos de gobierno, celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, las cuales serán convocadas por su presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano, y se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros para sesionar válidamente.

De manera complementaria a la atribución del presidente del Comité Coordinador de proponerle a esta Secretaría Ejecutiva el nombramiento de su Secretario Técnico, esta Secretaría Ejecutiva a su vez, podrá nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco votos, al Secretario Técnico.

En la Sección II de nombre De la Comisión Ejecutiva se explica que esta figura estará integrada por el Secretario Técnico del Comité Coordinador y por cuatro de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, exceptuando el miembro que funja en ese momento como presidente del mismo.

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

El objeto de esta Comisión Ejecutiva es generar los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, elaborando, entre otras, propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho Comité Coordinador en los siguientes temas:

Políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos;

Metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción, y

Bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

Es decir, aquellos temas en donde está facultado el Comité Coordinador para establecer e implementar acciones relacionadas con el objetivo común de todos los integrantes y órganos del Sistema Nacional Anticorrupción; siendo este el de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

Finalmente, en la Sección III denominada Del Secretario Técnico, se repite el mecanismo de su nombramiento, es decir, por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros, el cual durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido.

Con el fin de facilitar el nombramiento del Secretario Técnico, el presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al referido órgano una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado en dicho encargo.

Descrito en líneas anteriores, los requisitos para ser Secretario Técnico son los mismos que se exigen para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana.

Las funciones primordiales del Secretario Técnico son, entre otras:

Actuar como Secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;

Elaborar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno llevando el archivo correspondiente de los mismos;

Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador, y

Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación.

En el Capítulo V de nombre De los Sistemas Locales, respetando la autonomía de las entidades federativas, y al mismo tiempo, atendiendo a la naturaleza de norma general de esta ley, se establece que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los Sistemas Locales conforme a las siguientes bases:

Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta ley otorga al Sistema Nacional;

Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan;

La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, y

Sus integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en la ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana.

Del Sistema Nacional de Fiscalización

En el Título Tercero de esta Ley se desarrolla un sistema adicional y conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, denominado Sistema Nacional de Fiscalización.

En su Capítulo Único de nombre De su integración y funcionamiento, se explica que su objeto es el de establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.

Sus integrantes son:

La Auditoria Superior de la Federación;

La Secretaría de la Función Pública;

Las entidades de fiscalización superiores locales, y

Las secretarías o instancias homologas encargadas del control interno en las entidades federativas

Para lograr su objeto, los integrantes de este Sistema deberán crear un sistema que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo de coordinación, además de informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y locales, y por último, estableciendo el deber de todos los entes fiscalizadores y fiscalizados de apoyar en todo momento al Sistema Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos federales y locales.

Como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios elegidos por consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, de entre las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o instancias homologas encargadas del control interno en las entidades federativas. Estos últimos integrantes durarán en su encargo dos años.

La presidencia de este Comité Rector será dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular de la Secretaría de la Función Pública.

Las competencias del Comité Rector en materia de fiscalización y control de recursos públicos, se ejecuta mediante las siguientes acciones:

El diseño y promoción de políticas integrales en la materia,

La instrumentación de mecanismos de coordinación entre el órgano de fiscalización federal y los órganos de fiscalización locales, y

La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas materias.

Dado que unos de los fines primordiales del Sistema Nacional de Fiscalización es el de lograr la para la mejora institucional en materia de fiscalización, es que sus integrantes deberán implementar las medidas aprobadas por ellos mismos para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización.

En el ámbito de sus respectivas atribuciones, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización además:

Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;

Revisarán de los ordenamientos legales que regulan su actuación, para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos y que permita un mayor impacto el combate a la corrupción, y

Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección, disuasión y aplicación en su caso, de sanciones que correspondan de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Finalmente, como se ha manifestado en los órganos de gobierno descritos en esta Ley, este Sistema Nacional de Fiscalización celebrará reuniones ordinarias cada seis meses a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados.

Plataforma Digital Nacional

En el Capítulo Único de este Título Cuarto, denominado De la plataforma digital nacional, se establece la atribución del Comité Coordinador de emitir las bases para el funcionamiento de la plataforma digital nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en esta Ley y la Ley General Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de esta ley.

Esta plataforma será administrada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, a través del Secretario Técnico de la misma.

La plataforma contará con la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y se conformará, al menos, con los siguientes cinco sistemas:

Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación declaración fiscal

Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;

Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados;

Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, y

Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.

En referencia a cada uno de estos sistemas, se establece, por ejemplo, en el caso del Sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses y el Sistema de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, que estos operarán en los términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por otro lado, para el Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados se determina que las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas, queden inscritas dentro del mismo y su consulta deberá de estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.

Por lo que toca al Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización se establece que será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos de auditoría gubernamental del país, incluidos los órdenes federal, estatal y, eventualmente, municipal.

Finalmente, en cuanto al Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, se dispone que será establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las autoridades competentes.

De las Recomendaciones del Comité Coordinador

El último título, el Título Quinto, contiene un Capítulo Único denominado De las recomendaciones. En este capítulo se describe que el Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones.

En los casos en los que del informe se desprendan recomendaciones, el presidente del Comité Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que a más tardar a los quince días hábiles posteriores a que haya sido aprobado el informe, haga tales recomendaciones del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen, para que, de ser el caso, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, dichas autoridades soliciten las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de estas.

Debe recordarse que las recomendaciones, por su propia naturaleza, no son vinculantes, sin embargo serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe anual presente el Comité Coordinador.

Estas citadas recomendaciones, con el fin de que exista una correcta apreciación y atención a las mismas, deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento.

Por último y dada la trascendencia del contenido de las referidas recomendaciones, en caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria o no realizó las acciones necesarias para su debida implementación, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere relevante.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene su origen en las mismas normas que forman parte del paquete conocido como “Leyes Anticorrupción”. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

En dicho Decreto, se estableció en el artículo 73, fracción XXIX-V, la facultad del Congreso de la Unión para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. Esta norma lleva el nombre de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El objeto principal de la misma, de conformidad con el contenido del artículo 73 fracción XXIX-V de la Constitución, es el de distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer:

Las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos;

Sus obligaciones;

Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, y

Los procedimientos para su aplicación.

Dentro del objeto principal de la ley, se encuentran además otros objetivos específicos, tales como establecer bases relativas a la:

Determinación de mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y

Creación de las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Por las características de este tipo de normas generales, cuya aplicación tiene efectos en los tres órdenes de gobierno, y en diversos poderes de la Unión, es importante definir los conceptos más trascendentales, y así se entiendan homologados en demás ordenamientos relacionados:

Autoridad investigadora: La autoridad en la Secretaría de la Función Pública, o sus homólogos en las entidades federativas, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargadas de la investigación de faltas administrativas.

Autoridad substanciadora: La autoridad en la Secretaría de la Función Pública, o sus homólogos en las entidades federativas, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y hasta la conclusión de la Audiencia inicial.

La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora.

Autoridad resolutora: Tratándose de faltas administrativas (no graves) lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el Servidor Público asignado en los Órganos internos de control. Para las faltas administrativas graves lo será el Tribunal de Justicia Administrativa competente.

Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno.

Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la investigación que las autoridades investigadoras realizan en sede administrativa, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de faltas administrativas.

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público y/o particular vinculado con faltas administrativas o faltas administrativas graves en su comisión.

Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los Entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos.

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los Entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución.

Lo anterior, independientemente del uso de definiciones o conceptos previamente determinados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Son sujetos de aplicación de esta norma los Servidores Públicos; aquellas personas que hayan fungido con tal carácter y los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Es importante recalcar que por disposición constitucional, solo aquellos particulares que estén vinculados con faltas administrativas graves serán sujetos de los procedimientos y sanciones establecidas en esta norma, independientemente de ser sujetos de responsabilidades que otras leyes dispongan.

Por otro lado, también es trascendente establecer que ciertos sujetos que aun cuando desempeñen funciones en Entes públicos, no serán considerados Servidores Públicos.

Estos son los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las Empresas productivas del Estado y de los Entes públicos en cuyas leyes de creación se prevea expresamente tal carácter.

Lo mismo para el caso de los consejeros independientes que integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Principios que rigen la actuación de los servidores públicos.

Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de:

disciplina,

legalidad,

objetividad,

profesionalismo,

honradez,

lealtad,

imparcialidad,

integridad,

rendición de cuentas,

eficacia y

eficiencia.

Directrices que rigen la actuación de los servidores públicos.

Las directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos, entendidas como la pauta que debe marcar su comportamiento, son las siguientes:

Actuar conforme a las leyes y reglamentos que les atribuye su empleo, debiendo conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones;

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo para obtener algún beneficio personal o a favor de terceros;

Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares;

Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios a personas, ni permitirán que influencias afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, y

Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, entre otros.

AUTORIDADES COMPETENTES PARA INTERPRETAR Y APLICAR LA LEY

Esta es una ley en donde concurren en su aplicación los tres órdenes de gobierno. Serán autoridades facultadas para aplicar la ley en el ámbito de su competencia, ya sea como autoridades investigadoras, sustanciadoras o resolutoras:

La Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas;

Los Órganos internos de control;

La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas;

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas;

En el caso del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, serán los órganos competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, lo mismo que los consejos de la judicatura competentes en el caso de los Poderes Judiciales de las entidades federativas.

Esto, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de responsabilidades administrativas relacionadas con el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.

Las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, de conformidad con las leyes que las regulan, en su carácter de autoridad investigadora y substanciadora, teniendo circunscrito su carácter de autoridad resolutora solamente para efectos de imponer sanciones por faltas administrativas no graves.

Autoridades relacionadas con la investigación de faltas administrativas.

La investigación, substanciación y calificación de faltas administrativas compete a la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas y a los Órganos internos de Control de los tres órdenes de gobierno.

Si de sus investigaciones estas autoridades califican tales faltas investigadas como no graves, estas mismas autoridades serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa respectivos.

Si las autoridades investigadoras determinan en su calificación la existencia de hechos que se señalan como faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, entonces deberán elaborar un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora, dependiendo de si es falta administrativa grave o no grave, para que proceda ya sea enviarse al Órgano Interno de control o al Tribunal de Justicia administrativa competente.

Atribuciones adicionales de los órganos internos de control

Estas autoridades podrán:

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción;

Revisar el manejo y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, en el ámbito de su competencia, y

Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante sus homólogos en el ámbito local.

Mecanismos generales de prevención.

Para prevenir la comisión de faltas administrativas, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos de las entidades federativas y los Órganos internos de control, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Lo anterior, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, mediante las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establecerá las bases y procedimientos para combatir las faltas administrativas y hechos de corrupción.

Código de Ética.

Este Código será emitido por la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos de las entidades federativas o los Órganos internos de control, según corresponda, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño, el cual deberá hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos, bajo el principio de máxima publicidad.

Evaluación de los mecanismos generales de prevención y recomendaciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

Los Órganos internos de control deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado y proponer las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría de la Función Pública.

Por otro lado, estos mismos órganos deberán valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Como en toda recomendación, deberá informarse de la atención que se dé a la misma, sus avances y resultados, en caso de haber sido implementada o atendida.

Selección de los integrantes del órgano interno de control.

La ley determina que deberá observarse un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

Toda vez que los particulares, bajo ciertos supuestos jurídicos, son sujetos de esta norma, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con el fin de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización.

Ámbito de aplicación de la ley a las personas morales.

Las personas morales serán sancionadas cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.

Un elemento de autorregulación que también puede ser considerado un mecanismo de prevención, es que en la determinación de la responsabilidad de las personas morales, se valorará si cuentan con una política de integridad.

Se considera que una política de integridad se encuentra compuesta por al menos los siguientes elementos:

Un manual de organización y procedimientos completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y especifique las distintas cadenas de mando en toda la estructura;

Un código de conducta socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;

Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen periódicamente el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización;

Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana, y

Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad citadas, entre otros elementos.

Instrumentos de rendición de cuentas y Plataforma Digital Nacional.

Dentro de los instrumentos torales de rendición de cuentas de los Servidores Públicos, encontramos los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, los cuales serán administrados mediante el uso de una Plataforma digital nacional, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

En esta misma Plataforma digital nacional además se operarán sistemas relacionados con Servidores Públicos sancionados y de Servidores Públicos vinculados con contrataciones.

Sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses.

La información de estos sistemas contendrá la información que generen los Entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia Administrativa competentes o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, o bien, cuando las autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas.

SISTEMA NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES SANCIONADOS

En este Sistema, el cual será administrado desde la Plataforma digital nacional, se inscribirán y se harán públicas, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal de Justicia Administrativa correspondiente.

Con el fin de fortalecer los mecanismos generales de prevención, los Entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán este Sistema, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas.

Sistema de servidores públicos que participan en contrataciones públicas.

Además de los sistemas mencionados con anterioridad, se encuentra el de Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas.

Son considerados Servidores Públicos que intervienen en procedimientos para contrataciones públicas, aquellos que intervienen en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos.

Su contenido se actualizará quincenalmente y deberá ser puesto a disposición de todo público a través de un portal de internet.

Al igual que en los demás sistemas que forman parte de la Plataforma digital nacional, los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses.

Bajo protesta de decir verdad, los Servidores Públicos deberán presentar su declaración patrimonial, de intereses y declaración fiscal anual.

Declaración de intereses

Como en el caso de la Declaración Patrimonial, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expedirá las normas y los formatos, impresos o electrónicos, bajo los cuales los Servidores Públicos deberán presentar la Declaración de Intereses, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que será obligatorio declarar.

El contenido de la declaración de intereses se encuentra orientado a informar y determinar el conjunto de intereses de un Servidor Público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función.

Recordemos que habrá Conflicto de Interés cuando acontezca la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Finalmente, es claro que aun cuando una Declaración de Intereses debe presentarse al tomar cargo como Servidor Público o al actualizarse anualmente la permanencia de este en el servicio público, un posible Conflicto de Interés pueda acontecer en cualquier momento, porque lo que deberá presentarse por el Servidor Público, cuando en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar el citado Conflicto.

Datos a inscribir al presentarse la declaración de situación patrimonial y de intereses.

Estos datos serán al menos los siguientes:

Datos generales del declarante;

Datos curriculares del declarante;

Experiencia laboral del declarante;

Datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como de los dependientes económicos;

Datos del encargo que inicia;

Antecedentes en el servicio público del declarante;

La manifestación expresa en la que consienta o prohíba la publicación de la información contenida en la declaración, y

La manifestación expresa de declarar la verdad.

Publicidad de la Declaración Patrimonial

La publicidad de la información relativa al patrimonio de los servidores públicos exige examinar la forma en que se relacionan y, en determinando punto, colisionan dos principios fundamentales que norman el manejo de la información pública en un Estado democrático.

En efecto, por un lado encontramos el principio de máxima publicidad de la información gubernamental, como elemento esencial de un régimen democrático en la que el ciudadano cuenta con el derecho de acceso a la misma, el cual se traduce en la posibilidad de obtener información accesible, oportuna, verificable, veraz, y confiable en posesión de los órganos del Estado, la que permite conocer cómo se ejercen los recursos públicos, cuál es el quehacer del poder público, así como dar seguimiento a las acciones emprendidas, a fin de evaluarlas y participar en la toma de decisiones.32

Desde otra óptica, encontramos los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales que la misma produce. La noción de vida privada atañe a la esfera en la que las personas desenvuelven libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, dentro de la cual destaca de modo especial la inviolabilidad de la información personal que sea recopilada y registrada por el Estado o por particulares. De esta forma, la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, ha generado por la jurisprudencia constitucional europea el denominado: derecho a la autodeterminación informativa.33

La condición postmoderna que rige a las sociedades actuales, caracterizadas por enormes rasgos disímbolos de los conceptos de vida común, intereses y finalidades, en la que impera una condición de hiperpluralismo, con todo lo complejo que ello resulta, producen concomitantemente el surgimiento de múltiples valores y principios que conforman la convivencia colectiva: la libertad de la sociedad, pero también las reformas sociales; la igualdad ante la ley pero también la especialidad de las reglas jurídicas; el reconocimiento de los derechos del individuo pero también de los derechos de la sociedad; la valoración de las capacidades materiales de los individuos, pero también la protección de los bienes colectivos frente a la fuerza de aquéllos; la responsabilidad individual en la determinación de la propia existencia, pero también la intervención colectiva en apoyo al más débil.34

Esta facticidad produce que los Poderes del Estado creen, interpreten y apliquen el Derecho –en el tramo que a cada uno corresponde-, a partir de una concordancia práctica de las diversidades e incluso de las contradicciones iusfundamentales; no mediante la simple amputación de potencialidades constitucionales sino, principalmente, mediante la adopción de operaciones prudentes que conlleven a soluciones acumulativas, combinatorias y compensatorias que conduzcan a los principios constitucionales a un desarrollo conjunto y no a un declive conjunto.35

Sobre este orden de ideas, los derechos que se hallan en juego deben ser evaluados y, de ser el caso, ponderados a partir de una concordancia práctica del contenido de los artículos 1, 6 y 16 constitucionales, de forma que, en la mayor medida posible, ninguno anule o vacíe de contenido a los otros, sino que en todo caso, se logre su coexistencia combinatoria y compensatoria conjunta.36

Ahora bien, la coexistencia combinatoria y compensatoria de los derechos en juego, se puede concretizar en dos momentos jurídicos distintos a saber:

A nivel operativo de los casos concretos en que una persona solicita información en poder de cualquier órgano del Estado, cuyo contenido pueda estar directamente relacionado con ámbitos de la vida privada de particulares –datos personales-. En tal supuesto, como se explicará más adelante, lo procedente es aplicar el estándar de proporcionalidad denominado prueba del daño

A nivel de creación normativa, cuando el legislador pretende, mediante una disposición legal, incidir en los derechos en juego, la forma de determinar la constitucionalidad de la intervención pretendida, es corriendo el test de proporcionalidad, a fin de verificar la razonabilidad constitucional de la medida

Cuando se presenta una solicitud de acceso a la información pública en términos del artículo 6 de la Norma Fundamental y la Ley General en la materia, es menester que los operadores que tienen competencia jurídica en este campo, efectúen un examen a partir del estándar de proporcionalidad denominado prueba del daño.37

En el caso específico de la publicidad de la declaración patrimonial de los sujetos obligados, ese análisis implica definir qué información, respecto del patrimonio de aquéllos, debe considerarse de interés público y, por ende, ser susceptible de consulta por cualquier interesado.

Ciertamente, conforme a la experiencia de derecho comparado generalmente aceptada,38 el acceso a la información pública admite dos grandes excepciones; a saber: un primer grupo responde a los casos en que la divulgación de la información puede causar daño a un interés público jurídicamente protegido; por ejemplo, como pudiera ser la seguridad pública, la seguridad o defensa nacional, entre otros. El segundo tipo de excepciones, se justifica por la necesidad de proteger la vida privada y los datos personales que derivan de ésta. Cadagrupo supone una racionalidad diferente e implica una valoración distinta respecto de su aplicación a los casos concretos.

Tratándose de la segunda excepción, en la que los derechos a tutelar son la vida privada -ámbito fundamental que comprende el patrimonio como atributo esencial de la personalidad- y la protección de datos personales que derivan de ésta, se parte de la premisa general de que ese tipo de información está restringida a terceros y no puede ser divulgada, sino es mediante el consentimiento del titular de la misma. Sin embargo, esta regla general no es absoluta, sino que pueden existir circunstancias excepcionales en que el interés público justifique su divulgación. Estas circunstancias excepcionales suponen una compleja valoración de los intereses en juego a través de la aplicación de estándar de la prueba del daño.

Este estándar de ponderación consiste en determinar cuál sería el daño que se ocasionaría si se difundieran públicamente ciertos datos, en aras de satisfacer un imperativo de orden público consagrado en la Constitución Federal. Para ello, deben identificarse los elementos objetivos que permitan elucidar con toda claridad si ese posible daño es presente, probable y específico respecto de cualquiera de los bienes jurídicos que pudieran ser dañados, incluyendo la vida privada.39

Al implementar el test que nos ocupa, el operador jurídico debe cerciorarse de que está razonablemente probado que la divulgación de la información causaría mayor daño que beneficio al interés público, caso en el cual, lo procedente sería decretar la reserva de la información; de ahí la conveniencia de que las disposiciones que limitan el acceso a la información no sean enunciadas de modo general, sino que su redacción sea tal que de su interpretación pueda deducirse cuál o cuáles son los derechos, principios o bienes jurídicos que se buscan tutelar con la restricción respectiva.

Como puede advertirse, el resultado que arroje el estándar de prueba de daño en un caso concreto, se erige como el límite al principio de máxima publicidad, a partir de la generación de la reserva de cierta información con el objeto de proteger, de una parte, el interés público; y, de otra, la vida privada y los datos personales, tal y como así lo dispone expresamente el artículo 6, Apartado A, fracciones I y II de la constitución Federal.40

De esta forma, debe tenerse en cuenta que las declaraciones patrimoniales constituyen documentos que se escinde en sendos ámbitos, por un lado, al estar en manos de una autoridad, se considera información pública respecto de la cual rige el principio constitucional de máxima publicidad, pero también y de forma importante, en el ámbito de la vida privada y los datos personales, lo que hace que buena parte de la declaración sea información confidencial protegida por la propia Norma Suprema, en tanto contienen, por ejemplo, datos como el estado civil, nombre, edades y número de hijos del funcionario, información patrimonial del cónyuge o dependientes económicos, entre otros, todo lo cual debe estimarse como confidencial.

Precisamente, al tenor de lo consagrado en el propio numeral 6 de la Constitución Federal, la información confidencial salvaguarda los datos de sus titulares, en relación con la vida privada, cuya protección no está sujeta a temporalidad, ni al principio de máxima publicidad. Según el mandato iusfundamental, la información confidencial sólo puede divulgarse en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; por tanto, corresponde al legislador conformar un catálogo de causas tasadas que constituyan excepciones al acceso a la información, precisamente, para tutelar estos otros derechos de máximo rango.

Bajo este orden de premisas, cuando se está en el supuesto de que la divulgación de información confidencial debe realizarse en aras del interés público, el operador debe aplicar una prueba de ponderación denominada prueba de interés público, para establecer que cierta información, perteneciente al ámbito privado, puede ser divulgada por una causa superior de interés público.41

De esta guisa, tanto si se trata de información pública, como si es información confidencial, el elemento que debe prevalecer para determinar en un caso concreto, es el interés público; esto es, dentro de ambas ponderaciones, ya sea para reservar información pública o bien para divulgar información confidencial, la pregunta a la que debe darse respuesta es si resulta de interés público conocer la información, o bien, si prevalece un interés público por reservar ciertos datos personales en aras de proteger el derecho a la intimidad.

A nivel de producción normativa, el legislador debe diseñar un sistema balanceado que no establezca una prohibición general de divulgación de las declaraciones patrimoniales, pero tampoco produzca una apertura que vacíe por completo el núcleo esencial de los derechos a la vida privada y la protección de datos personales; por ello, lo constitucionalmente adecuado es que se generen normas que permitan a los operadores jurídicos ponderar el peso del interés público y la prueba del daño por la divulgación de cierta información, salvaguardando la integridad de otra que es estrictamente confidencial y que, por ese motivo, no coadyuva ni siquiera de modo periférico a construir un espectro de escrutinio democrático social.42

En efecto, los derechos de acceso a la información pública de un lado; y a la vida privada y la protección de datos personales de otro, son autónomos y de igual rango constitucional, sin que uno prevalezca sobre el otro, aun en el caso de servidores públicos sujetos a un umbral de menor resistencia normativa y convencional.

Ahora bien, importa destacar que las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados en el sistema jurídico mexicano contienen información que, desde luego, resulta de interés para la ciudadana, pues por su conducto se puede conocer si su comportamiento patrimonial se ha desarrollado con base en los principios de legalidad, honradez e imparcialidad que les impone la propia Constitución; sin embargo, la respuesta legislativa no puede trascurrir hacia una solución reduccionista de todo o nada. Tratándose de derechos fundamentales de la misma escala, solamente son admisibles, como ya se ha puesto de relieve, soluciones combinatorias y compensatorias de concordancia práctica.43

Para sostener lo anterior, basta reflexionar en la complejidad que representa enfrentarse a la multiconexidad de la información pública, reservada y confidencial –privada- que se puede presentar en un mismo documento; así como en el hecho de que la naturaleza pública o privada de determinados datos, no se obtiene por la sola circunstancia de que se encuentre en posesión de un particular o del Estado, pues no toda información en manos del Estado es pública, como tampoco toda información en manos de un particular es privada. De lo que deriva también la necesidad de una adecuada ponderación entre dos categorías constitucionales conforme a las cuales, la información que por su propia naturaleza es pública, está sujeta al principio de máxima publicidad, de manera que debe divulgarse, salvo

Lo anterior pone de relieve que no toda la información contenida en las declaraciones patrimoniales debe ser divulgada, sino que, por lo contrario, en el ámbito previo de creación normativa, el legislador democrático debe ponderar qué información resulta de interés público dentro de las declaraciones patrimoniales y cuál debe estimarse dentro de la clasificación de información confidencial. Justo por que en cada caso la información que pudiera resultar de interés público varía, es que el artículo 6º constitucional establece el principio de máxima publicidad como parámetro de interpretación, de forma que siempre se preserve el interés público en balance con la protección de los datos personales.

Tal equilibrio puede lograrse mediante la emisión de una versión pública de las declaraciones patrimoniales en los que se reserve, únicamente, la información que se estime confidencial, logrando con ello un término medio entre los principios en juego. Se debe buscar, medularmente, establecer un sistema a través del cual la sociedad tenga derecho al acceso a las declaraciones patrimoniales, específicamente, respecto de aquella información que esté directamente relacionada con la finalidad de escrutinio de la evolución patrimonial como medio para combatir la corrupción; sin que ello implique una desprotección de la privacidad y los datos personales de los servidores públicos y terceros; luego, a nivel legislativo, un ejercicio de ponderación entre los derechos en tensión permite concluir que los derechos en contienda quedan efectivamente protegidos a partir de versiones públicas que salvaguarden aquellos elementos que se relacionen con aspectos distintos a los relacionados estrictamente con la evolución patrimonial y que, por ser más íntimos, continúan siendo indisponibles a la opinión pública, sobre todo por no existir un interés público respecto de los mismos.

En este sentido, importa destacar que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el Estado mexicano reconoce de manera preponderante la dignidad y autonomía de las personas, así como el libre desarrollo de sus proyectos de vida, a partir de la tutela de diversos derechos fundamentales, de modo que, razonablemente puede afirmarse que a nivel constitucional, está garantizado que cualquier ciudadano pueda generar y perseguir los intereses que convengan a su proyecto de vida; siempre que estos intereses no vacíen de contenido a otros derechos o principios iusfundamentales que la Carta Magna reconoce y protege de modo concomitante.

Esta construcción combinatoria de los derechos en juego, es acorde además con el criterio de proporcionalidad que deben satisfacer todas las normas legislativas que inciden en el ejercicio de derechos fundamentales. Así, para salvaguardar la constitucionalidad de la publicidad de las declaraciones patrimoniales, de modo que ello incida de forma razonable en la esfera jurídica de los sujetos obligados –derechos a la privacidad y a la protección de datos personales consagrados en los artículos 1º, 6º y 16 de la Constitución General de la República-, es necesario garantizar que tal intrusión se haga, como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia,44 con apego a los siguientes estándares:

Legitimidad constitucional. La incidencia en los derechos fundamentales debe tener como base la persecución de concretar uno o varios fines legítimos desde la perspectiva constitucional, lo que en el caso queda suficientemente justificado, pues se ha pensado que la publicidad de las declaraciones patrimoniales será uno de los instrumentos normativos para coadyuvar al combate a la corrupción

Idoneidad. Se refiere a que toda intervención en los derechos fundamentales, debe ser adecuada para contribuir a la obtención del fin que se busca potenciar

Necesidad. Toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho intervenido, entre todas las opciones que revisten al menos la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto

Proporcionalidad en sentido estricto. La importancia de los objetivos perseguidos por la intervención en los derechos fundamentales, debe guardar una adecuada relación con el significado del derecho intervenido

Desde este orden de premisas, establecer una versión pública de las declaraciones patrimoniales de los sujetos obligados, permitirá dicha incidencia en los derechos a la vida privada y protección de datos personales de manera razonable y proporcional porque:

Conforme al subprincipio de idoneidad, la exigencia de presentar la versión pública de la declaración patrimonial es una medida adecuada para identificar la información vinculada con el patrimonio de los sujetos obligados, lo cual permite seguir su evolución patrimonial durante el tiempo en que se ha participado las funciones de poder público.

Al tenor del subprincipio de necesidad, exigir la presentación de la versión pública de la declaración patrimonial es el requisito más benigno con los derechos fundamentales intervenidos, atento a que solamente se daría difusión a aquella información relacionada con la finalidad de combate a la corrupción que se busca alcanzar con la medida, como elemento fundamental en la configuración de un Estado democrático constitucional, manteniendo la efectiva protección de la esfera privada de los sujetos obligados, lo cual produce que no se vacíen de contenido los derechos respectivos. En adición a lo anterior, en el sistema debe preverse la posibilidad de que el sujeto obligado que así lo quiera, pueda autorizar de manera expresa la publicidad total de su declaración patrimonial, en términos de lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al resolver el AR 599/2012.45

Finalmente, por cuanto hace al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, la exigencia de presentar la versión pública de la declaración patrimonial guarda una relación adecuada con el significado de los derechos intervenidos, puesto que su imposición permite tener escrutinio sobre la evolución patrimonial de los servidores públicos, de manera que se vigile que su desarrollo no sea utilizado en beneficio de intereses particulares y, por ende, ajenos a lo que persigue la función pública, generando con ello la posibilidad de realizar jurídica y materialmente adecuada, las finalidades constitucionales de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, en términos de los artículos 109 y 113 de la Norma Fundamental

Aunado a lo anterior, el establecimiento de versiones públicas de declaraciones patrimoniales no se vería enfrentado con alguna disposición convencional sobre derechos humanos, como se demuestra enseguida.

Ciertamente, en el ámbito de la convencionalidad el orden internacional no ha establecido hasta ahora y en forma vinculante, la obligación del Estado mexicano para que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, necesaria e indefectiblemente, sean públicas.

En efecto, en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, del que México forma parte, existe la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Conferencia Especializada sobre Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, en la Ciudad de Caracas, Venezuela, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, suscrita ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, aprobada por la Cámara de Senadores el treinta de octubre siguiente, ratificada por el Titular del Ejecutivo Federal el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, mediante instrumento depositado el dos de junio siguiente en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, sin reservas.

Los Estados parte en la Convención acordaron establecer una serie de medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. Dentro de esas medidas destaca la creación, mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos, de conformidad con el precepto III.4.46

Dicho precepto convencional no establece una obligación directa e inmediata para los Estados parte, sino únicamente la posibilidad de aplicación de las medidas ahí previstas, dentro de los propios sistemas institucionales de aquéllos, para hacer públicas las declaraciones de personas que desempeñen funciones públicas cuando corresponda, expresión esta última que establece un matiz o temperancia de posibilidad oponible a la obligatoriedad en sentido estricto; por lo tanto, no impone un deber de establecer legislativamente la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

Ahora bien, con el propósito de dar seguimiento a lo pactado en el compromiso internacional de mérito, se creó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción –también identificado con las siglas Mesicic-, con la finalidad de verificar su cumplimiento y cómo los países suscriptores y adheridos han implementado acciones contra la corrupción. Se trata, en palabras de la propia Organización de los Estados Americanos,47 de un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de dicha organización para apoyar a los Estados parte de la Convención en la implementación de sus disposiciones, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances.

Dicho mecanismo tiene la finalidad de promover la implementación de la convención y contribuir al logro de sus propósitos; dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados parte y analizar la forma en que están siendo implementados; facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, el intercambio de información, experiencia y prácticas óptimas; y, la armonización de las legislaciones de los Estados parte.

Para cumplir sus fines, el Mesicic desarrolla, entre otras actividades, un proceso de evaluación recíproca entre los Estados que lo integran, en el marco de rondas sucesivas en las cuales se analiza cómo están implementando las disposiciones de la Convención seleccionadas para cada ronda, mediante la adopción de informes nacionales en los que se formulan a cada Estado recomendaciones concretas para que llenen los vacíos normativos detectados, subsanen las inadecuaciones encontradas y cuenten con indicadores que permitan determinar objetivamente los resultados obtenidos con relación a la implementación de tales disposiciones. Al concluir una ronda, el Comité adopta un informe hemisférico.

En el caso de México, se han celebrado cuatro rondas con sus respectivos informes, de los cuales destaca, en relación con la publicación de los datos patrimoniales de los servidores públicos, lo siguiente:

Del análisis de estos informes del Mesicic y, concretamente, en la primera ronda, se advierte que al evaluar el marco jurídico relacionado con los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, el comité aludió expresamente al artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente, como componente normativo del Estado mexicano integrante de dicho sistema, conforme al cual se “llevará un registro de servidores públicos en el que se inscribirá información relativa a la declaración de situación patrimonial, pudiendo publicitarse siempre y cuando se cuente con autorización previa y específica del servidor público” y en este aspecto, el comité estimó conveniente que México considere regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico.

En la segunda ronda de evaluación, al referirse al cumplimiento de ese precepto, el comité señaló que la Secretaría de la Función Pública exhortó y sugirió a los servidores que hicieran pública su información patrimonial y les impartió cursos para alentarlos sobre su publicitación.

En la tercera ronda, en relación con el tema, el citado Comité refirió que nuestro país continúa trabajando diariamente al respecto y que en este sentido se invita a los servidores a hacer públicos sus datos patrimoniales.

La cuarta y última ronda, respecto de los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, dicho Comité se pronunció, esencialmente, en términos similares a los anteriores, es decir, sugerir únicamente el fortalecimiento y regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico.

Respecto de los mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción - artículo III, párrafo 11, de la Convención- el Comité del Mesicic recomendó asegurar que las dependencias y entidades den cumplimiento a las obligaciones que regulan el derecho de acceso a la información y que identifiquen, publiquen, difundan información socialmente útil o focalizada, así como desarrollar procedimientos e indicadores que permitan mejorar la calidad, accesibilidad y pertinencia de dicha información. También recomendó continuar implementando medidas tendientes a optimizar el sistema de archivos de las dependencias y entidades a las que se alude al informe de la primera ronda para facilitar el acceso a la información pública.

En los informes que derivados de las rondas ha emitido el Comité, no se ha exigido al Estado mexicano que como parte de sus obligaciones derivadas de la Convención, éste deba establecer a nivel legal, un sistema de publicidad obligatorio de las declaraciones patrimoniales en todos los casos, sino que, a partir de su texto, los informes han considerado conveniente que nuestro país regule las condiciones, procedimientos y demás aspectos procedentes en relación con la publicidad de dichas declaraciones cuando corresponda, pero siempre con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales del orden jurídico.

En este mismo sentido, los artículos 13.1 y 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos48 disponen que el derecho a recibir información está sujeto a las prevenciones expresamente fijadas en la ley, las cuales deben ser necesarias para asegurar, entre otras cosas, el respeto a los derechos de terceros.

En forma análoga, el artículo 19, puntos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos49 establece que el ejercicio del derecho a obtener información se encuentra sujeto a ciertas restricciones expresamente fijadas en la ley, las cuales deben ser necesarias para asegurar, entre otros aspectos, el respeto a los derechos de los demás, así como el orden público.

De igual forma, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento titulado El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, publicado el treinta de diciembre de dos mil nueve, ha considerado como límite del derecho de acceso a la información la protección de los datos personales cuya divulgación podría afectar un derecho de su titular, por lo que, en principio, ante un dato personal sensible sólo su titular puede tener acceso.

Con base en todo lo anterior, para efectos de escrutinio de la evolución patrimonial de los sujetos obligados, es menester generar versiones públicas de la declaración patrimonial que incluya los datos que inciden directamente en este ámbito, de forma que queden reservados los datos que corresponden a la esfera de privacidad más íntima de los servidores públicos, así como de sus cónyuges y dependientes económicos, a efecto de evitar que se configure un daño excesivo a la intimidad e inclusive a la seguridad personal de éstos. Luego, se considera que los elementos que han de contener las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, son:

Datos generales del declarante;

Monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña;

Declarar si percibe otros ingresos distintos a la prestación del servicio público, y su naturaleza;

Señalar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que percibe como servidor público;

Listado de bienes inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa y municipio o demarcación territorial donde se encuentren, y el año en que los adquirió;

El listado de vehículos de su propiedad;

El listado de inversiones y cuentas bancarias que posee;

El listado de créditos bancarios y no bancarios, y

El listado de créditos hipotecarios de los que sea acreditado.

Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público, de conformidad con lo previsto por el artículo 6º de la Constitución, así como por las disposiciones de la Ley General de Acceso de la Información Pública y demás aplicables.

No obstante lo anterior, el servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información.

Verificación de contenidos de las declaraciones patrimonial y de intereses.

La Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas y los Órganos internos de control, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos.

De no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda, puesto que estas mismas autoridades cuentan con atribuciones de investigaciones de posibles faltas administrativas.

Si la declaración de situación patrimonial refleja un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como Servidor Público, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas y los Órganos internos de Control, inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.

De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas y los Órganos internos de control procederán a integrar el Expediente de presunta responsabilidad administrativa correspondiente para darle trámite, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Información relativa a dependientes de los servidores públicos.

Los Servidores Públicos estarán obligados a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas y los Órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.

Para el caso de la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios, sólo los titulares de la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas o los Servidores Públicos en quien deleguen esta facultad, podrán solicitarla a las autoridades competentes.

Verificación de contenidos de la declaración fiscal anual.

La Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas o los Órganos internos de control, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los Entes públicos.

Plazos de presentación de la declaración de situación patrimonial.

La declaración inicial deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez o por reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo.

La declaración de modificación patrimonial deberá presentarse durante el mes de mayo de cada año.

La declaración de conclusión del encargo, deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

Si hay cambio de cargo o empleo en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión.

Si no se presenta en los plazos establecidos la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas correspondiente, donde se aplicará al Servidor Público la sanción que se determine y se amonestará públicamente al presunto infractor por dicha omisión.

Si persiste la omisión en la presentación de la declaración después de un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido amonestado al Servidor Público, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades federativas o los Órganos internos de control, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de los Entes públicos correspondientes para separar del cargo al Servidor Público.

Debe recordarse que los Servidores Públicos encargados de la aplicación de la ley, también son sujetos de la misma. El incumplimiento por no separar del cargo al Servidor Público por parte del titular de alguno de los Entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley.

Protocolo de actuación en contrataciones públicas.

Ejemplo de la correlación entre las directrices y los actos específicos relacionados con el combate a las faltas administrativas y los hechos de corrupción, es que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expedirá un Protocolo de Actuación en Contrataciones que la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos de las entidades federativas y los Órganos de internos de control implementarán.

Estas mismas autoridades deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleve a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, ejecutando las verificaciones procedentes si descubren anomalías.

Este Protocolo de Actuación en Contrataciones deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema de Servidores Públicos que participan en contrataciones públicas, mismos que aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el principio de máxima publicidad.

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

De un análisis del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se advierte que uno de los instrumentos que consideró el Constituyente Permanente para garantizar que el servicio público se realice invariablemente bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, se refiere al establecimiento de un sistema punitivo que tiene por finalidad inhibir, tanto los hechos de corrupción, como aquellas acciones u omisiones que afecten los principios constitucionales que deben caracterizar al servicio público.

En este sentido, en el artículo 109, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que, ante los hechos de corrupción, el Estado debe desplegar su potestad punitiva en términos de la legislación penal aplicable, de modo tal que, mediante la aplicación de penas se inhiba y desaliente la comisión de este tipo de delitos.

Del mismo modo, en términos de lo previsto en el artículo 109, fracciones III y IV del artículo 109 constitucional se ordena que, ante la comisión de faltas que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del servicio público, el Estado debe reaccionar sancionando el injusto cometido en la vía administrativa mediante la aplicación, en contra del servidor público infractor, de sanciones económicas, amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación; y cuando esté involucrado un particular, mediante la aplicación para éste, de sanciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamiento, servicios u obras públicas, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública, e incluso, decretando la suspensión de actividades, la disolución o la intervención de personas morales.

Es importante considerar que, en un Estado democrático, la potestad sancionadora de éste encuentra como límite infranqueable el pleno respeto a los derechos humanos, principalmente aquellos que se relacionan con el debido proceso, toda vez que, para cualquier sociedad, resulta de la mayor importancia que las sanciones que el Estado imponga invariablemente se encuentren basadas en el respeto a la ley, y no así, en una decisión autoritaria y caprichosa.

Es por ello que resulta de la mayor importancia, que los procesos jurisdiccionales en donde deba desplegarse el ius puniendi del Estado, se diseñen por el legislador teniendo como guía orientadora el pleno respeto a los derechos humanos, tanto los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano se ha comprometido a honrar y respetar.

Sin perjuicio de lo anterior, el legislador debe considerar también la función epistémica que los procesos jurisdiccionales deben desempeñar, pues la valía de las reglas jurídicas que rigen en un proceso jurisdiccional, se encuentra relacionada de forma directa con su potencial para disminuir la posibilidad de errores en el dictado de la sentencia, y, por ende, para alcanzar, con el mayor grado de certeza posible, el conocimiento de la verdad de los hechos.

Debe considerarse que cualquier sentencia que emane de un juicio donde se hayan respetado pulcramente todos los derechos inherentes al debido proceso, puede, aun así, ser violatoria de la dignidad de las personas, y, por ende, de los derechos humanos, si se encuentra basada en un proceso cuyas reglas propicien la comisión de errores que induzcan a condenar a un inocente o absolver al culpable.

El éxito del derecho para inhibir o desalentar aquellas conductas que se estimen como antijurídicas depende, en gran medida, de que los procesos jurisdiccionales estén orientados a determinar con el mayor grado de certeza posible, la verdad de los hechos involucrados en su comisión. Es por ello que, ignorar la función epistémica que cumple un proceso jurisdiccional, solo podrá tener como resultado procesos deficientes que promuevan el error en el dictado de las sentencias o resoluciones, y, como consecuencia de ello, un mayor número de falsas condenas y de falsas absoluciones que, irremediablemente, conducirán a alentar la comisión de aquellas conductas que se pretenden inhibir. Sobre el particular, resulta conveniente traer a colación lo señalado por Jordi Ferrer Beltrán:

“Seguramente no se discutirá que una de las funciones principales del derecho es dirigir la conducta de sus destinatarios. Se da por supuesto que lo que el legislador pretende al dictar normas jurídicas prescriptivas es que sus destinatarios realicen o se abstengan de realizar conductas (i.e., pagar impuestos, no robar, etc.). Para conseguir motivar la conducta, el legislador suele añadir la amenaza de una sanción para quien no cumpla con la conducta prescrita. Pero, para que ello resulte efectivo, los sistemas jurídicos desarrollados prevén la existencia de órganos específicos -jueces y tribunales- cuya función principal es la determinación de la ocurrencia de esos hechos a los que el derecho vincula consecuencias jurídicas y la imposición de esas consecuencias a los sujetos previstos por el propio derecho. Siendo así, resulta claro que, prima facie, son las descripciones de aquellos hechos los que se deben incorporar al razonamiento judicial a los efectos de la aplicación de las normas.

Pensemos por un momento en una alternativa radical a esta reconstrucción. Supongamos que la consecuencia jurídica prevista (la sanción, en este caso) se atribuya aleatoriamente. Así, los órganos encargados de la adjudicación jurídica podrían realizar un sorteo para determinar cada mes quién debe ser sancionado, fijando un número de sanciones también aleatorio. Está claro, que en esa situación, no habiendo ninguna vinculación entre las conductas de cada uno de los miembros de esa sociedad y la probabilidad de ser sancionado, no hay tampoco razón alguna para comportarse de acuerdo con lo establecido por las normas jurídicas. Dicho de otro modo, sólo si el proceso judicial cumple la función de determinar la verdad de las proposiciones referidas a los hechos probados podrá el derecho tener éxito como mecanismo pensado para dirigir la conducta de sus destinatarios. Solo podrá influirse en la conducta de los hombres y mujeres para que no maten si, efectivamente, el proceso cumple la función de averiguar quién mató y le impone la sanción prevista por el derecho.”50

Todo proceso jurisdiccional, pero en especial, aquellos donde el Estado puede ejercer su facultad sancionadora, más que un medio para resolver los aspectos controvertidos que sostienen las partes entre sí, debe ser comprendido como un instrumento epistémico que tiene por objeto alcanzar decisiones racionalmente justas, entendiendo por tales aquellas donde la aplicación de la ley se realice mediante reglas procesales que, por su diseño, permitan determinar con la máxima certeza posible la verdad de los hechos, sin demérito del pleno respeto a los derechos humanos. En este sentido, se coincide con lo dicho por Michele Taruffo, quien ha sido insistente en señalar que:

“…las teorías que sostienen que el proceso no es otra cosa que un método para la resolución de controversias pueden llevarnos a pensar que la verdad de los hechos no es un objetivo del proceso y que, de hecho, la búsqueda de la misma puede resultar contraproducente si exige descubrir hechos que las partes no desean revelar o si implica esfuerzos de tiempo y de dinero que podrían evitarse: después de todo, una decisión puede ser eficaz para poner fin a una controversia, aunque no esté fundada en una comprobación verdadera de los hechos causales. Sin embargo, estas teorías son criticables desde varios puntos de vista y, por lo tanto, no constituyen un punto de referencia válido. Al contrario, es posible sostener que aunque el proceso esté orientado a la resolución de las controversias, los principios de legalidad y justicia que rigen los ordenamientos procesales han evolucionado para exigir que éstas sean resueltas con decisiones ´justas´. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que una condición necesaria para que una decisión obedezca al principio de justicia es que se ajuste a la verdad de los hechos, ya que ninguna decisión puede considerarse justa si aplica las normas a partir de hechos que no son ciertos o que han sido determinados erróneamente.”51

En este contexto, cobra especial relevancia el diseño de la fase probatoria dentro del proceso. La prueba debe dejar de ser vista, y más aún, utilizada, como un instrumento de persuasión que busque, mediante su uso retórico, ofuscar la inteligencia del juzgador. La prueba es, antes que nada, un insumo epistémico que permite, a quien resolverá el asunto, allegarse de la información necesaria para determinar la verdad de los hechos. Dada su importancia, es que le debe corresponder al juzgador, y a nadie más, determinar qué insumos deben admitirse en el proceso, los cuales deben preparase y desahogarse directamente ante su presencia y bajo su más estricta responsabilidad, pues de ello depende que la valoración que haga de las mismas, sea resultado de su apreciación directa y prudente, así como de un ejercicio lógico-jurídico y racional, condición que resulta indispensable para evitar, en el mayor grado posible, la comisión de errores que lleven a declarar absuelto a un culpable, o peor aún, a condenar a un inocente.

El diseño del procedimiento de responsabilidad administrativa que se propone en el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, está basado en las premisas de orden epistémico que se han señalado con anterioridad, así como en el pleno respecto de los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

Como instrumento epistémico, parte de la tesis innegable de que, en cualquier proceso jurisdiccional, sin importar los esfuerzos que se realicen y las precauciones que se adopten, siempre será posible que el juzgador cometa errores en la apreciación de los medios de prueba, por lo que es probable que la sentencia o la resolución que dicte, resulte equivocada.

En este sentido, el legislador debe considerar cómo habrá de distribuirse el error, por lo que deberá decidir si optará por que existan más absoluciones falsas que lleven a dejar sin sanción a los auténticamente culpables; o bien, si preferirá una mayor emisión de condenas falsas que conduzcan, en consecuencia, a sancionar a los auténticamente inocentes.

Ante este cuadro, el legislador debe tener en cuenta, que existe un mayor consenso entre la sociedad, de considerar más repugnante condenar erróneamente a un inocente, que dejar sin sanción alguna a un culpable. Es por ello que, en aquellos procesos jurisdiccionales donde el Estado puede ejercer su facultad punitiva, se ha optado por presumir la inocencia de quien es acusado, establecer la carga de la prueba en contra de quien acusa, dar al acusado el beneficio de la duda, así como exigir un estándar de prueba más elevado para que el juez declare la responsabilidad de una persona e imponga una condena. Cuando tales criterios se incorporan en el diseño de las reglas jurídicas que habrán de aplicarse a un proceso jurisdiccional, se produce el efecto de distribuir los posibles errores en el dictado de una sentencia a favor de los auténticamente inocentes. Sobre los costos relativos a las condenas falsas y las absoluciones falsas, Larry Laudan señala:

“Existen bases suficientes para fundamentar la sospecha de que las condenas falsas son mucho más costosas que las absoluciones falsas. El costo principal de una absolución falsa es que un delincuente genuinamente culpable eluda el castigo correspondiente y quede libre, quizá para cometer otros delitos. En este sentido, no se ha hecho justicia. La víctima del delito en cuestión no ha cerrado adecuadamente la experiencia traumática de haber sido victimizada e, incluso, es probable que termine resentida contra el sistema que falló. Por otro lado, el mensaje que se envía a otros delincuentes potenciales es que quizá también ellos puedan evitar ser perseguidos y castigados por los delitos que pudieran perpetrar. De hecho, presumiblemente los índices de criminalidad podrían aumentar si se observa que las absoluciones falsas son un fenómeno frecuente.

Tales costos no son triviales; sin embargo, hay costos similares en el caso de las condenas falsas. En estos casos, ni siquiera se aprehende al verdadero delincuente y menos aún es llevado a prisión. Aquellos con inclinaciones delictivas que conozcan la identidad del verdadero criminal, concluirán que ellos también pueden cometer delitos y salirse con la suya. Hasta aquí, parece que los costos de ambas clases de error son equivalentes (salvo por la sensación artificial de clausura o cierre que experimenta la víctima en el caso de una condena falsa). No obstante, las condenas falsas acarrean costos aún mayores, como la mancha permanente en el buen nombre de la persona inocente que es erróneamente condenada, la privación de su libertad por el tiempo que dure el encarcelamiento, así como la pérdida de ciertos beneficios importantes asociados a su estatus de ciudadanos (por ejemplo, en ocasiones, el derecho a votar). Esos costos son claramente más grandes que los relacionados con las absoluciones falsas. Por esta razón, queremos que sea más difícil condenar a un inocente que absolver a alguien genuinamente culpable.”52

Podrá advertirse que el principio de presunción de inocencia, obliga al legislador a diseñar las reglas jurídicas aplicables a los procesos jurisdiccionales donde el Estado puede ejercer su facultad punitiva, de forma tal, que la distribución de los posibles errores en la determinación de la verdad de los hechos y, por ende, en el dictado de la sentencia, beneficie a los auténticamente inocentes.

Es menester recordar que, de acuerdo con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 200/2013, se concluyó que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, con matices o modulaciones. Al respecto resultan ilustrativas las siguientes consideraciones vertidas en dicho asunto:

“84. De este modo, la Constitución Federal reconoce el estado o condición de inocencia de los gobernados, razón por la cual lo protege a través del derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, lo que significa que todo hombre debe ser tratado con tal calidad -inocente- hasta en tanto no se demuestre lo contrario.

85. Así, la presunción de inocencia se resguarda en el Texto Constitucional como derecho fundamental a favor de toda persona, con base en el cual se exige que para toda autoridad y ante el procedimiento al que se le sujete, no se estimen verosímiles los cargos atribuidos al gobernado respecto a la comisión de delitos, salvo decisión contraria emitida por un tribunal, dentro de la observancia del debido proceso.

86. En efecto, la presunción de inocencia en su génesis fue más bien considerada como principio teórico del derecho encarnado en la máxima in dubio pro reo, para con posterioridad llegar a construir un derecho de toda persona, incluido el procedimiento administrativo sancionador, a ser considerada y tratada como inocente respecto de la acusación formal en su contra. En razón de su universalidad, es que adquirió la connotación de derecho fundamental al ser conseguido como derecho inherente a toda persona, y una vez adoptado e incorporado a la Constitución se advierte como derecho fundamental de aplicación inmediata y que permea a todo el ámbito jurídico.

87. Este principio tendrá eficaz aplicación, sólo cuando el gobernado se enfrente a una acusación, cuyo propósito ha de ser el límite a la potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho punitivo, así se concebirá también a nuestro objeto de estudio como una garantía procesal a favor del imputado, dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento del orden administrativo.

88. La presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también, que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para la misma o limitación de sus derechos.

89. Así es, la matiz normativa de la presunción de inocencia se ubica no sólo en el capítulo penal de la Constitución Federal, sino también en diversos preceptos de la propia Carta Magna como son el 1o., 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 y 108; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que articulan una posición normativa de la persona frente al Estado cuando deba ser sancionado ya sea como particular o servidor público.

90. En efecto, la presunción de inocencia se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas en el artículo 8, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismas que subyacen en el derecho fundamental de debido proceso previsto en los numerales 14 y 17 constitucionales.

91. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que los artículos 8.2 de la invocada Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevén garantías o mecanismos que como especies de lo previsto en los diversos 14 y 17 de la Carta Magna, aquéllos subyacen en éstos, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esta prerrogativa constitucional, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el principio mencionado; debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita la mejor impartición de justicia.

92. De ahí que este principio recoge el ideal de que el Estado debe ejercer su potestad punitiva administrativa por sus actos y sus consecuencias en la vida social y no por su ontología; por lo que las sanciones o actos de reproche social, sin importar la materia de que se trate, sólo han de imponer por la convicción de que se ha cometido un acto administrativo lesivo.”53

La contradicción de tesis antes citada, resulta congruente, además, con lo previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde expresamente se dispone que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Es importante precisar que, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, mediante sentencia de 2 de febrero de 2001, estableció que el principio de presunción de inocencia era aplicable en cualquier proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional. Para mayor ilustración de este punto, se considera conveniente transcribir la parte conducente de ese fallo:

“124. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

125. La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.

126. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso.

127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

128. La Corte Europea se ha pronunciado sobre este tema, señalando que:

… los principios enunciados en el párrafo 2 (art. 6-2) y 3 (a saber los incisos a, b y d) [... de la Convención Europea de Derechos Humanos], se aplican mutatis mutandis a los procesos disciplinarios a los que se refiere el inciso 1 (art. 6-1) de la misma forma en que se aplican a los casos en que una persona es acusada por una infracción de carácter penal.

129. La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso.”54

En vista de lo anterior, el legislador está obligado a considerar en el diseño de las reglas que regulen los procedimientos sancionadores que impliquen la merma de derechos, aquellos criterios que tienen por efecto distribuir el error en favor de los genuinamente inocentes, siendo éstos el de presunción de inocencia, estándar de prueba, beneficio de la duda y carga de la prueba, los cuales se derivan de los tres significados garantistas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada contradicción de tesis 200/2013, estimó que se desprenden del principio de presunción de inocencia, siendo éstos el de regla de prueba, trato procesal y estándar probatorio, cuyos alcances fueron definidos en los siguientes términos:

“93. Lo que es acorde con el Estado democrático de derecho, con el que se pretende que sea la responsabilidad y no la inocencia la que deba probarse; de ahí que este derecho tiene efectos trascendentales en cualquier procedimiento o proceso en el que se pretenda acusar a alguien, así como en cada una de sus fases, independientemente sin importar la etapa en la que se encuentre, por lo que el principio de presunción de inocencia se traduce en tres significados garantistas fundamentales:

94. 1. El primero, como una regla probatoria que impone la carga de la prueba para quien acusa y, por ende, la absolución en caso de duda.

95. 2. El segundo, como regla de tratamiento al acusado que excluye o restringe al máximo la limitación de sus derechos fundamentales, sobre todo los que inciden en su libertad personal, con motivo del proceso que se instaura en su contra.

96. 3. El tercero, como estándar probatorio o regla de juicio que puede entenderse como una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria).”55

Considerando tales criterios, tratándose del procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en Título Segundo del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, se incluye expresamente el principio de presunción de inocencia como uno de aquellos que deberán regir en el procedimiento de responsabilidad administrativa, y que se traduce en reglas tales como aquellas previstas en el artículo 135, donde expresamente se dispone que toda persona señalada como responsable de una falta administrativa o falta administrativa grave, tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre su responsabilidad en los hechos más allá de toda duda razonable. Del mismo modo, se señala que la carga de la prueba para demostrar la existencia de la falta, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas será de la autoridad investigadora, por lo que los presuntos responsables no están obligados a declarar en su contra, teniendo el derecho a que su silencio no se interprete como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se les imputan.

Si bien los criterios para la distribución del error fueron considerados en el diseño de las reglas procesales para lograr el efecto de distribuir los posibles errores que se llegaren a cometer en los procedimientos de responsabilidad administrativa, en favor de quienes sean genuinamente inocentes, también se incluyeron diversas reglas procesales con el objetivo de disminuir la comisión de errores en el dictado de las sentencias, basados en dos estrategias:

Aumentando la calidad y cantidad de las pruebas que el juzgador debe conocer, y

Introduciendo mecanismos adecuados para la identificación de veredictos erróneos, así como para su corrección.56

Por cuanto hace a la primera de las estrategias citadas, esta implica la necesidad de establecer reglas procesales que permitan a la autoridad que resolverá el fondo del asunto, allegarse de todas las pruebas posibles que le permitan reconstruir la forma en que se suscitaron los hechos relacionados con la falta administrativa, de la forma más cercana posible a como acontecieron en la realidad.

Es por ello que, en el artículo 130 del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, se estableció que las autoridades podrán valerse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, para conocer la verdad de los hechos. Las únicas limitaciones para que la autoridad resolutora se allegue de pruebas, se relacionan con las pruebas ilícitas, es decir, las obtenidas mediante la violación de derechos humanos, así como por otros valores, como la protección de las relaciones familiares y con el ejercicio legítimo de una profesión, por lo que en el artículo 140 de la propuesta se estableció expresamente que no están obligados a declarar en contra de la persona con la que estén relacionados, sus ascendientes, descendientes, cónyuge, así como las personas que tienen la obligación de mantener el secreto profesional.

Por virtud de esta misma estrategia, se consideró necesario facultar a la autoridad encargada de resolver el asunto, para ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, para lo cual podrá disponer la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la falta administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera cometido.

Para aumentar el valor epistémico de los medios de prueba y disminuir con ello la posibilidad de error y su uso retórico, se previó el derecho de contradicción, por lo que cualquier medio probatorio puede ser cuestionado por las partes en la vía incidental, en cuanto a su alcance y valor probatorio, siempre que señalen con precisión las razones que tienen para ello, y ofrezcan las pruebas que sustenten sus afirmaciones, pues en caso contrario el incidente se tendrá por desechado.

La amplia posibilidad que tiene la autoridad encargada de la resolución del asunto de allegarse de pruebas para determinar, con la mayor certeza posible, la verdad de los hechos, solo tiene sentido cuando sea ésta quien directamente resuelva sobre la admisión de las pruebas, así como de su preparación y desahogo. Por esta razón, tratándose de las faltas graves, la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa solo permite a la autoridad encargada de dicha etapa, celebrar la Audiencia inicial, donde recibirá la declaración por escrito del señalado como presunto responsable, y se ofrecerán las pruebas. Después de dicha audiencia comienza la fase de resolución, la que exige que sean los Tribunales de Justicia Administrativa competentes, quienes se hagan directamente responsables de determinar la admisión de las pruebas, así como de su preparación, desahogo y valoración, lo cual permite disminuir el error en las resoluciones que emitan.

En el caso de las demás faltas administrativas, la disminución del error se pretende solventar previendo que el funcionario encargado de la resolución del asunto sea distinto de aquél encargado de la investigación y substanciación, pues es claro que quien debe resolver el fondo del asunto, debe estar, en lo posible, libre de prejuicios o ideas preconcebidas que condicionen su fallo.

Es precisamente, en el dictado de la resolución del asunto, donde cobra realce la segunda estrategia enfocada a la disminución del error, y que consiste en el establecimiento de medios de impugnación, en particular tratándose de faltas graves, donde sin importar si la resolución absuelve o condena a los señalados como presuntos responsables, procederá el recurso de apelación previsto en el artículo 215 del proyecto, a través del cual, se podrá confirmar, modificar o revocar la sentencia emitida por los Tribunales. Al establecer la posibilidad de recurrir, sin distingo alguno, las resoluciones absolutorias y condenatorias, se permite la corrección de fallas por interpretaciones erróneas de la ley, o del material probatorio, con lo que disminuye la posibilidad de arribar a falsas condenas o a falsas absoluciones.

Podrá advertirse que, en contraste con el procedimiento para la imposición de sanciones previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente, cuyo modelo, en términos generales, ha sido replicado en las diversas leyes de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de las entidades federativas del país, el que se propone en el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas no solo se distingue cuantitativamente por el número de artículos y reglas jurídicas que lo regulan (de trece artículos relativos al procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se pasa a ciento cuarenta artículos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que regirán tanto la investigación como al procedimiento de responsabilidad administrativa), sino también cualitativamente, pues se previó un régimen procesal que tuviera por finalidad determinar con la mayor certeza posible la existencia de la falta cometida, así como al responsable de la misma.

En tal virtud, se distingue claramente la fase de investigación de la del procedimiento de responsabilidad administrativa. En cuanto hace a la investigación, se dieron amplias facultades para que las autoridades encargadas de dicha etapa, tuvieran la posibilidad de acceder, sin restricción alguna, a toda aquella información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluso de aquella que de acuerdo con las disposiciones legales en la materia, se considere con carácter de reservada o confidencial, con la obligación para dichas autoridades de mantener la misma reserva o secrecía de tal información conforme a lo que determinen las leyes.

Podrá advertirse que la finalidad epistémica de las reglas procesales permea en cada una de las disposiciones adjetivas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluso en la fase de investigación, donde las medidas de apremio de las que pueden hacer uso las autoridades encargadas de la investigación, y que consisten en la imposición de multas, solicitud de auxilio de la fuerza pública, y arresto hasta por treinta y seis horas, están enfocadas a evitar que toda aquella información pertinente para la investigación, sea que esté en posesión de entes públicos o particulares, se oculte o destruya para impedir el conocimiento de los hechos relacionados con la comisión de faltas administrativas.

En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa, como se ha dicho anteriormente, su diseño obedeció también a un fin epistémico consistente en determinar, con el mayor grado de certeza posible, la existencia de la falta y la responsabilidad de quien la cometió. De esta manera, tanto la investigación, como la substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa están enfocados a desalentar, de forma eficaz, la comisión de cualquier falta administrativa, mediante la emisión de sentencias que absuelvan a los inocentes legítimos y solo condenen a los auténticamente culpables, pues solo así será posible dar cumplimiento de las normas constitucionales y secundarias relacionadas con el combate a la corrupción, y, con ello, a garantizar los principios constitucionales que deben regir en el servicio público.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de mayo de 2015, en virtud de la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción mandató, entre más, instituir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.57 Este Tribunal habrá de sustituir al actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La función jurisdiccional en materia administrativa a través de la tramitación y resolución de controversias suscitadas entre la administración pública federal y los servidores públicos que presumiblemente incurran responsabilidades que la ley determine como graves y a los particulares también presumiblemente involucrados, es esencial para el uso más eficiente de los medios y recursos públicos, y para garantizar a los personas dedicadas al servicio público la observancia irrestricta de las garantías de legalidad y debido proceso. Todo ello es de trascendencia y valor primario para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y para alcanzar los resultados proyectados, en el marco de un estado democrático de derecho.

En el actual artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Asimismo, se precisan, entre otros aspectos, que dicho Tribunal estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Como parte de las adiciones llevadas a cabo en la referida reforma de mayo de 2015, en esta misma disposición se estableció que “Asimismo, (el Tribunal Federal de Justicia Administrativa) será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.” Esta habilitación constitucional, en virtud de la cual se amplía la competencia del Tribunal en alusión deriva, precisamente, de la necesidad de que el Estado mexicano disponga de una instancia de su naturaleza que conozca, tramite y resuelva sobre las responsabilidades y sanciones administrativas debidas a actos cometidos por servidores públicos. En efecto, para la atención de los procedimientos de este tipo, en la misma fracción XXIX-H se previó que de las secciones en las actúa la Sala Superior del tribunal a una de ellas corresponda su resolución.

En armonía con lo expuesto, en el artículo 104 fracción III de la misma Constitución federal, se haya establecido que los Tribunales de la Federación conocerán “De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;”.

Asimismo, ambas disposiciones se encuentran enlazadas con los artículos comprendidos en el Título Cuarto de nuestra Ley Fundamental, “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado”. En ese sentido, el contenido de los artículos 73 fracción XXIX-H y 104 fracción III es fundamental para hacer concretar y dar funcionalidad a las disposiciones en la materia, en este caso, particularmente, las de los artículos 108, 109 y 113. Es importante resaltar que, en términos del artículo 113, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa forma parte, a través de su presidente, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al cual, entre otras funciones, le corresponde “El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;”. Es incuestionable la relevancia de aprovechar la experiencia del Tribunal adquirida mediante la resolución de cada uno de los procedimientos a su cargo, a fin de contribuir a que dichas políticas públicas respondan adecuadamente a la realidad y resulten efectivas. Entre más, por esa razón se considera acertado y conveniente que forme parte del Sistema.

Finalmente, no debe perderse de vista lo mandatado por el legislador en los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, del que se desprende este dictamen, así como las correspondientes normas secundarias. De dichos artículos transitorios debe atenderse, principalmente, para el caso del razonamiento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los siguientes:

“(…)

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.

Tercero. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución, establecerá que, observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa:

Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública;

Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados;

Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y

Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables.

(…)

(…)

(…)

(…)

Octavo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados.

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados.

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando con su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de este Decreto.

Noveno. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos que determine la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución.

Décimo. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley determine.

(…)”.

En vista de estas disposiciones y, sustancialmente, en virtud de la necesidad de contar con una base normativa sólida y suficiente que contemple los aspectos necesarios para la integración y el funcionamiento del multicitado Tribunal, para la puesta en operación del Sistema Nacional Anticorrupción, la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituye un requisito sine qua non.

Dicha Ley edifica la estructura y marca la funcionalidad del Tribunal sobre la base de los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Tales principios, en tanto mandatos de optimización -de acuerdo con la teoría de Ronald Dworkin-, tienen la finalidad de buscar la aplicación más justa de las normas en las que se establece lo relativo a los procedimientos y las sanciones derivadas la presunta comisión de una falta considerada grave en materia de corrupción. No escapa que los principios se encuentran incluso presentes en el mandato constitucional. Concretamente en el artículo 109 fracción III de la Constitución mexicana se haya dispuesto que: “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

De esta forma se asegura el papel protagónico de los principios tanto durante la actuación de los servidores público en el desempeño de su encargo o comisión, como a lo largo del desarrollo de un eventual procedimiento al que llegara encontrarse sujeto en virtud de la comisión de actos constitutivos de faltas grabes, así considerados por la legislación. Aunque de acuerdo con la teoría jurídica de los derechos humanos, que adoptamos constitucionalmente en nuestro país mediante la reforma de junio de 2011, las autoridades y los particulares están obligados a entender e interpretar las normas siempre de acuerdo con los principios -y, por ende, los valores-, independientemente del hecho de que esos principios se encuentren o no expresamente reconocidos en la constitución o en la ley, no resulta ocioso y, por el contrario, se estima conveniente, señalarlos expresamente -siempre de manera enunciativa- a fin de que quien se enfrente con el mandato del legislador no tenga dudas sobre su preminencia y no pierda de vista sus implicaciones, por ejemplo, durante el desarrollo de un procedimiento administrativo.58

De acuerdo con Alejandro Sánchez Hernández, en el momento de su surgimiento en 1936, la validez constitucional de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo no fue fácilmente aceptable, en vista de que, de acuerdo con el sistema jurídico de esa época, una función de tal naturaleza sólo podía entenderse como una actividad encargada al Poder Judicial. Sin embargo, “la necesidad de la propia administración de reducir a la legalidad toda su acción administrativa, pero cuya independencia exigía que la justicia se encontrara fuera del alcance del Poder Judicial, se justificó asegurando la autonomía del naciente órgano jurisdiccional respecto del Poder Judicial, a la luz de la original doctrina francesa sobre justicia delegada del Poder Ejecutivo, que perfiló la suerte de la justicia denominada, contencioso administrativa (sic)”,59 puntualiza Sánchez Hernández.

Con el paso de las décadas, el Tribunal acreditó su viabilidad y pertinencia, afianzando y especializándose en las materias administrativa y fiscal, y cumpliendo con la función vital del Estado de asegurar medidas apropiadas y recursos efectivos para atender las demandas de los particulares derivadas de la actuación de la autoridad administrativa. Alejandro Sánchez, quien fuera magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, da cuenta de que la competencia material de esta instancia ha ido aumentando desde la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal (1936). En un principio sólo comprendía las controversias entre los particulares y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia tributaria que versaban sobre cuestiones como: resoluciones que determinaban la existencia de créditos fiscales, lo fijaban en cantidad líquida o daban las bases para su liquidación; las sanciones por infracciones a leyes federales; responsabilidad administrativa en materia fiscal; cuestiones relativas al procedimiento administrativo de ejecución, y negativas de devolución de impuestos. Con el tiempo diversos ordenamientos ampliaron su competencia a diversas materias, entre las que se encuentran: depuración de créditos a cargo del Gobierno Federal, Seguro Social, instituciones de fianzas, obras públicas, seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado e Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Incluso Sánchez Hernández puntualiza que en la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1967 se estableció la posibilidad de que conociera de los actos administrativos de los servidores públicos, aclarándose que respecto de actos no delictuosos.60

La ampliación y especificación de la competencia material de este Tribunal, ahora como Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vuelve a ser tema. Y lo es en vista de la necesidad imperante de aprovechar su capacidad, sus recursos y especialidad, a fin de que conozca de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, así descritas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, principalmente en los artículos 9, 12, 14, y del 78 al 89.

En efecto, dicha competencia abraca fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federados. En este sentido, debe aclararse que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves no se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares, en los términos de la legislación aplicable.

Otro de los aspectos que diferencian al nuevo Tribunal del anterior es el relativo a la integración de las secciones en que se divide la Sala Superior. A las dos secciones ya existentes, la Administrativa y la Fiscal, se ha incorporado una tercera, integrada por tres magistrados y competente en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Entre otros aspectos, esta Tercera Sección de la Sala Superior: 1) resuelve el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas; 2) ejerce facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia y trascendencia (entendiendo, por lo primero, que el asunto pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante en materia de responsabilidades administrativas, y, por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio que trascienda la resolución del caso, a fin de que sea orientador a nivel nacional) -la facultad de atracción la puede solicitar cualquiera de los magistrados de la Tercera Sección, o los plenos de las salas especializadas por mayoría de votos de sus integrantes-; 3) resuelve el recurso de reclamación cuando procede, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 4) fija jurisprudencia en la materia, y 5) da seguimiento y provee la ejecución de las resoluciones que emita.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el acceso tanto de las autoridades como de los servidores públicos y los particulares a la justicia administrativa, y que dicho acceso sea efectivo, se contempla la creación de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Con respecto a estas salas, cabe mencionar que se considera en principio la puesta en funcionamiento de cinco, pudiendo reducirse o aumentarse, de acuerdo con las recomendaciones que, con base en el informe respectivo, emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Cada sala especializada tendrá competencia respecto de las entidades que conformen las cinco circunscripciones administrativas, mismas que determina el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo con estudios cualitativos y cuantitativos. Los magistrados integrantes de estas salas especializadas serán designados por el presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, y durarán diez años no prorrogables en su cargo. Las salas especializadas en materia administrativa tienen, en general, competencia en materia de responsabilidades para resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves; imponer sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves; fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales, dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal.

Los órganos colegiados que conforman el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son la Sala Superior, la Junta de Gobierno y las Salas Regionales. La Sala Superior se conforma por dieciséis magistrados distribuidos de la siguiente forma: un magistrado presidente; cinco magistrados que integran la Primera Sección; cinco magistrados que integran la Segunda Sección; tres magistrados que integran la Tercera sección, y dos magistrados que integran la Junta de Gobierno. Los dieciséis conforman el Pleno General, el cual posee facultades administrativas y de gobierno como la elección del magistrado presidente, la aprobación del reglamento interior y del proyecto de presupuesto del Tribunal, y el cambio de adscripción de magistrados. Se establecen tres tipos de Salas Regionales, integradas cada una de ellas por tres magistrados: ordinarias, auxiliares, especializadas y mixtas.

Con respecto a la Junta de Gobierno, la misma tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional. Cuenta con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Se integra por el presidente del Tribunal, quien lo será también de la Junta de Gobierno, dos magistrados de la Sala Superior y dos magistrados de salas regionales. Estos últimos cuatro magistrados serán electos de manera escalonada y no podrán ser reelectos para el período siguiente.

En general, la Ley contiene lo relativo a la integración, el funcionamiento y la estructura del Tribunal; su competencia; conflictos de interés; atribuciones y competencias específicas de los órganos colegiados, las secciones y las salas ordinarias, auxiliares, especializadas y mixtas; requisitos para ser magistrados; recursos humanos del Tribunal (personal); lo correspondiente a precedentes, tesis y jurisprudencia, y recursos y su tramitación.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda; someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I Objeto de la ley

Artículo 1. La presente ley es de orden público, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Artículo 2. Son objetivos de esta ley:

Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;

Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;

Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;

Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;

Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;

Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;

Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y

Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

Comisión de selección: la que se constituya en términos de esta ley, para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana;

Comisión Ejecutiva: el órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva;

Comité Coordinador: la instancia a la que hace referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional;

Comité de Participación Ciudadana: la instancia colegiada a que se refiere la fracción II del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contará con las facultades que establece esta ley;

Días: días hábiles;

Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la

Ciudad de México y sus dependencias y entidades; la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados de los tres órdenes de gobierno;

Órganos internos de control: los órganos internos de control en los Entes públicos;

Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador;

Secretario Técnico: el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente ley;

Servidores públicos: cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción;

Sistema Nacional de Fiscalización: la instancia encargada de establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los órganos de fiscalización federales, locales y municipales en términos de la presente ley, y

Sistemas Locales: los sistemas anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el Capítulo V del Título Segundo de la presente ley.

Artículo 4. Son sujetos de la presente ley, los Entes públicos que integran el Sistema Nacional.

Capítulo II

Principios que rigen el servicio público

Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

TÍTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Capítulo I

Del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional deberán ser implementadas por todos los entes públicos.

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas.

Artículo 7. El Sistema Nacional se integra por:

Los integrantes del Comité Coordinador;

El Comité de Participación Ciudadana;

El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y

Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.

Capítulo II

Del Comité Coordinador

Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

La elaboración de su programa de trabajo anual;

El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;

La aprobación, diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación;

Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva;

Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales;

Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política nacional y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos;

La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual;

Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta ley;

El establecimiento de mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales anticorrupción;

La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

Establecer una plataforma digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité

Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas;

Establecer una plataforma digital nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta ley;

Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional;

Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos;

Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, contenida en los sistemas que se conecten con la Plataforma Digital;

Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción, y

Las demás señaladas por esta ley.

Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador:

Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;

El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción;

El titular de la Secretaría de la Función Pública;

Un representante del Consejo de la Judicatura Federal;

El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, y

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional, la presidencia del Comité Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 12. Son atribuciones del Presidente del Comité Coordinador:

Presidir las sesiones del Sistema Nacional y del Comité Coordinador correspondientes;

Representar al Comité Coordinador;

Convocar por medio del Secretario Técnico a sesiones;

Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva;

Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva;

Proponer al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento del Secretario Técnico;

Informar a los integrantes del Comité Coordinador sobre el seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados en las sesiones;

Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de resultados del Comité Coordinador;

Presentar para su aprobación las recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y

Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité Coordinador.

Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de dicho Comité.

Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes.

Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los representantes de los Sistemas Locales y los Órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros Entes públicos, así como a organizaciones de la sociedad civil.

El Sistema Nacional sesionará previa convocatoria del Comité Coordinador en los términos en que este último lo determine.

Artículo 14. Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos que esta ley establezca mayoría calificada.

El Presidente del Comité Coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Los miembros del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno del mismo.

Capítulo III

Del Comité de Participación Ciudadana

Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de esta ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional.

Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta ley establece para ser nombrado Secretario Técnico.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada, y solo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaria Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 108 constitucional.

En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservado y confidencial.

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de género.

Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente procedimiento:

El Senado de la República constituirá una Comisión de selección integrada por nueve mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:

Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a proponer candidatos para integrar la Comisión de selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días;

De las propuestas recibidas, se seleccionará a los nueve miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de transparencia y combate a la corrupción.

El cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección.

La Comisión de Selección definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.

Artículo 19. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán anualmente la representación ante el Comité Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité de Participación Ciudadana.

De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación Ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su ausencia. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de dos meses el miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente y así sucesivamente.

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión.

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

Aprobar sus normas de carácter interno;

Elaborar su programa de trabajo anual;

Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público;

Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta ley;

Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema Nacional;

Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la política nacional y las políticas integrales;

Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su consideración:

Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la plataforma digital nacional;

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta ley;

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.

Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;

Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Nacional;

Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos;

Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales;

Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador;

Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador;

Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes;

Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas, y

Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional.

Artículo 22. El presidente del Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones:

Presidir las sesiones;

Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador;

Preparar el orden de los temas a tratar, y

Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción II.

Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate.

Capítulo IV

De la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

Sección I

De su organización y funcionamiento

Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente ley.

Artículo 26. El patrimonio de la Secretaría Ejecutiva estará integrado por:

Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Federal para el desempeño de sus funciones;

Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes, y

Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título.

Las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores, se rigen por el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables.

El órgano interno de control estará limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la Secretaría Ejecutiva, exclusivamente respecto a las siguientes materias:

Presupuesto;

Contrataciones derivadas de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;

Responsabilidades administrativas de servidores públicos, y

Transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia.

La Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control, como excepción a lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no podrán realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en este artículo.

Artículo 28. El órgano de gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana.

El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia. Las sesiones serán convocadas por su presidente o a propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano.

Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Podrán participar con voz pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a través del Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su competencia.

Artículo 29. El órgano de gobierno tendrá las atribuciones indelegables previstas en los artículos 15, segundo párrafo, y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco votos, al Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta ley.

Sección II

De la Comisión Ejecutiva

Artículo 30. La Comisión Ejecutiva estará integrada por:

El Secretario Técnico, y

El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento como presidente del mismo.

Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité:

Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos;

La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior;

Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico respecto de las políticas a que se refiere este artículo;

Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;

Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia;

Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones, y

Los mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales.

Artículo 32. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán convocadas por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales contarán con voz pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico.

Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no recibirán contraprestación adicional a la que se les otorgue por su participación como integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en esta ley.

La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos que considere necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a través del Secretario Técnico.

Sección III

Del Secretario Técnico

Artículo 33. El Secretario Técnico será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido.

Para efectos del párrafo anterior, el presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico, de conformidad con la presente ley.

El Secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por acuerdo obtenido por la votación señalada en el presente artículo.

Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;

Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción;

Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación;

Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta ley que le permitan el desempeño de sus funciones;

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;

Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento;

No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y

No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones:

Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;

Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables;

Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador;

Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales a que se refiere la fracción V del artículo 9 de esta ley, y una vez aprobadas realizarlas;

Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva;

Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva;

Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Nacional, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación;

Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador;

Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva.

Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción, y

Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a que se refiere la presente ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda esta ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

Capítulo V

De los Sistemas Locales

Artículo 36. Las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las siguientes bases:

Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta ley otorga al Sistema Nacional;

Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones;

Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija;

Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan;

Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efectos deberán seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional;

La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, y

Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana.

TÍTULO TERCERO

DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Capítulo Único

De su integración y funcionamiento

Artículo 37. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización:

La Auditoria Superior de la Federación;

La Secretaría de la Función Pública;

Las entidades de fiscalización superiores locales, y

Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.

Artículo 38. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el artículo anterior los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán:

Crear un sistema electrónico en términos del Título Cuarto de la presente ley, que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, y

Informar al Comité Coordinador sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y locales.

Todos los Entes públicos fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos federales y locales.

Artículo 39. El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios de entre las instituciones referidas en las fracciones III y IV del artículo 37 de esta ley que serán elegidos por periodos de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

El Comité Rector será presidido de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular de la Secretaría de la Función Pública, o por los representantes que de manera respectiva designen para estos efectos.

Artículo 40. Para el ejercicio de las competencias del Sistema Nacional de Fiscalización en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, el Comité Rector ejecutará las siguientes acciones:

El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia;

La instrumentación de mecanismos de coordinación entre el órgano de fiscalización federal y los órganos de fiscalización locales, y

La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas materias.

Artículo 41. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización podrá invitar a participar en actividades específicas del Sistema Nacional de Fiscalización a los Órganos internos de control, así como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos.

Artículo 42. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.

Asimismo, el Sistema Nacional de Fiscalización aprobará las normas homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del mismo.

Artículo 43. Conforme a los lineamientos que emita el Comité Rector para la mejora institucional en materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas contenidas en los códigos de ética y demás lineamientos de conducta, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización implementarán las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización.

Para tal fin, el Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.

Artículo 44. El Sistema Nacional de Fiscalización propiciará el intercambio de información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de esta ley.

Artículo 45. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones:

Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;

Revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto en el combate a la corrupción, y

Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Artículo 46. Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, sus integrantes atenderán las siguientes directrices:

La coordinación de trabajo efectiva;

El fortalecimiento institucional;

Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia;

Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, y

Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuya a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados de la fiscalización.

Corresponderá al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización emitir las normas que regulen su funcionamiento.

Artículo 47. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización celebrarán reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente ley y demás legislación aplicable. Para ello, podrán valerse de los medios de presencia virtual que consideren pertinentes.

TÍTULO CUARTO PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL

Capítulo Único

De la plataforma digital nacional

Artículo 48. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la plataforma digital nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente ley y la Ley General Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de esta ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

La plataforma digital nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta ley.

Artículo 49. La plataforma digital nacional del Sistema Nacional estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos:

Sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses.

Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;

Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados;

Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, y

Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Artículo 50. Los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales promoverán la publicación de la información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable.

El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas electrónicos por parte de los usuarios.

Artículo 51. Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, operarán en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 52. El sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados tiene como finalidad que las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hechos de corrupción en términos de la legislación penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.

Artículo 53. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas.

Artículo 54. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos integrantes de los mismos, incluidos los órdenes federal, estatal y, eventualmente, municipal.

Artículo 55. El sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización deberá contemplar, al menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización de los tres órdenes de gobierno; los informes que deben hacerse públicos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como la base de datos que permita el adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema Nacional de Fiscalización.

El funcionamiento del sistema de información a que hace alusión el presente artículo se sujetará a las bases que emita el Comité Coordinador respecto a la plataforma digital nacional.

Artículo 56. El sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción será establecido de acuerdo a lo que determine el Comité Coordinador y será implementado por las autoridades competentes.

TÍTULO QUINTO

DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ COORDINADOR

Capítulo Único

De las recomendaciones

Artículo 57. El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador toda la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará a las entidades de fiscalización superior y los Órganos internos de control de los Entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al informe anual del Comité Coordinador como anexos. Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su aprobación ante el Comité Coordinador.

El informe anual a que se refiere el párrafo anterior deberá ser aprobado como máximo treinta días previos a que culmine el periodo anual de la presidencia.

En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el presidente del Comité Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días hábiles posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En un plazo no mayor de treinta días hábiles, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones.

Artículo 58. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional a los Entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador.

Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité Coordinador.

Artículo 59. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los 15 días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento.

Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de las recomendaciones deberá estar contemplada en los informes anuales del Comité Coordinador.

Artículo 60. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere relevante.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS

TITULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

Capítulo I

Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Artículo 2. Son objeto de la presente ley:

Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;

Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;

Establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto;

Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y

Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Artículo 3. Para efectos de esta ley se entenderá por:

Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación;

Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas;

Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y hasta la conclusión de la Audiencia inicial. La función de la autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora;

Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de Particulares, lo será el Tribunal competente;

Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción;

Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios;

Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los artículos 91 y 93 de esta Ley;

Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;

Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren los artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus correlativas en las entidades federativas y municipios;

Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los órganos a los que hacen referencian el sexto párrafo de la fracción segunda del artículo 116 y el sexto párrafo de la fracción II del Apartado A del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas;

Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta ley;

Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en los términos de la presente ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de control;

Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas;

Faltas de particulares: los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma;

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las Autoridades Investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la presente Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas;

Magistrado: El Titular o integrante de la Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de las salas especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas;

Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que la Constitución otorga expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados con tal carácter en las Constituciones de las entidades federativas;

Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los Entes Públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos;

Plataforma digital nacional: la plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos previstos en la presente ley;

Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal;

Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas;

Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los Entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y

Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

Los Servidores Públicos;

Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley;

Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado ni de los Entes públicos en cuyas leyes de creación se prevea expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los regulan.

Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso, integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, quienes podrán ser contratados como consejeros, siempre y cuando:

No tengan una relación laboral con las entidades;

No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes privados con los que tenga Conflicto de Interés;

Las demás actividades profesionales que realicen les permitan contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero;

El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República Mexicana, y

Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes.

Capítulo II

Principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos

Artículo 6. Todos los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;

Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;

Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y

Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.

Capítulo III

Autoridades competentes para interpretar y aplicar la presente ley

Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de esta ley.

El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente ley:

Las Secretarías;

Los Órganos internos de control;

La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas;

Los Tribunales;

Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los Poderes Judiciales de los Estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus Constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de responsabilidades administrativas relacionadas con el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, las cuales serán investigadas y sancionadas en términos de la presente Ley, y

Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente con las siguientes atribuciones:

Las que esta Ley prevé para las Autoridades investigadoras y substanciadoras;

Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no graves, y

Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos previstos en esta ley.

Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas.

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta ley.

En el supuesto de que las Autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta ley.

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán competentes para:

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción;

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y

Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.

Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves, que se detecten derivado de sus auditorías.

En caso de que la auditoría superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.

Artículo 12. Los Tribunales, además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación orgánica y demás normatividad aplicable, estarán facultados para resolver la imposición de sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves y de Faltas de particulares, conforme a los procedimientos previstos en esta ley.

Artículo 13. Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u omisiones investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el mismo Servidor Público, por lo que hace a las Faltas administrativas graves substanciarán el procedimiento en los términos previstos en esta ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto Faltas administrativas graves, como Faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda tomará en cuenta la comisión de éstas últimas.

Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 de la Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 9 de esta ley turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de esta ley, no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable, por actos u omisiones que no constituyan Faltas de particulares.

TITULO SEGUNDO

MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Capítulo I

Mecanismos Generales de Prevención

Artículo 15. Para prevenir la comisión de Faltas administrativas y hechos de corrupción, las Secretarías y los Órganos internos de control, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los

Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.

En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de control deberán atender los lineamientos generales que emitan las Secretarías.

Artículo 16. Los Servidores Públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.

El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos de la Dependencia o Entidad de que se trate, así como darle la máxima publicidad.

Artículo 17. Los Órganos internos de control deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta establezca.

Artículo 18. Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dicho órgano de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados.

Artículo 19. Los Entes públicos deberán implementar los mecanismos de coordinación que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos tengan, a través de sus Órganos internos de control.

Artículo 20. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control se deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombrados en términos de sus respectivas leyes.

Artículo 21. Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización.

Artículo 22. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el artículo anterior, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protección a Denunciantes.

Artículo 23. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer los mecanismos para promover y permitir la participación de la sociedad en la generación de políticas públicas dirigidas al combate a las distintas conductas que constituyen Faltas administrativas.

Capítulo II

De la integridad de las personas morales

Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.

Artículo 25. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos:

Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura;

Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;

Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización;

Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana;

Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo;

Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y

Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

Capítulo III

De los instrumentos de rendición de cuentas Sección primera

Del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses

Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación declaración fiscal, a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los Entes Públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información específicos que estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional se inscribirán, al menos, los siguientes datos al presentar declaración de situación patrimonial y de intereses:

Datos generales del declarante;

Datos curriculares del declarante;

Experiencia laboral del declarante;

Datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como de los dependientes económicos;

Datos del encargo que inicia;

Antecedentes en el servicio público del declarante;

La manifestación expresa en la que consienta o prohíba la publicación de la información contenida en la declaración;

La manifestación expresa de declarar la verdad, y

Constancia de presentación de la declaración fiscal anual.

En el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las Autoridades Investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta ley.

Los Entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas.

Artículo 28. El Comité Coordinador emitirá los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses.

Artículo 29. De conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución, todos los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes; asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

La versión pública de la declaración patrimonial contendrá los siguientes campos, los cuales se publicitarán en los siguientes términos:

Datos generales del declarante;

Monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña;

Declarar si percibe otros ingresos distintos a la prestación del servicio público, y su naturaleza;

Señalar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que percibe como servidor público;

Listado de bienes inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa y municipio o demarcación territorial donde se encuentren, y el año en que los adquirió;

El listado de vehículos de su propiedad;

El listado de inversiones y cuentas bancarias que posee;

El listado de créditos bancarios y no bancarios, y

El listado de créditos hipotecarios de los que sea acreditado.

Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público, de conformidad con lo previsto por el artículo 6º de la Constitución, así como por las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso de la Información Pública y demás aplicables.

El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información.

La versión pública de la declaración de intereses estará disponible al público y contendrá la siguiente información del declarante: actividades profesionales y empresariales; pertenencia a consejos asesores, de administración y de vigilancia, participación accionaria en sociedades; otros intereses económicos relacionados con su actividad profesional distinta a la del servicio público; actividades honorarias o sin fines de lucro; participación en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro; sanciones administrativas e incompatibilidades; en su caso, la mención al sector o sectores en los que su cónyuge desempeñe actividades profesionales y empresariales.

El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración de intereses. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información.

De igual forma, será pública la constancia que para efectos de esta ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.

El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración de impuestos.

Los formatos originales de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como la documentación que las sustentan, se mantendrán bajo resguardo de las autoridades competentes para aplicar esta ley.

Artículo 30. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en el dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.

Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los Entes públicos, según corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses la información correspondiente a los Servidores Públicos a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún conflicto de interés, según la información proporcionada por el servidor público, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Servidores Públicos, en los términos de la presente ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los servidores públicos.

Sección segunda

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, a través del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente ley.

Sección tercera

Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

Ingreso al servicio público por primera vez;

Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

En el caso de cambio de Dependencia o Entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión.

La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los Entes públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Servidor Público el cumplimiento de dicha obligación.

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al Servidor Público, las Secretarías o los Órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al Servidor Público.

El incumplimiento por no separar del cargo al Servidor Público por parte del titular de alguno de los Entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta ley.

Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluidos en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses.

Las Secretarías tendrán a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el control de dichos medios.

Asimismo, el Comité Coordinador emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Servidores Públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que será obligatorio declarar.

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos.

El Comité Coordinador expedirá las normas necesarias para determinar qué Servidores Públicos tendrán acceso a las declaraciones de situación patrimonial y su contenido. Dichos Servidores Públicos deberán resguardar la información a la que accedan observando lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Artículo 36. Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán facultadas para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos.

Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Servidor Público refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como Servidor Público, las Secretarías y los Órganos Internos de Control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos internos de control procederán a integrar el Expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de educación y las entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin que dichos beneficios se consideren como tales para efectos de lo contenido en el artículo 52 de esta ley.

Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, además de las previstas en el citado artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, incluirán la participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. Dichos servidores públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables en la Institución.

Artículo 38. Los Servidores Públicos estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.

Sólo los titulares de las Secretarías o los servidores públicos en quien deleguen esta facultad podrán solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios.

Artículo 39. Para los efectos de la presente ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los Servidores Públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

Artículo 40. En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a las Secretarías o al Órgano Interno de control. En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a poner los mismos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y enajenación de bienes públicos.

Artículo 41. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 42. Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito de sus competencias, llegaren a formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes del mismo en el procedimiento penal respectivo.

Sección cuarta

Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas

Artículo 43. La Plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico, los nombres y adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado quincenalmente.

Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el Comité Coordinador.

La información a que se refiere el presente artículo deberá ser puesta a disposición de todo público a través de un portal de internet.

Sección quinta

Del protocolo de actuación en contrataciones

Artículo 44. El Comité Coordinador expedirá el Protocolo de Actuación que las Secretarías y los Órganos de internos de control implementarán.

Dicho Protocolo de Actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia.

El sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el presente Capítulo incluirá la relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los Entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos por esta ley.

Artículo 45. Las Secretarías o los Órganos internos de control deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren anomalías.

Sección sexta

De la declaración de intereses

Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar Declaración de Intereses todos los Servidores Públicos que deban presentar la Declaración Patrimonial en términos de esta ley.

Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean integradas al sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses.

Artículo 47. Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se refiere la fracción VI del artículo 3 de esta ley.

La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su función.

Artículo 48. El Comité Coordinador expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Servidores Públicos deberán presentar la Declaración de Intereses, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que será obligatorio declarar.

La Declaración de Intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para el incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el Servidor Público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés.

TÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

Capítulo I

De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el Servidor Público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de esta ley;

Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley;

Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.

En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 93 de la presente Ley;

Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de Intereses, en los términos establecidos por esta ley;

Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;

Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables;

Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que se parte, y

Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales.

Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las Faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un Servidor Público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.

Los Entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora.

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus homólogos de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 75 de esta ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el Daño haya sido resarcido o recuperado.

Capítulo II

De las Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos

Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo que deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión.

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el Servidor Público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como Servidor Público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen parte.

Artículo 53. Cometerá peculado el Servidor Público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el Servidor Público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el Servidor Público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el Servidor Público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público.

La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el Servidor Público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el Servidor Público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Artículo 58. Incurre en actuación bajo conflicto de interés el Servidor Público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el Servidor Público informará tal situación al jefe inmediato, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al Servidor Público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.

Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el Servidor Público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los Entes Públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional.

Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el Servidor Público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.

Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el Servidor Público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro Servidor Público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.

Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el Servidor Público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

Artículo 63. Cometerá desacato el Servidor Público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:

Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de corrupción, y

Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley.

Para efectos de la fracción anterior, los servidores públicos que denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante.

Capítulo III

De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves

Artículo 65. Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo se consideran vinculados a faltas administrativas graves, por lo que su comisión será sancionada en términos de esta Ley.

Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro Servidor Público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido.

Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello.

También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley.

Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier Servidor Público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del resultado obtenido.

Artículo 69. Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna.

Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular que, teniendo información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.

También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos.

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de esta Ley.

Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un Estado Extranjero la información que requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos Estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.

Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un Estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Artículo 71. Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.

Artículo 72. Será responsable de contratación indebida de ex Servidores Públicos el particular que contrate a quien haya sido Servidor Público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex Servidor Público contratado.

Capítulo IV

De las Faltas de particulares en situación especial

Artículo 73. Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de Servidor Público.

A los particulares que se encuentren en situación especial conforme al presente capítulo, incluidos los directivos y empleados de los sindicatos, podrán ser sancionados cuando incurran en las conductas a que se refiere el Capítulo anterior.

Capítulo V

De la prescripción de la responsabilidad administrativa

Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.

Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior.

La prescripción se interrumpirá al momento en que las autoridades substanciadoras del procedimiento de responsabilidad administrativa admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia.

Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales.

TÍTULO CUARTO

SANCIONES

Capítulo I

Sanciones por Faltas administrativas no graves

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes:

Amonestación pública o privada;

Suspensión del empleo, cargo o comisión;

Destitución de su empleo, cargo o comisión, y

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa no grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.

Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el Servidor Público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio;

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

Artículo 77. Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de control imponer las sanciones por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los Órganos internos de control podrán abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre que el Servidor Público:

No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa no grave, y

No haya actuado de forma dolosa.

Las secretarías o los órganos internos de control dejarán constancia de la no imposición de la sanción a que se refiere el párrafo anterior.

Capítulo II

Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves

Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de Faltas administrativas graves, consistirán en:

Suspensión del empleo, cargo o comisión;

Destitución del empleo, cargo o comisión;

Sanción económica, y

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

Artículo 79. En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el Servidor Público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior.

El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos. En dichos casos, el Servidor Público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.

Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 78 de esta Ley se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el Servidor Público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público;

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable.

Capítulo III

Sanciones por Faltas de particulares

Artículo 81. Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por comisión de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta ley, consistirán en:

Tratándose de personas físicas:

Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años;

Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos.

Tratándose de personas morales:

Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;

La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave prevista en esta Ley;

Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos.

Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse además, lo previsto en los artículos 24 y 25 de esta Ley.

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de particulares.

Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan los daños que se hubieren causado.

Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el hecho de que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las mismas, que conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas no los denuncien.

Artículo 82. Para la imposición de las sanciones por Faltas de particulares se deberán considerar los siguientes elementos:

El grado de participación del o los sujetos en la Falta de particulares;

La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley;

La capacidad económica del infractor;

El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, y

El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.

Artículo 83. El fincamiento de responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas de particulares se determinará de manera autónoma e independiente de la participación de un Servidor Público.

Las personas morales serán sancionadas por la comisión de Faltas de particulares, con independencia de la responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella.

Capítulo IV

Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de Particulares

Artículo 84. Para la imposición de las sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de Particulares, se observarán las siguientes reglas:

La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos, serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el titular o Servidor Público competente del Ente público correspondiente;

La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, , será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad competente de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 85. En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los responsables el pago que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones correspondientes. Dichas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales.

Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios formarán parte de la Hacienda Pública o del patrimonio de los Entes públicos afectados.

Artículo 86. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos, o de la legislación aplicable en el ámbito local.

Artículo 87. Cuando el Servidor Público o los particulares presuntamente responsables de estar vinculados con una falta administrativa grave, desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, se solicitará al Servicio de Administración Tributaria o la autoridad competente en el ámbito local, en cualquier fase del procedimiento proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 88. La persona que haya realizado alguna de las Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones que se establece en el artículo siguiente. Esta confesión se podrá hacer ante la autoridad investigadora.

Artículo 89. La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable. Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos:

Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa;

Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes que, a juicio de las autoridades competentes, permitan comprobar la existencia de la infracción y la responsabilidad de quien la cometió;

Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie y resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa, y

Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento en el que la autoridad se lo solicite, su participación en la infracción.

Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este artículo, se constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión realizada.

LIBRO SEGUNDO

DISPOSICIONES ADJETIVAS

TÍTULO PRIMERO

DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES

Capítulo I

Inicio de la investigación

Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.

Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales.

Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes dela materia, deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.

Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las Autoridades Investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

Artículo 92. Las Autoridades Investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas Faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley.

Artículo 93. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción.

Capítulo II

De la Investigación

Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace referencia en el capítulo anterior.

Artículo 95. Las Autoridades Investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.

Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de colaboración con las autoridades correspondientes.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 38 de esta ley.

Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas.

Artículo 96. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las Autoridades Investigadoras.

La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.

Los Entes Públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la notificación surta sus efectos.

Cuando los Entes Públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad investigadora; de concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.

Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación las Autoridades investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas.

Artículo 97. Las Autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas para hacer cumplir sus determinaciones:

Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo;

Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad, o

Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 98. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, investigarán y, en su caso substanciarán en los términos que determina esta Ley, los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes cuando derivado de sus auditorías determinen que se han ocasionado daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos. Asimismo, en los casos que procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente.

Artículo 99. En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas tengan conocimiento de la presunta comisión de Faltas administrativas distintas a las señaladas en el artículo anterior, darán vista a las Secretarías o a los Órganos internos de control que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente.

Capítulo III

De la calificación de Faltas administrativas

Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las Autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como Falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.

Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un Servidor Público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes Públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

Que la actuación del Servidor Público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o

Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el Servidor Público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron.

Capítulo IV

Impugnación de la calificación de faltas no graves

Artículo 102. La calificación de los hechos como Faltas administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de Presunta Responsabilidad administrativa.

La calificación podrá ser impugnada, en su caso, por el denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto.

Artículo 103. El plazo para la presentación del recurso será de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 104. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad investigadora que hubiere hecho la calificación de la Falta administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos por los que se estime indebida dicha calificación.

Artículo 105. En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad fuera obscuro o irregular, las Autoridades investigadoras requerirán al promovente para que subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que corresponda, para lo cual le concederán un término de cinco días hábiles. De no subsanar las deficiencias o aclaraciones en el plazo antes señalado el recurso se tendrá por no presentado.

Artículo 106. En caso de que las Autoridades investigadoras tengan por subsanadas las deficiencias o por aclarado el escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla con los requisitos señalados en el artículo 109 de esta Ley, admitirán dicho recurso y darán vista al presunto infractor para que en el término de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 107. Una vez concluido el plazo de cinco días hábiles señalado en el artículo anterior, las Secretarías o los Órganos internos de control, según sea el caso, resolverán el recurso de inconformidad en un plazo no mayor a treinta días hábiles.

Artículo 108. El recurso será resuelto por el superior jerárquico de la Autoridad investigadora o el servidor público en quien delegue esta facultad, y para ello tomará en consideración la investigación que conste en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa y los elementos que aporten el Denunciante o el presunto infractor. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno.

Artículo 109. El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener los siguientes requisitos:

Nombre y domicilio del recurrente;

La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este capítulo;

Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la calificación del acto es indebida, y

Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar a que no se tenga por presentado el recurso, por lo que en este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 105 de esta ley.

Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas que estime pertinentes para sostener las razones y fundamentos expresados en el recurso de inconformidad. La satisfacción de este requisito no será necesaria si los argumentos contra la calificación de los hechos versan solo sobre aspectos de derecho.

Artículo 110. La resolución del recurso consistirá en:

Confirmar la calificación, o

Dejar sin efectos la calificación, para lo cual la autoridad encargada para resolver el recurso, estará facultada para recalificar el acto u omisión.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Capítulo I

Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa

Sección Primera

Principios, interrupción de la prescripción, partes, autorizaciones

Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.

Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Artículo 113. La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Artículo 114. En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las Autoridades investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra Falta administrativa imputable a la misma persona señalada como presunto responsable, deberán elaborar un diverso Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar su acumulación.

Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las Autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 116. Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:

La Autoridad investigadora;

El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta administrativa grave o no grave;

El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en la comisión de Faltas de particulares, y

Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el denunciante.

Artículo 117. Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo anterior podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la renuncia.

Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.

Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que concedan. El acuerdo donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.

Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a través de sus representantes legales, o por las personas que estos designen, pudiendo, asimismo, designar autorizados en términos de este artículo.

Artículo 118. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad administrativa, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 119. En los procedimientos de responsabilidad administrativa se estimarán como días hábiles todos los del año, con excepción de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o disposición administrativa, se determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación alguna. Serán horas hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las autoridades substanciadoras o resolución del asunto, podrán habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas diligencias que, a su juicio, lo requieran.

Sección Segunda

Medios de apremio

Artículo 120. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones:

Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo;

Arresto hasta por treinta y seis horas, y

Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad.

Artículo 121. Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir rigurosamente el orden en que han sido en listadas en el artículo que antecede, o bien, decretar la aplicación de más de una de ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las circunstancias del caso.

Artículo 122. En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no se logre el cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la autoridad penal competente para que proceda en los términos de la legislación aplicable.

Sección Tercera

Medidas cautelares

Artículo 123. Las Autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, que decrete aquellas medidas cautelares que:

Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas;

Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta Falta administrativa;

Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa;

Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los Entes Públicos.

No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes:

Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos; así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de que el Servidor Público suspendido temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido;

Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la presunta Falta administrativa;

Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, para conminar a los presuntos responsables y testigos, a presentarse el día y hora que se señalen para el desahogo de pruebas a su cargo, así como para señalar un domicilio para practicar cualquier notificación personal relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa;

Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones. Al respecto será aplicable de forma supletoria el Código Fiscal de la Federación o las que, en su caso, en esta misma materia, sean aplicables en el ámbito de las entidades federativas, y

Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los Entes Públicos, para lo cual las autoridades resolutoras del asunto, podrán solicitar el auxilio y colaboración de cualquier autoridad del país.

Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental. El escrito en el que se soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende impedir; los efectos perjudiciales que produce la presunta Falta administrativa; los actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o bien, al patrimonio de los Entes Públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las medidas cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar el nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares, para que, en su caso, se les dé vista del incidente respectivo.

Artículo 126. Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se dará vista a todos aquellos que serán directamente afectados con las mismas, para que en un término de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conozca del incidente lo estima necesario, en el acuerdo de admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares solicitadas.

Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior la Autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria que corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra de dicha determinación no procederá recurso alguno.

Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la Hacienda Pública Federal o de las entidades federativas, municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los Entes Públicos sólo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados.

Artículo 129. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en cualquier momento del procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que se estime innecesario que éstas continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental descrito en esta sección. Contra la resolución que niegue la suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso alguno.

Sección Cuarta

De las pruebas

Artículo 130. Para conocer la verdad de los hechos las autoridades resolutoras podrán valerse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, y con pleno respeto a los derechos humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones.

Artículo 131. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia.

Artículo 132. Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las declaraciones de testigos y peritos, y presidirán todos los actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad.

Artículo 133. Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones tendrán valor probatorio pleno por lo que respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que se refieran, salvo prueba en contrario.

Artículo 134. Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones y las periciales y demás medios de prueba lícitos que se ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena cuando a juicio de la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y coherentes de acuerdo con la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una Falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las Autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una Falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan.

Artículo 136. Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en esta ley. Las que se ofrezcan fuera de ellos no serán admitidas salvo que se trate de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales, aquellas que se hayan producido con posterioridad al vencimiento del plazo para ofrecer pruebas; o las que se hayan producido antes, siempre que el que las ofrezca manifieste bajo protesta de decir verdad que no tuvo la posibilidad de conocer su existencia.

Artículo 137. De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

Artículo 138. Los hechos notorios no serán objeto de prueba, pudiendo la autoridad que resuelva el asunto referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado.

Artículo 139. En caso de que cualquiera de las partes hubiere solicitado la expedición de un documento o informe que obre en poder de cualquier persona o ente público, y no se haya expedido sin causa justificada, la Autoridad resolutora del asunto ordenará que se expida la misma, para lo cual podrá hacer uso de los medios de apremio previstos en esta ley.

Artículo 140. Cualquier persona, aun cuando no sea parte en el procedimiento, tiene la obligación de prestar auxilio a las autoridades resolutoras del asunto para la averiguación de la verdad, por lo que deberán exhibir cualquier documento o cosa, o rendir su testimonio en el momento en que sea requerida para ello. Estarán exentos de tal obligación los ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que tengan la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que estén relacionados.

Artículo 141. El derecho nacional no requiere se probado. El derecho extranjero podrá ser objeto de prueba en cuanto su existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual las autoridades resolutoras del asunto podrán valerse de informes que se soliciten por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al respecto puedan ofrecer las partes.

Artículo 142. Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, sin que por ello se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la Falta administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio en la vía incidental.

Artículo 143. Cuando la preparación o desahogo de las pruebas deba tener lugar fuera del ámbito jurisdiccional de la Autoridad resolutora del asunto, podrá solicitar, mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las autoridades competentes del lugar. Tratándose de cartas rogatorias se estará a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte.

Sección Quinta

De las pruebas en particular

Artículo 144. La prueba testimonial estará a cargo de todo aquél que tenga conocimiento de los hechos que las partes deban probar, quienes, por ese hecho, se encuentran obligados a rendir testimonio.

Artículo 145. Las partes podrán ofrecer los testigos que consideren necesarios para acreditar los hechos que deban demostrar. La Autoridad resolutora podrá limitar el número de testigos si considera que su testimonio se refiere a los mismos hechos, para lo cual, en el acuerdo donde así lo determine, deberá motivar dicha resolución.

Artículo 146. La presentación de los testigos será responsabilidad de la parte que los ofrezca. Solo serán citados por la Autoridad resolutora cuando su oferente manifieste que está imposibilitado para hacer que se presenten, en cuyo caso, se dispondrá la citación del testigo mediante la aplicación de los medios de apremio señalados en esta ley.

Artículo 147. Quienes por motivos de edad o salud no pudieran presentarse a rendir su testimonio ante la Autoridad resolutora, se les tomará su testificación en su domicilio o en el lugar donde se encuentren, pudiendo asistir las partes a dicha diligencia.

Artículo 148. Los representantes de elección popular, ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que sean ratificados o nombrados con la intervención de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o los congresos locales, los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo Federal y los equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía, los magistrados y jueces de los Tribunales de Justicia de las entidades federativas, los consejeros de los Consejos de la Judicatura o sus equivalentes de las entidades federativas, y los titulares de los órganos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía, rendirán su declaración por oficio, para lo cual les serán enviadas por escrito las preguntas y repreguntas correspondientes.

Artículo 149. Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, las preguntas que se dirijan a los testigos se formularán verbal y directamente por las partes o por quienes se encuentren autorizadas para hacerlo.

Artículo 150. La parte que haya ofrecido la prueba será la primera que interrogará al testigo, siguiendo las demás partes en el orden que determine la Autoridad resolutora del asunto.

Artículo 151. La Autoridad resolutora podrá interrogar libremente a los testigos, con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos.

Artículo 152. Las preguntas y repreguntas que se formulen a los testigos, deben referirse a la Falta administrativa que se imputa a los presuntos responsables y a los hechos que les consten directamente a los testigos. Deberán expresarse en términos claros y no ser insidiosas, ni contener en ellas la respuesta. Aquellas preguntas que no satisfagan estos requisitos serán desechadas, aunque se asentarán textualmente en el acta respectiva.

Artículo 153. Antes de rendir su testimonio, a los testigos se les tomará la protesta para conducirse con verdad, y serán apercibidos de las penas en que incurren aquellos que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial. Se hará constar su nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de residencia, ocupación y domicilio, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, si mantiene con alguna de ellas relaciones de amistad o de negocios, o bien, si tiene alguna enemistad o animadversión hacia cualquiera de las partes. Al terminar de testificar, los testigos deberán manifestar la razón de su dicho, es decir, el por qué saben y les consta lo que manifestaron en su testificación.

Artículo 154. Los testigos serán interrogados por separado, debiendo la Autoridad resolutora tomar las medidas pertinentes para evitar que entre ellos se comuniquen. Los testigos ofrecidos por una de las partes se rendirán el mismo día, sin excepción, para lo cual se podrán habilitar días y horas inhábiles. De la misma forma se procederá con los testigos de las demás partes, hasta que todos los llamados a rendir su testimonio sean examinados por las partes y la Autoridad resolutora del asunto.

Artículo 155. Cuando el testigo desconozca el idioma español, o no lo sepa leer, la Autoridad resolutora del asunto designará un traductor, debiendo, en estos casos, asentar la declaración del absolvente en español, así como en la lengua o dialecto del absolvente, para lo cual se deberá auxiliar del traductor que dicha autoridad haya designado. Tratándose de personas que presenten alguna discapacidad visual, auditiva o de locución se deberá solicitar la intervención del o los peritos que les permitan tener un trato digno y apropiado en los procedimientos de responsabilidad administrativa en que intervengan.

Artículo 156. Las preguntas que se formulen a los testigos, así como sus correspondientes respuestas, se harán constar literalmente en el acta respectiva. Deberán firmar dicha acta las partes y los testigos, pudiendo previamente leer la misma, o bien, solicitar que les sea leída por el funcionario que designe la Autoridad resolutora del asunto. Para las personas que presenten alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, se adoptarán las medidas pertinentes para que puedan acceder a la información contenida en el acta antes de firmarla o imprimir su huella digital. En caso de que las partes no pudieran o quisieran firmar el acta o imprimir su huella digital, la firmará la autoridad que deba resolver el asunto haciendo constar tal circunstancia.

Artículo 157. Los testigos podrán ser tachados por las partes en la vía incidental en los términos previstos en esta ley.

Artículo 158. Son pruebas documentales todas aquellas en la que conste información de manera escrita, visual o auditiva, sin importar el material, formato o dispositivo en la que esté plasmada o consignada. La Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar a las partes que aporten los instrumentos tecnológicos necesarios para la apreciación de los documentos ofrecidos cuando éstos no estén a su disposición. En caso de que las partes no cuenten con tales instrumentos, dicha autoridad podrá solicitar la colaboración del ministerio público federal de las procuradurías de justicia o de las entidades federativas, o bien, de las instituciones públicas de educación superior, para que le permitan el acceso al instrumental tecnológico necesario para la apreciación de las pruebas documentales.

Artículo 159. Son documentos públicos, todos aquellos que sean expedidos por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Son documentos privados los que no cumplan con la condición anterior.

Artículo 160. Los documentos que consten en un idioma extranjero o en cualquier lengua o dialecto, deberán ser traducidos en idioma español castellano. Para tal efecto, la Autoridad resolutora del asunto solicitará su traducción por medio de un perito designado por ella misma. Las objeciones que presenten las partes a la traducción se tramitarán y resolverán en la vía incidental.

Artículo 161. Los documentos privados se presentarán en original, y, cuando formen parte de un expediente o legajo, se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados.

Artículo 162. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado. La persona que solicite el cotejo señalará el documento o documentos indubitados para hacer el cotejo, o bien, pedirá a la Autoridad resolutora que cite al autor de la firma, letras o huella digital, para que en su presencia estampe aquellas necesarias para el cotejo.

Artículo 163. Se considerarán indubitables para el cotejo:

Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo;

Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida ante la Autoridad resolutora del asunto, por aquél a quien se atribuya la dudosa;

Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido declarada en la vía judicial como propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, salvo que dicha declaración se haya hecho en rebeldía, y

Las letras, firmas o huellas digitales que haya sido puestas en presencia de la Autoridad resolutora en actuaciones propias del procedimiento de responsabilidad, por la parte cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar.

Artículo 164. La Autoridad substanciadora o resolutora podrá solicitar la colaboración del ministerio público federal o de las entidades federativas, para determinar la autenticidad de cualquier documento que sea cuestionado por las partes.

Artículo 165. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

Artículo 166. Las partes podrán objetar el alcance y valor probatorio de los documentos aportados como prueba en el procedimiento de responsabilidad administrativa en la vía incidental prevista en esta ley.

Artículo 167. La prueba pericial tendrá lugar cuando para determinar la verdad de los hechos sea necesario contar con los conocimientos especiales de una ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión.

Artículo 168. Quienes sean propuestos como peritos deberán tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión a que pertenezca la cuestión sobre la que han de rendir parecer, siempre que la ley exija dicho título para su ejercicio. En caso contrario, podrán ser autorizados por la autoridad resolutora para actuar como peritos, quienes a su juicio cuenten con los conocimientos y la experiencia para emitir un dictamen sobre la cuestión.

Artículo 169. Las partes ofrecerán sus peritos indicando expresamente la ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión sobre la que deberá practicarse la prueba, así como los puntos y las cuestiones sobre las que versará la prueba.

Artículo 170. En el acuerdo en que se resuelva la admisión de la prueba, se requerirá al oferente para que presente a su perito el día y hora que se señale por la Autoridad resolutora del asunto, a fin de que acepte y proteste desempeñar su cargo de conformidad con la ley. En caso de no hacerlo, se tendrá por no ofrecida la prueba.

Artículo 171. Al admitir la prueba pericial, la Autoridad resolutora del asunto dará vista a las demás partes por el término de tres días para que propongan la ampliación de otros puntos y cuestiones para que el perito determine.

Artículo 172. En caso de que el perito haya aceptado y protestado su cargo, la Autoridad resolutora del asunto fijará prudentemente un plazo para que el perito presente el dictamen correspondiente. En caso de no presentarse dicho dictamen, la prueba se declarará desierta.

Artículo 173. Las demás partes del procedimiento administrativo, podrán a su vez designar un perito para que se pronuncie sobre los aspectos cuestionados por el oferente de la prueba, así como por los ampliados por las demás partes, debiéndose proceder en los términos descritos en el artículo 169 de esta Ley.

Artículo 174. Presentados los dictámenes por parte de los peritos, la autoridad resolutora convocará a los mismos a una audiencia donde las partes y la autoridad misma, podrán solicitarles las aclaraciones y explicaciones que estimen conducentes.

Artículo 175. Las partes absolverán los costos de los honorarios de los peritos que ofrezcan.

Artículo 176. De considerarlo pertinente, la Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar la colaboración del ministerio público federal o de las entidades federativas, o bien, de instituciones públicas de educación superior, para que, a través de peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, oficio o profesión adscritos a tales instituciones, emitan su dictamen sobre aquellas cuestiones o puntos controvertidos por las partes en el desahogo de la prueba pericial, o sobre aquellos aspectos que estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 177. La inspección en el procedimiento de responsabilidad administrativa, estará a cargo de la autoridad resolutora, y procederá cuando así sea solicitada por cualquiera de las partes, o bien, cuando de oficio lo estime conducente dicha autoridad para el esclarecimiento de los hechos, siempre que no se requieran conocimientos especiales para la apreciación de los objetos, cosas, lugares o hechos que se pretendan observar mediante la inspección.

Artículo 178. Al ofrecer la prueba de inspección, su oferente deberá precisar los objetos, cosas, lugares o hechos que pretendan ser observados mediante la intervención de la Autoridad resolutora del asunto.

Artículo 179. Antes de admitir la prueba de inspección, la autoridad resolutora dará vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y, en su caso, propongan la ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos que serán materia de la inspección.

Artículo 180. Para el desahogo de la prueba de inspección, la autoridad resolutora citará a las partes en el lugar donde se llevará a cabo esta, quienes podrán acudir para hacer las observaciones que estimen oportunas.

Artículo 181. De la inspección realizada se levantará un acta que deberá ser firmada por quienes en ella intervinieron. En caso de no querer hacerlo, o estar impedidos para ello, la Autoridad resolutora del asunto firmará el acta respectiva haciendo constar tal circunstancia.

Sección Sexta De los incidentes

Artículo 182. Aquellos incidentes que no tengan señalado una tramitación especial se promoverán mediante un escrito de cada parte, y tres días para resolver. En caso de que se ofrezcan pruebas, se hará en el escrito de presentación respectivo. Si tales pruebas no tienen relación con los hechos controvertidos en el incidente, o bien, si la materia del incidente solo versa sobre puntos de derecho, la Autoridad substanciadora o resolutora del asunto, según sea el caso, desechará las pruebas ofrecidas. En caso de admitir las pruebas se fijará una audiencia dentro de los diez días hábiles siguientes a la admisión del incidente donde se recibirán las pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se les citará para oír la resolución que corresponda.

Artículo 183. Cuando los incidentes tengan por objeto tachar testigos, o bien, objetar pruebas en cuanto su alcance y valor probatorio, será necesario que quien promueva el incidente señale con precisión las razones que tiene para ello, así como las pruebas que sustenten sus afirmaciones. En caso de no hacerlo así, el incidente será desechado de plano.

Artículo 184. Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del emplazamiento, interrumpirán la continuación del procedimiento.

Sección Séptima

De la acumulación

Artículo 185. La acumulación será procedente:

Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de una o más Faltas administrativas que se encuentren relacionadas entre sí con la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas;

Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad administrativa donde se imputen dos a más Faltas administrativas a la misma persona, siempre que se encuentren relacionadas entre sí, con la finalidad de facilitar la ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas.

Artículo 186. Cuando sea procedente la acumulación, será competente para conocer del asunto aquella Autoridad substanciadora que tenga conocimiento de la falta cuya sanción sea mayor. Si la Falta administrativa amerita la misma sanción, será competente la autoridad encargada de substanciar el asunto que primero haya admitido el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Sección Octava

De las notificaciones

Artículo 187. Las notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan sus efectos.

Artículo 188. Las notificaciones podrán ser hechas a las partes personalmente o por los estrados de la Autoridad substanciadora o, en su caso, de la resolutora.

Artículo 189. Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que se realicen. Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto, según corresponda, podrán solicitar mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, Órganos internos de control, o de los Tribunales, para realizar las notificaciones personales que deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren en lugares que se hallen fuera de su jurisdicción.

Artículo 190. Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de los tres días hábiles siguientes en que sean colocados en los lugares destinados para tal efecto. La Autoridad substanciadora o resolutora del asunto, deberá certificar el día y hora en que hayan sido colocados los acuerdos en los estrados respectivos.

Artículo 191. Cuando las leyes orgánicas de los Tribunales dispongan la notificación electrónica, se aplicará lo que al respecto se establezca en ellas.

Artículo 192. Cuando las notificaciones deban realizarse en el extranjero, las autoridades podrán solicitar el auxilio de las autoridades competentes mediante carta rogatoria, para lo cual deberá estarse a lo dispuesto en las convenciones o instrumentos internacionales de los que México sea parte.

Artículo 193. Serán notificados personalmente:

El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al procedimiento de responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se entienda realizado se les deberá entregar copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

El acuerdo por el que se ordene la citación a la Audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa;

En el caso de Faltas administrativas graves, el acuerdo por el que remiten las constancias originales del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa al Tribunal encargado de resolver el asunto;

Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de medidas de apremio;

La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de responsabilidad administrativa, y

Las demás que así se determinen en la ley, o que las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto consideren pertinentes para el mejor cumplimiento de sus resoluciones.

Sección Novena

De los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa

Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos:

El nombre de la Autoridad investigadora;

El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones;

El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada;

El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados;

La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta administrativa;

La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta;

Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la debida oportunidad;

La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y

Firma autógrafa de Autoridad investigadora.

Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos señalados en el artículo anterior este artículo, o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad investigadora para que los subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo nuevamente siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en cuestión no hubiera prescrito.

Sección Décima

De la improcedencia y el sobreseimiento

Artículo 196. Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, las siguientes:

Cuando la Falta administrativa haya prescrito;

Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de competencia de las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento a la autoridad que se estime competente;

Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada por las autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos;

Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, no se advierta la comisión de Faltas administrativas, y

Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Artículo 197. Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes:

Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia previstas en esta Ley;

Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta administrativa que se imputa al presunto responsable haya quedado derogada, o

Cuando el señalado como presunto responsable muera durante el procedimiento de responsabilidad administrativa;

Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a la autoridad substanciadora o resolutora, según corresponda, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

Sección Décimo primera

De las audiencias

Artículo 198. Las audiencias que se realicen en el procedimiento de responsabilidad administrativa, se llevarán de acuerdo con las siguientes reglas:

Serán públicas;

No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, sea por los que intervengan en ella o ajenos a la misma. La autoridad a cargo de la dirección de la audiencia podrá reprimir las interrupciones a la misma haciendo uso de los medios de apremio que se prevén en esta ley, e incluso estará facultado para ordenar el desalojo de las personas ajenas al procedimiento del local donde se desarrolle la audiencia, cuando a su juicio resulte conveniente para el normal desarrollo y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo hacer constar en el acta respectiva los motivos que tuvo para ello;

Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la dirección de la audiencia, deberán hacer constar el día, lugar y hora en que principie la audiencia, la hora en la que termine, así como el nombre de las partes, peritos y testigos y personas que hubieren intervenido en la misma, dejando constancia de los incidentes que se hubieren desarrollado durante la audiencia.

Artículo 199. Las Autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo que tomarán, de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia ellas y al que han de guardarse las partes entre sí, así como las faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública.

Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con arreglo a lo dispuesto en la legislación penal.

Sección Décimo segunda

De las actuaciones y resoluciones

Artículo 200. Los expedientes se formarán por las autoridades substanciadoras o, en su caso, resolutoras del asunto con la colaboración de las partes, terceros y quienes intervengan en los procedimientos conforme a las siguientes reglas:

Todos los escritos que se presenten deberán estar escritos en idioma español o lengua nacional y estar firmados o contener su huella digital, por quienes intervengan en ellos. En caso de que no supieren o pudieren firmar bastará que se estampe la huella digital, o bien, podrán pedir que firme otra persona a su ruego y a su nombre debiéndose señalar tal circunstancia. En este último caso se requerirá que el autor de la promoción comparezca personalmente ante la Autoridad substanciadora o resolutora, según sea el caso, a ratificar su escrito dentro de los tres días siguientes, de no comparecer se tendrá por no presentado dicho escrito;

Los documentos redactados en idioma extranjero, se acompañarán con su debida traducción, de la cual se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga;

En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada que permita su lectura salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido. Lo anterior no será aplicable cuando las actuaciones se realicen mediante el uso de equipos de cómputo, pero será responsabilidad de la Autoridad substanciadora o resolutora, que en las actuaciones se haga constar fehacientemente lo acontecido durante ellas

Todas las constancias del expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas en orden progresivo, y

Las actuaciones serán autorizadas por las Autoridades substanciadoras o resolutoras, y, en su caso, por el secretario a quien corresponda certificar o dar fe del acto cuando así se determine de conformidad con las leyes correspondientes.

Artículo 201. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno de sus requisitos esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte que hubiere dado lugar a ella.

Artículo 202. Las resoluciones serán:

Acuerdos, cuando se trate de aquellas sobre simples resoluciones de trámite;

Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten provisionalmente;

Autos preparatorios, que son resoluciones por las que se prepara el conocimiento y decisión del asunto, se ordena la admisión, la preparación de pruebas o su desahogo;

Sentencias interlocutorias, que son aquellas que resuelven un incidente, y

Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Artículo 203. Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la autoridad que la emita, y, de ser el caso, por el secretario correspondiente en los términos que se dispongan en las leyes.

Artículo 204. Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse después de haberse firmado, pero las autoridades que los emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando éstos sean obscuros o imprecisos, sin alterar su esencia. Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición de alguna de las partes la que deberá promoverse dentro de los tres días hábiles siguientes a que se tenga por hecha la notificación de la resolución, en cuyo caso la resolución que corresponda se dictará dentro de los tres días hábiles siguientes.

Artículo 205. Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las promociones de las partes, resolviendo sobre lo que en ellas hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje sencillo y claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias.

Artículo 206. Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes, cuando transcurridos los plazos previstos en esta ley, no se haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su emisión, cuando no proceda contra ellas recurso o medio ordinario de defensa.

Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente:

Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente;

Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad resolutora;

Los antecedentes del caso;

La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes;

La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;

Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la resolución. En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos, se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada como Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación;

El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta administrativa grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del Servidor Público o particular vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora advierta la probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente;

La determinación de la sanción para el Servidor Público que haya sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la falta administrativa grave;

La existencia o inexistencia que en términos de esta ley constituyen Faltas administrativas, y

Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá cumplirse la resolución.

Capítulo II

Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control

Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:

La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe;

En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la Audiencia Inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio;

Entre la fecha del emplazamiento y la de la Audiencia Inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre.

Previo a la celebración de la Audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación;

El día y hora señalado para la Audiencia Inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley;

Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la Audiencia Inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos.

Una vez que las partes hayan manifestado durante la Audiencia Inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la Audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;

Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la Audiencia Inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;

Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes;

Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello;

La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Capítulo III

Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los Tribunales

Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo.

Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones:

A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la Audiencia Inicial, la Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal encargado de la resolución del asunto;

Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior.

De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad Investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles. En caso de que la Autoridad Investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal fundando y motivando su proceder. En este caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre la recepción del expediente.

Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;

Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes;

Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y

La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

De los recursos

Sección Primera

De la revocación

Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda.

Artículo 211. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes:

Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del Servidor Público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso en un término de tres días hábiles; en caso de admitirse, tendrá que acordar sobre las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución;

Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la fracción I de este artículo y la autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revocación.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo, y

Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretarías, el titular del Órgano interno de control o el Servidor Público en quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

Artículo 212. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si concurren los siguientes requisitos:

Que la solicite el recurrente, y

Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de 24 horas respecto a la suspensión que solicite el recurrente.

De la Reclamación

Artículo 213. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las Autoridades substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado.

Artículo 214. La reclamación se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o resolutora, según corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate.

Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de tres días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga, sin más trámite, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva en el término de cinco días hábiles.

De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o resolutora que haya emitido el auto recurrido.

La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno.

Sección Tercera

De la Apelación

Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales.

El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre.

En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes.

Artículo 216. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes:

La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, y

La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares.

Artículo 217. La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres días hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 215 de esta Ley, se señalará al promovente en un plazo que no excederá de tres días hábiles, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa.

El Tribunal, dará vista a las partes para que en el término de tres días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido este término se procederá a resolver con los elementos que obren en autos.

Artículo 218. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden dé la certeza de la inocencia del Servidor Público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la responsabilidad de los involucrados.

En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse el sobreseimiento del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, la inocencia del recurrente, o la determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de aquéllas aún de oficio.

Artículo 219. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo disponga, cuando el recurrente sea el Servidor Público o el particular, se ordenará al Ente público en el que el Servidor Público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales; casos en los que la Procuraduría General de la República, las procuradurías de justicia de las entidades federativas y las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas o municipales, sólo estarán obligadas a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución.

Sección Cuarta

De la Revisión

Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de los Entes Públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva.

La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno.

Artículo 221. Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas, podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales.

Capítulo V

De la Ejecución

Sección Primera

Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas no graves

Artículo 222. La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no graves se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por las Secretarías o los Órganos internos de control, y conforme se disponga en la resolución respectiva.

Artículo 223. Tratándose de los Servidores Públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular del Ente público correspondiente.

Sección Segunda

Cumplimiento y ejecución de sanciones por Faltas administrativas graves y Faltas de particulares

Artículo 224. Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública federal, local o municipal, o del patrimonio de los Entes Públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por el Servicio de Administración Tributaria o la autoridad local competente, a la que será notificada la resolución emitida por el Tribunal respectivo.

Artículo 225. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena responsabilidad de un Servidor Público por Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:

Cuando el Servidor Público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su superior jerárquico y a la Secretaría, y

Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades federativas.

En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, dentro del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. En el caso de la fracción II, el Servicio de Administración Tributaria informará al Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que corresponda.

Artículo 226. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión de Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:

Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades federativas, y

Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades federativas.

Artículo 227. Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:

Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará vista a la Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta medida, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su domicilio fiscal el particular, y

Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables procederán de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de las sociedades, o en su caso, conforme a los Códigos sustantivos en materia civil federal o de las entidades federativas, según corresponda, y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 228. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine que no existe una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento. En los casos en que haya decretado la suspensión del Servidor Público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata del mismo.

Artículo 229. El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el artículo 123 de la presente Ley por parte del jefe inmediato, del titular del Ente público correspondiente o de cualquier otra autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.

Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento.

Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.

El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas.

Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas:

Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública;

Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados;

Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y

Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá, por:

Junta: La Junta de Gobierno y Administración;

Ley: La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

Presidente del Tribunal: el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y

Tribunal: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Capítulo II

De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

Los Decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;

Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la Ley de la materia;

Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos;

Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley.

Artículo 4. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas Graves. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier Ente Público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 5. Las y los magistrados que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las siguientes causas:

Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;

Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o concubino, o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo;

Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados;

Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados de parentesco un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;

Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, o tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea parte;

Haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes, muebles o inmuebles, mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario o cualquier tipo de dádivas, sobornos, presentes o servicios de alguno de los interesados;

Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;

Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados;

Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título;

Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido;

Ser cónyuge, concubino o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados;

Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia; o

Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados.

TÍTULO SEGUNDO

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

Capítulo I

De la Estructura

Artículo 6. El Tribunal se integra por los órganos colegiados siguientes:

La Sala Superior;

La Junta de Gobierno y Administración, y

Las Salas Regionales.

Capítulo II

De la Sala Superior

Artículo 7. La Sala Superior se integrará por dieciséis Magistrados. Funcionará en un Pleno General, en Pleno Jurisdiccional, y en tres Secciones. De los Magistrados de la Sala Superior, catorce ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el Tribunal de conformidad con las reglas establecidas en la presente Ley, y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.

Artículo 8. La Sala Superior tendrá cada año dos períodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.

Capítulo III

De los Plenos y Secciones de la Sala Superior

Artículo 9. El Pleno General se conformará por el Presidente del Tribunal, por los trece Magistrados que integran las Secciones de la Sala Superior y por los dos Magistrados de la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración.

Las sesiones del Pleno General, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, en los casos que se estime necesario serán videograbadas, resguardando los datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sólo en los casos que la Ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de estas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida.

De las sesiones privadas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida.

Los debates serán dirigidos por el Presidente del Tribunal, bastará la mayoría simple de los presentes para la validez de la votación y en caso de empate el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad. En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, será suplido por el Magistrado con mayor antigüedad.

Artículo 10. El Pleno Jurisdiccional estará integrado por el Presidente del Tribunal y por los diez Magistrados integrantes de la Primera y Segunda Secciones de la Sala Superior, y bastará la presencia de siete de sus miembros para que se pueda tomar la votación respectiva.

Sus resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. El Presidente del Tribunal dirigirá los debates.

Los Magistrados solo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal.

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a los Magistrados que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se retirará el proyecto y se formulará nuevo proyecto tomando en cuenta los pronunciamientos vertidos.

Si con ese proyecto persistiera el empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión.

Artículo 11. Las resoluciones de la Sección Tercera se tomarán por mayoría de votos, por lo que para la validez de las sesiones se requerirá siempre de la presencia de tres Magistrados. Si dos Magistrados no se encuentran presentes se diferirá la sesión.

Los Magistrados integrantes sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal. Tienen la obligación de estar presentes en la sesión y en la discusión del asunto.

Los debates serán dirigidos por su Presidente.

Los Magistrados de la Tercera Sección serán suplidos de manera temporal por el Magistrado Presidente, los Presidentes de Sección o por alguno de los Magistrados del Pleno Jurisdiccional, en orden alfabético de sus apellidos.

En caso de impedimento o en ausencia por causa mayor; el Presidente del Tribunal solicitará a cualquiera de los Presidentes de las otras Secciones para que uno de ellos participe en las sesiones de la Tercera Sección en orden de turno. En caso de que ninguno de los dos se encuentre presente, podrá participar el Presidente del Tribunal o cualquier Magistrado de Sala Superior.

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la resolución con base en los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los Magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la resolución correspondiente.

En ambos casos el plazo para redactar la resolución será de cinco días hábiles. Las resoluciones emitidas de forma colegiada por esta Sección deberán ser firmadas por los tres Magistrados y por el Secretario Adjunto de la Sección.

Artículo 12. Las sesiones ordinarias de los Plenos se celebrarán dentro de los períodos a que alude el artículo 8 de esta Ley, en los días y horas que fijen cada uno. También podrán sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes, la que deberá ser presentada al Presidente del Tribunal a fin de que emita la convocatoria correspondiente.

Artículo 13. La Primera y la Segunda Sección cuentan con competencia administrativa y fiscal, y la Tercera con competencia en responsabilidades administrativas.

Artículo 14. Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas cada una por cinco Magistrados de Sala Superior.

La Sección Tercera se compondrá de tres Magistrados de Sala Superior, quienes integrarán Pleno General. Por la naturaleza de su especialización no integrarán el Pleno Jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración.

El Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo cuando sea requerido para integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la Sección se encuentre imposibilitada para elegir su Presidente, en cuyo caso el Presidente del Tribunal fungirá provisionalmente como Presidente de la Sección, hasta que se logre la elección.

Artículo 15. Las Secciones sesionarán públicamente, de las cuales se levantará Acta y se tomará versión estenográfica. De las sesiones privadas que así lo establezca la Ley, sólo se levantará Acta y se realizará versión pública de la misma.

Capítulo IV

De las atribuciones del Pleno General

Artículo 16. Son facultades del Pleno General las siguientes:

Elegir de entre los Magistrados de la Sala Superior al Presidente del Tribunal;

Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y enviarlo a través del Presidente del Tribunal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos de los criterios generales de política económica y conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal y las reformas que le proponga la Junta de Gobierno y Administración;

Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere la presente Ley;

Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de las Salas Regionales, y a los que se integrarán la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto en la presente Ley; en su caso, sustituirlos por razones debidamente fundadas;

Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal para otros periodos, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración; o en su caso, para nuevos nombramientos;

Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las tres Secciones;

Designar al Secretario General de Acuerdos y al Titular del Órgano Interno del Control a propuesta del Presidente del Tribunal;

Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos; o acordar a cuál de éstos corresponde atenderlas;

Determinar las Salas Regionales que recibirán apoyo de las Salas Auxiliares;

Cada cinco años, presentar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de su Secretariado Ejecutivo, a efecto de que el citado Comité, emita recomendaciones sobre la creación o supresión de salas especializadas en la materia, y

Las señaladas en las demás leyes como competencia del Pleno General.

En los acuerdos tomados por el Pleno General, en caso de empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.

Capítulo V

De las atribuciones del Pleno jurisdiccional

Artículo 17. Son facultades del Pleno Jurisdiccional las siguientes:

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y precedentes del Pleno Jurisdiccional, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

Resolver las contradicciones de criterios, tesis o jurisprudencias sustentados por las Salas Regionales y Secciones de Sala Superior, según sea el caso, determinando cuál de ellos debe prevalecer, lo cual constituirá jurisprudencia;

Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de la Primera y Segunda Secciones; con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección;

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción;

Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias;

En los asuntos del conocimiento del Pleno Jurisdiccional, ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la Sala de origen, en que se advierta una violación substancial al procedimiento, o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción;

Resolver, en Sesión Privada sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal. Así como habilitar a los Primeros Secretarios de Acuerdos de los Magistrados de las Salas Regionales para que los sustituyan; y en su caso, señalar la Sala más próxima que conocerá del asunto;

Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren involucrados Magistrados de Salas Regionales;

La ejecución de la sanción a Magistrados de Salas Regionales;

Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias;

Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la sala de origen, cuando se advierta una violación substancial al procedimiento o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción;

Podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación y revisión, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia, y

Las señaladas en las demás leyes que competa conocer al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal.

Capítulo VI

De las atribuciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior

Artículo 18. Son facultades de la Primera y Segunda Sección, las siguientes:

Elegir de entre sus Magistrados al Presidente de la Sección correspondiente;

Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias;

Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección;

Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción;

Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias que emitan;

Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la Sala de origen, en que se advierta una violación substancial al procedimiento, o en que así lo amerite;

Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia de la Primera y Segunda Sección, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

Resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos.

Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza su facultad de atracción;

Designar al Secretario Adjunto de la Primera y Segunda Sección que corresponda, a propuesta del Presidente de cada Sección, y

Las señaladas en las demás leyes como de su exclusiva competencia.

Artículo 19. Las resoluciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, se tomarán por unanimidad o mayoría de votos.

Los Magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal.

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a los Magistrados que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se retirará el proyecto y se formulará nuevo proyecto tomando en cuenta los pronunciamientos vertidos.

Si con ese proyecto persistiera el empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión.

Para la validez de las sesiones de la Secciones Primera y Segunda se requerirá la presencia de cuatro Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente de la Sección.

Capítulo VII

De las atribuciones de la Sección Tercera de la Sala Superior

Artículo 20. Son facultades de la Tercera Sección las siguientes:

Elegir al Presidente de la Tercera Sección de entre los Magistrados que la integran;

Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas;

Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia y trascendencia; entendiendo por lo primero, que el asunto pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante en materia de responsabilidades administrativas; y, por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio que trascienda la resolución del caso, a fin de que sea orientador a nivel nacional.

El ejercicio de la facultad de atracción podrá ser solicitada por cualquiera de los magistrados de la Sección Tercera, o bien por el Pleno de las Salas Especializadas en materia Responsabilidades Administrativas, por mayoría de votos de sus integrantes;

Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

Fijar jurisprudencia, con la aprobación de cinco precedentes en el mismo sentido no interrumpidos por otro en contrario;

Designar al Secretario Adjunto de la Tercera Sección, a propuesta del Presidente de la Sección;

Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades administrativas que la ley determine como graves en casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos;

Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta administrativa que se investiga contra un servidor público;

Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles;

Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales;

Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda;

Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que sea definitiva;

A petición de su Magistrado Presidente, solicitar al Pleno de la Sala Superior, que por conducto de la Junta de Gobierno, se realicen las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para garantizar las condiciones que permitan a los magistrados de la propia Sección o de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, ejercer con normalidad y autonomía sus atribuciones;

Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita, y

Las señaladas en las demás leyes como competencia exclusiva de la Sección.

Capítulo VIII

De las atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración

Artículo 21. La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 22. La Junta de Gobierno y Administración se integrará por:

El Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración;

Dos Magistrados de la Sala Superior, y

Dos Magistrados de Sala Regional.

Los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y Administración serán electos por el Pleno General en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles aquellos Magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha Junta.

Los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo, se reintegrarán a las funciones jurisdiccionales por el tiempo restante del periodo por el cual fueron designados.

Artículo 23. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes

Proponer, para aprobación del Pleno General, el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal;

Expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal;

Aprobar la formulación del proyecto de presupuesto del Tribunal, para los efectos señalados en el artículo 16, fracción II de esta Ley;

Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que le requiera el Pleno General, para los efectos del artículo 16, fracción VI, de esta Ley. La evaluación se basará en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables;

Adscribir a las Salas Regionales ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas a los Magistrados Regionales;

Designar a los Magistrados Supernumerarios que cubrirán las ausencias de los Magistrados de Sala Regional;

Aprobar los nombramientos de los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo respecto a los trabajadores a los que les sean aplicables;

Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal, de conformidad con su presupuesto autorizado;

Proponer al Pleno General, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el Estatuto de la Carrera, que contendrá:

Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal en alguno de los puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional;

Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y promoción en los cargos, y

Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema de estímulos a los servidores públicos jurisdiccionales de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Tribunal;

Expedir las normas de carrera para los servidores públicos que corresponda;

Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del Tribunal para sus servidores públicos, considerando, en materia de responsabilidades administrativas, los criterios que en su caso emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales, ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros;

Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley y el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y supervisar su legal y adecuada aplicación;

Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento, señalando su materia e integración;

Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del Tribunal, indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, fines y periodo en que se realizarán, determinando, en su caso, su terminación anticipada;

Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado;

Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se relacionen con los nombramientos de los servidores públicos de la carrera jurisdiccional, en los términos de las disposiciones aplicables;

Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo, así como a los titulares de las comisiones, y removerlos de acuerdo con las disposiciones aplicables;

Nombrar, a propuesta del superior jerárquico, y remover a los servidores públicos del Tribunal no comprendidos en las fracciones anteriores de este artículo;

Conceder licencias pre pensionarias con goce de sueldo a los Magistrados, Titular del Órgano Interno de Control, Secretario General de Acuerdos, Secretario Técnico y Secretarios Adjuntos de las Secciones, hasta por tres meses;

Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos inferiores a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista causa fundada que así lo amerite, en el entendido de que en caso de enfermedad y cuando el caso lo amerite, se podrá ampliar esta licencia;

Aprobar la suplencia temporal de los Magistrados de Sala Regional, por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente;

Conceder o negar licencias a los Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal, en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del superior jerárquico al que estén adscritos;

Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las leyes y disposiciones en dichas materias;

Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las sanciones que correspondan;

Imponer a solicitud de los Magistrados Presidentes de Sala Regional, la multa que corresponda, a los Actuarios que no cumplan con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo;

Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de informática, del Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo y del área de publicaciones del Tribunal, a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios;

Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes comunes y de Sala, las coordinaciones y oficinas de Actuarios, así como de los archivos y Secretarías de Acuerdos o Secretarías Técnicas en las Salas y Secciones del Tribunal, según sea el caso;

Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad, previo aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos;

Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y supervisar que se solventen las observaciones que formule, a través de la Secretaría Técnica correspondiente;

Integrar y desarrollar los subsistemas de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, de los Plenos y de las Secciones de la Sala Superior, así como de las Salas Regionales, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas, en materia de responsabilidades administrativas tomará en consideración los criterios y políticas que al efecto emita el Sistema Nacional Anticorrupción;

Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento de los Sistemas de Justicia en Línea y de Control de Juicios del Tribunal para la tramitación de los juicios;

Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea y de las notificaciones electrónicas, así como del boletín electrónico y el Sistema de Control de Juicios;

Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser presentada al Presidente de la República y al Congreso de la Unión;

Determinar las sanciones correspondientes a los Magistrados del Tribunal, en aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

Determinar el establecimiento de Salas Especializadas, incluyendo su ámbito jurisdiccional, que podrá ser nacional o regional, de conformidad con criterios de racionalidad y de accesibilidad a la justicia, y

Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 24. Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración, bastará la presencia de tres de sus miembros.

Artículo 25. Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados miembros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar. En caso de empate, el Presidente de dicha Sesión tendrá voto de calidad.

Las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración serán públicas, sólo en los casos que la Ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de estas se harán versiones públicas y deberán levantarse actas de las mismas.

Artículo 26. El Presidente del Tribunal lo será también de la Junta de Gobierno y Administración. En el caso de faltas temporales del Presidente del Tribunal, será suplido por los Magistrados de Sala Superior integrantes de dicha Junta, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Ante la falta definitiva, renuncia o sustitución de los Magistrados previstos en las fracciones II y III del artículo 22 de esta Ley que integren la Junta de Gobierno y Administración, el Pleno General designará a un nuevo integrante para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo como integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el periodo inmediato siguiente.

Las faltas temporales de los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración serán suplidas por los Magistrados de Sala Superior o de Sala Regional que determine el Pleno General de la Sala Superior, según sea el caso, siempre que sean elegibles para ello en los términos de esta Ley.

Artículo 27. La Junta de Gobierno y Administración, para atender los asuntos de su competencia, contará con los Secretarios Técnicos, Operativos y Auxiliares necesarios.

Capítulo IX

De las Salas Regionales Ordinarias, Auxiliares, Especializadas o Mixtas

Artículo 28. Las Salas Regionales tendrán el carácter siguiente:

Ordinarias: Conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 3, de esta Ley, con excepción de aquéllos que sean competencia exclusiva de las Salas Especializadas y de las Secciones;

Auxiliares: Apoyarán a las Salas Regionales con carácter de Ordinarias o Especializadas, en el dictado de las sentencias definitivas, diversas a las que se tramiten en la vía sumaria. Su circunscripción territorial la determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a los estudios cualitativos y cuantitativos;

Especializadas: Atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en esta Ley o en el Reglamento Interior de este Tribunal, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio, y

Mixtas: Serán aquellas que contengan dos de las funciones anteriores.

Artículo 29. El Tribunal tendrá Salas Regionales, integradas por tres Magistrados cada una, con jurisdicción en la circunscripción territorial y sede que les sea asignada en el Reglamento Interior del Tribunal, o en está Ley.

Artículo 30. Para los efectos del artículo anterior, el territorio nacional se dividirá en regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento Interior del Tribunal, conforme a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las cargas de trabajo y los requerimientos de administración de justicia, así como la disponibilidad presupuestaria del Tribunal.

Artículo 31. Los asuntos cuyo despacho competa a las Salas Regionales, serán asignados por turno a los Magistrados que integren la Sala de que se trate.

Para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos.

En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, resguardando los datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sólo en los casos que la Ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de estas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida.

Artículo 32. Los Presidentes de las Salas Regionales, serán designados por los Magistrados que integren la Sala en la primera sesión de cada ejercicio, durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

Artículo 33. Los Presidentes de las Salas Regionales tendrán las siguientes atribuciones:

Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma;

Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las correspondientes correcciones disciplinarias;

Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sala;

Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos Magistrados que la integran;

Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal los informes sobre el funcionamiento de la Sala;

Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala;

Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala Regional durante la última visita de inspección;

Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo;

Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de sus Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y

Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Capítulo X

De las Salas Regionales Ordinarias

Artículo 34. Las Salas Regionales Ordinarias conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:

Se trate de personas morales que:

Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o

Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado;

El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país, y

Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General.

En los casos señalados en estas fracciones, será competente la Sala Regional ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada y, siendo varias las resoluciones impugnadas, la Sala Regional ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que pretenda ejecutarlas.

Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se atenderá a la ubicación de su domicilio particular.

Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución administrativa favorable a un particular, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora.

Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario.

Artículo 35. Además de los juicios a que se refiere el artículo anterior, las Salas Regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

Las resoluciones definitivas relacionadas con la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas;

Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación, o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante, y las que por repetición impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado los pagos correspondientes a la indemnización, en los términos de la ley de la materia;

Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, respecto de los supuestos descritos en los incisos anteriores de este artículo;

Las dictadas en los juicios promovidos por los secretarios de acuerdos, actuarios y demás personal del tribunal, en contra de sanciones derivadas de actos u omisiones que constituyan faltas administrativas no graves, impuestas por la Junta de Gobierno y Administración o por el Órgano Interno de Control, en aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y

Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones:

Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley;

Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación o, en su caso, desecharlas;

Admitir o rechazar la intervención del tercero;

Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;

Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables;

Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala;

Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma;

Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de ejecutorias;

Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento;

Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares que correspondan;

Formular el proyecto de resolución correspondiente y en caso de determinar la comisión de una falta administrativa grave, preverá la sanción correspondiente, la cual incluirá el pago de las indemnizaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y

Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Capitulo XI

De las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas

Artículo 37. El Tribunal contará con Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, cada una tendrá competencia respecto de las entidades que conformen las cinco circunscripciones administrativas, mismas que determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a estudios cualitativos y cuantitativos.

Artículo 38. Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de:

Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con las siguientes facultades:

Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes;

Impondrán sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas grave; con independencia de otro tipo de responsabilidades. Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales, y

Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal.

Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes:

Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Las que nieguen la indemnización o que por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento, y

Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos.

Artículo 39. Los magistrados instructores de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, tendrán las siguientes atribuciones:

Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, la acción de responsabilidades contenida en el informe de presunta responsabilidad administrativa;

Admitir o tener por contestada la demanda, en sentido negativo;

Admitir o rechazar la intervención del tercero;

Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;

Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de la resolución y someterlos a la consideración de la Sala;

Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el procedimiento sancionatorio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de la autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma;

Formular el proyecto de resolución definitiva y, en su caso, el que recaiga a la instancia de apelación o ejecutoria;

Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

Proponer a la Sala la designación del perito tercero;

Solicitar la debida integración del expediente para un mejor conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad material, asimismo los Magistrados Instructores podrán acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes, en el procedimiento de investigación;

Dirigir la audiencia de vista con el personal de apoyo administrativo y jurisdiccional que requiera;

Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita, y

Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Capítulo XII

De las Salas Regionales Auxiliares

Artículo 40. Las Salas Auxiliares ejercerán jurisdicción material mixta y territorial en toda la Repúbli

ca, y tendrán su sede en el lugar que determine el Reglamento Interior del Tribunal.

Dichas Salas auxiliarán a las Salas Regionales, a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas y a las Secciones tanto en el dictado de las sentencias definitivas, como en la instrucción de los juicios, según lo defina la Junta de Gobierno y Administración.

Artículo 41. Las Salas Auxiliares también auxiliarán a las Salas Regionales las y a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas en la instancia de aclaración y en el cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial de la Federación, cuando corresponda a sentencias dictadas por ellas mismas, en los juicios instruidos por las Salas Regionales que se determinen por el Pleno General de la Sala Superior, en los términos de lo establecido por el artículo 16, fracción X, de esta Ley.

TÍTULO TERCERO

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL

Capítulo Único

Artículo 42. El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes:

Magistrados de la Sala Superior;

Magistrados de la Sala Regional;

Magistrados de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas;

Magistrados Supernumerarios de Sala Regional;

Secretario General de Acuerdos;

Secretarios Adjuntos de Acuerdos de Secciones;

Secretarios de Acuerdos de Sala Superior;

Secretarios de Acuerdos de Sala Regional;

Actuarios;

Oficiales Jurisdiccionales;

Titular del Órgano Interno de Control;

Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares;

Director del Centro de Estudios sobre Justicia Administrativa, y

Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados personal de confianza.

El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su presupuesto.

Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.

Los Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años, al cabo de los cuales podrán ser ratificados por una sola ocasión para otro periodo igual, excepción hecha de los magistrados de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, cuyo nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable.

Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del ejecutivo federal acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado. Para ello, conforme a la normatividad de ese órgano legislativo, se desahogaran las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo.

Las Comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente, podrán solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas.

Artículo 44. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las siguientes causas, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno de la Sala Superior:

Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

Haber sido condenado por delito doloso;

Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en contravención a la Ley;

Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su competencia dentro los plazos previstos por la Ley;

Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes federales causando perjuicios graves a las instituciones democráticas del país, a la sociedad, o motivar alguna deficiencia en el funcionamiento normal de las instituciones del Estado Mexicano, y

Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, restricciones de contacto, honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los derechos humanos.

Los Magistrados de Sala Regional, podrán ser considerados para nuevos nombramientos.

Los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, no podrán ser nombrados nuevamente para ocupar dicho cargo.

Artículo 45. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:

Ser mexicano por nacimiento;

Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;

Contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica;

Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento, y

Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas.

Artículo 46. Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de edad.

Artículo 47. Cuando los Magistrados estén por concluir el periodo para el que hayan sido nombrados, la Secretaria Operativa de Administración lo hará saber al Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, quien notificará esta circunstancia al Presidente de la República y, podrá someter a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el Pleno General.

Artículo 48. Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al Presidente de la República por el Presidente del Tribunal, quien someterá a su consideración la propuesta que, en su caso, haya aprobado el Pleno General, para que se proceda a los nombramientos de los Magistrados que las cubran.

Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales, serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

Las faltas temporales y las comisiones a que se refiere el artículo 23, fracción XVI de esta Ley hasta por un mes de los Magistrados en Salas Regionales, se suplirán por el primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales o las comisiones antes citadas superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados Supernumerarios o a falta de éstos por el primer secretario del Magistrado ausente. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta temporal, o de la comisión, salvo en aquellos casos en los que la Junta de Gobierno y Administración determine la conclusión anticipada de la misma.

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los Magistrados de la Sala Superior.

Artículo 49. El Tribunal contará con diez Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de dichas Salas, en los casos previstos en esta Ley.

Los Magistrados Supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno General.

Para ser designado Primer Secretario de Acuerdos de Sala Regional se requiere tener treinta y cinco años de edad y tres años de antigüedad en el cargo de Secretario de Acuerdos.

Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser Secretario de Acuerdos, salvo el relativo a la experiencia, que será como mínimo de dos años en materia fiscal o administrativa.

Los Oficiales Jurisdiccionales deberán ser mexicanos, mayores de dieciocho años, pasantes en derecho y de reconocida buena conducta.

Artículo 50. Para ser Secretario de Acuerdos se requiere:

Ser mexicano;

Ser mayor de veinticinco años de edad;

Contar con reconocida buena conducta;

Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, y

Contar como mínimo con tres años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Para se designado Primer Secretario de Acuerdos de Sala Regional ser requiere tener treinta y cinco años de edad y tres años de antigüedad en el cargo de Secretario de Acuerdos.

Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos para ser Secretario de Acuerdos, salvo el relativo al experiencia, que será como mínimo de dos años en materia fiscal o administrativa.

Los Oficiales Jurisdiccionales deberán ser mexicanos mayor de dieciocho años, pasantes en derecho y de reconocida buena conducta.

Artículo 51. El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a que se refieren las fracciones VI a IX del artículo 42 de esta Ley.

El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente.

Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, mediante disposiciones generales, el sistema de carrera de los servidores públicos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 42 de esta Ley.

Artículo 52. El Presidente del Tribunal será electo por el Pleno General de la Sala Superior en la segunda semana de diciembre del año en que concluya el periodo del Presidente en funciones. Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto para ningún otro periodo.

Serán elegibles los Magistrados de Sala Superior cuyos nombramientos cubran el periodo antes señalado.

Artículo 53. En caso de falta temporal, el Presidente será suplido alternativamente, cada treinta días naturales, por los Presidentes de la Primera y Segunda Secciones, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, el Pleno General designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

Artículo 54. Son atribuciones del Presidente del Tribunal, las siguientes:

Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar el ejercicio de esta función en servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo, así como atender los recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de las actuaciones atribuidas al propio Tribunal;

Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Despachar la correspondencia del Tribunal;

Convocar a sesiones al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas;

Someter al conocimiento del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario;

Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones;

Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución;

Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez del proceso;

Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante cualquiera de los Plenos;

Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de los Plenos;

Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum;

Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente;

Rendir a través de la Secretaría General los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno General de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios, sin perjuicio de su ejercicio directo;

Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal;

Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones. Dicho informe deberá rendirse en la primer semana de diciembre del año respectivo;

Autorizar, junto con el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas;

Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de promover el estudio del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de justicia fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla;

Rendir un informe anual al Senado de la República basado en indicadores en materia responsabilidades administrativas, tomará en consideración las directrices y políticas que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,

Dirigir la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y proponer, compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine para divulgarlo entre las dependencias y entidades, las instituciones de educación superior, las agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor conocimiento de los temas de índole fiscal y administrativa;

Conducir la planeación estratégica del Tribunal, de conformidad con los lineamientos que determine la Sala Superior;

Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del Tribunal, informando a la Sala Superior y a la Junta;

Designar a servidores públicos del Tribunal para que lo representen en eventos académicos o de cualquier otra naturaleza, vinculados con el conocimiento y divulgación de materias relacionadas con su competencia, en el entendido de que el cumplimiento de esta encomienda por parte de los servidores públicos designados, se entenderá como parte de las labores a su cargo en la residencia del órgano del Tribunal a que esté adscrito, en cuyo caso no requerirá licencia;

Dirigir la ejecución de las determinaciones y/o acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración;

Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de instituciones públicas y privadas, así como autoridades administrativas y jurisdiccionales, con el apoyo

especializado de las unidades administrativas correspondientes, a fin de dirigir la buena marcha del Tribunal y fortalecer sus relaciones públicas;

Nombrar al Director del Centro de Estudios, y

Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 55. Compete a los Presidentes de las Secciones:

Atender la correspondencia de la Sección, autorizándola con su firma;

Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;

Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, así como firmar los engroses de las resoluciones;

Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sección, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante la Sección;

Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sección, para efectos de turno;

Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de la Sección se beneficie la rapidez del proceso;

Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la Sección;

Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a la Sección para su resolución, y

Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 56. Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal:

Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del Pleno General;

Dar cuenta en las sesiones del Pleno General de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno formulados por el Magistrado ponente, autorizándolos en unión del Presidente del Tribunal;

Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno General, cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal;

Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para resolución del Pleno General;

Dirigir los archivos de la Sala Superior;

Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones;

Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los expedientes que obran en la Sala Superior, y

Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 57. Corresponde a los Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones:

Acordar con el Presidente de la Sección, lo relativo a las sesiones de la misma;

Dar cuenta en las sesiones de la Sección de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

Engrosar, en su caso, las resoluciones de la Sección correspondiente, autorizándolas en unión del Presidente de la Sección;

Tramitar y firmar la correspondencia de las Secciones, cuando ello no corresponda al Presidente de la Sección;

Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias, estudios o proyectos para las resoluciones de las Secciones;

Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;

Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

Artículo 58. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior:

Auxiliar al Magistrado al que estén adscritos en la formulación de los proyectos de resoluciones que les encomienden;

Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado ponente;

Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado al que estén adscritos cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala Superior;

Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;

Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

Artículo 59. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional:

Proyectar los autos y las resoluciones que les indique el Magistrado instructor;

Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala Regional;

Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado instructor cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala y dentro de su jurisdicción;

Proyectar las sentencias y engrosarlas, en su caso, conforme a los razonamientos jurídicos de los Magistrados;

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos;

Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones;

Elaborar el proyecto de acuerdo de radicación de las acciones de responsabilidad remitidas por las autoridades competentes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

Realizar el proyecto de devolución de las acciones de responsabilidad, cuando de su análisis determine que la conducta no está prevista como falta administrativa grave;

Formular el proyecto de resolución correspondiente, que incluirá la imposición de las sanciones administrativas que correspondan al servidor público que haya cometido faltas administrativas graves y, en su caso, a los particulares que hayan incurrido en las mismas, y

Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 60. Corresponde a los Actuarios:

Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados;

Practicar las diligencias que se les encomienden, y

Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 61. Corresponde al Secretario de la Junta de Gobierno y Administración:

Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta;

Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta, y asentarlos en el libro de actas respectivo;

Asistir al Presidente del Tribunal en las sesiones que se lleven a cabo por la Junta en los asuntos que sean de su competencia conforme a esta Ley, a su Reglamento Interior y a los acuerdos generales correspondientes, levantando las actas respectivas, y

Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal.

El Secretario de la Junta de Gobierno y Administración, para el ejercicio de las funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliará del personal que al efecto establezca el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 62. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular ejercerá las facultades que a que se refiere la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 63. El Tribunal contará con un registro de peritos, que lo auxiliarán con el carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los cuales deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados y, si no lo estuvieren, deberán ser personas versadas en la materia.

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para contratación y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos que señale el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 64. El Tribunal contará con un Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo. Al frente del mismo habrá un Director General el cual será nombrado por el Pleno General, a propuesta del Presidente del Tribunal, y tendrá las atribuciones siguientes:

Promover la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa, y

Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas.

El Centro, coordinará, promoverá e impartirá cursos de estudios superiores en materia de derecho fiscal y administrativo, de conformidad con el reconocimiento de validez oficial que le otorguen las autoridades competentes.

Artículo 65. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación.

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno General del Tribunal. Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que entre dicho personal se designe, cuando menos, a un Magistrado, un Secretario de Acuerdos, un Actuario y un Oficial Jurisdiccional en cada región, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada Sala durante las horas hábiles que determine el Pleno General del Tribunal.

En el caso de faltas temporales de los Presidentes de Sección, serán suplidos por los Magistrados siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sección designará Presidente para concluir el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser designado Presidente en el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

Artículo 66. Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales estarán impedidos para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión público o privado, excepto los de carácter docente u honorífico.

También estarán impedidos para ejercer su profesión bajo cualquier causa.

Artículo 67. Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control:

Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones XI a XIII y último párrafo del artículo 3 de esta Ley, e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la Junta de Gobierno y Administración;

Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del Tribunal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal;

Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Tribunal, y

Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes.

TÍTULO CUARTO

DE LOS PRECEDENTES, TESIS Y JURISPRUDENCIA

Capítulo Único

Artículo 68. La jurisprudencia y precedentes que deban establecer la Sala Superior actuando en Pleno o Secciones y los criterios aislados que pronuncien las Salas Regionales, en los asuntos de sus competencias, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 69. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, será el órgano competente para compilar y sistematizar los criterios aislados precedentes y jurisprudencias emitidas por los órganos colegiados del Tribunal. Su titular deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser secretario de acuerdos y tendrá el personal subalterno que fije la Junta de Gobierno y Administración. Llevará a cabo todas aquellas tareas que fueren necesarias para la adecuada difusión virtual de las tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los órganos colegiados del Tribunal.

Artículo 70. En términos de la fracción XXXV del artículo 23 de esta Ley, la Junta de Gobierno y Administración, vigilará que las publicaciones de la Revista se realicen con oportunidad.

TÍTULO QUINTO

DE LOS RECURSOS

Capítulo Único

Artículo 71. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sección respectiva.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de reclamación serán también impugnables ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Artículo 72. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas precautorias o medidas cautelares previstas en la Ley General de Responsabilidades, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la sección que corresponda.

Contra la resolución que emita la Tercera Sección procederá la reclamación ante la Sala Superior.

Artículo 73. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión.

Artículo 74. En los casos de clasificación de la falta administrativa que realicen los Órganos Internos de Control y la Auditoria Superior de la Federación, los afectados podrán interponer recurso de inconformidad ante la Tercera Sección.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

TERCERO. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia.

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CUARTO. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en los párrafos siguientes.

Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Senadores, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección.

La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los términos siguientes.

Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador.

Un integrante que durará en su encargo dos años.

Un integrante que durará en su encargo tres años.

Un integrante que durará en su encargo cuatro años.

Un integrante que durará en su encargo cinco años.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos anteriores se rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden.

La sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores.

La Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones, a más tardar a los sesenta días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, el Ejecutivo Federal proveerá los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en los párrafos siguientes.

A partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el presente transitorio, se abroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del año dos mil siete.

El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos.

Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos de lo dispuesto por esta Ley.

Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la tercera sección, y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal, deberá enviar sus propuestas al Senado, dentro de los treinta días previos a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los Magistrados a que se refiere el párrafo anterior, mantendrán su adscripción a la Sección Tercera y a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, al menos durante los primero cinco años del ejercicio de su encargo. Lo anterior, sin perjuicio de que los Magistrados podrán permanecer en dichas adscripciones durante todo su encargo, de conformidad con lo previsto en la fracción VII del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal contará con cinco Salas Especializadas en materia de Responsabilidades

Administrativas, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y hasta en tanto, al menos, el Pleno ejercita la facultad a que se refiere X del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se expide por virtud del presente Decreto.

Para efectos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá ser nombrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el periodo inmediato al que concluye.

Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Notas

[1]

Vid., artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, señala el contenido que deberá integrar un dictamen que se presente ante el Pleno.

[2]

Vid., fracción XXIV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.

[3]

Ibídem.

[4]

Vid., fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.

[5]

Vid., fracción XXIX-V del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.

[6]

La fracción IV del artículo 71 establece que el derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores.

[7]

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

[8]

DEL CASTILLO, ARTURO, Medición de la corrupción: Un indicador de la Rendición de Cuentas, Serie: Cultura de la Rendición de Cuentas 5, Auditoría Superior de la Federación, México, 2003, p. 14.

[9]

LAPORTA, FRANCISCO y ÁLVAREZ, SILVINA (eds.), La corrupción política, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 19.

[10]

MARTÍNEZ GARCÍA, DAVID, La corrupción y su efecto retroalimentativo: Una de las mayores amenazas a la democracia, Letras Jurídicas, Núm. 29, Enero-Junio 2014, pp. 107-118.

[11]

ROUSSEAU, RICHARD, “Political Corruption in Contemporary Democracies: Newness, Scale and Varieties”, IBSU Scientific Journal, 2 (1), 2008, pp. 82–83.

[12]

POPE, JEREMY, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System, TI Source Book 2000, Transparency International, United Kingdom, 2000, p. 5.

[13]

Institutional Arrangements to Combat Corruption A Comparative Study, United Nations Development Programme, Thailand, Keen Publishing Co., Ltd., 2005.

[14]

Ibídem, pág. 5-10.

[15]

Ibídem, pág. 17.

[16]

El Índice de Percepción de la Corrupción asigna una puntuación y clasifica a países/territorios según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público. Se trata de un índice compuesto integrado por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio. El IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo.

[17] Corruption Perceptions Index 2014, International Transparency. <http://www.transparency.org/cpi2014/results>

[18]

“Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, Transparencia Mexicana, Informe Ejecutivo 2010. <http://www.tm.org.mx/wp- content/uploads/2011/05/INFORME_EJECUTIVO_INCBG2010.pdf>

[19]

CHÊNE MARIE, Coordination Mechanisms of AntiCorruption Institutions, U4 Expert Answer, Anti-Corruption Resource Centre, Transparency International, Chr. Michelsen Institute, Norway, 2009.

[20]

Institutional Arrangements to Combat Corruption a Comparative Study, op. cit.

[21] La entidad de fiscalización superior de la federación se creó con el Decreto por el que se declaran reformados los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio de 1999.

[22]

Órgano creado con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014.

[23]

El 12 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/ 011 /14, por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, en cumplimiento del artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014.

[24]

Decreto por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley de Planeación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003.

[25]

Vid., fracción XXIV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.

[26]

Ibídem.

[27]

Vid., fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.

[28]

Vid., fracción XXIX-V del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.

[29]

Vid., http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Manifiesto_SNA-Documento.pdf; 

http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/MANIFIESTO-SNA-160915-1.pdf

[30]

ERNESTO GARZÓN VALDÉS, “Acerca de los conceptos de publicidad, opinión pública, opinión de la mayoría y sus relaciones recíprocas”, Doxa, Alicante, España, núm. 14, 1993, pp. 82 y 83.

[31]

Publicado el 7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación

[32]

En relación con este principio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la información pública es un catalizador eficiente para el proceso de consolidación democrática de los Estados, pues por su conducto los ciudadanos pueden ejercer un control sobre el poder. Si los sistemas representativos parten de la idea de que los ciudadanos delegaron en sus representantes el ejercicio del poder, entonces, los ciudadanos tienen el derecho de ser informados respecto sus autoridades y el desempeño de éstas. Estos conceptos de la Corte-IDH pueden encontrarse, entre otros, en el: Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil.

[33]

Este concepto fue desarrollado por el Tribunal Constitucional alemán, al dictar la: Sentencia BVerfGE 65, 1, de 15 de diciembre de 1983, relativa a la Ley del Censo y de Población. En dicho fallo, el Tribunal estableció que del artículo 2o. de la Ley Fundamental de Bonn, surge la facultad del individuo, derivada de la idea de autodeterminación, de decidir, básicamente, y por sí mismo, cuándo y dentro de qué límites procede revelar situaciones referentes a su propia vida. En el ámbito informativo confidencial, irradia de tal manera que los individuos están protegidos frente a la recolección, archivo, empleo y difusión de sus datos personales. El derecho fundamental garantiza en esta medida la capacidad de los individuos, para determinar, en principio, la divulgación y empleo de sus datos personales.

[34]

G. ZAGREBLESKY, El derecho dúctil, Trotta, Madrid, 2005, p. 13.

[35]

K. HESSE, Escritos de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, p. 20.

[36]

R. ALEXY, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 66.

[37]

El estándar de ponderación denominado: prueba del daño, tuvo su origen en los sistemas legales y en la jurisprudencia de países de derecho anglosajón. Especialmente, impactó el desarrollo de este tipo de leyes en los países de la Commonwealth, la Freedom of Information Act, de los Estados Unidos de América, expedida por su Congreso en 1967. Posteriormente, aparecieron la ley australiana de 1981 y la canadiense de 1982. Si bien ambas presentan diferencias con la de los Estados Unidos, su primer impulso, orientación y diseño general proviene de ésta. Estas tres leyes a su vez han impulsado la creación de otras, como la de Nueva Zelanda, Hong Kong y Sudáfrica. Para ahondar sobre la evolución legislativa en la materia Vid. T. RILEY y H. RELYEA, Freedom of Information Trends in the Information Age, Frank Cass, Nueva Jersey, 1983. En el ámbito judicial, son relevantes para el desarrollo de este tema, las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal en los casos Halperin vs. CIA y National Parks and Conservation y Ass´n vs. Morton.

[38]

El estudio más exhaustivo a la fecha en este rubro, es el elaborado por D. BANISAR, Freedom of Information and Access to Government Record Laws Around the World, consultable en la red, en el siguiente link: www.privacyinternational.org

[39]

Este criterio fue sostenido por la Corte de Apelación del 11º Circuito de los Estados Unidos de América, en el caso: O´Kane vs. United States Customs Services.

[40]

Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

----------------“

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II.La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[41]

S. LÓPEZ AYLLÓN, Coordinador, Código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de leyes de transparencia y acceso a la información pública en México, CIDE-IFAI-UNAM, México, 2007, pp. 19-22.

[42]

El acceso a la información pública, en particular, a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, forma parte de un conjunto de instrumentos novedosos de escrutinio de la sociedad civil organizada en el ejercicio del poder político, que se inserta en una política de derechos y rendición de cuentas, lo que produce un proceso de renovación política orientado a fortalecer el régimen democrático y el constitucionalismo. Sobre estas nociones del accountability horizontal, son ilustrativas las ideas de G. O’DONNELL, insertas en el artículo Horizontal Accountability en New Democracies, en ID. The Self-Restraining State. Power and Accountability in New Democracies, Andreas Schedler, L. Diamond, y M. F. Plattner editores, Lynne Rienner, Colorado, 1999, pp. 29-53.

[43]

Cuando se hallan tensiones entre principios constitucionales, los operadores jurídicos han de proceder conforme al postulado de concordancia práctica o de armonización desarrollado por HESSE. De acuerdo a este principio interpretativo, el operador del sistema debe impedir el sacrificio total de cualquier principio, derecho o bien constitucional, de modo que a partir de decisiones combinatorias y compensatorias se logre superar las eventuales tensiones entre normas iusfundamentales, dándole la eficacia y optimización que cada una de ellas tiene en el caso concreto. Asimismo, este principio interpretativo orilla a que el intérprete otorgue a cada precepto una interpretación coherente con las demás principios y reglas constitucionales, dándole a cada uno el máximo de aplicación y fuerza normativa, buscando el mejor equilibrio posible, la mayor optimización posible. Cada una de los enunciados normativos y partes de la Constitución deben entenderse a la luz de todas las demás normas que la integran. K. HESSE, Escritos de Derecho Constitucional, op. cit., p. 45. que excepcionalmente se demuestre que existe un impedimento o límite; mientras que la información privada, al principio de máxima salvaguarda, salvo que se demuestre excepcionalmente, el interés público para su divulgación.

[44]

Entre otros, resulta orientador en el caso el criterio contenido en la tesis 1a. CCCXII/2013, sentada por la Primera Sala de la Corte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 1052, cuyo rubro es: “INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS”.

[45]

Fallado en sesión de sesión de doce de agosto de dos mil catorce.

[46]

Artículo III. Medidas preventivas.

A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:

[…]

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.

[47]

www.oas.org/jurídico/spanish/mesicic_intro_sp.htm

[48]

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

[49]

Artículo 19

[…]

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para:

Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

[50]

Ferrer Beltrán, Jordi, El contexto de la decisión sobre los hechos probados en el derecho, en Cruz Parcero Juan A, y Laudan Larry (comp.)., Prueba y estándares de prueba en el derecho, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México 2010, Págs. 81 y 82.

[51]

Taruffo, Michele, Conocimiento científico y estándares de la prueba judicial, Ibídem, Págs. 52 y 53

[52]

Laudan, Larry, Verdad, error y proceso penal, Marcial Pons, Madrid 2013, Pág., 111.

[53]

La contradicción de tesis puede consultarse en la dirección:

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25144&Clase=DetalleTesisEjecutorias

[54]

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), visible en la dirección www.corteidh.or.cr/docs/casos/artículos/Seriec_72_esp.pdf

[55]

La cita corresponde a la contradicción de tesis 200/2013. Lo resaltado en negrillas es propio.

[56]

De acuerdo con los estudios en epistemología jurídica, tales estrategias permiten disminuir los errores en un proceso jurisdiccional. Al respecto puede consultarse el ensayo de Larry Laudan, Detectar errores y aprender de ellos en un sistema de apelaciones asimétricas, en Cruz Parcero Juan A. y Laudan Larry (comp.), op, cit., nota 2.

[57]

La creación de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la finalidad de que, además de las materias administrativa en general y fiscal en particular, tenga competencia material en cuanto a la atención de asuntos de responsabilidad de servidores públicos, fue razonada en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Combate a la Corrupción, correspondiente a esta reforma. Entre las consideraciones, con respecto al Tribunal de Justicia Administrativa, se expuso que: “En la reconformación institucional que se propone para el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, está presente una transformación fundamental en el ámbito de la función jurisdiccional, para que a partir del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin merma de las funciones que dicho órgano ya desempeña, el Tribunal federal de Justicia Administrativa que, entre otras funciones, estará a cargo de ‘imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos federales.’”.

[58]

Con respecto a la naturaleza y la fundamentación de los principios como mandatos, Rodolfo Vigo, citando a J. R. de Páramo, señala que “Dado el objeto de los principios dworkinianos, ellos constituyen un núcleo de juridicidad intrínseca, radical y forzosa aunque no hayan sido ‘explícitamente incorporados al derecho por la Constitución, la legislación o mediante decisiones judiciales vinculantes’ e incluso ‘cuando no han sido incorporados al derecho o cuando nadie los ha utilizado previamente o pensado en ellos como Derecho”, en VIGO Rodolfo, Luis, Ed. Porrúa-Universidad Panamericana, México, 2013, p. 108.

[59]

SÁNCHEZ Hernández, Alejandro, “Estructura y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”, Revista número 28 del Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, diversas páginas; consultado en:

 http://www.jurídicas.unam.mx/publica/librev/rev/podium/cont/28/pr/pr28.pdf.

[60]

Ídem.